La polémica ley minera revive con pedido de excepción de Malargüe. Lo confirmó el jefe municipal Juan Manuel Ojeda. Caída de regalías del petróleo fue clave en reacción. No descarta pedir más autonomía.
La crisis económica derivada de la pandemia despertó el interés del municipio mendocino de Malargüe por reactivar la minería, que tiene luz roja en la provincia luego de que las protestas sociales llevaran al gobernador Rodolfo Suarez a vetar, a días de asumir en diciembre, una ley de aval a la extracción que había tenido aprobación legislativa tanto del oficialismo UCR como de la oposición PJ.
Así, el intendente Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) trabaja en un proyecto de ley para que su distrito quede exceptuado de los alcances de la normativa minera que rige en la provincia. Malargüe, al sur mendocino, tuvo en aquel momento prepandémico incluso contramarchas a favor de la minería. Allí creyeron que el aborto a la Ley 9.209 (que modificaba la 7.722) por no contar con licencia social era un golpe directo a ese municipio que se fundó alrededor de la minería y que cuenta también con la mayor parte de los desarrollos petroleros de la provincia.
El intendente Ojeda dialogó con Ámbito Financiero y confirmó la estrategia legislativa. “Malargüe es el 30 por ciento del territorio de Mendoza, si aprobara la ley se podría hacer minería basado en lo que piden los sectores ambientalista: licencia social y vocación territorial”, dijo el jefe municipal. Y agregó que el departamento es propicio para la minería”. Ojeda sostuvo que el proyecto tendrá una firma legislativa, pero lo presentará como intendente. Es decir, despega al gobernador de un tema que ya le ha traído dolores de cabeza. En el ámbito provincial confiaron a este medio: “Nosotros seremos espectadores, lo presenta Malargüe”. En la iniciativa se definiría una zona del Atuel hacia el sur donde no se podría hacer minería. Y, en plan de seducción, planteará que el 50 por ciento de los ingresos de regalías se destinen a obras hídricas en el resto de los departamentos.
A modo de flashback, a fin de 2019, Suarez dio marcha atrás con modificaciones a la Ley 7.722 que habilitaban el uso de sustancias químicas como el cianuro en la minería,tras la presión de grupos ambientalistas. En aquel momento este medio informó que la provincia no cerraba la puerta a dejar una excepción para Malargüe, que incluso amagó con su propia escisión de la provincia, adelantándose al MendoExit.
Consultado sobre esta cuestión, si bien Ojeda cree que podría repetirse el aval de UCR y PJ (incluso con guiños del gobierno de Alberto Fernández). Pero no recula sobre un MalargüExit: “Los malargüinos estamos molestos, estamos haciendo un sacrificio y nos encontramos con una realidad restringida. Queremos ir por el camino productivo, y no nos falta nada para poder ser un territorio más independiente. Malargüe es mas grande que Suiza, o que Tucumán. Podríamos tener vocación de una mayor independencia, pero la provincia nos necesita y nososotros a ellos”. Y advirtió que las condiciones del municipio son más semejantes las patagónicas que a las del resto de Cuyo.
La gota que hizo reaccionar a Ojeda está relacionada con no haber recibido coparticipación. El distrito vio caer las regalías por la baja del precio del petróleo y “porque no nos respetaron el precio del barril criollo, especialmente YPF”, dijo el alcalde. “Fuimos a cobrar y cuando nos descontaron los aportes y contribuciones, en vez de plata a favor debíamos $3,5 millones”, dijo. “Los legisladores saben de la fragilidad de Malargüe, es un territorio muy grande, tenemos que recorrer dos mil kilómetros para llevar agua potable a 400 vecinos, por ejemplo”. Malargüe, dijo Ojeda, genera dos tercios del petróleo de Mendoza y de las regalías que recibe la provincia el 6,3 por ciento queda en el municipio.
El intendente agregó que hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2 por ciento del territorio, con foco en minerales de primera cateogria: oro, plata, cobre. “No tenemos otras posibilidades de desarrollo real que no sea con la minería. Tenemos ordenanzas en favor y estamos terminando un plan de ordenamiento territorial. Nosotros los malargüinos debemos definir nuestro camino, siempre en el ámbito de ley nacional. No es una actividad ilegal”, concluyó Ojeda.
Fuente: Ámbito
https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-bienestar/en-mendoza-malarge-insiste-con-la-minera.htm

25/07/2020
Para que el personal de las mineras pueda llegar a los proyectos en explotación en las distintas provincias en forma rápida y segura, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), junto a la Secretaría de Minería de la Nación, trabajan en la puesta en marcha de un sistema denominado «Corredor Minero Federal» con Aerolíneas Argentinas.

Los trayectos que compondrían el corredor fueron diseñados a partir de un exhaustivo estudio de la cantidad de personal minero qué transita por el país, que se estima que son unas 4.000 personas, de las posibilidades de utilización de aeropuertos y las posibles frecuencias de traslado. En San Juan calculan que son unos 350 los profesionales, entre geólogos, ingenieros y técnicos que se desempeñan en otras provincias y que deben viajar periódicamente para que la actividad no se paralice

El «Corredor Minero Federal» se compone de una planificación nacional para que transite el personal técnico y profesional de las mineras desde sus lugares de origen y hacia su destino de trabajo y viceversa, buscando unificar y optimizar rutas aéreas y terrestres, para lograr un mayor control y eliminar -en la medida de lo posible- los transbordos y viajes adicionales, explicó Alberto Carlocchia, presidente de CAEM.

Las rutas aéreas que se están barajando son Salta-Jujuy, Jujuy-Catamarca, Catamarca-San Juan, San Juan-Santa Cruz y Santa Cruz-Salta.

El secretario Hensel sostuvo que «todo el plan en el que se está trabajando va a ser debidamente coordinado con las autoridades provinciales, tanto mineras como sanitarias. Para una observancia estricta de los aspectos sanitarios en virtud de la situación de pandemia».

Uno de los problemas que se presenta en esta actividad, en la que el personal suele estar 14 días en la mina y otros 14 en su casa, es el cumplimiento de la cuarentena obligatoria que disponen las autoridades sanitarias. Por eso el secretario explicó que «todo se va a coordinar». Y puntualizó que «las empresas son concientes de que nada se puede hacer sin un cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, nacional y provincial». (sic)

El plan en el que trabaja la CAEM, junto con Minería de la Nación, y el aporte de las cámaras mineras provinciales, también incluye el estudio de la logística para el traslado terrestre tanto desde los aeropuertos a los emprendimientos mineros, como así también al domicilio del personal.

Mientras tanto, en Jujuy, denuncian la falta de valor por la vida de los trabajadores puesta de manifiesto por parte de los empresarios de minera Exar (litio) y los malos tratos recibidos por exigir medidas básicas de sanidad ante el creciente foco infeccioso de Covid-19 entre los obreros de la multinacional. Evidentemente, el modelo chileno elogiado desde las políticas neoliberales sigue haciendo punta.

Como sabemos, en Chile, los contagios en la industria rondan los 5 mil y solo Codelco reporta 3.400 casos positivos confirmados, sostuvieron los parlamentarios en un comunicado. Hasta el momento, las regiones más afectadas son las de Antofagasta y O´Higgins, según informó el diario La Tercera. Tal es así que diversos parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley para que la minería entre en cuarentena y funcione con servicios mínimos durante 14 días, para frenar los contagios de Covid-19 en la industria minera y resguardar a los trabajadores y a las comunas productoras. En la iniciativa se dispone la suspensión parcial de las faenas que funcionen con más de 100 trabajadores en el territorio nacional.
Fuentes: Diario de Cuyo – La izquierda diario – Diario El Zonda

Que el saqueo no pare…

El municipio solicitó a Vialidad Provincial que se expida sobre si esa vía es pública o privada, pero aún no obtuvo respuesta. Por eso acudió al gobernador. Vecinos y ambientalistas denuncian el cierre con tranqueras por parte de la empresa minera que amplió su área de trabajo en esa zona de Sierras Chicas.
El camino, cerrado con tranqueras (Gentileza Miguel Lobos)
BENITA CUELLAR
28/07/2020
El municipio de Villa Allende solicitó al Gobierno de la Provincia, mediante una carta que lleva la firma del intendente Eduardo Romero, que interceda ante la Dirección Provincial de Vialidad para que resuelva con urgencia si el camino S522, que une históricamente esta ciudad con el paraje San Fernando, es público o es privado.

La petición surge a raíz del continuo reclamo que vienen realizando vecinos y ambientalistas del sector sobre la posibilidad de que la minera El Gran Ombú, con actividad en el sector, cierre ese camino que pasa por la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende y tiene conexión con el cerro Pan de Azúcar.

Además, la Municipalidad aclara que la insistencia de esta solicitud de información tiene sustento en las decisiones de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, mediante resolución 127 de 2015, y de la Secretaría de Minería, por resolución 31 del mismo año, que aprobaron la explotación minera por parte de esa empresa en una superficie de 110 hectáreas.

El secretario de Gobierno municipal, Nicolás García, afirmó a La Voz: “El pedido se hizo junto al Concejo Deliberante ya que Vialidad no respondió nuestras notas. La explotación está autorizada desde el año 2015. La minera ya está concluyendo la primera etapa y tiene permiso para explotar la segunda y la tercera”.

Pero para iniciar estos trabajos mineros, antes Vialidad debe resolver el tema del camino a San Fernando con una traza alternativa de “by pass” en ese sector.

“Entendemos lo de la cuarentena pero queremos que se expida urgente. Nosotros defendemos la postura de los vecinos de preservar el camino como público”, añadió García.

El camino, cerrado con tranqueras (Gentileza Miguel Lobos)
Patrimonio municipal

La zona, atravesada por el camino S522, tiene una gran riqueza natural, ya que allí se encuentra la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende creada en 2002 y protegida por ley.

Además conserva antiguos asentamientos de comechingones que forman parte del patrimonio histórico y cultural, empadronados por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

En el lugar viven alrededor de 10 familias, en campos colindantes a las hectáreas que compró la minera. También es usado por cuerpos de seguridad y rescate, deportistas y visitantes.

Desde 2010, vecinos y diversas organizaciones ambientalistas vienen denunciando que la empresa fue colocando carteles de propiedad privada en distintas instancias. Y desde fines de 2019 los volvió a colocar prohibiendo el paso.

El 25 de julio de 2020 los propietarios cerraron el camino con tranqueras.

Por eso, el Consejo Municipal Ambiental de Villa Allende reforzó la acción preventiva judicial, presentada en junio pasado contra Vialidad y la empresa por daños en el Juzgado de 44° Nominación Civil y Comercial, con una nueva denuncia adjuntando un registro fotográfico.

Además solicitó que se retire la cartelería actual y se coloque una nueva aclarando que el camino es público.

“Desde 2012 la cantera pone en duda si es público o no por la compra de campos de ambos lados”, indicó Joaquín Deón, geográfo e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas.

Asimismo señaló que se reunieron con la Secretaria Legal y Técnica del organismo, Mariana Fatum. «Nos planteó que se necesitan juntar las pruebas y que consideran la posibilidad del cierre de camino”, aclara Deón.

En tanto, este jueves 30, el Consejo Ambiental se reunirá junto a técnicos y abogados para definir estrategias para que los más de 70 bienes naturales y culturales se conviertan en patrimonio municipal, proyecto que ya fue presentado ante el Concejo Deliberante municipal.

Las respuestas

El Gran Ombú se instaló fuera de la reserva en 1987. Y en 2011 y 2019 compró nuevos campos para ampliar el trabajo minero ya dentro de la reserva. Para hacerlo debe atravesar el camino de San Fernando. Y este es el punto del conflicto.

El gerente institucional de El Gran Ombú, Pablo Serrano, señaló a La Voz: “Nuestro mayor compromiso es que no vamos a cerrar el camino. Sobre todo, garantizamos la seguridad de los vecinos”.

A su vez, aclaró: “Mantuvimos la actividad tal cual lo hicimos en una primera instancia dentro del yacimiento. No desarrollamos ninguna actividad en el camino que tenga que ver con la apertura de nuevas picadas”.

El gerente de la minera pidió llevar tranquilidad a la comunidad “hasta tanto se expida Vialidad para saber cuáles son las condiciones y de qué manera vamos a trabajar, y una vez que esto suceda convocaremos a una mesa de diálogo entre las partes”.

Por su parte, las autoridades de Vialidad informaron a este medio que están trabajando en el tema ajustándose a todas las normativas.

Además, aclararon que el trabajo que llevan a cabo es minucioso y no tienen plazos para una resolución.
https://www.lavoz.com.ar/regionales/villa-allende-camino-a-san-fernando-cerrado-y-un-conflicto-que-espera-salida

21/07/2020 | Argentina
La aplicación del «modelo minero» de San Juan en aquellas provincias con importantes riquezas en el subsuelo, no parece ser tan beneficioso para sus pobladores como se promociona. La obtención de la licencia social se busca a través de promesas de trabajo en pueblos donde la problemática mayor es la desocupación. Nuestra investigación basada en datos oficiales de los Informes de Diagnóstico Laboral Provinciales elaborado por el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del gobierno nacional, publicados entre noviembre de 2019 y enero del 2020, nos permitió llegar a esa conclusión.

Por: Noalamina.org
El discurso de quienes promueven la minería, como los empresarios mineros, proveedores mineros y gobernantes, que intentan habilitar la actividad en provincias que tienen leyes que prohíben la extracción de minerales metalíferos, está saturado de frases como: “La minería es un motor de desarrollo que impulsa la economía nacional”, “Es una actividad que genera empleo y crecimiento económico local”, “Crea muchos puestos de trabajo”. Sin olvidar que desde los años ’90, independientemente del partido político a cargo , es política del estado nacional desarrollar los proyectos mineros a lo largo y ancho de nuestro país. En Argentina, como en el resto de Latinoamérica la situación la podemos describir:

“La región se convirtió nuevamente en un “proveedor” por excelencia de ciertos recursos minerales estratégicos para el desarrollo industrial del mundo: en los últimos años, la riqueza geológica de la región ha abastecido el 45% del cobre, el 40% de la plata y poco más del 25% del zinc, el estaño y el oro que se consume a nivel mundial, siendo que en promedio, el consumo de minerales de la región representa apenas el 5% del consumo mundial.” (1)

El proyecto del gobierno de Alberto Fernández es trasladar el modelo minero de San Juan a aquellas provincias con importantes riquezas minerales en el subsuelo. Motivo por el cual, nombró en el cargo de secretario de Minería a Alberto Hensel quien fuera ministro de Minería en dicha provincia cuyana.

Uno de los temas más preocupantes de cualquier estado y de su población es la desocupación; por ello, con una mirada objetiva basada en datos oficiales comenzamos a investigar la relación de la minería metalífera con el empleo y si San Juan debía ser un modelo a seguir.

Basándonos en los datos aportados por los Informes de Diagnóstico Laboral Provinciales elaborado por el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del gobierno nacional, publicados entre noviembre de 2019 y enero del 2020, analizamos dos realidades en dos contextos geográficos diferentes: la región de Cuyo y la región Patagónica.

http://trabajo.gob.ar/estadisticas/informesprovinciales/index.asp

Seguir leyendo: https://noalamina.org/argentina/item/44097-san-juan-el-modelo-minero-que-no-convence

17/07/2020 Catamarca
Catamarca: Piden informes sobre los yacimientos mineros

El pedido es de la diputada Cecilia Guerrero. El Ancasti ya había informado sobre la falta de pago de canon.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (FT), presentó un proyecto de resolución donde solicita al juez de Minas de Catamarca, Guillermo Cerda, que informe sobre «la situación de los yacimientos mineros que conforman el Catastro Minero de la provincia».

La legisladora sustenta su pedido a partir de lo informado por la Secretaría de Estado de Minería con fecha 28 de mayo de 2018 sobre el estado catastral de minas cuyos titulares adeudan el canon minero. Esta información había sido publicada por El Ancasti en exclusiva.

En su pedido, Guerrero requiere conocer, entre otras cosas:

– Cantidad de yacimientos que se encuentran concesionados a los fines de su exploración y explotación.

– El estado de pago del canon minero por parte de cada uno de ellos.

– En caso de falta de pago, que se consigne si se intimó judicialmente a los titulares de los pedimentos mineros a ponerse al día y si luego de intimados, dieron cumplimiento a la intimación.

– En los supuestos en que no se haya dado cumplimiento al pago, informe que actuaciones llevó a cabo el Tribunal, de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimientos Mineros, a los fines de declarar la caducidad de las concesiones y la correspondiente vacancia de las minas.

En una nota que El Ancasti publicó el primero de junio, se informó que en el padrón minero de Catamarca figuran 2.284 yacimientos concesionados, y por prácticamente la mitad de ellos nunca se pagó un canon al Estado.

En ese artículo, se advierte que apenas el 38% de los concesionarios de minas pagaron un canon en los últimos 10 años.

Específicamente, de los casi 2.300 yacimientos reconocidos por la Provincia, 1.015 de ellos jamás pagaron canon minero. A esto debe sumarse que hay otros 298 yacimientos sobre los que no hay datos sobre el pago de sus cánones.

Este medio también informó que el Gobierno ya había advertido al Juzgado de Minas sobre las irregularidades y las deudas de canon minero en la provincia, tras comprobar la situación de muchos de los titulares de los pedimentos. Lo hizo la entonces Secretaría de Minería con un informe que elevó al Juzgado en mayo de 2018.

«Nada se conoce acerca de lo que hubiere realizado el Juzgado de Minas a partir del informe presentado relacionado con la situación irregular de los yacimientos mineros, en orden a la aplicación estricta de la normativa vigente, y si existen o no declaraciones de vacancias de minas anteriormente concedidas o pérdidas de las concesiones oportunamente otorgadas», señala la legisladora en los fundamentos del proyecto
Fuente: El Ancasti

Catamarca: más de 1000 yacimientos adeudan hasta el canon minero

30/06/2020

Noalamina.org
Bajo el lema “Nos deben una ley” Chubut lanzó la Segunda Iniciativa Popular contra la megaminería

Se cumplió una semana de la junta de firmas para el proyecto de ley de las asambleas en contra de la megaminería, que avanza con el compromiso y participación de cada paraje, comuna y localidad, en una provincia que desde el 2003 reafirma No a la mina. Por Flavia Nuñez para ANRed

El proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) 2020 es la herramienta legislativa elegida desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut –UACCh- para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios. La IP2020 fue lanzada el pasado lunes 22 de Junio en Esquel y demás pueblos cabeceras de costa y cordillera pero a una semana de la colecta la junta de firmas se extendió a toda la provincia, transformando la iniciativa popular en un contundente mensaje a la clase dirigente, especialmente al gobierno y legisladores/as. Es que la IP es un proyecto de ley que permite la participación de la ciudadanía y requiere de su aval para ingresar y ser tratado en la legislatura provincial. Esta es la segunda vez que las asambleas del no a la mina presentan un proyecto de estas características tras el fraude legislativo de la primera IP presentada y fraguada en 2014, acompañada entonces por la foto- escándalo del diputado que en pleno tratamiento del proyecto recibía órdenes de un empresario minero para hacerle modificaciones a la ley del pueblo. Se va la segunda clamaron las y los chubutenses y el apoyo de la comunidad fue inminente, y más potente que en la anterior IP.

Los pueblos que luchan Viven

Como expresa Guido desde provincia de Buenos Aires en apoyo a la IP2020, “esta es una enorme, heroica, trascendental, esperanzadora y digna campaña del Pueblo de Chubut para juntar firmas para prohibir por ley la megaminería en toda la provincia”. Y ese es el espíritu que transmite a todo el país esta lucha, que atraviesa la provincia patagónica con firmas que van desde Puerto Madryn a Esquel, pasando por localidades de precordillera como El Maitén, de la meseta como Yala Laubat y Gan Gan, comunas rurales como Facundo o parajes como Las Golondrinas, ciudades costeras como Comodoro Rivadavia, y del valle como Trelew, Gaiman y Dolavon; junto con la ciudad capital Rawson, capitana de la resistencia en legislatura.

La fuerza de la comunidad está en la decisión comunitaria. La segunda Iniciativa Popular en Chubut se lanzó en simultáneo en toda la provincia bajo el impulso, coordinación y organización de las asambleas que integran la UACCh pero cuenta con el apoyo de los demás sectores en lucha, entre los que destacan Salud, Educación, Multisectorial feminista, partidos y sindicatos de base, y los movimientos de trabajadores en resistencia, como el de las fábricas de Trelew Sedamil y Fyrsa. “No cambiamos sueldos por Megaminería”, concluyen, en una de las provincias más castigadas por el desgobierno de Mariano Arcioni, que desde hace tres años viene adeudando sueldos –en la actualidad con hasta dos meses de atraso- a las y los empleados estatales incluido el personal esencial de salud.

Por qué una Iniciativa Popular

La provincia de Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley fue sancionada en el año 2003 tras el contundente rechazo a la minería en la consulta popular del pueblo de Esquel en la que más del 81 por ciento de la población votó no a la mina y echó a Meridian gold de su montaña. Desde entonces la Ley 5001, denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción, pero no es suficiente, ya que ahora desde el gobierno nacional expresan la decisión de avanzar con una “minería sustentable” que no usaría cianuro, al tiempo que junto al lobby minero provincial pretenden instalar en el discurso la necesidad de establecer zonas de sacrificio, como la ofrecida al proyecto Navidad en la meseta central de Chubut, cuya actual propietaria es la repudiada multinacional Pan American Silver, reconocida en América Latina por los estragos que dejó en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú.

Una embestida de larga data. Frente al avance de los proyectos mineros en el interior de la provincia, como señalan en el documento de lanzamiento de la IP2020, “fue que en el año 2012, las asambleas de vecines de comunidades chubutenses que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular”.

Se trató de un arduo trabajo que permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras, que fue acompañado con 13.007 firmas. Pero el proyecto fue tratado recién el último día, el 25 de noviembre, cuando como resalta el documento UACCH: “cometieron impunemente un fraude legislativo”, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera”. Las asambleas solicitaron a la justicia la nulidad de la sesión ya que no se había respetado la esencia del proyecto y por conocimiento público de que las y los legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.

La Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. “Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular” acusan las asambleas, y reavivan la iniciativa con toda la fuerza que no se detiene y resiste bajo el lema “Nos deben una ley”.

El relanzamiento de la IP reafirma la voluntad de las comunidades porque se trata de “una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que deben garantizar el presente y el futuro, que deben impedir el colapso de la naturaleza, que deben modificar el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y así poder ubicarnos en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta”. Es por esto que en el documento de la UACCh destacan las múltiples alternativas a la megaminería que tiene Chubut, como los cientos de proyectos productivos sostenibles que las comunidades conocen y por los que apuestan por ser verdaderamente amigables con su entorno.

Achatame la curva del saqueo

Mientras frente a la pandemia se pide al pueblo que tome los máximos recaudos al tiempo que se paralizaron la mayoría de las actividades en el país, Argentina dio rienda suelta a la deforestación, al fracking y a la minería a gran escala. Y Chubut no fue la excepción: las empresas aprovecharon el aislamiento para circular por las comunidades del interior, llevando kits disfrazados de Responsabilidad Social Empresaria, herramienta que intentaron utilizar para comprar voluntades en una provincia que tiene la actividad prohibida por la ley 5001. Pero se encontraron con una comunidad conciente que rechazó las prevendas y con las Asambleas de comunidades de Chubut que respondieron con el relanzamiento del Proyecto de Iniciativa Popular: “Luchamos por una ley que garantice el agua pura a todes les chubutenses; pero además, por expresar a les gobernantes y empresaries que la minería metalífera en Chubut no cuenta con licencia social”. Porque en Chubut el No es No: “Ni trasnacional ni nacional, ni privada ni estatal, no es no. No pasarán”.

Lo que aumenta son los cuidados comuntarios

“Vecinxs informan a vecinxs” es uno de los pilares de la lucha antiminera que hoy se amplía al vecinxs cuidan a vecinxs. La colecta de firmas de la IP se realiza bajo un estricto protocolo de cuidados comunitarios frente al covid 19 que pone en valor el compromiso y responsabilidad de las comunidades. Como destacan en UACCh “confiamos en nosotres, con la dignidad que nos caracteriza, con la fuerza de este pueblo y el convencimiento de que estamos en el camino de la vida”. Pero los cuidados comunitarios van más allá.

Silvina está en Esquel y forma parte de la Asamblea de vecinxs autoconvocadxs por el no a la mina desde los tiempos del plebiscito en 2003. Desde local del No a la mina en donde juntan firmas para la IP nos cuenta un proceso que se está dando en todos los pueblos de Chubut: “Cuando nos comunicábamos con contactos para ir a llevarles las planillas para llenar nos pasó en muchas oportunidades que nos decían quiero firmar mis planillas pero también quiero recolectar firmas, llevar planillas para mi familia, para mi trabajo, para mis vecinxs. Así que pensamos que vamos a superar ampliamente el porcentaje que tenemos que cubrir de firmas, que es el 3 por ciento del padrón electoral, 13.500 firmas. La emoción es gigante y sobrepasa todas las expectativas”.

Y es que en cada asamblea se renuevan los pedidos de planilla sin cesar, se suman locales e instituciones como puntos fijos y crecen las colas en las plazas, puertas de supermercados, ramblas, costa de río y veredas de vecinxs. Casi no quedan pueblos sin colecta de firmas. Estudiantes en otras provincias pero con domicilio en Chubut piden tener sus planillas. E incluso firmaron políticos, como el intendente de Trevelen y los concejos deliberantes de Epuyén y Puerto Pirámides más concejales de Esquel y Trelew.

El amor mueve montañas y el amor por el territorio todo lo demás. Esta primera semana de IP nevó en la mayoría de las localidades cabeceras de firmas, como en Epuyén, Lago Puelo, Paso de Indios, y a otras llegó el fresquito cordillerano. En todos los casos más temprano que tarde las asambleas siguieron con la colecta de firmas.

Nati está en Trelew comprometida ciento por ciento con la IP y su relato muestra la fuerza de un proyecto comunitario hecho por y para las comunidades: “Hoy fue un día tan bello, a pesar del frío les vecinos de Trelew se acercaron exclusivamente a firmar, nos regalaron alfajores, leche de almendras, nos ofrecieron sus casas para calentar agua, nos regalaron alcohol en gel, sus lapiceras (…) la diferencia con la experiencia de hace 6 años atrás es abismal. De la primera a la segunda IP, pasaron años de trabajo y conciencia y se nota tanto. Mañana seguimos juntando firmas, y cada día nos volvemos a casa mas fortalecides que el día anterior. Gracias pueblo”.

Gracias pueblo

Silvina agradece a su pueblo e insiste en recordar que en cada localidad encontrarán a sus promotores con planillas de la Iniciativa Popular que están disponibles en cada asamblea comunitaria o consultando la web de la IP www.leymineriachubut.com.ar

Como sea, la rueda de la decisión comunitaria está en marcha y nada podrá frenarla. No con semejante apoyo avalando la IP en: Lago Puelo, Cushamen, Esquel, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Gan Gan, Ricardo Rojas, Facundo, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson- Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Gustavo vive en Comodoro Rivadavia y sus palabras resuenan en cada asamblea: “Cansadas de esperarlos para el debate, reprimidas por la policía, estigmatizadas por los medios de prensa y en cuarentena, las asambleas siguen fluyendo como el agua. Democracia no es solo ir a votar cada tantos años. Democracia es exigir como ciudadana/o ser parte de la decisión del modelo de desarrollo del territorio que habitamos”.

Porque nos deben una ley, porque se lo debemos al ambiente, a los valores que promueven los pueblos originarios, a nuestra salud y la de lxs que vendrán.

Hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular.