Argentina

El Gobierno auxilió a empresa minera con 200 millones de pesos

21/08/2021
Los gobiernos hablan de las inversiones mineras como una herramienta para el ingreso de fondos. Pero aquí está clarísimo quién pone esos fondos y quiénes se benefician. LIVENT, empresa que debe aportar al fideicomiso del Salar del Hombre Muerto recibe 200 millones de pesos del Gobierno de Catamarca, quien realiza este aporte para que las obras que debe hacer la empresa no se paralicen. Las mismas se llevan a cabo en Antofagasta de la Sierra.

Fuente: El Ancasti

La Provincia de Catamarca aportó 200 millones de pesos al Fideicomiso del Salar del Hombre Muerto con el fin de que se puedan seguir realizando obras en el departamento Antofagasta de la Sierra.

Este fondo se creó en octubre de 2015 a partir de un acuerdo transaccional entre el Gobierno y la empresa Minera del Altiplano SA (hoy Livent SA), operadora del proyecto de litio Fénix. Dicho fideicomiso surgió para saldar el litigio que existía con la empresa por el pago de canon por uso de agua y con él se ejecutaron diferentes proyectos en el departamento.

El aporte de la Provincia se hizo mediante decreto emitido el 5 de agosto y es específicamente para “cubrir los certificados de las obras, correspondientes a la construcción del puente sobre el Río El Bolsón y Puente sobre Río Cura Quebrada que se encuentran en ejecución”.

En los considerando del instrumento que lleva la firma del gobernador Raúl Jalil y del ministro de Inversión y Desarrollo, se establece que esta transferencia surge de un pedido del propio Ministro Sarquis, quien a su vez es presidente del fideicomiso. “El pedido tiene como fundamento la situación económica actual en el país ocasionada por la crisis sanitaria mundial, la cual afectó la normal ejecución de las obras mencionadas, tanto en plazos como en términos económicos, así como la evolución esperada de las exportaciones de Minera del Altiplano”, señala el decreto que fue publicado en la última edición del Boletín Oficial.

Para respaldar la solicitud, el Ministerio de Inversión y Desarrollo agregó un informe donde da cuenta sobre el grado de avance de las obras y las proyecciones de fondos para completar la construcción de las mismas. También adjunta un informe del Gerenciador de Obra detallando las redeterminaciones de precios y las licitaciones públicas 01/2020 y 02/2020 para llevar a cabo las obras en cuestión.

Posteriormente, recuerda la firma del contrato del fideicomiso entre la Provincia y Livent SA con fecha 13 de octubre de 2015, para financiar el desarrollo de obras de infraestructura dentro del territorio de la provincia, “principal y preferentemente destinadas a las necesidades de las comunidades involucradas en las zonas de influencia directa o indirecta del Proyecto Fénix”.

Añade que dicho contrato señalaba que “independientemente del costo total de las obras, los aportes comprometidos de Minera del Altiplano en ningún caso y bajo ninguna circunstancia superarán los compromisos realizados en el Artículo 4.1 y la Provincia de Catamarca deberá procurar cualesquiera sumas adicionales que fueran necesarias para completar las Obras”.

Luego de la intervención de diferentes organismos como Asesoría de Gobierno, el decreto justifica el aporte, advirtiendo que la Provincia percibirá futuras utilidades de YMAD las cuales ingresan como recursos al Tesoro General de la Provincia, destinándose parte de ellas a las obras de construcción de los Puentes sobre Río El Bolsón y Cura Quebrada. En este marco, agrega que “la motivación del presente obedece a la disponibilidad económica requerida a los fines de hacer frente a las erogaciones indispensables para sostener el avance y finalización de las obras actualmente en ejecución”.

Finalmente, recuerda que la propia Constitución Provincial contempla en el artículo 55 que la Provincia promueve mediante el otorgamiento de ayudas financieras “el desarrollo de las zonas de frontera, de las más despobladas, con infraestructura económica insuficiente o de menor desarrollo relativo y las unidades económicas familiar, cooperativa y de pequeña y mediana empresa”.

Historia
Hasta 2017, el fideicomiso se constituía con aportes fijos en pesos, realizados por la minera. Sin embargo, en noviembre de ese año se modificó el contrato del proyecto Fénix para ampliar la producción de carbonato de litio. Esta modificación fue suscripta por el Gobierno de la Provincia y Minera del Altiplano y ratificada por la Legislatura provincial. A raíz de este nuevo contrato, en enero de 2018 el monto de las contribuciones al Fideicomiso minero pasaron a ser el 1,2% del Valor de Ventas Anual, lo que implicó un incremento para el Fondo Fiduciario. Con estas partidas, se realizaron obras en el departamento como el Parque Solar Fotovoltaico que se construyó en El Peñón y se estaba avanzando con la repavimentación de la ruta 43.
Actualmente, la dirección, supervisión y control del Fondo está a cargo de un Comité de Administración integrado por 5 miembros: 3 por la Provincia de Catamarca y 2 por la empresa.

El Gobierno auxilió a empresa minera con 200 millones de pesos

Argentina

El STJ de Chubut falla en contra de las comunidades de la meseta

20/08/2021
El STJ de Chubut falla en contra de las comunidades de la meseta

El Equipo Eclesial Católico al Servicio de los Pueblos Indígenas informó que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut decidió que la resolución de la Cámara de Apelaciones rechazando el recurso de amparo de las comunidades indígenas de la meseta no podía ser apelado. Se trata de un nuevo intento de impedir la Consulta Previa y Obligatoria a las Comunidades.

Ante esta arbitrariedad las comunidades adelantan que interpondrán un recurso federal para que la Corte Suprema revoque –como lo ha hecho habitualmente- una decisión que desconoce los tratados internacionales de derechos humanos.

El comunicado completo puede leerse a continuación: https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/08/COMUNICADO-ENDEPA-SENTENCIA-STJ.pdf

Argentina, Litio

Congreso argentino busca promover una empresa estatal de litio en Argentina

Impulsar la extracción del mineral y la fabricación de baterías, además de regular con mayor énfasis las inversiones privadas, entre los puntos que establece la iniciativa del diputado kirchnerista Carlos Heller.
El Cronista / Argentina 15/08/2021

Al ritmo del crecimiento de la industria del litio a nivel mundial y la denominada guerra del «oro blanco» en Argentina, el kirchnerismo finalmente empezó a darle forma a un proyecto de ley tendiente a crear una empresa estatal para promover la extracción del mineral y la fabricación de baterías al mismo tiempo que regular con mayor énfasis las inversiones privadas.

El diputado kirchnerista Carlos Heller, uno de los hombres de mayor confianza de Máximo Kirchner en el Congreso, confirmó a El Cronista que «hay una idea concreta de abrir el debate para proteger la extracción de litio en el país e impulsar la producción local del mayor insumo que implica este mineral y que son las baterías».

El legislador del Frente de Todos aclaró que la intención de su bancada es discutir el tema con el Poder Ejecutivo para arribar a un consenso y desechó de plano que haya intenciones de estatizar la producción completamente. Es decir, que las actuales inversiones extranjeras de yacimientos de litio que hay en el país no se tocarán de ninguna manera ni sufrirán intervención estatal.

Heller explicó que desde hace varios meses está trabajando en un proyecto de ley que busca crear una empresa estatal de extracción de litio y producción de materia prima con participación del Estado nacional y de los estados provinciales que le competen este mineral. En Argentina el empleo por la extracción de este mineral se duplicó en los últimos tres años. A junio del 2020 se registraban más de 4,400 empleos directos e indirectos de esta industria minera y según datos oficiales del Ministerio de Producción el país tiene potencial para llevar las exportaciones de litio de los 190 millones de dólares en 2019 a los 2101 millones de dólares en 2030.

La explotación de litio se despliega hoy en un preciado triangulo conformado en la cordillera de los Andes que une a Argentina, Bolivia y Chile. Allí compiten centenares de compañías de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China para extraer este mineral que escasea en el mundo entero. La intención del diputado Heller es abrir el debate sobre la extracción y producción del litio. «Hay que dar este debate que es central para el desarrollo de la industria Argentina», dijo. En la iniciativa que trabaja contempla la creación de unas empresas estatales Nacionales y de las provincias para promover la producción local, y regular el mercado privado.

La creación de una empresa estatal de litio se sustenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional: «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Congreso-argentino-busca-promover-una-empresa-estatal-de-litio-en-Argentina-20210815-0061.html

Argentina

EL PROGRESISMO QUE ATRASA

08/08/2021
Existe una disociación entre la autodenominación (y el concepto) “nacional y popular” y el gobierno de Alberto Fernández que es difícil de explicar. Por no decir imposible. Se presenta como un gobierno democrático y progresista pero continúa con las macropolíticas del despojo.

Para impulsar el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, Alberto Hensel afirma que “En la Cordillera hay otra pampa húmeda” trascendiendo el significado geográfico y apelando a la connotación económico política devenida del siglo XIX: la expansión agrícola-ganadera con concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos adinerados que nos colocó en el lugar de proveedores primarios, fundamentalmente de alimentos. Atrasa la idea de proveer minerales/metales, de seguir primarizando, de continuar concentrando en pocas manos -esta vez los adinerados de ayer vinculados con las transnacionales- la explotación de los bienes de todas y todos.

Hay además, un ingrediente de perversidad en la estrategia o mecanismo al que apelan el Secretario de Minería y el Ministro de Producción: convocar a “ONG ambientalistas” que nadie conoce, que nadie nombró como representante, que no actúan en territorio y que por lo tanto no tienen legitimación social. Este mecanismo se da de bruces con lo nacional y popular y con el espíritu democrático que pregonan como propios.

Por lo visto, están dispuestos a multiplicar la conflictividad social. Leamos sino, la nota de Florencia Barragán publicada en Ámbito.

En Argentina, el Gobierno lanzará el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que contará con objetivos, plazos y estrategias para desarrollar la minería en los próximos 30 años. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que este sector será una “palanca” al desarrollo, sobre todo por el potencial exportador. “En la Cordillera hay otra pampa húmeda”, aseguró el secretario de Minería, Alberto Hensel, durante un seminario que organizó el think tank Fundar.

Según afirma Ámbito, las exportaciones de minería treparon 83,2% interanual en junio, el salto más elevado del último año. Durante el primer semestre las exportaciones fueron por u$s1.422 millones, una suba del 19,2%, comparado con el primer semestre 2020.

Para el Gobierno sin embargo, la cifra está muy lejos del potencial. “Chile exporta minería por u$s34 mil millones, siendo su principal complejo exportador. En Argentina, la principal exportación es la soja, por u$s16 mil millones, y la minería recién está en quinto lugar”, analizó Hensel. La minería contribuye al 0,6% del PBI argentino, mientras que en Chile aporta al 12% del PBI, o en Perú al 10%.

Hensel consideró que la importancia del sector se observa actualmente en las economías regionales. “Hay provincias que fueron consideradas inviables, hasta que decidieron incursionar en el potencial geológico”, afirmó el secretario. En provincias como San Juan, Santa Cruz o Jujuy las exportaciones de minería representan hasta el 78%.

Según estimaciones oficiales, hay proyectos mineros, que pueden durar 20 años, que pueden tener un balance de divisas favorable de 20 mil millones de dólares cada uno. Por eso el Gobierno avanzará con el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que formará parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, que lleva adelante el Ministerio que encabeza Matías Kulfas. El programa tendrá un consejo consultivo para recibir consultas y sugerencias, se anticipó a aclarar Hensel.

Es que el Gobierno tendrá dos grandes trabas a la hora de avanzar en este plan. La primera es que los recursos pertenecen a las provincias, de las cuales 9 tienen prohibida la explotación. Pero la más difícil de sortear será la conflictividad social. Hensel aseguró que se cumplirán con todas las regulaciones de carácter ambiental. “Cuando se habla de eliminar la combustión fósil y afrontar el cambio climático, no lo vas a poder hacer si no contás con los minerales para la transición”, argumentó Hensel.

Desde 2005, los conflictos sociales por la minería se incrementaron en un 500%. Argentina es el cuarto país en cantidad de conflictos. Los proyectos que se suspendieron o cancelaron por movilizaciones fueron el 53%, mientras que en el mundo es de tan solo 25%. “El caso argentino es el único en detención de proyectos por la movilización social”, analizaron las investigadoras Lucrecia Wagner y Mariana Walter en el seminario.

En las últimas semanas, Daniel Schteingart, quien trabaja junto a Kulfas como director del CEP XXI, citó a ONG ambientalistas al Ministerio. Durante su exposición en el seminario, afirmó que la minería puede ser una “palanca” al desarrollo y consideró algunas variables a tener presente como la contribución exportadora, el ahorro de divisas, la generación de empleo (con una accidentabilidad laboral por debajo de la media).

El progresismo que atrasa

Argentina

Desafíos de la actividad minera

La minería puede generar encadenamientos productivos en el territorio y valor agregado y no solo organizarse en función de la demanda interna y las prioridades que imponen las multinacionales. El riesgo ambiental.
Por Roberto Adaro, Lucrecia Wagner y Mariana Walter
08/08/2021
Producción: Javier Lewkowicz
La tercera posición
Por Roberto Adaro (*)
Asistimos por estos días a un nuevo capítulo del debate alrededor de la actividad minera. La novedad es que funcionarios nacionales, académicos y referentes de raigambre heterodoxa se sumaron al contrapunto. Los recién arribados tienen el mérito de aportar a la discusión su perspectiva en relación a la restricción externa y el desarrollo. La mirada de la minería como sector exportador actualiza sutilmente el debate respecto de la promoción minera en Argentina de los ‘90.

Durante aquellos años comenzaron a desarrollarse en el país los primeros proyectos de explotación minera a gran escala, a partir de inversiones extranjeras. Dichas inversiones fueron facilitadas y promovidas a partir de diversas modificaciones en el marco regulatorio que rige la actividad. Las nuevas regulaciones a favor del capital trasnacional brindaron una serie de garantías diferenciales, como limitaciones severas a la injerencia del Estado, estabilidad fiscal por 30 años, concesiones ilimitadas, tope al cobro de regalías y exenciones impositivas varias. Ninguna de ellas atadas a indicadores de productividad, empleo, inversión o estabilidad macroeconómica. No había detrás una lógica productiva, sino más bien contable y financiera.

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, la minería metalífera representa el 0,5 por ciento del Valor Bruto de la Producción Nacional, el 0,7 por ciento del Valor Agregado Bruto nacional, el 4,3 por ciento de las exportaciones y sólo el 0,2 por ciento del empleo nacional.

Esto no niega la importancia relativa que tiene la actividad minera en el contexto regional de algunas economías provinciales o bien el alto nivel de salarios y de formalidad en el empleo ni las regalías que aporta. De todos modos, el sector no ha logrado superar la figura de enclave, generando pocas vinculaciones y encadenamientos productivos con el entramado local. Vale recordar que la refinación de los metales, el proceso de que más valor agrega y que convierte al mineral en insumo para la industria, sigue realizándose en el exterior.

Aun coincidiendo en la necesidad de exportar más y con mayor valor agregado, vale la pena preguntarse si esta es la única vía para atacar el problema de la restricción externa. La Formación Externa de Activos, la fuga de capitales en lenguaje coloquial, sigue capturando buena parte de los dólares que logramos conseguir. Mientras no cortemos esa sangría, no habrá exportaciones que alcancen, sea de minerales soja o salmones.

En este punto suele recurrirse a comparaciones con países con mejor grado de desarrollo relativo a partir de la exploración de sus recursos naturales, tales como Noruega y Australia. Bien valen aquí las conclusiones del trabajo publicado por Cassini, García Zanotti y Schorr en la Revista de la CEPAL, donde explican cómo éstos países lograron su condición a partir de la planificación pública, una fuerte intervención del Estado en pos de agregar valor localmente a los producido y vincularlo con encadenamientos productivos a nivel local, así como también fuertes regulaciones al capital extranjero en términos de transferencia tecnológica. Este sendero marca diferencias importantes respecto de la realidad argentina.

Las posturas liberal-conservadoras y algunas de la heterodoxia parecen llegar a conclusiones similares sobre la actividad minera. Esta falta de respuestas alternativas quizás se deba a que formulamos mal la pregunta. No se trata de minería sí o no. La humanidad no ha logrado aún producir materia, con lo cuál la minería resulta aún una actividad necesaria. Sin embargo vale la pena debatir cómo hacemos minería y para qué.

¿Qué minería queremos y necesitamos? ¿Una minería que abastezca la industria nacional y genere encadenamientos en el territorio y valor agregado en él, o una minería en función de la demanda externa? ¿Cómo y dónde haremos minería? ¿Lo decidirá el capital según su conveniencia o el ordenamiento y la planificación será pública a través del Estado? ¿Cómo se distribuirán los beneficios y los costos? ¿Los protagonistas excluyentes seguirán siendo empresas trasnacionales o podrán intervenir el Estado y las empresas nacionales? ¿Quién se hará cargo de los pasivos? En las respuestas que sepamos construir se juegan las oportunidades de un nuevo modelo de desarrollo, una tercera posición que recupere la mejor tradición nacional.

(*) Investigador del Centro Cultural de la Cooperación y UNICEN.

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Un caso único

Por Lucrecia Wagner (**) y Mariana Walter (***)

Argentina presenta una creciente conflictividad socioambiental asociada a proyectos de minería a gran escala, principalmente de minería metalífera (oro, cobre) y de litio. En una reciente investigación analizamos 38 conflictos que registran procesos de movilización social visible entre 1997 y 2018, encontrando que el 53 por ciento de los proyectos cuestionados fueron detenidos. Este análisis fue realizado en colaboración con el Atlas de Justicia Ambiental (https://ejatlas.org/), un proyecto de mapeo global de conflictos ambientales que registra actualmente 3496 casos, en los que la minería es la actividad más conflictiva. Nuestra investigación se encuentra publicada en la revista científica “Extractive industries and society” (2021), y en el libro “Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3” de Gabriela Merlinsky (2020).

La detención de proyectos resultante de esta movilización es un caso único en la región (comparado con el 15 por ciento de los proyectos detenidos en Bolivia, 28 por ciento en Chile, 14 por ciento en Ecuador, 9 por ciento en México y 30 por ciento en Perú) y representa el doble del promedio global de proyectos detenidos en conflictos ambientales. Si bien hay varios factores en juego para la detención de un proyecto minero, el caso argentino sigue siendo destacable cuando se compara con la región y las tendencias globales, sometidas a similares factores externos.

Algunas claves. En el marco de estos conflictos se han conformado asambleas de vecinos autoconvocados y diversas organizaciones cuyo accionar ha impulsado cambios institucionales y sociales. Estas movilizaciones son socioambientales porque combinan demandas de carácter ambiental, como la preocupación por el agua y por los impactos ambientales de los proyectos mineros, con demandas de carácter social y político, como la necesidad de democratizar la toma de decisiones, la desconfianza en el control gubernamental sobre los proyectos mineros, y la falta de información y transparencia, entre otras.

En el 61 por ciento de los casos las movilizaciones sociales fueron de carácter preventivo (previas a la explotación minera) y articularon diversas estrategias y actores. Los protagonistas de estas movilizaciones son principalmente las poblaciones locales. Participan científicos y profesionales, que integran estas asambleas y/o aportan conocimiento para su difusión en las comunidades y para nutrir los debates sobre las evaluaciones de impacto ambiental y otros temas clave. Intervienen actores gubernamentales, partidos políticos, grupos religiosos e indígenas y campesinos, cuya subsistencia puede ser directamente afectada.

Entre las estrategias desplegadas por estos actores se destaca la movilización pública, que logra colocar el tema en el debate público, y la conformación de redes y alianzas con otros actores que les permiten superar contextos locales y provinciales adversos para sus demandas. Sumado a ello, han generado acciones por vías institucionales, participando de procesos de evaluación ambiental y llevando los conflictos al ámbito judicial. Así, estas movilizaciones sociales han potenciado cambios institucionales y normativos, como las leyes existentes en 7 de las 23 provincias argentinas, que restringen la minería a cielo abierto. Los cambios institucionales registrados en Argentina destacan sobre las tendencias globales.

Sin embargo, entre los resultados de esta conflictividad alertamos también sobre la creciente violencia hacia los integrantes de estos movimientos, como pudo observarse recientemente en Andalgalá, Catamarca, con el hostigamiento y la detención violenta de miembros de la asamblea El Algarrobo.

Estamos ante un proceso social que nos deja enseñanzas y reflexiones, ya que trasciende las preocupaciones sobre la minería a gran escala y amplía los debates sobre la necesidad de cambios sociales e institucionales, y sobre la justicia, la democracia y las vías de desarrollo posibles.

(**) Investigador CONICET.

(***) ICTA-UAB.
https://www.pagina12.com.ar/360258-desafios-de-la-actividad-minera

Argentina

Crisis hídrica en San Juan

02/08/2021
El panorama que preocupa en Gobierno. Desde la Secretaría de Agua y Energía advierten que si no se toman medidas el sector productivo se verá afectado en 2022.
Fuentes: Tiempo de San Juan y Prensa Obrera
“Creo que estamos en una crisis hídrica significativa en San Juan. Estamos en una situación que, si no ponemos un poquito todos, el año que viene los caudales se van a ver reducidos y algunos sectores como la agricultura se van a ver afectados”, analizó este miércoles el secretario de Agua y Energía de San Juan, Juan Carlos Caparroz.

En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario recordó que el plan de prioridades oficial tiene en primer lugar el consumo humano, luego el uso agroindustrial y por último el energético-turístico y habló de varios frentes de lucha contra la sequía.

El acueducto Gran San Juan es una de las obras a la que apuestan oficialmente. Caparroz dijo que hoy está en una ejecución plena y permitirá a los sanjuaninos tomar directamente agua del dique Punta Negra. “El acueducto es agua potable para la población de San Juan en los próximos 50 años”, destacó.

También habló de que las complicaciones con la escasa agua que trae el Rio San Juan requiere de obras como perforaciones y sistemas de riego, que implican inversiones privadas y estatales. “No queremos que se vea afectado el sistema productivo”, remarcó.

“No es tampoco empezar a hacer perforaciones descontroladas”, aclaró. Informó que hubo más de 6000 funcionando en algún momento pero por el costo de mantenimiento, hoy hay alrededor de 1000. Dijo que “estamos planificando sumar unas 50 perforaciones y serán entre 80 y 100 las que administra el Gobierno”

Por otro lado, resaltó que el Ministerio de la Producción quiere reconvertir los sistemas de riego tradicionales e instalar energía solar en los sistemas de extracción de agua, utilizando diversos planes.

Según Prensa Obrera, en los últimos días se dio a conocer la cantidad de agua que el gobierno provincial distribuirá a los regantes en medio de la enorme crisis hídrica que azota a la provincia. Resulta que el cambio climático sumado a la mala gestión del gobierno uñaquista está teniendo como consecuencia la escasez del agua para el consumo humano y para el uso productivo.

La cúpula gubernamental acordó con los regantes la distribución, que: “(…) terminaron con conformarse con un coeficiente de riego de 0,29 l/s por hectárea” (Diario de Cuyo, 27/7), un número muy bajo para la vida de los cultivos.

Cabe aclarar que los derechos de riego son concesiones dadas por el Estado, según lo establece el Código de Aguas de la provincia, las que se expresan en hectáreas y significan derecho a una dotación unitaria de 1,30 l/s por hectárea de riego agrícola concesionado. El cálculo, según el año hidrológico y superficie agrícola, puede variar, pero el coeficiente es el mismo para todas las concesiones agrícolas. En este caso de solo 0,29 l/s (caudal promedio de octubre-marzo 2020-2021, medido por Departamento de Hidráulica y a entregar a las 104.705 ha cultivadas en la provincia, según Censo Agropecuario), distribuidos durante 12 días en agosto y 28 días en septiembre, los que contrastan llamativamente con los 1.200 l/s del proyecto minero Josemaría. En otras palabras, el Estado le entrega a los productores el agua con la que regarán sus cultivos de acuerdo a un coeficiente que tiene en cuenta el volumen de agua del río anualmente y la superficie cultivada: en este caso, el coeficiente es sumamente bajo y no alcanza a satisfacer los requerimientos de agua de los cultivos.

Lo cierto es que, con esa dotación de agua prometida, los pequeños y medianos productores prevén un 50 % de disminución de la superficie a cultivar. Es que el agua no alcanza para completar el ciclo agrícola de los cultivos de mayor superficie en San Juan, vid y olivo, y escasea en los períodos críticos de estos, los cultivos hortícolas y otros. “Los productores de hortalizas, chacras, semillas y melones están en la recta final para decidir las inversiones en plantaciones” (Diario de Cuyo, 27/7).

A esto se suma la decisión del gobierno uñaquista de no invertir en mejoramiento y mantenimiento de canales e infraestructura para riego productivo, pese a que entre los años 2010 a 2014 se sufrió el período más seco en la región en 60 años.

Pero la actividad minera parece no estar incluida en la crisis hídrica: el proyecto Josemaría prevé consumir más de 1.200 l/s de agua de pozos, que se sumarán al consumo de agua de la Mina Veladero de 110 l/s y al de los proyectos en prospección y exploración Taguas, Filo del Sol, Los Azules, Del Carmen, Ayen y Santa Bárbara por nombrar algunos.

Viene al caso recordar los derrames de cianuro en los ríos sanjuaninos producidos años anteriores por la mina Veladero, el pasivo ambiental de las mineras en Calingasta y los cargamentos de 100 toneladas del residuo peligroso de mercurio transportados desde la mina Veladero donde estaba almacenado, a través de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y cruzando a Chile por el paso de Jama a 4.200 msnm (metros sobre el nivel del mar), sin dar aviso a la población.

Mientras a la producción agropecuaria le ajustan los días de agua y le bajan el coeficiente de distribución, el gobierno prevé nuevas concesiones de agua para la actividad minera extractivista y contaminante.

El gobierno de Uñac es responsable del desmanejo y contaminación del recurso agua y de los privilegios en el otorgamiento de los derechos de agua.

Crisis hídrica en San Juan

Argentina, Litio

«En nombre del litio», un documental sobre los conflictos en Argentina

31/072021
Documental que refleja el enfrentamiento entre las comunidades de los salares del norte argentino y las empresas extractoras de litio estará disponible de forma online y gratuita del 1 al 9 de agosto.
***
La película documental argentina “En el nombre del litio” se
estrenará el 1 de agosto, día de la Pachamama, y podrá ser vista de
forma online y gratuita hasta el 9 de agosto.

A través de la historia de Clemente Flores, comunero de Salinas
Grandes, los directores Cristian Cartier y Martin Longo reflejan el
conflicto entre las comunidades originarias del norte argentino contra
extracciones de litio.

“Los avances tecnológicos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de
vida, pero el espectador debe comprender cuáles son nuestras
responsabilidades con el medio ambiente y otras formas de vida”,
expresaron a la prensa.

En la sinopsis se presenta a Clemente, quien vive en la comunidad El
Moreno, Salinas Grande, en Jujuy, donde las comunidades intentan evitar
el desembarco de mineras multinacionales para extraer el mineral.

Tras reclamos ignorados por autoridades, se embarca en un viaje para
luego regresar y organizar una acción de resistencia con su pueblo, en
defensa de su territorio y el equilibrio de la Pachamama.

Debido a que se trata de una de las mayores reservas de litio del
mundo y las presiones de intereses político-económicos nacionales e
internacionales, el panorama para las comunidades originarias es
desfavorable.

“La colonización total de sus salinas parece inevitable, y sus
tradiciones parecen estar condenadas a sacrificarse en pos de “salvar”
al mundo”, se lee en la descripción que presenta a la película.

Estará disponible del 1 al 9 de agosto en el siguiente enlace: https://enelnombredellitio.org.ar

«En nombre del litio», un documental sobre los conflictos en Argentina

Argentina, Litio

“En nombre del Litio” es la película documental que se estrenará el 1 de agosto, el Día de la Pachamama.

 La película podrá verse desde la web www.enelnombredellitio.org.ar, de manera online y gratuita hasta el 9 de agosto.

Con dirección de Cristian Cartier y Martin Longo, “En nombre del Litio es la última voluntad de las comunidades originarias de los salares del norte argentino de ser escuchadas y respetadas”, señalaron los cineastas sobre su nueva película.

“Sus tradiciones ancestrales están amenazadas por la civilización moderna y la civilización moderna está amenazada por sus tradiciones ancestrales. Este documental refleja el conflicto entre su cosmovisión y los intentos desesperados del mundo moderno por encontrar en el litio una alternativa a los combustibles fósiles“, agregaron.

Indicaron, además que “los avances tecnológicos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero el espectador debe comprender cuáles son nuestras responsabilidades con el medio ambiente y otras formas de vida”. “Las salinas son casi infinitas. Y así debe ser nuestra búsqueda del equilibrio en la humanidad”, relataron.

Clemente Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, donde las comunidades originarias intentan evitar el inminente desembarco de mineras multinacionales para extraer litio, el nuevo oro blanco. En busca de respuestas frente a su acallado reclamo de ser consultadas en los procesos de toma de decisión, Clemente se embarca en un viaje revelador, para regresar y organizar, junto a las otras comunidades del salar, una acción de resistencia en defensa de su territorio y del equilibrio de la Pachamama.

El documental “En nombre del litio” llega a la web con proyecciones gratuitas

Argentina

“LA MINERÍA NUNCA VA A SER UNA OPCIÓN POSIBLE PARA NUESTRO PUEBLO”

16/07/2021
Queríamos hablar con el Lonko de la comunidad mapuche Newen Ñuke Mapu de Cañadón Chileno, paraje ubicado en el departamento Pilcaniyeu, Río Negro, dado que era uno de los referentes que se reunieron con las comunidades vecinas con el fin de tomar una decisión colectiva y reflexionada frente al avance minero en sus territorios. “Donde vive él no hay señal, o sea no WhatsApp, pero sube un cerrito todos los días, donde consigue señal. La forma de comunicarse sería ponerse de acuerdo para una llamada”, nos anticipaba su sobrina. El hecho es que en este día frío y lluvioso el Lonko Raúl Llancaqueo subió al cerrito y pudimos comunicarnos.
Fuente: Tinta verde
Por Radio Autónoma Piuké

En Mencué fue el trawn. En esa localidad rionegrina se reunieron las comunidades mapuche tehuelche de la zona para rechazar el “avance de las mineras que pretenden entrar a realizar exploraciones para futuras explotaciones”. Por lo menos así lo expresa parte del manifiesto realizado el miércoles 7 de julio en un trawun que reunió a comunidades vecinas de una importante extensión del territorio.

Participaron del encuentro las comunidades Amulenche, de Mencué, Ragiñ Plang Curra Meu, de Blancura Centro, Pilquiniyeu del Limay, Pulan Lafquen, de Laguna Blanca, Newen Ñuke Mapu de Cañadón Chileno, lof Mariano Epulef de Anecón Chico, Ancalao, de Ñorquinco, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, el CODECI, y el Consejo de Participación Indígena.

Agrega el manifiesto de las comunidades un alerta a los vecinos y las vecinas: “las estrategias que las empresas mineras están llevando a cabo, se basan en la mentira y el engaño”. “La minera hace más de un año que anda”, comenta el lonko Raúl desde el cerro donde hay señal de celular y agrega: “anda agarrando a la gente así, sola, la mayoría de la gente está sola en el campo, y bueno, le ofrecen cosas, no sé qué le han ofertado a la gente y aprovechan la situación de esta pandemia que ha perjudicado a todos los sectores”.

La situación que atraviesan las comunidades mapuche de la meseta es compleja; la poca agua y la poca leña que existe, la valoran y aprecian y toda su vida se construye a través del trabajo en el territorio. Tal como señalan en el comunicado elaborado entre las comunidades de la zona, hace años que la región transita una gran sequía y eso les trae problemas para la producción agrícola ganadera que ha sido su principal actividad económica. “Estratégicamente los gobiernos desatienden las políticas productivas para el territorio, para dejarnos a merced de los intereses de las empresas extractivas, continuando el despojo”, denuncian. En esa línea, Raúl Llancaqueo señala: “Ayer nos hemos reunido con las otras comunidades para hacer el comunicado para que no entre la minería. Toda la vida los pequeños productores han vivido de la ganadería, es su sostén”.

Esta realidad se contrapone con las concepciones de quienes -alejados de estos contextos- señalan que los pueblos originarios tienen un vínculo “idílico” con la naturaleza y que ligados a un “paisaje paradisíaco”, pretenden defenderlo por su belleza.

Durante los últimos años, además, la situación económica generó más vulnerabilidad en la población rural. Las comunidades señalan que los gobiernos en vez de generar condiciones para el acceso al agua, otorgan permisos a las mineras. “Ante esta situación de vulnerabilidad económica aparecen las empresas mineras con promesas de saldar las necesidades que el Estado no cubre, arreglo de caminos, mejoramiento habitacional, pago de becas, forestación, incluso ofrecen pago de “alquileres” para lograr entrar al territorio”, expresan en el comunicado y agregan: “La minería nunca fue, y nunca va a ser una opción posible para nuestro pueblo, porque atenta contra la Mapu y si atenta contra la mapu atenta contra nosotros como Che”.

En este escenario, las comunidades decidieron prohibir “el ingreso de cualquier empresa minera a nuestros territorios comunitarios”. Denuncian que no se ha respetado la consulta libre previa e informada y plantean: “entendemos que el derecho Indígena está por encima del código minero y tanto el Estado Nacional, como el Estado Provincial tienen una deuda histórica con nuestro pueblo Mapuche Tehuelche. El incumplimiento de nuestros derechos legitima estas acciones ante el atropello de nuestra autonomía comunitaria. Las tranqueras estarán cerradas para las empresas mineras que buscan destruir nuestro territorio”. El comunicado termina con un llamado a todas las comunidades a cerrar sus tranqueras ante el extractivismo minero.

“No queremos que entren las mineras y que el gobierno se haga cargo de la situación de los pequeños productores. No queremos dejarlas entrar porque el daño ambiental que producen es lo que no queremos, la falta de agua, ya sufrimos la sequía…nos castigó la nevada y ahora al pequeño productor lo termina. No dejen entrar a las mineras”, concluye el lonko desde la altura, en el cerro que le permite comunicarse con el resto del mundo.

“La minería nunca va a ser una opción posible para nuestro pueblo”

Argentina

EL PADRE DEL BORREGO

17/07/2021
En la última década, Elsztain, quien se hizo fuerte por sus negocios inmobiliarios en campos, oficinas y shopping centers, avanzó en la minería con la empresa Austral Gold. Por qué invierte en el sector.
Fuente: ECONO JOURNAL

El 12 de mayo de 2020, editores de las secciones de economía y de los diarios financieros de Buenos Aires recibieron un mail en sus casillas. Los sorprendió. Porque era domingo y, además, por
su contenido. Pero, sobre todo, por quién era el protagonista. El correo electrónico difundía extractos de un documento que Eduardo Elsztain, presidente de Inversiones y Representaciones SA (IRSA), la mayor empresa de bienes raíces del país, había hecho circular entre sus inversores.

«El manual de supervivencia económica de la Argentina dice que, en este contexto de déficits fiscales épicos, más el endeudamiento más alto de la historia, más emisión monetaria a niveles nunca visto, más depresión económica, cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa: el oro», aconsejó.

No fue un texto usual. Elsztain es uno de los cinco empresarios más importantes del país. Su personalidad excede el mundo de los negocios. Su actividad filantrópica abarca desde el fomento al entrepreneurship, con un manifiesto apoyo –espiritual y material– a la Fundación Endeavor, a iniciativas sociales de profundo compromiso comunitario. Y, además, atesora una rica –y envidiada– agenda de contactos, local y, en especial, internacional, que lo encumbró a cargos de influencia única, como el directorio del Consejo Judío Mundial, amén de ser un activo protagonista –y promotor– del World Economic Forum.

Sin embargo, Elsztain, de 61 años cumplidos en enero, no es alguien que suela transmitir sus opiniones en público; mucho menos en los medios. ¿Qué llevó a quien es reconocido como «el dueño de los ladrillos», entre shopping centers, edificios de oficinas y proyectos residenciales, y, a la vez, uno de los mayores inversores agrícolas de América del Sur, a fijar su atención sobre el precioso metal? ¿Y difundirlo, además?

Oro en Chubut

La respuesta, en realidad, ya la había dado pocos días antes. El 22 de abril, en Toronto, Canadá, la minera Yamana Gold informó que Elsztain y Saúl Zang, uno de sus hombres de máxima confianza, habían comprado el 40% de Suyai, un proyecto de extracción de oro en Chubut. Pagaron u$s 2 millones para entrar a un prospecto cuyo objetivo es producir hasta 250.000 onzas anuales durante sus primeros ocho años de antigüedad. Además, se comprometieron a desembolsar otros u$s 31,6 millones hasta 2024, en caso de que el emprendimiento reciba todas las aprobaciones.

Algo que, en gran medida, dependerá de sus gestiones. «El grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo», explicó Yamana.

Más que una quimera

Así como no ahorró elogios a la gestión Macri, Elsztain siempre fue lo suficientemente hábil para no colisionar contra otros gobiernos. Hombre de magnetismo especial, que potencia con el aura que le confiere una profesión profunda y estricta de su fe de la cual su aspecto personal, de barba tupida, trajes oscuros y kipá es reflejo, el empresario, a través de IRSA y de su controlada IRSA Propiedades Comerciales (IRSA PC), tiene nueve edificios de oficinas premium y 15 shopping centers. La mitad de los centros comerciales –Alto Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, DOT Baires, Distrito Arcos, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet– están en el AMBA. El resto, en el interior: Alto Noa (Salta), Alto Rosario, La Ribera Shopping (Santa Fe), Mendoza Plaza (Mendoza), Córdoba Shopping Villa Cabrera, Patio Olmos (Córdoba) y Alto Comahue (Neuquén). Además, posee otros inmuebles comerciales y los hoteles Intercontinental, Libertador (CABA) y Llao-Llao (Bariloche). Su unidad de construcción compra terrenos y desarrolla viviendas y complejos comerciales. El grupo también es dueño del 29,91% del Banco Hipotecario, del que el propio Elsztain es presidente.

En su último balance anual, cerrado el 30 de junio de 2020, IRSA facturó $ 95.793 millones. Sin embargo, solo $ 14.156 millones se generaron en la Argentina. Los otros $ 81.637 millones provinieron de Israel, donde –al menos, hasta ese momento– registraba negocios en bienes raíces, tecnología, telecomunicaciones, supermercados, energía y turismo. IRSA también tiene inversiones en los Estados Unidos. Principalmente, en inmuebles.

Diversificación en agro

A su vez, Cresud, controlante de IRSA, es una de las principales firmas agropecuarias de la región.
Al 30 de junio, era dueña de 26 campos, con aproximadamente 629.794 hectáreas, entre la Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Produce granos, ganado bovino y ganado lanar. Arrienda tierras a terceros y, además, tiene el derecho de concesión sobre otras 132.000 hectáreas por 35 años, con opción por otros 29. De ese total, explotó unas 29.000 hectáreas con producción agrícola y ganadera. En su ejercicio 2019-2020, produjo 857.490 toneladas de granos (más del 90%, trigo y soja), 2,36 millones de toneladas de caña de azúcar y 11.783 toneladas de carne. Recaudó $ 121.256 millones. Ganó $ 20.003 millones.A mediados de mayo de 2021, Cresud valía más de u$s 730 millones en Nueva York. IRSA, poco menos de u$s 390 millones.

Pero Elsztain no es alguien ajeno a la industria minera. Empezó a escavar en este negocio en 2003. Compró la chilena Guanaco, que le pertenecía a la estadounidense Kinross Gold. Para este negocio, se asoció con la australiana Austral Gold, a cuyo directorio accedió en 2009, con funciones no ejecutivas.

Desembarco

«No teníamos experiencia en la minería. Pero compramos la mina por teléfono. Hicimos el due diligence en menos de una semana», evocó cinco años atrás, en una entrevista a la centenaria publicación especializada The Northern Miner, de Canadá.

Fue un momento especial para Elsztain. La crisis de 2001 y, en especial, la devaluación y la pesificación asimétrica de 2002 habían erosionado los cimientos financieros de IRSA, ese imperio que había comenzado a construir algo más de una década antes. También en 2003 se formalizó su «divorcio» de Marcos Marcelo Mindlin, su socio, amigo, otra mitad, segundo apellido de un binomio que, en los 90, fue sinónimo de éxito en el mundo de los negocios.

Mientras Mindlin se lanzó con Dolphin a las aguas inexploradas que prometía un país de empresas de servicios públicos defaulteadas y a precio de remate, Elsztain prefirió buscar alternativas a sus negocios core en sectores que estuvieran algo más alejados de la presencia estatal activa que empezaba a visualizarse en la incipiente Argentina de Néstor Kirchner.

Guanaco era un proyecto de oro, cobre y plata en el norte chileno, en la zona de Antofagasta. «Nos tomó cerca de una década desarrollar nuestra primera mina y construir nuestro equipo de management», reseñó en esa entrevista. «No éramos expertos. Así que lo hicimos escalón por escalón», agregó.

Austral Gold sacó su primera barra de oro de Guanaco en 2011. En 2019, último ejercicio pre-pandemia, procesó 253.024 toneladas. Por metal, fueron 60.666 onzas de oro y 543.906 de plata. Las cifras consolidan con Amancaya, proyecto vecino que, en julio de 2014, Austral le compró a Yamana por u$s 12 millones en efectivo, más una regalía neta del 2,3%. No fue la única adquisición. En febrero de 2016, se quedó con el 100% Argentex Mining, titular de Pingüino, proyecto de oro, plata, zinc, plomo e indio en la provincia de Santa Cruz. Pagó 5,8 millones de dólares canadienses (u$s 4,3 millones de entonces). Austral Gold ya tenía un 19,9% de la empresa, comprado en marzo de 2013, por 5 millones de «cads» (u$s 4,87 millones).

Sin embargo, un mes después, dio otro gran golpe. Acordó con Troy Resources la compra del 70%
de Casposo. Localizada en el departamento de Calingasta, San Juan, el área, de 100,21 kilómetros cuadrados y con reservas de oro y plata, pasó a convertirse en el principal activo de producción de Austral Gold en la Argentina. La minera de Elsztain compró un 51%, por u$s 1 millón, con la opción de lograr otro 19% por otro u$s 1 millón en los 12 meses siguientes –cosa que hizo– y el 30% restante en los siguientes cinco años. El acuerdo establecía que pagara u$s 1,5 millón por un 10% en tres años; u$s 2,5 millones por otro 10% en cuatro; y u$s 3 millones por el 10% restante en cinco. Todo, sujeto a la variación del precio de la plata, con un supuesto de u$s 15 la onza. Austral terminó de comprar todo en 2019. Pagó u$s 200.000 para completar su tenencia. El menor precio fue resultado de valores de la plata por debajo de lo esperado.

Aterrizaje en San Juan

Eso también afectó al emprendimiento. Cuando entró en Casposo, Austral Gold se comprometió a levantar capital por hasta u$s 10 millones para el proyecto, cuyo management tomó. Además, asumió la elaboración de un plan reingeniería y nuevo desarrollo para alcanzar una operación rentable al cabo de 12 meses.

«Es una adquisición estratégica para Austral Gold y le da la compañía un activo establecido en la Argentina y un cimiento en ese mercado para consolidar más adelante sus activos bases», celebró el comprador en ese momento. Sin embargo, a inicios de 2019, la empresa anunció que su directorio había decidido, temporalmente, que el proyecto solo funcionara bajo cuidado y mantenimiento.

«La decisión se basó en precios de la plata por debajo de los presupuestos y volúmenes de producción inferiores a las esperadas en 2018 y 2019. Estos factores resultaron en que la mina, actualmente, opera a pérdida y una reducción marcada de su inventario de reserva mineral», explicó. Tampoco eran satisfactorios los registros alcanzados en oro, con una reducción de 90% en la producción del trimestre cerrado en marzo de 2019, en comparación con el previo, finalizado en diciembre de 2018.

Con solo un trimestre de operación, Casposo procesó 39.545 toneladas en 2019. Habían sido 181.242 en 2018 y 281.848 en seis meses de 2017. En diciembre de 2019, inició actividades de exploración, con la intención de reactivar la explotación durante 2020. La pandemia de coronavirus lo impidió.

Regla de oro

Este año, IRSA inauguró formalmente Della Paolera 200, torre corporativa de 30 plantas y u$s 110 millones de inversión, que construyó en Catalinas. La empresa también mudó allí su sede central. Durante décadas, había funcionado en Bolívar e Hipólito Yrigoyen, sobre el ex Café de la Victoria (hoy, Pertutti). Es un edificio colonial, que el abuelo de Elsztain compró cuando él tenía cinco años. No es el único recuerdo con el que honra al patriarca.

«Cuando la gente le preguntaba a mi abuelo cómo calculaba sus activos en las peores inflaciones, contestaba que, al final de cada año, él siempre sabía que tenía un metro cuadrado más, una vaca más o más espacio de estacionamiento. Contabilizaba las cosas básicas», evocó, en aquella entrevista a The Northern Miner.

Aplicó la lección a su incursión minera. Más allá de las cotizaciones de los distintos metales o los cálculos de reservas y vidas útiles de los proyectos, persistió en acumular activos a lo largo de una década y media.

En 2013, Austral Gold compró el 15% de Goldrock (9,3 millones de dólares canadienses), la dueña de Lindero, en Salta. Años después, adquirió otro 11%. En 2014, se quedó con el 51% de la proveedora de servicios mineros Humberto Reyes y el proyecto Amancaya, ambos en Chile. En 2015, fue el turno
de Argentex. En 2016, de lo que le faltaba de esa empresa y, pocos días después, el 70% de Casposo. En 2017, compró otro 19% en ese proyecto y, también, los emprendimientos San Guillermo y Reprado, cercanos a Amancaya, que pertenecían a Revelo Resources. En 2019, el 30% restante de Casposo y la estadounidense Rawhide, con activos de oro y plata en Nevada. Acordó por ella un precio de u$s 3,9 millones (u$s 2 millones cash).

Al año siguiente, otra compra en la Argentina: el 80% de Sierra Blanca, proyecto –también de oro y plata– en Santa Cruz, con el que buscó ampliar Pingüino. Pactó con su contraparte, New Dimension, u$s 800.000 en efectivo y compromisos de inversión, con una opción para comprar el 20% restante en u$s 2,3 millones. También en 2020, Austral Gold firmó una carta de intención para quedarse con el 100% de Revelo, transacción que completó este año.

En febrero último, a través de Argentex, entró al capital de Ensign Gold. Pagó más de u$s 1,17 millones por más del 20% de sus acciones, con una opción para ampliar su participación en 36 meses. Ensign es una sociedad canadiense con 5000 hectáreas de oro tipo Carlin en Utah (Estados Unidos).

Fue, de momento, su última pepa. Al menos, a través de Austral Gold. La compra de Suyai a Yamana se hizo por fuera de esta sociedad. ¿Por qué? Por ahora, solo Elsztain, reconocido por su hermetismo, tiene la respuesta. Pero difícilmente sea un punto final.

Así como sigue adelante con sus múltiples negocios –sin ir más lejos, incluso en el contexto adverso de shoppings cerrados y oficinas vacías por la pandemia, IRSA anunció la construcción del primer centro comercial de La Plata, un proyecto de $ 15.000 millones–, es claro que continuará activando la palanca de su excavadora. «Compartimos la mitad de los Andes con Chile. Pero la Argentina no tuvo el mejor entorno y eso es básicamente porque la minería no está tan explotada como lo hicieron nuestros vecinos», explicó alguna vez su estrategia en este sector.

«Pero el potencial del sector minero en la Argentina es enorme. Y es una de las actividades en las que soy más entusiasta en estos días: tenemos reservas, buenas empresas y buenos descubrimientos», decía, pocos años atrás. El tiempo suficiente, no obstante, como para haber abierto un camino ya difícil de desandar.

Ladrillo a ladrillo

Eduardo Sergio Elsztain nació en Buenos Aires el 26 de enero de 1960. Su abuelo paterno, Isaac, emigró de Rusia en 1917, tras la Revolución. Prosperó en su nueva tierra gracias a los negocios inmobiliarios. Talentoso para ver oportunidades en una Buenos Aires donde abundaban hacinados conventillos, supo acuñar una máxima que su nieto cumple a rajatabla, como si fuera precepto bíblico: comprar barato y vender revaluado. Para mediados de los 60, su empresa, Isaac Elsztain e Hijos –que, incluso hoy, vela por los más caros intereses familiares–, era una de los principales desarrolladoras de viviendas de la Capital Federal. Hasta que, a fines de los 70, se embarcó en la construcción de una ambiciosa torre, con una ingeniería financiera cuyo colapso la había dejado en la cornisa de la quiebra.

Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, había interrumpido sus estudios de Economía en la UBA para hacer un voluntariado de un año en Israel. Retornó por pedido de su abuelo. Corría 1981 y su tío, que manejaba los negocios familiares, falleció súbitamente. Eduardo tenía 21 años.

Elsztain nieto cerró su primer negocio en 1982. Vuelta del destino, le vendió al gobierno de la Unión Soviética el terreno de la calle Dragones,en el Bajo Belgrano, donde hoy funciona la representación comercial de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, le pidió ayuda a un amigo, tan joven como él, pero con mejores conexiones y una letal combinación de astucia y frialdad para las finanzas: Mindlin. Juntaron u$s 120.000 para comprar una vieja sociedad, fundada en 1943,que cotizaba sin pena ni gloria en la Bolsa porteña: IRSA. La piedra basal sobre la cual edificarían su imperio.

Sin embargo, no fue sino hasta inicios de la década siguiente que esos dos tipos audaces ganarían notoriedad. Tras la compra del Palacio Chrysler –actual Palacio Alcorta–, se supo que ese dúo de chicos jugaba a cosas de grandes. Y en serio.

«Ustedes no tienen cara de tener u$s 15 millones para comprar el edificio», les dijo el periodista de Ámbito Financiero que los había descubierto.

Uno, robusto, barbado y de gesto duro. El otro, flaco, rubio y con rostro mucho más aniñado. Trajeados como yuppies, como mandaba la época y, además, necesitaban para aparentar más madurez de la que tenían. Se miraron entre ellos y se rieron.

«En realidad, el inversor es George Soros», le develaron.

«De alguna forma, me las arreglé para tener una reunión con Soros.

Caminamos durante una hora o dos. Y cuando me preguntó cuánto dinero pensaba que yo podría manejar, le contesté que u$s 10 millones. Me dijo: ‘Ok, ningún problema’», recordó el propio Elsztain sobre ese encuentro en Nueva York, en un perfil publicado en 2013 por The Jerusalem Post.

Con ese capital, armaron una cartera de activos inmobiliarios –shoppings, torres de oficinas, edificios de viviendas– que rápidamente los coronó como los Señores de los Ladrillos. En 1991, relanzaron a IRSA en la Bolsa de Buenos Aires. En 1994, abrieron su capital en Wall Street. Para entonces, ya habían dado otro golpe: la compra de Cresud, otra sociedad histórica del recinto porteño. Fundada en 1936, financiaron la adquisición con todos los pagarés que les habían dado los compradores del último proyecto inmobiliario residencial que Elsztain construyó con su empresa familiar.

En 1998, IRSA se quedó con la parte del Banco Hipotecario que privatizó el Estado nacional. Ese mismo año, Carlos Menem y quien fuera su sucesor, el entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, coincidieron en la inauguración del Abasto, primer shopping desarrollado íntegramente por la dupla, que ya había comprado Alto Palermo, Paseo Alcorta y el Patio Bullrich. Para IRSA, fue un hito. Sobre todo, por las batallas legales –y políticas– que debió dar tras la adquisición del antiguo mercado, literalmente en ruinas tras la quiebra del Hogar Obrero. Un año después, en 1999, el grupo se aseguraría los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en Puerto Madero Sur. Aun hoy, pugna por desarrollar ahí el complejo Santa María del Plata.

La crisis argentina de 2001, eclosión de cuatro años de recesión, fue una prueba de fuego para IRSA. En ese crítico momento, Soros se retiró,con una ganancia estimada en u$s 500 millones, al cabo de la década. «Él sabía cuándo vender y cuándo comprar», refirió Elsztain en ese texto de The Jerusalem Post.

Sin el respaldo del hombre famoso en el mundo entero por haber doblegado a la libra esterlina, muchos dudaron de la capacidad de sus socios argentinos para cruzar, solos, el desierto. Pero Elsztain, para entonces, ya tenía mucho más que una puerta a la cual golpear. Reemplazó al húngaro con otros dos magnates: el canadiense Edgar Bronfman (de Universal Studios) y el inversor de riesgo neoyorquino Michael Steindhartdt. Fue el soplo vital que recibió IRSA para atravesar las siguientes décadas.

El padre del borrego