17/09/2020
¿Qué significa «eliminar obstáculos»? ¿A quiénes representa Hensel?
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, destacó este martes la necesidad de «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector y advirtió que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido, los inversores van a elegir a los vecinos».
Fuente: TELAM
“Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo” decía Abraham Maslow, y parece ser el caso de Alberto Hensel. ¿Qué significa «eliminar obstáculos» ? ¿Bajar retenciones para asegurarle mayores ganancias a las corporaciones? ¿Acallar a las comunidades que nos oponemos a la megaminería? ¿A quiénes representa Hensel?

Hensel consideró que la aplicación de retenciones a las exportaciones «no es el mejor camino para desarrollar la minería», y llamó a «definir modelos económico-financieros que hasta ahora no se aplicaron en América Latina», al hablar hoy durante un encuentro virtual organizado por el Instituto para el Derecho Minero (Iadem).

El Iadem es un foro de análisis del contexto jurídico de la actividad minera en el país y realiza una serie de encuentros virtuales en la cual se desarrolló el de hoy sobre «Inversiones Mineras en Argentina: Escenario Actual y Post Covid-19».

En ese mismo ámbito, la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo confió en que se puedan «viabilizar en el corto y mediano plazo» proyectos que demandarán «cerca de US$ 20.000 millones», vinculados a la producción de oro, plata cobre y litio.

Al respecto, Hensel, llamó a «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector, al entender que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido los inversores van a elegir a los vecinos», como Chile y Perú.

Para Hensel, la minería «puede contribuir mucho a la salida de la crisis: hemos perdido muchas oportunidades y necesitamos inversiones para crecer, producir, exportar y generar divisas, de manera de poder cumplir con los compromisos internos y externos».

El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo, instó a «generar las condiciones fiscales, regulatorias y ambientales que faciliten la inversión en un sector estratégico, a partir del creciente consenso social que se registra sobre la actividad».

La industria minera es uno de los ejes productivos que podría generar millonarias inversiones, desarrollo regional, puestos de trabajo genuinos, al punto que el Gobierno estima que de los actuales US$ 3.200 millones de ingresos anuales por exportaciones podrían multiplicarse hasta más de US$ 10.500 millones en los próximos 10 años.

La Secretaría se encuentra desarrollando una mesa de consenso que permitirá antes de fin de año elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.

Hensel también aludió a las manifestaciones antimineras en Mendoza, a comienzos de año, con «discursos cargados de slogans contra la actividad y muy poco basados en conocimiento científico objetivo», y evaluó que «no podemos estar siempre discutiendo la minería, sino cómo la hacemos».

«Sería absolutamente desatinado no tener en cuenta los recursos disponibles y no ponerlos al servicio de la generación de empleos y riquezas», sostuvo.

El funcionario alertó que «a corto plazo la minería viene en descenso, como se ve con las exportaciones, y si no revertimos la situación actual vamos a terminar perdiendo dos tercios de esos envíos, que ya son exiguos».

El secretario consideró, por otra parte, que la ley de Glaciares «es una espada de Damocles sobre la minería», a la vez que señaló el eventual impacto de la Ley de Humedales.

La subsecretaria de Desarrollo Minero recordó, a su vez, que el programa de Promoción y Reactivación de Inversiones Mineras apunta a un análisis proyecto por proyecto.

«El objetivo es analizar técnica, económica, social, ambiental, territorial, financiera, jurídica y tributariamente aquellos proyectos que presentan un estado avanzado de exploración y, por ende, están próximos a lograr su factibilidad», detalló Rópolo.

La funcionaria indicó que las inversiones mineras previstas en exploración, construcción y sostenimiento serán de US$ 879 millones en 2020, frente a US$ 1.193 millones el año pasado y US$ 998 millones en 2018.

Los recursos destinados a sostenimiento, explicó Rópolo, dependen «de la reactivación pospandemia», mientras las tareas de construcción de diferentes escalas «se han visto afectadas y demoradas» por el impacto del coronavirus.

En materia de exploración, en tanto, se espera un descenso del 20% de las inversiones (de US$ 240 millones en 2019 a US$ 192 millones este año, y se concentrarán principalmente en los proyectos de oro, litio, cobre y plata.

Rópolo destacó por último las perspectivas del sector a partir de las 16 operaciones en curso (metalíferas y de litio) y las siete en construcción (con tres ampliaciones en marcha).

Contabilizó además los nueve proyectos en etapa de factibilidad (incluyendo los de Lama Pascua, Potasio Río Colorado y Pachón, con reingeniería de factibilidad); siete en prefactibilidad; 13 con evaluación económica preliminar; 26 en exploración avanzada y 250 en exploración inicial.

¿Qué significa “eliminar obstáculos”? ¿A quiénes representa Hensel?

18/09/2020
Frente a la decisión del Tribunal Ambiental de Chile, conocida ayer, de disponer el cierre definitivo del proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, el Gobierno de San Juan volvió a pedirle a Barrick que explote el proyecto del lado argentino. La minera ya venía contemplando esa posibilidad, aunque el método de extracción será más caro, con su socia Shandong Gold. El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo que incluso no hace falta hacer una nueva concesión porque la canadiense ya posee los derechos de explotación.

Fuente: Diario de Cuyo

El Primer Tribunal Ambiental del vecino país decidió la clausura total y definitiva de la iniciativa y mantuvo la multa de unos 9,2 millones de dólares impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) (ver aparte).

Conocida la noticia, el ministro Astudillo dijo que la minera ya venía trabajando, a pedido del Gobierno sanjuanino, en esa alternativa, e incluso estaba realizando un estudio de metalurgia para contemplar la posibilidad de utilizar el sistema que ya posee Barrick para la explotación de Veladero.

Según fuentes del sector, para la empresa no implicará un cambio de condiciones porque ya venían trabajando en esa alternativa. Oficialmente, desde la empresa, ayer no se pronunciaron sobre la actitud que van a seguir y recién lo harán hoy. Según fuentes del sector consultadas, no es una opción que Barrick vaya a dar a conocer que se retira del proyecto.

El proyecto Pascua-Lama, de oro y plata, está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones con la intención de que estuviera operativa en el 2014, pero un año antes, en la Justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Ahora se conoció la noticia de la decisión del cierre definitivo del proyecto.

El problema que enfrenta la minera es que el método de explotación que debería emplear para avanzar con Lama es más complejo y de mayor costo, explicó el ministro. «Hay que hacer un tratamiento más complejo, que demanda una trituración del mineral más pequeña, que se define para aumentar el grado de liberación. Eso entra a unas celdas de flotación, donde el mineral flota, pero lleva mayor trituración, celdas de flotación, sacar un concentrado y después viene el proceso metalúrgico de separación en fundición y separación. Todo implica mayores costos», dijo Astudillo.

Sobre los pasos a seguir, el funcionario sostuvo que «Barrick debe presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación y obtener todos los permisos ambientales». Y aclaró que no hace falta hacer una nueva concesión para que avance con Lama «porque ya la tienen», sostuvo. Y agregó que «si ellos mantienen los derechos de la concesión sigue siendo de ellos, si no entrará por ley en manos del IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras), que tendrá un tiempo razonable para llamar a una licitación y podrá venir otro oferente o no».

En julio del 2018, la canadiense Barrick ya había firmado un acuerdo con los chinos de Shandong Gold para realizaron un estudio que contemplaba la explotación de Lama, del lado argentino.

Cálculo

1 Millón. Es la cantidad de onzas de oro que se estima que hay en el yacimiento de Lama, según estudios realizados.

Tiempo

7 Es la cantidad de años transcurridos desde que la Justicia chilena dispuso frenar el emprendimiento minero binacional.

Intención

En el Gobierno sanjuanino ya vienen trabajando en un plan para exigirles a las empresas que avancen con el desarrollo de los proyectos que tienen en marcha. «De nada sirve que tengamos el mineral en los cerros, hay que extraerlos», dijo el ministro Carlos Astudillo.

Justicia chilena

El Primer Tribunal Ambiental de Chile decidió ayer la clausura total y definitiva del proyecto binacional Pascua-Lama. El ministro presidente del cuerpo, Mauricio Oviedo, explicó que el fallo reafirma que el proyecto no cumplió a cabalidad con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que llevó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a aplicar a la minera diversas sanciones por infracciones calificadas como graves.

En total fueron cinco los cargos de clausura levantados por la SMA en el 2018, de los cuales, la sentencia tuvo en cuenta tres de ellos. Son los que tienen relación con incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y glaciaretes; al monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho; y la utilización de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada.

El Gobierno de San Juan pide que se explote Lama

La permanente vigencia de la lucha de los pueblos originarios por una legislación que finalmente los ampare
Damián Andrada*
Mapuches FOTO: CEDOC PERFIL

Acontramano de quienes piden la represión y el desalojo de las comunidades Mapuche, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina reconoce a los indígenas como pueblos preexistentes y obliga al Estado a entregar tierras aptas para su supervivencia, al mismo tiempo que la Ley 26.160 impide desde 2006 los desalojos. Hoy, el conflicto se origina en el interés económico del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar las tierras de los pueblos originarios.

El debate público precisa que los medios nacionales acerquen sus micrófonos a los Mapuche, mientras que la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. La Patagonia queda lejos de la Ciudad de Buenos Aires y, más lejos aún, de sus medios de comunicación que miran la realidad desde el centralismo porteño.
Es la única explicación posible para entender por qué todavía no se escuchan voces indígenas para explicar el mal llamado “conflicto Mapuche”. Decimos que es equivocado llamarlo así porque los Mapuche no son el conflicto, el conflicto es del Estado Nación argentino: de nuestro país, nuestra nación y nuestro Estado, que se fundó sobre la base de un genocidio.
Estar orgulloso de esta tierra no implica desconocer los errores del pasado. Refutando a quienes piden represión para mover a los Mapuche de sus tierras, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina es bastante claro en “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, es decir, existen desde antes de la independencia del Estado argentino en 1816. Pero, más importante aún, también señala su necesidad de tierras: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Como si un artículo de la Constitución fuera insuficiente, el 1° de noviembre de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias y, en su artículo 2, suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. No es menor señalar que esta Ley de Emergencia fue prorrogada en 2009 y 2013 durante el primer y segundo mandato de Cristina Kirchner, y en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esto significa que la ley goza de un consenso pocas veces visto, dado que ha tenido el apoyo de tres presidentes de la República y de cuatro cuerpos legislativos que la votaron por unanimidad.

Como ordena la Ley 26.160, el Poder Judicial no puede autorizar el desalojo o la desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan. Resta aún cumplir con el segundo objetivo de la ley: realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas. Para ello es necesario que el Estado argentino destine recursos económicos.

Según un Informe de Amnistía Internacional, a 13 años de su sanción solo se ejecutó un 57% de los relevamientos y apenas el 38% fue concluido. Al desinterés de los gobiernos para completar este relevamiento se suma también el interés de las empresas del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar los territorios indígenas para usufructuarlos. Son lógicas antagónicas: mientras los pueblos originarios necesitan a la tierra para vivir, el capital económico utiliza la tierra para generar ganancias.

Desde la mirada occidental, es probable que muchos ciudadanos y ciudadanas valoren la lógica del capital. La pregunta es qué pensarían si mientras van al supermercado a hacer las compras, sus departamentos fueran ocupados por personas que aseguran haber comprado esa vivienda. Y que luego, el discurso del usurpador saliera en los medios de comunicación diciendo que el dueño legítimo es un violento que le quiere quitar su propiedad.

De este modo, lo que en los medios porteños aparece como “conflicto Mapuche” o se equipara con una “toma de tierras” en el Conurbano bonaerense, para el Pueblo Mapuche forma parte de un proceso de recuperación territorial que pone fin a una usurpación. Y a la lógica de la ganancia, oponen la lógica de la Ñuke Mapu (Madre Tierra, en mapudungún) y de sus ancestros: “Vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes. Por la memoria de Rafita Nahuel”.

Esto es lo que intenta explicar y traducir desde Río Negro el periodista Santiago Rey, una de las voces más respetadas para explicar el conflicto: “Lo que sí hay es intereses inmobiliarios y turísticos dentro del parque Nacional Nahuel Huapi y en la zona cordillerana patagónica. Tienen un enorme valor en temas turísticos, paisajísticos y energéticos. Y no hay nadie que defienda con más ahínco el estado natural que tiene la región como el Pueblo Mapuche, que es un pueblo perteneciente a esta tierra. No son los negocios inmobiliarios y, mucho menos, las empresas extractivistas y energéticas quienes protegen el medio ambiente. Por el contrario son estas comunidades Mapuche las que se han ido erigiendo en defensores de este territorio”.

Y estos son los discursos que hoy no están circulando en el debate público. Y que son necesarios escuchar. Menos presentes aún están las propias voces Mapuche. En su programa de radio del 31 de agosto, Ernesto Tenembaum optó por darle un enfoque diferente a las tomas de tierras en el Conurbano: entrevistó a Ana Rolón, una mujer que está ocupando un terreno en Guernica junto a sus hijos. “A mí me avergüenza como periodista, como argentino y como persona que vos tengas que vivir la situación que estás viviendo. Me da un dolor terrible y me parece que todo el mundo debería escuchar esta nota y sensibilizarse, habla muy mal de nuestra sociedad que vos estés teniendo que explicar lo obvio”, despidió el periodista a la entrevistada.

¿Cuánto más se enriquecería el debate si los medios y periodistas porteños recogieran los testimonios de los líderes y lideresas del Pueblo Mapuche, y sus comunidades en resistencia? ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires? El conflicto que el Estado argentino y los sectores empresariales tienen con el Pueblo Mapuche por la ocupación de sus territorios es complejo. Porque para los pueblos originarios la tierra es la vida. Y el intento de simplificar el problema criminalizando a las comunidades no ayuda.

Al contrario, agrava el conflicto. En 2017, el entonces Gobierno promovió el debate público en torno al “terrorismo mapuche”: construyó un enemigo interno junto a medios y periodistas afines que intentaron legitimar la represión de Gendarmería y Prefectura. Esa estrategia terminó con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A la luz de estos acontecimientos, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, deberían repensar sus declaraciones. Por el contrario, quien sí parece comprender la complejidad del conflicto es el Presidente Alberto Fernández.

En su extensa entrevista en “A dos voces”, el periodista Marcelo Bonelli le consultó por los “ocupas” y los “vivos” del sur, ante lo cual el Presidente respondió: “La discusión es mucho más compleja. Y como quiero ser riguroso, soy cuidadoso. Nosotros tenemos un sistema legal que le reconoce a los pueblos originarios derechos. Y hay muchos pueblos originarios que dicen haber sido excluidos de las tierras donde originalmente estaban. Ese es un tema que hay que resolver. Y no se resuelve con violencia de ningún lado. Ni ocupando ni sacándolos a patadas. Hay que evitar la ocupación, claramente hay que evitarla.

Y tampoco la solución es sacarlos a patadas como algunos quieren”. Esta visión se refleja en “el camino del diálogo” propuesto por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien también es Doctora en Antropología Social. La mirada es compartida por la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, que como Senadora por Río Negro en 2018 presentó un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. ¿El Presidente que declaró a internet como servicio público y decretó el cupo laboral trans, impulsará este proyecto de ley? ¿La prensa lo discutirá como posible solución a un conflicto histórico? Al igual que el resto de Latinoamérica, el Estado nación argentino se construyó bajó la muerte y usurpación de tierras indígenas.

Es un conflicto que lleva, por lo menos, dos siglos. Y es falso pensar que apareció en los últimos años. Al contrario: en los últimos años estamos observando el resultado de esconder durante décadas el conflicto. Y también estamos presenciando las consecuencias de las nuevas usurpaciones de tierras de las empresas transnacionales y las inmobiliarias con el aval del Estado nacional y provincial. ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires?   Pensar que la solución es la represión es un debate pre-moderno. Además de haber demostrado su ineficacia.

Lejos de las balas, la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. Más y mejor diálogo. No menos. La represión y la cárcel agravan el conflicto, como bien se observa del otro lado de la Cordillera de los Andes. El Estado argentino tiene aún tiempo para evitar que el conflicto escale, conformar mesas de diálogo, completar el relevamiento de las tierras indígenas que exige la Ley 26.160 y gestionar la entrega de tierras aptas para el desarrollo de los pueblos originarios que señala la Constitución Nacional.

* Magister en Ciencia Política y Sociología por Flacso Argentina, editor general de la revista Debates Indígenas y compilador del libro “Hacia un periodismo indígena”. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de «share» o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a [email protected]

https://www.perfil.com/noticias/opinion/damian-andrada-reprimir-pueblo-mapuche-debate-pre-moderno.phtml

31/08/2020
La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector y desde CAEM celebran que se debata “cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla”. En los encuentros realizados no participó el Ministerio de Ambiente.
Fuente: La opinión austral
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional. De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) , Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”. En este punto hizo específica referencia a la oposición en Chubut: “… la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce. Una chicana bien conocida por el pueblo chubutense que claramente ha decidido que apoya las propuestas verdaderamente sustentables y que la megaminería no encaja en esa categoría.

En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”. Llamativa afirmación toda vez que la minería fue declarada actividad esencial a pesar de los pueblos.

El dirigente gremial planteó temas como “…la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”

La Secretaría de Minería buscó abarcar el arco empresario con la invitación a directivos de empresas mineras como Gustavo Burgwardt, de Burgwardt Minera; Nicolás Bareta de Yamana Gold y Marcelo Álvarez de Barrick -además de Carlocchia como presidente de CAEM-, y a los inversores Carlos Miguens de Patagonia Gold y también a un representante del Grupo Irsa, muchas otras compañías con importantes proyectos en marcha en el país no fueron incluidas en la convocatoria y, por el momento, tampoco se han informado sobre los avances en el proceso.
Las exportaciones mineras se redujeron entre 2012 y 2019 un 36% bajando de USD 5.000 a 3.200 millones.

Hensel señaló a los referentes conectados: “Esta invitación no debe ser el plan de un gobierno ni el de una secretaría, sino el aporte de todos los sectores involucrados…”. Y agregó: “Debemos lograr una visión consensuada y articulada aún en los disensos para que de esta manera podamos determinar el rol que la minería debiera tener o le asignaremos en el desarrollo económico y social de nuestro país”. Una visión totalmente sesgada que pone en evidencia el ninguneo de los pueblos a los que condenan a la contaminación y la miseria con estos proyectos.

De acuerdo con un documento de la Secretaría que comanda Hensel, la Cartera de proyectos mineros del país llega a los 329, con una inversión total de hasta USD 30.000 millones, creación de 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi USD 11.000 millones anuales.

Sin embargo, el Gobierno Nacional reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en Santa Cruz. Y en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En este período las exportaciones mineras bajaron de USD 5.000 millones a 3.200 millones, lo que representó una reducción de un 36%.

Presentaron el proyecto “Compañía Argentina de Minerales”

Por su parte, en una reunión virtual de la comisión de minería del Partido Justicialista, su presidente, José Luis Gioja, apoyó la idea de la creación de una empresa minera nacional, una iniciativa que dirigentes partidarios y funcionarios del gobierno están evaluando según informa Econo Journal. Hasta el momento, el diputado y ex gobernador de San Juan nunca se había pronunciado públicamente sobre este tema. Lo hizo en un seminario virtual de la comisión de minería del PJ, donde también se presentó la Compañía Argentina de Minerales S.A., uno de los proyectos que está en evaluación.

En concreto, Gioja señaló: “me suena muy bien cuando se habla de una empresa nacional minera porque así como la industria petrolera tiene una empresa estatal de bandera como es YPF, la minería, que va a tener la misma o más importancia que el sector petrolero, tendría que tener una empresa nacional”.

Compañía Argentina de Minerales

Favio Casarin presentó ayer en el seminario virtual el proyecto para la creación de la Compañía Argentina de Minerales Sociedad Anónima. Prevé una empresa con el 51% de las acciones en manos del estado (26% Estado Nacional y 25% provincias) y un 49% en manos privada. “Van a ser acciones muy atractivas en el mercado de capitales”, indicó. La parte privada podría estar determinada por topes y en distintas clases de acciones, explicó. Luego, remarcó que “esta empresa va a ser un actor más en el mundo minero y de ninguna manera va a suplantar a las empresas mineras provinciales. El proyecto va a respetar el derecho que tienen sobre los recursos”. “La idea es acelerar tiempos de los proyectos mineros, porque tenemos en algunos casos 10 años de postergación”, agregó. “La compañía no sería estatal, porque sería público – privada”, remarcó el geólogo Casarin.

El proyecto prevé “una parte del financiamiento por parte del Estado Nacional a partir de un aporte de capital surgido de un porcentaje a las retenciones de las exportaciones mineras”. Las provincias «podrían aportar capital o con proyectos o con otro tipo de acciones”.

Lo objetivos de la Compañía Argentina de Minerales son:

-Impulsar el desarrollo minero de manera federal y estratégica.

-Garantizar el derecho de las provincias como dueñas de los recursos y la seguridad jurídica del inversor.

-Crear una herramienta que promueva una sinergia entre el capital privado y el sector público nacional y provincial.

-Auspiciar contratos asociativos con las provincias y capitales privados para desarrollos mineros estratégicos.

-Dar comienzo a un proceso de inversión en investigación y desarrollo sobre aquellos minerales, o conjunto de ellos, que sirvan como insumo de alguna de las cadenas de valor para el desarrollo industrial.

-Garantizar un desarrollo sustentable de los proyectos, con participación de las comunidades y aceptación de la sociedad.

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

NOALAMINA
20/08/2020, La Pampa
La Pampa rechaza la minería en Mendoza
RECHAZO DE LA PAMPA A PROYECTOS MINEROS EN MENDOZA
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia La Pampa, Néstor Lastiri, afirmó: “En tanto y en cuanto afecten al río decimos que no aceptaremos la afectación de la calidad del agua” al ser consultado sobre los proyectos mineros “Hierro Indio” y “Cerro Amarillo” en la provincia de Mendoza.

Ambas iniciativas están en jurisdicción de la ciudad de Malargüe. “Hierro Indio”, dedicado a la extracción de hierro. El otro es “Cerro Amarillo” una mina de cobre que estuvo en etapa exploratoria.

El rechazo lo hemos planteado varias veces de diciembre de 2017 hasta ahora en el marco de la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior).

“En el próximo organismo de cuenca que se tiene que crear tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, también lo vamos a plantear”, adelantó Lastiri.

“Nos oponemos tanto al proyecto minero como a la extracción de petróleo si se afecta la calidad del agua del río”, resaltó.

Esta semana se conoció que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, tiene la intención de avanzar con un proyecto de ley para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.

El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.

“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo, pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.

Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.

Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

En 2019, el Gobierno mendocino intentó modificar la ley 7722, pero tuvo que dar marcha atrás por las fuertes movilizaciones y el rechazo popular generalizado por los daños ambientales que provoca la explotación minera.
Fuente: El diario de La Pampa

La Pampa rechaza la minería en Mendoza

9/8/2020
Ya no quedan lazos que unan al gigante minero brasileño Vale con Bahía Blanca .

Días atrás, la empresa procedió a devolver al puerto las 35 hectáreas que una década atrás había recibido en concesión para desarrollar su megaproyecto destinado a exportar por los muelles locales el potasio extraído del sur mendocino.

A comienzos de 2009 Vale le había comprado la iniciativa a la minera angloaustraliana Río Tinto y meses después firmó un contrato con el Consorcio del Puerto para instalarse en un predio vecino a la termoeléctrica Luis Piedra Buena, con frente al canal principal.

Luego comenzó las obras tanto en lo que iba a ser el edificio de acondicionamiento del mineral llegado por tren desde la mina de Malargüe como las del muelle donde sería cargado en buques para su exportación a Brasil y otros países.

La planta de descarga y compactación, junto a talleres de mantenimiento y oficinas administrativas comenzaron a ser construidos a unos 750 metros de la ruta 252 y a una distancia similar del futuro muelle, con un acceso ferroviario de 4 kilómetros de extensión.

Esto y otras tareas necesarias exigieron el movimiento de 750 mil m3 de tierra y 20 mil de hormigón para pilotes.

Vale pensaba terminar las obras a comienzos de 2014 para comenzar luego las exportaciones.

La iniciativa preveía compactar el cloruro de potasio en Bahía Blanca y aplicarle también una coloración para encuadrarlo en las especificidades exigidas por el mercado internacional.

Sin embargo, una serie de factores se sumaron para que a comienzos de 2013 la minera sorprendiera a todos y abandonara el proyecto, dejando unas mil familias sin empleo.

Si bien muchos, para explicar esa drástica decisión, aluden a las desmedidas exigencias planteadas por los jefes comunales de varias ciudades ubicadas en lo que debió ser la traza del tren minero, en general se explica la salida de Vale por el derrumbe del precio del potasio a nivel mundial, junto con el cepo al dólar impuesto por el entonces gobierno de Cristina Fernández y la prohibición de sacar dividendos del país.

Infructuosas fueron las gestiones realizadas por Vale en el exterior para vender el proyecto, incluso en una escala sensiblemente inferior.

Lo más probable es su traspaso a la provincia de Mendoza. De hecho se trabaja en la ingeniería legal del contrato de traspaso.

Se estima que a más tardar en tres meses se firme el documento final y la Provincia pueda disponer del yacimiento.

Ahora el predio bahiense está libre y a disposición del Consorcio de Gestión del Puerto y si bien no hay un proyecto específico definido para ese sector, es muy posible que sea destinado a una de las iniciativas más importantes que se barajan para la ciudad: la construcción de una planta terrestre de licuefacción donde el gas natural de Vaca Muerta sea convertido en GNL y finalmente termine siendo exportado por barco.

El contexto internacional no se presenta propicio para este tipo de proyectos, sobre todo por la caída de precios producto de la baja demanda impuesta por la pandemia pero meses atrás técnicos de YPF estuvieron recorriendo el sector y el acuerdo logrado por la Argentina con los acreedores externos renueva las esperanzas para cierto tipo de proyectos…
Por Adrián Luciani
Fuente: La Nueva

Vale. Mendoza y el potasio. Bahía Blanca y el puerto