El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.

La glacióloga Ana Paula Forte analizó los cambios en el paisaje cordillerano de San Juan con el desarrollo de minería.

Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.

El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glaciar y periglaciar de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.

«El impacto -señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras, el ambiente periglaciar, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones».

Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glaciar y periglaciar, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.

A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0° C por dos años consecutivos.

Tajo abierto

Por otro lado, comprobaron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral a tajo abierto (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión (proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost). También precisaron que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.

Los integrantes del equipo y becarios de Conicet, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en armonía con la Asamblea Jáchal No Se Toca, ONG que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante de las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.

Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de Conicet y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba (uno de los 15 científicos argentinos que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que junto a Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007).

Polémica

El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas «prioritarias», pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en setiembre de 2015, todavía no se había terminado.

La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes. (Nota de la Redacción: El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó hace días que el glaciólogo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad al inventariar glaciares, cumplió «estrictamente con sus deberes» y fue «injustamente procesado»).

Al respecto, Forte menciona: «El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar una tarea así acá también».

La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados períodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.

Incongruencias

Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto Glims (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.

En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. «En lugares como la Patagonia y los Alpes      -ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea. Allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglaciar».

Si bien Forte indica que el trabajo que realizó Ianigla es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glaciar y periglaciar deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.

En ese sentido, reflexiona: «Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiera concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ése era el espíritu de la ley».

El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la norma, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.

En resumen

Hace dos años que se desarrolla la causa que investiga el accionar del Estado en el desembarco de la minera Barrick Gold en San Juan, empresa responsable de contaminar el río Potrerillos con grandes cantidades de cianuro, en al menos dos oportunidades.

Por esta causa, los últimos tres secretarios de Medio Ambiente de la gestión anterior, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quedaron procesados a fines de noviembre por incumplir la Ley de Glaciares, vigente desde 2010.

Específicamente, el juez federal Sebastián Casanello los imputó por «retardar la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares».

Entre los imputados, se encuentra el Doctor Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET y ex director de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, fue acusado por no haber incluido en su relevamiento a los hielos de tamaño menor a una hectárea, y no haberlo realizado en el plazo en que correspondería culminar el inventario.

La comunidad científica se solidarizó inmediatamente con el investigador, y cuestionó el accionar de la organización de vecinos, damnificados y ambientalistas por arremeter contra el organismo del sistema científico que había impulsado originalmente la Ley de Glaciares.

Días posteriores a estas imputaciones, se archivó una causa, que se llevó a cabo en juzgados provinciales, por el segundo derrame de la minera canadiense. En este caso, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, argumentó que durante el segundo derrame no hubo contaminación de cuerpos de agua.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=impacto-de-la-megamineria-en-los-glaciares-andinos

Tras 15 meses de investigación interna, la gestión uñaquista definió otra dura multa a la empresa Barrick por los incidentes en la mina Veladero de septiembre de 2016 y marzo de este año. En ambos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río. La sanción fue de poco más de 104 millones de pesos y el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar proyectos productivos. Si bien este medio no pudo acceder al acta de infracción, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego por un comunicado de la propia compañía. Los fundamentos apuntan a la reincidencia de fallas y a que la compañía no había hecho las obras que le había pedido el Ministerio de Minería. Es que en septiembre de 2015 se produjo un derrame de líquido con cianuro que sí alcanzó a tres cursos de agua en Iglesia. Por ese hecho, la provincia castigó a la operadora del yacimiento con casi 146 millones de pesos.

La sanción es de 104.400.000 pesos por los incidentes de 2016 y 2017. La anterior fue de casi 146 millones.

La resolución del Gobierno trascendió a fines de esta semana, Barrick ya había sido notificada y desde la firma señalaron que «estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones». La compañía puede aceptar la sanción o pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia.

La decisión revela una fuerte postura del uñaquismo en sancionar los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad. Si bien el derrame de 2015 se dio en la administración de José Luis Gioja, el castigo finalmente lo impuso el actual Gobierno.

Por los tres incidentes se abrieron investigaciones en la Justicia para determinar si se produjeron delitos, aunque tuvieron resultados distintos (Ver recuadro). Por su parte, el Ejecutivo encaró sumarios y primero multó a Barrick con casi 146 millones de pesos por el derrame de 2015. En los de 2016 y 2017 evaluó que hubo incumplimientos ante directivas de la autoridad provincial y repetición de fallas en los procesos. Ante estos, en el Gobierno habían asegurado que iba a haber una sanción y que habían decidido acumular los dos expedientes, por lo que restaba saber el monto. Al final, la suma ascendió a 104.400.000 pesos y las autoridades dispusieron que la empresa depositara el dinero en una cuenta de la cartera minera local. La misma está destinada al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con el que la gestión uñaquista impulsa proyectos productivos en el sector de la agricultura, ganadería, pequeña y mediana minería, industria, comercio, turismo y servicios afines a la producción. El objetivo es que dichos planes apuesten al impulso de actividades económicas ligadas a la identidad de cada comunidad y que favorezca la generación de empleos. Con la primera multa, el Ejecutivo distribuyó 80 millones de pesos para proyectos productivos en Jáchal e Iglesia, por ejemplo.

La nueva sanción tiene su origen el 8 de septiembre del año pasado, cuando un bloque de hielo desacopló una cañería que trasladaba solución cianurada. El líquido se estancó en una curva de la berma (talud de contención) y empujó material que salió del valle de lixiviación, el área en el que se separa la roca del mineral con el químico. El hecho que se acumuló fue en marzo de este año, que consistió en la fuga de solución rica (oro, plata y cianuro) que también escapó del valle, pero que luego fue reencauzada hacia dentro del perímetro.

Obras

Luego de los tres incidentes, el Gobierno obligó a la empresa a realizar obras de mejoras para reducir los accidentes. Así se aumentaron las alturas de las bermas de contención, se reforzaron los acoples de las cañerías, las mismas se separaron del límite del valle de lixiviación y se instalaron cámaras de vigilancia.

Sanción económica

104  Millones de pesos es el valor de la segunda multa que el Gobierno le aplicó a Barrick. La primera fue de casi 146 millones.

La decisión judicial en los tres hechos

En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.

El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/La-segunda-multa-millonaria-a-Barrick-ira-a-proyectos-productivos-en-comunidades-20171230-0087.html

El ministro de Ambiente mostró una postura firme y recordó que hoy la actividad está prohibida por ley. Cuestionó la mirada “empresarial” del ex-CEO de Shell. Y comparó con Santa Cruz: “Allí está muy desarrollada la minería pero no hubo clases por seis meses porque no podían pagar los sueldos”.

En tiempos en que los intendentes y hasta algunos funcionarios provinciales se animan a hablar de la explotación de la minería como una alternativa cercana en Chubut, el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, enfrió la discusión: “Hoy la actividad está prohibida por ley y no es verdad que sea la solución para todos los problemas”.

Agulleiro ha sido uno de los ministros más firmes con este tema. Tiempo atrás en plena conferencia de prensa del rabino Sergio Bergman en Chubut, fue el propio funcionario provincial el que le “paró el carro” cuando se explayaba sobre las bondades del la actividad extractiva.

Días atrás fue el director de Salud Ambiental, René Flores, quien en una entrevista con la prensa opinó que “se debía trabajar porque tarde o temprano la minería se iba a explotar en Chubut”. En diálogo con FM Tiempo Trelew (91.5), Agulleiro afirmó que “es un poco atrevido hablar de eso. La minería está prohibida por ley, hoy no se puede hacer minería y es necesario hacer un debate con los diputados. Para dar un paso, si ésa fuera la intención”.

Fue consultado por el encuentro mantenido entre los intendentes y el ministro Juan José Aranguren, donde se habló de la minería como alternativa. Participaron Adrián Maderna (Trelew), Ricardo Sastre (Puerto Madryn), Carlos Linares (Comodoro Rivadavia) y Mario Pichiñán (Paso de Indios). “Nos hubiera parecido interesante participar, que el Gobierno participara de esas reuniones para tener una mirada provincial y que no sólo Aranguren pusiera espejitos de colores sobre la mesa y todos quedáramos maravillados. Sino debatir qué espejitos de colores nos sirven como provincia y qué es bijouterie”.

El titular de la cartera de Ambiente arremetió con todo contra el ex-CEO de Shell. “El problema es que Aranguren efectivamente tiene una mirada que siempre discuto y la cuestiono, que es empresarial, le interesa que se desarrolle la minería por una cuestión empresarial y no tiene mucho que ver con el desarrollo local. Cuando dice que Chubut podría hacer minería y no tener problemas financieros es mentira”.

A modo de ejemplo, se hizo eco de lo que ocurre en Santa Cruz. “Allí está muy desarrollada la minería, pero no tuvo 6 meses clases porque no podían pagar sueldos este año y atraviesa una crisis muy fuerte. Plantear eso es una mentira y la minería de Santa Cruz aporta 1.400 millones de pesos todos los años a la economía provincial, y con eso no se paga ni una masa salarial de un mes. El planteo de Nación de que la minería es la solución a todos los males es falaz”.

Y agregó sobre el ministro de Energía de Nación: “Que Aranguren como un maestro de escuela nos venga a decir que ustedes tienen una mina de caliza acá y compran los ladrillos en San Juan… Eso tiene que ver con competitividad y hay que hablarlo con el ministro de Producción. Hacen puras promesas, al igual que el Plan Patagonia, la realidad es que Nación hace fuerte inversión en la región centro del país y muy poca infraestructura en la Patagonia y esto se ve con el Presupuesto. Demuestran que no les interesa el desarrollo de la Patagonia. Es un federalismo como lo entienden los porteños, de Córdoba, Santa Fe y Mendoza”.

Empresarios de Chubut

Sobre el sector empresarial, manifestó que “hay varios industriales interesados porque le han puesto la zanahoria que es la gran solución para Chubut y desde Ambiente tenemos muy estudiada la minería en otras provincias y otros puntos del mundo y no compartimos esta visión de que sea la gran solución para Chubut”.

Y para concluir y sentar la postura del Ministerio de Ambiente al respecto, indicó: “Tenemos recursos mineros, pero también una ley que lo prohíbe. Si la Legislatura cambiara la ley, como Estado tenemos la obligación de evaluar los proyectos y ver si efectivamente son beneficiosos para la provincia. No tienen nada que ver las visiones personales”.#

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/203341/provincia/agulleiro_dijo_que_aranguren_les_puso_espejitos_de_colores_a_los_intendentes_con_la_mineria/

La adquisición de los activos mineros en territorio rionegrino fue por 15 millones de dólares y forma parte de un intercambio entre Patagonia Gold y Pan American Silver por el proyecto santacruceño COSE. El senador nacional Miguel Pichetto ya había adelantado a APP esta posibilidad, señalando que avalaba la posibilidad de llevar adelante este proyecto aurífero porque “sin minería, la gente de la Línea Sur tiene un destino de pobreza extrema”.

El propio gobernador Alberto Weretilneck a mediados de este año avaló esta posibilidad, señalando que un proyecto minero de las características de Calcatreu “para Jacobacci y para la Región Sur es sumamente importante, sobre todo por los problemas de ocupación y empleo que existen en la zona”.

En momentos en que todavía respaldaba no sólo la minería sino la radicación de la quinta planta nuclear en el territorio, indicó que: “La minería, el gas, el petróleo y la energía nuclear, son fuertes inversiones y de muy largo plazo, que tienen una muy alta capacidad de generación de empleo. Obviamente que todo gobierno tiene que privilegiar la protección y el cuidado del medio ambiente que para la provincia es innegociable. Creemos que se puede hacer este tipo de actividades respetando el medio ambiente. Lo que se necesitan son legislaciones claras y un Estado presente y estricto”.

Pichetto dijo a APP  que con leyes como la que prohíbe la construcción de la planta nuclear y con oposición a los proyectos mineros, incluyendo la megaminería, “el desarrollo está perdido”.

Reivindicó en este sentido reactivar el proyecto Calcatreu, ya que “está la posibilidad que el empresario Miguens, que fue dueño de Quilmes, que ya conoce Jacobacci, compre el yacimiento y lo ponga en producción”. Esto es lo que se acaba de conocer: “El pasado viernes la minera presidida por Carlos Miguens hizo uso de la opción para quedarse con Calcatreu. El acuerdo de opción de compra había sido anunciado el 24 de abril pasado y el cierre de la transacción está previsto para antes del 31 de enero de 2018, cuando Patagonia Gold realice un pago inicial de 5 millones de dólares. La cancelación del pago total fue programada para el 18 de mayo de 2018”.

El senador rionegrino fundamentó que “no estamos hablando de una explotación de oro en el medio de un parque nacional, sino en el medio del desierto, a 90 kilómetros de Jacobacci, en una zona de pobreza extrema, donde, por supuesto, hay que cuidar el medio ambiente, el Estado tiene que hacer un acuerdo social empresario, pero que se saque oro para generar trabajo y recursos para la provincia”.

Pichetto reflexionó que “sin minería, la gente de la Línea Sur tiene un destino de pobreza extrema”.

Desde Patagonia Gold informaron que “se planea avanzar en Calcatreu durante el 2018 con una campaña de exploración intensiva con el objetivo de aumentar el recurso. La compañía confía en que aún existe un potencial significativo para aumentar la base de recursos existentes y considera que se necesitarán aproximadamente entre 12 y 18 meses para generar más información para un mayor conocimiento del proyecto a través de estudios geofísicos y geoquímicos más detallados y una campaña de perforación dirigida en función a la información obtenida”, según se indicó en el diario Río Negro.

Los trabajos de exploración de Patagonia Gold comenzarían inmediatamente después de completada la adquisición. El sistema tiene una longitud conocida de más de 8 kilómetros y la nueva propietaria confía en aumentarla. (APP)

Fuente:http://appnoticias.com.ar/app/patagonia-gold-compro-el-proyecto-calcatreu-y-habria-aval-para-explotar-el-yacimiento/

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.Por Marcelo Giraud – Lic. en Geografía-UNCuyo Miembro de la Asamblea Popular por el Agua

Gobiernos y empresas pretenden imponer la megaminería metalífera en Mendoza, violentando el sostenido rechazo social a dicha actividad, expresado en la sanción de la Ley 7.722, cuya constitucionalidad ratificó la Suprema Corte de Justicia, y en el rechazo popular y legislativo al proyecto San Jorge.

Muchos defensores del ambiente siguen siendo tildados de ignorantes, ecoterroristas y otros epítetos, como si la oposición a la contaminación y despojo de los bienes comunes careciera de fundamentos.

Vale pues recordar los reiterados derrames de solución cianurada en Veladero -a pesar de sus certificaciones ISO 14001- y la mayor catástrofe ambiental de la historia brasileña, al colapsar el dique de colas de una mina de Vale-BHP, en 2015. O informar que en 2016 División Andina de Codelco causó tres derrames, contaminando el río Aconcagua y obligando a interrumpir la captación de agua para riego y consumo humano en Los Andes.

Según Naciones Unidas, durante la última década se produjeron cuarenta roturas y colapsos de diques de colas: once en América Anglosajona, once en América Latina, quince en Asia y tres en Europa. Menos que en décadas anteriores, pero de mayor magnitud.

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.

El gobierno ha exacerbado los múltiples privilegios al capital minero, eliminando retenciones y ratificando el máximo de 3% a las regalías provinciales.

Si el rechazado proyecto San Jorge estuviese hoy en explotación, aportaría regalías por $144 millones anuales: apenas 0,2% de los $73.925 millones del presupuesto provincial 2017.

Según datos oficiales, en 2016 hubo apenas 10.337 empleos en minería metalífera en todo el país (2.447 en San Juan), apenas 0,09% del total de 12 millones de trabajadores registrados.

¿Está “parada” la minería en Mendoza? En verdad, la minería no metalífera siempre estuvo activa. En 2016 la extracción de hidrocarburos empleó a 3.997 trabajadores, y la masa salarial total de la minería mendocina fue 52% superior a la de San Juan.

En dicha provincia proliferaron las 4×4, pero los indicadores sociales (pobreza, indigencia, desocupación, necesidades básicas insatisfechas…) han seguido siendo notoriamente mejores en Mendoza que en San Juan, provincia donde la explotación del oro ha derramado cianuro, no bienestar socioeconómico.

Nuestro buen vivir como sociedad mendocina requiere que no negociemos nuestros bienes comunes, y sigamos negando toda licencia social al extractivismo megaminero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/mendoza/item/38367-la-mineria-derrama-toxicos-no-bienestar-socioeconomico

Así lo dijo el ministro de minería, Alberto Hensel. Sostuvo que viajarán con técnicos para determinar dónde se ubicarán las cámaras que harán el monitoreo permanente de la ejecución del plan de remoción.

Luego de que el juez federal ordenara a la minera chilena Pelambres retirar 35 millones de toneladas de escombros arrojados en territorio sanjuanino, hace una semana que la empresa comenzó con las tareas preliminares de remoción.

«Este miércoles, personal del Juzgado Federal, de la Fiscalía de Estado y de los Ministerios de Gobierno y Minería, se trasladarán a Calingasta y el jueves en la madrugada partirán a Pelambres, donde tendrán un encuentro con autoridades chilenas y quienes ejecutan las tareas de remoción», sostuvo el jefe de la cartera de Minería, Alberto Hensel.

Con ellos, viajarán técnicos que determinarán el lugar donde instalarán las cámaras de seguimiento y monitoreo permanente de la ejecución del plan acordado.

La resolución judicial fue dictada en el conflicto generado en 2014, cuando la minera internacional Glencore que tiene la concesión del emprendimiento de cobre El Pachón en tierras sanjuaninas, denunció que los chilenos habían arrojado escombros en territorio argentino sin autorización.

La escombrera ubicada en el Cerro Amarillo en la zona limítrofe de Calingasta de San Juan, contiene una montaña de más de 35 millones de toneladas de residuos minerales de la mina explotada del lado chileno, que fueron llevados más allá de la frontera, porque según la empresa, las autoridades chilenas les dieron mal las coordenadas del límite internacional.

De ese lugar, Glencore ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que amenazaban con contaminar las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

La disposición de Rago Gallo, fue avalada por el Gobierno de San Juan a través del fiscal de Estado, Jorge Alvo. El juez otorgó 5 años y medio, más un año de gracia en el caso que las condiciones climáticas en la Cordillera de Los Andes dificulten los trabajos.

Fuente:https://www.sanjuan8.com/san-juan/este-jueves-se-reuniran-autoridades-provinciales-y-chilenas-pelambres-la-escombrera-n1527150.html

En un intercambio vía redes sociales, el intendente de Las Heras aclaró su posición con respecto a la minería y en defensa de los derechos de los santacruceños. “”Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras.

El estilo de comunicación del intendente de Las Heras, José María Carambia, es directo y cercano al ciudadano santacruceño, por esta razón, no tiene ningún problema en utilizar las redes sociales para comentar diferentes temas que sean de su interés.

En esta ocasión, Carambia estableció su opinión alrededor del sensible tema minero. La flamante diputada nacional Roxana Reyes publicó fotos de la inauguración de la minera Don Nicolás en la que también estuvo el senador Eduardo Costa, y Carambia dejó este comentario que se transcribe textualmente

“Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras. Es decir, si existen que el estado obtenga una renta que pueda solucionar problemáticas. Son pocos los gobiernos que se le animan a las mineras porque hasta escuché decir que tienen mucho poder. El único poder que tienen es el económico y yo personalmente no me vendo con las mineras porque en 20 años, si nadie hace nada, sólo van a dejar una provincia en estado deplorable. Y es más, vuestro líder político tiene una empresa minera. ¿Qué casualidad, no?

En un segundo comentario, Carambia expresó: “Con la excusa de que hoy pagan más ganancias dicen que generan más ingresos, pero eso es mentira, porque lo que aportan de ganancias entra en coparticipación a todas las provincias. Entonces, nuestra provincia sigue financiando a todas las otras. Es decir, destruyen Santa Cruz y no recibimos beneficio extra”.

Con su sello personal, Carambia dejó clara su postura alrededor del tema minero y se diferencia de Eduardo Costa, que está claramente a favor.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/38318-las-mineras-son-el-robo-mas-grande-de-la-provincia

La Argentina y Chile firmaron el martes un acuerdo para el retiro de unos 50 millones de toneladas de escombros depositados en territorio argentino, por la empresa minera chilena Los Pelambres y que son motivo de un diferendo judicial. No será tarea fácil. Para tener una idea de lo que puede significar el transporte, ese volumen representa, por ejemplo, casi un tercio de toda la producción cerealera de la Argentina.

El acuerdo -rubricado por el canciller Jorge Faurie y el embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo- establece que el plan de retiro de la escombrera y las obras de mitigación se lleven a cabo en coincidencia con lo establecido por el Juzgado Federal 2 de San Juan, y se coordinarán las acciones necesarias para que Los Pelambres pueda iniciar las obras el viernes. El costo estará a cargo de la empresa minera.

La Cancillería argentina informó que la firma del acuerdo fue posible tras un trabajo conjunto con el Ministerio de Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, la provincia de San Juan y la Cancillería chilena.

El acuerdo entre los gobiernos pone fin al conflicto generado en 2014, cuando la minera internacional Glencore, que tiene la concesión del emprendimiento de cobre El Pachón en tierras sanjuaninas, denunció que los chilenos habían arrojado escombros en territorio argentino sin autorización. Los escombros fueron abandonados ahí en 2011.

La escombrera ubicada en el Cerro Amarillo en la zona limítrofe de Calingasta de San Juan, contiene una montaña de millones de toneladas de residuos minerales de la mina explotada del lado chileno, que fueron llevados más allá de la frontera, porque según la empresa, las autoridades chilenas les dieron mal las coordenadas del límite internacional.

El 4 de diciembre, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, había ordenado a la minera chilena Pelambres que retire los casi 50 millones de toneladas de escombros, arrojados en territorio sanjuanino a lo largo de 5 años y medio y que empiece con los trabajos el 15 de diciembre.

También le pidió a Interpol que busque a cuatro ex gerentes de una mina del lado argentino, porque supone que los chilenos contaron con su aval para construir la montaña de escombros y ruedas de camión.

La medida judicial fue avalada por la provincia a través de una presentación del fiscal de estado Jorge Alvo, e implica que la minera chilena deberá instalar cámaras de vigilancia en la escombrera para que se sigan en tiempo real las obras.

Fallo judicial en la pelea de dos mineras en el medio de la Cordillera

Además, la minera deberá monitorear la calidad de aguas de las lagunas cercanas a los residuos y del río Carnicería (afluente del San Juan), durante la construcción de las obras preventivas.

El magistrado también dispuso que la empresa chilena deberá realizar una tarea de recomposición de lagunas y que tendrá que armar un plan de reimplantación de vegas (pasturas), las que se vieron afectadas por la escombrera.

Del lugar, Glencore ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que amenazaban con contaminar las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/economia/chile-acordo-retirar-escombros-minera-dejado-san-juan_0_Sydpf90bG.html