El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fidel Surco, informó que se acordó postergar el tratamiento de los proyectos de leyes general de la coca y de minería hasta que pasen las elecciones generales de 2014, que está previsto para octubre del próximo año.

Dijo que ambas propuestas se trabajarán recién en 2015 porque a criterio del asambleísta son temas complicados, que pueden ser usados como “vendettas políticas” por la oposición en plena campaña electoral del MAS.

“No queremos que la oposición se aproveche de esta situación, como el de las hectáreas para cultivar coca, es un tema complicado, son temas que hay que seguir discutiendo y socializar el estudio del consumo de la hoja de coca”, declaró Surco.

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El Gobierno admitió en una petición de informe en el Legislativo que hubo una presunta evasión de pago de regalías, que oscila entre 21,4 y 71 millones de dólares, y contrabando en la exportación de oro por un valor de 1.099 millones de dólares en el año 2012.

Ese monto se vendió bajo la figura de «desechos y desperdicios de amalgamas”, lo que permitió pagar menos regalías a favor de las regiones.
Así se concluye de la respuesta del ministro de Minería, Mario Virreira, a una solicitud de informe escrito formulada el 14 de agosto por el diputado de Unidad Nacional Jaime Navarro.

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La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Desiré Bravo, señaló este lunes que no les corresponde realizar la consulta previa a indígenas guaraníes y quechuas para la construcción de una laguna de oxidación de aguas residuales cerca a sus tierras, ubicadas en la zona de Paurito del Distrito 14.

Según la concejal, la realización de la consulta previa e informada le corresponde a la Cooperativa de Servicios Públicos COOPLAN, por ser la entidad ejecutora de la obra y que al municipio solo le corresponde dotar el terreno como contraparte para la construcción de la laguna de oxidación.

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La asociación de Usuarios del Sistema de Riego Nº2 Tacagua el pasado 21 de noviembre creo a nivel de su estructura organizativa, la Secretaria de Medio Ambiente ya que una notable característica de esta organización es la Defensa del Agua y la vida.
En reunión sostenida entre el directorio de la Asociación de Regantes y la comisión que participa de la escuela de Conflictos para el ejercicio de los Derechos Colectivos y la Justicia de Género, acordaron la necesidad de crear la secretaria de Medio Ambiente que coordinará
de forma directa con las secretarias de conflictos y agropecuaria, ya que viven amenazados por intentos de exploración y explotación minera que es rotundamente rechazo en la zona.

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Con la participación de los jueces de agua, presidentes zonales y directorio en pleno de la Asociación de Regantes de Challapata, el jueves 28 de noviembre se realizó en Foro: Impactos de la Mineria en las condiciones de vida de las mujeres, las comunidades y la Justicia de Género, teniendo como expositoras a mujeres articuladas de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

“La violencia que sufrimos las mujeres desde la minería hasta ahora no salido a la luz por diferentes motivos, pero desde que nos hemos articulado las mujeres afectadas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, estamos visitando a las comunidades y organizaciones compartiendo
estas duras experiencias para luchar contra esta y toda forma de violencia a la mujer y que afecta a las familias y a las comunidades.” Señaló Nilda Rojas de Mallku Quta y miembro de la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

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La violencia contra la mujer es un fenómeno mundial, que se expresa de muchas maneras: mujeres agredidas física, psicológica y sexualmente por sus compañeros sentimentales, feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual,explotación laboral, tráfico de órganos, tráfico de drogas, abuso sexual considerado como trofeo de guerra y una violencia hacia la mujer profundizada por el extractivismo todavía invisible. En Bolivia la situación es alarmante,un estudio de Organización Panamericana de la Salud (OPS),de enero de 2013, señala que Bolivia es el país donde más agresiones de género existen, pues el 53% de mujeres consultadas afirmó haber sido víctima de violencia.

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El ingeniero Mario Zeballos cuestionó los trabajos de relleno del hundimiento de la cumbre del Cerro Rico de Potosí, según declaraciones difundidas por radio Kollasuyo.

Zeballos fue parte de la comisión mixta que analizó los niveles superiores próximos al hundimiento donde están trabajando varias cooperativas mineras y tiene una percepción de lo que sucedería con las obras que se encaran en la actualidad en el yacimiento.

Consultado sobre si los trabajos fueran «en vano» dijo que sí por lo cual se podrían perder los 17 millones de Bolivianos que se estarían inviertiendo para frenar que la carga de la parte alta del cerro siga ingresando a los buzones que conectan la parte superior con los niveles inferiores.

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La verificación y la reversión de áreas mineras ociosas serán definidas por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera en un plazo máximo de 25 días, establece el Decreto Supremo 1801.

La norma, aprobada el miércoles 20, reglamenta el procedimiento para la reversión de derechos por inexistencia de actividades mineras de la Ley 403 del 18 de septiembre de 2013.
En el artículo 9, sobre el informe de verificación, señala que el Viceministerio de Política Minera emitirá el informe de verificación en el plazo de 15 días hábiles computables a partir de realizada la inspección.

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En la víspera, las integrantes que forman parte de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra salieron a la Plaza 10 de Febrero para denunciar que las mujeres no sólo sufren violencia física, sexual o psicológica; sino también son agredidas por los proyectos extractivos que ocasionan daños irreparables en el medio ambiente afectando su salud y su modo de vida.

Margarita Aquino, quien forma parte de la Comisión Violencia contra la Mujer de dicha red, indicó que las mujeres sufren violencia en las comunidades por el extractivismo, por ello se quiere mostrar la contaminación que generan las empresas mineras que afectan de gran manera a las comunidades, principalmente a las mujeres porque redoblan los esfuerzos que deben hacer las amas de casa para buscar agua o encontrar alimentos sanos porque la mayoría de los suelos están contaminados.

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Más de un centenar de representantes de organizaciones campesinas, originarias y entidades del departamento de Potosí demandan priorizar el consumo humano, luego el riego y finalmente el uso industrial del agua, que actualmente en varias zonas de la región es contaminado y explotado sin fiscalización por los mineros.

“Queremos sanciones drásticas a autoridades, funcionarios (que no velan) y a los (mineros) cooperativistas que explotan y contaminan el agua y el medio ambiente”, señala una de las conclusiones fundamentales efectuada en la “Cumbre del Agua”, efectuada en la ciudad Villa Imperial, evento organizado por Fundación Aclo y otras organizaciones.

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