28/08/2021
Desde el sindicato que los representa cuestionaron las prohibiciones a la actividad impuestas en algunas provincias. Piden que las universidades y profesionales legitimen la industria.
Pablo Ferrer
Héctor Laplace, secretario general de AOMA.
La imagen negativa que existe en una parte importante de la sociedad sobre la minería es un punto de alto interés y que preocupa a las tres patas que intervienen directamente en la actividad: Estado, inversores y trabajadores. Desde distintas aristas y con intereses particulares, cada sector aborda el tema de la licencia social que tiene y debe tener esa industria para desarrollarse. La opinión al respecto del lado obrero es quizás la más trascendente, ya que surge desde el seno de la misma sociedad, que debe aprobar o no a los emprendimientos mineros.
“Sin licencia social no vamos a poder hacer minería”, sentenció el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, quien el miércoles pasado brindó una charla virtual en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a la que pudo acceder El Tribuno. Si bien el dirigente sindical hizo un paneo general sobre minería y trabajo, la exposición se centró especialmente en la discusión que existe en torno a la mirada crítica sobre la explotación de los minerales.
“Más allá del aprovechamiento que se pueda buscar de un proyecto minero, tiene que haber participación de las universidades y de las sociedades en los controles a la actividad minera. Creo que esto, sin dudas, es lo que va dar las mayores garantías para saber cómo, cuándo y dónde hacemos nuestra actividad. A la sociedad le tenemos que dar esa oportunidad”, consideró Laplace.
Para disipar dudas, si hay algo que no se puede endilgar a AOMA es hacer lobby por las compañías mineras. Prueba de ello es que los sueldos de los trabajadores del sector son, por lejos, los más altos de la actividad privada en el país.
“Toda esta industria se va a tener que construir a partir de los consensos, queremos una industria que socialmente esté aceptada, que ambientalmente sea equilibrada, que el Estado cumpla con su función elemental como ente de contralor, es una función indelegable que tienen los estados provinciales”, dijo el titular del gremio de los trabajadores mineros.
Laplace insiste desde hace un tiempo sobre que debe haber una mayor participación del sector académico en la validación de la minería ante la sociedad. Ya expuso sobre esos temas en las universidades de la Patagonia Austral, Tecnológica Nacional, Nacional de Tucumán, Kennedy, Austral, Nacional de La Rioja, de San Luis, Católica de La Plata y Nacional de General Sarmiento.
“Nuestros claustros dan las garantías sociales, científicas y profesionales que tenemos que entregar a nuestra sociedad. Los profesionales son los que pueden darles certezas a la sociedad. Hay instituciones que se tienen que involucrar en la toma de decisiones junto con la sociedad”, sostuvo.
“A veces se escuchan más otras voces que no tienen nada que ver con la actividad minera y no se terminan escuchando las voces que realmente saben de esto, que son fundamentalmente los profesionales”, agregó.
El movimiento antiminería trasciende muchas veces lo discursivo y llega a plantearse en prohibiciones a la actividad, como ocurre en Mendoza, La Rioja y Chubut.
“Estamos totalmente en desacuerdo con las prohibiciones. Entendemos que son falsas antinomias que se plantean de la minería sí o no. En ese sentido muchos se llenan la boca hablando, por ejemplo, de la energía sustentable, amigable con el ambiente, que hay que salir del carbón y de los hidrocarburos, pero con qué vamos a hacer paneles solares o esos molinos de viento para energía eólica, con qué vamos a hacer el transporte de esa energía sino lo hacemos con materiales minerales”, preguntó el secretario general de AOMA.
Pregonó una minería “ambientalmente sustentable”.
“Debemos reconocer que nuestra actividad, como cualquier otra, tiene sus riesgos ambientales, que tenemos que mitigarlos, tenemos que hacer lo imposible todos los días para que no nos ocurran sucesos que manchen la legitimidad que tiene nuestra actividad minera”, sostuvo Laplace.
“Nuestro suelo guarda los minerales que la transición energética hacia dónde va el mundo requiere, entonces tenemos que ser capaces de hacer una actividad ambientalmente sostenible”, manifestó el dirigente.
Dio a conocer, por otro lado, que la protesta social contra la minería en la Argentina aumentó alrededor del 500% en los últimos años. En contraposición, dijo que está estimado que la demanda y producción de minerales que requerirá la transformación energética, como el litio, crecerá “por lo menos” en un 450% hacia 2050.

Debate pendiente

El titular de AOMA, Héctor Laplace, recordó un viejo pedido del gremio que conduce sobre la creación de una ley nacional de cierre de minas, que hace al tema de la actividad minera y el cuidado del medioambiente.
“Tenemos que ponernos los pantalones largos y hacer algo a nivel nacional, y si después hay que aggiornar algo a nivel local se hará, pero tenemos que tener un marco regulatorio por dónde va ir el cierre de minas en la Argentina y no que haya provincias que tienen normativas al respecto y otras no”, dijo Héctor Laplace.
El sindicalista volvió a tocar una parte tan sensible dentro del ámbito de la minería como es el cuidado del medioambiente y el trabajo que se debe hacer a nivel nacional y con las provincias.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-8-28-22-19-0-trabajadores-mineros-en-procura-de-la-licencia-social

21/08/2021
Los gobiernos hablan de las inversiones mineras como una herramienta para el ingreso de fondos. Pero aquí está clarísimo quién pone esos fondos y quiénes se benefician. LIVENT, empresa que debe aportar al fideicomiso del Salar del Hombre Muerto recibe 200 millones de pesos del Gobierno de Catamarca, quien realiza este aporte para que las obras que debe hacer la empresa no se paralicen. Las mismas se llevan a cabo en Antofagasta de la Sierra.

Fuente: El Ancasti

La Provincia de Catamarca aportó 200 millones de pesos al Fideicomiso del Salar del Hombre Muerto con el fin de que se puedan seguir realizando obras en el departamento Antofagasta de la Sierra.

Este fondo se creó en octubre de 2015 a partir de un acuerdo transaccional entre el Gobierno y la empresa Minera del Altiplano SA (hoy Livent SA), operadora del proyecto de litio Fénix. Dicho fideicomiso surgió para saldar el litigio que existía con la empresa por el pago de canon por uso de agua y con él se ejecutaron diferentes proyectos en el departamento.

El aporte de la Provincia se hizo mediante decreto emitido el 5 de agosto y es específicamente para “cubrir los certificados de las obras, correspondientes a la construcción del puente sobre el Río El Bolsón y Puente sobre Río Cura Quebrada que se encuentran en ejecución”.

En los considerando del instrumento que lleva la firma del gobernador Raúl Jalil y del ministro de Inversión y Desarrollo, se establece que esta transferencia surge de un pedido del propio Ministro Sarquis, quien a su vez es presidente del fideicomiso. “El pedido tiene como fundamento la situación económica actual en el país ocasionada por la crisis sanitaria mundial, la cual afectó la normal ejecución de las obras mencionadas, tanto en plazos como en términos económicos, así como la evolución esperada de las exportaciones de Minera del Altiplano”, señala el decreto que fue publicado en la última edición del Boletín Oficial.

Para respaldar la solicitud, el Ministerio de Inversión y Desarrollo agregó un informe donde da cuenta sobre el grado de avance de las obras y las proyecciones de fondos para completar la construcción de las mismas. También adjunta un informe del Gerenciador de Obra detallando las redeterminaciones de precios y las licitaciones públicas 01/2020 y 02/2020 para llevar a cabo las obras en cuestión.

Posteriormente, recuerda la firma del contrato del fideicomiso entre la Provincia y Livent SA con fecha 13 de octubre de 2015, para financiar el desarrollo de obras de infraestructura dentro del territorio de la provincia, “principal y preferentemente destinadas a las necesidades de las comunidades involucradas en las zonas de influencia directa o indirecta del Proyecto Fénix”.

Añade que dicho contrato señalaba que “independientemente del costo total de las obras, los aportes comprometidos de Minera del Altiplano en ningún caso y bajo ninguna circunstancia superarán los compromisos realizados en el Artículo 4.1 y la Provincia de Catamarca deberá procurar cualesquiera sumas adicionales que fueran necesarias para completar las Obras”.

Luego de la intervención de diferentes organismos como Asesoría de Gobierno, el decreto justifica el aporte, advirtiendo que la Provincia percibirá futuras utilidades de YMAD las cuales ingresan como recursos al Tesoro General de la Provincia, destinándose parte de ellas a las obras de construcción de los Puentes sobre Río El Bolsón y Cura Quebrada. En este marco, agrega que “la motivación del presente obedece a la disponibilidad económica requerida a los fines de hacer frente a las erogaciones indispensables para sostener el avance y finalización de las obras actualmente en ejecución”.

Finalmente, recuerda que la propia Constitución Provincial contempla en el artículo 55 que la Provincia promueve mediante el otorgamiento de ayudas financieras “el desarrollo de las zonas de frontera, de las más despobladas, con infraestructura económica insuficiente o de menor desarrollo relativo y las unidades económicas familiar, cooperativa y de pequeña y mediana empresa”.

Historia
Hasta 2017, el fideicomiso se constituía con aportes fijos en pesos, realizados por la minera. Sin embargo, en noviembre de ese año se modificó el contrato del proyecto Fénix para ampliar la producción de carbonato de litio. Esta modificación fue suscripta por el Gobierno de la Provincia y Minera del Altiplano y ratificada por la Legislatura provincial. A raíz de este nuevo contrato, en enero de 2018 el monto de las contribuciones al Fideicomiso minero pasaron a ser el 1,2% del Valor de Ventas Anual, lo que implicó un incremento para el Fondo Fiduciario. Con estas partidas, se realizaron obras en el departamento como el Parque Solar Fotovoltaico que se construyó en El Peñón y se estaba avanzando con la repavimentación de la ruta 43.
Actualmente, la dirección, supervisión y control del Fondo está a cargo de un Comité de Administración integrado por 5 miembros: 3 por la Provincia de Catamarca y 2 por la empresa.

El Gobierno auxilió a empresa minera con 200 millones de pesos

20/08/2021
El STJ de Chubut falla en contra de las comunidades de la meseta

El Equipo Eclesial Católico al Servicio de los Pueblos Indígenas informó que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut decidió que la resolución de la Cámara de Apelaciones rechazando el recurso de amparo de las comunidades indígenas de la meseta no podía ser apelado. Se trata de un nuevo intento de impedir la Consulta Previa y Obligatoria a las Comunidades.

Ante esta arbitrariedad las comunidades adelantan que interpondrán un recurso federal para que la Corte Suprema revoque –como lo ha hecho habitualmente- una decisión que desconoce los tratados internacionales de derechos humanos.

El comunicado completo puede leerse a continuación: https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/08/COMUNICADO-ENDEPA-SENTENCIA-STJ.pdf

08/08/2021
Existe una disociación entre la autodenominación (y el concepto) “nacional y popular” y el gobierno de Alberto Fernández que es difícil de explicar. Por no decir imposible. Se presenta como un gobierno democrático y progresista pero continúa con las macropolíticas del despojo.

Para impulsar el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, Alberto Hensel afirma que “En la Cordillera hay otra pampa húmeda” trascendiendo el significado geográfico y apelando a la connotación económico política devenida del siglo XIX: la expansión agrícola-ganadera con concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos adinerados que nos colocó en el lugar de proveedores primarios, fundamentalmente de alimentos. Atrasa la idea de proveer minerales/metales, de seguir primarizando, de continuar concentrando en pocas manos -esta vez los adinerados de ayer vinculados con las transnacionales- la explotación de los bienes de todas y todos.

Hay además, un ingrediente de perversidad en la estrategia o mecanismo al que apelan el Secretario de Minería y el Ministro de Producción: convocar a “ONG ambientalistas” que nadie conoce, que nadie nombró como representante, que no actúan en territorio y que por lo tanto no tienen legitimación social. Este mecanismo se da de bruces con lo nacional y popular y con el espíritu democrático que pregonan como propios.

Por lo visto, están dispuestos a multiplicar la conflictividad social. Leamos sino, la nota de Florencia Barragán publicada en Ámbito.

En Argentina, el Gobierno lanzará el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que contará con objetivos, plazos y estrategias para desarrollar la minería en los próximos 30 años. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que este sector será una “palanca” al desarrollo, sobre todo por el potencial exportador. “En la Cordillera hay otra pampa húmeda”, aseguró el secretario de Minería, Alberto Hensel, durante un seminario que organizó el think tank Fundar.

Según afirma Ámbito, las exportaciones de minería treparon 83,2% interanual en junio, el salto más elevado del último año. Durante el primer semestre las exportaciones fueron por u$s1.422 millones, una suba del 19,2%, comparado con el primer semestre 2020.

Para el Gobierno sin embargo, la cifra está muy lejos del potencial. “Chile exporta minería por u$s34 mil millones, siendo su principal complejo exportador. En Argentina, la principal exportación es la soja, por u$s16 mil millones, y la minería recién está en quinto lugar”, analizó Hensel. La minería contribuye al 0,6% del PBI argentino, mientras que en Chile aporta al 12% del PBI, o en Perú al 10%.

Hensel consideró que la importancia del sector se observa actualmente en las economías regionales. “Hay provincias que fueron consideradas inviables, hasta que decidieron incursionar en el potencial geológico”, afirmó el secretario. En provincias como San Juan, Santa Cruz o Jujuy las exportaciones de minería representan hasta el 78%.

Según estimaciones oficiales, hay proyectos mineros, que pueden durar 20 años, que pueden tener un balance de divisas favorable de 20 mil millones de dólares cada uno. Por eso el Gobierno avanzará con el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que formará parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, que lleva adelante el Ministerio que encabeza Matías Kulfas. El programa tendrá un consejo consultivo para recibir consultas y sugerencias, se anticipó a aclarar Hensel.

Es que el Gobierno tendrá dos grandes trabas a la hora de avanzar en este plan. La primera es que los recursos pertenecen a las provincias, de las cuales 9 tienen prohibida la explotación. Pero la más difícil de sortear será la conflictividad social. Hensel aseguró que se cumplirán con todas las regulaciones de carácter ambiental. “Cuando se habla de eliminar la combustión fósil y afrontar el cambio climático, no lo vas a poder hacer si no contás con los minerales para la transición”, argumentó Hensel.

Desde 2005, los conflictos sociales por la minería se incrementaron en un 500%. Argentina es el cuarto país en cantidad de conflictos. Los proyectos que se suspendieron o cancelaron por movilizaciones fueron el 53%, mientras que en el mundo es de tan solo 25%. “El caso argentino es el único en detención de proyectos por la movilización social”, analizaron las investigadoras Lucrecia Wagner y Mariana Walter en el seminario.

En las últimas semanas, Daniel Schteingart, quien trabaja junto a Kulfas como director del CEP XXI, citó a ONG ambientalistas al Ministerio. Durante su exposición en el seminario, afirmó que la minería puede ser una “palanca” al desarrollo y consideró algunas variables a tener presente como la contribución exportadora, el ahorro de divisas, la generación de empleo (con una accidentabilidad laboral por debajo de la media).

El progresismo que atrasa

La minería puede generar encadenamientos productivos en el territorio y valor agregado y no solo organizarse en función de la demanda interna y las prioridades que imponen las multinacionales. El riesgo ambiental.
Por Roberto Adaro, Lucrecia Wagner y Mariana Walter
08/08/2021
Producción: Javier Lewkowicz
La tercera posición
Por Roberto Adaro (*)
Asistimos por estos días a un nuevo capítulo del debate alrededor de la actividad minera. La novedad es que funcionarios nacionales, académicos y referentes de raigambre heterodoxa se sumaron al contrapunto. Los recién arribados tienen el mérito de aportar a la discusión su perspectiva en relación a la restricción externa y el desarrollo. La mirada de la minería como sector exportador actualiza sutilmente el debate respecto de la promoción minera en Argentina de los ‘90.

Durante aquellos años comenzaron a desarrollarse en el país los primeros proyectos de explotación minera a gran escala, a partir de inversiones extranjeras. Dichas inversiones fueron facilitadas y promovidas a partir de diversas modificaciones en el marco regulatorio que rige la actividad. Las nuevas regulaciones a favor del capital trasnacional brindaron una serie de garantías diferenciales, como limitaciones severas a la injerencia del Estado, estabilidad fiscal por 30 años, concesiones ilimitadas, tope al cobro de regalías y exenciones impositivas varias. Ninguna de ellas atadas a indicadores de productividad, empleo, inversión o estabilidad macroeconómica. No había detrás una lógica productiva, sino más bien contable y financiera.

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, la minería metalífera representa el 0,5 por ciento del Valor Bruto de la Producción Nacional, el 0,7 por ciento del Valor Agregado Bruto nacional, el 4,3 por ciento de las exportaciones y sólo el 0,2 por ciento del empleo nacional.

Esto no niega la importancia relativa que tiene la actividad minera en el contexto regional de algunas economías provinciales o bien el alto nivel de salarios y de formalidad en el empleo ni las regalías que aporta. De todos modos, el sector no ha logrado superar la figura de enclave, generando pocas vinculaciones y encadenamientos productivos con el entramado local. Vale recordar que la refinación de los metales, el proceso de que más valor agrega y que convierte al mineral en insumo para la industria, sigue realizándose en el exterior.

Aun coincidiendo en la necesidad de exportar más y con mayor valor agregado, vale la pena preguntarse si esta es la única vía para atacar el problema de la restricción externa. La Formación Externa de Activos, la fuga de capitales en lenguaje coloquial, sigue capturando buena parte de los dólares que logramos conseguir. Mientras no cortemos esa sangría, no habrá exportaciones que alcancen, sea de minerales soja o salmones.

En este punto suele recurrirse a comparaciones con países con mejor grado de desarrollo relativo a partir de la exploración de sus recursos naturales, tales como Noruega y Australia. Bien valen aquí las conclusiones del trabajo publicado por Cassini, García Zanotti y Schorr en la Revista de la CEPAL, donde explican cómo éstos países lograron su condición a partir de la planificación pública, una fuerte intervención del Estado en pos de agregar valor localmente a los producido y vincularlo con encadenamientos productivos a nivel local, así como también fuertes regulaciones al capital extranjero en términos de transferencia tecnológica. Este sendero marca diferencias importantes respecto de la realidad argentina.

Las posturas liberal-conservadoras y algunas de la heterodoxia parecen llegar a conclusiones similares sobre la actividad minera. Esta falta de respuestas alternativas quizás se deba a que formulamos mal la pregunta. No se trata de minería sí o no. La humanidad no ha logrado aún producir materia, con lo cuál la minería resulta aún una actividad necesaria. Sin embargo vale la pena debatir cómo hacemos minería y para qué.

¿Qué minería queremos y necesitamos? ¿Una minería que abastezca la industria nacional y genere encadenamientos en el territorio y valor agregado en él, o una minería en función de la demanda externa? ¿Cómo y dónde haremos minería? ¿Lo decidirá el capital según su conveniencia o el ordenamiento y la planificación será pública a través del Estado? ¿Cómo se distribuirán los beneficios y los costos? ¿Los protagonistas excluyentes seguirán siendo empresas trasnacionales o podrán intervenir el Estado y las empresas nacionales? ¿Quién se hará cargo de los pasivos? En las respuestas que sepamos construir se juegan las oportunidades de un nuevo modelo de desarrollo, una tercera posición que recupere la mejor tradición nacional.

(*) Investigador del Centro Cultural de la Cooperación y UNICEN.

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Un caso único

Por Lucrecia Wagner (**) y Mariana Walter (***)

Argentina presenta una creciente conflictividad socioambiental asociada a proyectos de minería a gran escala, principalmente de minería metalífera (oro, cobre) y de litio. En una reciente investigación analizamos 38 conflictos que registran procesos de movilización social visible entre 1997 y 2018, encontrando que el 53 por ciento de los proyectos cuestionados fueron detenidos. Este análisis fue realizado en colaboración con el Atlas de Justicia Ambiental (https://ejatlas.org/), un proyecto de mapeo global de conflictos ambientales que registra actualmente 3496 casos, en los que la minería es la actividad más conflictiva. Nuestra investigación se encuentra publicada en la revista científica “Extractive industries and society” (2021), y en el libro “Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3” de Gabriela Merlinsky (2020).

La detención de proyectos resultante de esta movilización es un caso único en la región (comparado con el 15 por ciento de los proyectos detenidos en Bolivia, 28 por ciento en Chile, 14 por ciento en Ecuador, 9 por ciento en México y 30 por ciento en Perú) y representa el doble del promedio global de proyectos detenidos en conflictos ambientales. Si bien hay varios factores en juego para la detención de un proyecto minero, el caso argentino sigue siendo destacable cuando se compara con la región y las tendencias globales, sometidas a similares factores externos.

Algunas claves. En el marco de estos conflictos se han conformado asambleas de vecinos autoconvocados y diversas organizaciones cuyo accionar ha impulsado cambios institucionales y sociales. Estas movilizaciones son socioambientales porque combinan demandas de carácter ambiental, como la preocupación por el agua y por los impactos ambientales de los proyectos mineros, con demandas de carácter social y político, como la necesidad de democratizar la toma de decisiones, la desconfianza en el control gubernamental sobre los proyectos mineros, y la falta de información y transparencia, entre otras.

En el 61 por ciento de los casos las movilizaciones sociales fueron de carácter preventivo (previas a la explotación minera) y articularon diversas estrategias y actores. Los protagonistas de estas movilizaciones son principalmente las poblaciones locales. Participan científicos y profesionales, que integran estas asambleas y/o aportan conocimiento para su difusión en las comunidades y para nutrir los debates sobre las evaluaciones de impacto ambiental y otros temas clave. Intervienen actores gubernamentales, partidos políticos, grupos religiosos e indígenas y campesinos, cuya subsistencia puede ser directamente afectada.

Entre las estrategias desplegadas por estos actores se destaca la movilización pública, que logra colocar el tema en el debate público, y la conformación de redes y alianzas con otros actores que les permiten superar contextos locales y provinciales adversos para sus demandas. Sumado a ello, han generado acciones por vías institucionales, participando de procesos de evaluación ambiental y llevando los conflictos al ámbito judicial. Así, estas movilizaciones sociales han potenciado cambios institucionales y normativos, como las leyes existentes en 7 de las 23 provincias argentinas, que restringen la minería a cielo abierto. Los cambios institucionales registrados en Argentina destacan sobre las tendencias globales.

Sin embargo, entre los resultados de esta conflictividad alertamos también sobre la creciente violencia hacia los integrantes de estos movimientos, como pudo observarse recientemente en Andalgalá, Catamarca, con el hostigamiento y la detención violenta de miembros de la asamblea El Algarrobo.

Estamos ante un proceso social que nos deja enseñanzas y reflexiones, ya que trasciende las preocupaciones sobre la minería a gran escala y amplía los debates sobre la necesidad de cambios sociales e institucionales, y sobre la justicia, la democracia y las vías de desarrollo posibles.

(**) Investigador CONICET.

(***) ICTA-UAB.
https://www.pagina12.com.ar/360258-desafios-de-la-actividad-minera

02/08/2021
El panorama que preocupa en Gobierno. Desde la Secretaría de Agua y Energía advierten que si no se toman medidas el sector productivo se verá afectado en 2022.
Fuentes: Tiempo de San Juan y Prensa Obrera
“Creo que estamos en una crisis hídrica significativa en San Juan. Estamos en una situación que, si no ponemos un poquito todos, el año que viene los caudales se van a ver reducidos y algunos sectores como la agricultura se van a ver afectados”, analizó este miércoles el secretario de Agua y Energía de San Juan, Juan Carlos Caparroz.

En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario recordó que el plan de prioridades oficial tiene en primer lugar el consumo humano, luego el uso agroindustrial y por último el energético-turístico y habló de varios frentes de lucha contra la sequía.

El acueducto Gran San Juan es una de las obras a la que apuestan oficialmente. Caparroz dijo que hoy está en una ejecución plena y permitirá a los sanjuaninos tomar directamente agua del dique Punta Negra. “El acueducto es agua potable para la población de San Juan en los próximos 50 años”, destacó.

También habló de que las complicaciones con la escasa agua que trae el Rio San Juan requiere de obras como perforaciones y sistemas de riego, que implican inversiones privadas y estatales. “No queremos que se vea afectado el sistema productivo”, remarcó.

“No es tampoco empezar a hacer perforaciones descontroladas”, aclaró. Informó que hubo más de 6000 funcionando en algún momento pero por el costo de mantenimiento, hoy hay alrededor de 1000. Dijo que “estamos planificando sumar unas 50 perforaciones y serán entre 80 y 100 las que administra el Gobierno”

Por otro lado, resaltó que el Ministerio de la Producción quiere reconvertir los sistemas de riego tradicionales e instalar energía solar en los sistemas de extracción de agua, utilizando diversos planes.

Según Prensa Obrera, en los últimos días se dio a conocer la cantidad de agua que el gobierno provincial distribuirá a los regantes en medio de la enorme crisis hídrica que azota a la provincia. Resulta que el cambio climático sumado a la mala gestión del gobierno uñaquista está teniendo como consecuencia la escasez del agua para el consumo humano y para el uso productivo.

La cúpula gubernamental acordó con los regantes la distribución, que: “(…) terminaron con conformarse con un coeficiente de riego de 0,29 l/s por hectárea” (Diario de Cuyo, 27/7), un número muy bajo para la vida de los cultivos.

Cabe aclarar que los derechos de riego son concesiones dadas por el Estado, según lo establece el Código de Aguas de la provincia, las que se expresan en hectáreas y significan derecho a una dotación unitaria de 1,30 l/s por hectárea de riego agrícola concesionado. El cálculo, según el año hidrológico y superficie agrícola, puede variar, pero el coeficiente es el mismo para todas las concesiones agrícolas. En este caso de solo 0,29 l/s (caudal promedio de octubre-marzo 2020-2021, medido por Departamento de Hidráulica y a entregar a las 104.705 ha cultivadas en la provincia, según Censo Agropecuario), distribuidos durante 12 días en agosto y 28 días en septiembre, los que contrastan llamativamente con los 1.200 l/s del proyecto minero Josemaría. En otras palabras, el Estado le entrega a los productores el agua con la que regarán sus cultivos de acuerdo a un coeficiente que tiene en cuenta el volumen de agua del río anualmente y la superficie cultivada: en este caso, el coeficiente es sumamente bajo y no alcanza a satisfacer los requerimientos de agua de los cultivos.

Lo cierto es que, con esa dotación de agua prometida, los pequeños y medianos productores prevén un 50 % de disminución de la superficie a cultivar. Es que el agua no alcanza para completar el ciclo agrícola de los cultivos de mayor superficie en San Juan, vid y olivo, y escasea en los períodos críticos de estos, los cultivos hortícolas y otros. “Los productores de hortalizas, chacras, semillas y melones están en la recta final para decidir las inversiones en plantaciones” (Diario de Cuyo, 27/7).

A esto se suma la decisión del gobierno uñaquista de no invertir en mejoramiento y mantenimiento de canales e infraestructura para riego productivo, pese a que entre los años 2010 a 2014 se sufrió el período más seco en la región en 60 años.

Pero la actividad minera parece no estar incluida en la crisis hídrica: el proyecto Josemaría prevé consumir más de 1.200 l/s de agua de pozos, que se sumarán al consumo de agua de la Mina Veladero de 110 l/s y al de los proyectos en prospección y exploración Taguas, Filo del Sol, Los Azules, Del Carmen, Ayen y Santa Bárbara por nombrar algunos.

Viene al caso recordar los derrames de cianuro en los ríos sanjuaninos producidos años anteriores por la mina Veladero, el pasivo ambiental de las mineras en Calingasta y los cargamentos de 100 toneladas del residuo peligroso de mercurio transportados desde la mina Veladero donde estaba almacenado, a través de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y cruzando a Chile por el paso de Jama a 4.200 msnm (metros sobre el nivel del mar), sin dar aviso a la población.

Mientras a la producción agropecuaria le ajustan los días de agua y le bajan el coeficiente de distribución, el gobierno prevé nuevas concesiones de agua para la actividad minera extractivista y contaminante.

El gobierno de Uñac es responsable del desmanejo y contaminación del recurso agua y de los privilegios en el otorgamiento de los derechos de agua.

Crisis hídrica en San Juan