El oeste pampeano se localiza dentro de la diagonal árida sudamericana. Esta extensa región se caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa disponibilidad de agua superficial y subterránea. Sin embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que, a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial formando un extenso humedal conocido como “Bañados del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos cursos de agua contribuyó en épocas prehistóricas y prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con un medio semiárido provisto de un oasis natural. Sin embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la agudización de la desertificación, alteración medioambiental y pérdida de población en una zona donde se estaban dando los primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.
El oeste pampeano se localiza dentro de lo que se conoce como diagonal árida sudamericana (Bruniard, 1982). Esta extensa región se caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea. Sin embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que, a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial a través de cinco brazos formando un extenso humedal conocido como “Bañados del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos cursos de agua contribuyó en épocas tanto prehistóricas como prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con un medio semiárido provisto de un oasis natural.
Sin embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la agudización de la desertificación, alteración medioambiental y pérdida de población en una zona donde se estaban dando los primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.
En el siglo XIX en la etapa colonial independentista se constituyeron las primeras catorce provincias de lo que sería el núcleo del futuro Estado argentino, dentro de estas se conformó la provincia de Mendoza cuya producción, por distancias ante todo, se orientaba hacia el mercado trasandino. A fines de dicho siglo el avance del Estado ya constituido hacia territorios hasta entonces ocupados por poblaciones originarias, se efectivizó con la denominada campaña al “desierto” de Roca. Estos nuevos territorios una vez incorporados al modelo productivo agroexportador, no fueron incluidos íntegramente en la vida política, quedaron, por lo tanto, bajo la figura de territorios nacionales con la tutela directa del ejecutivo nacional. El Territorio Nacional de La Pampa Central es uno de los que se creó en esta etapa. Junto con los otros territorios nacionales fueron declarados como provincias en el año 1951.
Esta condición política de disparidad entre estas dos jurisdicciones vecinas, Mendoza y La Pampa, contribuyó a alentar un uso diferencial del río originando tensiones en diversos momentos y desembocando en un conflicto que involucra a diversos actores, además de los pobladores y perjudicados directos por el mal manejo del agua, como son también los sectores políticos, empresarios y profesionales, dentro de este último se pueden incluir a los docentes y su tarea concientizadora respecto al cuidado del agua.
La propuesta con este trabajo es aportar al análisis cronológico de estas tensiones y el conflicto, exponer que actores se ven involucrados en cada situación y cuáles son sus demandas a través del tiempo. Además analizar qué representaciones se han ido conformando en esta lucha en torno al territorio hidro-social compartido.
El marco teórico desde el que se trabaja se corresponde con la ecología política del agua, se toman los conceptos de ciclo hidro-social y territorio hidro-social para estructurar el análisis en torno a los juegos de poder para acceder y controlar los usos del agua en espacios semiáridos. Por otra parte se consideran los aportes desde la antropología con el concepto de lugar y su significación en las luchas de las comunidades por la preservación de sus espacios.
La metodología que se utiliza comprende el uso de datos cualitativos como lectura y análisis de fuentes oficiales consultadas en archivos provinciales y repositorios digitalizados, además de consulta puntual de artículos de prensa también en versión digital y la interpretación de mapas. En cuanto a los datos cuantitativos, se utilizan estadísticas de población que permiten realizar un seguimiento de las fluctuaciones en el oeste pampeano a lo largo del siglo XX.
La ecología política es una línea de investigación que aporta una perspectiva crítica-constructiva en el análisis de conflictos de poder en torno a los bienes naturales. Diversas miradas se han desarrollado al interior de este campo dando origen a interesantes aportes muchos de ellos desde el hemisferio sur, los cuales muestran la otra cara y alternativas de estudio y solución de los problemas socio-ambientales. Dentro de este esquema se está construyendo lo que se puede llamar el sub-campo de la ecología política del agua. El agua indispensable para la vida ya no puede ser considerada solo como un recurso natural, es necesario comprender que es un bien común y como tal debe ser utilizada concientemente.
Históricamente se han sucedido conflictos en torno a fuentes de aguas diversas y, sobre todo, en zonas áridas. En el contexto de avance capitalista en lo que se puede llamar su fase neo-extractivista, la disponibilidad de agua dulce se encuentra amenazada por los usos indiscriminados en monocultivos, megaminería y extracción de hidrocarburos. Su circulación en la naturaleza ya no se concibe desde el ciclo del agua, sino que se incorpora la acción que la sociedad produce en este. En tal sentido se habla de ciclo hidro-social. La distribución del agua no es equitativa y está mediada por tensiones y relaciones de poder que involucran a distintos actores y a sus diversas representaciones del agua (Swyngedouw, 2009; Boelens, 2015).
En relación con ello se trabaja con el concepto de territorio hidro-social (Boelens, et. al., 2016). Es en el territorio que se producen y conjugan las experiencias culturales, económicas, sociales, políticas y medio ambientales y donde, justamente, se ponen en juego las representaciones e imaginarios del agua y donde se enmarcan los conflictos. Estas conceptualizaciones evidencian la complejidad en el acceso al agua, donde no solo esta acción se reduce a la gestión o realización de obras. Implica también la comprensión de un universo socio-ambiental particular en cada lugar y que supone estrategias de lucha.
El caso de la disputa por el río Atuel en el oeste pampeano, se enmarca en la lucha por el acceso al agua en poblaciones desfavorecidas tanto social como geográficamente. En esta situación tanto la provincia de Mendoza como La Pampa se ubican dentro de la diagonal árida, pero ambas tienen trayectorias políticas, sociales y económicas diferentes como quedó expuesto anteriormente. Hasta la constitución del estado nacional esta región conto con ocupación humana. En la zona del centro oeste de la provincia de La Pampa, los registros arqueológicos indican la presencia humana desde hace unos 5000 años antes del presente. En la etapa hispánica y colonial cuando aún los bañados del Atuel estaban activos, en la zona cercana a la localidad de Santa Isabel hay indicios de ocupación del espacio en el sitio Vallejo (Austral, 1971). La ocupación criolla de Mendoza y el desarrollo de actividades económicas impulso a algunos exploradores a buscar algunas alternativas para llegar al Atlántico, tanto es así que en 1833 en la expedición de Félix Aldao al “desierto”, el coronel Garretón afirmaba que el río Diamante se unía al Colorado y se suponía que aquél era navegable en verano durante las crecidas, por fragatas (Difrieri, 1980).
Sin embargo, la lectura y análisis de las fuentes trabajadas hasta el momento, llevan a suponer que la constitución del Estado nacional a fines del siglo XIX y la imposición de una lógica económica orientada a mercados externos tendió a la creación de asimetrías espaciales fuertes encubiertas bajo la consolidación de las provincias y la creación de los territorios nacionales. Por un lado Mendoza con una producción que a fines de dicho siglo se orientó a la vitivinicultura (Jorba, 2000) y, por ende, con altas demandas de agua junto a la consolidación del oasis de San Rafael-General Alvear, mientras que al sur la fundación de colonias y el asentamiento de población se vio dificultado por la falta de continuidad de las políticas y apoyo del ejecutivo nacional.
Las fuentes oficiales como cartas de pobladores elevadas a los gobernadores territorianos con sus reclamos por la merma del caudal del Atuel, junto a las estadísticas de población permiten observar los puntos de tensión que se han producido a lo largo del siglo XX. También del cruce de diversas fuentes tanto oficiales como estudios socio-históricos y geográficos pampeanos, ayudan a establecer el periodo en que se desencadena el conflicto y las tensiones posteriores que contribuyen a la no resolución de aquel. A continuación se describen tanto las tensiones como el conflicto.
En este trabajo las tensiones sociales son conceptualizadas como las situaciones previas al conflicto que hacen evidente las fricciones que luego se traducirán en juegos de poder durante el conflicto entre los distintos actores involucrados. Los actores del oeste pampeano históricamente afectados por el corte del río Atuel son, en primer término, los puesteros y luego los habitantes de las localidades del área de estudio: Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Este actor se caracteriza por una tenencia precaria-irregular de la tierra, la crianza de caprinos complementada con trabajos temporales en el medio urbano, su vida doméstica gira en torno al “puesto” donde además se suelen realizar actividades artesanales.
En segundo término interviene el gobierno con los representantes a nivel provincial, es decir, los sucesivos gobernadores y los legisladores que han tomado partido por las demandas del oeste. Aquí se ponen en consonancia dos lógicas: por un lado las del poblador que, en muchos casos, es descendiente de los pueblos originarios y ha trabado una relación con el entorno semiárido basada en la subsistencia donde es esencial la existencia del río. Por otro el sector político que interviene como mediador y vocero en las demandas por el río con un discurso que se apoya en la visión de impulsar el desarrollo y crecimiento. Por último la organización de asambleas y organizaciones civiles que luchan por el retorno del río además de impulsar acciones de concientización sobre la preservación del agua. En este caso las asambleas que se formaron en las últimas décadas del siglo pasado, han sido el motor de la movilización socio-ambiental pampeana por el agua.
La cronología de las tensiones previas al conflicto se inicia en la década del treinta, precisamente en el año 1937 con el reclamo que presentaron los pobladores de la zona rural de Santa Isabel al gobernador Duval. El disparador del reclamo fue el desvió aguas arriba, en territorio mendocino, de un brazo del Atuel para regar tierras particulares de un poblador de aquel lugar. Este poblador realizó un tapón que interrumpió el flujo de agua, se lo conoció como “Tapón de Ugalde”. Ante la demanda intervino el ingeniero Balbi enviado desde Irrigación de Nación, quién pone en evidencia en su informe el retroceso que comienza a sufrir la zona de los bañados del Atuel y los usos legales e ilegales por parte de particulares, que hace la provincia de Mendoza.
En la década siguiente, en 1947 se construyó la represa del Nihuil luego de estudios realizados en años previos sobre su factibilidad. Su construcción se hizo sobre el cauce del Atuel en Mendoza. El embalse de las aguas interrumpió los ciclos de crecidas y alimentación de los bañados en el oeste pampeano, como así también, la unión con el río Salado. Como consecuencia se afectó negativamente el lento crecimiento poblacional y productivo que tenían las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila totalmente dependientes del medio rural. Se produjo un éxodo de población en los años siguientes tanto hacia el este, a ciudades como Santa Rosa y General Acha, como hacia el sur mendocino, a las localidades de General Alvear y San Rafael. En este sentido los registros censales provinciales muestran para el departamento Chalileo (cabecera Santa Isabel) los siguientes números sumando población urbana y rural: en la década de 1920, 1750; en 1935 los habitantes eran 1888, en 1942 era 2102; en 1947 2420, hacia 1964 se aprecia la disminución con 2048 y en 1980 el total eran 1729 habitantes. En el departamento vecino, Chicalcó sucede algo parecido con 769 en 1920; 1198 en 1935; 1037 en 1942; en 1947 la población total era de 1189, en 1960 era de 1105; en 1964 se mantuvo estable con 1211 habitantes y en 1980 con 1199. Acá se puede ver un estancamiento, no hubo un crecimiento (Difrieri, 1981). Las cifras están desprovistas de mayor información que permita hacer más profundo el análisis, queda para otra etapa de la investigación consultar otras estadísticas para realizar cruces que permitan obtener más información.
El año 1947 se puede establecer como punto de conflicto. El corte total del río originó el empobrecimiento de una amplia región de delicado equilibrio ecológico y social, por la escasa población. El reclamo en este momento llega al presidente Perón por el envío de una carta de un poblador de Santa Isabel que plantea la situación desoladora que se presentaba en la zona. Posteriormente en el año 1951 se concreta la provincialización, ello dio el marco para encauzar los reclamos por el rio ante el Estado nacional y Mendoza. En esos años se inicia una política del agua junto al aprovechamiento del río Colorado con la construcción del dique Casa de Piedra.
Las tensiones que se dieron estuvieron asociadas al conflicto, revisten la importancia de los reclamos, la recolección de testimonios de habitantes del oeste que buscaron el modo de resistir la pobreza y la pérdida de sus actividades económicas. En la década de 1970 el gobierno provincial presenta ante nación la demanda a Mendoza por el río. Esta se respaldó en un completo estudio de la cuenca del Desaguadero y en una investigación histórica de la existencia del río en territorio pampeano.
La resolución se produjo en 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia proclamo la interprovincialidad del río y obligaba a Mendoza a realizar sueltas periódicas de agua para brindar agua al oeste pampeano. La vecina provincia nunca reconoció este fallo amparándose en que el río nunca fue compartido con La Pampa. En defensa de su postura esgrimió diversos fundamentos pero, sobre todo, una representación del agua y el territorio que se articuló en torno a la idea de que La Pampa nunca hizo un uso productivo del río si en algún momento lo tuvo, ni tampoco propone un uso a futuro si dispusiera de esas aguas.
Aquí se inició otro ciclo de tensiones que se fue contextualizando con las resistencias y movilizaciones socio-ambientales que adquieren notoriedad en el nuevo siglo ante el avance de nuevas prácticas extractivas sobre territorios hasta entonces marginales. Paralelamente hay una mayor concientización social sobre la importancia de conservar y hacer un uso adecuado de bienes comunes como el suelo y el agua. En este marco deben comprenderse estas nuevas tensiones cuyo puntos culmines se dan en el año 2008, 2011 y en el 2016. Estas tensiones se originan en estos casos por los intentos de los distintos poderes políticos de lograr una solución al conflicto. En el año 2008 la presidenta Fernández de Kirchner firmó un convenio para que se realicen las obras de infraestructura hidráulica que permitan el retorno del río a La Pampa. Este convenio fue ratificado por La Pampa no así por Mendoza. En el año 2011 el caso fue presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, luego de la visita a la zona de los bañados del Atuel y la pérdida de este valioso ecosistema, dicho ente llevó adelante un fallo moral no vinculante pero que sentó un antecedente y visualizó a nivel internacional la situación de daño ambiental. En tanto en el año 2016 la ONU se proclamó por la necesidad de llegar a un acuerdo y que el Estado nacional garantice que el río sea compartido por ambas provincias. Esta postura generó nuevas resistencias por parte de Mendoza.
Estas últimas tensiones estuvieron acompañadas de acciones por las organizaciones sociales y asambleas como fueron los “botellazos” tanto en Buenos Aires en la Casa de La Pampa, por cortes de rutas en la ruta nacional 143 en cercanías de Santa Isabel, como así también distintas intervenciones artísticas en Santa Rosa y las localidades involucradas. Junto al reclamo político se ha construido un reclamo desde el campo cultural, muestra de ello es “El cancionero de los ríos” que recoge letras de canciones vinculadas al río y al agua, donde el relato hace referencia directa al lugar y universo en el que viven los habitantes del oeste. Se pone en evidencia la representación del agua como líquido vital para la existencia, con sus significados en el pasado, el dolor de la pérdida del lugar por el éxodo y el futuro incierto ante una demanda que tiene más de cincuenta años y no es escuchada ni aparenta tener resolución a corto plazo.
Los resultados de este primer análisis de las fuentes para establecer una cronología de tensiones y definición del momento de conflicto, se pueden exponer en tres etapas: primero las tensiones que indican los primeros indicios de alarma ante la disminución del caudal; una segunda etapa donde se produce el conflicto con el corte total del río con la construcción de la represa del Nihuil; por último, una tercera etapa en la que se mantiene el conflicto hasta la actualidad, sumándose momentos de tensión que se generan cuando desde el ámbito gubernamental se plantean demandas por vía judicial o la intervención de otras esferas de decisión que exceden a las provincias como el ejecutivo nacional u organismos internacionales (como el Tribunal Latinoamericano del Agua y la ONU).
Este análisis permite un acercamiento a los actores. Por un lado los puesteros y habitantes de las localidades del oeste con una representación del agua ligada a la subsistencia y, por otro lado, el gobierno provincial que se presenta como parte demandante en las distintas instancias judiciales ante Mendoza y el estado nacional. En este caso el río representa el recurso negado en el contexto de una desigualdad jurídica.
La elaboración de esta cronología aporta elementos para el estudio del ciclo hidro-social que se fue conformando en el siglo XX donde el ciclo de una cuenca hídrica fue alterado bajo un nuevo modelo de producción (vitivinicultura y producción de energía) que acentuó la aridez en el oeste pampeano como así también su carácter de zona de zona marginal.
Bibliografía.
Austral, A., “El yacimiento arqueológico de Vallejo, NO de la provincia de La Pampa. Contribución a la sistematización de la prehistoria y la arqueología de la región pampeana”, en: Relaciones, N° 5, 1971.
Boelens, R.; Hooesteger, J; Swyngedouw, E; Vos, J. y Wester, P., “Hydrosocial territories: a political ecology perspective” en: Water International. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2016.1134898 [Consultado: 01 de agosto de 2016].
Bruniard, A., “La diagonal árida argentina: un cambio climático real”, en: Revista Geográfica, N° 95, 1982.
Difrieri, H., Historia del río Atuel, Buenos Aires, UBA, 1980.
————– Evolución del poblamiento del área de influencia del Atuel en territorio de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, Gobierno de La Pampa, Administración Provincial del Agua (A.P.A.), 1981.
Jorba, R., “Cambios tecnológicos y trasformaciones económico-espaciales en la vitivinicultura de la provincia de Mendoza (Argentina), 1870-2000”, en: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, 83, N°69, 2000.
Swyngedouw, E., “The political economy and political ecology of the hydro-social cycle”, en: Journal of Contemporary Water Research & Education, Manchester, N° 142, 2009.
AlejandraGeraldi y Patricia Rosell se desempeñan en la Universidad Nacional del Sur UNS.
El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero al final se adelantó. Continuarán operando con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Se vienen las indemenizaciones a más de un millar de trabajadores; los reclamos por el dasastrozo desempeño ambiental tienen sentencia en la Cámara de Apelaciones de Tucumán y continúan otras causas afines. La pobalción de Andalgalá rechaza la actividad minera luego de su penosa experiencia con mina La Alumbrera.
Un monumento para recordar los diez años de la Ley 7722 en contra de la minería contaminante, por la que luchó todo el pueblo, fue inaugurado ayer en la intersección de la Ruta Nacional 188 y callejón Echeverría, en el departamento de General Alvear. Las manos gélidas, las caras cansadas, de pie, estoicos en medio de las rutas, con los oídos pegados a las radios portátiles y las banderas argentinas atadas al cuello. No se trataba de un mundial de fútbol, del otro lado no había relatores deportivos sino cronistas que confirmaban la aprobación de la Ley 7722 en la Legislatura mendocina.
El Nuevo Acuerdo Federal Minero introducirá un conjunto de nuevas instituciones y normativas entre la Nación y las provincias como la conformación de un Catastro Minero Unificado; un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales, hasta el destino a los que se deberían orientar los ingresos por regalías y fondos de infraestructura.Fuente: Inversor Energético y Minero.
Tras fracasar la conciliación, desde el Club Andino cuestionan al organismo oficial por emprendimiento en Los Gigantes.
El juez levantó la cautelar a pedido de la empresa, aunque nunca realizó la inspección ocular correspondiente para verificar las obras tras los derrames. Los pobladores de Jáchal denuncian “la connivencia del gobierno provincial con la minera” canadiense.
Se trata de las asambleas catamarqueñas PUCARA, quienes emitieron un comunicado en rechazo al acuerdo que se firmó hoy entre el Gobierno nacional y algunas provincias.