Argentina

Minería, Inversión Extranjera Directa y desigualdad

Mucho se habla en estos momentos acerca de la creación del Ministerio de Minería por parte del gobierno de Fernández y sobre quiénes podrían ocuparlo ¿Corpacci? ¿Hensel? ¿Micone? Más allá de los nombres, lo que se escucha es que la minería se convertiría   en uno de los instrumentos que le permita al Estado Nacional recibir inversión extranjera directa. Como si ello resolviera la crisis.

El verso sobre el trabajo y el desarrollo local de la mano de la minería ya lo hemos tratado en artículos anteriores (ver aquí y aquí). Veamos ahora si es posible que la minería, considerada una actividad de“Inversión Extranjera Directa” (IED), representa una locomotora de desarrollo para las economías receptoras tal  como se sostiene desde la doctrina neoliberal.

 

Las Inversiones Extranjeras Directas se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de los países empobrecidos. Lo subrayamos: no son fuentes de producción e industrialización, son fuentes de financiación y sabemos que cuando financiamos, terminamos pagando más de lo recibido.

Las principales responsables de las IED son las empresas transnacionales a través de las fusiones y adquisiciones transfronterizas y no de la inversión en la construcción de nuevo tejido productivo.

Los motivos que llevan a estas corporaciones a realizar inversiones en otros países son, entre otros, la obtención de recursos naturales y mano de obra de bajo coste, así como el acceso a mercados mayores o en crecimiento. En definitiva, el motor de la IED es la búsqueda de un incremento en los beneficios de la empresa. Por tanto, existe una incoherencia entre las virtudes que el discurso neoliberal atribuye a la IED “el potencial de generar empleo, aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología”.

La entrada de IED impulsa y aprovecha los procesos de privatización (Leyes mineras en Argentina) y mercantilización de bienes y servicios fundamentales para la vida digna de la población: nuestra agua, los servicios de la comunidad como por ejemplo nuestra electricidadLa consecuencia directa de esto es la exclusión del acceso a esos bienes por parte de las mayorías sociales y la transformación de derechos universales en mercancías. Pensemos, por solo poner un ejemplo, si en Argentina la privatización de la empresa de servicios eléctricos privatizada en los 90 ha podido garantizar la provisión de energía a la población. O si después de 30 años de privatización todos los habitantes tienen gas natural.

La inversión en actividades extractivas, que tiene fuertes impactos culturales, económicos, ambientales y sociales en las comunidades que habitan los territorios en que se desarrollan las explotaciones, tampoco tiene efectos positivos en términos puramente macroeconómicos, porque constituye un trasvase neto de riqueza hacia las economías centrales, mediante la exportación de las materias primas y la repatriación de beneficios. Es decir, el producto de lo que se extrae no queda en el territorio sino que se va al exterior.

Las medidas y acuerdos orientados a atraer a inversores externos tienden a desproteger y subordinar los derechos humanos de las poblaciones locales, a los intereses y el poder de las corporaciones, y arrebatan a los pueblos su soberanía. Treinta años de intensificación de la entrada de IED han perpetuado a América Latina como la región más desigual del planeta.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43256-mineria-inversion-extranjera-directa-y-desigualdad

Argentina

La megaminería NO promueve el desarrollo local

A continuación transcribimos fragmentos del mito/capítulo 5 del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”. Nos parece de suma importancia para Chubut divulgar los hechos y análisis que allí se relatan en momentos en los que, como el actual, las empresas mineras hacen lobby en las instituciones democráticas. Desenmascarar sus mentiras es un deber ciudadano.

Lo que se afirma aquí es que la megaminería NO GENERA DESARROLLO LOCAL. Y para demostrarlo, tomamos el caso de Bajo La Alumbrera en Catamarca.

Los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son los países donde se hallan radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cade- nas de valor a escala global. En el caso de países especializados en la provisión de materias primas, lo cierto es que ninguno de ellos ha superado la pobreza y el subdesarrollo gracias a la gran minería transnacional. En la Argentina, el caso de Catamarca ilustra esta situación.

Tras catorce años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el primer emprendimiento megaminero radicado en el país, el paisaje socioeconómico de la provincia no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores “sociales” con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población “asistida” a través de los diversos “programas socia- les” de los más altos del país, e incluso, con algunos valores superiores a la media de la región del Noroeste argentino (NOA). La acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la “evolución” de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras.

El “crecimiento” de la minería se ha dado en el contexto de una retracción de los niveles de actividad de la industria, la construcción y el sector agropecuario provincial, a tal punto que, entre 1997 y 2002, mientras que la variación del valor agregado del sector minero se incrementó en un 11.353,3%, la industria sufrió una variación negativa del 22,1% y la construcción del 47,7%. Un estudio oficial señala que “el sector minero constituyó la fuente de crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG) durante el período 1997-2002 […] compensando las caídas de las restantes actividades productivas” (DPPD, 2005: 70), lo que en realidad puede interpretarse como un sola- pamiento del deterioro de las capacidades productivas del territorio provincial.

Comparando los años anteriores y posteriores al inicio de las actividades de Minera Alumbrera, se puede observar una profunda transformación en la estructura productiva de la economía provincial. El crecimiento de más de 18 puntos porcentuales promedio de la participación del sector minero ha ocasionado una correlativa retracción de la casi totalidad de las restantes actividades; entre ellas, resalta la magnitud del retroceso de la industria manufacturera, con una caída de 10 puntos porcentuales, y del sector terciario en general, que desciende en 7 puntos en los períodos comparados.

Un estudio de una dependencia del propio Ministerio de la Producción del Gobierno de Catamarca, señala al respecto:

La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial (DPPD, 2005: 68).

Probablemente, por la veracidad de este “reconocimiento” tras más de doce años de funcionamiento de la explotación, la provincia de Catamarca siga registrando los peores indicadores “sociales”. El diario provincial de mayor tirada (y de orientación prominera) afirmaba:

Es habitual sostener que Catamarca es una provincia pobre. Deprimentes indicadores sociales parecen sostener el aserto.

  • Con el 25% de su población económicamente activa trabajando en el Estado -el mayor porcentaje del país-, el desempleo alcanza no obstante el 9,9% y la subocupación el 4,8%, lo que arroja a unos 30 mil catamarqueños con problemas laborales, sin tener en cuenta a los becados, figura legal con que se encubre el empleo precario de miles de jóvenes en la administración pública.
  • 9 mil personas cobran planes de empleo de 120 y 180 pesos por mes, aparte de la cobertura que brindan organismos nacionales como la Gerencia de Empleo, donde hay registra- dos 15 mil beneficiarios de programas de inserción laboral, seguro comunitario y seguro de capacitación y
  • El 56% de los menores de 18 años -unos 88 mil niños y adolescentes- reciben la Asignación Universal por Hijo. Se trata de la tasa más elevada de la
  • El 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos. 87 mil niños reciben ración diaria en comedores infantiles y
  • 30 mil familias reciben ayuda alimentaria a través de bolsones, tarjetas o Vales Pro 1.200 familias más obtienen alimentos por el programa Hornos y Cocinas solidarias. No hay registros oficiales unificados de otros subsidios otorgados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Legislatura provincial y hasta los municipios.
  • Catamarca tiene una tasa de suicidios de 13,5 casos cada 100 mil habitantes, superando en un 58% la media nacional de 8,5%. El embarazo adolescente, otro problema de la pobre- za y la falta de educación, alcanza el 20%, el nivel más alto del De estas madres, el 3,5% tiene menos de 15 años (Diario El Ancasti, 2010).

Y admite que:

La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura. Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras. Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%. […]

Y sigue:

“el discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido.”

El índice de pobreza del Gran Catamarca siempre ha sido mayor al promedio nacional, pero en los últimos años la diferencia respecto de ese promedio se ha mantenido, y en algunos períodos aumentó. En 1997 empezó a producir la mina Bajo de la Alumbrera, Catamarca, la más importante del país hasta hoy. Trece años después, en el primer semestre de 2010, según la metodología del INDEC en la Argentina había un 12,0% de personas bajo la línea de pobreza. Ese valor se elevaba a 20,9% en el Gran Catamarca, y a 14,4% en el Gran San Juan (INDEC, 2010). Los promotores de la minería suelen anunciar que, debido a la competencia de los altos salarios pagados por esta actividad, las demás se verán obligadas a elevar los suyos. Sin embargo, la presencia de Minera Alumbrera no ha revertido el bajo costo salarial privado en la provincia de Catamarca, que durante 2010 registró un promedio 19,4% menor al promedio nacional, mientras que en San Juan ese valor fue 21,7% menor a la media nacional (INDEC, 2011). Según el PNUD, en 2006, el Índice de Desarrollo Humano Ampliado promedio en la Argentina fue de 0,682. Pero resultó ser bastante menor en Catamarca (0,596) y en San Juan (0,586), provincias que ocuparon el 19º y 20º lugar entre 23 jurisdicciones (PNUD, 2009).

Un episodio vergonzoso, pero emblemático, da cuenta del modelo de desarrollo propiciado por este tipo de minería. En 2009, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Gerónimo Vargas Aignasse, de Tucumán, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas y comedores escolares, como así también a toda sociedad de beneficencia de niños carenciados de la Provincia de Catamarca y Tucumán”. La entrega de sobras a escolares y carenciados: ¿sería este el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O sería una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo concepto de “responsabilidad social empresarial”? ¿Acaso no era que la minería sería un motor de desarrollo provincial?” (Svampa y Viale, 2009).

Andalgalá fue declarada en emergencia económica a fines de 2009 por la gravísima situación financiera que enfrentaba el municipio.

 

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43244-la-megamineria-no-promueve-el-desarrollo-local

Argentina

Chubut: ambientalistas denuncian que los diputados son visitados por Pan American Silver

En la provincia del Chubut y montado en la actual crisis económica, vuelve con fuerza el intento de las empresas megamineras de instalarse definitivamente en la meseta. Ambientalistas advierten que diputados fueron visitados por Pan American Silver mientras los intendentes de la meseta presionan para que se vote antes del 10 de diciembre.

Vecinos auto convocados del No a la Mina volvieron a expresar su rechazo a la zonificación minera en Chubut y alertaron sobre operaciones de las mineras ante el cambio de mandato.


Las principales críticas apuntan a los diputados que cierran sus mandatos este año. El Extremo Sur de la Patagonia afirmó que «Pan American Silver visitó a todos los diputados. Por su parte los intendentes de la meseta, actúan como agentes de la minera canadiense y presionan para que se modifique el artículo de la ley 5001 que impide la zonificación minera y que prohíbe la megaminería.»

La intención de PAS está relacionada con que la minería es un gran negocio rentable. Según informa la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), esa industria en 2018 exportó por U$S 3.900 millones y hay un aumento de las exportaciones en la primera parte del año. Por eso el interés en poner en funcionamiento el proyecto minero Navidad, considerado el reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la minera canadiense Pan American Silver Argentina.

Pan American Silver promete invertir 1000 millones de dólares y extraer 22 millones de onzas de plata al año. Números mágicos ante la necesidad de dólares de la Casa Rosada y la gobernación. En este sentido, Alberto Fernández dijo “La minería tiene un rol central en un país que necesita crecer y exportar”, y sostuvo que “todavía hay muchos recursos no explotados por la Argentina en materia minera. En San Juan, en Catamarca, en Santa Cruz, y en muchas otras provincias que son reacias a explotar la minería también”.

La megaminería solo deja pobreza y contaminación. Esta empresa solo busca explotar y saquear nuestros recursos naturales ilimitadamente con la complicidad del gobierno y la justicia que permiten que estas multinacionales se asienten en nuestro país para hacer ganancias millonarias.

 

Chubut es una referencia nacional en la lucha contra la megaminería

En 2003, plebiscito mediante, la comunidad de Esquel logró frenar a la multinacional Meridian Gold. El 81 por ciento de los votos dijo «no» a la actividad extractiva. Producto de la movilización en toda la provincia se logró la Ley 5001, que prohíbe la megaminería. Los distintos gobiernos provinciales intentaron derogarla junto a las mineras y los intendentes de la meseta de Paso de Indios, Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso el Sapo, Lagunita Salada y Gastre, con la ayuda de todos los gobiernos que han pasado a nivel nacional desde hace 16 años.

 

La ayuda que han recibido de los gobiernos provinciales, además de darle todo el aparato político para logar su cometido, fue principalmente sacar, a las poblaciones de la meseta, todo apoyo económico que les permita desarrollarse en sus lugares. Desde no enviarles combustible para sus generadores eléctricos, como sucede en estos días en la localidad de Teka, hasta vaciar salas sanitarias o escuelas. Con esto abrieron el camino para que Pan American Silver cumpla el rol del estado, “done” combustible, servicios de internet, asista a salas de emergencia, etcétera.

Arcioni como fiel continuador de las políticas de Das Neves, aliado de Massa, Fernánez y ayer de Macri, es parte como ellos de los políticos patronales que promueven el saqueo y la contaminación de estas multinacionales. Solo la izquierda está planteando la necesidad de nacionalizar la legislación que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, o megaminería.

Aprovechando la crisis en la que está la provincia, Arcioni comenzó a cerrar filas con los empresarios megamineros y desataron una feroz ofensiva tanto económica, cómo de aprietes a los vecinos de la meseta. Muchos habitantes han contado como en los últimos meses están recibiendo la visita constante de representantes de Pan American Silver acompañados por la policía provincial para «convencerlos» de apoyar los emprendimientos y vender sus campos. Pese a todo este poderío económico y el poder de coerción con el que cuentan, avalado por el gobierno provincial, los vecinos de la meseta siguen resistiendo y organizándose.

Con el cambio de gobierno, en el que continúa Arcioni y se ha unido todo el peronismo de la provincia tiene mayoría propia en la legislatura, y bajo la égida de José Luis Gioja, uno de sus más férreos defensores y protector de la megamineria y de los intereses de Barrick Gold, es por esto que las asambleas chubutenses han entrado en estado de alerta. Sumándose el hecho de que la mayoría de los diputados provinciales no renuevan sus bancas y que la experiencia que se vivió en el 2014 está fresca en la memoria.

En ese año, cuando se intentó que se apruebe un proyecto de ley de iniciativa popular que vetaba en forma definitiva el ingreso de las empresas megamineras a la provincia, el cual contó con el aval de más de 13000 firmas reconocidas por el tribunal electoral. Pero todo este esfuerzo se troncó al tomar estado parlamentario; legisladores de ese momento deformaron para convertirlo en un proyecto pro-megaminero, llegando al extremo de que un diputado justicialista recibía mensajes de un empresario minero diciéndole que tenía que cambiar de la ley en plena sesión.

Por esto y por todo lo que hemos vivido durante años las asambleas están de guardia en la legislatura provincial todos los martes y jueves ya que los legisladores han decidido duplicar las sesiones en lo que les queda de mandato.

Alberto presidente

Además a nivel nacional, como también se vivió durante muchos años, se apuesta fuertemente al desarrollo megaminero. Alberto Fernández fue claro en todos los medios que su intención era exportar el modelo megaminero de San Juan a todo el país.

El 6 de noviembre se realizó un cónclave con figuras del PJ, empresarios y sindicalistas («Loma Avila») para crear un Observatorio y reflotar la organización Federal de Estados Mineros, desde la cual impulsar las políticas para” convencer” a las provincias que todavía resisten como por ejemplo Mendoza y Chubut. Y así lograr una minería para todes.

Pero la población chubutense y las asambleas que se oponen a los desarrollos megamineros entienden claramente que esta lucha se gana con organización y en las calles, en unidad de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Desde el PTS en el FIT Unidad estamos comprometidos contra el saqueo, explotación y contaminación de nuestras tierras. Todos los gobiernos apoyaron el modelo “Barrick Gold” que afecta a poblaciones enteras. Por eso estamos en contra de la megaminería y del proyecto Navidad.

Ante este nuevo intento de aprobar la megamineria en la provincia decimos:

 

  •  Nacionalización bajo control de los trabajadores con participación de la comunidad y las organizaciones socioambientales de la explotación de los recursos naturales. Abajo el reaccionario código minero hecho al servicio de la ganancia capitalista a costa del saqueo de los recursos.
  •  Movilización popular contra la megamineria. Que los sindicatos impulsen asambleas y llamen al paro general, y que los centros de estudiantes llamen a la movilización estudiantil con asambleas por facultad. Necesitamos ser miles para imponer con la movilización que se vayan las multinacionales mineras y defender nuestros recursos naturales.Desde el PTS en el FIT Unidad convocamos a toda la población para fortalecer este reclamo.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.com/Chubut-ambientalistas-denuncian-que-los-diputados-son-visitados-por-Pan-American-Silver?fbclid=IwAR3c2wFaao7OEAc9bnyBVL-hFlaJVpvRq_kps7S0BMt1rTQQ1mI01TcWxWY

 

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar,  etc.–  son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos.  El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico.  En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk,  portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone,  es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red.  La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de «Arabia Saudí del Litio», describe en estos términos el Salar del Atacama:

«Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama».

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar,  etc.–  son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos.  El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico.  En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk,  portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone,  es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red.  La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de «Arabia Saudí del Litio», describe en estos términos el Salar del Atacama:

«Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama».

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

“[Explotar el litio] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como…trágico, o sea… como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado harto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido conservar muchos años… Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no tenemos nada más que hacer, porque no podemos luchar con algo tan grande.  […] Pero si la luchamos, si la gente se preocupa de poder conservar el agua…”.

Es evidente que necesitamos alternativas al petróleo, pero también pensar en los desafíos que presentan esas nuevas tecnologías y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos simplemente sustituir los autos que funcionan con hidrocarburos por autos eléctricos? ¿Qué papel debe cumplir el transporte colectivo y público en la lucha contra el calentamiento global? ¿Existen alternativas al litio como por ejemplo la batería de sodio? ¿Impiden la minería transnacional y los inversores financieros la búsqueda de alternativas al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con nuestros patrones de consumo la destrucción de ecosistemas de gran complejidad y diversidad como los de los salares? ¿Queremos asumir éticamente la destrucción de culturas milenarias y modos de vida y gestión de lo social alternativos al modo de vida occidental?

 

Fuente:https://kaosenlared.net/la-fiebre-del-litio-amenaza-a-las-culturas-indigenas-de-los-desiertos-de-sal-andinos-video/?fbclid=IwAR17vWoorsisFm5QrLDuBTq_k8DYYZvT3hnDT4vvCmO9OVdcErkjrOm_hJ8

Argentina

Gobierno argentino impulsará proyecto de ley de cierre de mina en Congreso

En lo que resta de su período legislativo de primer mandato, Mauricio Macri quiere implementar una nueva regulación para garantizar una gestión financiera y ambiental ordenada de los cierres de minas.

Los aliados de la coalición del gobierno en el Congreso están buscando consenso para aprobar un proyecto de ley destinado a abordar los desafíos del cierre de minas, informó Perfil.

«Necesitamos contar con herramientas de gestión regulatoria para llevar a cabo las etapas de cierre, que todos los proyectos mineros experimentan, que involucran el cierre de operaciones y controles posteriores al cierre, sin pasar por alto los aspectos financieros», dijo la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, a la agencia de noticias Télam.

El sector quiere garantías financieras incorporadas a la ley. Según los informes, estos están siendo revisados por legisladores.

Sánchez dijo que el objetivo es «agregar una regulación que ofrezca una serie de mecanismos financieros para abordar proyectos de todos los tamaños, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierre progresivo y que no tenga impactos de financiamiento antes de lo esperado para que una operación, en su cierre, puede remediar cualquier daño imprevisto”.

«Las mejores prácticas implicaron la financiación progresiva de proyectos de gestión para evitar daños ambientales acumulados y para que un proyecto pueda incorporar en su planificación la inversión social y ambiental que requiere un cierre», agregó.

El proyecto de ley incluyó consultas con organizaciones internacionales como ICMM, APEC, el Banco Mundial, el Gobierno de Australia Occidental, el Gobierno de Queensland y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, con el apoyo técnico del Instituto Canadiense de Recursos Internacionales y Desarrollo (CIRDI ).

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1712

Argentina

Que la experiencia nos valga

El humilde testimonio y la experiencia del pueblo de Jáchal, víctima de las megamineras: «No los dejen entrar»

Transcribimos a continuación fragmentos de una nota de la Asamblea Jáchal No se Toca publicada en biencuyano y destinada al pueblo mendocino con motivo del avance minero y sus pretensiones de derogar la Ley 7722. Chubut  vive un proceso similar al de Mendoza porque también peligra la Ley 5001.

 

La historia se repite. Los argumentos se repiten. La voracidad de los empresarios en complicidad con ciertos sectores políticos siempre está al acecho de nuevas oportunidades.

A aquel pueblito perdido en la vecina provincia de San Juan, llamado Jáchal, a 160 km de la capital, también le prometían progreso, trabajo, ilusiones, cuando llegó la megaminera multinacional Barrick Gold y su millonario proyecto productivo de Veladero.

Hubo voces contrapuestas, miedos, esperanzas, plebiscitos, entre su pobladores. Periodismo «comprado» por pauta empresarial, políticos que resaltaban las inversiones extranjeras, alentaron a que la propuesta se concrete.

Después de soñar…luego llegó la realidad. La contaminación del agua, la producción de la agricultura en crisis, el trabajo prometido solo era especializado lo cual dejó afuera a la población local. Nada era tal como lo prometían en un principio.

 

Las promesas y enunciados esperanzadores de algunos se diluyen con la realidad de otros. Tal es el caso de los luchadores Asambleístas de Jáchal No Se Toca que vienen sufriendo desde hace años las consecuencias de la megaminería.

EL AGUA PURA ES UN BIEN DE TODOS…

LA CONTAMINACIÓN LA TRANSFORMA EN UN MAL PARA TODOS.

 

En la República Argentina existe un pequeño pueblo ubicado en la parte norte de la provincia de San Juan llamado Jáchal, que desde que se instaló, en 2003, la irresponsable canadiense Barrick Gold en la mina Veladero en las nacientes de su río tuvo el temor que esto pusiera en peligro el agua que calmo la sed de sus antepasados durante ochocientos años.

Ese peligro se transfiguró en contaminación concreta de la cuenca del río Jáchal un día de septiembre de 2015, envenenando su agua con cianuro y mercurio más de una docena de veces desde entonces.

Las megamineras y los distintos gobernantes lograron en pocos años interrumpir esa loable función, de dar vida a lo largo de todo su recorrido, que tenía el río Jáchal desde que habitaban estas tierras Capayanes y Yacampis.

En palabras de Jacques Cousteau: “Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”.

 

No existe pueblo que haya progresado en base a la megaminería, todo lo contrario. Acá estamos con los mismos índices de desocupación y nuestras economías regionales quebradas, situación disfrazada hábilmente por municipios que encubren la situación con miles de contratos basura que tienen de rehén a las poblaciones. Hasta los porteros de las escuelas en todo San Juan son contratados –cuasi esclavos- por $8.000 al mes.

Aprendan de nuestro mal ejemplo, NO LOS DEJEN ENTRAR en ningún otro pueblo, porque una vez que entran las megamineras, se contaminan las fuentes de agua y las fuentes de información; se contamina el aire, el ambiente y, también, las universidades, la ciencia, la religión y la sociedad toda. Todos los valores se trastocan.

 

Las provincias cordilleranas hemos aprovechado nuestra agua para ser los vergeles que nos legaron nuestros antepasados, y así hemos construido nuestra identidad y nuestro desarrollo, defendámoslos.

Los pueblos cordilleranos somos hijos del Ande, y nuestra madre es el agua, no podemos destruir el origen de la vida.

Por nosotros, por los que pasaron y por los que vendrán, que la conciencia prime sobre todo interés espurio. No los dejen pasar.

ASAMBLEA  JÁCHAL  NO  SE  TOCA

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43228-que-la-experiencia-nos-valga?fbclid=IwAR1K3LvYgfPcl5DpeZ6wllAcQJZXN6ztGR7bwoUNecjFWyljmDTn_YHcw1E

Argentina

Catamarca: contaminación imparable

En el ocaso de Bajo La Alumbrera y el surgimiento de Agua Rica, los desechos del dique de cola del megaproyecto se siguen filtrando. Las medidas de control tomadas resultan insuficientes y el caso estaría fuera de control.

El dique de colas es una obra de infraestructura de mina, cuyo principal objetivo es almacenar los sólidos remanentes del tratamiento del mineral por la planta concentradora y el dique de Bajo la Alumbrera es uno de los más grandes de Sudamérica, cuenta con varios derrames en su haber y hasta hay directivos procesados.

El desastre ambiental que produce Bajo La Alumbrera no se reduce a las filtraciones, sin embargo la empresa trata de controlarlas colocando bombas que retrobombean los desechos que escapan. Puede pensarse que las filtraciones continúan producto de la ineficiencia y la ineficacia de la empresa pero ya vemos que no hay membrana ni sistema de bombeo capaz de contener el volumen de desechos y sus drenajes y Bajo la Alumbrera es un ejemplo más que se suma a la catástrofe producida en Veladero.

Las filtraciones que jamás fueron controladas, siguen su camino hacia el río Vis Vis mientras la falta de estabilidad del dique hace temer a las poblaciones una posible ruptura. Estos temores se acentúan porque para la apertura de Agua Rica se utilizaría la infraestructura de Alumbrera.

Cabe destacar que la Universidad Nacional de Tucumán se negó a continuar con el proyecto sosteniendo que no es posible calcular el riesgo dada la cercanía de la población del punto de extracción.

Mientras, el dique sigue perdiendo desechos.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/43187-san-juan-contaminacion-imparable

Argentina

La UNT rechaza el proyecto Agua Rica

Ayer martes 5 de noviembre de 2019, en horas de la tarde el Consejo Superior de la UNT rechazó por unanimidad el acuerdo que firmó YMAD para avanzar con la explotación minera de Agua Rica.
A pesar de la sospechosa ausencia de los dos directores titulares que representan a la Universidad Nacional de Tucumán, cuestión que está siendo investigada por la Justicia Federal, el Consejo Superior de la Universidad rechazó el acuerdo que suscribió YMAD para avanzar con Agua Rica.

Ayer martes 5 de noviembre de 2019, en horas de la tarde el Consejo Superior de la UNT rechazó por unanimidad el acuerdo que firmó YMAD para avanzar con la explotación minera de Agua Rica.

Reivindico la lucha que se lleva adelante hace años por parte de la Agrupación Naranja y como ADIUNT junto a diferentes organizaciones, por la ruptura de la UNT con la megaminería contaminante.

Es preciso aclarar que los directores ausentes, cuya conducta se encuentra actualmente siendo investigada por incumplimientos de los deberes de funcionario público, se debe a que el rechazo de la UNT es el acatamiento a una cuestión que es de orden público. En consecuencia no puede ninguna ley ni marco normativo, modificar cuestiones relativas a la explotación minera cuando ésta rebasa los limites de la sustentabilidad.

Al respecto cabe recordar que el día 25 de Octubre de 2019, se realizó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal), contra todos los directores de YMAD, entre los que se encuentra el Lic. Ángel Mercado, esposo de la gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci Saadi.

La denuncia también incluye a dos funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a un Funcionario de la Secretaría de Minería de la Nación, por no cumplir con la Ley de Glaciares y respetar la prohibición establecida en el Art. 6 de la misma.

Las decisiones del Directorio de YMAD, que se encuentran plasmadas en las Actas N° 586 y 589, de las que se desprende la aprobación de las ofertas de integración de los yacimientos de Agua Rica y Alumbrera, y, que este accionar sería con la pretensión de explotar el yacimiento de Agua Rica, deben ser declaradas nulas por la Justicia Federal, por cuanto afectan el Orden Público.

Del mismo modo y para sostener jurídicamente la cuestión, sería oportuno que la el Consejo Superior de la Universidad nacional de Tucumán declarará ineficaz e irregular a los efectos administrativos, la decisión de YMAD en ausencia de sus dos directores titulares, a los que también les cabe, la consideración del tratamiento de su responsabilidad individual y eventual remoción de los cargos delegados y su reemplazo.

Cabe recordar que la conformación societaria de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio tiene los siguiente modos de participación: gobierno de la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43195-la-unt-rechaza-el-proyecto-agua-rica

Argentina

La Corte Suprema de Tucumán ratificó que minera Alumbrera contaminó

¡Histórico juicio!

Los vocales del máximo Tribunal integrado por Daniel Oscar Posse, Antonio Estofán y Daniel Leiva se expidieron a favor de los hermanos Carlos y Miguel Aranda, en un juicio por contaminación que le ganaron en primer y segunda instancia a la empresa minera Alumbrera.

El fallo judicial se desprende del juicio iniciado hace más de 10 años por los hermanos Aranda en contra de empresa minera Alumbrera Ltda. y de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) por contaminación.

“Estamos contentos con lo que resolvió la Corte. Esperamos más de 12 años y por fin este histórico juicio llegó a su final. La Justicia nos dio la razón que la minera contamina”, señaló, a primerafuente, Carlos Aranda.

Cabe recordar que hace 3 años y por primera vez una sentencia de la Justicia provincial ordenó a la multinacional a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri y aconsejó al Ejecutivo tucumano relevar los impactos sobre la población.

“La sentencia que dictó hace 3 años el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo, es clarísima. Minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sentó una jurisprudencia histórica en el país”, explicó uno de los demandantes.

Los abogados de la minera apelaron estas medidas, pero la Cámara que cuenta con tres jueces ratificó lo que dijo el juez de primera instancia. Volvieron a apelar y hace un año que la causa estaba en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán quien se expidió el 2 de septiembre pasado, a favor de los denunciantes.

«Ahora resta esperar que comience el cumplimiento real de todo lo expresado por los jueces a través de la setencia», remarcaron.

Temor por la salud de los vecinos

Para los agricultores oriundos de Alpachiri la definición por parte de la Justicia era urgente ya que temen por la salud de los vecinos de Alpachiri, El Molino y Concepción. Al respecto advierten que hay personas que sufren distintas patologías oncológicas y que guardarían relación con la polución de los acuíferos de varias localidades del departamento Chicligasta.

“La sentencia de Dip Tartalo, entre otras cosas, aconseja al Gobierno de la provincia que realice un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona, para detectar las enfermedades y/o patologías que guarden relación directa con la contaminación de la los acuíferos de la zona. Sabemos de muchos casos de pobladores que están enfermos con cáncer de hígado, intestino, leucemia, etc”, advirtió Miguel Aranda.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43198-la-corte-de-suprema-tucuman-ratifico-que-minera-alumbrera-contamino?fbclid=IwAR2sXJUt2N7bJPYGCSCvGcSnXDkx-Fr-ZpGykrgbOoUfIR5eeCdKHHbWz3k

Argentina

Mineras y sobornos: legisladores de Chubut en la mira

Puede no ser tan relevante si la «motivación» es una gran suma de dinero en efectivo, si es un cheque a una cuenta en las Islas Caimán, una propiedad en algún lugar lejano, o incluso si se trata de un cargo en el gobierno nacional, una embajada o alguna conducción partidaria.

 

Chubut se encuentra nuevamente en una situación de asedio empresario minero en complicidad con sectores políticos provinciales y nacionales, ante la presión para instalar a PanAmerican Silver en el Proyecto Navidad, un yacimiento de oro, plata y plomo. El paso necesario, una vez más, transita por la Legislatura.

La ambición vendepatria, cuando corrompe el alma de un legislador, es un virus muy difícil de eliminar. Y afecta por supuesto a toda la sociedad, además de convertir en desperdicio las cuantiosas sumas de dinero que reciben como pago desde el Estado, incluyendo  dietas (sueldos) y adicionales, pagadas por supuesto con los dineros aportados por el Pueblo.

Ha sido el caso de los ex-legisladores -si bien algunos continúan en funciones- que a fines de 2014 arruinaron la primera experiencia del sistema de presentación de leyes por Iniciativa Popular en la provincia de Chubut.

En esa ocasión los supuestos «representantes» legislativos se atrevieron a cambiar el texto al proyecto de Ley que la población había elaborado a través de las asambleas de vecinos de la provincia para lograr la prohibición de la megaminería en el territorio provincial, elevándolo junto a las 13.007 firmas de chubutenses que lo acompañaron.

El escándalo fue tan grande que generó marchas de repudio a los diputados y diputadas que traicionaron el trabajo de asambleas y vecinos de toda la provincia, e implicó la caída irrecuperable de la imagen pública de las instituciones y partidos políticos en general, y del Frente para la Victoria chubutense en particular, dado su protagonismo en la generación de la infame maniobra.

Es necesario destacar que pocas veces estuvo en semejante peligro el territorio, los cursos de agua, los ecosistemas y en especial la salud a largo plazo de la población actual y futura, como en esos meses durante los cuales estuvo vigente la «ley mamarracho» -como se le llamó acertadamente.

Durante los días previos, durante la sesión y en los días siguientes, algunas voces se alzaron desde dentro de la cámara de diputados para denunciar las prácticas desleales en que el fraude legislativo se fue gestando y finalmente se concretó.

Unos pocos legisladores pusieron blanco sobre negro y denunciaron las visitas de lobbistas de las empresas mineras, las presiones de espacios partidarios, y la circulación de dineros indebidos en pasillos y despachos de la Legislatura.

Una de esas voces fue la del entonces diputado Roberto Risso, de la UCR, que incluso llegó a presentar una denuncia penal ante la Justicia provincial que, por supuesto, no prosperó.

Hace unos días, casi cinco años después, los vecinos de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel pudimos tomar contacto con el ex diputado durante el programa radial que realizamos semanalmente.

En el transcurso de la charla pudimos recordar aquella infame sesión así como los días previos, y compartir las reflexiones sobre los distintos aspectos a tener en cuenta ante una posible reiteración de eventos en el ámbito de la Legislatura provincial bajo las presiones de empresas y de políticos nacionales y provinciales, entre los cuales se destaca el vicegobernador electo y actual intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.

Compartimos aquí con nuestros vecinos y lectores de otros lugares la charla con el Ex Diputado Risso.

Durante el contacto radial, el ex diputado reiteró que se distribuyó dinero a los diputados en 2014, así como que se ejerció mucha presión sobre todos los diputados, incluyendo reuniones que organizaba el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, reuniones a las que se prohibía el ingreso a quienes fueran críticos de la actividad minera.

Recordó la sesión del 25 de Noviembre de 2014, que pasó a a historia junto a la foto al celular del diputado Muñiz recibiendo instrucciones de un gerente minero,

Mencionó también «la entrega repugnante» de los recursos petroleros, además de la entrega de las arenas silíceas, en ambos casos dejando muy escasos recursos a cambio de nada. La ley de promoción minera de Chubut reduce el canon previsto en la normativa nacional, de un 3% a un 2%, a lo cual se debe agregar «la nula defensa del Estado al medio ambiente».

Ministerios que destruyen controles e instituciones

Puntualizó Risso que al crearse el Ministerio de Medio Ambiente hace unos años en la administración provincial, se dieron de baja muchos otros organismos del Estado que tenían la función de ejercer control y generar información -entre ellas la ex Dirección de Minas- y que pasaron a ser concentradas en el nuevo ministerio.

Como ejemplo de un caso afectado, indicó que «hasta el día de hoy no se ha hecho el control de las aguas del río Chubut a fin de establecer los niveles de contaminación provenientes del proyecto de uranio en Paso de Indios durante el último gobierno de facto».

Falsa interpretación de la zonificación

Retomando el tema de las normativas, y en relación a la Ley 5001 (hoy XVII-68 según el nuevo ordenamiento) explicó que la interpretación de la zonificación minera como un espacio habilitado para realizar megaminería es una tergiversación de lo que se establece en la ley 5001. «No es real que en ese artículo 2 de la ley se estableciera una zona de sacrificio. (…) Fui uno de los autores de esa ley, y hay que ir al debate parlamentario, si alguien tiene una sana duda» sobre el sentido de ese artículo. «La zonificación se puso de buena fe. No estábamos prohibiendo totalmente la minería. La regla general es que no se permite el cianuro, pero esto no está diciendo que no se permitan todas las actividades mineras. Entonces con la zonificación se determinará en qué lugares, y (…) qué tipos de minería -como puede ser la aluvional, (…)» estarían habilitados. La minería no es solamente de oro y plata! hay otros minerales que se extraen, las arenas silíceas son el mejor ejemplo. A eso se refiere la ley, y no como pretenden algunos, mal entretenidos y de mala fe, sostener que esa zonificación fue puesta ahí para determinar una zona de sacrificio en Chubut. Eso es una falsedad absoluta!»

Se refirió además a las restrictivas normativas nacional y provincial, «una ley de inversiones mineras que es tan perjudicial desde lo económico, que establece un canon del 3%, y que en Chubut se bajó al 2! Cuando se va al texto de la ley con los descuentos que se establecen para las empresas mineras, terminamos teniendo que ponerle plata nosotros para que se lleven el oro y la plata».

«Lógico que esos acuerdos se deben modificar. Es como los contratos petroleros: las consecuencias de la entrega del petróleo hasta el agotamiento las estamos viviendo hoy en el Chubut. ¿O alguien tiene alguna duda de que Chubut en la Argentina es una de las tres o cuatro provincias más ricas, que más riqueza produce, el ingreso per cápita supera los 20.000 dólares por persona, estamos a un nivel mucho mejor que Neuquén, y estamos en una situación en que no se pueden pagar los sueldos ni cubrir los servicios públicos esenciales. Cuando la educación entra en crisis, quienes más lo sufren son los más pobres. Es como el agua. Si el agua del río Chubut está contaminada, quienes lo sufren son quienes no pueden pagar el agua mineral. Cuando el Estado defecciona, cuando el Estado fracasa, o cuando está administrado en forma corrupta, y no ejerce los controles que debe ejercer, quienes pagan las consecuencias son los sectores más pobres.»

Arenas silíceas y regalías robadas
Se refirió también al escaso nivel de regalías que dejan hoy los otros recursos naturales que se extraen en la provincia, tal el caso del petróleo, la pesca, y más recientemente las arenas silíceas para la extracción de gas por el sistema de fracking en Vaca Muerta, denunciando que de los 200 dólares por tonelada que YPF paga sólo ingresan a la provincia 0,70 de dólar, preguntándose quién cobra el resto que falta, toda vez que se envían a Neuquén miles de toneladas de arenas silíceas. «Estamos hablando de miles de millones de dólares, en un estado provincial que no puede pagar los sueldos!».

Cuestionó además el ex legislador la contaminación que esas arenas silíceas generan, y la inexistencia de controles sobre la misma.

Las responsabilidades del legislador
Hizo además referencia a la necesidad de informarse y documentarse, una necesidad que vivió como diputado, y que suplió con textos, consultas personales y participación en foros y otros encuentros. En este sentido, remarcó el ex-diputado que «el legislador tiene un solo interés a representar, que es el interés público, no puede representar otros (intereses) … y el legislador debe formarse para defender ese interés.»

Las denuncias de sobornos en 2014

Como testimonio adicional queremos agregar una nota de aquellos días. Unos días después de la sesión, el 7 de Diciembre de 2014, el siguiente texto era publicado en el Diario El Chubut.

 

Quiere que sea derogada la ley…

Risso denunció que diputados recibieron dinero de las mineras

El diputado radical Roberto Risso avivó más el fuego provocado por la aprobación de la Ley que impulsa la consulta popular vinculante por regiones por el tema minero.

 

Denunció que hubo legisladores que recibieron dinero de las empresas mineras para votar el proyecto que fue una entera modificación de la Iniciativa Popular. «Pasaron muchas cosas feas en la Legislatura y no sólo una foto. Hubo diputados que cobraron dinero», denunció Risso, agravando la situación suscitada con aquella imagen del diputado del PJ Gustavo Muñiz, intercambiando mensajes con el gerente de una minera.

El legislador radical hizo declaraciones a una radio de Esquel que también reprodujo el diario Clarín, indicando que «esto a la sociedad le queda como imagen», y denunció que existe una «una estrategia para debilitar la credibilidad del Parlamento». Continuó Risso diciendo que «cuando el electorado insulta a la clase política putea a todos y no se salva nadie».

La semana pasada la mayoría legislativa integrada por el FPV y el tridente de diputados del PJ, modificó por completo un proyecto de Iniciativa Popular que pretendía inicialmente prácticamente la prohibición de la actividad minera metalífera en Chubut. Fue así que terminaron aprobando el proyecto modificado que suspende la actividad minera metalífera de primera categoría por 120 días, indicando que el Ejecutivo debe promover un debate para que, ante la existencia de un proyecto minero con impacto ambiental aprobado, se llame a consulta popular vinculante en la región donde se planifique la actividad.

Risso, junto a su compañero del bloque radical, José Luis Lizurume, promoverán un proyecto de derogación de la polémica ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo. Desde el jueves ya rigen los 120 días de suspensión de la actividad a raíz de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargaron de reiterar insistentemente que no hubo modificación alguna a la situación imperante antes del 25 de noviembre -cuando se aprobó el polémico proyecto- y que sigue vigente la Ley 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera con utilización de cianuro y a cielo abierto en todo el territorio provincial.

Las expresiones de Risso denunciando que hubo diputados que recibieron plata de las empresas mineras, se suman a otras escandalosas expresiones vertidas la semana pasada por el socialista integrante del FPV, Anselmo Montes, quien también afirmó que hay mineras que «compran a diputados y a jueces».

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/43114-mineras-y-sobornos-legisladores-de-chubut-en-la-mira