15/02/2021
El día 11 de febrero, las asociaciones técnicas profesionales de la industria minera daban a conocer un documento titulado “Informe Técnico del Desarrollo de la Industria Minera en Chubut”, cuyo único objeto sería arrojar luz sobre el desarrollo minero en la meseta chubutense. El informe fue rápidamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales. Al interiorizarnos de su contenido, entre otras objeciones, no podemos dejar de difundir que intentando lograr la licencia social se asegura irresponsablemente la garantía de sustentabilidad en una actividad masivamente rechazada en la provincia.
por noalamina

¿QUÉ PLANTEAN LAS ASOCIACIONES TÉCNICO PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD MINERA?
El “Informe Técnico del Desarrollo de la Industria Minera en Chubut” plantea como tema “La minería como fuerza de desarrollo sustentable” describiendo que: “Una industria minera sustentable y moderna como la que existe hoy en la Argentina, con empresas altamente capacitadas y conscientes de la responsabilidad social y ambientales es el resultado de muchas experiencias acumuladas desde los inicios de la minería y las lecciones pasadas aprendidas, que forjaron los cimientos de las actuales estándares”.

La herramienta técnica con la que la industria minera intenta asegurar la sustentabilidad es el programa Hacia una Minería Sustentable (HMS) que fue creado por la Asociación Minera de Canadá como Toward Sustanaible Mining (TSM) en el año 2004 al que adhirió la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en al año 2016. Si bien se expone como garantía de desarrollo sustentable de la actividad minera con estándares internacionales de calidad y control, no se ha completado el ciclo de ningún proyecto en el país que pueda mostrar los resultados de su implementación en Argentina.

La geógrafa Graciela Kekiskian, coordinadora del HMS, presentó el Programa HMS en Chubut en el año 2018 comunicando que los objetivos de la iniciativa de la adhesión de la CAEM se basaban en el compromiso de la industria en velar por el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.

En el sitio oficial de CAEM se menciona que por la implementación del HMS, los socios se comprometen a trabajar en pos de: la inclusión de comunidades, el impulso de prácticas ambientales líderes a nivel mundial y el compromiso con la seguridad y salud de empleados y comunidades aledañas.

En su definición se presentó como un programa de transparencia, educación, comunicación y fortalecimiento de buenas prácticas mineras.

Los protocolos de evaluación los dividen en 4 categorías:

Personas y Comunidad: a) Seguridad y salud, b) Acercamiento comunitario, c) Planificación de gestión de crisis y comunicaciones.
Responsabilidad Ambiental: a) Gestión de la preservación de la biodiversidad, b) Administración de relaves (diques de colas).
Eficiencia Energética: Gestión del uso energético y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Nuevas Incorporaciones: a) Agua, b) Cierre de mina.
¿QUÉ OBSERVACIONES HACEMOS DESDE NOALAMINA.ORG?
En la experiencia del acercamiento a las comunidades de la meseta chubutense (año 2018), durante las charlas informativas organizadas por ASIJEMIN, hemos sido testigos de que se habló de la necesidad de la plata en la industria, de la generación de puestos de trabajo en la minería, de la garantía de sustentabilidad con el Programa HMS. Sin embargo, no se explicó sobre las características y el modo de explotación del Proyecto Navidad, ni de la minería de uranio en Cerro Solo, lo que resulta llamativo porque se trata de comunidades de habitan territorios de la zona de influencia de dichos proyectos mineros. Podemos afirmar que no cumplió éste encuentro con la transparencia, comunicación y educación que fomenta el HMS.
En la planificación de la gestión de comunicación no se tuvo en cuenta que la consulta libre e informada al mundo indígena debe ser previa a la intención de habilitar proyectos en sus territorios, tal como lo establece el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Consejo de Minería Ambiental de Canadá afirma que el Drenaje Ácido de Mina (DAM) y la consecuente liberación de metales pesados es el problema ambiental más importante de la minería, el que genera el mayor pasivo ambiental y es una “máquina de contaminación perpetua”. Los métodos científicos (estáticos y dinámicos) de predicción con que las empresas intentan encontrar la forma más eficiente para reducirlo, no dan conclusiones definitivas debido a la distancia entre las pruebas teóricas y la dinámica del DAM. Los informes geológicos de la región del Proyecto Navidad indican una alta concentración de sulfuros que son los que generan el drenaje ácido de mina. Podemos afirmar que nunca se habló, en las charlas informativas de promoción de la minería, sobre el DAM y sus consecuencias.
Únicamente con la implementación del Programa HMS no se puede asegurar la sustentabilidad. Un claro ejemplo de ello, es el colapso del dique de colas en la Columbia Británica (Canadá) después de 10 años de aplicación del programa en un país del primer mundo con tanta experiencia en minería. Más allá de que el programa contaba con protocolos de evaluación de la administración de relaves dentro de su responsabilidad ambiental, el 4 de agosto de 2014 en la Mina Mount Polley se produjo la rotura del dique de colas. Este hecho, originó el segundo derrame de desechos mineros más importante registrados con graves consecuencias económicas y ambientales. El accidente sucedió a primera hora de la mañana, cuando colapsó el dique de colas y un aluvión de más de 5.000.000 de metros cúbicos de lodos tóxicos inundó todo a su paso (algunas publicaciones hablan de 25 millones de metros cúbicos). Las autoridades cortaron el acceso al perímetro por motivos de seguridad y el suministro de agua potable a la población cercana a las localidades de Lago Quesnel, Lago Polley, Arroyo Hazeltine y Arroyo Cariboo.
Imperial Metals Corp., propietaria de la mina Mount Polley, afirmó desconocer los motivos de la ruptura y se vió obligada a suspender operaciones en una explotación que preveía producir durante ese año 47.000 onzas de oro, 44 millones de libras de cobre y 120.000 onzas de plata a partir de un concentrado polimetálico. De acuerdo con los datos preliminares del Inventario de Medio Ambiente del Consejo Canadiense de Emisiones Contaminantes, la mina Mount Polley generó un total de 406.122 kg. de arsénico, 177.041 kg. de plomo y 3.114 kg. de mercurio entre sus desechos tan sólo en 2013, metales pesados de alta toxicidad que fueron liberados al ambiente. El gran volumen de los relaves liberados hizo que el canal del Arroyo Hazeltine se expandiera de 2 m. a más de 25 m. de ancho y el nivel del agua del Lago Polley aumentara 1,7 m. El derrame también eliminó árboles en un corredor de 900 km2 a ambos lados del Arroyo Hazeltine. Los residentes locales y los funcionarios del gobierno han expresado serias preocupaciones con respecto a los posibles efectos a largo plazo sobre la biodiversidad regional, la seguridad del agua y los medios de vida de las comunidades de los pueblos originarios. El material particulado contenido en el dique de colas era el principal portador de contaminantes metálicos (arsénico, cobre, oro, manganeso, níquel, plomo, mercurio, vanadio), los relaves derramados pueden permanecer en los suelos y sedimentos regionales durante miles de años y servir como fuente secundaria de contaminación. El riesgo ambiental se ve agravado por la ubicación del derrame en una cuenca boscosa montañosa, afectada por inviernos severos con importantes deshielos primaverales que tienen el potencial de removilizar grandes cantidades del material contaminante.

Irresponsable garantía de sustentabilidad

Calle. Estos temas movilizan a la sociedad.
Héctor Zajac
13/02/2021
No es que la intención del gobierno de Chubut de desarrollar la minería en la meseta central concite conflicto social, este está instalado desde hace años. La cuarta provincia en exportaciones del país con recursos que harían la envidia de más de una nación y medio millón de habitantes tiene empleados que cobran “cuando hay”. Una pobreza atroz, que con la pandemia alcanzará cerca de la mitad de su población, desbarata el argumentario fisiócrata. Se produce 12 veces más energía que la consumida y hay localidades sin luz, o más cara que en las regiones que no producen. La causa es un misil al corazón pro minería. La lana se exporta sucia, el petróleo crudo, la pesca sin procesar, la madera en rollizos. Cuando no se genera valor agregado vía eslabonamientos, no hay redistribución de empleo y recursos en actividades afines, se habla de Enclave, rasgo de las explotaciones en Argentina que duran lo que el mineral.

Las mineras que juran evitarlo y cuyas prácticas varían según sean la casa o la visita tienen un récord de graves conflictos socioambientales en países en desarrollo; la interesada en la región confirma la regla. En un territorio con déficit hídrico de origen y desertificación agravada por un cambio climático que augura extremar la seca, el acuífero Sacanana, fuente del proyecto Navidad, megademandante de agua, es una reserva vital para una provincia en la que el 50% de la población depende de la cuenca del Chubut, que se promete intangible mientras la apertura incluye explotación de uranio próximo de su ribera y su lixiviación acerca metales pesados y radiactivos a la cuenca. Imposible no pensar en Veladero. Se dice que la separación del metal en dique de cola se haría por flotación sin cianuro, contrapeso escaso para sostener el oxímoron de “minería sustentable” que, más allá de Suecia –que abrió una discusión ética sobre la conveniencia que su fondo de pensión, que financia mineras en Latinoamérica, siguiera invirtiendo en “el desastre”–, con infinitas reservas hídricas y responsabilidad socioambiental escandinava, no suma acólitos.

Más aun en el contexto del compromiso global contra el aumento de emisiones y de experiencias conflictivas aun en países desarrollados como Australia. El relato pro minería nos dice que esta vez sí será sustentable, para ello no solo se abstrae de singularidades geográficas sino también de que el riesgo de que el material tóxico, liberado por la voladura de secciones de litósfera, cargado y depositado a distancia por condiciones únicas de viento, afecte pueblos y ecosistemas. Supone paquetes técnicos y un nivel de inversión de recursos extemporáneos a nuestra realidad. Opera sobre la representación abstracta y distorsiva de nuestra relación con el ambiente invisibilizando lo esencial: una minera no solo impacta in situ, alcanza escalas espaciales y temporales vastas, por eso es cuestionable hablar de “zonificación” como una cerca. Un riguroso informe interdisciplinar del Cenpat-Conicet realizado por científicos “baqueanos” en la problemática de la región sugiere el retiro del 128/20 que habilita minería.

El conflicto con el ambiente es primeramente social: una explotación en una cuenca, que no solo es el río sino el territorio que drena en él, moviliza relaciones de complementariedad y conflicto entre actores, sean o no conscientes del mismo, contiguos o lejanos vinculados a esta por sus intereses. Ganadores y perdedores. Dos asuntos para decidir viabilidad: los primeros habrán de superar a los últimos; tal criterio no basta si no se pondera la naturaleza del vínculo de los perdedores con la nuevas condiciones ambientales y se toman recaudos para evitar irreparables costos, algo que jamás ocurrió en el país. La mejor síntesis de lo dicho, una pancarta que rezaba: “No somos Greenpeace, somos la ballena”. La inducción arroja una verdad probabilística que se da por repetición de resultados frente a la misma acción, nos es vital para sobrevivir. Debería advertirlo un Presidente que priorizó la salud por encima de todo durante la pandemia y ahora se suma a una iniciativa que la expone.

*Profesor de la UBA. Magister en Problemáticas urbanas.
https://www.perfil.com/noticias/opinion/el-remedio-es-peor-que-la-enfermedad-por-hector-zajac.phtml

08/02/2021
Ante amenazantes declaraciones de la degradada élite gobernante y comentarios que, por desconocimiento o malicia, tergiversan la información, detallamos a continuación las acciones judiciales desarrolladas por lxs vecinos de las asambleas chubutenses miembros de la UACCH.

USTEDES DUROS/CON NUESTRA GENTE/POR QUÉ CON OTROS/SON TAN SERVILES
CÓMO TRAICIONAN/EL PATRIMONIO/MIENTRAS EL GRINGO/NOS COBRA EL TRIPLE
CÓMO TRAICIONAN/USTÉ Y LOS OTROS/LOS ADULONES/Y LOS SENILES
MARIO BENEDETTI
POR ASAMBLEA NO A LA MINA

En el momento de hacerse público el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial, denominado “DESARROLLO INDUSTRIAL MINERO METALÍFERO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT” -que se conoce como “Proyecto de Zonificación”- observamos inicialmente un intento de desvalorizar el texto de la ex – Ley Nº 5001 ya que el proyecto pretende la aplicación del Art. 2 de la misma, el que se fijaba un plazo de 120 días para establecer excepciones al artículo 1, plazo archivencido.

Acto seguido, al realizar un análisis pormenorizado del proyecto descubrimos importantes irregularidades en la forma en la que el mismo se elaboró, se presentó y en sus fundamentos para habilitar la minería metalífera en Chubut.

Entendemos que hay elementos suficientes para considerar al Proyecto de Ley inconstitucional, ilegal, clandestino y basado en una falsedad ideológica y durante las asambleas de vecinxs creímos conveniente presentarnos ante el Poder Judicial para evitar que se apruebe. Realizamos entonces las siguientes presentaciones judiciales:

1 – Medida Autosatisfactiva – Ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral

El día 24 de noviembre de 2020, 5 vecinxs miembros de la UACCH presentaron una Medida Autosatisfactiva en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel a cargo de la Jueza Alicia Catalina Arbilla.

“Venimos a solicitar se dicte MEDIDA AUTOSATISFACTIVA como REQUERIMIENTO URGENTE contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, con domicilios en Fontana No 50, y Mitre No 550, respectivamente, ambos en Rawson, con el objeto que declare la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley No 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo al Orden del día 24 de noviembre de 2020 de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, por flagrante inconstitucionalidad, y todo acto consecuente”.

El día 30/11/20, la Jueza Arbilla se declara incompetente para entender en las acciones presentadas y remite la medida al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut

Los primeros días de febrero, la abogada patrocinante Silvia de los Santos, solicita un PRONTO DESPACHO al Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante la convocatoria a una Sesión Extraordinaria de la Legislatura para tratar dicho proyecto el 5 de febrero. El STJ con fecha 3/2/2021 resuelve declararse incompetente y devolver los autos al juzgado de origen; por lo tanto, la presentación vuelve a Esquel y a la Jueza Arbilla.

El día 4/2/2021, la Jueza Arbilla DECRETA DE OFICIO COMO MEDIDA CAUTELAR la suspensión del tratamiento del proyecto de ley de zonificación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo de la medida autosatisfactiva.

Al momento de elaborar este resumen, 8 de febrero, la Fiscalía de Estado apela ante la Cámara de Apelaciones lo resuelto por la Jueza Arbilla.

2 – Denuncia por falsedad ideológica en el proyecto de Ley Nº 128/20 – Ante el Ministerio Público Fiscal

La denuncia por falsedad ideológica contra el Gobernador y los Ministros la realizan inicialmente 3 vecinxs de la UACCH ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel el día 30 de noviembre de 2020. Casi simultáneamente, una presentación similar es realizada por vecinxs de la Asamblea de Rawson ante el Procurador General y vecinxs de la Asamblea de Epuyén ante la Justicia Federal.

Estas presentaciones surgen de las declaraciones del investigador del Conicet Guillermo Velázquez (Director del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET), que toman estado público, en las que explica cómo su investigación fuera manipulada y utilizada como fundamento del proyecto de zonificación ya que entre los fundamentos del proyecto de zonificación se utiliza un mapa de Índice de Calidad de Vida (ICV) resultado de la investigación de Velázquez y su equipo, y se justifica la megaminería en los Departamentos de Gastre y Telsen para mejorar dichos índices tergiversando los informes que sustentan el mapa que afirman que la Minería tiene impactos negativos sobre las comunidades en las cuales se realiza. En su réplica Velázquez explica:

“IGEHCS – INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
REPLICA AL DOCUMENTO “DESARROLLO MINERO Y EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV)”
En relación a la circulación en redes sociales en la Provincia de Chubut de un documento titulado: “Desarrollo Minero y el Índice de Calidad de Vida (ICV)” se comunica que:
“el informe que está circulando en las redes sociales con el logo de CONICET es falso y que ha sido modificado capciosamente a favor del desarrollo minero en dicha Provincia”.
Como Director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaro que el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos. La información del repositorio de CONICET ha sido manipulada y mezclada con mapas mineros.
La malversación de documentos públicos relacionados con investigaciones llevadas a cabo por personal de CONICET con la finalidad de tergiversar la opinión pública representa un hecho de extrema gravedad.
Guillermo A. Velázquez Director IGEHCS

El día 18 de diciembre se hace una ampliación de la denuncia teniendo en cuenta información y declaraciones de dos diputadas que expresan sospecha de probable delito de corrupción de los legisladores en función de acompañar el proyecto de zonificación.

El Procurador General Jorge Miquelarena, le pide el proyecto al Presidente de la Legislatura del Chubut, Ricardo Sastre, y le consulta si en el Proyecto de Zonificación se incluye el informe de Velázquez con el mapa tergiversado del Índice de Calidad de Vida y minería. Sastre le dice que NO. El Procurador entonces coordina una entrevista con Guillermo Velázquez para el 22 de diciembre.

Luego de estas gestiones, Miquelarena deriva la denuncia al Ministerio Público Fiscal de Rawson y se hace cargo de la misma el Fiscal General de Rawson Osvaldo Heiber quien entrevista a Velázquez.

Las afirmaciones del Investigador coinciden con lo denunciado por las asambleas y pese a ello, el 12 de enero de 2021 el Fiscal Heiber archiva la denuncia sin investigar nada más.

Las asambleas hacen un reclamo mediante un pedido de desarchivo a la Jueza Penal de Rawson Mirta del Valle Moreno quien fija fecha de audiencia para el día 5 de febrero de 2021.

Ante la presentación de la abogada Silvia de los Santos, la Jueza Moreno en la audiencia resuelve que el archivo de la denuncia por parte del Fiscal Heiber fue prematuro. Por lo tanto, no habiendo coincidencia entre el criterio del Fiscal y la Jueza, quien deberá determinar si se archiva la denuncia o continúa la investigación es el Procurador General Jorge Miquelarena.

3 – Denuncia por falsedad ideológica al gobernador Mariano Arcioni – Ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Esquel

El día 30 de noviembre, se presenta una persona que integra la UACCH al Juzgado Federal de Esquel para realizar la siguiente denuncia contra el gobernador:

“Falsedad Ideológica en la conducta dolosa del gobernador Mariano Arcioni, por violación de la propuesta electoral obteniendo los votos y actuando en el ejercicio de sus funciones de otra manera, en relación a la megaminería y los recursos naturales”

El día 15/12/2020, la persona denunciante recibe una notificación en la cual el Juzgado Federal de Primera Instancia se declara incompetente y remite la denuncia al Juzgado Federal Nº 1 de Rawson, Secretaría Electoral de Chubut.

Las asambleas miembros de la UACCH consideran que los poderes del Estado deben estar al servicio del pueblo. Basta de servilismo a las empresas depredadoras.

Los Poderes del Estado deben estar al servicio del Pueblo

En diciembre la Legislatura provincial no llegó a debatirlo en sesiones ordinarias y ahora el Ejecutivo provincial vuelve a la carga. Sólo el proyecto de plata Navidad movilizaría inversiones por u$s 1250 millones en los próximos 20 años.
Carlos Boyadjian
02/02/2021
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, convocó a la Legislatura provincial a sesionar en período de extraordinarias el viernes 4 de febrero, con el fin de avanzar en varios proyectos de ley, entre los que se destaca la iniciativa de zonificación minera, que desde fines del año pasado, cuando el gobierno provincial anunció que avanzaría en esa línea, generó fuertes reacciones de los movimientos ambientalistas.

Según el decreto N°50, firmado por el mandatario provincial, la convocatoria es para el viernes a las 8 y el orden del día incluye el tratamiento de cinco proyectos, el primero de los cuales (Proyecto de Ley 128/20) es el de Desarrollo Productivo en la Meseta de Chubut, que incluye la zonificación minera.

Desde 2003, cuando tuvieron lugar nutridas manifestaciones en oposición a la minería metalífera a cielo abierto en Esquel, la minería está virtualmente vedada en todo el territorio provincial.

En rigor, en ese momento se sancionó la ley provincial 5001, que puso en compás de espera toda iniciativa minera. De hecho, no prohíbe la minería en la provincia, sino que establece en su artículo segundo que hay que zonificar la provincia y evaluar dónde sí es posible hacerlo en condiciones de seguridad para población.

El objetivo de Arcioni ahora es definir las zonas en la provincia en la que se puede desarrollar la minería, sin riesgos para la población, en especial en la Meseta, donde las posibilidades de desarrollo económico son escasas.

Sin embargo, hay varios proyectos de minería en danza (algunos en etapa de prefactibilidad y factibilidad avanzados).

El gobierno de Chubut busca atraer esas millonarias inversiones y generar empleo en la zona, en las localidades de Gastre y Tensen, en especial para los jóvenes, que se van de los pueblos buscando mejores horizontes. La iniciativa contaría con apoyo de la población local, aunque también hay sectores que se oponen.

Algunos de estos proyectos son yacimientos de plata, que a diferencia de la explotación de oro, no utilizan cianuro ni hacen explotación a cielo abierto. Justamente ésta es la principal demanda de quienes se oponen a la minería en la provincia.

Desde que se conoció la iniciativa oficial de zonificación minera los grupos ambientalistas reactivaron sus protestas, y en diciembre lograron cierta influencia en los legisladores, que finalmente no llegaron a tratar el proyecto en sesiones ordinarias.

Uno de los proyectos más promisorios es Navidad, localizado en el centro de la meseta chubutense y proyecta una inversión de u$s 1250 millones en toda la vida útil del proyecto, que supone dos años de construcción de la mina y unos 18 años de vida operativa.

Fuentes del sector minero estiman que en caso de aprobarse la zonificación, sólo Navidad, el proyecto más avanzado a nivel de estudios de factibilidad, exportaría unos u$s 350 millones anuales, un 12% de las exportaciones mineras totales del país y generaría unos 850 puestos de trabajo directos y 2000 empleos indirectos.
https://www.cronista.com/economia-politica/arcioni-enfrenta-a-ambientalistas-y-convoca-a-extraordinarias-para-tratar-la-zonificacion-minera/

02/02/2021
Ubicado en la Puna jujeña, sus escuelas, el hospital y hasta el registro civil pertenecen a Glencore, la dueña de la mina de plata, zinc y plomo cuyo cierre anunció para dentro de un año.

Por Gabriela Tijman para Motor económico
En enero de 2022 habrán terminado las operaciones de la Mina Aguilar. En 2023 la empresa se irá definitivamente y El Aguilar será, después de casi un siglo, solamente un pueblo más de la Puna jujeña. Para entonces, se habrá cerrado el ciclo de cuatro generaciones de mineros que pasaron por los socavones del yacimiento, la mayoría de ellos oriundos de las ciudades de Abra Pampa, La Quiaca y Humahuaca.

El 16 de noviembre pasado la Compañía Minera Aguilar comunicó “con tristeza” el cese de las operaciones productivas en la Puna jujeña. La razón: el agotamiento de los recursos minerales.

La localidad El Aguilar nació con la mina. Ubicada al norte del departamento Humahuaca, en el límite entre la Puna y la Quebrada, hoy tiene categoría de municipio, con un Concejo Deliberante de seis ediles, tres instituciones educativas y profesionales, un hospital, un registro civil, un mercado de abastecimiento y dependencias policiales.

Para acceder al pueblo hay que traspasar una casilla de seguridad y una barrera de la compañía. Las casas, los caminos, el hospital, la escuela, incluso la cancha de fútbol de césped sintético inaugurada en enero de 2018, todo es de la empresa.

Allí viven hoy cerca de 4000 personas. El cierre de la mina implica la pérdida de 630 puestos de trabajo directo, que es el 90% de la mano de obra local, según precisó el intendente de El Aguilar, Sergio Alejo. El impacto negativo se sentirá también en las localidades cercanas.

“Si se muere El Aguilar, no se muere solo. Se mueren muchos otros pueblos”, dijo Santos Cayo, obrero de la mina con 24 años de antigüedad. Es que en los alrededores hay varios parajes, como Casa Grande, Vizcarra, La Poma y El Portillo, cuyos pobladores hacen sus compras y sus trámites en El Aguilar.

El intendente Alejo se muestra más optimista. Afirma y repite que “el pueblo continúa, el pueblo no se va”. En diálogo con Tiempo, contó: “El pueblo está muy triste. Nos cayó de sorpresa la noticia, y eso es lo que más nos dolió a todos. La gente no estaba preparada para esto”.

Al anunciar el cierre de la mina, la compañía –que pertenece a la multinacional Glencore–, propuso un programa de retiro voluntario para los 630 obreros que calificó de “beneficioso”. Después de varias reuniones entre el sindicato, la empresa y el gobierno provincial, finalmente el 12 de enero se firmó un acuerdo.

“Tal como lo dijimos, resguardamos los intereses del pueblo de El Aguilar y se ha logrado la doble indemnización para los trabajadores que queden desvinculados de la empresa”, señaló el gobernador Gerardo Morales, que encabezó la última reunión. En rigor, la doble indemnización les corresponde por derecho, pues está vigente el decreto presidencial 961/2020 que así lo dispone.

El intendente Alejo aseguró: “Vamos a buscar todas las alternativas para que el pueblo siga funcionando”. Con este fin es que ya en diciembre se presentó una serie de propuestas productivas cuya viabilidad financiera analizará la gobernación desde febrero. Algunos de esos proyectos implican oportunidades de inversión para los trabajadores que cobren el retiro o la indemnización, “para que la plata les rinda más”, describió Alejo.

El yacimiento de plata, plomo y zinc fue concesionado por primera vez en 1929, y cuatro años después la Compañía Minera Aguilar comenzó a extraer el mineral. Tras haber pasado por varias manos, en 2005 el grupo suizo Glencore compró las acciones de la empresa que tenía el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y se hizo con el control de la compañía. En ese momento, anunciaron un plan de exploraciones “para prolongar la explotación hasta 30 años adicionales”. Pasaron solo quince.

El mismo día del anuncio del cierre, la delegación Aguilar de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) advirtió que “no era cierto” que no hubiera más mineral para extraer. Su secretario general, Carlos Trejo, repitió en cada reunión el pedido de que se haga una auditoría externa al respecto. Su reclamo quedó plasmado en el acta acuerdo, así como también la respuesta negativa tanto de la empresa como del gobierno provincial.

“El cierre es una atrocidad”, dijo Trejo, y denunció que “la empresa hizo que no le cierren los números”. A pesar de no haber logrado mantener las fuentes de trabajo, Trejo consideró como “un triunfo” la cuestión de la doble indemnización, que implica montos muy superiores a los retiros voluntarios que había ofrecido la empresa al anunciar el cierre y que se suspendieron a mediados de diciembre, cuando empezaron las negociaciones.

La pregunta que queda flotando es si existe la posibilidad de que otra compañía aterrice en El Aguilar para hacerse cargo de la mina. El intendente Alejo cree que sí, que es posible: “No ahora, pero en un futuro cercano seguramente van a vender y vendrá otra empresa a explotar la mina. Pero primero esta empresa tiene que realizar todo el saneamiento y el cierre. Estaremos atentos”. «

Un acuerdo con patas demasiado cortas

Desde que comenzaron las negociaciones, los mineros realizaron varias marchas hasta la capital provincial. El martes 12, mientras se desarrollaba la última reunión, estuvieron en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, expectantes, con sus overoles naranja.

Los puntos centrales del acuerdo establecen que el proceso de cierre va a llevar un año, que la empresa se compromete por dos años a sostener el pueblo, mantener los caminos, no promover ningún desalojo y mantener los servicios de energía, cloacas, recolección de residuos y provisión de agua potable. Sobre el destino de las 700 viviendas, se acordó constituir una mesa de trabajo. Las tareas de remediación ambiental llevarán cinco años.

Además, van a seguir sosteniendo el hospital por seis meses, y habrá un período de transición con corresponsabilidad entre el gobierno de la provincia y la empresa. En el acta quedó aclarado que “nunca podrá bajar el nivel de prestación” y que se atenderá tanto a quienes tengan obra social como a quienes no.

Morales se comprometió a gestionar con Nación el cobro del seguro de desempleo y la jubilación para los mineros que no cumplan el requisito de edad. El gobernador, además, agradeció en las redes sociales “el compromiso del gobierno nacional por el futuro del pueblo de Mina El Aguilar”, luego de haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Wado de Pedro, los primeros días de diciembre. Ni desde el gobierno provincial ni desde la cartera nacional brindaron precisiones sobre cuál sería el papel de Nación en este tema.
Fuente: Telam

El Aguilar: cómo se construye un nuevo pueblo fantasma

28/01/2021
Zonificación, la mentira que solo se sostiene con más mentiras
A la hora de defender el resistido proyecto de zonificación que Fernández y Arcioni impulsan en Chubut, no hay ahorro de voces de los personeros de las transnacionales. Hoy, leemos al Secretario General de la Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA), Héctor Laplace, y sus declaraciones al medio “El patagónico”. Veamos cada una de sus falsas afirmaciones:

1- “Estamos a 100 kilómetros del río y el cianuro no se va a utilizar”.
Como se ve en la imagen, el río Chubut está incluido en la zonificación.Parece que Laplace faltó a la clase de Geografía. O que miente. Nos inclinamos por esta última opción.

2- Los principales beneficiados por el desarrollo industrial serán los pobladores de la región.

En esta misma página hemos publicado una nota en dos partes sobre el tema que sintetiza el capítulo 5 de “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”. Puede leerse la primera parte aquí y la segunda parte en este enlace.

3- A principios de 2020 estuvimos en la Meseta y tuvimos reuniones con los intendentes de Telsen y de Gastre, Leonardo Bowman y Genaro Pérez. Ellos están absolutamente convencidos de que la alternativa minera es la única que tienen para que no pasen a ser pueblos fantasmas.”

Podríamos apelar a tragedias mineras como Brumandhino para refutar esta afirmación pero elegimos testimoniar con una realidad más cercana. Estos son algunos de los pueblos fantasmas que esconde el mapa de la provincia de Neuquen según el diario El federal

San Eduardo. La tragedia vistió de luto al pueblo. El 29 de marzo de 1951 una tremenda explosión ocurrió en la mina Santa Teresita, en cercanías del pueblo. Seis mineros fallecieron, con este hecho el pueblo selló su suerte. Supo tener 5.500 habitantes, escuelas y cancha de fútbol. Una vez que la mina agotó su yacimiento, no hubo más trabajo y el pueblo quedó vacío.

Auca Mahuida. Es una de las historias más tristes. El pueblo, hoy en ruinas, se halla al norte de Barda del Medio, en su momento de apogeo fue un lugar donde el trabajo sobraba, su mina de carbón llevaba este elemento hasta la punta del riel, y también se exportaba a Chile. En el año 1947 la mina tuvo una explosión que abrió una filtración de agua y rápidamente las galerías subterráneas se inundaron, falleciendo 23 mineros. Sus restos nunca fueron recuperados y descansan allí, insepultos.

Villa Rincón Chico. Es un caso ejemplar de cómo un pueblo puede desaparecer en poco tiempo. La localidad, que llegó a tener 10.000 habitantes, se hizo a la par de la construcción de la represa Piedra del Águila. Se pensó que aquí iba a surgir una ciudad con los últimos adelantos tecnológicos y arquitectónicos, se proveía agua del río Limay y aún queda un inmenso entramado de caños subterráneos donde se aseguraban distintos servicios para la ciudad que hoy está en ruinas.

Alicurá. Durante seis años, entre 1979 y 1985, el pueblo llegó a tener miles de habitantes. Cine. Hospital, salas de juego, y lugares para practicar deportes. Albergó allí a los trabajadores de la represa Piedra del Águila, cuando esta obra se terminó, de a poco el pueblo comenzó a morir. Hoy quedan las ruinas de las casas, sus calles y los árboles que plantaron sus habitantes que han hecho un grupo de Facebook, donde se juntan a recordar sus años en el pueblo, que hoy está dentro de tierras privadas.

Challacó. El pueblo fue dos veces ejes de movimiento y trabajo, cuando fue punta de riel del ferrocarril y cuando se descubrió en 1941 petróleo en la vecina Plaza Huincul. Las dos oportunidades históricas no pudieron detener la tormenta del éxodo. El tren llevó las maquinarias necesarias para la explotación del hidrocarburo. La ruta pasaba a un costado de las vías, pero como estaba presentada sobre una depresión natural, se inundada con facilidad debido a la filtración de vertientes. Por esta razón, el pueblo quedó incomunicado y el éxodo lo convirtió en otro de los pueblos fantasmas de la provincia de Neuquén.

4- “Un proyecto minero implica tener agua corriente, energía eléctrica, una correcta recolección de residuos, tomar las previsiones correspondientes en cuestiones de salud, no solo de la gente que trabaja en el proyecto sino de la población en general, y conectividad”

Se impone aquí aclararle a Laplace que el agua, la energía y la gestión de residuos son DERECHOS de los pueblos que los Estados deben garantizar y que resulta repugnante que un sindicalista sugiera que para ejercer esos derechos hay que entregar el territorio a las transnacionales. Repugna también la desidia de los gobiernos que programan el abandono de la gente para extorsionarla luego con proyectos de muerte.

5- Finalmente, Laplace afirmó que el proyecto legislativo descarta “dos miedos” de la población: la utilización del recurso del Río Chubut y el cianuro.

Ya desmentimos la primera afirmación: el río Chubut está DENTRO del trazado de la zonificación. La segunda afirmación, en relación con el uso de cianuro, requiere algunas aclaraciones:

Que se plantee un método por flotación no anula la probable utilización de cianuro.
La movilidad de roca en las explotaciones megamineras producen drenajes ácidos que son tan perjudiciales y tóxicos como el cianuro o más.
En la extracción de uranio está prevista la utilización de ácido sulfúrico.
Los enormes volúmenes de agua requeridos en la explotación megaminera atentan contra la provisión de ese bien escaso a las poblaciones del lugar y a las ciudades de la costa.
NO TENEMOS MIEDOS, TENEMOS CERTEZAS.
Fuente: el patagónico

Zonificación, la mentira que solo se sostiene con más mentiras

27/01/2021
Los organismos de Derechos Humanos agrupados en el colectivo Diálogo 2000 publicaron una contundente declaración ante la embestida prominera del gobierno nacional sobre varias provincias, con una situación de altísima y prolongada tensión en Chubut.
Fuente: dialogo2000.blogspot.com. – Foto: infocaucete.com.ar

A poco más de un año del inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es cada vez más claro que en materia de saqueo extractivista nada queda de aquel “combatiendo al Capital” de los orígenes peronistas. Tan claro como la constatación de que no hay grieta en esa alianza entre la casta política argentina -peronista o antiperonista- y el poder fáctico transnacional vinculado al extractivismo, uns alianza ininterrumpida desde los años ’90.

Durante este año continuó creciendo la atención -y el compromiso- de los organismos de Derechos Humanos hacia las luchas de asambleas y comunidades de las provincias en defensa de su agua, su ambiente y sus territorios. En estos días, el Servicio de Paz y Justicia, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y otras organizaciones agrupadas en el colectivo Diálogo 2000 hicieron público un nuevo pronunciamiento, a poco más de un año de los contundentes pronunciamientos en defensa de Mendoza y Chubut (ver aquí y aqui).

A continuación, compartimos el texto del documento.

Caminos equivocados
– enero 25, 2021

La megaminería no es un camino de desarrollo. No es ni puede ser sustentable. No puede formar parte de ningún plan que pretenda beneficiar al pueblo argentino. No en Chubut, no en La Rioja, no en Catamarca ni en San Juan, Jujuy, Mendoza o ninguna otra parte.

Están a la vista los estragos que genera, como lo son la destrucción de las comunidades y la contaminación irreversible de las aguas y la tierra, el desconocimiento y subversión sistemática de las reglas democráticas más elementales, la represión de la protesta y la violencia contra quienes defienden sus derechos y los de la naturaleza, entre otros. Está clarísimo, en el mundo entero, que la megaminería no resuelve el hambre ni el desempleo, ni tampoco las graves situaciones que provoca el sistema de deuda perpetua, sea a nivel nacional o provincial.

No obstante, en estos últimos días el presidente ha reafirmado en varios escenarios, la decisión de su gobierno de seguir promoviendo la megaminería tóxica, saqueadora y endeudadora. En San Juan y La Rioja, apuntó a las “infinitas riquezas” a aprovechar e hizo caso omiso de sus nefastas consecuencias, reales y potenciales. Pero el gesto presidencial más explícito fue el renovado respaldo al avance de la megaminería en algunas zonas de la provincia de Chubut.

Desde Diálogo 2000 expresamos nuestro apoyo a esta Iniciativa Popular y a toda la lucha del pueblo de Chubut y de otras provincias del país, contra el extractivismo megaminero. Es un camino equivocado, una falsa solución, en Chubut o donde sea. Igualmente equivocada es la pretensión de gobernar a espaldas de la gente, sin consulta o contra la voluntad expresada.

No es casual que horas antes de recibir al gobernador de Chubut, el presidente tuvo una “conversación excelente” con la directora ejecutiva del FMI. Resaltó después el compromiso mutuo de trabajar “para una economía mundial más justa e inclusiva.” Bonitas palabras en ambas reuniones, lejos de reflejar lo que realmente son las políticas que impulsan: envenenamiento y saqueo, empobrecimiento, crímenes contra los pueblos y la naturaleza, impunidad. La megaminería, el endeudamiento y el FMI, no son caminos de justicia e inclusión.

Existen alternativas a la megaminería, como vienen señalando los pueblos de Chubut y de otras provincias amenazadas. También hay alternativas, como recién se ha mostrado en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, a seguir “honrando” una deuda fraudulenta que nunca benefició a la Argentina y que el pueblo no debe. Sumemos fuerzas para abrir mejores caminos.

-Buenos Aires, 25 de enero de 2021

Por Diálogo 2000,

Adolfo Perez Esquivel Nora Cortiñas Beverly Keene

Premio Nobel de la Paz Madre de Plaza de Mayo-L.F. Coordinadora

Caminos equivocados: deuda, fondo y megaminería

21/01/Chubut
La relación entre universidades y empresas mineras no es nueva. En este caso se manifestó en la publicación de una nota en el diario La Nación. La respuesta de nuestra Asamblea no se hizo esperar. Pasados varios días del envío, no perdemos la expectativa de que la misma se publique, pero adelantamos aquí la respuesta enviada, así como algunos detalles del vínculo entre la Universidad de Belgrano y los intereses de las transnacionales mineras.
Fuente: noalamina.org

Ante la publicación de una nota de opinión en el diario La Nación donde docentes de la Universidad de Belgrano afirman que es posible “conciliar minería y cuidado del ambiente”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel envió al diario un texto a fin de ejercer un justo derecho a réplica. Como un dato de contexto, resulta relevante conocer que la mencionada universidad lanzó en 2017 el “primer observatorio pyme minero”, con lo cual consideramos que su neutralidad académica frente el tema queda seriamente condicionada. En el dossier de dicha presentación la UB declara que ese aporte “pretende ser estratégico, como fuente de apoyo a la industria minera y a toda la red proveedora.”

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

Desde la Asamblea de Vecinos de Esquel deseamos compartir algunas precisiones en relación a conceptos vertidos en la nota publicada el día 9 de enero de 2021, firmada por los señores Fritzsche, De Castro y Corcuera.

Hace 20 años debatimos y rebatimos en Esquel los argumentos publicados. Sería imposible volcar en pocas líneas todo lo aprendido en estos años.

El artículo “Conciliar minería y cuidado ambiental es posible” aborda muchos de los puntos que las asambleas de Chubut denunciamos sobre la megaminería. El título sostiene que es posible “conciliar” una actividad absolutamente extractiva con el cuidado del ambiente y ser realizada de forma sustentable. Pero no presentan ningún ejemplo real, … sencillamente porque no existe. La megaminería consiste en extraer un bien común no renovable, por lo que es imposible que sea sustentable, ya que el mineral extraído no se regenera. Es altamente destructiva en el propio ambiente del “yacimiento”, pero genera también impactos negativos a largo plazo y en zonas tan amplias que son de difícil o imposible previsión. La pulverización de millones de toneladas de rocas libera minerales naturalmente retenidos en su interior, que pasan así a ser tóxicos a través de los drenajes ácidos y de las inevitables filtraciones desde escombreras o diques de colas, o esparcidas por los fuertes vientos. A lo que se suman los riesgos vinculados al colapso de esos depósitos, así como al transporte de sustancias químicas peligrosas por tierra y agua. Todo ello verificable en innumerables casos alrededor del mundo, con Jáchal, Mariana y Brumadinho entre los más recientes.

Pero es el altísimo consumo de agua en megaminería el aspecto más alarmante para toda la población, en un contexto de sequía. La minería metalífera no puede funcionar sin ingentes cantidades de agua dulce, a razón de 8 millones de litros por día sólo para el proyecto Navidad. La escasez de agua es motivo de reclamos en varias ciudades de la provincia. Y un claro indicio de la incompatibilidad con el cuidado del ambiente. Es tal la creciente escasez en el mundo, que en diciembre del 2020 el agua comenzó a cotizar en Wall Street así como el petróleo, el oro o la soja.

El impacto negativo no sólo se restringe a la naturaleza: en lo social y en lo político es abrumador. Sin que ninguna empresa esté en etapa de explotación en la provincia, hemos visto al diputado Muñiz recibiendo en su celular órdenes de empresas mineras durante una sesión legislativa (2014), hemos escuchado al gerente de comunicaciones de Minas Argentinas S.A Ricardo Bustos, solicitar “que presionen” a la presidenta de la UCR provincial para que sus dos diputados voten a favor de la zonificación; o al propio gobernador chubutense Arcioni “confundiendo” el proyecto de Ley con un “convenio” con las empresas, entre otros numerosos ejemplos. El gobierno está tan comprometido con las mineras, que desconoce Tratados Internacionales de rango constitucional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa al mundo indígena cuando se afectan sus territorios, o el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Se ha convertido a la meseta chubutense en una zona altamente vulnerada, con agravios a culturas originarias al punto de trasladar un enterratorio de miles de años. El proyecto de zonificación presentado por el Ejecutivo provincial fue redactado a espaldas del Pueblo y sin consulta a instituciones científicas como el Conicet, el INTA, la UNPSJB, que han denunciado esta situación, e incluso han señalado las amenazas y engaños implícitos en tal proyecto.

Junto a esto, el gobierno ha creado una crisis provincial que lleva varios años, donde, por ejemplo, los empleados estatales no han cobrado dos sueldos y un aguinaldo de 2020. Todo en busca de la “licencia social” que no tienen. Así ha privado además a la población de servicios esenciales como Educación y Salud, entre muchos otros.

De forma particularmente extraña, los profesionales firmantes de la nota confunden Consulta Popular con Iniciativa Popular y ponen en duda los arrestos, allanamientos y judicialización que sufrimos los asambleístas. Las Asambleas de Chubut no hemos pedido una consulta, donde ganaría el rechazo a la megaminería, sino que presentamos un proyecto de Ley a través del mecanismo de Iniciativa Popular. Si confunden dos conceptos tan diferentes ¿qué más estarán confundiendo? Si ponen en duda una realidad publicada por todos los medios ¿qué otras mentiras pueden decir?

En cuanto a lo laboral, rechazando el gobierno cualquier alternativa a la minería, y dejando sin incentivos estatales a las actuales actividades, resultan una estafa las promesas de generación de empleos locales. La capacitación requerida por la megaminería imposibilita la contratación de la población local. Y los propios firmantes son ejemplo: ninguno de ellos, reside en Gastre o Telsen. Todos están cómodamente ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Catamarca, San Juan y Santa Cruz las evidencias son abrumadoras: las empresas contratan operarios de regiones lejanas, a fin de eludir juicios de las familias ante accidentes u otros conflictos.

Aclaramos también que en los 20 años que no pudieron extraer oro del Cordón Esquel, ningún chico se quedó sin bicicletas, como afirman en la nota publicada. El proyecto Esquel -rebautizado Suyai para esquivar la información sobre el rechazo masivo desde 2003- pretende extraer oro (1500 millones de dólares) y Navidad extraería plata y plomo (11000 millones de dólares). Ninguno de ellos es indispensable para la vida cotidiana de la población, sólo son necesarios para la especulación y el atesoramiento de unos pocos.

Para no extender más: la megaminería saquea los recursos y al país, llevándose los minerales y dejando ínfimas regalías (menos del 3%), deja profundos daños ambientales y destruye actividades económicas que existen actualmente o podrían existir con incentivo estatal. La megaminería contamina el ambiente, contamina la sociedad y el gobierno. Desde Chubut, seguiremos diciendo que NO es NO.

Atte,

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina

noalamina.org

Esquel, 14 de Enero, 2021

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

24/01/2021
El supuesto “inicio del debate” sólo fue una puesta en escena para poner punto final y cumplir el capricho de Nación de imponer la megaminería trasnacional en Chubut, sin licencia social y en contra de lo que indican los sectores científicos y académicos. Mientras los aliados hacían la pantomima, Arcioni, Sastre y Eliceche se fotografiaban con Alberto Fernández y Sergio Massa en Buenos Aires. El verano y la pandemia como última chance de los promineros para imponer la zonificación antes de que lleguen las elecciones y antes de que se cumpla el plazo legal para el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular.
Por Noalamina.org

Alberto Fernández está obsesionado con cumplir el fallido que en diciembre de 2019 manifestaba frente a empresarios del extractivismo cuando anunciaba que “en Chubut hemos logrado explotar plata en la meseta”. También indicaba en ese entonces que había logrado modificar la ley en Mendoza, pese a que todavía no había sido la sesión que volteó la 7722 ni la pueblada que la volvió a colocar en su lugar, haciendo recular al gobierno provincial de Suárez, legisladores de Cambiemos, el PJ y al propio Fernández.

Según Mariano Arcioni, el presidente se mostró sorprendido porque aún no se haya modificado la ley que hace 18 años prohíbe la megaminería en Chubut. Lo que hasta ahora ha logrado el Alberto Fernández fue imponer el cambio de postura del vicegobernador Ricardo Sastre (hace un año, con Mendoza en los medios nacionales y distanciado de Arcioni decía haber comprendido la voluntad del pueblo y reafirmaba su “No es No”); en diciembre del 2020 y tras una reunión con Pablo Moyano logró que Camioneros-Chubut pegue un volantazo y su dirigencia se olvide de las actividades y declaraciones contra la megaminería; hoy busca apretar al sector del PJ que sigue en contra de la zonificación, más por responder a la presión desde abajo y por su pelea política con Arcioni que por convicción propia, salvo contados casos.

Según indicaron medios como Jornada y Metadata, el gobierno buscaría aprobar la zonificación este jueves 28 de enero. Si bien hasta que no esté convocada no se puede esperar nada confiable de políticos operadores de las mineras, existe la posibilidad de que reuniendo 14 bancas, se convoque a una sesión extraordinaria. En pocos meses se cumple el plazo legal para que la Legislatura deba tratar un proyecto presentado por iniciativa popular avalado por 30.916 firmas (el doble del porcentaje mínimo que estipula la Constitución Provincial). En lugar de respetar el proyecto popular, gobierno nacional, provincial y mineras buscarían aprobar un proyecto completamente opuesto: en enero, con una sesión extraordinaria, en plena pandemia y de manera virtual. Si a esto le agregamos que gran parte de quienes lo llevarían a cabo, en elecciones prometieron lo opuesto, podemos comprobar que de democracia sólo ha quedado el nombre. Mientras tanto en Canadá, siguen de cerca la política chubutense y Pan American Silver le indica a sus accionistas que con la zonificación, a más tardar en un año comenzaría la construcción del Proyecto Navidad.

El debate que no fue

Finalizó la semana de “mesas de trabajo” en donde se suponía que distintos sectores sociales participarían de un “debate” sobre el proyecto de ley del ejecutivo. Nunca se puso en discusión el proyecto, sino que desde el principio estaba convocado para “buscar aportes para mejorar el proyecto”. Así fue que se ignoró la Iniciativa Popular y a quienes la impulsaron, se bajaron todos los sectores que no son promineros, fueron exposiciones cerradas con preguntas al final (por parte de quienes ya de antemano buscan imponer la megaminería) y los únicos medios que “la cubrieron” son quienes se dedican a reproducir gacetillas oficiales, recibir pauta del gobierno y plata de las mineras. El resto, no pudo acceder y se dedicó a mostrar la otra cara, la de los actores sociales, políticos, académicos y científicos que se diferenciaban de la convocatoria denunciando la truchada.

La semana pasada, tras enterarse por los medios de que eran parte de las jornadas, distintos sectores se posicionaban o adelantaban sus probables posturas (leer más acá). La sorpresiva convocatoria, cerrando la primera quincena de enero, imposibilitaba una participación genuina de sectores que podrían haber acudido a manifestar una posición sobre un tema que se debate en la provincia hace más de 18 años.

Esta semana, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco le respondió a Arcioni que este tipo de convocatorias deberían ser el inicio de un proceso de debate, y que este primer llamado formal que se le hace a la universidad requerirá un tiempo prudencial para poder remitirle una opinión institucional,dado que el funcionamiento interno de una universidad nacional requiere la deliberación y el debate de los distintos claustros en los órganos de cogobierno. Pese a ello, en el comunicado le recuerdan al gobernador que “la UNPSJB se ha expresado en numerosas oportunidades sobre los proyectos de zonificación minera, manifestando que la preservación del agua y demás recursos ecosistémicos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a estrategias para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut también respondió a la convocatoria de Arcioni. En un comunicado con la firma de su decana, la ingeniera Diana Bohn, indican que “la participación colaborativa que requiere este tipo de proyectos debe ser planteada desde el inicio del proceso, y no sólo a fin de emitir opiniones sobre proyecto ya definidos”. La institución decidió no participar de la jornada y se mostró a disposición para trabajar en políticas públicas provinciales de desarrollo integral con el agua como punto de partida, para garantizar un futuro próspero para toda la provincia.

También desde el IPCSH-CONICET decidieron a través de su Consejo Directivo declinar la convocatori a participar “en concordancia con otras instituciones científicas […] en virtud de la celeridad que se le busca imprimir a un debate que, por su relevancia, requiere mayores plazos de tiempo y una convocatoria amplia a otros sectores de la comunidad. La invitación al sector científico se da en un proceso avanzado del tratamiento legislativo, y no en sus fases iniciales” indican, y agregan: “Esta convocatoria es informativa, con una modalidad que solamente permite la realización de preguntas sobre aspectos de una decisión que, a nuestro entender, ya ha sido tomada”.

Trabajadorxs de Ciencia Chubut volvieron a expresarse con un comunicado en el que solicitaron un derecho a réplica y una rectificación a distintos medios provinciales (El Chubut, El Patagónico, ADN Sur) quienes habían indicado que el gobierno se reunió con representantes académicos y científicos de Chubut. “Todas las instituciones universitarias y científico-tecnológicas de la provincia objetaron el PL 128/20 y pidieron que sea retirado de la legislatura provincial” expresan en el comunicado, y agregan: “aclaramos que a pesar de que un grupo reducido de profesionales del sector asistió a la mesa a título personal, las instituciones científicas de Chubut no avalan el proyecto de zonificación minera”.

En contraposición a lo que indican los medios de comunicación sostenidos por la criminal pauta oficial del gobierno provincial, quienes trabajan en espacios académicos y de ciencia se han reunido desde abajo y han reafirmado su negación a la imposición de la megaminería. Se trata de un grupo constituido a partir de la nota consensuada y presentada en la Legislatura Provincial en noviembre del 2020, cuyos contenidos y avales están plasmados en este enlace: bit.ly/3p72fBP. Quienes sí participaron, son investigadores y técnicos ligados a la actividad megaminera, sobre los cuales se puede conocer más en esta nota de Con Sello Patagónico.

Comunidades originarias de la meseta centro norte (el territorio a sacrificar según el proyecto de zonificación) reafirmaron su posición, reclamaron la Consulta Previa, Libre e Informada y repudiaron las “mesas de trabajo”. Son las comunidades Mallín de los Cual, Los Pino, Ñuke Mapu de El Escorial, Laguna Fría – Chacay Oeste y Yalalaubat quienes también exigieron que se retire el proyecto de ley 128/20 y que se trate y apruebe sin modificaciones la Segunda Iniciativa Popular.

Desde Greenpeace Argentina acusaron a Arcioni de armar un debate falso: “Los chubutenses no van a dejar que Arcioni Mariano siga poniendo presión para obligarlos a exponer su agua. El debate estuvo caracterizado por reunir sectores afines a la minería” expresaron, y agregaron:”el río Chubut está en juego, en una provincia donde ya falta el agua y se hacen cortes en varias localidades”.

La UCR , a través de su presidenta Jacqueline Caminoa, rechazó el llamado a las “mesas de trabajo” y reclamó que se les llame para discutir otros temas más importantes para la provincia. La Mesa de Conducción del Partido Justicialista de Chubut expresó que “no formará parte de esta aceleración de tiempos sin formas para sacar una Ley que acredite, sin un análisis profundo y participativo, otra forma más de extractivismo de los recursos naturales sin agregado de valor y con pésimas condiciones que solo buscan mayor deterioro de la calidad de todos en beneficio de pocos”. El Bloque de Diputados, Intendentes, Legisladores Municipales y Nacionales de dicho espacio no participó de las jornadas, con la excepción del diputado Carlos Eliceche, que estuvo junto a Arcioni y Sastre en la gira por la capital nacional pese a representarse a sí mismo, dado que ni siquiera es presidente de su bloque en la Legislatura Provincial.

Nuevamente Alberto Fernández confunde el logrado apoyo político con licencia social. El llamado a aprobar la zonificación cuanto antes sumirá a Chubut nuevamente en movilizaciones masivas en medio de una pandemia de la que el gobierno provincial lejos de ocuparse, busca utilizar para imponer la rechazada megaminería. Si los gobernantes no comprenden la firme decisión del pueblo chubutense, impondrán un escenario de alto conflicto como lo fue la imposición del Pacto YPF-Chevron en Neuquén en 2013 y la modificación de la Ley 7722 en Mendoza a fines de 2019. A ello hay que sumar la pandemia y la crisis en la que sumergieron a Chubut desde hace ya tres años y se profundiza día a día. Lejos de poder esperar algo de representantes que ya dinamitaron todo su capital político, otra vez se vislumbra que sólo el pueblo salvará al pueblo.

El debate que no fue y el apriete de Nación