Autor: Oiedc.org Conflicto Relacionado: Rancho Grande
A pedido de emergencia de nuestras hermanas de la comunidad Rancho Grande en el municipio de El Choro – Oruro, las mujeres de la RENAMAT, El Colectivo CASA y con el acompañamiento de voluntarios de SETEM y Araguato, nos dirigimos a la comunidad con una cisterna de agua.
En la reunión junto a la comunidad se pudo evidenciar y denunciar la situación de despojo de agua que viven mujeres, niños y la comunidad en general. Sin acceso al agua o utilizando agua contaminada se sufren enfermedades, y quienes más perciben son las mujeres que se encargan de la alimentación, la salud y los cuidados.
Las mujeres conocemos la importancia del agua para nuestras actividades diarias, para nuestra vida y en Rancho Grande el acceso al agua es limitado, los pozos tienen agua salada, agría no apta para consumo, ellas identifican esto desde el año 2000 cuando se produjo el derrame de crudo de petróleo de trans redes en el rio Desaguadero, aguas que llegan hasta la comunidad y por otro lado, llegan las aguas con desechos mineros a través del río.
La comunidad se da modos para conseguir algo de agua, en épocas de lluvia realizan la cosecha de agua, esto les sirve a lo mucho para consumir durante 2 o 3 meses. Pero entonces ¿que pasa en la época seca? ¿qué hacen el resto del año? ¿Cuanta atención se brinda para el cumplimiento del derecho humano al agua?
Esta necesidad hace que las comunidades tengan que adaptarse a poder conseguir el líquido elemento con la construcción de vigiñas (recipientes de agua para los animales), el llevar agua de las ciudades hasta las comunidades como si de contrabando se tratara… si de contrabando, porque los choferes no quieren llevar en sus buses el agua por el peso extra que implica y es que no hay otra forma, el municipio lleva agua en cisterna para el colegio y la posta medica pero no para la población en general. La comunidad en reiteradas oportunidades ha reclamado a las autoridades, la cantidad otorgada no es suficiente para vivir para mantener las condiciones de vida y esta es la realidad que se quiere cambiar.
Desde la RENAMAT se ha estado visibilizando esta problemática y no es la primera vez que junto a la comunidad e instituciones como el Colectivo CASA llevamos una cisterna de agua a Rancho Grande, agua que si bien no va a solucionar el problema pero que significa una llamada de atención a las autoridades y al Estado, que son quienes tienen el rol de garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua.
Autor: Observatorio de Inversiones Latinoamericanas
* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.
La minería, conjuntamente con los hidrocarburos y litio, es el rubro económico más desarrollado en los programas de gobierno de los principales partidos políticos, sin embargo lo que dicen sobre que hacer frente a los graves impactos ambientales de la minería es poco o nada. Ninguno hace referencia a los graves impactos de la explotación aurífera en Bolivia y la amazonia en particular. El centro de sus propuestas son principalmente elaborar una estrategia nacional sobre minería, incrementar las inversiones y la producción, fomentar actividades de exploración y explotación de nuevas reservas, incrementar las exportaciones, industrialización y valor agregado, políticas de incentivos para empresas y alianzas estratégicas con el sector privado. En resumidas cuentas: inversión-explotación-producción-exportación.
¿Qué propuestas se deberían considerar sobre la minería?
Eliminar el Artículo 220 de la Ley N° 535 y otras normas que habilitan realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales.
Prohibición de actividades auríferas en la amazonía y actividades mineras que contaminen aguas superficiles y subterraneas.
Cumplimiento del convenio de Minamata sobre el Mercurio del 10 de octubre del 2013, el cual, entre otras cosas, estipula una regulación para la reducción y eliminación del uso del mercurio en la extracción y tratamiento de oro artesanales y de pequeña escala.
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental integrales realizados por entidades independientes y de libre acceso a la población.
Cumplimiento del convenio 169 de la OIT sobre la consulta para el consentimiento previo, libre, informado y de buena fe a las comunidades indígenas.
Cumplimiento de la prohibición de actividades mineras que no cuenten con licencia ambiental, y mayor regulación y control en el otorgamiento de licencias ambientales a proyectos mineros (pequeños, medianos y de gran escala).
Eliminación del contrabando de insumos tóxicos utilizados en la actividad minera (mercurio, cianuro de sodio, ácido clorhídrico, azufre, etc.).
Actualización, precisión y transparencia de datos oficiales sobre actividades mineras en Bolivia: ubicación, situación legal, volúmenes de producción, cumplimiento de la normativa ambiental y laboral.
Así se sienten las autoridades originarias del pueblo de Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta que fue avasallado por la minera “Belén de Victoria de San Luis I” que intenta ingresar a su territorio, sin respetar el derecho de Consulta, Libre Previa e Informada, establecido en el Art. 30 CPE.
El 2017 este pueblo fue avasallado por la minera “Belén de Victoria de San Luis I”, con un contrato minero de 9 cuadrículas (225 hectáreas). Ellos habían iniciado la explotación de plata, plomo, zinc y estaño, sin contar con el consentimiento de las comunidades de la zona. La población desconocía todo el proceso de adjudicación a la empresa, con una movilización y denuncia de parte de las autoridades originarias sobre irregularidades, la empresa paralizó sus actividades.
En abril de 2018 las organizaciones realizaron un cabildo para rechazar esta actividad conminando a la empresa a que se retire definitivamente presentando resoluciones ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta instancia estatal respondió indicando que el derecho minero es un derecho preconstituido, porque el título de la TCO fue entregado al pueblo en el año 2010 y la concesión minera se habría otorgado el año 2008. Posteriormente acudieron ante el Gobernador del Departamento de Oruro, Sr. Víctor Hugo Vásquez, conminando a las autoridades originarias para que “permitan trabajar a la empresa minera, aduciendo que esta actividad genera regalías para la construcción de obras y financiar proyectos y que la TCO no aportaba nada al Estado”.
Jach´a Marka Tapacarí Cóndor en Resistencia
El 9 de julio de 2019 el pueblo Jach´a Marka Tapacarí Condor Apacheta es nuevamente avasallado por la minera para insistir en la explotación de minerales existentes en el territorio. Al día siguiente, el pueblo se reunió en un cabildo, cuya resolución fue exigir que la minera se vaya del lugar. Alertados por la existencia de maquinaria pesada, ahora todos están en vigilia para que no se permita el atropello de la minera hacia esta TCO.
“Nosotros queríamos sacar todos los datos de la concesiones mineras, de cuántas existen en territorio Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, porque es nuestro territorio”
En fecha 11 de julio en cabildo extraordinario, con la participación de toda la población de este ayllu, nuevamente deciden hacer frente a la minera e indican que defenderán su territorio hasta las últimas consecuencias.
Alcalde Comunal:“Nuestra inquietud, deseo, era sacar datos de cuántas concesiones mineras existen, cuántas estarían en la antigua y nueva ley, saber si esto está dentro de la concesión o no está, pero aquí nunca ha habido ni siquiera un hueco. Eso queríamos saber para meter acciones legales, AJAM es parte del gobierno, toda la vida va a querer que se trabaje, hemos ido a la Dirección de Medio Ambiente, nos han cerrado las puertas”
“Nos querían hacer pisar el palito”
Autoridad Originaria: “Fuimos a la Policía de Poopó, y nos dijeron que no pueden detener, sólo pueden verificar y levantar un informe, porque no es su jurisdicción. Nosotros pertenecemos a Antequera, pero hemos llamado y no contestan. La empresa ha llegado a la oficina de las autoridades originarias, nos han visitado, han venido llanamente, han querido convencer, charlar, ellos querían que se los firmemos, se los sellemos un documento, con pretextos, pero nosotros como Consejo siempre leemos antes de firmar, ahí había una palabra consulta, nos querían hacer pisar el palito”
“Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, nuestros nietos”
Autoridad Originaria (Mujer): “Ellos nos han querido convencer, porque dice el ingeniero que es del lugar, quería convencernos a nosotros, pero nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, nuestros nietos y nos hemos defendido. Era un papel de consulta previa lo que nos dieron para firmar, muy prepotentes nos han dicho ‘nosotros pagamos al Estado, acaso no voy a pagar en vano, nuestro hermano Presidente me va a apoyar’.
“Están buscando artimañas, están queriendo confundirnos a nosotros”
Tata: “La empresa está empleando la estrategia de ser un comunario más de aquí, apellido Villarroel ¿existe acá? Yo he nacido y vivido aquí no conozco ese apellido, es Ariel Villarroel, están haciendo pasar como un nieto de aquí, están buscando artimañas, están queriendo confundirnos a nosotros, por eso he dicho que sabe todos los movimientos de las autoridades originarias. Ahora nos dicen que nosotros habíamos autorizado, ¡jamás vamos a autorizar!
“No puedo traicionar a todo mi pueblo que realmente vive del agro”
Alcalde de Antequera: “Cuantas veces hayan venido al municipio de Antequera, pidiendo la autorización, pidiendo los requisitos que necesitan, sin embargo, el que les habla hermanos, no ha dado autorización para nada, ni un sello, no puedo traicionar a todo mi pueblo que realmente vive del agro, han hecho una resolución correspondiente, tal vez han habido algunos percances en no hacer llegar a la AJAM y otras autoridades, pero eso no es para discrepar, es motivo, momento de unificarnos, planificar, muchos tenemos experiencia en varios aspectos y muchos somos mineros, debemos unificarnos para dar los pasos correspondientes”
Para responder a esta pregunta el gobierno y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) deben hacer públicos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de la extracción de salmueras, las piscinas de evaporación y las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio.
Actualmente las plantas industriales de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio del salar de Uyuni cuentan con Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, sus EEIAs no son de acceso al público y las universidades. No sabemos que comprenden estos EEIAs, cómo se realizaron ni cuales fueron los escenarios que consideraron.
No es posible equiparar automáticamente los impactos ambientales del salar de Atacama u otro lago de sal, al salar de Uyuni. Cada uno de estos salares es un ecosistema singular, con características singulares como niveles de precipitación fluvial, relación magnesio/litio[1], tasa de evaporación de la salmuera y otros (Tabla I). No podemos afirmar que las problemáticas ambientales y sociales en los salares chilenos y argentinos se reproducirán de manera automática en el salar de Uyuni, sin embargo, son un punto de referencia muy importante a tomar en cuenta.
La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente contrae un impacto socio-ambiental. En términos generales, la extracción de litio sobre los lagos salados andinos – como ser el salar de Uyuni, salar de Atacama, salar del Hombre Muerto, entre otros – se traduce en el uso de químicos tóxicos, en la salinización del suelo y del agua, en la contaminación del aire, en la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región[2].
Las experiencias de Chile y Argentina
El método convencional de extracción de litio sobre los lagos salados es por evaporación solar. La salmuera (agua salada) que se encuentra por debajo de la capa salina es bombeada a piscinas de evaporación donde, por la radicación solar, es evaporada en distintos pasos hasta concentrar el litio. Como se trata de salmuera, se argumenta que es agua no apta para consumo humano y por tanto no representa una amenaza al suministro de agua dulce. Sin embargo, lo que no se dice es que el consumo de agua dulce es significativo en el proceso de extracción y el procesamiento para obtener carbonato de litio, así como para el mantenimiento de los campamentos mineros, entre otras actividades mineras. Asimismo, este consumo de agua se realiza en una región caracterizada por un ecosistema árido (puna xerofítica), que posee precipitaciones que oscilan entre unos 50mm/año de lluvia en el salar de Atacama (Chile), 166mm/año en el salar de Uyuni (Bolivia)[3] y unos 300 mm/año en el salar del Hombre Muerto[4].
La extracción de salmuera repercute, en diferente medida, y dependiendo de las características de cada salar, en el balance del sistema hidrológico de estos ecosistemas. Puesto que el consumo de agua por la actividad minera del litio está, por lo general, por encima de la capacidad de recarga de la capa freática (agua subterránea)[5]. En el caso chileno, por ejemplo, a SQM y Albemarle se les permite extraer del salar de Atacama hasta 1.700 y 442 litros por segundo (l/s) de salmuera y hasta 240 y 24 l/s de agua dulce respectivamente. Volúmenes de consumo mucho mayores a los de precipitación mencionado en el párrafo anterior. Este mismo patrón se observa en otros salares de la región. En Argentina, en los salares de Olaroz-Cauchari, la sociedad entre la LithiumAmericas, SQM y JEMS planea extraer 360 l/s de salmuera y 80 l/s de agua dulce, y OROCOBRE plantea extraer 240 l/s de salmuera y 20 l/s de agua dulce. En tanto que para el proyecto en el salar de Uyuni algunos estudios estiman que se requerirá unos 168 l/s de salmuera y 42 l/s de agua dulce[6].
Estos volúmenes de consumo agua se deben principalmente al método de extracción de litio por vía de la evaporación solar. Mediante este método, y dependiendo de la concentración de litio en la salmuera que varía de salar a salar (Tabla I), se requiere evaporar ingentes cantidades de agua. En el caso del salar de Atacama se estima que se necesita evaporar alrededor de 2 millones de litros de agua para obtener una tonelada de litio. Por cual, sin duda se puede afirmar que “la minería del litio en salares es una minería del agua.”[7]
Igualmente, la extracción de salmuera incide sobre los niveles de agua dulce subterránea en estas cuencas. En general, un salar es una cuenca donde quedo almacenada agua debajo de la capa salina y que está siendo alimentada por corrientes de agua subterránea. Estas corrientes generan entre la salmuera y la superficie capas de agua dulce que se retienen a los márgenes del salar. De modo que, el agua dulce, al ser más liviana que la salmuera, es descargada hacia la superficie mediante manantiales, vertientes y bofedales. Entonces, al extraer la salmuera para obtener litio no sólo se reduce los niveles de agua salobre, sino también los niveles de agua dulce subterráneas de la cuenca. Repercutiendo en última instancia en la disponibilidad de agua dulce en vertientes, manantiales y bofedales fuera de los bordes del salar, esenciales para la subsistencia de la fauna y flora local[8].
Otro elemento fundamental a señalar es que mucha del agua subterránea extraída se constituye de aguas fósiles; es decir, aguas milenarias que se captaron y almacenaron en condiciones climatológicas mucho más húmedas a las presentes y las cuales no lograrán ser recargadas con el nivel de precipitación actual[9]. Por tanto, una vez extraídas estas aguas fósiles dejaran de existir, alterando el balance de todo el sistema hidrológico de una manera aún no enteramente comprendido.
Impactos sociales en los países vecinos
Este escenario repercute directamente en el acceso del agua de las poblaciones locales – la mayoría de distintas etnias y naciones indígena – que viven alrededor de estos lagos salados. Al reducirse el volumen de agua en las vertientes naturales, se pone en riesgo el acceso al agua para el consumo humano, como también el acceso al agua para el ganado y para el sistema agrícola local. Lo que repercute tanto en la seguridad alimentaria y en el sustento económico local, como en la capacidad de estas comunidades de reproducir sus medios de vida. A esto hay que añadir el hecho de que muchas de estas actividades mineras fueron adjudicadas sin una consulta previa a las comunidades locales – de acuerdo a la norma 169 de la OIT que fue suscrito tanto por Argentina, Bolivia y Chile – o se llevaron a cabo de forma poco transparente. Situación que derivó en varios conflictos sociales entre comunidades y empresas mineras.
En el salar de Atacama en Chile, por ejemplo, existe una tensa y ambivalente relación entre las empresas mineras (SQM y Albemarle) y las comunidades. Relación que se procura salvaguardar mediante el discurso de “responsabilidad social empresarial” y la firma de convenios para otorgar mínimas regalías – 3% en el caso de Albemarle con el Concejo Pueblos Atacameños que aglutina 18 comunidades – a cambio de la extracción de sus recursos y deterioro ambiental de sus territorios. No obstante, estos convenios no están exentos de controversias y denuncias, llegando incluso a escalar en importantes tensiones y enfrentamientos, como es el caso de SQM con la comunidad de Tocanao[10].
De la misma manera, en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Argentina, desde que la empresa australiana OROCOBRE y la francesa Bolloré comenzaron a realizar actividades de exploración sin previo consentimiento de los pobladores locales, existen tensas relaciones entre las empresas y las comunidades. Lo que derivó en la conformación de la “Mesa de las 33 Comunidades de la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna Guayatayoc”, colectivo conformada de manera mancomunal para asumir la defensa de la cuenca, de su territorio y de su derecho a consulta previa[11]. Recientemente estas comunidades lograron frenar y expulsar a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited que pretendía iniciar nuevamente actividades de exploración minera en esta cuenca.[12]
Por otro lado, si bien en los salares de Olaroz-Cauchari no hubo tanto conflictos como en Salinas Grandes, existen una ambigua relación entre la empresa Sales de Jujuy[13]con las comunidades agro-pastoriles que habitan alrededor de ese salar. Si bien muchos líderes comunales apoyan y colaboran con la actividad minera, recientemente se conformó el colectivo “La Apacheta de Susques” que rechaza el asentamiento de empresas mineras en su territorio. Este colectivo manifiesta que la actividad minera del litio afecta directamente su actividad agropastoril debido al secamiento de los humedales, bofedales y ojos de agua del cual depende su ganado. Existen igualmente denuncia sobre procesos fraudulentos de consulta previa en estas comunidades, realizándose a puerta cerrada y con miembros de la comunidad afines al gobierno y a la empresa minera, para lograr “consentimientos aparentes.”[14]
Falta de transparencia en el caso de Bolivia
El caso boliviano es sin duda particular en todo el “triángulo del litio” sudamericano, ya que se trata de un proyecto estatal con miras no sólo a la explotación, sino también a industrializar el recurso. No obstante, es importante resaltar una vez más que toda actividad minera de litio sobre los salares andinos, indiferentemente de que sea un proyecto estatal o del sector privado, posee un impacto socio-ambiental importante.
Uno esperaría que por el hecho de ser un proyecto fundamentalmente estatal hubiera mucha más transparencia que en otros casos donde sólo prima el lucro privado, sin embargo, la situación no es tal. Muchas interrogantes no han sido esclarecidas: ¿Cuál será el grado de contaminación de los residuos mineros derivado de las piscinas de evaporación por medio de la línea de los sulfatos? ¿Cómo será afectada la cuenca del Río Grande, el único afluente del salar, y las aguas subterráneas – la misma que ya son explotadas por la Mina San Cristóbal[15]? ¿Cuál será la proporción de aguas fósiles que se usará para todo el proyecto? y ¿Cuál será el impacto de la reducción de la capa freática y el acceso al agua en los manantiales y bofedales sobre la fauna y flora especifica que habita alrededor del salar de Uyuni?
Y tampoco existe transparencia en relación a los impactos sociales: ¿existió una consulta previa, libre e informada a todas las comunidades que serán directa e indirectamente afectados por este proyecto minero de litio? ¿cuál será el impacto en la actividad económica local de estas comunidades, por ejemplo, en la producción de quinua, en la ganadería y el turismo, una vez que se comience a bombear en grandes cantidades la salmuera y afectar la capa freática y el suministro de agua?
[1] La relación magnesio/litio se refiere a la “calidad de la salmuera”, ya que el magnesio se considera como una impureza en el proceso de obtención del litio. Así, mientras más concentración de magnesio en relación a cada parte de litio más impuro se considera la salmuera, y por lo mismo encarece la recuperación del litio.
[3] Anlauf, A. 2015. ¿Secar la tierra para sacar litio? Conflictos socio-ambientales en la minería del litio. En: ABC del litio Sudamericano. Soberanía, ambiente, tecnología e industria. Nacif, F. y Lacabana, M. (coord.), Universidad Nacional de Quilmes, 1ª ed., Buenos Aires, p. 172.
[5] En términos generales, se estima que debajo de 100mm/año de precipitación es insuficiente para recargar los acuíferos y generar escurrimiento superficial; mientras que con precipitaciones entre 100 y 200 mm/año la recarga de acuíferos subterráneos y el escurrimiento superficial es débil y ocasional. Véase: Molina, J. (2007). Agua y recursos hídricos en el sudoeste de Potosí. FOMADE/CGIAB, La Paz, p. 23.
[13] Empresa conformada por la australiana OROCOBRE (72.68%), la japonesa Toyota Tsucho (27.32%) y la minera estatal-provincial de Jujuy la JEMSE (8.5%) Véase: https://salesdejujuy.com/about-us/
Uno de los acuerdos de la Declaración de Ilo, donde participaron los presidentes de Perú y Bolivia, Martín Vizcarra y Evo Morales, fue la condena enérgica a la minería ilegal por el impacto negativo a nivel social, ambiental y de salud que genera en las poblaciones de ambos países, acordando realizar acciones conjuntas urgentes para combatirla en las cuencas de los ríos Suches y Madre de Dios, mediante la elaboración de Planes Binacionales de Gestión.
Sin embargo, el consejero por la provincia de Huancané, Germán Alejo Apaza, criticó el actuar de ambos gobiernos para solucionar la contaminación de las aguas del río Suches e incluso acusó al presidente de Bolivia, Evo Morales, de avalar la acción de los mineros de su país que operan en el hito 19 en el sector Las Perlas (frontera). Por esa razón consideró que el acuerdo binacional es lírico.
En otro momento, Alejo Apaza dijo que el pasado 21 de junio presentó el oficio Nro. 056 – 2019/GAA-CR dirigido a la ministra del Ambiente del Perú, Lucía Ruiz Ostoic, solicitando declarar en estado de emergencia la cuenca Suches con la finalidad de concretar proyectos de remediación ambiental y mitigar los impactos de la falta de agua para el consumo humano como para riego. Recordó que la contaminación del río Suches se da por más de 15 años, sin embargo existe inacción en diferentes sectores como el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.
“No se invirtió ni un sol de la declaración de interés nacional y ejecución prioritaria (para) la recuperación ambiental en la cuenca del río Suches que está establecida bajo el Decreto de Urgencia N° 028 – 2011, además el informe de OEFA revela la degradación de recursos naturales la flora y fauna hay un atentado al medio ambiente”, concluyó indignado el fiscalizador del Consejo Regional de Puno.
La herencia de la minería, de por los menos 200 años, ha dejado rasgos visibles de afectación a la naturaleza, por ejemplo, en los ríos del departamento de Tarija, donde los ríos presentan elevados niveles de arsénico y plomo. No es un caso distinto en las lagunas de Milluni de La Paz, donde también se puede observar grandes niveles de mercurio y arsénico.
La Oficina Técnica Nacional de Bolivia encontró 1.800 puntos de contaminación en un río, donde el caudal lleva los residuos por decenas de hectáreas de tierra fértil hasta cruzar la frontera en el sur del país.
Diversas empresas mineras están contaminando las represas Incachaca y Milluni, que proveen el agua que consumen las ciudades de La Paz y El Alto, según estudios especializados realizados recientemente.
Ello implica que metales pesados llegan al agua que consumen los paceños y alteños, causando problemas que pueden ir desde ocasionar enfermedades como el cáncer o problemas gástricos, hasta dolores de cabeza y otros. Se vierten en las aguas minerales como arsénico, mercurio, cadmio y plomo, que ocasionan enfermedades.
En el caso del arsénico, que es altamente nocivo, el país permite su presencia de hasta 100 microgramos por litro, es decir 10 veces lo recomendado por la OMS. Este es un récord mundial de autorización de la presencia de un metal tan tóxico para la vida de las personas y los animales.
Las actividades mineras que se desarrollan en las cercanías de las represas Incachaca y Milluni, muchas de ellas de tipo cooperativizado (es decir “informal”), son difíciles de controlar y de hecho incumplen las normas del tratamiento de agua. El gobierno les ha permitido actividades a las cooperativas mineras en todo el país.
Pablo Villegas, responsable de investigación del CEDIB, explicó a Brújula Digital que las represas que proveen agua potable a La Paz y El Alto están dentro de una “franja minera activa”.
En la represa de Incachaca, por ejemplo, el cerro está lleno de socavones. “Hay un gran movimiento, el cerro está lleno de socavones, no es una pequeña empresa sino varias, se ven palas, volquetas, maquinaria y en el lecho mismo de la represa tienen sus depósitos de combustibles y parqueos”, expresó Villegas.
Cuando el CEDIB denunció este problema, Villegas contó que el Ministerio de Minerías respondió que las empresas no procesan el mineral en la represa de Incachaca y que se lo llevan a otra parte. “Eso muestra una ignorancia impresionante respecto a las fuentes de contaminación del agua porque no necesitan procesar ahí para contaminar las aguas, porque que la lluvia se encarga de llevar la carga minera (el movimiento de tierras) a la represa”,
Por otra parte, la represa de Milluni, que provee agua al norte y centro de La Paz y a parte de El Alto, está muy contaminada porque le ingresa agua de un dique de colas (infraestructura que almacena los sólidos remanentes del tratamiento del mineral).
“El problema es muy serio porque la represa está a una corta distancia del dique de colas, tiene un canal y una compuerta que están abiertos, sale el agua y entra a la represa; las corrientes entran porque hay un montón de filtraciones y otras emanaciones de aguas de mina que se ha canalizado hacia la represa”, explicó.
“Ese dique de colas lo estaban ampliando (hacia arriba) y ello será aún peor porque la carga minera será mayor y filtra toda el agua hacia abajo, hacia la represa”, contó.
María Eugenia García, exvicedecana de la Facultad de Ciencias Puras de la Universidad Mayor de San Andrés, contó a Página Siete que investigadores establecieron que la contaminación es atribuible principalmente a más de 70 años de explotación minera en la zona.
“La represa de Milluni corresponde a una operación minera que data de hace muchos años. Se ha venido explotando polimetálicos, es decir, zinc, plomo, plata. También hay níquel, wolfram y, por supuesto, bastante hierro. Por la composición geológica de la mineralogía de la zona hay bastantes sulfuros, sulfatos. (…) Estas minas han operado sin control ambiental porque en ese entonces no había una reglamentación”, explicó.
Estos residuos venenosos aumentan exponencialmente la predisposición a problemas gástricos y de la piel, afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, provocando cáncer y otras enfermedades, expresó hace poco el columnista Alfonso Gumucio. “De nada sirve hervir el agua porque, aunque se eliminen bacterias y partículas fecales, no evita los residuos minerales”, dijo.
Norma transitoria y récord mundial
La norma boliviana NB512 establecía los parámetros y límites establecidos por la OMS de presencia máxima para diferentes metales. Sin embargo, el año 2000, como el país no logró mantenerse dentro de esos límites, estableció una norma “transitoria” que autoriza que se sobrepase los límites establecidos internacionalmente.
“En Bolivia tenemos un récord mundial en ello”, dijo Villegas. “La OMS fija 10 microgramos de arsénico por litro, pero la norma transitoria sube esa cantidad a 100 microgramos”. No hay país que permita esas cantidades, contó.
En Bangladesh hubo una gran polémica al hallarse pozos de agua con 50 microgramos de arsénico por litro y eso se conoció como un caso de envenenamiento generalizado y masivo de la población.
El gobierno no hace nada
Este problema es muy grave y preocupante para todos, pero el gobierno no hace nada ante esta situación. “Este argumento debería bastar en cualquier país para parar el problema, que es grave”, expresó Villegas.
Aparte de que el Ministerio de Minería trató de restarle importancia al problema diciendo que había poca actividad minera y que no se procesa el mineral en el lugar de la represa, ni el ministerio de Salud ni el municipio no dice nada.
El investigador contó a Brújula Digital: “cuando presentamos esta denuncia el año 2016 e hicimos los mapas de concesiones mineras, utilizamos el catastro del 2014 y el Ministerio de Minería nos dijo que estábamos utilizando un catastro pasado y que podíamos haber pedido el último catastro (2015), de manera que lo solicitamos. Pero nos lo han negado”.
El investigador recordó que la Constitución Política del Estado dice que los recursos mineros son propiedad del pueblo. Pero las autoridades están actuando como si el país fuera ocupado por una fuerza extranjera.
Agregó que si hubiera un gobierno realmente preocupado por esta situación, lo que tendrían que hacer es parar toda actividad minera cerca de las represas y buscar fuentes de agua más arriba para encontrar agua limpia. Nada de eso está en los planes del oficialismo.
Frente al temor de EE.UU.que acaba de emitir un manual para la gobernanza de los recursos de energía en plena guerra comercial con China, el insaciable apetito del gigante asiático por el litio no preocupa a los expertos que consideran que se trata de un posicionamiento estratégico más que un peligro hegemónicos, según publicó ayer El Deber.
Como ya lo hizo en otros sectores estratégicos, China ha desembolsado miles de millones de dólares para comprar activos en firmas productoras de Australia, Argentina, Chile, México o Bolivia, y desarrollar una competitiva industria de baterías de ion litio para vehículos eléctricos en la transición a las energías limpias en plena crisis climática.
«La demanda china está creciendo porque saben que deben suministrar litio a su demanda interna; también es un punto estratégico para ellos», dijo Daniela Desormeaux, fundadora y directora de la consultora chilena especializada en minería Signumbox.
Dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en conferencia de prensa, denunciaron ayer que «agua copajira» de una bocamina entra a la laguna de Chalviri y supuestamente esa agua está contaminada.
El presidente de la institución cívica, Marco Pumari, apunta directamente a las autoridades de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos) como «cómplices» de permitir que esa actividad minera que se efectúa a casi 100 metros del principal reservorio.
Chalviri, construida 1673-1575 y refaccionada el 10 de noviembre de 1936, es la principal laguna de donde Aapos distribuye, luego de su tratamiento, a la población potosina.
«Lo más penoso y peligroso es de que esas aguas ácidas que salen de este socavón están yendo a parar a la laguna de Chalviri, una de las principales lagunas que abastecen de agua a la ciudad de Potosí», denunció.
El dirigente mostró imágenes y fotografías en el que se observa que el agua turbia desemboca directamente a la represa.
Pumari anunció que presentará una querella al Ministerio Público contra las autoridades por el supuesto incumplimiento de deberes.
«Esta agua no es chicha, no es chicha. Esta agua está bajando a las lagunas», aseveró al mostrar un recipiente descartable con «agua turbia».
Además, el dirigente cívico anticipó que su denuncia será minimizada pero, a la vez, retó a las autoridades departamentales y municipales a «tomar» esa agua. «Les reto a que tomen esta agua delante del pueblo, tanto al alcalde, gerente de Aapos, como al gobernador, si quieren minimizar este hecho», afirmó Pumari visiblemente desafiante y exaltado.
«¡Ya basta! Están jugando con la vida de los niños, de los jóvenes y de la población. Les reto a aquellas personas que quieren minimizar esta denuncia a tomar esta agua», aseveró.
Al respecto, al gerente interino de Aapos, Cristian Viñola, anunció que presentará una contrademanda contra los dirigentes cívicos por alarmar sobre las denuncias que simplemente son «mentiras».
Una vez que se conoció la denuncia de los dirigentes cívicos se organizó una inspección ocular al lugar donde supuestamente hay actividad minera, de la cual participaron autoridades de medioambiente y el Ministerio Público.
«Se está sacando muestras (del agua), estamos evidenciado lo que dice Comcipo es falso, una vez más nos está mintiendo», aseveró y solicitó a la población potosina estar «tranquila».
Viñola dijo que en presencia del fiscal se sacó las muestras y negó que las aguas «ácidas», del cual habla Concipo, esté llegando a la laguna Chalviri.
Consultado de que el agua de esa laguna no se utilice para dotar a la población, Viñola dijo que no existe la necesidad de llegar a aquello porque el agua primeramente es tratada antes de distribuir a la población en general.
Recordó que una vez también denunciaron contaminación de las lagunas, pero esa denuncia jamás se comprobó.
1673
ES el año que fue construida la laguna de Chalviri y es la principal para almacenar agua para distribuir a la población.
Ingenios
El presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, también denunció que se verificó nuevas conexiones de tubería que bajan directamente a los ingenios mineros de la zona alta.
Afirmó que supuestamente Aapos está comercializando el agua a los ingenios y no prioriza la distribución a los usuarios. Pumari señaló que la distribución a los ingenios es durante las 24 horas.
Al respecto, Cristian Viñola, gerente interino de Aapos, volvió a negar este hecho, como lo hizo la semana pasada, e invitó a los medios a realizar una inspección de ocular a las lagunas.
Lamentó que desde la entidad cívica, una vez más, se pretenda desacreditar a la empresa de servicio con acusaciones que no son ciertas. «Estamos dispuestos a realizar una inspección con los medios», señaló.
Los datos
1. Agua
Para Marco Pumaria el agua que entra a la laguna es ácida o «copajira».
2. Inspección
El Ministerio Público y otras autoridades de medioambiente realizaron una inspección ayer a Chalviri.
3. Venta
El gerente de Aapos, Cristian Viñola, negó que se venda agua de las lagunas del Kari Kari a los ingenios mineros.
No aludo ahora al envenenamiento cotidiano del imaginario colectivo a través de la monumental golpiza propagandística del régimen, que cuesta millones a los bolivianos causando daño a sus conciencias. Es como si pagáramos por nuestra propia lobotomía o tratamiento de shock al estilo de La naranja mecánica.
Me refiero esta vez a un daño físico irreversible: nos están envenenando a través del agua. No es broma ni titular sensacionalista: el agua que consumimos en La Paz y en otros lugares de Bolivia es venenosa porque contiene partículas de químicos y minerales muy superiores a los tolerados según normas internacionales.
Lo dicen estudios documentados realizados por Cedib, uno de los centros de investigación más serios de nuestro país. Sus pruebas son contundentes porque exponen no solo la calidad del agua que consumimos sino también las políticas económicas neoliberales que alientan el extractivismo y la minería salvaje.
El agua que recibimos en las ciudades o que recolectan en los ríos quienes viven en áreas rurales, está lejos de ser el líquido prístino y puro que nos regalaban los nevados, porque en su recorrido se carga de veneno. Es escalofriante: el agua nos llega cargada de arsénico, cadmio, mercurio, plomo y otros residuos de la minería que se ha instalado en las faldas de las montañas y que los vierte nada menos que en las reservas del sistema de distribución de agua “potable”.
Estos residuos venenosos aumentan exponencialmente la predisposición a problemas gástricos y de la piel, afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, provocando cáncer y otras enfermedades. De nada sirve hervir el agua porque aunque se eliminen bacterias y partículas fecales, no podemos deshacernos de los residuos minerales.
La descripción puede sonar alarmista pero está científicamente documentada por los investigadores de Cedib y respaldada por años de seguimiento, que los gobiernos deberían agradecer en lugar de atacar para esconder la verdad. La Fundación Solón ha contribuido con estudios similares y otras organizaciones lo saben, pero son demasiado pusilánimes para enfrentar al Gobierno.
No hay minería sin agua, y si bien es cierto que la explotación minera salvaje e irresponsable se ha dado durante décadas, nunca había llegado a los extremos registrados en el gobierno extractivista de Evo Morales, campeón por su política neoliberal. Como ejemplos tenemos la invasión de aventureros chinos para la extracción clandestina de oro en los ríos del Beni y Pando (cuenca amazónica) o la minería salvaje en las faldas de los nevados cercanos a La Paz.
Contra la propia Constitución Política del Estado, el gobierno de Morales ha cambiado leyes y normas para acentuar el desastre ecológico, triplicando –por ejemplo, la extensión de deforestación para las plantaciones de soya transgénica, o desregulando medidas ambientales para favorecer la explotación minera e hidrocarburífera. El Decreto Supremo 3856 del 3 de abril de 2019 es la prueba más reciente de que el Gobierno atenta contra la ya vapuleada y violada “Pachamama”.
Veamos si lo siguiente conmueve a quienes viven en La Paz: las represas de agua de Alto Hampaturi, Peñas, Huayna Potosí, Janqo Khota, de los sistemas Pampahasi y Achachicala, que brindan agua “potable” a la ciudad, están envenenadas, ya que a poca distancia operan compañías mineras cuyos residuos acaban en las lagunas.
En Incachaca las empresas Los Pioneros, El Progreso y Somet vierten residuos directamente en la represa. Para favorecer a las empresas mineras sucesivos gobiernos han autorizado, mediante disposiciones “transitorias”, niveles de contaminación del agua superiores a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud.
La cacareada inversión en redes de distribución de agua posterga lo más importante: la calidad de las fuentes de agua, la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, el alcantarillado y saneamiento. En otras palabras: el Estado es muy eficiente para distribuir agua envenenada.
Lo anterior es complejo y está estrechamente vinculado con el modelo de desarrollo extractivista (deforestación masiva, minería salvaje, agricultura con agroquímicos): el Gobierno malogra la salud de los bolivianos en el corto plazo y agrava el cambio climático en el mediano y largo plazo.
¿Esto mueve un pelo a los ministros de Agua o de Minería, o a la Ministra de Salud? Para nada: les importa un comino aunque algunos funcionarios tengan en su pasado la “mancha” de haber profesado la defensa de la naturaleza. Parafraseando a Marx (Groucho, claro): “Esos eran mis principios, pero como al jefazo no le gustan, ahora tengo otros”.
A pedido de emergencia de nuestras hermanas de la comunidad Rancho Grande en el municipio de El Choro – Oruro, las mujeres de la RENAMAT, El Colectivo CASA y con el acompañamiento de voluntarios de SETEM y Araguato, nos dirigimos a la comunidad con una cisterna de agua.
La minería, conjuntamente con los hidrocarburos y litio, es el rubro económico más desarrollado en los programas de gobierno de los principales partidos políticos, sin embargo lo que dicen sobre que hacer frente a los graves impactos ambientales de la minería es poco o nada. Ninguno hace referencia a los graves impactos de la explotación aurífera en Bolivia y la amazonia en particular. El centro de sus propuestas son principalmente elaborar una estrategia nacional sobre minería, incrementar las inversiones y la producción, fomentar actividades de exploración y explotación de nuevas reservas, incrementar las exportaciones, industrialización y valor agregado, políticas de incentivos para empresas y alianzas estratégicas con el sector privado. En resumidas cuentas: inversión-explotación-producción-exportación.
Así se sienten las autoridades originarias del pueblo de Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta que fue avasallado por la minera “Belén de Victoria de San Luis I” que intenta ingresar a su territorio, sin respetar el derecho de Consulta, Libre Previa e Informada, establecido en el Art. 30 CPE.
Para responder a esta pregunta el gobierno y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) deben hacer públicos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de la extracción de salmueras, las piscinas de evaporación y las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio.
Uno de los acuerdos de la Declaración de Ilo, donde participaron los presidentes de Perú y Bolivia, Martín Vizcarra y Evo Morales, fue la condena enérgica a la minería ilegal por el impacto negativo a nivel social, ambiental y de salud que genera en las poblaciones de ambos países, acordando realizar acciones conjuntas urgentes para combatirla en las cuencas de los ríos Suches y Madre de Dios, mediante la elaboración de Planes Binacionales de Gestión.
La herencia de la minería, de por los menos 200 años, ha dejado rasgos visibles de afectación a la naturaleza, por ejemplo, en los ríos del departamento de Tarija, donde los ríos presentan elevados niveles de arsénico y plomo. No es un caso distinto en las lagunas de Milluni de La Paz, donde también se puede observar grandes niveles de mercurio y arsénico.
Diversas empresas mineras están contaminando las represas Incachaca y Milluni, que proveen el agua que consumen las ciudades de La Paz y El Alto, según estudios especializados realizados recientemente.
Frente al temor de EE.UU.que acaba de emitir un manual para la gobernanza de los recursos de energía en plena guerra comercial con China, el insaciable apetito del gigante asiático por el litio no preocupa a los expertos que consideran que se trata de un posicionamiento estratégico más que un peligro hegemónicos, según publicó ayer El Deber.
Dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en conferencia de prensa, denunciaron ayer que «agua copajira» de una bocamina entra a la laguna de Chalviri y supuestamente esa agua está contaminada.
No aludo ahora al envenenamiento cotidiano del imaginario colectivo a través de la monumental golpiza propagandística del régimen, que cuesta millones a los bolivianos causando daño a sus conciencias. Es como si pagáramos por nuestra propia lobotomía o tratamiento de shock al estilo de La naranja mecánica.