Argentina

Asambleas por el agua contra la minería: “No queremos ser Jáchal”

El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.

Hasta el momento los senadores han escuchado a empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, especialistas y municipios. Finalmente, hoy fue el turno de las asambleas por el agua para exponer sus argumentos.

“Los pueblos tienen instinto y no se dejan llevar puesto por ningún Gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que no se lleven puesta a nuestra tierra. El agua de Mendoza no se negocia y la megaminería no tiene licencia social”, dijo uno de los vecinos.

“Cuando se contamine el agua se acaba la vida”, dijo otro durante su exposición.

Además, el mismo orador explicó que la actividad agrícola, las plantas de residuos cloacales y los hidrocarburos han contaminado la primera napa del acuífero norte.

“Si quieren eliminar el artículo 1 y 3 de la ley 7722 iniciaría la actividad de San Jorge, Hierro Indio y Sierra Pintada. Se van a contaminar los ríos Mendoza, Atuel y Diamante. También Potrerillos”, sentenció.

“No queremos ser Jáchal”, agregó.

Jésica Mercau. Tupungato

Por su parte, la representante de los autoconvocados de Tunuyán dijo: “Nos tildan de personas cerradas, dogmáticas que no quieren el desarrollo económico del país. Nosotros defendemos el agua. Queremos una Mendoza productiva, no extractiva”.

“¿Cuántos proyectos de energías renovables han presentado?”, los increpó.

“Cómo le van a explicar a la gente que la montaña va a estar llena de agujeros, que el agua va a estar contaminada. No somos ignorantes”, cerró.

Otro testimonio fue el de la representante de la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable. “Deberían legislar para sustentar la vida. No para que atente contra la vida. Abrir la puerta a la megaminería es burlarse de la gente de campo”, dijo.

Desde Guanacache expuso una joven que dijo: “Necesitamos soluciones reales a la crisis hídrica. Por eso resulta ilógico informar los problemas del agua y defender la 7722. Hay escasez de agua en Mendoza y en vez de discutir cómo salir de la sequía están viendo como modificar una ley que protege el agua”.

¿Van a comer y tomar oro? ¿Piensan que la actividad nos va a devolver las montañas, los ríos y los glaciares?”, le preguntó a los senadores.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=asambleas-por-el-agua-contra-la-mineria-no-queremos-ser-jachal
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La mina de uranio Sierra Pintada no puede reabrirse

Andrés Gil Domínguez, abogado que fue parte de los procesos judiciales que en su momento frenaron las iniciativas para reabrir la mina Sierra Pintada, afirmó que “la mina de uranio no puede reabrirse por más que cada tanto el discurso político haga una apuesta”. El proceso depende de la remediación de los pasivos ambientales que quedaron en el lugar cuando cerró la mina y el mismo se encuentra judicializado en el Juzgado Federal de San Rafael.

Gil Dominguez manifestó que “oportunamente interpusimos acciones de amparo que fueron obteniendo resultado positivo en términos de que se prohibía la reapertura de la mina Sierra Pintada en la medida que previamente no se remediara la cantidad de pasivos ambientales que quedaron. Y dejando sentado que aunque se remediasen estos pasivos, debía estar sometido a una audiencia pública, no podía ser automática, lo que estaba en juego es el derecho al medio ambiente y la afectación del sistema productivo de esa zona”. Reafirmó luego en entrevista con FM Vos (91.5) que tras esa remediación, la hipotética reapertura tiene que someterse a “una discusión amplia y profunda”. La Suprema Corte ratificó los fallos de las instancias inferiores.

Gil Domínguez dijo que “la remediación ha sido controlada judicialmente por el órgano que preserva el derecho al agua de Mendoza y por nuestros expertos. Todo ha sido autorizado por el juzgado. Quedan pasivos de tratamiento complejo, aún falta para la remediación total”.

En cuanto a los proyectos que buscan modificar la Ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza, el letrado expresó que “en la medida que la modificación de la ley permita la extracción minera, incorporando alguna de las sustancias prohibidas por la misma, estaría violando el derecho al ambiente. En materia de derechos humanos rige el principio de progresividad y no regresividad. Esto es, alcanzado determinado estadio de tutela de protección de un derecho, no se puede ni normativa ni fácticamente retroceder, por lo cual cualquier modificación que implicase una posibilidad directa o indirecta de usar alguna de esas sustancias, sería inconstitucional, estaría afectando otro derecho humano que es el derecho al agua”.

El proyecto del senador Alejandro Abraham busca cambiar la Ley 7.722, que en su artículo Nro 1 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Sin embargo, el cambio más importante que se pretende realizar a la ley, es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/42208-la-mina-de-uranio-sierra-pintada-no-puede-reabrirse?fbclid=IwAR1MOz5neIy_gY5V7ADcl207YtpYBEaNKjYUtBWKT0mbH17B5YuS7NPgrAg

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Cruce de posturas a favor y contra la minería en Legislatura

En el marco del debate instalado a nivel provincial hubo un cruce de posturas a favor y en contra de la minería en las barras ubicadas a los costados del recinto legislativo. El hecho fue antes de la sesión prevista para este jueves. Mientras que desde un lado reclamaban por “trabajo”, desde el otro llegaban críticas hacia la actividad.

Mientras tanto, en Comodoro, hubo una protesta afuera de las oficinas de Medio Ambiente contra la megaminiería.

La referente del sector, Zulma Usqueda, cuestionó en diálogo con La Cien Punto Uno que “hay una influencia muy grande por las empresas mineras, con charlas que intentan juntar gente, incluso ofreciéndoles trabajo, cuando sabemos que la vida útil de una mina es de 20 años”.

“Planteamos que hay una grave situación por la falta de control. Los trabajadores están pidiendo pase a planta permanente, cobrando de manera escalonada, y no se verifica cómo se está llevando la explotación petrolera”, cuestionó.

Fuente:https://www.adnsur.com.ar/2018/11/cruce-de-posturas-a-favor-y-en-contra-de-la-mineria-en-legislatura/

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Las asambleas por el agua pura volvieron a rechazar la minería

Faltando muy poco para que la discusión por la reforma de la Ley 7.722 llegue al recinto -se estima que será a mediados de este mes- las Asambleas por el Agua Pura de toda la provincia refutaron los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles para habilitar la minería metalífera.

Desde un posicionamiento histórico, hicieron un fuerte hincapié en los aspectos protectivos para el agua y el medio ambiente que tiene la norma, poniéndola en un contexto de crisis hídrica, que ya pasó a ser de sequía, según advierte la Superintendencia General de Irrigación.

Las distintas agrupaciones rechazaron las modificaciones que se están tratando en el Senado, en el ámbito de las audiencias que se están llevando adelante en las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación y Asuntos Constitucionales.

Uno de los aspectos que pusieron sobre el tapete los integrantes de la Asamblea por el Agua Pura del Este, fue la generación de fuentes de trabajo de la minería, frente a la afirmación de las empresas mineras de que va a haber un fuerte crecimiento del empleo.

En ese punto remarcaron  la caída de la mano de obra, a pesar de que desde el Gobierno Nacional se le otorgaron beneficios a principios del 2016 para dejar de pagar retenciones.

La exposición se basó en datos obtenidos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

«Me llama la atención que a pesar de la acción del gobierno nacional se esté apoyando a empresas que no están moviendo la economía», destacó Graciela Hermoso, referente de la Asamblea por el Agua Pura del Este.

«Entre octubre del 2015 al mismo mes de 2016 se registra una disminución del 7%, eso equivaldría a 5.500 personas menos en la actividad», apuntó.

Por otro lado, desde Acuyo, Desarrollo Sustentable, Silvana Jacoviak aseveró que se ha descuidado el agro, como una de las principales actividades económicas de la provincia y advirtió, «hay un fuerte avance de la contaminación y hoy no estamos cuidando nuestros recursos naturales».

En su alocución, también apuntó contra los legisladores: «Se han dado casos de muerte de flamencos por la explotación del litio y en este momento se está hablando de modificar la 7.722 parece una tomada de pelo. Nuestros legisladores tendrían que estar hablando de proteger la vida».

Sobre el final, un grupo de profesionales de la salud también puso reparos sobre la posibilidad de que se habilite el uso de sustancias tóxicas.

La exposición estuvo a cargo de Roxana Bruno, doctora en Inmunología de la Universidad de Barcelona.

«Tanto la megaminería como el fracking utilizan toneladas de sustancias tóxicas que quedan en el ambiente. Primero contaminan el aire y luego, lo hacen el agua. Hay países en el mundo que ya están viendo los efectos que esto trae para la salud, consecuencias muy negativas y están tratando de mitigarlas como en Estados Unidos, por ejemplo», indicó la experta.

«Al realizarse la minería extractiva hay peligro que estas sustancias lleguen al aire y tomen contacto con los seres humanos, afectando directamente a las vías respiratorias, al principio se manifiestan cuadros leves, pero con la acumulación de estas partículas podemos llegar a tener cuadros más complejos, como el cáncer», manifestó.

La especialista lamentó que su ponencia se llevara a cabo cuando los legisladores ya estaban abandonando la sala.

«Estos antecedentes sobre el impacto en la salud los recogimos para ellos para que puedan tener todos los elementos a la hora de dar su voto, es una pena que no hayan tomado nota de todo esto», señaló.

El próximo jueves se espera que sea la última audiencia pública antes del tratamiento de la ley, con la intervención de especialistas de agua y de referentes del gobierno provincial.

Votación con final abierto

Mientras tanto, se especula que la modificación a la ley 7.722 salga favorable en la Cámara de Senadores, pero hay divergencias tanto en el oficialismo, como en el mismo peronismo, que es de donde surgen las dos iniciativas.

Desde el justicialismo puro dejaron trascender que les hace ruido que mientras hay senadores oficialistas que están a favor, desde el Departamento General de Irrigación se diga que no hay agua para la minería, de acuerdo con las declaraciones que hizo Sergio Marinelli, recientemente.

Por otro lado, está el sector alineado con el kirchnerismo que tampoco ve con buenos ojos sacar la ley más allá que haya nacido de la misma extracción partidaria y las dudas están puestas en los controles ambientales para habilitar la minería metalífera.

Desde la vereda de enfrente, la coalición política que gobierna se mantiene expectante escuchando a todos los sectores, pero no estaría dispuesta a forzar una votación, como tampoco a hacerse cargo de los costos políticos, según indicaron desde ese sector.

Cabe destacar que hasta ahora el gobernador Alfredo Cornejo no se ha expedido sobre este tema.

Mientras tanto, ya se sabe que desde el Partido Intransigente votarán en contra de las modificaciones, al igual que la Izquierda. El senador Marcelo Romano adelantó que, de producirse los cambios en la legislación, llevará los planteos a la Justicia como lo hizo recientemente con el fracking.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/las-asambleas-por-el-agua-pura-volvieron-a-rechazar-la-mineria

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Chubut: se movilizan contra el intento del Gobierno de entregar el 70 % del territorio a la megaminería

La Asamblea en Defensa del Territorio convocó para hoy a una marcha a la Legislatura Provincial contra la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni. El jueves concentrarán en la Casa de Chubut (CABA).

La Asamblea en Defensa del Territorio convocó para hoy desde las 18 horas a una marcha a la Legislatura Provincial en Rawson contra la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni de entregar el 70 % de la superficie a la minería a cielo abierto. La acción incluirá una vigilia hasta la sesión de la Legislatura de este jueves. Ese mismo día concentrarán en la Casa de Chubut (CABA) desde las 12 horas.

“Convocamos a defender nuestro territorio el agua, el aire y sobre todo los derechos humanos, esencialmente el derecho a la salud, la vida, el sistema ecológico y medioambiental, porque así lo expresa como un deber constitucional de cada ciudadano la propia Constitución Provincial, reformada en el 94”, señaló Lucas Fossati, integrante de la Asamblea Rawson Playa, en diálogo con Radio 3.

En Chubut se quiere avanzar en rezonificar más del 70 % de la provincia para destinarlo a la minería a cielo abierto, con el consiguiente uso de sustancias tóxicas y dejando a más de 140 mil personas expuestas a la escasez de agua y a la contaminación de las cuencas subterráneas que hoy abastecen y permiten la producción agrícola y ganadera, entre otras actividades económicas.

“Marcharemos en contra de la minería a cielo abierto que las corporaciones y gobiernos pretenden imponer en toda la provincia en desmedro de la salud y el derecho a decidir de las comunidades que habitan el territorio”, señaló la Asamblea en Defensa del Territorio, quien desde hace casi 20 años viene denunciando la contaminación que esta actividad genera.

“Desde el año 2002 afirmamos con argumentos No es No. Contamos con evidencias latinoamericanas y argentinas que constatan que la minería a cielo abierto contamina naturaleza, cuerpos y sociedades. Por ello exigimos a nuestros legisladores que no traicionen al pueblo. Decimos NO a la actividad minera en Chubut y decimos NO a la zonificación que consideran imponer mediante escabrosas maniobras legislativas”.

Por el contrario, adhieren y respaldan el desarrollo de una economía regional agrícola-ganadera de pequeña escala, al desarrollo turístico rural, arqueológico y paleontológico.

Gobiernos mineros

Desde su asunción Macri está profundizando la apertura iniciada por el kirchnerismo hacia el extractivismo minero, intentando barrer con las distintas leyes provinciales que impiden su avance a lo largo del país. El Gobernador Mariano Arcioni sigue dando su aval político.

La marcha pasará junto a Casa de Gobierno, al Concejo Deliberante, la zona de Oficinas Judiciales, al Ministerio de Educación y finalmente a la Legislatura, para concluir entre la sede legislativa y la plaza central de Rawson, en donde habrá números artísticos y una vigilia hasta la sesión de este jueves.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta acción será acompañada por otra en la Casa del Chubut, Sarmiento al 1100, a realizarse este jueves 08 desde las 12 horas, para luego a las 15 horas sumarse a la tradicional Ronda de las Madres de Plaza de Mayo en la emblemática plaza.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.com/Chubut-se-movilizan-contra-el-intento-del-Gobierno-de-entregar-el-70-del-territorio-a-la-megamineria

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Imputan al ministro Bergman por la acumulación de mercurio en Veladero

El abogado ambientalista Enrique Viale informó en su cuenta de Twitter que la fiscal Alejandra Mángano solicitó la instrucción del Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la causa iniciada por la acumulación de 400 toneladas de mercurio en la mina Veladero, explotada por la multinacional Barrick Gold. El juez hizo lugar a la solicitud.

En el programa de ADN Federal emitido el 23 de septiembre pasado, se informó que la Barrick Gold “ha generado y almacena” 400 toneladas de mercurio cerca de ríos de donde toman agua potable varias personas.

El informe recordó las gravísimas consecuencias de un derrame de mercurio en la localidad de Choropampa, Perú. El hecho ocurrió el 2 de junio de 2000, cuando un camión que transportaba ese material volcó, derramando 150 kilos de mercurio.

En el sitio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), recuerdan que la empresa responsable de la explotación minera, Yanachocha, pagó a los pobladores de Choropampa entre 100 y 300 nuevos soles a los pobladores por cada Kg. de mineral recuperado; una semana después, cientos de pobladores asistieron a los centros de salud exhibiendo síntomas similares: ronchas en la piel, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos, diarreas. El Ministerio de Salud peruano consignó en un informe que fueron 1.600 personas las que se expusieron al derrame de mercurio. Entre los habitantes que sufrieron los efectos de la interacción con el metal, algunos han sufrido lesiones cerebrales irreversibles, daños renales, pérdida de la visión, entre otras consecuencias graves.

Viale explicó que el mercurio surge del proceso de separación de minerales propio de la actividad extractiva, quedando como residuo. Luego exhibió documentación de la propia empresa en la que constan las cantidades de ese elemento que se generaban en las operaciones diarias.

El abogado señaló que la acumulación de una sustancia contaminante en zona periglaciar está prohibida por la Ley de Glaciares (Ley 26.639), por lo que consideró que la situación no sólo es peligrosa para el ambiente, sino que también es ilegal.

Viale advirtió que la ubicación donde se encuentra almacenado el mercurio es cercana a la naciente de ríos que van hacia la cuenca Desaguadero-Salado-Chedileuvú-Curacó, que desemboca en el Atlántico; el lugar, además, está en una zona altamente sísmica, lo que constituye otro factor de riesgo.

Veladero dejó de vender el mercurio desde el año 2014, debido a su escaso valor internacional. Este año, el Subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría que conduce Bergman, Juan Andrés Trebino, había prometido para el segundo semestre el inicio de la operación de traslado del material.

Ese proceso acarreará riesgos en todo el trayecto, por la cantidad de Mercurio en juego y la alta peligrosidad del material.

Fuente:http://www.eldedoenlallaga.com.ar/notas/imputan-al-ministro-bergman-por-la-acumulacion-de-mercurio-en-veladero_4310/?fbclid=IwAR0xXM1wwg4rXGJlkEtTY5GVIsrLn7imsSQBs4pSlIsUgLGfEvELWUdDbXQ

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CENPAT CONICET y zonificación minera

Los directores de Unidades Ejecutoras de CONICET CENPAT han hecho público su posicionamiento con respecto a la zonificación minera. Transcribimos la declaración. En ella se rechaza el modelo de desarrollo minero propuesto.

En función de la información dada a conocer públicamente, los directores de las siguientes Unidades Ejecutoras del CCT CONICET-CENPAT: IPEEC, IBIOMAR, IPCSH, IPGP, INBIOP, IDEAus y CESIMAR se manifiestan en desacuerdo con el proyecto de zonificación minera que habilitaría dicha actividad en más del 60% del territorio chubutense. Lo hace, en primera instancia, basado en el carácter extractivo de material primario con baja intervención del Estado que caracteriza dicho proyecto.

Consideramos que el aporte del sector científico y tecnológico a un debate serio e inclusivo permitiría ahondar temáticas claves para la discusión sobre el Desarrollo Territorial de la Meseta Central y otras regiones afectadas. Pensamos en un plan de articulación con el CONICET, las Universidades y otros organismos de ciencia y técnica de manera de garantizar opinión diversa a partir de profesionales de todas las áreas del conocimiento. Entendemos además que dicho conocimiento debe complementarse con aquellos saberes provenientes de las comunidades involucradas, las que deberían ser parte del diálogo en cuestión.

En este sentido, creemos importante la creación de una Agencia Estatal de regulación de caracter autónomo y autárquico y con manejo de recursos económicos y profesionales para enfrentar las demandas que surgen del monitoreo y control socio-ambiental de la minería.

Creemos necesario abrir un debate fundamental y trascendental para el tema de la minería, consistente en la exploración de modelos de desarrollo socio-económicos alternativos, tales como la agricultura familiar y comunitaria, una ganadería basada en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la implementación de una Economía Social para los productores de la región, o cualquier otro modelo que apueste a diversificar la matriz de producción de la Meseta Central y otras áreas de la Provincia del Chubut sin caer en el modelo extractivo minero como única alternativa.

Por lo expuesto, los Directores de las unidades ejecutoras del CCT CONICET-CENPAT que firman al pie manifiestan su rechazo a un modelo de desarrollo minero que no establezca un rol claro para el Estado, las organizaciones civiles, el sector científico y tecnológico, y que arriesgue los recursos naturales de nuestra provincia y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42192-cenpat-conicet-y-zonificacion-minera

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La Provincia dice que no está autorizada

“No hay autorización de Minería”. El secretario de Minería de la Provincia, Aldo Bonalumi, aseguró que ninguna cantera de La Playa está autorizada para extraer el granito.

“La Provincia no puede otorgarle certificado de productor minero porque no cumplen con muchas obligaciones; entre ellas, la tenencia del suelo”, afirmó.

“En este momento no tendrían que poder trabajar y la cuestión ambiental está en trámite”, dijo Bonalumi, quien agregó que las canteras fueron clausuradas por Minería y por la Policía Ambiental.

“La Provincia no ha autorizado la explotación de esa área. Es una explotación vieja, pero se tienen que actualizar los permisos, lo estudios de impacto ambiental”, expresó.“Cuando siguen trabajando a pesar de las clausuras, el tema debe seguir en la Justicia”, acotó y enfatizó: “Exigimos que el que explota tiene que demostrar que realmente es el dueño del superficiario”.

Explosiones

A través de la ley 10.308, la Legislatura provincial creó en 2015 la Reserva Arqueológica de Guasapampa junto con la del Quilpo.

La legislación señala claramente que en las áreas comprendidas en las reservas “todo trabajo de excavación, construcción, edificación, actividad agrícola, trabajos de minería en cualquiera de sus fases, industriales, u otros de índole semejante, no podrán iniciarse sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación”, que en este momento es la Agencia Córdoba Cultura.

Este jueves, mientras La Voz recorría la Reserva, se escucharon explosiones y el ir y venir de máquinas fue incesante.

Trabajos de arqueólogos –entre los que se destaca el de Carlos Romero a finales de la década de 1960– dan cuenta del valor patrimonial del arte rupestre de la zona.

Romero relevó de manera exhaustiva las pinturas rupestres y los elementos de extremo valor arqueológico que existían en la región. En un relevamiento más reciente –realizado en 2006 y en 2007 por los antropólogos Alfonso Uribe y Soledad Ochoa– se encontraron 43 aleros (con 450 figuras) en una zona arqueológica de cerca de 21 kilómetros cuadrados.

Fuente:http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-dice-que-no-esta-autorizada

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Punto final para la megamineria en Cordoba

El Ministerio Público Fiscal de la Nación ratificó la Ley 9.526 de la provincia de Córdoba que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, la extracción de minerales nucleares como el uranio y el torio, y el uso de determinadas sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.

 

El viernes pasado, el procurador fiscal Víctor Abramovich, opinó que la Ley 9.526, vigente en la provincia de Córdoba y que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, es constitucional, en respuesta al caso que había iniciado la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) contra la ley provincial. Los demandantes pedían la inconstitucionalidad de la ley cordobesa, vigente desde 2009, y señalaban que las restricciones estipuladas a la actividad minera vulneraban sus derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita y el de propiedad.

Pero el procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia cordobés que había rechazado la demanda contra la ley provincial. Además, señaló que la ley local es razonable, ya que constituye una medida de tutela esencialmente preventiva y no afecta derechos de las empresas mineras, si se tiene en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades allí prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.

En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental. Recordó que esos principios deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.

El representante del Ministerio Público Fiscal ponderó, además, estudios técnicos presentados en la causa y los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit (“Los Gigantes”) que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta el año 1991, y que produjo serios pasivos ambientales que carecen de una remediación definitiva. Frente a estos antecedentes, advirtió que los empresarios mineros no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/cordoba/item/42179-punto-final-para-la-megamineria-en-cordoba

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De la resaca del neoextractivismo y los extravíos del progresismo, a los acechos del neofascismo. Reflexiones sobre la actual coyuntura política latinoamericana.

Presentamos una nueva entrega del dossier “Alternativas populares en debate” donde luchadores sociales e intelectuales críticos comparten su mirada, el análisis y su pronóstico para el ciclo de luchas necesario para una transformación profunda de la sociedad. Compartimos aquí las opiniones de  Horacio Machado Aráoz*

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países (a corto plazo, Argentina o Brasil) e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable. La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora -con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista-, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial. Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global. Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades[1].

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente perimido (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumo/ismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores. No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento -incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular- significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)… Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios. Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y reconceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita deconstruir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salir-nos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbanocéntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestramérica? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, eventualmente Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales. Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global). Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando esos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, esos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos. Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática -por lo menos desde Malthus- alienta una concepción de la sociedad basado en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: eso legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas -y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo- implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc. A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

3) ¿Qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto. En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasmática[2] del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha[3], y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neokeynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc. Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Un Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal. Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa. Creo que estos movimientos -a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica- vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la sociobiodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza. Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria. Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática. Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva.

 

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos[4] que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida. Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone -a mi modesto entender- en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

 

Investigador de CONICET. Coordinador del Equipo de Ecología Política del Sur (CIT-Catamarca Conicet– UNCA). Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Fac. de Humanidades (UNCA).

[1] Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”. Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

[2] Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico, http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.

[3] Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezonala, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).

[4] Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

 

Fuente:http://contrahegemoniaweb.com.ar/de-la-resaca-del-neoextractivismo-y-los-extravios-del-progresismo-a-los-acechos-del-neofascismo-reflexiones-sobre-la-actual-coyuntura-politica-latinoamericana/?fbclid=IwAR3yVBXSPrjmEPC8bpVjEHKBB6tkcUAdI9mg4p0Fd-d2ngJS5WSb-CDNbkk