EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOLOGÍA
POLÍTICA DEL SUR
CITCA -CONICET -UNCA
¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

“Las revueltas son el lenguaje de aquellos a quienes nadie escucha» (Martin Luther King)
En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los
acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá.

Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los
humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá,
inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la
violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando,
en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos
ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.

Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del
poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en
cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y
procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz históricopolítica de su emergencia).
Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas,
para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender
lo que ha pasado y lo que nos está pasando.

Justamente, la tarea y la función social de la ciencia es la de contribuir a la producción y validación
de conocimientos, profundizando los mecanismos de reflexividad social, a partir de una sistemática
y metódica inspección exhaustiva de las creencias de sentido común y las concepciones
naturalizadas de y sobre la vida social que -muchas veces desde el poder-se impone como “verdad”.

La ciencia moderna nació así. Bajo los cielos del Iluminismo, luchando contra el dogmatismo
religioso medieval, la filosofía moderna procuró hacer de la verdad una cuestión de masas, y del
buen gobierno, una tarea del entendimiento colectivo y la voluntad popular. Esas ideas incubaron
acontecimientos políticos a través de los cuales las sociedades humanas, en distintos momentos,
buscaron vías de escape a formas consolidadas de opresión y privación, hacia alternativas
superadoras; digamos, liberadoras. Es la historia de las rebeliones populares y las revoluciones
políticas modernas.

Creemos que eso es lo que subyace a los acontecimientos recientes en Andalgalá. El velo ideológico
que desde las cumbres del poder social (estatal, corporativo, mediático y sus agencialidades
satélites) se elaboró rápidamente sobre los mismos, condenando, hipócritamente, la violencia,
ocluye, en realidad, la naturaleza política del conflicto y prepara las armas de una escalada represiva.
Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la
“propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos
individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las
disposiciones del código penal.

La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un
elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las
reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en
la quema de las oficinas de una empresa minera.
Siguiendo la fundacional regla durkheimiana del procedimiento científico -que nos conmina a
“desechar sistemáticamente todas las prenociones”-, es necesario prevenirnos de no incurrir en la
grosera confusión entre un acontecimiento político y meros hechos delictivos. Los estallidos sociales
son eminentemente políticos. Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que
engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la
penalización. Los ojos de la ciencia no pueden incurrir en esa trampa ideológica. Confundir la
expresión política de un conflicto territorial estructural con burdos actos de vandalismo constituye
un ominoso error epistémico y político.

Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo
demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y
ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la
Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y
haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la
Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes
países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de
más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene
sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y
adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura.

Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se
trata de hechos individualizables. Aunque lo hayan materializado algunos sujetos, esos sujetos
expresaron una fuerza social colectiva. Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras
que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a
hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que
“desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos
tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable,
eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular.

Desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente “condenar la
violencia”. Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz
en una sociedad edificada sobre la guerra (y la sociedad moderna es cabalmente una sociedad
emergente de una larga guerra de conquista)? Si la condena a la violencia se hace honesta y

seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar
como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de
nuestro “sistema de gobierno y de administración de justicia”. La única paz duradera y deseable es
aquella que nace de la justicia y de un orden plenamente democrático.
Si de verdad queremos condenar la violencia, y no hacerlo desde el lugar hipócrita y cínico del
“respeto a las instituciones” (liberales, coloniales, bajo cuya sujeción nos hallamos) debemos
admitir, como nodo radical de los problemas que subyacen a la misma, los profundos déficits
democráticos y de justicia que agobian a nuestra sociedad local concreta y al modelo societal
hegemónico y global, en general.

Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad
privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo
primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los
’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo
de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos.
El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios
para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero. La
anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de
desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo
enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente
sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad;
factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural,
tecnológica y política.

Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no
puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos
sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros
proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria
mundial. A la hora de analizar científicamente los impactos de la minería en nuestra región, bien
vale recordar una conclusión de un prestigioso geógrafo inglés: “Tanto el siglo XIX como el XX han
estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una
clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio
natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y
crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, 2007).

El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar
perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo
que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería
transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos
otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia. No ha habido, en
general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría
dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo.

Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los
intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que
significa este tipo de explotaciones. En el caso de los acontecimientos de Andalgalá, perseguir a
quienes días pasados provocaron destrozos parciales a las oficinas de Yamana Gold, es un acto de
injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer
que, en pleno siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y
lacerante de América Latina; la vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de
convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia.

12 de abril de 2021, Catamarca (Argentina).
Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA.
Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet – CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de
Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las
Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora,
Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente
Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de
Humanidades, UNCA), Ana Belén Castro (Docente Investigadora, Cátedras de Ética y Deontología
Profesional y de Planificación, Fac. de Humanidades, UNCA), Gustavo Mario Pisani (Becario
Doctoral Conicet, Docente de la Cátedra de Antropología, Territorio y Sociedad, Escuela de
Arqueología, UNCA), Noelia del Valle Cisterna (Becaria Doctoral Conicet, Docente de la cátedra de
Ciencia Política, Fac. de Humanidades, UNCA), Estela Romina Cruz (Becaria Doctoral ConicetCITCA, Docente de la Cátedra de , Fac. de Humanidades, UNCA), Ornella Castro (Docente
Investigadora, Cátedra de Zootecnia General, Fac. de Cs. Agrarias, UNCA), Aimée Martínez Vega
(Becaria Doctoral Conicet- CITCA) Leonardo Javier Rossi (Becario Doctoral Conicet -CITCA),
Federico Vega Castillo (Estudiante y Ayudante alumno en Trabajo Social II Fac. De Humanidades,
UNCA ), María Zalazar (Estudiante Fac. de Humanidades, UNCA).
https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/04/Vandalismo-o-estallido-social-.pdf

DECLARAN LA GUERRA AL PUEBLO ANDALGALÁ EN ARGENTINA
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con
el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura
lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua
Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado
diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en
contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado
todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado
la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal
29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los
habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y
Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os
de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte
del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a
las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y
judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con
sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las
comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al
gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la
desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre
determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFE

Después del revés en Chubut, en Andalgalá se desencadenaron hechos de violencia que finalizaron con activistas detenidos por movilizarse contra el proyecto de Agua Rica
Juan Piscetta
18/04/2021
jpiscetta@infobae.com

Marcha minera en Andalgalá, Catamarca, contra el proyecto Agua Rica

En Andalgalá, provincia de Catamarca, la encrucijada sobre avanzar o no en un modelo minero se sella con violencia. Doce personas permanecían detenidas este domingo, acusadas de haber participado del incendio y los destrozos de las oficinas de la minera Agua Rica. El incidente, ocurrido el sábado 10 de abril, se produjo cuando un grupo de manifestantes que logran irrumpir en los ingresos de la compañía en un clima de caos y movilización. Explotaron, además, cinco vehículos y destrozos en la sede del PJ de Andalgalá. La semana continuó con una dura respuesta policial y judicial, que avanzó con allanamientos hacia los domicilios de los sospechosos que, por su crudeza, ameritó una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

El incidente en el pueblo norteño es el tercer eslabón de una cadena de protestas que desafía el plan de inversiones mineras de la gestión de Alberto Fernández. Entre los empresarios del sector y las autoridades de las provincias mineras preocupa cuando la tensión escala a ese punto.

Antes había sido Mendoza, a comienzos de 2020, donde una multitudinaria movilización volteó una reforma para habilitar la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Solo habían pasado dos meses de la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador, que tuvo que dar marcha atrás. En el verano de 2021 le tocó a Chubut: el gobernador Mariano Arcioni no pudo imponerse al rechazo social de su proyecto de rezonificación minera que habilitaba la explotación química, de plata cobre y plomo en departamentos como los Telsen y Gastre.

Andalgalá es una zona de alta conflictividad con la minería. La localidad, conocida como “La Perla del Oeste”, está ubicada a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. La ira se disparó mientras transcurría la marcha número 584 contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno.

Los activistas ambientalistas y sociales en contra del desarrollo minero aseguran que el emprendimiento de Agua Rica infringe la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, dos medidas cautelares y la ordenanza municipal 029/16, que prohibió la minería a cielo abierto en la comuna.

“Estamos en un punto de quiebre. Después de 11 años de lucha y caminatas, tenemos como única respuesta la violencia”, aseguró a Infobae Ana Chayle, miembro de la Asamblea El Algarrobo, una de las organizaciones impulsoras de la protesta. “El hartazgo y cansancio social hizo que tengamos una caminata histórica el 10 de abril. Nosotros denunciamos la presencia de infiltrados y operadores políticos por los incidentes, pero nadie puede desconocer que Andalgalá está despierta y enojada por la violación de las garantías y derechos”.

La paz social no está garantizada en Andalgalá y la desconfianza está instalada entre los protagonistas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rechazó los hechos de violencia “contra la propiedad privada” y ratificó la política minera por los ingresos que implica en materia regalías, retenciones y su “efecto multiplicador”.

Además, aclaró que no hay otras alternativas donde “el 80% del suelo provincial es de montaña”. “El proyecto de Agua Rica está siguiendo todos los pasos, estamos siendo estrictos”, indicó en radio Con Vos. “No se puede incendiar una empresa internacional, hemos mandado al secretario de Derechos Humanos para que vea la situación de los presos”, agregó.

Todo el sector privado minero y público cerraron filas y expresaron su repudio a lo ocurrido. “Vemos como preocupante el uso de la violencia para reemplazar a los argumentos, así como la negativa a participar en los espacios de debate. Creemos que siempre se deben buscar opciones superadoras”, sostuvo a Infobae el presidente la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia. “Argentina cuenta con recursos y puede ponerlos a producir, para mejorar la calidad de vida de su población. Tal vez la discusión debería centrarse en “cómo” debe ser la minería argentina, en términos de sustentabilidad, control y calidad”, añadió.

Detrás de la ebullición local hay una larga historia que data al menos desde hace 24 años. El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem inauguró el modelo minero de Bajo la Alumbrera, ubicada en el departamento de Belén. Se prometieron 6000 puestos de trabajo, un barrio para 5000 personas y un hospital de alta complejidad. Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold son las firmas que ponen en funcionamiento el yacimiento de cobre, oro y molibdeno. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, que confluye en una unión transitoria de empresas (UTE) con Minera Alumbrera.

El proyecto de Agua Rica, que está en etapa de exploración, es auspiciado como tres veces más grande que Alumbrera. El yacimiento tiene reservas minerales probadas y probables de 11,8 mil millones de libras de cobre; y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1,1 mil millones de toneladas de mineral.

“Después de 20 años de explotación de Bajo la Alumbrera, Andagalá sigue siendo un pueblo pobre, con calles destruidas y sin servicios básicos, y Catamarca es la provincia que más IFE necesitó en el inicio de la pandemia. Se construyó un hospital con fondos de regalías mineras que es pura fachada, sin agua caliente y nos faltan especialistas. No queremos que nos vendan espejitos de colores y promesas que ni siquiera pueden cumplir. La megaminería es una gran farsa, una economía de enclave para luego extraer las riquezas y levantar las valijas, dejando a nuestros pueblos más divididos”, sostuvo la asambleísta Ana Chayle.

El presidente Alberto Fernandez junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en una reunión sobre el proyecto de rezonificación minera de Chubut

El desafío minero

Para el Gobierno, la minería es considerada como uno de los polos para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quiere revisar la carga tributaria que pesa sobre los proyectos mineros, con el objetivo de facilitar las inversiones millonarias que se pueden recibir en el sector. El presidente Alberto Fernández apoya el enfoque.

“La industria minera puede ser un pilar útil en el proceso de recuperación del país. Pensemos que a hoy en día genera más de 82.000 puestos de trabajo y es el sexto complejo exportador generando durante el 2020 alrededor de U$D 2.600 millones en exportaciones e –incluso en contexto de COVID-19 aportó al sector público más de $61.000 millones de pesos”, señaló Alberto Carlocchia, titular de la CAEM.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene puesta la mirada en la producción de una materia prima crítica para las industrias tecnológicas. A comienzos de abril, constituyó la Mesa Nacional del Litio junto a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. El funcionario considera el recurso como esencial para la transición energética y la denominada “revolución verde” en la que avanza el mundo. El “oro blanco” se utiliza en muchas de las innovaciones técnicas de las últimas décadas: celulares, tablets, notebooks, cámaras digitales y autos eléctricos. Argentina podría satisfacer el 17% de la demanda global del mineral.

Sin embargo, este tipo de proyectos mineros requieren, igual que otros, de la licencia social. En Jujuy, en la zona de Salinas Grandes -el tercer salar más grande de Latinoamérica- y de la Laguna de Guayatayoc, la explotación del litio en la Puna es resistida hace años por las comunidades indígenas, con un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En otras latitudes, como en Santa Cruz, existe un mayor apoyo de la población.

Algunos proyectos no logran obtener la licencia social y son rechazados

“La industria minera argentina es plenamente consciente de las expectativas que tienen las comunidades con relación a cómo se manejan las cuestiones de sustentabilidad, tanto ambiental como social”, sostuvo Carlocchia a este medio. “Por eso, cuando de diseña en un proyecto minero, además de las cuestiones puramente operativas, las empresas trabajan en paralelo desde el día cero los temas de sustentabilidad y de desarrollo de la comunidad”, agregó.

No es el caso de Andalgalá. La minería, en la etapa de exploración de Agua Rica, por el momento promete unos 150 empleos, algo insuficiente para los activistas y pobladores. El diálogo está quebrado. En las detenciones y allanamientos ordenados por la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro se imputaron a las 12 personas acusadas por los delitos de violación de domicilio, daños, hurto calificado e incendio doloso. Cuatro de ellos están en prisión domiciliaria, y dos son personas mayores de edad, jubiladas.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo- repudiaron el accionar judicial y pidieron el freno a Agua Rica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció también la “criminalización de la protesta”.

“Muchas de las personas que están detenidas son conocidos por levantar las banderas en contra de la megaminería, otros que son vecinos con una clara identificación partidaria y tres son comunicadores de prensa de El Algarrobo. Quieren atemorizarnos para que nos dejemos de manifestarnos, hay una clara persecución política”, apuntó Ana Chayle de la Asamblea El Algarrobo.
https://www.infobae.com/politica/2021/04/18/recrudecen-los-conflictos-por-la-megamineria-en-el-pais-y-desafian-los-planes-del-gobierno/

6/04/2021
San Fernando del Valle de Catamarca (AICA)
El equipo diocesano de Catamarca exhortó a las partes a dirimir las controversias en forma pacífica y mediante el camino del diálogo. También se ofreció a contribuir para llegar a un entendimiento.
Conflicto Minero en Andalgalá: Pastoral Social reclama diálogo Protestas por proyecto minero en Agua Rica
Doná a AICA.org

El Equipo Diocesano de Pastoral Social de Catamarca se pronunció tras los episodios violentos que se registraron en Agua Rica en el marco del conflicto minero en Andalgalá, y recordó a las partes que por más complejas que sean las controversias deben dirimirse en forma pacífica y mediante el diálogo.

Tras citar mensajes del papa Francisco sobre la necesidad de siempre ir por ese camino frente a estas situaciones conflictivas, sostuvo: “Estamos convencidos de que los conflictos, por más complejos que sean, si hay buena voluntad entre las partes involucradas se pueden resolver pacíficamente”.

“Hace falta que todos nos determinemos a elegir el camino del diálogo sereno, generoso y racional. Es necesario que todos nos determinemos a elegir la paz y no la violencia, que nos determinemos a poner siempre el Bien Común por encima de los intereses particulares de cualquier tipo y sectores que sean”, agregó.

La Pastoral Social de Catamarca exhortó al diálogo recordando el refrán “Conversando se entiende la gente” y manifestó su disposición, si fuera necesaria, de colaborar para que “pueda concretarse esa conversación”.

Texto del comunicado
La minería es una actividad humana compleja y en muchas latitudes su concreción ha generado conflictos. El conflicto ambiental, social y político, de larga data, que se ha generado en la ciudad de Andalgalá por la cuestión relacionada con la futura explotación minera de Agua Rica, se ha manifestado en su último episodio de forma violenta.

Estamos convencidos de que los conflictos, por más complejos que sean, si hay buena voluntad entre las partes involucradas se pueden resolver pacíficamente. Al respecto, el papa Francisco nos enseña que “El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad” (Evangelii Gaudium, N°226).

“Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros ingresan de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones, y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar la existencia del conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso superador en beneficio de la comunidad involucrada. Recordamos lo que dice el Evangelio: “¡Felices los que trabajan por la paz! Mt 5,9” (Evangelii Gaudium, N°227).

Nos parece que estas enseñanzas nos pueden iluminar y suscitar nuevos ánimos para afrontar la delicada cuestión planteada. Se trata de una cuestión en la que está en juego nada más ni nada menos que el cuidado de nuestra casa común y de los que viven y vivirán en ella.

Hace falta que todos nos determinemos a elegir el camino del diálogo sereno, generoso y racional. Es necesario que todos nos determinemos a elegir la paz y no la violencia, que nos determinemos a poner siempre el Bien Común por encima de los intereses particulares de cualquier tipo y sectores que sean.

Exhortamos al diálogo recordando el refrán“Conversando se entiende la gente”. Si hace falta nuestra colaboración para que pueda concretarse esa conversación, estamos a disposición de brindar lo que desde la Iglesia podemos ofrecer. Paz y Bien.+
https://aica.org/noticia-conflicto-minero-en-andalgala-pastoral-social-reclama-dialogo

15/04/2021
Proyecto Josemaría en la provincia argentina de San Juan. / Cortesía de Josemaria Resources.
En el informe de Impacto Ambiental (IIA) que entregó la empresa Deprominsa, subsidiaria de la canadiense Lundin, para su aprobación al Ministerio de Minería local, se puede comprobar que el dique de colas de la mina Josemaría– emprendimiento de cobre y oro, ubicado en San Juan, Argentina- será de gran tamaño, como lo afirmó, en octubre del 2020, el CEO del proyecto minero, Alfredo Vitaller.

El dique que se construirá para almacenar los residuos o relaves remanentes del proceso de extracción del mineral será enorme, casi tan grande como el dique Caracoles, aguas arriba del río San Juan – Argentina.

La superficie del dique minero ocupará 1.020 hectáreas, apenas un 20% menos que las 1.284 hectáreas que ocupa Los Caracoles en su área de embalse. Este dique en lugar de contener agua, contendrá los desechos obtenidos tras el procesamiento del material.

Además, el muro principal de ese depósito alcanzará una pared de 192 metros, con lo cual superará en un 33% al que hasta ahora era el más alto, el de la presa Los Caracoles, que tiene una altura máxima de 128,8 metros.

La muralla de roca y tierra aluvional poco permeable -obtenida del mismo lugar donde se cave-, tendrá en el primer año una altura de 50 metros a 4.100 msnm e ira creciendo año tras año, hasta alcanzar la altura mencionada anteriormente. Junto con otros dos muros más chicos, tendrá la misión de domar y contener nada menos que mil millones de toneladas (MT) de desechos húmedos (exactamente 997.659.106 MT), a lo largo de 19 años de operación de la mina.

El depósito de colas tendrá un circuito cerrado de filtración que captará el agua que traigan los relaves o deshechos, para recuperarla y recircularla para su uso en el procesamiento. El IIA informa que su construcción cuenta con todas las normas de seguridad ante terremotos, lluvias, tormentas, etc.

El propio Vitaller dijo hace seis meses que a diferencia del dique de colas que colapsó en Brasil hace unos años, aquí se va a armar una fundación muy sólida, más firme y más costosa que la que se usó en aquel país.

Cuando la mina ubicada en el norte de Iglesia, cerca del limite con La Rioja, entre en operación, procesará aproximadamente 150.000 toneladas diarias de minerales. Ese proceso generará dos tipos de residuos:

Las colas o deshechos provenientes del proceso de flotación gruesa (el primer proceso al que se somete a la rocas para extraer el mineral), las cuales contienen bajos contenidos de azufre, serán enviadas a través de una tubería a una zona del dique llamada Depósito de Colas Principal donde serán espesadas (o sea, se les sacará el agua) hasta un 60% de sólidos de su peso.
Las colas provenientes de un segundo proceso de flotación de limpieza, cuyo contenido de azufre es elevado, irán a un Depósito de Colas de Limpieza dentro del mismo dique, se espesarán hasta alcanzar un 40% de sólidos de su peso y serán dispuestas en forma subacuática, inicialmente en el mismo lugar y luego en el depósito principal, en una sección delimitada.

El dique de colas constará de tres muros, el principal, el muro Norte y el Sur, los cuales poseerán un revestimiento de suelo de baja permeabilidad y una zona de filtración.
Características de la mina Josemaría

El proyecto Josemaría es un yacimiento de cobre y oro que se sitúa en el distrito de exploraciones Vicuña, en la alta Cordillera de los Andes, en Iglesia, al noroeste de la provincia de San Juan, limitando al Oeste con la región de Atacama, Chile.

El proyecto plantea la explotación convencional a cielo abierto, con perforación, voladuras, carga y transporte de mineral utilizando camiones autónomos de 360 toneladas de capacidad. El material estéril, sin valor comercial, proveniente de la explotación minera se almacenará en superficie en dos escombreras adyacentes a la mina, mientras que las colas resultantes del proceso serán dispuestas en el depósito preparado para tal fin.

El mineral con contenido cobre, luego es derivado a las instalaciones donde será triturado, molido, acopiado, procesado por flotación, filtrado y secado para la obtención de un concentrado de cobre, con contenido de oro y plata como producto final. La producción anual promedio de metales será de 131.000 toneladas de cobre metálico, 224.000 onzas de oro y 1.048.000 onzas de plata.
El Dato

223 mil trescientos ochenta KW/A es el consumo de energía anual que demandará el dique de colas, por la estación de bombeo para hacer circular las colas a su destino final.
Al no existir normativa de referencia local para presas de depósitos de colas, los diseños de los muros han sido desarrollados para cumplir con los estándares internacionales de las mejores técnicas disponibles: la Asociación Canadiense de Presas y la Comisión Internacional de Grandes Presas.
USD 3.090 millones planea invertir la empresa Josemaría Resources para construir la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

Argentina: Dique de colas de la mina Josemaría será casi tan grande como Los Caracoles

13/04/2021
-Argentina
Por la presente expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación que está viviendo la población de Andalgalá en la provincia de Catamarca a partir del ingreso de máquinas perforadoras en el cordón montañoso del Aconquija, con fines de explotación a gran escala del yacimiento minero Agua Rica.

El ingreso reciente de esta maquinaria ha provocado confusión y malestar, poniendo en alerta al pueblo de Andalgalá así como a quienes venimos acompañando su reclamo en contra de la explotación megaminera. Entendemos que la presencia de dicha maquinaria obedecería a la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020), del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold.

Lo que esta autorización no ha considerado es la existencia de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), así como de ambientes periglaciares dentro de la zona de exploración, violando lo dispuesto por la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La existencia de estos cuerpos de hielo perennes ha sido incluso constatada por el propio Ministerio de Minería de Catamarca en una inspección llevada a cabo en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como por otra inspección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizada el 5 de marzo del corriente. Respecto de la existencia de ambientes periglaciares, el Ministerio de Minería provincial consideró que deberían realizarse estudios al menos por dos años, no obstante lo cual autorizó la exploración, violando el principio precautorio y preventivo dispuesto en Ley General del Ambiente.

Asimismo, esta exploración implica perforaciones y extracción de agua del río Minas, el cual forma parte de la cuenca del río Andalgalá, siendo este último el que nutre de agua a la población local.

En este sentido, la exploración autorizada implica contaminación ambiental y social, pues no solo se afecta el agua, el suelo y el aire -elementos de los que dependen los seres humanos y toda la biodiversidad de especies vegetales y animales de la zona sino que también afecta la identidad cultural de Andalgalá al deteriorar la continuidad de trabajos tradicionales, como el cultivo de frutales -especialmente nogal, membrillo y vid-, la producción de conservas vegetales, aceite de oliva y dulces, por mencionar algunas, para las que es imprescindible un ambiente sano y seguro. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectándose la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

A esto debemos sumar que, en el día de la fecha, la Policía de Catamarca está allanando domicilios particulares y deteniendo a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, involucrándolos en el incendio de las oficinas de Agua Rica en la ciudad de Andalgalá. La coincidencia entre el reclamo social provocado por la presencia de maquinaria en el cerro y estas detenciones resulta altamente sospechosa, más aún si se tiene en cuenta que el pueblo de Andalgalá, así como la Asamblea de vecinos mencionada, viene manifestándose todos los sábados desde hace 11 años en las Caminatas por la Vida y siempre de manera pacífica, aun cuando no encuentren respuesta institucional a sus denuncias. Nos preocupa sobremanera la persecución política que se está dando, viéndose afectados los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal y a la libre expresión de la población en el marco de un sistema de gobierno democrático.

En función de todo lo expuesto, exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas, el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona y el cese del hostigamiento a quienes defienden el medio ambiente, la salud y la vida. Asimismo, requerimos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de 11 años por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y Pte. Honorario, Servicio Paz y Justicia
Beverly Keene, Cátedra Cultura para la Paz y los DDHH/FSoc-UBA y coordinadora Diálogo 2000
Mariana Katz, Integrante del SERPAJ y abogada de la Asamblea El Algarrobo

Mas firmas en: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

08/04/2021
Reproducimos un ensayo de Revista Anfibia sobre la situación que se vive en Andalgalá, Catamarca, tras dos décadas de explotación megaminera en La Alumbrera y frente al peligro inminente de que se habilite Agua Rica, un proyecto frenado por la población que continúa la lucha en defensa de su salud y su territorio.

Andalgalá: No confiamos ni en el agua de lluvia

La gente de Andalgalá no tiene nada que ver con Wall Street pero sabe lo que vale el agua. Aprendió a lavar los guardapolvos con agua amarilla, a defender el río por el que pasa -aunque esté prohibido- un mineroducto y a disfrutar la lluvia como a un gol de Maradona. Llevan 15 años denunciando el impacto ambiental de la minería en su tierra. Ahora tuvieron que volver a presentar un amparo contra el gobierno de Catamarca, que en diciembre habilitó la actividad pese a estar prohibida por fallos anteriores. Los diagnósticos médicos son la prueba del costo humano, y la impunidad de Agua Rica evidencia cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países. Ensayo fotográfico de Magalí Druscovich.

Las 20 mil personas que viven en Andalgalá, Catamarca, no tienen nada que ver con Wall Street pero saben lo que vale el agua. Llevan 15 años denunciando su contaminación y los daños ambientales que genera la explotación minera en la zona. Antes, con el emprendimiento La Alumbrera. Ahora, con Agua Rica.

En el pasado, los tumores malignos eran raros en el pueblo. Ahora son parte de la rutina. Hay dos muertes por cáncer cada semana. Los principales son los que afectan el tracto digestivo: lengua, garganta, estómago, hígado. También están en alza los casos de diabetes, lupus e hipertiroidismo.

En el 2010, un grupo de científicos catamarqueños presentó un informe que les llevó cinco años de estudio. Detallaron la aparición de enfermedades raras para la zona, y compararon su incidencia a nivel país. “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%.” Conclusión: la explotación minera a cielo abierto, en actividad desde los últimos 12 años, contamina el medio ambiente. Los diagnósticos médicos son la evidencia.

“Es un gran negocio a costa de nuestra salud”, explica Griselda ‘Chela’ Igna, líder de la asamblea que reúne a los vecinos contra la minería. Ella sufre de lupus e hipertiroidismo. En el 2016, un equipo del CONICET liderado por Margarita Diana Do Campo investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de Cobre, Cromo y Plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan Manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”.

La lucha de los vecinos tiene un objetivo claro: no permitir el avance de otra minera en la región. “Agua Rica”, operada por la empresa canadiense Yamana Gold, a 17 km de Andalgalá, llegó en 2006. Después de 15 años de activismo ambiental, el grupo de abogados que representa a los residentes obtuvo una orden judicial que frena el trabajo en la minera. Pero la medida fue ignorada por la empresa, que sigue con las excavaciones respaldada por el gobierno provincial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia: “Los vecinos de Andalgalá tienen derecho a vivir en un ambiente sano (..). En cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. El caso de Andalgalá es un patrón de cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países, cambiando nombre de sus empresas para evadir órdenes judiciales. Yamana Gold también tiene denuncias de violación de derechos humanos en otras partes de la región: Perú (Lagunas Norte), Chile (Proyecto Pascua Lama y Honduras (Proyecto Entre Mares). Y otras empresas canadienses con mismos inversores pero otras empresas suman denuncias en Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá.

“Agua Rica” planea usar dos ríos que son fuente para el consumo humano y la agricultura. Las exploraciones de la minera ya están en marcha.

La lista de infracciones es larga. La ley minera argentina determina que los minera-ductos no pueden establecerse bajo ríos. “La Alumbrera” construyó el suyo bajo el río en Andalgalá. Un ducto que tuvo tres pérdidas en sus años de operación. Es el mismo minera-ducto que la nueva minera quiere utilizar. Además, es ilegal que una empresa minera opere donde hay un ambiente periglacial.

“Si se abre la mina, me voy de acá. Mi hija no puede crecer así”, dice Renata Ayelén cansada de tener que tomar agua embotellada y extremar los cuidados al ducharse y cocinar.

En su informe ambiental, la minera admite que el volumen de agua entregada a la ciudad se reducirá a la mitad en sus primeros tres años de operación.

Esa región de Catamarca tiene una alta concentración de granjas, en su mayoría pequeñas. La fruticultura y la ganadería son las mayores actividades económicas de las que depende Andalgalá. Si la obra de “Agua Rica” se activa al 100%, los agricultores se verán privados de agua por completo. La compañía consumiría 300 millones de litros por día, es seis veces más de lo que usa el pueblo.

El 22 de diciembre del 2020 la Corte de la Provincia de Catamarca falló a favor de la minera y dictó la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que prohibía esa actividad en Andalgalá.

Apenas terminó la feria judicial, los abogados representantes del pueblo presentaron un recurso para que la Corte Suprema vuelva a analzar el caso. Recuerdan: “el Estado tiene la obligación civil de no matar”.

En Andalgalá las lluvias quedaron pausadas, la sequía puede durar meses. La lluvia es deseada. Se festeja como un gol de la selección. Los chicos saltan. Los grandes descuelgan la ropa. En muchos pueblos se junta en bidones para tener agua fresca de reserva. En Andalgalá, pasa: nadie confía ni siquiera en el agua de lluvia por la enorme polución del aire, y hasta tienen trucos para lavar la ropa blanca con ese agua amarilla. Se necesitarían tres días seguidos de lluvia para “limpiar” el aire y lavarlo de partículas. El clima de Andalgalá es un clima seco, que llueva tres días seguidos es improbable. Y ni siquiera sería agua limpia.

Andalgalá: el valor del agua no es Agua Rica

08/04/2021
Desde el 22 de marzo, habitantes de Andalgalá realizan un bloqueo selectivo en los caminos a Potrero y Choya. Durante la mañana de hoy, se conoció que la empresa Yamana Gold ya ingresó maquinarias de manera ilegal para iniciar el proyecto.

El jueves amaneció con terribles noticias para la zona de Andalgalá. Desde la Asamblea El Algarrobo informaron que las maquinarias de la empresa Yamana Gold han ingresado ilegalmente a la zona del Nevado del Aconquija, ubicado entre Catamarca y Tucumán.

Vecinas y vecinos organizados en la Asamblea El Algarrobo explicaron que la empresa minera viola dos resoluciones dictadas por la Secretaria de Minería (actual Ministerio de Minería) en el año 2009, en las cuales se manifiesta la prohibición del tránsito minero: las número 208 (camino a Choya) y 209 (camino a Potrero).

A lo anterior, debemos agregar que el 23 de diciembre, la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza (029/2016), que protegía el único reservorio de agua para favorecer un emprendimiento minero. Esa medida judicial llegó unos días después de que Yamana Gold y Glencore Xstrata anunciaran la creación del Proyecto MARA para explotar «Agua Rica».

“Ahora están empezado a realizar perforaciones y tienen el aval del gobierno de Catamarca”.

Asamblea El Algarrobo, sobre el avance de la megaminería.
Mediante un comunicado resaltan que existe una medida cautelar dictada por el juez Rodolfo Cecenarro luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y denuncian el incumplimiento de la ley general del ambiente (25.675) y de sus derechos humanos.

En relación al punto anterior, también manifestan la invisibilización de la ausencia de licencia social, que la empresa extractivista omite. La lucha no es nueva, desde hace más de una década enfrentan ataques de compañías mineras sobre zonas vitales para el ambiente y la sociedad.

“No podemos consentir que un amparo judicial demore 11 años y aún no tenga respuesta, como dice el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ‘el amparo desamparado’, solo exigimos que se cumpla la Ley y se respete nuestros Derechos”.

Asamblea El Algarrobos, sobre el avance de la megaminería.

Desde la organización exigen que se haga efectiva la ley de Glaciares y Ambientes Peri-glaciares (26.639). También que se cumpla la Ley General del Ambiente (25675), y el Art. 41 de la Constitución Nacional, es decir, el derecho a un ambiente sano.

Al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial les exigen que respeten la decisión de mas del 80 % de la población, que se ha posicionado contra la megaminería.

“Queremos una Andalgalá libre de contaminación minera, queremos una Andalgalá limpia y no llena de tóxicos y radiactivos mineros. Queremos y amamos nuestra biodiversidad, nuestras montañas, nuestros glaciares, nuestro aire limpio”, enfatizan desde la Asamblea El Algarrobo.

Fuente: El resaltador

Ante una nueva embestida minera, Catamarca resiste