En una visita a la provincia de Catamarca, el presidente Mauricio Macri le dio un fuerte respaldo a la “minería responsable” en el norte de la Argentina y aseguró que esa actividad es “un hecho de justicia para el desarrollo”.
Acompañado por la gobernadora Lucía Corpacci y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, Macri destacó además que “en cinco años podremos ser el mayor proveedor de un recurso estratégico como es el litio en todo el mundo”, en referencia a un elemento químico que es utilizado en baterías de nueva generación.Fuente: Perfil

En un discurso durante un acto en la obra de la Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales de Valle Viejo, Macri además aseguró que “ninguno va a venir” a la Argentina “a hacer minería sin cuidar el medioambiente”, y destacó que “se pueden hacer las dos cosas”, simultáneamente. “La demostración de eso es el boom que está generando el litio y que recién comienza. Yo creo, y estoy muy entusiasmado, que la Argentina tal vez en cinco años va a ser el proveedor del mineral más importante del mundo”, argumentó el mandatario.

En ese sentido, Macri agregó que la minería “manejada en forma responsable, sin corrupción, con el control del Estado para cuidar el medioambiente, que es un compromiso absoluto que debemos tener todos, es una forma de desarrollo muy importante y que Catamarca y el norte argentino necesitan”.

Y por último, reiteró que su intención de impulsar la producción de energías renovables consiste en “un hecho de justicia para su propio desarrollo”. Al respecto, Macri pidió “comprometernos para encontrar la forma de garantizarle a la comunidad y al mundo” que el sector va a crecer “de una forma responsable”.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/38608-el-presidente-macri-receto-mas-saqueo-minero-para-el-norte-argentino

De acuerdo con una publicación nacional, empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la Ley de Glaciares para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.

En Catamarca la adhesión a la ley nacional se aprobó en 2011, tras una larga discusión en la Legislatura provincial.

«Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia», afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.

El secretario de Minería de la provincia y presidente del Consejo Federal de Minería, Rodolfo Micone, coincidió en que es necesario modificar la ley porque «se hace referencia a un cuidado preventivo» y destacó que esa prevención «ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera».

Fuente:https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/1/16/quieren-flexibilizar-alcance-glaciares-358887.html

San Juan, Catamarca y Mendoza analizan reformas para destrabar cerca de 20 proyectos de esta industria. Las organizaciones ambientales pusieron la lupa en este avance: “No podemos aceptar inversiones a cualquier costo porque hoy no las tenemos”.

A ocho años de la sanción de la Ley de Glaciares y, a siete del inicio de un inventario nacional, empresarios de tres provincias argentinas (San Juan, Catamarca y Mendoza), asesorados por la Secretaría de Minería de la Nación- encabezada por Daniel Meilán-, buscan modificar la normativa para desbloquear más de 20 proyectos mineros.

Desde la Cámara Argentina Empresarios Mineros (CAEM) indicaron que la iniciativa tiene apoyo del presidente Mauricio Macri. El vicepresidente de la entidad, Jaime Bergé, le aseguró al diario La Nación que deben preservarse los glaciares «importantes y los vinculados al paisaje», mientras que «hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia».

Sin embargo, las organizaciones ambientales rechazaron esta idea porque pone en riesgo la preservación de las reservas de agua dulce. “Pretender que con un instrumento legal vamos a mejorar la situación (de las inversiones), es vender espejitos de colores”, afirmó Andrés Nápoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ante los justificativos de los empresarios.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Nápoli reivindicó la Ley de Glaciares y destacó que permite, entre otros puntos, identificar qué proyectos mineros pueden realizarse y cuáles no. Además, admitió: No veo viable ese cambio pero de que seguir haciendo el lobby y conseguir algún tipo de artilugio legal que les permita avanzar” en esta reforma ambiental.

Fuente:http://www.pluralnoticias.com.ar/index.php/catsociedad/16122-pretenden-modificar-la-ley-de-glaciares-a-favor-de-la-mineria

“La gente tiene que dar el debate, más allá de las posturas políticas”, afirmó ayer el ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, quien por la tarde participó, junto a varios intendentes, de una reunión con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

El ministro de Ambiente de la Provincia, Ignacio Agulleiro, cuestionó al sector industiral que «hace lobby» por la minería en Chubut. Dijo que tienen un discurso «vacío» en cuanto al cuidado ambiental. Adhirió a lo expresado por el secretario de la Cámara Minera de Chubut en cuanto a que el Pacto Federal impulsado por Nación «sólo apunta a la rentabilidad de las empresas».  Puntualizó «Creemos que el tema de la presión que ejerce el Gobierno nacional tiene que ver con lograr una mayor rentabilidad industrial y no con la conveniencia a nivel provincial o ambiental», insistió Agulleiro.

Agulleiro se hizo eco de las declaraciones del secretario de la Cámara Minera de Chubut, Julián Hernández, en cuanto a sus críticas al Acuerdo Federal Minero. «El planteo que hace pone en valor la decisión de Mario Das Neves de no avalar el Pacto Federal Minero, porque era un pacto que de alguna manera únicamente buscaba la rentabilidad de las empresas, afectando la recaudación y las regalías que podían tener las provincias», sostuvo el ministro de Ambiente. Y repasó que «tampoco establecía ninguna cuestión que regulara el tema de preservación ambiental. Por lo cual entendíamos que no era lo más conveniente para el desarrollo de la actividad».

También dijo compartir Agulleiro lo expresado por Hernández en cuanto a que «en países donde la actividad está desarrollada, se cobran regalías superiores al 16% y nosotros acá estamos pensando en cobrar un 3% del 2,5 (que son los Ingresos Brutos), o sea menos del 8 por mil».

«Creemos que el tema de la presión que ejerce el Gobierno nacional tiene que ver con lograr una mayor rentabilidad industrial y no con la conveniencia a nivel provincial o ambiental», insistió Agulleiro.

«El sector industrial que hace lobby por el desarrollo minero, tendría que hacer un acuerdo inicialmente para comprometerse a resolver el problema ambiental actual, y mostrar de esta manera a la comunidad que hay un compromiso y no es sólo discursivo cuando se dice que vamos a hacer minería pero ambientalmente de manera correcta», reclamó Agulleiro ante empresarios provinciales que ven en la actividad minera posibilidades de negocios.
Insistió el ministro en que «primero acomodemos ambientalmente lo que existe para lograr la licencia social, para después avanzar un paso más», porque «en este momento ese discurso de minería con cuidado ambiental, es bastante vacío de parte del sector industrial».

Repasó Agulleiro que «tenemos una industria metalmecánica, metalúrgica, hidrocarburífera, pesquera, que en muchos casos no está debidamente ordenada a nivel ambiental y la performance ambiental muchas veces deja mucho que desear. Y cuando el Ministerio de Ambiente avanza en el ordenamiento y en exigir inversiones para lograr mejores parámetros ambientales, muchas veces el sistema industrial genera una reacción en grupo, lo que hace muy difícil poder lograr estos beneficios y estas acciones de índole ambiental».

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38539-el-sector-industrial-hace-lobby-por-la-mineria-y-tiene-un-discurso-vacio-en-lo-ambiental

Según datos oficiales que surgen de las declaraciones de la empresa al gobierno de la provincia de San Juan, desde el inicio de Veladero en octubre de 2005, la ex compañía Barrick Gold lleva pagados $1.850.283.736,73 en materia de regalías mineras, que distribuidos en los once años transcurridos equivalen a unos ínfimos $168.207.612,36 cada año. Esta cifra significa el 0,4 por ciento del presupuesto aprobado recientemente para el año 2018 que asciende a $42.500 millones. La verdad ante el mito del derrame económico y la solución financiera a las cuentas provinciales.

Se entiende por regalía a la contraprestación económica establecida por ley de la nación, mediante la cual los titulares de concesiones mineras pagan mensualmente y de forma obligatoria al Estado el 3% del valor del mineral en boca de mina.

A su vez, también se conoció que desde el origen de la mina y hasta la declaración jurada de diciembre de 2017, la empresa lleva pagados $460.976.104,26 en derechos de exploración al Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera (IPPEM). Teniendo en cuenta que la exploración del yacimiento comenzó en 1994, este monto siginifica tan solo $20.004.000 durante cada uno de los veintitres años transcurridos.

A pesar de las mínimas cifras señaladas, la prensa pro minera al igual que funcionarios provinciales continúan hablando del mito del “derrame económico” que produce la minería y de “los grandes beneficios que desde hace años viene generando a la economía local y nacional”. Está altamente demostrado que el único derrame que producen las mineras es el de tóxicos y la ruina de las economías regionales.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/san-juan/item/38548-regalias-minimas-toxicos-y-destruccion-abundantes-barrick-paga-solo-168-millones-anuales-en-san-juan

Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.

Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.

Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. «Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia», afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.

Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.

Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.

La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: «Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley». Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado «podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar».

Informe

Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros «cercanos» a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.

Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que «la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico» y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.

Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque «se hace referencia a un cuidado preventivo», y destacó que esa prevención «ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera». El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que «la ley puede ser mejorada» y señaló que tiene definiciones que «permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo».

Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: «Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración».

Consecuencias

Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares «implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos», y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.

«En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares», advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: «Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos».

Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.

El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2100669-para-impulsar-la-mineria-buscan-cambiar-la-ley-de-glaciares

Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida o severamente restringida: Chubut, Mendoza, Tucumán, Córdoba, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros. El Gobierno nacional quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país, y para ello planea enviar un proyecto al Congreso a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales. 

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que “el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/item/38510-gobierno-nacional-impulsa-una-ley-minera-para-que-se-explote-en-provincias-que-la-prohiben

Un grupo de intendentes de Chubut pidió impulsar el Proyecto Navidad, que prevé una inversión de u$s 1000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense, Mariano Arcioni, sucesor del difunto Mario Das Neves, los jefes comunales reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá «un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Negar el desarrollo minero es negar las posibilidades de desarrollo de la región y de superar una crisis de largo tiempo», subrayaron los intendentes de Gastre, Marcelo Aranda; de Telgen, Leonardo Bowman; de Los Altares, Mario Oviedo; de Lagunita Salada, Miguel Ancamil, y de Las Plumas, Miguel Colón. También suscribieron los intendentes de Paso de Indios, Mario Pichiñán; de Gan Gan, Ricardo Sapúlveda, y de Paso del Sapo, Víctor Candia.

En la carta a Arcioni, reflejaron sus conclusiones luego de un encuentro que mantuvieron con autoridades nacionales para analizar la posibilidad de tratamiento de la zonificación para permitir el desarrollo minero en Chubut y los alcances del Proyecto Navidad, de explotación de plata y plomo a cielo abierto.

En esa reunión, que se realizó en diciembre, estuvieron el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, junto con el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Trelew, Adrián Maderna; de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; de Dolavon, Dante Bowen; de Rawson, Rossana Artero, y de Sarmiento, Ricardo Britapaja.

En Chubut rige la Ley 5001, promulgada en abril de 2003, que prohibe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera, texto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en su constitucionalidad.

A pesar de la vigencia de la norma y de la expresa oposición del fallecido gobernador Mario Das Neves y de su sucesor Arcioni, la posible inversión de u$s 1000 millones por parte de la corporación Pan American Silver para explotar el yacimiento Navidad, reabrió el debate en la provincia.

Fuente:https://www.cronista.com/economiapolitica/Intendentes-de-Chubut-piden-al-gobernador-que-avale-un-proyecto-minero-20180109-0037.html

Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros.

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que «el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país», y para ello «planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales».

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará «sobre el importe total de ingresos brutos devengados», y ya no sobre el valor «boca mina» del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca «homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera», creando «una nueva plataforma de despegue para la actividad», que ofrezca «garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades».

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante «promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada», y que la Nación «mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera», lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal «la totalidad de la normativa relevante» y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

Fuente:https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-impulsa-una-ley-minera-que-destrabe-actividad-en-las-provincias-discolas-20180109-0040.html