15/05/2021
El proyecto de zonificación minera va a juicio por no respetar el Convenio 169 de la OIT
Este viernes 14 de mayo la Justicia de la Provincia del Chubut ordenó a la Legislatura la suspensión del tratamiento del Proyecto de Zonificación minera, tras la presentación de un amparo por la falta de consulta previa a las comunidades que se verían afectadas. Las Comunidades Mapuche “Lof Lefimi”, “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría” fueron quienes presentaron un recurso legal para que se consulte y se permita la participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones que involucren al territorio.

Juan Salgado, el abogado que patrocinó la presentación judicial afirmó a Voces por La Tierra que “cuando hay un proyecto que puede afectar los derechos de los pueblos originarios hay que aplicar un mecanismo de consulta” por lo que el amparo no judicializa al proyecto en sí, sino al procedimiento desarrollado.

El procedimiento de consulta debió ser impulsado inicialmente por el Poder Ejecutivo pero al no cumplirse este paso, las comunidades originarias presentaron una nota y reclamaron su derecho cuando el proyecto ingresó a la Legislatura, petición que fue ignorada. También solicitaron que se cumpla con el procedimiento el INAI y la oficina de Asuntos Indígenas.

En el mes de diciembre de 2020 el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del Chubut envió a la Legislatura por nota 193/20 un fundamentado reclamo para que respete el mecanismo de la Consulta Previa. Fue tras mantener una reunión con las comunidades de la meseta en el que afirma “El Estado provincial se comprometió a cumplir con los derechos reconocidos a las Comunidades Mapuche – Tehuelche, cuyo territorio comunitario se encuentra en la denominada meseta central de Chubut integrada por los departamentos Telsen y Gastre”.

Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó jurisprudencia al fallar a favor de la comunidad Catalán y la Confederación Mapuche de Neuquén, afirmando que las legislaturas provinciales están obligadas a llevar a cabo estos procedimientos de consulta, informes y estudios e investigaciones.

“En las provincias patagónicas y en la mayoría de la clase política, hay un racismo muy fuerte, muy arraigado. No están dispuestos a consultar nada”. “Una cosa es hablar en los discursos de los pueblos originarios y otra cosa es sentarse con las comunidades a discutir cuestiones de gobierno” agregó el Dr. Salgado, quiern también patrocinó a la Confederación Mapuche en el caso por la creación del Municipio de Villa Pehuenia.

El pedido de las Comunidades se fundamenta en la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obligan a los Estados a establecer mecanismos institucionales de participación y consulta con las autoridades propias de los Pueblos Indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente, tal como ocurre con el proyecto de zonificación minera, señalaron en un comunicado de prensa desde ENDEPA.

Pese a ello, el reglamento de la legislatura chubutense no incluye norma alguna de procedimiento para los procesos de consulta a las comunidades originarias. El Estado en su totalidad debe ajustarse a lo dispuesto en los Tratados Internacionales incluidos en nuestra legislación y la Legislatura del Chubut no es la excepción.

Pan American Silver, la empresa canadiense que espera la aprobación de la zonificación para avanzar con el Proyecto Navidad, tiene un proyecto megaminero paralizado en Guatemala por un Proceso de Consulta Previa que el pueblo Xinca logró a partir de movilizaciones. La empresa hoy es denunciada en el país centroamericano por su injerencia y falta de respeto por el proceso. En Chubut, buscaron avanzar sin siquiera permitir su realización.

El proyecto de zonificación minera va a juicio por no respetar el Convenio 169 de la OIT

13/05/2021
Consideran preocupantes declaraciones recientes del gobierno catamarqueño en las que afirma que avanzará con los proyectos mineros en la provincia, a pesar de que estos no cuentan con licencia social.
Fuente: elDiarioR
Un grupo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el avance de la megaminería en la provincia, especialmente tras las últimas declaraciones del gobernador Raúl Jalil al respecto.

Los investigadores, agrupados en el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET-UNCA, señalan en el texto que “el gobernador de la Provincia usó su discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de mayo para ratificar un rumbo que no sólo carece de legitimidad política y consenso social, sino que además evidencia su rotundo fracaso en los propios términos del ‘desarrollo’ prometido”.

En declaraciones a elDiarioAR, Horacio Machado Aráoz, coordinador del colectivo de investigación, explicó: “Somos una provincia de las más pobres. Incluso durante la última década todos los indicadores sociales y económicos de la provincia han sido peores que los históricos teniendo un promedio de pobreza estructural por arriba de los promedios de las provincias del NOA, con altas tasas de desempleo o subocupación y fuerte concentración del empleo en el sector público”.

“Entonces toda esta situación de crisis de este modelo de desarrollo, de mal desarrollo, ha fortalecido las resistencias. Es en ese marco que nosotros hemos visto la necesidad de poner una voz, poner argumentos, poner razones, ante lo que se pretende como una avanzada avasalladora de imponer la minería sí o sí”, añadió. “Nos pareció que era necesario plantear esto, entendiendo que este tipo de resistencias son una puerta para abrir a la democratización de nuestra sociedad. Eso es un poco lo que está en el fondo de la cuestión. Este modelo minero está sostenido por un pacto oligárquico entre las élites rentísticas locales, que son casi las únicas beneficiarias de este tipo de explotaciones, y las grandes empresas transnacionales, que son las grandes beneficiarias y usufructuarias de los efectos y los resultados económicos de estas explotaciones”.

El pronunciamiento, titulado “Un mensaje preocupante: El consenso elitista amenaza seguir minando el suelo democrático de la sociedad catamarqueña”, surgido a partir de recientes pronunciamientos oficiales, denuncia que “la expresión del gobernador Jalil sobre ‘la necesidad de avanzar en el consenso minero’ evoca la imagen de una aplanadora en plena tarea de desmonte”.

“El llamado a un ‘diálogo’ donde sus condiciones y términos están preestablecidos, donde los contenidos de los ‘acuerdos’ se hallan también fijados de antemano, no puede ser tomado como tal. Eso no es diálogo. Se trata de un liso y llano simulacro; un acto de cinismo donde la alteridad es sólo evocada para ser incrustada como mero objeto en el montaje de una escena que sólo busca encubrir la realidad monológica del poder”, afirma.

En cuanto a unas declaraciones de la ministra de Minería Fernanda Ávila, que aseguró que trabajarán hasta conseguir la licencia social para la megaminería, los investigadores señalan: “Lo que conocemos de las experiencias previas al respecto es que cuando los sectores corporativos y los organismos gubernamentales ligados a los proyectos extractivistas hablan de ‘conseguir la licencia social’ se refieren al despliegue de múltiples y diversificados dispositivos de manipulación, presión y control social exclusivamente alineados al fin de allanar el camino para viabilizar las explotaciones”.

El texto destaca que “lo que la clase política local no atina aún advertir es que la resistencia social a la megaminería en la Provincia no sólo está expresando el fracaso del ‘modelo minero de desarrollo’, sino también un digno acto de rebeldía que se levanta a denunciar el pacto colonial elitista que lo sostiene y que se pretende imponer como ‘política de Estado’”.

“La perseverante resistencia del pueblo de Andalgalá contra un proyecto extremo, como el de la explotación de Agua Rica, es una impugnación contra ese pacto elitista, oligárquico, neocolonial, que pretende imponer, sobre nuestros territorios y cuerpos, el ‘destino manifiesto’ de una ‘Catamarca minera’”, señala.

En la localidad catamarqueña de Andalgalá, donde desde más de veinte años la ciudadanía se moviliza contra el proyecto de La Alumbrera, ahora la resistencia se focaliza en una explotación minera a cielo abierto de oro, cobre, plata y molibdeno, que sería tres veces mayor: Agua Rica, en el cordón montañoso El Aconquija. En ese marco, este sábado se realizará la caminata por la vida 588.

Hace poco esta resistencia fue noticia por la detención durante más de dos semanas de algunos activistas, acusados de haber generado destrozos en la central de la empresa minera en las oficinas de la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y de la sede del Partido Justicialista.

El Frente Patria Grande, que integran Juan Grabois y Ofelia Fernández, entre otros dirigentes, escribió en ese entonces una dura carta al presidente Alberto Fernández pidiendo que intervenga en lo que consideró la “detención arbitraria” de 12 militantes ambientalistas.

“Esa resistencia es también una interpelación a toda la sociedad catamarqueña, que nos advierte sobre los riesgos de pasar a ser completamente una provincia minada. Se trata así, de una resistencia cargada de futuro, que abre la posibilidad histórica de alejarnos de un ‘destino’ (viejo y conocido) de élites rentísticas, asistencialismo clientelar, pobreza estructural, depredación de las economías locales y degradación del suelo democrático”, concluye el texto de los investigadores.

La circulación del documento hasta ahora fue sobre todo a través de redes y de la página del equipo de investigación. “El comunicado no ha salido en los medios locales. Hay un fuerte cerco de censura y autocensura sobre el tema. El tema minero prácticamente es un tema tabú. Los medios locales, como empresas comerciales que son, dependen en gran medida de la pauta publicitaria del gobierno y de las empresas mineras. Por lo tanto, ¿cómo se puede hablar de diálogo y de consenso?”, explica Machado Aráoz. “La idea es que nuestras investigaciones contribuyan a generar un debate que democratice un tema clave, no solamente por los impactos ambientales, sino también sus consecuencias socio-económicas y políticas”.

Investigadores del CONICET se manifiestan contra megaminería en Catamarca

09/05/2021
La semana que pasó el inicio del seminario de doctorado «Ecología Política y Comunicación Ambiental» (FSoc – UBA)* coincidió con el rechazo a la Iniciativa Popular (IP) para regular la mega-minería por la Legislatura de Chubut. La situación fue propicia para exponer un «informe de coyuntura» sobre la situación del conflicto originado en torno a la mega-minería en esta provincia. Las diferentes ideas sobre problemática o «conflicto ambiental» se vinculan con miradas contrapuestas sobre la democracia.

Por Pablo Gavirati**

El movimiento contra la mega-minería nació en Esquel y se extendió a todo Chubut. Foto: Asamblea No a la Mina

 

Coyuntura e historia reciente

El día viernes, la periodista de Trelew Alejandra Sepúlveda informaba sobre las protestas posteriores al rechazo a la iniciativa popular, en particular el corte intermitente sobre la ruta nacional 3 (que fuera desalojado la madrugada de hoy domingo). Allí expresaba que “nadie apareció a solucionar este conflicto que generaron los diputados que rechazaron la IP con mentiras y sin haber consultado a sus autores”. Es decir, un tratamiento exprés del día jueves 6 para un proyecto que consiguió con mucho trabajo militante más de 30 mil firmas.

Una de las respuestas que recibió por twitter fue la de Marcelo Mena Muñoz, Secretario General del Sindicato Jerárquico Minero (nucleado en CTA de los Trabajadores). Allí preguntaba de forma retórica «Solucionar conflicto!! Si ustedes son un grupo sectario y Ecoterrorista». Luego mencionaba que «todo el pueblo» no apoya y que «los ciudadanos quieren trabajo y progreso». Para finalizar reiteraba el apelativo originado hace años para aplicarlo a las asambleas ambientales: «Basta de troskos Ecoloterroristas, respeten la democracia». De modo similar, el vice-gobernador Sastre expresó que «no estamos en un gobierno de asambleísmo».

Un primer análisis nos lleva a reflexionar sobre el modo en que se pone en discurso la conflictividad. El tópico del «eco-terrorismo» supone una deslegitimación primaria, ya que de por sí el terrorismo está por fuera de la democracia. Más aún, en este caso, las asambleas lideraron un proceso por el cual se utilizó el mecanismo de iniciativa popular para presentar una ley. Aún así, diputadxs oficialistas obtuvieron la mayoría para rechazar el proyecto sin siquiera dignarse a escuchar a sus impulsores. ¿De qué democracia estamos hablando entonces?

Algunos antecedentes y números son elocuentes.

En 2003, la consulta popular en Esquel obtuvo el 81 por ciento de los votos del histórico “No a la Mina”, dando lugar a la sanción de la Ley 5001 de prohibición de minería metalífera con uso de cianuro, con foco en la zona cordillerana. Esta legislación habilitaba todavía la zonificación minera en otros departamentos de la provincia, pero en un periodo de tiempo ya agotado en la actualidad.

Entre 2013 y 2014, se presentó la primera Ley de Iniciativa Popular que reunió 13.007 firmas para ampliar por ley la prohibición de la mega-minería, con otros químicos e incluyendo la minería de uranio, y explícitamente a toda la provincia de Chubut. Fue en esa instancia que se observó al entonces diputado provincial Gustavo Muñiz (Fpv) recibiendo instrucciones en plena sesión de un empresario minero.

Todo el 2020 se realizaron manifestaciones multitudinarias en todos los pueblos y ciudades de la provincia frente al proyecto de zonificación minera impulsado por el gobierno. Frente a esta situación se decidió organizar la segunda Iniciativa Popular, que alcanzó en 2020 el número de 30.916 firmas, una cifra que representa el 10 por ciento de quienes votaron en la última elección del 2019.

Entre los hechos del año pasado hubo muchos que sería pertinente mencionar, entre ellos el contundente rechazo de organismos científico-técnicos de Chubut al proyecto de zonificación del gobiernos, liderados por el CENPAT (Centro Nacional Patagónico) del CONICET. Asimismo, en el orden político, hubo denuncias por corrupción a legisladores provinciales, que cobraron un gran asidero cuando se difundió una cámara oculta realizada a Sebastián López (electo por el PRO), en la cual se ufanaba de su capacidad para hacer lobby y pedía más de «100 lucas» para alcanzar su propósito.

El diputado López no sólo no fue apartado de la Legislatura, formó un bloque uni-personal, y desde su banca fue decisivo para rechazar el proyecto de la Iniciativa Popular por un estrecho margen de 13 votos contra 12, con 2 abstenciones de diputados de la UCR que también hubieran resultado decisivos. Sin entrar en mayores detalles sobre las coaliciones político-partidarias, resulta interesante destacar que las fuerzas que constituyen el oficialismo nacional «Frente de Todos» se encuentran divididas en Chubut. En este punto, desde el PJ provincial se manifestaron en contra de la zonificación minera.

Conflicto, democracia
Reiteramos entonces una pregunta fundamental: ¿Qué entendemos por conflicto asociado a la mega-minería? Y más aún: ¿Cuáles son las concepciones de democracia? Algunos de los aspectos correspondientes a la primera clase del Seminario tuvo como objetivo indagar en el modo en que las ciencias sociales pueden abordar la problemática ambiental. Para ello, se retoma un trabajo de publicación reciente en el cual se propone distinguir entre tres modalidades diferentes, según se analiza el estatuto de cientificidad en relación con el dualismo Sociedad – Naturaleza.

Para la siguiente reflexión nos basaremos en dos de ellas, que tienen mayor presencia en el debate latinoamericano: la Ecología Política Latinoamericana (EPL) y la Sociología del Conflicto Ambiental (SCA). La EPL parte del diagnóstico de una crisis ecológica civilizatoria, por lo cual promueve para su análisis el diálogo interdisciplinario con la ecología científica del área de ciencias naturales, pero del mismo modo con movimientos ambientales. Para la SCA, el postulado principal es considerar al conflicto ambiental como un tipo de conflicto social; por este motivo resalta que debe existir un distanciamiento con el ambientalismo en tanto actor contencioso.

Esta diferenciación resulta clave a la hora de pensar los posicionamientos de quien investiga en el área de ciencias sociales. Entender la problemática o los conflictos vinculados con el ambiente como parte de una crisis civilizatoria, como lo hace EPL en referentes como Enrique Leff, implica al menos la necesidad de reflexionar sobre las propias prácticas de lxs cientistas sociales, que por largo tiempo han excluido de sus investigaciones todo aquello vinculado a «la naturaleza». Por el contrario, concebimos las propuestas de la SCA como un intento de «normalización» de la sociología, en tanto una objetivación y autonomización de «la sociedad» separada ontológicamente de «la naturaleza», tal cual lo define el paradigma moderno.

Así, para Angela Alonso y Valeriano Costa, para la SCA se trata de estudiar «una modalidad específica de conflicto social: ambiental» y -en este marco interpretativo- «el movimiento social ambientalista es el primer protagonista del conflicto ambiental» (2003). Desde su visión, para la SCA, «el principal obstáculo es la ausencia de una agenda de investigación de problemas ambientales autónomas en relación con las preocupaciones del movimiento ambientalista». Otro autor clave de la SCA, Guillermo Fontaine, afirma que ésta “se interesa por las interacciones entre los actores sociales, estatales y económicos sin la presión normativa ni el sesgo ideológico que caracterizan a la ecología política. Estas interacciones pueden orientarse hacia la resolución del conflicto por distintos medios” (2010).

Sin llegar a considerar que estos autores puedan asumir el concepto del «eco-terrorismo» que se expresa en el debate político respecto al movimiento asambleario, sí podemos destacar que aquí existe la coincidencia en que la carga de la prueba sobre el origen del conflicto ambiental reposa en los actores ambientalistas. La administración o gestión del conflicto social sería entendida en un marco institucionalista, del cual por ejemplo Fontaine hace referencia a la idea de la «gobernanza ambiental» entre Estados y corporaciones económicas. El conflicto en tanto problema sería responsabilidad de actores ideologizados, y por fuera de los parámetros democráticos, como expresa el apelativo de «eco-terrorismo»; o de «eco-fascismo», en otra variante.

En contraposición, para la EPL en todo caso es posible distinguir entre diferentes movimientos ambientales, entre las cuales se destacan las miradas sobre el ecologismo popular, o los llamados movimientos socio-ambientales. En Argentina, las asambleas contra la mega-minería son un ejemplo paradigmático de este tipo de movimiento ambiental que encuentra raíces en el llamado «Argentinazo» del 2001-2002, y que constituye su continuidad más evidente como forma de expresar una democracia participativa. En este punto, lo sucedido esta semana es consecuencia del uso de un mecanismo de democracia semi-directa, que intentó construir un puente con la estructura institucional de la democracia representativa afectada por muestras explícitas de connivencia con la corporación minera.

Desde este punto de vista, referentes de la EPL o posicionamientos afines ubican el origen de la conflictividad ambiental en las corporaciones extractivistas (mega-minera, del agronegocio, del fracking) que son las principales protagonistas de la crisis ecológica. De este modo, se abre la necesidad de un frente común: Arturo Escobar ha llamado en numerosas ocasiones a construir puentes entre movimientos ambientales y la academia. En Argentina, un ejemplo claro fue el libro de 15 mitos de la minería (2011) del colectivo Voces de Alerta, (Horacio Machado, Maristella Svampa, Enrique Viale, entre otrxs). Allí se presentaban como investigadores que «acompañamos las luchas socio-ambientales» y al libro como «un instrumento de lucha política».

Estamos ingresando en la segunda década de un siglo que ya estaba marcado por la agenda de la crisis climática y que desde el año pasado ha sido sacudida por una pandemia causada por un virus. Ambos hechos, de diferente manera, nos invitan con urgencia a repensar nuestras prácticas como investigadores o analistas del área de las ciencias sociales. ¿Podemos seguir nuestros trabajos, como si lo que ocurriera en «la naturaleza» es asunto de conservacionistas, ambientalistas, ecologistas, asambleístas o eco-terroristas? Incluso una noción básica del ámbito de las ciencias sociales como la democracia no puede ser hoy entendida por fuera de la crisis ecológica; en tanto el Estado aparece como regulador de las relaciones de poder no sólo entre actores sociales sino también entre sociedades-naturalezas. Este debate no puede ser cancelado, sino que es urgente su discusión teórica y su praxis política.

* El Seminario «Ecología Política y Comunicación Ambiental» de los profesores Pablo Gavirati y Florencia Yanniello se realiza en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
** Pablo Gavirati. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), Especialista en Comunicación y Ambiente (UNLP) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Co-Editor de ComAmbiental.
http://www.comambiental.com.ar/2021/05/conflicto-mega-minero-y-democracia-en.html

06/05/2021

Tras el vergonzoso rechazo de la Iniciativa Popular, la reacción del pueblo chubutense no se hizo esperar.

Se produjeron ocupaciones en las Municipalidades de Esquel y Trevelin.

Se realizan cortes de ruta en la Comarca Andina y en la Ruta 3.

Por su parte, los Intendentes de Esquel, Trevelin y Lago Puelo enviaron notas a la Legislatura manifestando su preocupación por la falta de respeto a la decisión popular y solicitando el retiro del proyecto de zonificación minera que aún tiene estado parlamentario.

Se llevaron a cabo también movilizaciones en las distintas ciudades.

Continúa el corte del la Ruta 3.

El pueblo se moviliza en defensa de la Iniciativa Popular

06/05/2021
El día miércoles 5 de mayo, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura del Chubut emitió dictamen negativo para el Proyecto 129/20. El proyecto busca prohibir la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas (megaminería) y fue presentado por Iniciativa Popular acompañado de 30.916 firmas chubutenses. Toda la información aquí https://leymineriachubut.com.

El mismo día, la Legislatura de la Provincia del Chubut elabora el orden del día para la sesión del jueves 6 e incluye en ella el tratamiento del Dictamen emitido por aquella Comisión. En una sesión vergonzosa, 13 diputados rechazaron el tratamiento de la Iniciativa mientras que 12 lo aprobaron y 2 se abstuvieron.

El resultado de la votación pone en evidencia la falta de compromiso de los legisladores con la voluntad popular y su posicionamiento servil con las corporaciones mineras y su cómplice, el Gobernador Mariano Arcioni.

La propuesta para la votación fue la de aprobar o rechazar el dictamen de Comisión. En la columna A la lista de traidores al pueblo. En la columna C, los votos de diputados de la oposición al gobierno actual que solo reafirmaron con su indecisión el voto de los traidores.

Una vez más, la democracia chubutense expone su decadencia.

Vergonzosa sesión legislativa rechaza la Iniciativa Popular

 

05/05/2021
Comunicado de la Asamblea El Algarrobo y Resolución del Ministerio Público Fiscal en relación con el emprendimiento minero Agua Rica del 22 de abril de 2021. La Fiscalía resuelve que no se opondrá al pedido de medidas cautelares y clausura de Agua Rica hasta tanto se verifique la existencia de glaciares.

Desde Asamblea El Algarrobo, queremos hacer conocer a la comunidad que se solicitó la suspensión de las obras de perforación avanzada y la clausura preventiva del yacimiento Agua Rica en Comodoro Py, y que ésta cuenta con el apoyo del Dr. Guillermo Marijuan, fiscal de la Nación.

Como es sabido, la Asamblea El Algarrobo desde su nacimiento en el año 2010, viene exigiendo su derecho a vivir en un ambiente sano y que se cumpla el ordenamiento legal vigente.

El 25 de Octubre de 2019, vecinxs de Andalgalá nos presentamos ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que luego del sorteo correspondiente dio intervención al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 de Comodoro Py de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Fiscal Federal Dr. Guillermo F. Marijuán.

Allí denunciamos la violación de leyes ambientales en los acuerdos de integración entre Agua Rica, Minera Alumbrera e YMAD, y particularmente la violación de la ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, debido a la existencia de los mismos en los Nevados del Aconquija, agregando las pruebas correspondientes tanto del IANIGLA (INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES), del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero) además de otras pruebas, por lo que se solicitó la suspensión del inicio de las obras de perforación avanzada del Yacimiento Agua Rica y la clausura preventiva del yacimiento Agua Rica.

Asimismo, se le hizo saber al fiscal sobre los nuevos hechos de violencia institucional sufridos por la población de Andalgalá, perpetrados para atemorizar a las vecinas y los vecinos que hace más de 11 años venimos expresándonos en contra de la actividad megaminera en el yacimiento Agua Rica, y lo hemos hecho por todos los caminos institucionales.

La empresa y el gobierno provincial, en connivencia con el Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, pretenden hacernos quedar como violentos y delincuentes, para favorecer los intereses económicos de una empresa privada, poniendo a éstos últimos por encima de los bienes comunes y el resguardo de las poblaciones afectadas por la megaminería.

Es vergonzoso que vecinas y vecinos deban emplear su voluntad, su tiempo y sus recursos económicos para defender algo que es obligación del Estado defender. Sin embargo, aquí continuamos con la lucha institucional, así como también en las calles, en las redes y en todos los espacios en los que haya que continuarla, hasta que nuestros cerros estén libres de megaminería y nuestrxs vecinxs desprocesados.

Aquí no se rinde nadie. Basta de persecución a los pueblos que luchan por su agua.

Bajen inmediatamente las máquinas del Aconquija, liberen a nuestro cerro!
#AndalgaláResiste
#NoEsNo
#FueraYamanaGold
#Andalgalá
#AguaRicaIlega

Piden la clausura de Agua Rica

0/05/2021
El gobernador Mariano Arcioni insistió con el proyecto de zonificación minera y afirmó “Tenemos que saber la provincia que queremos”. ¿Es que acaso no registra cuál es la provincia que el pueblo quiere?

Aquí, una nota de ADN Sur que también publica “El inversor minero” ¿Queda claro a quiénes se refiere Arcioni cuando enuncia el “nosotros”.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló de la necesidad de que los diputados debatan el proyecto de zonificación minera en la provincia.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, lo manifestó al sostener la importancia de que se trate el proyecto de zonificación minera en la Legislatura. «El futuro que tiene Comodoro y que tienen otras zonas lo tiene que tener también la meseta”, aseguró.

«Claro que sí», respondió ante la consulta sobre si los diputados del Chubut deberían avanzar en el análisis del proyecto, al señalar que es «un proyecto de zonificación minera y un proyecto de desarrollo para mirar la provincia para adelante. Tenemos que saber la provincia que queremos», dijo.

«Yo quiero una provincia con una matriz productiva muy fuerte y bien diferenciada en cada una de las regiones. La zonificación en la meseta central se tiene que llevar a cabo con el desarrollo minero, como se lleva a cabo en la cuenca del golfo San Jorge la cuestión petrolera y la metal mecánica, así como en la el VIRCh tenemos pesca, aluminio, tenemos turismo», argumentó.

«La meseta central merece también tener las oportunidades que tienen las otras regiones. Los ciudadanos de la meseta necesitan tener un futuro. Nadie de nosotros le podemos cercenar ese sueño y esa esperanza de progresar porque de eso va el progreso de la provincia, como viene del petróleo y del aluminio».

El gobernador recordó que así como hay gente que llega a «Comodoro porque genera trabajo , también ocurre con los vecinos de la meseta deben emigrar hacia otras localidades porque no tienen futuro».

«El futuro que tiene Comodoro, y que tienen otras zonas, lo tiene que tener también la meseta”, puntualizó el gobernador.

«Voy a seguir dando la discusión. Y yo no me detengo en cuestiones políticas egoístas. Yo sé que hay que mirar la provincia para adelante. Tenemos una provincia de excepción y excepcional. Nosotros tenemos que tener la provincia que todos los ciudadanos y los vecinos de la provincia se merecen», concluyó sobre este tema.

INVERSIÓN EN MATERIA ENÉRGETICA

El gobernador anunció que » hicimos un paso importantísimo» con respecto al parque eólico en El Escorial. » Venimos trabajando hace mas de 8 meses. Yo no lo quería anunciar hasta que no tengamos el proyecto técnico y una fuente de financiación».

Sin embargo, adelantó que «lo cierto es que la semana anterior se firmó con la empresa mas importante de energía de China , que es la empresa que hoy esta haciendo las represas en Santa Cruz, y nos presentaron el proyecto ejecutivo- técnico del proyecto del escorial en la meseta».

Indicó que se trata de 200 megavatios y con una inversión de 330 millones de dólares. «Es una obra que va a llevar un tiempo pero siempre mirando para adelante. No puede ser que cuando teníamos una provincia de 130 un barril sigamos teniendo 27 localidades con grupos electrógenos de energía. No podemos hablar de desarrollo sino tenemos energía. Dimos un paso importantísimo para nuestra provincia con este parque eólico en el escorial. Y próximamente vamos a tener novedades para Comodoro Rivadavia», adelantó sin dar detalles al respecto.

Arcioni insiste con el tratamiento de la la zonificación minera

29/04/2021
Las personas fueron detenidas hace dos semanas en la comisaría de la ciudad catamarqueña. A pesar de su liberación, cargan con causas judiciales armadas.

Los presos políticos de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, que estaban detenidos en la comisaría departamental desde el 12 y el 14 de abril, fueron liberados este lunes tras el pago de una fianza de 150 mil pesos por cada uno de ellos. No obstante, cargan con causas armadas por estar en contra de la megaminería y a favor de la defensa del agua en su territorio.

Se trata de Matías Paz, Walter “Ají” Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel, quienes hoy recuperaron su libertad, pero seguirán vinculados a las causas al igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailén Diamante Saracho, que habían sido arrestados en sus domicilios. «Nuestra lucha continúa hasta que no haya ningún compañero más judicializado por defender el agua de nuestra cuenca», advirtieron.

El grupo de ambientalistas forma parte de la Asamblea El Algarrobo, que se opone desde hace años a la explotación ilegal de once pozos que permitió el gobierno de Catamarca en el emprendimiento minero Agua Rica de la empresa multinacional canadiense Yamana Gold.

La fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, hizo lugar al pedido del abogado defensor Juan Figueroa y accedió a bajar la caución que impuso de 300 mil a 150 mil pesos. Así, los familiares de los activistas lograron llegar al monto y el grupo recuperó la libertad, pasado el mediodía.
Sin embargo, los asambleístas seguirán acusados por incidentes en las oficinas de Minera Agua Rica- Alumbrera (Mara) y de la sede del Partido Justicialista de esa localidad. «Cargan con cargos por causas judiciales muy cuestionadas y en las que abundan testigos allegados a las mineras», consigna la agencia de noticias Tierra Viva.

Según el portal El Ancasti, la fiscal Nieva dispuso ahora que deberán presentarse cada diez días en las oficinas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial y no podrán ausentarse de sus domicilios sin la autorización judicial. Además, no se les permitirá mantener contacto con los denunciantes, entre otras medidas que deberán cumplir.

Tras el reencuentro de sus integrantes en la vereda de la comisaría, la Asamblea publicó un comunicado en sus redes, en el que denuncia la situación de persecución política-policial-judicial de la que son víctimas sus miembros por defender el medio ambiente de la codicia extractivista minera.

«Armaron un escenario patético, donde un personaje ligado a la empresa minera atropelló a dos compañeros, uno de ellos hoy recién liberado. Literalmente se lo llevó sobre el capot 30 metros, y luego quiso pegarle. Pero los violentos somos nosotros. Militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la policía sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada, indagaron a nuestros vecinos. ¿Y aún así quieren instalar que nosotros somos los violentos?», se preguntaron.

«Tuvieron que apretar a 12 vecinos, mantenerlos en prisión, cometer apremios ilegales, violar sus derechos humanos, hostigar al resto de los asambleístas con métodos de la época de la dictadura, y aun así, no pueden obtener la licencia social», afirmaron.
Fuente: InfoNews
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/liberan-a-detenidos-de-protesta-antiminera-de-andalgal.htm