Bolivia

Histórica sentencia

Días atrás, un tribunal de Potosí sentenció a siete años de cárcel al propietario de la empresa minera Santiago Apóstol Silver & Tin, luego de que el Ministerio Público demostrase que esa compañía atentó contra la salud pública, con el derrame de un dique de colas que alcanzó a los riachuelos que se encuentran en inmediaciones de la comunidad potosina de Canutillos.

Estos riachuelos, según explica un documento difundido por el Ministerio Público, no solo sirven de abrevaderos para animales y personas que habitan en ese entorno, sino que además desembocan en el río Pilcomayo, de allí que su impacto puede ser incluso más amplio y más nocivo; máxime tomando en cuenta que durante décadas las cooperativas mineras y las grandes empresas del rubro han vertido sus desechos a ese torrente sin el debido tratamiento.

Durante el proceso, que se inició en 2014, el responsable de esta compañía trató de desvirtuar las denuncias de contaminación. Pero la Fiscalía de Potosí logró demostrar que se había registrado el derrame de toneladas de desechos de plomo, sodio, magnesio, hierro y magnesio, entre otras sustancias tóxicas para el organismo, a lo largo de 20 kilómetros. Lo que fue fundamental para alcanzar esta sentencia histórica, ya que tradicionalmente este tipo de denuncias quedan en la impunidad, debido a las múltiples deficiencias de las que adolece el sistema de justicia boliviano.

Por otra parte, a raíz de este desastre medioambiental comenzaron a salir a la luz pública datos preocupantes sobre la ausencia estatal a la hora de controlar la extracción, separación y comercialización de minerales en el país. Por ejemplo, que el 80% de las 187 empresas e ingenios mineros registrados en Potosí no cuentan con una licencia ambiental, según la Gobernación de Chuquisaca. De hecho, una de las compañías mineras sin licencia ambiental era precisamente Santiago Apóstol, cuyo dique de colas colapsó porque estaba construido de manera precaria.

Respecto a los impactos que ocasionan este tipo de derrames, no sobra recordar que la exposición constante de la piel y el consumo de agua y de alimentos contaminados con las sustancias tóxicas antes mencionadas dan lugar a malformaciones congénitas, disfunciones renales, cáncer, males hepáticos e inmunológicos, que provocan cuadros de morbilidad crónica entre la población afectada.

Adicionalmente, los agentes contaminantes de la minería perturban la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos; amén de promover el deterioro de la biodiversidad acuática y de los ecosistemas terrestres. De allí la importancia de adoptar medidas para mitigar los nocivos impactos medioambientales de la minería; pero también de sancionar, con todo el peso de la ley, a quienes se dedican a este rubro sin tomar los recaudos que establece la ley para preservar la naturaleza y la salud de la población.

Fuente:http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Historica-sentencia_0_2702129825.html

Bolivia

Sentencian a 7 años de cárcel a empresario minero por contaminar el río Pilcomayo

Un juzgado boliviano condenó al dueño de la empresa minera Santiago Apóstol Silver & Tin, Mario Jorge Cano, a siete años de prisión por un delito contra la salud pública al verter químicos contaminantes a aguas que desembocan en el río Pilcomayo, informó ayer la Fiscalía General del Estado.

«Para conseguir esta sentencia en juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentó las pruebas tanto material como documental que demuestran que el acusado es autor de los delitos», afirmó el fiscal departamental, Fidel Castro, mediante comunicado institucional.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar en julio de 2014, cuando una presa de residuos mineros propiedad de la empresa colapsó y produjo un vertido a aguas que conducen al río Pilcomayo, cuyo cauce pasa por Bolivia, Paraguay y Argentina.

El hecho se registró en la comunidad de Canutillos, en el municipio de Tacobamba, capital de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Cornelio Saavedra del Departamento de Potosí, distante a unos 50 km de Tacobamba.

«La Fiscalía realizó la inspección al lugar y verificó el trayecto que recorrió el material con desechos químicos hasta llegar a los pequeños riachuelos que existen en la zona, cuyas aguas desembocan en el río Pilcomayo», sostuvo Castro, en el comunicado.

 

Fuente:http://www.jornadanet.com/n.php?a=139855-1

Bolivia

Cómo los progresismos matan la democracia El CEDIB en la picota

Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo sobre el ocaso de los progresismos en América Latina. El debate será largo y –ojalá– provechoso. Pero más allá de esta discusión, hoy podemos decir que la ilusión y la creatividad transformadoras de las primeras horas de los procesos progresistas han muerto o, mejor dicho, las han asesinado. Vivimos tiempos de reflujo, frustración e indignación.

 

Las propuestas de democracia radical afloraron en los primeros tiempos de estos procesos, democracia que buscaba cambios profundos y participativos desde nuestras complejas sociedades. En ese entonces, las propuestas acumuladas de largas luchas populares, se plasmaron en políticas, programas e incluso, en esperanzadoras constituciones en Ecuador y Bolivia.

 

Sabemos que toda lucha sintetiza un momento histórico, cada momento es un reflejo cristalizado de procesos sociales acumulados, y en todo proceso se plasma una determinada forma de impulsar los cambios. Sin embargo, un proceso debe revisarse y profundizarse permanentemente. Transformaciones grandes y duraderas no pueden nacer de procesos anquilosados, peor de procesos que se niegan a la crítica y a la autocrítica. Ni qué decir si estos procesos devienen en reaccionarios.

Desde esta perspectiva, lo que se vive en los países “progresistas” es, por decir lo menos, preocupante. El “progresismo” ofreció luces, pero hoy solo brinda oscuridad. Basta ver lo que acontece en la actualidad con el Centro de Documentación e Información Bolivia: CEDIB.

 

Con intensidades y especificidades propias, los “progresismos” nacieron de la resistencia y la búsqueda de alternativas de muchas organizaciones populares y otras fuerzas portadoras de ideales de cambio. Los movimientos sociales, en especial indígenas y sindicales -sin olvidar a campesinos, mujeres, ecologistas, maestros, estudiantes- fueron la vanguardia en la lucha contra el neoliberalismo, e incluso contra rezagos coloniales tan arraigados en países como Bolivia y Ecuador. Vale recordar que el MAS, en el altiplano, surgió como un movimiento soberanista, frente al “saqueo de los recursos naturales”, impulsando “su recuperación”. Incluso en el país andino más pequeño la emergencia de Alianza País solo se explica en tanto tuvo la capacidad para sintonizarse con las luchas de muchos grupos de la sociedad, en particular los movimientos sociales.

 

Con el apoyo de dichos movimientos sociales y de muchas organizaciones de la sociedad civil, se construyó el triunfo electoral de los gobiernos “progresistas” en estos países. Así empezaron su gestión gobiernos que, al inicio, pusieron su brújula rumbo a profundas transformaciones resistiendo los embates de las derechas tradicionales derrotadas.

 

Pero los vientos de cambio duraron poco. A medida que estos gobiernos consolidaban su poder, fueron abandonando y traicionando las propuestas revolucionarias. La tarea pasó de la revolución a la mera administración de una bonanza espuria y maldita, nacida de los elevados precios de las materias primas en el mercado mundial. Se sintieron omnipotentes, capaces de satisfacer a todas las clases con la enorme capacidad económica de esa bonanza. Creían que controlando el Estado podían manejar las fuerzas salvajes de un sistema económico vil, calmar las demandas sociales represadas y, a la vez, enriquecer a nuevos y viejos grupos de poder. Embriagados de euforia, hasta creyeron posible hacer lo mismo que gobiernos anteriores, pero de mejor manera: asumían, estos ilusos, que podían modernizar al capitalismo, domesticarlo y manejar sus crisis. Pero fue el capitalismo el que los domesticó…

 

Y así estos aspirantes a dioses cayeron fácilmente en los cánticos de los “milagrosos” extractivismos. En todos los países “progresistas” se extremaron las fronteras extractivistas: petróleo, minería, monocultivos, plantaciones forestales, pesca… asomaron como las palancas para financiar el ansiado -pero inexistente- desarrollo, tal como acontecía en los vecinos neoliberales. Pero, el espejismo se fue desvaneciendo, llegó el ocaso de estos “dioses”. Su incapacidad comprobada los llevó a archivar iniciativas de alcance revolucionario y hasta civilizatorio, como lo fue la Iniciativa Yasuní-ITT, de dejar el crudo en el subsuelo de la Amazonía ecuatoriana.

 

En este escenario de extractivismos galopantes en toda Nuestra América, los conflictos sociales afloraron con fuerza. Las comunidades que viven en las fronteras extractivas se resisten a abandonar sus territorios, perder sus medios de vida campesinos y trasladarse a las ciudades. Las sociedades, incluyendo las citadinas, cobran cada vez más conciencia de los efectos de tanta depredación, y se organizan para resistir.

 

Frente a eso los gobiernos de toda la región –neoliberales y progresistas– recurren cada vez más a la represión y a la imposición de leyes que amenazan las libertades de organización en la sociedad civil y de los propios movimientos sociales, como los decretos 16 y 732 en Ecuador que están en camino de convertirse en Ley, para imponer los extractivismos y continuar modernizando el capitalismo. Hay hasta registros insólitos: el presidente “progresista” de Ecuador, Rafael Correa, asesorando al presidente neoliberal de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre cómo romper la resistencia de las comunidades opuestas a la megaminería. Mientras tanto, las empresas extractivas también usan la imposición, inclusive en alianza con el poder militar gubernamental o recurriendo a grupos paramilitares. En este punto “progresismo” y neoliberalismo tienen bastante en común…

 

Estos últimos años han sido duros y difíciles para las organizaciones sociales. Los gobiernos a los que llevaron a la administración del Estado, gobiernan cada vez más desde el puño de hierro del capital, olvidando su autoproclamada condición revolucionaria y de izquierda. Se volvieron modernizadores del capitalismo: un capitalismo andino-amazónico, como afirma -suelto de huesos- un gobernante que se presentaba como el adalid de la revolución. No solo que las políticas de estos gobiernos “progresistas” golpean y explotan a los sectores más empobrecidos y oprimidos, sino que además la vileza se santifica en nombre de la transformación social e incluso del socialismo.

 

De hecho, el debate público impulsado desde los “progresismos”, sea a partir del gobierno, e incluso desde los asalariados del poder, planteó una disyuntiva perversa e inexistente: “sin extractivismo no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay progreso”. Inútilmente tratan de convencernos de esa falacia. En la medida que los movimientos y demás organizaciones sociales se oponían a tanto atropello, los “progresismos” encontraron en sus antiguos aliados -verdaderos responsables de su existencia- el enemigo a vencer para cristalizar su modernización del capitalismo. Semejante accionar, para colmo, se ha vuelto funcional hasta para los capitales transnacionales.

 

No sorprenden, entonces, los empeños por debilitar a los movimientos sociales con la represión, la criminalización o la división lograda con la creación de movimientos paralelos. Organizaciones históricas, como la CONAIE en Ecuador o la CONAMAQ en Bolivia, han sufrido los embates de estos gobiernos modernizadores y perros guardianes del capitalismo.

 

Otras organizaciones de la sociedad civil también han sufrido y sufren los ataques totalitarios de regímenes que hace rato olvidaron sus orígenes. Ejemplos de la traición sobran: la desaparecida Fundación Pachamama o la permanentemente agredida Acción Ecológica, en Ecuador, o las acciones en contra de organizaciones gubernamentales de larga trayectoria en Bolivia, como las que sufre hoy día el CEDIB en Cochabamba.

 

Esta organización boliviana, con una larga y comprometida trayectoria de muchas décadas, que reúne intelectuales reconocidos en el campo de las izquierdas y el pensamiento crítico, está en la picota del gobierno boliviano. Su único “delito” ha sido contrariar y denunciar las expectativas y visiones gubernamentales sobre los extractivismos desbocados, de sus retrocesos al neoliberalismo o de sus prácticas autoritarias y violentas. Esta organización, que brinda información muy rigurosa, resulta incómoda al poder, pues resulta muy útil para las comunidades afectadas por los extractivismos, presentando, por ejemplo, mapas para que las comunidades ubiquen de mejor manera las amenazas mineras o petroleras.

 

Esta organización, con la que algunos gobernantes “progresistas” tuvieron estrechas relaciones en la época de las luchas antineoliberales y de emancipación anteriores al inicio de su gestión, está siendo y hostigada por el gobierno y por sus aliados. Esto es lo que experimenta ahora el CEDIB acosado ahora por la Universidad San Simón, servil al régimen, quizás porque se financia con el impuesto directo de los hidrocarburos… Y lo que resulta no solo aberrante, sino indignante es que el gobierno del MAS apoye el desalojo por la fuerza de ese centro de investigación boliviano para darle ese espacio a un instituto de chino mandarín, financiado por el gobierno chino.

 

Vista la actual arremetida en contra del CEDIB es evidente que a los “progresismos” les resulta intolerable el recuerdo de sus orígenes, sus ofrecimientos de transformaciones estructurales y más aún sus reiteradas traiciones. Combaten, al CEDIB por criticar a un gobierno que entrega concesiones petroleras y mineras al imperialismo chino, lo que refleja la capitulación de los progresismos frente a la globalización del capital, tanto como la firma del TLC con la Unión Europea por parte del gobierno de Alianza País en Ecuador.

 

Todos estos son hitos de frustración y razones para retomar nuevas y mejores luchas revolucionarias. Hoy nuestra lucha es desde todos los frentes posibles. Son tiempos difíciles y llenos de frustraciones, pero aún estamos a tiempo de reescribir la historia.

 

La lucha social de estos años es compleja. El sueño de otro mundo posible y digno para todos los seres vivos del planeta, un mundo libre de las ataduras invisibles del capital, resultó un crimen para estos gobiernos. Por eso no solo se trata de defender los intereses de la sociedad y de la Naturaleza ante los golpes de estos regímenes, se trata de defender la transformación social y recuperar sus utopías.

 

Hoy el “progresismo” arremete en contra de ecologistas, indigenistas o izquierdistas calificados como “infantiles” o “de cafetín”, inclusive con los movimientos sociales y las organizaciones que les dieron origen. Pero son justamente esos grupos golpeados quienes resisten y se oponen a profundizar un sistema violento, extractivista, patriarcal, machista, conservador, idólatra de la personalidad, cargado de viejas y de nuevas colonialidades. Tales grupos y tales organizaciones, hoy, son quizá de los últimos bastiones de la gran transformación que sigue demandado Nuestra América, no los podemos perder.

 

Fuente: http://paginasiete.bo/ideas/2017/4/23/cedib-picota-135089.html

Bolivia

COMUNARIOS PIDEN REVERTIR LAS CONCESIONES MINERAS DEL ILLIMANI

Al menos 90 comunidades que viven en las faldas del nevado marcharon ayer por las principales vías de La Paz y realizaron un cabildo en la plaza Mayor.

Al menos 90 comunidades ocuparon ayer  las principales vías del centro de La Paz para exigir la reversión de tres concesiones mineras del Illimani porque temen que los desechos contaminen el agua  que emplean en sus cultivos.

«Sí, se pidió la reversión de las empresas mineras  Las Nieves, 14 de Septiembre y Comabol. Sólo eso, por el momento, porque se necesita un análisis profundo”, declaró el portavoz de cuatro comunidades, Nicolás Cruz Poma, luego de la movilización y el cabildo que se realizó ayer en la plaza Mayor de San Francisco.

La movilización comenzó ayer en la calle 60 de Chasquipampa, al sur de La Paz, y participaron al menos 90 comunidades agrupadas en las centrales agrarias Kaphi, Pinaya, Cayimbaya y Palca, reportó el dirigente.

  Según el pronunciamiento de los comunarios, una empresa china también opera en el sector.

«Las autoridades del Ministerio de Minería, en sospechosa actitud de algunos de sus funcionarios, permiten que la compañía Minera Amazona Bolivia (Comabol S. A.), de propiedad del inversionista Chaolín Xiong, es acreedora de cinco concesiones en el nevado Illimani y cuenta con 92 cuadrículas (cada cuadrícula equivale a 25 hectáreas)”.

Según la nota de los comunarios, el Ministerio de Minería les informó que Comabol no tiene ninguna actividad minera productiva. «Sin embargo, no se pronuncia sobre el número de identificación minera NIM 02-0234-04 que expidió el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) en favor de Comabol en diciembre de 2009”.

Según la nota, esta empresa logró obtener los permisos de comercialización interna, prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y exportación.

«No vamos a permitir, los vamos a sacar a chicotes y eso fue lo que decidieron las bases. (Esta actividad) provocaría daños a las aguas del río y eso va a contaminar los cultivos y la producción
agrícola con que se abastece La Paz, todo sería contaminado”, advirtió Nicolás Cruz.

Afirmó, además, que hay otras empresas pequeñas y medianas que operan en las faldas del nevado. «Los comunarios dijeron que si no son de la región, van a tener que abandonar (sus áreas de trabajo). Si son (de la zona) se les hará un control estricto en términos medioambientales”, declaró.

Pese a ello, no cuenta  con una cuantificación exacta de estas empresas mineras pero supone que son al menos 10. «Estas se hallarían en el lado del municipio de Palca”, aseveró.

El dirigente Cipriano Quispe  dijo a ANF que presentaran  documentación «de lo que quieren perforar nuestro Illimani. Tenemos documentos de algunas empresas extranjeras”.

Fuente:http://oiedc.blogspot.cl/2017/04/comunarios-piden-revertir-las.html

Bolivia

Experto advierte que Bolivia no entrará en nueva matriz energética con litio

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El litio es «un factor clave» en la nueva matriz energética global pero «Bolivia no formará parte» de la misma a pesar de tener, junto a Argentina, las mayores reservas mundiales del mineral, advirtió el consultor internacional en este sector Juan Carlos Zuleta.

«En este momento estamos viendo el anticipo del acomodo de las diferentes fuerzas del mercado en la nueva matriz energética global, donde el litio es obviamente un factor clave», dijo Zuleta en una entrevista con Efe, pero «Bolivia no formará parte de esta nueva matriz porque no ha podido hacer las cosas a su tiempo».

El Gobierno de Evo Morales señaló la industrialización del litio como un objetivo económico prioritario en 2008, pero hasta el momento ha exportado muy pocas toneladas de carbonato de litio a China, mientras que Argentina produjo alrededor de 29.000 toneladas el año pasado, explicó Zuleta, de nacionalidad boliviana.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El parlamento boliviano aprobó el 31 de marzo la creación de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), una nueva empresa estatal para impulsar la explotación del mineral, que sirve entre otras cosas para fabricar baterías eléctricas, incluidas las de los automóviles.

Según el experto, se trata de «una medida distractiva más para seguir desatendiendo los problemas de fondo», relacionados con supuesta «incapacidad» de las autoridades responsables para avanzar hacia la etapa industrial de la producción de carbonato de litio.

En agosto de 2015 Bolivia contrató a la empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies para elaborar el diseño de una planta industrial para producir ese producto, pero tras meses de retraso, según Zuleta, no hay «ninguna referencia clara y consistente del estado de la situación en cuanto a la elaboración de ese diseño».

El Gobierno ha anunciado esta semana que hay 26 empresas internacionales, sobre todo de Asia y Europa, interesadas en construir la planta de desarrollo industrial del producto.

No obstante, el consultor sostiene que Bolivia llega tarde al mercado y, en el caso de que se cumplan las previsiones gubernamentales más optimistas de avanzar hacia una producción anual de 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio, la cuota de Bolivia en ese escenario solo alcanzaría a un 10 %.

«Queda muy atrás la idea distorsionada del vicepresidente que habla de que Bolivia va a dominar el mercado y va a fijar los precios del litio», comentó en referencia a la proyección que ha expresado la segunda autoridad del Estado, Álvaro García Linera.

De acuerdo con Zuleta, Bolivia tampoco ha avanzado en la certificación de la totalidad de las reservas del Salar de Uyuni y «ha dejado de ser el único líder en cuanto se refiere a recursos identificados del mundo».

«A partir de febrero de este año ese liderazgo ha empezado a compartirlo con Argentina» que, explicó Zuleta, ha realizado mayores esfuerzos en prospección y certificación.

Las previsiones del Gobierno anunciadas en 2015 consistían en sumar inversiones que en 2018 lleguen a 617 millones de dólares para desarrollar el sector.

Al respecto, Zuleta prefiere hablar de «gasto», porque considera que las decisiones estratégicas de inversión han sido erróneas.

Bolivia ha centrado sus esfuerzos en construir piscinas de evaporación solar, que ocupan hectáreas de extensión y requieren «mucho movimiento de tierras» y «mucho combustible».

Además, este método de evaporación es el recomendado para lugares donde prácticamente no llueve, como el salar de Atacama (Chile), donde la tasa de evaporación es más del doble que en Uyuni, explicó.

En el caso boliviano, se podrían haber aplicado métodos de separación química o de evaporación térmica aprovechando las reservas de gas natural del país, argumentó.

Uno de los problemas del litio boliviano es su baja concentración en salmuera si se compara con lo que sucede en Chile y Argentina.

Sin embargo, esa concentración relativamente baja lleva aparejada, en contraste, una presencia alta de magnesio.

«Se conoce que el magnesio hoy en día tiene propiedades industriales que no se han podido aprovechar por falta de conocimiento e investigación», dijo, y sostuvo que empresas chinas y coreanas están interesadas en los salares bolivianos por esa razón.

«El valor del magnesio en el salar de Uyuni podría ser incluso superior al del litio», sostuvo el experto y aseguró que «las aleaciones de magnesio podrían hacer una verdadera revolución, sobre todo en el campo automotriz».

Por ello, recomendó «cambiar el chip», algo que «consistiría en que Bolivia se ocupe de entrada en el desarrollo del magnesio como recurso principal y del litio, como secundario», algo que implicará un trabajo adicional porque se requeriría de mucha energía. (07/04/2017)

Fuente:http://www.la-razon.com/economia/Experto-advierte-Bolivia-entrara-energetica_0_2687131349.html

Bolivia

26 empresas quieren construir planta de carbonato de litio

El director de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro, informó el miércoles que 26 empresas nacionales e internacionales están interesadas en construir la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Uyuni, Potosí.

«Son 26 empresas, tenemos cuatro empresas de China, dos de Alemania, una de Finlandia, una empresa rusa, una empresa coreana, dos empresas vinculadas a consorcios españoles y otras dos vinculadas a un consorcio con sede en México; el resto son empresas nacionales», dijo a la radio estatal Patria Nueva.

Montenegro explicó que se inició el proceso de evaluación de las expresiones de interés para preseleccionar en dos semanas a las empresas proponentes entre las que obtengan mejor puntaje.

«Lo que estamos buscando es la mejor empresa, que tenga la mejor experiencia y las mejores condiciones para construir y montar nuestra planta de carbonato de litio», remarcó.

Actualmente, la empresa alemana K-Utec Technology realiza el estudio a diseño final de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Uyuni, el mismo será presentado este mes.

 

Fuente:http://www.eldeber.com.bo/economia/26-empresas-quieren-construir-planta-de-carbonato-de-litio–20170405-0078.html

Bolivia

Aprueban ley para crear empresa de Yacimientos de Litio

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la creación de la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB).

La nueva empresa objetivo de completar la cadena productiva de la industrialización de litio en el país y sustituirá a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos que se encontraba a cargo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

“Se ha encomendado la creación de una empresa (…) acaba de ser aprobado en grande el proyecto de ley que establece la creación de la empresa Yacimientos de Litio de bolivianos”, informó el ministro de Energías, Rafael Alarcón.

La autoridad indicó que la nueva empresa estatal de litio ya tiene inversión garantizada de más de unos 700 millones de dólares del crédito al Banco Central, que correspondía a la Gerencia de Evaporíticos.

Fuente:ww.erbol.com.bo/noticia/economia/31032017/aprueban_ley_para_crear_empresa_de_yacimientos_de_litio

Bolivia

Ajam frena actividad minera ilegal en Chua Jichupata

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) junto a la Policía Boliviana intervinieron una actividad minera ilegal en la localidad de Chua Jichupata, provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, donde se explotaba oro de manera clandestina, informó su Director Ejecutivo Nacional, Erik Ariñez Bazán.

Explicó que durante la acción de interdicción se detuvo a Edson L H (40 años) y Alex L P (17 años), quienes fueron conducidos ante a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, al haberse evidenciado la explotación ilegal de recursos minerales en flagrancia, toda vez que no contaban con la debida autorización para realizar dicha actividad minera.

Según versiones de los denunciantes, ambos sujetos explotaban oro de manera indiscriminada, en ingentes cantidades,  utilizando mercurio y cianuro para realizar la separación del mineral, afectando el medioambiente en esas áreas.

El Director Ejecutivo de la AJAM dijo que la institución lucha contra este flagelo que representa una amenaza a la seguridad y al desarrollo sostenible del país.

 

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/01042017/ajam_frena_actividad_minera_ilegal_en_chua_jichupata

Bolivia

¿Se encoge el negocio del litio, sobre todo para Potosí?

La ley que crea la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) es “saqueadora” para Potosí, por las bajas regalías, 1.8 %, que otorgará al departamento, según el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD), sobre un negocio que prometía miles de millones de dólares pero que al final puede quedar reducido a unos iniciales 285 MM/$us al año, un poco más que la exportación de aceite crudo de soya (254 MM/$us al 2016)

La actual regalía aplicada al litio y sus derivados, según la nueva ley minera, señala una alícuota de 3 % sobre el valor bruto de venta, que va en su mayor parte a la Gobernación regional (85 %) y en 15 % a los municipios productores, de manera que el monto que percibirían los potosinos no rebasaría los 9 MM/$us en el primer año, con base en la actual cotización y perspectivas exportadoras.

La legislación que crea YLB es “un insulto para el pueblo potosino” dijo el parlamentario de una de las regiones más adversas a las políticas del actual régimen del presidente Evo Morales, que afrontó dos prolongados paros cívicos, de 19 en 2010  y 27 días en 2015, en demanda popular por mayores beneficios de la bonanza estatal asentada en la renta hidrocarburífera y los precios de minerales, que, sin embargo, ha desembocado en  la desaceleración actual de la economía.

Según Barrientos, la ley fijaría que sólo el 1.8 % de regalías sea para Potosí, lo que lleva a que los mayores beneficiados sean el Gobierno central y las transnacionales, dijo el diputado a la cadena Erbol.

Una propuesta de distribución de las utilidades considerada en 2014 establecía que hasta el 55 % de las ganancias serían retenidas por el Estado y un 45 % remitido a la región productora, pero se desconocía si sería tomada en cuenta tras la nueva ley de minería y metalurgia sancionada también en 2014

El periódico El Potosí, reportó este fin de semana que cuando la ciudad recordaba este sábado 472 años de fundación,  oficialistas y opositores debatían sobre los proyectos de una fábrica de cemento y la industrialización del litio del Salar de Uyuni.

Atribuyó a Barrientos, la insistencia que el proyecto del litio dejará magros beneficios y que en aplicación de la Ley Minera se podría asignar solamente el 1,8 por ciento de los beneficios del «oro gris» a Potosí.

El jefe de bancada delMovimiento Al Socialismo (MAS, en el gobierno desde 2006), David Ramos, destacó que la sede del proyecto de litio será Potosí en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 371 de la CPE, lo que fue desmentido por Barrientos.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, lamentó la aprobación de la ley que crea la empresa del litio porque, reiteró, no reconoce el hecho de que el litio se encuentra en ese Departamento.

La nueva empresa tiene el objetivo de completar la cadena productiva de la industrialización de litio en el país y sustituirá a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que se encontraba a cargo de la Corporación Minera de Bolivia(Comibol).

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, indicó que la nueva empresa estatal arrancará con  inversión garantizada de 700 millones de dólares, en crédito financiado por el Banco Central, que correspondía a la ex GNRE.El gobierno espera certificar hasta fin de año con una firma internacional  las reservas de litio que posee el país, había anunciado el ministro  Alarcón en febrero pasado.

INGRESOS Y UTILIDADES

Los recursos bolivianos de litio están principalmente en el Salar de Uyuni, una explanada de 10.000 kilómetros cuadrados situada a 3.700 metros sobre el nivel del mar, considerado el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo.

En 2011 el Gobierno indicó que en esa zona hay unas 100 millones de toneladas de litio, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó nueve millones.

Hace una semana el ex gerente de la GNRE y actual viceministro de Tecnología Energética, Luis Alberto Echazú, dijo que el 5 % de toda su extensión cuenta con suficiente cantidad para ser explotada durante 100 años.

Según el viceministro,para la industrialización se evalúa dos diseños de consorcios extranjeros, bajo la modalidad de “contratos de asociación”. También el ministro Alarcón dijo que el viceministro alemán de Infraestructura Digital, Rainer Bomba, expresó el interés oficial de su país de participar como socio en la industrialización del litio.

El gobierno boliviano, que desde su planta experimental exportó el año pasado  las primeras 10 toneladas de carbonato de litio al mercado chino, por valor de unos 70 mil dólares, ha decidido encarar por su cuenta todo el proyecto del litio.

Tras el desfile de franceses, japoneses, coreanos y otros ejecutivos de diversos países, rechaza tener socios extranjeros para esa industria si es que, entre otras condiciones, no ofrecen la instalación de plantas de producción de baterías para coches eléctricos en el desierto de sal de Uyuni, con el fin de industrializar esas reservas

Para el desarrollo de la industria del litio, se prevé una inversión de 617 millones de dólares hasta 2018. Otros 115 millones fueron ya invertidos hasta 2014. El total previsto para las tres etapas bordea los 900 millones de dólares, incluida la fabricación de baterías, que supone unos 400 MM/$us, según la Memoria 2012 de la ex GNRE.

Pero analistas del sector, como Juan Carlos Zuleta estiman que por su trayectoria extractivista el gobierno sólo está interesado en el litio no en los acumuladores de energía, cuyos primeros ejemplares fueron desarrollados con todos los componentes importados de otros países.

Previno en 2014 Zuleta que “el tiempo se acaba para el país: si no logra corregir de inmediato su estrategia para asegurar su introducción en el mercado del litio mundial los altos y/o inestables precios del litio podrían establecer un mecanismo pernicioso que desaliente un mayor desarrollo tecnológico de las baterías de litio y conduzca al mundo hacia la utilización de sustitutos”, aunque  aclaró que “nuestro país es el único lugar de la Tierra  que con precios relativamente bajos y estables podría garantizar el inicio y la consolidación del sexto paradigma tecno-económico con el litio como su factor clave”.

Los cálculos oficiales al 2018 son vender el carbonato de litio a un precio de siete mil dólares la tonelada —por 30 mil toneladas métricas (TM) estimadas se obtendría unos 210 millones de dólares en ingresos, no utilidades— mientras que la misma cantidad del tipo cátodo la exportaría eventualmente en unos 17 mil dólares (500 MM/$us en ingresos) y de una calidad más alta, a 22 mil, si es que se producen. La exportación de 350.000 TM de potasio generaría otros 75 MM/$us, afirmó por su parte Zuleta.

El salar de Uyuni cuenta además con importantes cantidades de boro y magnesio, aunque los mayores recursos corresponden al potasio incluso más que al litio.
En 2014, se previó que a venta de 30.000 toneladas al año de carbonato de litio y 700.000  de cloruro de potasio podría suponer un ingreso bruto de 430 MM/$us, según un estudio multidisciplinario publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA)

Descontados los costos, el excedente aproximado sería 200 MM/$Us, según la propuesta entonces vigente:cerca de 45 % para los potosinos, es decir, unos 90 MM/$us, aunque las expectativas habrían bajado sustancialmente, según el diputado Barrientos representante potosino en la Asamblea Plurinacional.

En la publicación, Pablo Poveda del CEDLA, estimó por ventas anuales de 395 MM/$us en la segunda etapa, industrial, una ganancia anual de 194 MM/$us, correspondiendo el 30% a los municipios de Colcha K, Uyuni y Llica (58.2  MM/$us) además de 19.7 MM/$us por regalías del 5% del valor bruto de ventas, a semejanza de las aplicadas entonces al boro/ulexita. Sin embargo, con la nueva ley y la alícuota vigente, las expectativas cayeron estrepitosamente pues, con esas cifras, la regalía para gobernación y municipios no pasaría de los 12 MM/$us.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/03042017/se_encoge_el_negocio_del_litio_sobre_todo_para_potosi

Bolivia

UMSS conmina al Cedib a desalojar sede en 2 días

El rectorado de la Universidad Mayor de San Simón dio 48 horas para que el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) desaloje los ambientes  del CESU, para trasladar a ese predio el Instituto Confucio que enseña el idioma Chino Mandarín.

Según ANF: “El Cedib denunció que el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, amenaza con acciones de hecho y desalojo con el auxilio de la fuerza pública”.

La medida pone en riesgo más de 10 millones de registros en base de datos, 60 mil títulos, 70 mil carpetas y casi 8 millones de noticias acumuladas en la hemeroteca desde los años 70, por lo que fue catalogada como patrimonio Documental de Cochabamba.

El secretario general de la UMSS, Néstor Guzmán, informó que todo se debe al recorte presupuestario y la falta de infraestructura. “El Cedib está ocupando dependencias universitarias que se requieren para muchos propósitos, en particular, el Instituto Confucio, por eso se ha hecho la solicitud, se ha dado el plazo de 48 horas; las instancias que corresponden determinarán su desalojo”, dijo.

Según el Cedib, las autoridades universitarias pretenden desconocer de manera unilateral un convenio interinstitucional firmado en 1993 y ratificado en 2002, por el cual el Cedib le brindaba a la universidad y al CESU servicios de información y capacitación por 600 dólares al mes.

Sin embargo, la universidad argumenta que el convenio venció el año 2007 y no está vigente hace 10 años. En su anterior gestión, el rector Juan Ríos ordenó el desalojo de ambientes y hoy el  tema vuelve a cobrar vigencia con más fuerza. “No tienen ninguna relación con la universidad, utilizan los ambientes sin pagar alquiler, no puede ser que se quieran perpetuar; ellos no quieren entregar el ambiente”, dijo la asesora legal del rectorado, Magdalena Fernández.

El viernes 21 de marzo, la universidad envió al Cedib la primera carta notariada exigiendo el desalojo, la segunda carta conminatoria fue entregada ayer viernes 31 de marzo y en ella el rector advierte que se tomarán acciones de hecho para la desocupación. Los representantes del centro piden disolver el convenio en la vía legal, además, piden un año y medio para trasladar toda la documentación a otro ambiente adecuado por su alto valor histórico. Ayer, varias instituciones fueron invitadas a conformar un comité de defensa.

CEDIB, 25 AÑOS DE TRABAJO POR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

El Centro de Documentación e Información  Bolivia (Cedib) trabaja casi 25 años en Cochabamba en las instalaciones universitarias del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la UMSS.

Los ambientes pertenecían al ex Banco Agrícola y fueron donados por el Gobierno a la UMSS para que promueva la investigación y cursos de posgrado.

Mediante un convenio de interinstitucional, en 1993, la universidad entregó parte de los ambientes al Cedib a cambio de servicios de información, documentación y capacitación. El convenio tenía carácter indefinido.

En 2002, el convenio fue ratificado con una cláusula para que se revise cada cinco años. El año 2007, en su primera gestión como rector, Juan Ríos pidió por primera vez que el Cedib desaloje los ambientes. En marzo de este año, retomó el pedido bajo carta notariada conminatoria.

El Cedib es una de las organizaciones no gubernamentales que denuncia el extractivismo y observó la Ley 3155 de Personerías Jurídicas que obliga a las instituciones a apoyar las políticas sectoriales del país.

Fuente:http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170401/umss-conmina-al-cedib-desalojar-sede-2-dias