12/11/2020
La abrumadora mayoría de Chubut le está diciendo al gobernador Mariano Arcioni que rechaza el proyecto de zonificación que preparó con Alberto Hensel, el secretario de Minería de Nación. Las movilizaciones son la muestra más grande, seguida por la enorme adhesión a la segunda Iniciativa Popular, que en pocos meses logró su objetivo sorteando la pandemia. Pero también partidos políticos: los que hacen del rechazo a la megaminería y el extractivismo parte de su propuesta política, quienes son parte de partidos que a nivel nacional apoyan la megaminería pero tienen grietas en su interior, quienes cambian de postura según la ocasión.
Repasamos en este informe las distintas expresiones de rechazo a la zonificación en toda su diversidad, para que quede claro que, más allá de las diferencias, hay una cuestión que no puede negarse más: en Chubut la megaminería no tiene licencia social.
Por Noalamina.org
Comenzando por los sectores políticos que siempre estuvieron en contra y no dudaron en sostener su posición, a nivel provincial el Frente de Izquierda Unidad sostuvo en un comunicado que acompañan la segunda Iniciativa Popular y que cierran filas en la defensa irrestricta del #NoEsNo.
Desde Esquel, y a través de su mesa directiva, el Frente Vecinal Esquel volvió a sostener su postura, mientras expresó que muchas declaraciones de otros partidos (PJ-UCR) son solo palabras porque en los hechos forman parte de aparatos partidarios que a nivel nacional impulsan la megaminería.
El Instituto Futaleufú, por su parte, pese a coincidir en grandes rasgos con el proyecto del partido gobernante a nivel nacional, volvió a sentar postura contra la megaminería y en la asamblea multisectorial realizada el miércoles frente a Radio Nacional, indicaron a los representantes políticos que si no quieren que las movilizaciones vayan a sus casas, tendrían que participar ellos de las movilizaciones.
El Partido Municipal por Trelew, por su parte, emitió un comunicado en repudio ante la persecución y estigmatización de la que fue víctima la concejala Mariela Flores Torres, en el cual destacaron que sostienen su campaña en los hechos, que no quieren megaminería en la provincia y que insisten en que el Concejo Deliberante de la ciudad trate el proyecto de ordenanza que presentaron, llamado “Trelew Libre de Megaminería”.
Dentro de la legislatura, tanto el bloque oficialista de Chubut al Frente como el bloque del PJ (oposición aunque a nivel nacional comparten el Frente de Todos) tienen diputados y diputadas que han firmado la segunda Iniciativa Popular: Rossana Artero, Leila Lloyd Jones, Miguel Antín y Zulema Andén por el oficialismo, Tatiana Goic y Carlos Mantegna por el Bloque del PJ.
Belén Baskovc y Mónica Sasso no están entre las firmas verificadas de la IP, pero constantemente publican en sus redes sociales contra la megaminería, y son parte del Bloque de Diputados del PJ-Chubut, desde donde emitieron un comunicado rechazando el avance minero y la zonificación propuesta por Mariano Arcioni. En este bloque, a los ya nombrados previamente hay que sumar a Adriana Casanovas, Carlos Eliceche, Rafael Williams y Mario Mansilla.
También hubo declaraciones por parte del radicalismo: Jacqueline Caminoa, Presidenta de la UCR Chubut y los diputados provinciales de la UCR-Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, emitieron una declaración en donde indican que la minería en Chubut no es un proyecto productivo, sino un proyecto financiero en beneficio del gobierno nacional.
Sumando estos diputados y diputadas hay 13 bancas ( ocho del PJ, tres del oficialismo, 2 de la UCR) que deberían votar en contra del proyecto de zonificación. La Legislatura se conforma por 27 diputados y diputadas, y para que entre un proyecto sobre tablas se necesitan dos tercios.
A ellos y ellas se les pueden sumar otros políticos que, si bien últimamente no se han posicionado, alguna vez lo han hecho. Entre quienes lo expresaron rotundamente tenemos a los diputados trelewenses Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez, que en enero, ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provincial impulse en la Legislatura alguna iniciativa minera, adelantaron que votarían en contra.
Ese mismo mes, a principio de este año, se posicionaba el vicegobernador Ricardo Sastre (a cargo de presidir la Legislatura), indicando que el pueblo de Chubut ya se ha expresado y que él comprende que No es No.
Fue apoyado públicamente en ese momento por las diputadas por Puerto Madryn Mariela Williams y Xenia Gabella. Aunque esta última recientemente ha sostenido que “debe darse un gran debate donde se escuche a toda la provincia”, el proyecto enviado por Arcioni y consensuado con Nación en reuniones secretas durante este año no pareciera responder a ese planteo. Podemos suponer que un gran debate no ingresaría a la Legislatura en noviembre, sobre tablas.
Además de la Legislatura, Concejos deliberantes como el de Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Puerto Pirámides (Declaración 09/20), Epuyén (Declaración Nº003/2020) y Rawson declararon de interés a la segunda Iniciativa Popular, la mayoría de ellos por unanimidad, votando incluso contra la zonificación los concejales de Chubut al Frente. Además, este año, los concejos de Lago Puelo, Cholila y Río Pico emitieron declaraciones contra las intenciones de avanzar con la megaminería por parte del ejecutivo provincial.
Muchos de estos sectores son acusados por buena parte de la sociedad de hacer un uso oportunista: muchas declaraciones, pocos hechos concretos, demasiadas traiciones. Si hoy están en contra por convicción genuina o si lo están por provecho político no cambia la cuestión principal: la megamineria en Chubut no tiene licencia social.
Por el contrario, lo que sí tiene licencia social es profundizar el marco jurídico para prohibir la megaminería en todas sus etapas y cambiar la ex5001 (hoy LEY XVII-Nº 68) para hacerla mejor. Con enorme apoyo y movilización popular se lanzó en junio de 2020 la Segunda Iniciativa Popular, la que ya presentó 30.916 firmas reunidas y verificadas en plena pandemia por asambleas de toda la provincia.
Cada día 4 de cada mes, en prácticamente todas las localidades hay movilizaciones o expresiones contra la megamineria. Los medios que más reciben pauta oficial hicieron como que eso nunca ocurrió, lo taparon. Sin embargo, cualquier declaración o marcha a favor (las hubo solo en las localidades en donde la empresa viene prácticamente reemplazando al Estado) la hicieron tapa.
En las redes sociales se puede ver un abrumador rechazo a cada operación mediática prominera, al mismo tiempo que se puede constatar el desembarco de un ejército de trolls mineros. La aparición de decenas de cuentas falsas coincide en el tiempo con la contratación con pago directo del servicio de «monitoreo de medios» por parte del Ejecutivo.
Por su parte, algunos medios de comunicación privados pueden sacar chapa de haber sostenido una agenda que diera lugar a las constantes expresiones populares que sostienen el NO. Los medios alternativos, comunitarios y populares, todos acompañan la lucha de la mayor parte de la población.
Pero, además, las declaraciones del gobernador fueron provocativas, acusadoras de fundamentalistas hacia quienes vienen dando el debate y sosteniendo el rechazo. El gobernador dijo que quiere “iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del Sí o el No, para poder dar la discusión de una vez por todas”. La discusión se viene dando hace más de 17 años. Que no le gusten los resultados, las posiciones que toma quien se informa con argumentos, es otra cosa.
Si hablamos de discusiones académicas, científicas, sería importante tener en cuenta las opiniones que se han emitido desde las universidades que funcionan en nuestra provincia. En mayo de 2018, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNPSJB), reunido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aprobó por unanimidad adherir públicamente al documento «Rechazo a la zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut», elaborado por docentes e investigadores. En agosto de ese mismo año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco rechazó la zonificación y se propuso al Gobierno para desarrollar estudios científicos multidisciplinarios en la región de la Meseta, con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas, sustentables a mediano y largo plazo.
En noviembre, también de 2018, se posicionarían científicos directores de siete institutos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, que en Puerto Madryn también se declararon en contra de la zonificación, principalmente porque no está claro el rol del Estado en un modelo de desarrollo minero que arriesgue “los recursos naturales de nuestra provincia y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios”.
Además de los mencionados pronunciamientos, científicos y académicos del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut firmaron en junio de este 2020 una contundente carta dirigida a Mariano Arcioni, en donde advirtieron sobre las consecuencias irreversibles de la minería metalífera.
Por su parte, la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, también de la UNPSJB, declaró que la zonificación no afectaría sólo a la cuenca del acuífero Sacanana, sino prácticamente a todas las cuencas hidrosociales de la región.
Además, las proyecciones científicas realizadas con modelos climáticos indican que estas tendencias continuarán en el futuro, alcanzando disminuciones de cantidad de agua del orden del 40% hacia finales de siglo, por lo que el verdadero debate serio es si el agua puede entregarse a las mineras o debe ser reservada para actividades sustentables, que la preserven para las generaciones futuras.
Cuando el Instituto Provincial del Agua autorizó a la Minera Argenta S.A. (filial local de la canadiense Pan American Silver) a bombear agua del acuífero Sacanana para abastecer el campamento minero del Proyecto Navidad, le llovieron cientos de oposiciones solicitando su rechazo. La gran mayoría cuestionando que no había sido realizada la Consulta Previa, Libre e Informada al Mundo Indígena, que debe llevarse a cabo según el Convenio 169 de la OIT, ratificado hace 20 años por el Estado argentino.
Justamente en la meseta centro norte de Chubut, están asentadas más de 10 comunidades mapuche-tehuelche. El pasado 23 de octubre, repudiaron el accionar de Mariano Arcioni y de Alberto Hensel (secretario de Minería de Nación) por vulnerar su derecho a participar en la toma de decisiones que les afectan.
También exigieron se respete el derecho a participar en la gestión referida a los bienes comunes o recursos naturales existentes en nuestros territorios, y a la Consulta Previa, Libre e Informada (Artículo 75, Inc.17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT Art. 6, 13 y 15, y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), así como manifestaron en dicho comunicado que todos esos derechos han sido vulnerados por decisiones o hechos relacionados a la megaminería.
La Cátedra Abierta de Pueblos Originarios Ormache “Memoria y recuperación”, de la Universidad de la Patagonia, denunciaba a fines del año pasado que dichas comunidades han sido históricamente postergadas por parte de los gobiernos tanto provincial como nacional, quienes habilitaron a las mineras a que participen en un rol asistencialista en la zona. Lo hacía en un comunicado en el que repudiaban la represión a quienes se manifestaban contra la Ley de Ministerios, en la que el gobierno pretendía agregar “minería” al Ministerio de Hidrocarburos.
Un mes después, se realizó un Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut en El Maitén, en donde comunidades reafirmaron su posicionamiento por el No a la minería contaminante, más allá de las fronteras, exigiendo la restitución de la ley anticianuro en Río Negro y la expulsión de las empresas Pan American Silver y Patagonia Gold (dueña del proyecto Calcatreu, cercano a las nacientes del río Chubut, pero en la provincia vecina).
Difícilmente se borre de la memoria de las comunidades el pecado original cometido por la empresa que exploró el Proyecto Navidad: en 2005 y contra el rechazo de la gran mayoría de las comunidades profanaron un chenque, un cementerio aborigen de 1200 años, ubicado en el corazón del yacimiento. Una leyenda dice que quien lo hace tendrá una maldición de cien años que por ahora se está cumpliendo, porque el proyecto minero sigue frenado.
El pasado 4 de agosto, en un comunicado público al pueblo mapuche-tehuelche y a la población consciente en general, las comunidades volvieron a expresar su profundo rechazo a la megaminería y más específicamente contra el Proyecto Navidad de Pan American Silver, a la que desde el Gobierno dieron vía libre para que puedan trabajar y meterse en las comunidades, lo que ha generado diferentes tipos de daño al territorio y a su ser cultural y espiritual.
Es amplio y diverso también el rechazo a la megaminería por parte de gremios y sindicatos. La Mesa de Unidad Sindical que nuclea gremios de la educación, la justicia, vialidad, salud, portuarios, empleados de medios estatales y legislativos (Atech, Sadop, Sitravich, CTA, Sitrajuch, Sisap, Sutap, Satsaid, Sitraed, Amet y Apel) incluyó entre sus reclamos en la larga lucha por los salarios estatales el reclamo contra la megaminería, posición que fue reafirmada en una reciente reunión virtual con legisladores nacionales.
El cuerpo docente fue quien impulsó en los momentos más fuertes de lucha contra el gobierno provincial la consigna “no cambiamos salarios por megaminería”: el rechazo es sostenido tanto por las listas opositoras como por la conducción de la ATECH. También SADOP (educación privada) ha declarado que la lucha por la defensa del territorio se da en las aulas y en las calles.
Aunque en otros temas hay conflictos, el rechazo a la megaminería unifica gremios que están divididos, como el caso de la CTA de los trabajadores y de la CTA Autónoma.
Por fuera de la MUS, también hay posicionamientos. El secretario general de Camioneros Chubut, viene hace varios años hablando sobre la necesidad de rechazar la megaminería en la provincia y junto a Luis Collio (Secretario General de la CGT del Valle) han organizado actividades para informarse y posicionarse sobre la actividad. Taboada explicaba en diciembre pasado que Tatiana Goic, la dirigente que el gremio tiene en la legislatura, está “atenta ahí para cualquier movida que quieran hacer”.
Es para destacar también la postura de FATPREN y el rol de quienes trabajan en medios privados acompañando la lucha, incluso trabajando contra las líneas editoriales de los “grandes medios”, es decir, los de la pauta oficial y minera.
En el ámbito de la salud, más allá de las posturas gremiales, hay posicionamientos importantes como lo fue en su momento la rotunda declaración de pediatras contra la megaminería en 2012. Las declaraciones de quienes trabajan en la salud generalmente abordan todas las aristas desde las cuales la megaminería afecta a la salud de la población: tanto las afecciones generadas por los químicos utilizados por la industria, como indicaron en un comunicado reciente desde la Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut, como por los graves problemas para la salud que son las micropartículas contaminantes que quedan en el aire, como explican en un comunicado de la Fundación Fusso de Trelew. También la Federación Argentina de Medicina General se posicionó en contra de la megaminería, basados en el paradigma de la ‘salud de los ecosistemas’: «como estrategia de trabajo en salud integral, consideramos central el cuidado del agua, del aire y de la tierra como base de la vida y de todo desarrollo saludable y sustentable».
Personal del Ministerio de Turismo y Áreas protegidas del Chubut también se pronunciaron a fines de 2019: en su comunicado explican que la propuesta de zonificación minera incluye entre otros sitios sensibles, tres áreas naturales protegidas provinciales (Piedra Parada, Laguna Aleusco y Los Altares) además de una vasta extensión de la meseta de Somuncurá, un área de biodiversidad sobresaliente en la estepa patagónica, donde se destacan anfibios y reptiles endémicos, así como sitios con manifestaciones arqueológicas.
De manera similar, la Asociación de Guías Balleneros en agosto de 2018 se había expresado en contra de la megaminería en la provincia y llamaron a “fomentar verdaderas actividades sustentables” dado que “el turismo y la megaminería no son compatibles”.
Una de las referencias que desde la religión más ha trabajado en años recientes a favor de los pueblos de la meseta es el Padre Tono (Antonio Sánchez). El cuatro de agosto pasado, compartió un mensaje contra la megaminería y en defensa de la Iniciativa Popular en donde destacó conocer la realidad y a las personas que nacieron, viven y envejecen en la meseta, entre los cuales muchos no están de acuerdo con la extracción de metales en su suelo. En su carta, reclamó al gobierno, a los jefes comunales, estancieros y a quienes disponen de capital, que pongan en funcionamiento al campo, desmintiendo que la minería pueda ser una estrategia de desarrollo para la meseta central norte. Luego de remarcar sus argumentos, finaliza exigiendo respeto a las comunidades mapuche-tehuelche indicando que el agua vale más, porque sostiene la vida.
También el Obispo José Slavy ratificó la posición de la Prelatura de Esquel que se opone a la megaminería, indicando que debe ser respetado el posicionamiento de los vecinos, motrándose esperanzado en que Dios ilumine a los políticos para que gobiernen para el pueblo.
Los religiosos enmarcan su postura en las contundentes declaraciones del papa Francisco en la Encíclica Papal Laudato Si, una carta sobre el cuidado de la casa común dirigido a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. En ella indica que hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, en donde entre otras cosas destaca la contaminación minera y cómo estas empresas generalmente al cesar sus actividades y retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. En dicho punto, el 51, el papa utiliza como cita nada menos que el “Mensaje de Navidad de 2009 de los Obispos patagónicos«.
Organismos nacionales de derechos humanos, como la Mesa de Organismos de DDHH, y referentes como Nora Cortiñas junto a Mirta Baravalle, ambas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia, se posicionaron en diciembre pasado. También lo hizo el nobel alternativo Raúl Montenegro enviando una contundente advertencia a los legisladores chubutenses.
También a nivel provincial y en este último tiempo organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel, las Grupas Socorristas provinciales, la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel, comerciantes que tomaron distancia de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y, por supuesto, todas las asambleas que conforman la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut se declararon contra las intenciones de zonificar la provincia por parte del gobernador. El listado puede seguir, y podremos ir sumando aquellos pronunciamientos que nos hayan quedado por fuera, o aquellos que se vayan sumando.
No hay dudas en que amplios sectores sociales indican que no se puede imponer la megaminería en Chubut. Si el gobernador insiste, todo se encamina a una situación similar a la de Mendoza a finales del año pasado, en donde el Gobierno nacional y el provincial intentaron en vísperas de las fiestas modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias químicas en la megaminería. Para ello, convocaron a una sesión extraordinaria de diputados y otra de senadores, ambas el 20 de diciembre. Tras la aprobación exprés, el pueblo mendocino se levantó masivamente, logrando en pocos días torcer la imposición y obligar al gobierno a dar marcha atrás. Hoy las asambleas mendocinas saludan la lucha del pueblo chubutense.
Funcionarios nacionales como el ministro de Ambiente Juan Cabandié, incluso el mismo secretario de Minería Alberto Hensel, indicaron en declaraciones mediáticas que no puede haber minería si no hay licencia social.
Las constantes movilizaciones, la presentación de una segunda Iniciativa Popular, y todas las declaraciones recopiladas en este artículo evidencian que en Chubut no hay licencia social para imponer la megaminería: la provincia busca modelos de desarrollo verdaderamente sustentables, que generen trabajo digno y protejan el ambiente para las próximas generaciones.
¿Qué más necesitan para entenderlo?
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Vanina Lombardi – 26/10/2020
La crisis global puede estancar la demanda de litio, que durante la última década aumentó a un tasa promedio del 11 por ciento traccionada principalmente por el uso para la producción de baterías, particularmente en vehículos eléctricos. A esto se suma que los países de la región no ingresan en la cadena de valor agregado del litio. Solo lo extraen y lo exportan como carbonato de litio a los países desarrollados, en especial a China y Japón, donde se realiza el refinamiento electroquímico, se producen las celdas y se fabrican las baterías, además de otras fases más avanzadas de la cadena.
Solo dos de los veinte proyectos de extracción que se distribuyen en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta se encuentran operativos. El Salar de Olaroz, en Jujuy, es operado por la australiana Orocobre, la automotriz Toyota y la nacional Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, lo explota la norteamericana Livent Corp. ¿Por qué no se avanza con otros proyectos? Según Calvo, se debe al tiempo necesario para poner a punto el proceso extractivo. No menos de siete años.
“El discurso hegemónico habla del litio como una gran oportunidad para el desarrollo local, pero la realidad es que en términos de producto e ingresos a nivel país no es tan relevante”, cuestionó Mignaqui. Su mirada destaca el volumen del beneficio neto que se quedan los accionistas que realizan la inversión para desarrollar el emprendimiento extractivo. “Otra parte importante, un treinta por ciento aproximadamente, se explica por impuestos nacionales y coparticipables. Lo que queda para los programas de responsabilidad social corporativa con las comunidades originarias es despreciable”, explicó Mignaqui. Para peor, las regalías provinciales también son muy pequeñas.
28/10/2020
Tras las recientes declaraciones de Mark Bristow, Director Ejecutivo de Barrick Gold, respecto del proyecto Pascua Lama –en el marco del Simposio de Oro y Plata de la Expo “San Juan factor de desarrollo de la minería argentina”– como comunidades organizadas que logramos clausurar dicho proyecto, declaramos lo siguiente a la empresa, a las autoridades y a la opinión pública de ambos países: