El sector minero ensayará en las próximas semanas un golpe de efecto para intentar a quitarse parte de su mala imagen pública, un lastre alimentado entre otras cosas, por los derrames de solución cianurada que tuvo la compañía canadiense Barrick en San Juan en los últimos dos años y la creciente oposición social contra la actividad en provincias como Chubut, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy que ya lleva más de una década con localidades organizadas en asambleas y grupos autoconvocados
La estrategia apunta a dos frentes. Por un lado, a través de una gestión del Gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará la creación de una nutrida base de datos pública que permitirá juzgar el trabajo de cada una de las compañías mineras con operaciones en el país, según confirmó a La Nación Marcelo Alvarez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). Allí se podrá ver la inversión de cada una de las compañías en las provincias, cuánto pagó en impuestos y a dónde fueron los fondos.