Aumenta la migración de campesinos e indígenas en el Norte de Potosí a consecuencia de la contaminación ambiental de sus tierras y las aguas de uso agrícola, debido a la explotación minera que sufre el territorio. De acuerdo a declaración de Gregorio Zamudio Karka, Segunda Mayor del Ayllu Puraka (autoridad originaria) del municipio de Uncia; las tierras productivas han disminuido por la contaminación minera. No solamente la tierra ha disminuido, sino también, el agua ha sido afectada por el daño ambiental que provoca la explotación minera manifestó en tono preocupado.

“La contaminación en el Norte de Potosí de las empresas mineras es evidente. Antes, la producción agrícola era bien, ahora es poco debido a la contaminación minera. Ahora necesitamos proyectos grandes para sanear nuestros terrenos”, lamento la autoridad indígena.

Dada  la contaminación, las mayores consecuencias se observan en el éxodo (migración) de las personas de las comunidades. La migración es uno de los principales efectos de la contaminación minera en los ayllus y comunidades del Norte del departamento de Potosí. Según la autoridad indígena, en las comunidades de los ayllus han quedado solo las personas adultas mayores, los jóvenes salen a buscar trabajo en otros departamentos e inclusive fuera del país manifestó.

“La contaminación minera existe. Por eso la gente migra a Chile, van a buscar donde vivir mejor. Entre tres a cuatro personas quedan en las comunidades, sobre todo de la tercera edad. Los jóvenes se van a otras ciudades como Oruro, Cochabamba hasta a poblaciones más grandes que sus comunidades como Llallagua o Uncía”, manifestó la autoridad indígena Zamudio.

Si bien los efectos del cambio climático en los últimos años han provocado migración de campesinos e indígenas en busca de mejores días; la actividad minería provoca éxodo de las poblaciones originarias; dejando desoladas algunas comunidades indígenas y campesinas del territorio potosino.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/bolivia/item/40928-contaminacion-minera-hace-migrar-a-campesinos-e-indigenas-en-potosi

Los comunarios del Ayllu Chasquevilque decidieron en su congreso rechazar todo tipo de actividad minera en su jurisdicción, con la finalidad de precautelar la actividad agrícola de la zona, así lo hizo conocer el secretario general del ayllu, Roso Laurean Mamani.

El dirigente originario explicó que las comunidades asentadas en la cuenca de Santa Lucía, La Palca y Cayara, no permitirán el trabajo de cooperativistas mineros porque pueden generar procesos de deterioro de los recursos naturales, aspecto que incidirá en sus volúmenes de producción de diferentes productos.

El manifiesto surge tras haber evidenciado que en el cerro Tollojchi existen aprestos de cooperativistas para desarrollar la labor de extracción de los recursos naturales sin brindar ninguna garantía al respeto de la naturaleza.

La decisión de los comunarios es evitar toda actividad minera que afecte el sistema de producción agrícola de la zona que es la base de vida de las familias que viven en esa cuenca.

«Nosotros vamos a defender nuestro territorio porque las labores mineras practicamente estarían contaminando nuestras aguas, nuestros sembradíos, por lo cual no vamos a dejar ningún asentamiento en el cerro Tollojchi», detalló el dirigente Roso Laurean.

Los cooperativistas mineros buscan nuevas áreas de trabajo para continuar desarrollando las labores ante el deterioro de algunos sectores del Cerro Rico.

Fuente:http://elpotosi.net/local/20180523_comunarios-rechazan-todas-las-actividades-de-mineria.html

Entre dinámicas de confianza, intercambiando saberes, con alegría y mucho entusiasmo, la Escuela Itinerante de Mujeres Defensoras “Warmi Yaku” va recorriendo diferentes comunidades, que corren riesgo de ser impactadas por minería, por comunidades que están en resistencia y por zonas donde ya están contaminadas, todas del altiplano Boliviano, capacitando a las mujeres y fortaleciendo sus acciones de incidencia.

Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el  85%  lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.

“Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se ha determinado que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85% no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, estableció Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo.

La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país  se incrementó en 49,83%, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en el departamento de La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas,  mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló Córdoba.

Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en el departamento de La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15%.  A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las  44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).

Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, Presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO – La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional sólo la mitad cuenta con este documento.

“El medio ambiente nos está molestando, y es que simplemente antes no habían estas leyes. Antes los compañeros de la comunidad no sabían lo que era el medio ambiente, ahora estamos más atareados con las leyes. El trámite (para la licencia ambiental) tarda mucho. Tenemos muchas leyes encima, por eso pedimos a las autoridades que revisen y que haya mayores plazos”.

Huaywa negó que sus afiliados utilicen mercurio para sus operaciones, sin embargo manifestó que es regular el uso de dinamita y solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales  “apoyo en  maquinaria, proyectos de electrificación y diesel, porque consumimos harto”. Además piden que se abran caminos en esos sectores de explotación minera.

Explotación y deforestación constantes

Ante esta situación y recientemente, el senador por Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que cinco cooperativas auríferas llevan adelante una explotación indiscriminada en el sector de Arcopongo de la provincia Inquisivi. Pese a las constantes solicitudes de informe, las autoridades de Gobierno no dan cuenta si éstas tienen sus respectivas licencias ambientales.

“Hemos llevado adelante una inspección a la altura del río Chaquety, para verificar diferentes denuncias sobre explotación de oro  y efectivamente hemos visto que estas cooperativas mineras están robando y destruyendo los recursos naturales, están contaminando el río con mercurio, lo que pone en riesgo la vida de los pobladores. La explotación de oro la están haciendo durante seis años”,  manifestó.

Empero, este conflicto de explotación ilegal de oro en esa región se arrastra desde el 2014, cuando se registraron enfrentamientos entre mineros cooperativistas de la localidad Palma Flor y mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety con el saldo de tres muertos y 13 personas aprehendidas. En esa oportunidad, el Ministro de Minería, César Navarro resolvió parar temporalmente las actividades mineras en ese sector, “definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”, manifestó la autoridad.

En ese entonces también hubo el compromiso desde la Gobernación y Ministerio de evitar cualquier tipo de actividad ilegal en esta región: “No se permitirá ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente y tampoco se va a permitir que comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”.

Las imágenes registradas por la comisión encabezada por Núñez dan cuenta de una clara deforestación, contaminación del río, uso de combustibles y maquinaria pesada.

Vulneración de derechos laborales

El 2016, el Viceministerio de Cooperativas Mineras, a la cabeza de José Luis Chorolque, informó que  del total de cooperativas registradas hasta ese año en Bolivia (1806), hubo un registro de más de 122 mil socios, lo que a la fecha se ha incrementado en unos  dos mil. Pero lo preocupante, que denuncia el ex viceministro de Minería, es que existen operaciones mineras que en zonas alejadas usan en sus labores a jóvenes menores de edad de unidades educativas aledañas.

“Se han visto casos que en cooperativas habrían subcontratado a terceras personas y casi en estado de esclavitud porque la remuneración era miserable. Hubo, por ejemplo cooperativas que subcontrataban a jóvenes de colegio para ingresar a lugares a los que ellos no ingresaban,  esta situación anómala es un factor que tampoco se puede controlar con facilidad, porque en algunos casos para lograr una permiso de la comunidad, las cooperativas concretan acuerdos  para que los miembros de la comunidad puedan ingresar a la mina en momentos en que sus socios salen un día a la semana y la comunidad entra para sacar mineral como una cierta remuneración por el trabajo que hacen ahí”, detalló Córdoba.

El trabajo minero requiere de un buen manejo de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena, además de dinamita  y maquinaria pesada, sin embargo, para Córdoba, el déficit de espacios laborales en Bolivia y los bajos ingresos han obligado a muchos pobladores de área rurales a pasar de sus actividades y de la agricultura a la minería con los riesgos que conlleva en su salud y su vida.  “Trabajar en una cooperativa es un sacrificio muy grande y gigantesco  y hay mucha gente que sin ser saber de minería trabaja en esto y sacrifica su vida. Además arriesga el medio ambiente al desconocer las normas elementarles del sector minero”, finaliza el ex viceministro.

Ante esta otra realidad de la minería en Bolivia el cooperativista Saturnino Huaywa pide al Gobierno mayores espacios de trabajo para “deje trabajar a los bolivianos. Porque hay harta empresa china que no deja regalías en el país y no nos dejan trabajo. Se gana algo, pero tampoco tenemos grandes ingresos”.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21052018/el_85_de_cooperativas_mineras_en_bolivia_opera_sin_licencia_ambiental

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que evaluarán la resolución de la provincia Inquisivi que determinó expulsar a la empresa china Comabol. Asimismo, sostuvo que “cualquier empresa boliviana o de capital extranjero que no cumpla con la normativa social o tributaria será sancionada”.

Indicó que investigarán la resolución de la comunidad para conocer si se trata de un tema de contaminación ambiental o de otro tipo, Se buscara determinar si no se trata de un interés de la población para ingresar al territorio la explotación minera.

El pasado viernes, habitantes y organizaciones de la provincia Inquisivi determinaron expulsar de su territorio y no permitir el ingreso de empresas chinas, que pretendan explotar la riqueza mineralógica de esta región.

El conflicto surgió entre comunarios y la empresa Comabol, de capitales chinos a la que acusan de intentar ingresar a su territorio por la fuerza y con amedrentamiento. La Defensoría del Pueblo intervino en este caso y se logró que se convoque a una reunión para solucionar el conflicto, junto con autoridades del Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/08042018/empresa_china_que_opera_en_inquisivi_podria_ser_sancionada

22 de marzo: Día Mundial del agua

Exposición Fotográfica y Feria productiva: “Mujeres defendiendo la vida, mujeres protegiendo el agua”

En el marco de la campaña: Marzo, mes del agua y de las mujeres, el Colectivo CASA y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), este jueves 22 de marzo en el día mundial del agua, presentan una muestra fotográfica: “Mujeres defendiendo la vida, mujeres protegiendo el agua” en la que se mostrarán fotografías que recuperan la memoria colectiva y las enseñanzas de las mujeres a partir de la importancia de su relación con el cuidado de las fuentes de agua, la producción y la vida frente al despojo minero del agua, mediante la defensa incansable de sus derechos, los derechos de la madre tierra y velando por la seguridad alimentaria.

El evento se realizará este 22 de marzo en la Plaza Castro y Padilla de la ciudad de Oruro, a partir de las 9:00 am hasta las, se ofrecerán productos de comunidades que están resistiendo a la minería desde las voces de los territorios que producen la vida y desde las manos de las mujeres que se encargan de reproducirla, además se regalara postales con mensajes alusivos al mes del agua y la mujer, cartillas y calendarios.

La feria estará acompañada de compañeros músicos y artistas comprometidos con la defensa de la Madre Tierra y de las fuentes de agua. Quedan todos cordialmente invitados a pasar un buen momento y reflexionar sobre la necesidad de trabajar en defensa de la madre tierra, el agua y nuestros derechos.

Fuente:http://colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=210:exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-y-feria-productiva-%E2%80%9Cmujeres-defendiendo-la-vida-mujeres-protegiendo-el-agua%E2%80%9D

El Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que la consulta no fue previa, informada, ni concertada. A pesar de ello dio curso al proceso junto al Sifde de La Paz.

El Colectivo CASA lanza la campaña «Marzo: mes de las mujeres y el agua» empezando por el día internacional de las mujeres trabajadoras (8 de marzo) y conmemorando el día mundial del agua (22 de marzo), elegimos este mes para resaltar la relación de las mujeres defensoras de los territorios y las fuentes de agua, recordando su labor cotidiana en el cuidado de la vida, su derecho a agua libre de contaminación y la importancia del rol de las mujeres Indígenas campesinas para la reproducción de las comunidades.

Celebramos esta relación y reafirmamos la defensa incansable de las fuentes de agua en contra del despojo minero, publicando durante todo el mes fotografías que reflejan esta importante relación entre las mujeres y el cuidado del agua, las y los invitamos a seguir y compartir estas imágenes que tiene el objetivo de visibilizar a las mujeres protectoras de las fuentes de agua.

Fuente:http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=208:mujeres-defendiendo-la-vida-mujeres-protegiendo-el-agua

En su capítulo referido a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos se refiere a la toma por algunas horas de las instalaciones de la APDHB por parte de un grupo de mineros y el acoso en contra del Cedib.

Amnistía Internacional en su informe anual 2017-2018 referido al capítulo sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos destaca como casos emblemáticos de vulneración de derechos en Bolivia, la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el acoso en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que derivó en el congelamiento de sus cuentas bancarias.

La AJAM ejecutó junto al SIFDE la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz observó que no fue previa, informada, ni concertada.
Jimena Mercado C.
La Paz, 9 febrero (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejecutó con el acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de La Paz, la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que no fue previa, informada, ni concertada.

El proceso de consulta se realizó para formalizar la actividad minera en el cantón Arcopongo, donde se realiza explotación ilegal de oro a gran escala desde el 2014 a cargo de cinco cooperativas afiliadas a la Fedecomin, las que no cuentan con autorización para la explotación minera, tampoco licencia para comercializar oro, y menos, licencias ambientales.

Francisco Eugenio de la Cooperativa Ullakaya Condoriri exigió su derecho preferente sobre 50 cuadrículas, tal como lo certifica la Gaceta Oficial Minera 181 de 2013, y lamentó que la consulta se haya consumado a pesar del proceso contencioso administrativo admitido en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AJAM.

El vocal electoral, Freddy Cayo en entrevista con ANF informó que a requerimiento de la AJAM nacional ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TED se hizo cargo del acompañamiento y supervisión del proceso de consulta para la actividad minera. Negó sin embargo que eso signifique “avalar” la consulta.

“De acuerdo a la normativa vemos que la consulta debe ser de buena fe, previa, libre, concertada, informada, esa es la característica que tiene la consulta, y en base a esos elementos encontramos un acuerdo. Pero en el marco de nuestra competencia, cuando estamos evacuando nuestro informe decimos cuál de estas características se cumplió y cuál no se cumplió”, explicó.

¿Qué aspectos de la consulta no se cumplieron? se consultó al Vocal, quien respondió: “Sin decir cuál de las cooperativas ni de qué comunidades son, se ha verificado que no se han cumplido con los criterios de observancia de consulta previa, informada y de concertación, pero si se cumplieron los criterios de buena fe, libre y de acuerdo a sus usos y procedimientos propios”.

Consultado sobre las razones por las que el SIFDE La Paz aceptó acompañar un proceso de consulta cuando la Cooperativa Ullakaya Condoriri II alertó el 7 de septiembre de 2017 y ratificó el 5 de enero de este año las denuncias ante el TSE y el TED sobre el avasallamiento de 50 cuadrículas inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia 535 del 28 de mayo de 2014, Cayo aseguró que se cumplió la ley.

Eugenio Aduviri no sólo alertó de los extremos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, sino también al presidente del TED La Paz, Antonio Condori mediante cartas, y tras consumada la consulta «invocando el principio de transparencia» solicitó el acta de consulta al SIFDE, así como a la AJAM, pero ambas instituciones le negaron la información.

“Según la normativa nos dice que con 30 días de anticipación nos deben hacer la solicitud para entrar y en ese marco acordamos el ingreso con todos los antecedentes, se hizo un trabajo de gabinete, pero no puedo expresar qué tipo de trabajo”, señaló el Vocal.

Sin embargo no pudo desvirtuar por qué se aplicó un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa para hacer una consulta cuando ésta debe ser convocada por el Estado “de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones”, y no después.

ANF solicitó una entrevista al director nacional de la AJAM, Erik Ariñez quien se limitó a responder por escrito que el caso se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Tampoco proporcionó a este medio la solicitud de la consulta que hizo al TSE.

Procedimiento de la consulta

La consulta previa, según explica la página web del OEP es “un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales”.

Los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En este marco, el Estado, según el artículo 15 de la Constitución Política del Estado “garantiza el derecho a la consulta previa obligatoria, de buena fe y de manera concertada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a través del SIFDE deberá hacer la observación y acompañamiento de los procesos de consulta previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas.

Antecedentes del caso

Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.

El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.

Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados del potencial de la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.

El informe técnico circunstancial de la intervención señala que el suboficial Telésforo Chura secuestró un arma de fuego en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi a las 15.20 horas del 4 de diciembre de 2014, sin embargo las cooperativas terminaron avasallando las 50 cuadrículas con maquinaria pesada que extrae un promedio día según informes preliminares entre 28 y 40 kilos de oro al día.

Denuncias a autoridades La denuncia fue formalizada por Eugenio Ayuviri a varias autoridades gubernamentales; el 2016, envió nota a la ex Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia; al ex procurador Héctor Arce; a la ex ministra de Justicia, Virginia Velasco; al presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera e incluso al presidente Evo Morales. Sin embargo lamentó no haber obtenido ninguna respuesta.

La denuncia que también llegó a manos del defensor del Pueblo, David Tezanos con el rótulo: “graves hechos de corrupción e injusticias en instituciones públicas del área minera” se apunta al propio Ministerio de Minería y Metalurgia, al viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque y otras autoridades de presuntos delitos de penales y ambientales.

El denunciante señaló que es evidente que existe complicidad entre autoridades del Estado y las cooperativistas que explotan oro y comercializan de manera ilegal.

Según Eugenio Ayuviri, las autoridades mineras a cargos del control de la explotación y comercialización de minerales presuntamente “cometieron actos de corrupción como el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, asociación delictuosa, delitos ambientales, contribuciones y ventajas ilegítimas, agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento”.
/JMC/ https://www.noticiasfides.com/economia/ted-observa-que-consulta-promovida-por-ajam-para-explotar-oro-en-inquisivi-no-fue-previa-385622