06/02/2022
Ambiente, extractivismos y desarrollo: las premisas erradas para debatir alternativas
El 22 de enero pasado, La Nación publicó el artículo Cómo conciliar el cuidado del ambiente con la explotación de recursos naturales Lo que sigue, es la imprescindible reflexión/respuesta de Eduardo Gudynas.

Cualquier institucionalidad ambiental organizada desde juicios errados entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos socioambientales y las demandas ciudadanas. Es por eso que a la ciudadanía no le queda otra alternativa que movilizarse.
Por Eduardo Gudynas
Fuente: América Latina en Movimiento

La discusión sobre la gestión de los recursos naturales aunque siempre presente en Argentina, se ha acentuado después de las protestas ciudadanas contra la minería en el sur o frente a la intención de explotar petróleo en la costa atlántica. En ese contexto, dos académicos, Roy Hora y Juan Carlos Hallak, publicaron en el periódico La Nación de Buenos Aires, una columna sobre cómo “conciliar” la “explotación” de los recursos naturales con el “cuidado” del ambiente. Ese aporte, desde la academia, y específicamente desde la economía y la historia, es bienvenido en tanto demostraría una mayor atención a la problemática ambiental desde el mundo universitario.

Sus conclusiones, tales como señalar la carencia de credibilidad institucional, también son atendibles. Esos señalamientos no son novedosos, porque han sido repetidos desde por lo menos la década de 1980, mientras que las oposiciones entre fines económicos y preservación ambiental son todavía anteriores, desde los años sesenta.

Sin embargo, el modo por el cual estos autores abordan los conflictos sobre desarrollo y ambiente expresan varias limitaciones que merecen analizarse. Algunas tal vez se deban a que desconocen la evidencia e información acumulada en las últimas décadas en el campo de las políticas ambientales, en tanto estos autores provienen de otras disciplinas.

Pero lo preocupante es que su abordaje no es inusual sino que expresa concepciones que, en vez de contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales, alimentan y repiten los problemas actuales que desembocan en conflictos socioambientales.

Es así que los autores plantean una interrogante inicial que condiciona las respuestas. Se preguntan si las personas están conscientes de las pérdidas de empleo, ingresos fiscales y divisas que ocurrirían cuando se cancelan proyectos extractivos mineros o petroleros. En esa pregunta se da como un hecho verdadero que esas actividades tienen esos beneficios netos en empleo y dinero. Sin embargo, esa es una premisa errada.

A medida que se acumula más información, sea en Argentina como en otros países, se encuentra que los balances económicos de los extractivismos son modestos o incluso negativos. Las esperadas ganancias en la práctica se reducen e incluso se anulan por los subsidios explícitos o implícitos que el Estado otorga a esas empresas, o cuando se contabilizan sus impactos ecológicos y sociales. Argentina está repleta de ejemplos en ese sentido.

Desde aquella postura, Hora y Hallak afirman que las granjas de salmón o la megaminería en la Patagonia no sólo son posibles, sino que además son “deseables”. Redoblan su apuesta porque ellos ya sabrían que pueden llevarse adelante con “sólidas salvaguardas ambientales”. Otra vez hay juicios previos anclados en asumir que esas actividades son ventajosas económicamente, que existe tecnología que puede manejar o anular sus impactos, y que ello aseguraría el desarrollo. Pero en todo eso aún no hay certezas ni conclusiones finales.

En efecto, la experiencia de actividades similares en Argentina o en la región muestra que los beneficios económicos son limitados como ya se indicó, que los riesgos de impactos son altos, que los accidentes se repiten, y que los efectos terminan siendo sufridos o financiados por la sociedad y el ambiente.

¿Para salir del “subdesarrollo” hay que apostar a más extractivismo?

El artículo avanza con otro juicio previo: “Argentina está muy lejos del desarrollo” y, por esa razón, sus necesidades de bienestar y empleo obligarían a exportar sus recursos naturales. O sea, que para salir del “subdesarrollo” se debería ser más extractivista –una idea ya muy conocida en varios países latinoamericanos.

Otra vez debe señalarse que para muchos la vinculación es exactamente la inversa: seguir exportando materias primas acentúa la pobreza, el subdesarrollo y la subordinación a la globalización. Disponemos ahora de información recopilada en las últimas décadas sobre las desigualdades ecológicas en el comercio global, de cómo los países del sur global terminan padeciendo desproporcionadamente más impactos sociales y ambientales.

Otra dificultad conceptual análoga ocurre cuando esos autores sostienen expresiones como “prohibicionismo” o “extractivismo” implican una banalización. Es difícil saber a qué se refieren con la etiqueta de “prohibir”, porque hay muchas actividades que por sus impactos están sujetas a regulaciones que las limitan. Por ejemplo, prohibir arrojar residuos tóxicos en un arroyo es legítimo o necesario; nada hay de banal ni extremista en ese tipo de regulaciones.

Pero es todavía más sorpresivo que se diga que usar la palabra “extractivismo” es una polarización o una banalización. Esa palabra corresponde a modos específicos de apropiación de recursos naturales; la megaminería, la explotación petrolera o el monocultivo de soja son extractivismos, y esa es la calificación adecuada. No usarla, rechazarla o cuestionarla, puede deberse a manías académicas o maniobras políticas para disimularlos, pero no anula sus severos impactos ambientales ni la subordinación global.

El pedido de Hora y Hallak de una nueva institucionalidad ambiental tambalea si se funda en impedir que se utilicen ciertos términos o se anula la posibilidad que existan actividades que deban ser prohibidas por sus impactos sociales o ambientales. Al mismo tiempo, parecería que el artículo por momentos no tiene en cuenta informaciones acumuladas en los últimos veinte años en ecología política. Es como si nos regresaran a posiciones de fines de la década de 1990.

¿Conciliar con las comunidades locales o con las empresas extractivistas?

Llegar a la conclusión que las instituciones públicas tienen un déficit de credibilidad en su capacidad de control es obvio. Eso se viene denunciando en Argentina y en los demás países desde hace décadas. Distintos arreglos institucionales se han ensayado, desde ministerios de ambiente a agencias autónomas. De organismos de contralor a tribunales, y más. Pero ninguna de ellas ha resuelto los problemas de fondo ni evitado los conflictos. La cuestión es, por lo tanto, ¿por qué se repiten esos fracasos bajo todo tipo de ideologías políticas?

Ante esas situaciones, lo que asoma en estos años es que eso se debe a que la política convencional aunque puede producir distintos arreglos institucionales, a la vez los limita o condiciona. Se los blinda por medio de posturas previas y metas que se dan como obvias o válidas, con componentes que no están dispuestas a cuestionar, y asuntos que sistemáticamente se evitan. De ese modo, las contradicciones entre ambiente y desarrollo se repiten, y eso hace que una y otra vez estallen los conflictos ambientales.

Toda esta explicación sirve para mostrar que el artículo de Hora y Hallak demanda una alternativa, pero lo hacen desde juicios previos que son funcionales a la explotación de la naturaleza e impiden alternativas de desarrollo. Entre ellos está el de indicar que hablar de extractivismo es un extremismo banalizador, que deben aprobarse proyectos de salmoneras o mineras, que hay tecnología que anula los impactos, que hay beneficios económicos indudables, y así sucesivamente.

Esa mirada hace que ese intento de “conciliar” muchas veces caiga en el extremo de habilitar la depredación ecológica y excluir a las comunidades locales. El drama es que la conciliación puede terminar operando como un apaciguamiento de la protesta local. Aquel es un reclamo de alternativas condicionado por ideas previas, muchas de las cuales son causantes de los problemas ambientales actuales.

De ese modo, cualquier institucionalidad ambiental organizada desde aquellos juicios previos entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos sociales y ambientales, y muchas demandas ciudadanas. Entonces a esos actores no les queda otra salida que movilizarse.

Una verdadera alternativa no solo debe permitir, sino que debe poner en discusión todo el espectro de ideas, llegando a las bases conceptuales que sostienen al desarrollo y el papel de los extractivismos. Cualquiera de sus componentes debe revisarse, desde los justificativos económicos al papel de las soluciones tecnológicas, y así sucesivamente. Habrá, por lo tanto, opciones conciliables y otras que no lo serán. En ese esfuerzo deben participar todos los interesados, también sin exclusiones.
https://noalamina.org/argentina/item/45797-ambiente-extractivismos-y-desarrollo-las-premisas-erradas-para-debatir-alternativas

31/01/2022
La llegada de las mineras: “una nueva etapa de la Campaña del Desierto”
«La megaminería y la cosmovisión ancestral de las comunidades mapuche, son “incompatibles” afirma Néstor Vidal, Analista del Centro de Investigación Forense, Ciencias y Nuevas Tecnologías, y cuál es describe la situación existente en la Provincia de Río Negro, Argentina.
Fuente: ANB
El gobierno de Río Negro otorgó permisos de cateo a una minera. Lo hizo sin la consulta previa a las comunidades originarias, el cual es de carácter constitucional. Las entidades mapuche tehuelches no permitirán el ingreso a sus territorios los cuales se encuentran siempre en disputa.

La movilización social en Chubut y Mendoza que detuvo proyectos mineros, una y otra vez; el fuerte rechazo y la paralización de la iniciativa para la instalación de una central nuclear en Sierra Grande de su antecesor en el cargo, el Ex Gobernador Alberto Weretilneck, son antecedentes que la gobernadora Arabela Carreras no dejaba de observar señalando que “la actividad minera para la Región Sur es clave en su desarrollo, pero debe tener arraigo en la población local”.

En medio de los debates públicos entre quienes sostienen la inviabilidad de una economía y una política que no protejan al ambiente, que no tomen en cuenta el impacto de las actividades productivas y su mitigación, y de aquellos que –aún desde el progresismo– sostienen que no se puede impedir el desarrollo y la imperiosa necesidad de divisas por “pruritos ambientalistas”, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, definió como “actividad clave” a la minería en su provincia y su gobierno se propone potenciar dicha actividad.

La cita anterior es de enero del 2020 en un acto en Los Menucos, un pequeño pueblo de la Línea Sur. Parece que se aceleraron los tiempos y ya no es necesario observar la licencia social. A fines de abril, la Secretaría de Minería otorgó diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A., en una extensa zona que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur provincial.

“En diciembre de 2020, hicimos una movilización en Fiske Menuco (nombre mapuche de la ciudad de General Roca) a la Secretaría de Minería para presentar un planteo por la autorización de un cateo minero en territorio de la comunidad Ñancu Leufú de Catriel (al norte de la provincia en el límite con La Pampa) que ésta había rechazado”, sostiene Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Tuvimos una charla con el secretario de Minería e hicimos un pedido de informes sobre cuáles eran los proyectos mineros en la provincia. El funcionario se comprometió a contestar por escrito, pero no fue muy satisfactoria la respuesta” indico Carriqueo.

A partir de ese momento, las comunidades comenzaron a organizarse para lo que suponían sería una avanzada sobre los territorios. Realizaron encuentros (trawn) regionales y guillipun (ceremonia espiritual) en Jacobacci, Huergo, Valcheta y Bariloche, pero sin tener idea certera de lo que se venía. Según Carriqueo, “el proyecto minero del gobierno provincial es aún de mayor envergadura que el de Chubut”.

“En realidad, nos enteramos cuando se publicaron los permisos de cateo en el boletín oficial y llegaron las mineras. Ellos llaman tierras fiscales a nuestras tierras, donde vive nuestra gente, y las llaman así porque nunca nos han entregado un título comunitario de posesión”, sostiene el referente comunitario, como lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

Los permisos de cateo otorgados a Ivael Mining S.A. por el gobierno provincial se realizaron sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se planea realizar estas tareas de exploración para la búsqueda de minerales, por lo que se ha incurrido en la violación de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

El 7 de julio, un grupo de comunidades se reunieron en Mencué, una pequeña localidad de la meseta a mitad de camino entre el Alto Valle y la Línea Sur. Los lonkos tomaron la decisión de “cerrar las tranqueras a las empresas mineras por más autorización del gobierno que tengan. Creemos que el derecho comunitario, el derecho indígena, está por sobre el código minero. Las comunidades no van a permitir ese proyecto minero. La sociedad tiene que discutir y repensar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Para el pueblo mapuche, es inviable cualquier proyecto minero; para nosotros, es inconcebible que se pueda destruir un cerro para sacar los minerales que contenga”, explica Carriqueo.

“Nosotros tuvimos una reunión con la minera en Bariloche. Les planteamos que el gobierno estaba desconociendo el derecho indígena y sostuvimos que las 150 comunidades de la provincia no avalamos la minería y que llevar un proyecto minero adelante iba a ser muy conflictivo”, narra Carriqueo que, junto a Newen Loncomán, delegado comunitario en el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y Felisa Curumil (miembro del Consejo de Participación Indígena), se reunió con personal de la firma.

BUEN VIVIR

Las que se enfrentan aquí no son sólo dos concepciones sobre el desarrollo económico, sino dos cosmovisiones. “Para nosotros, en las aguadas, lagunas, cerros y montañas, están pu nguen –las fuerzas– que cuidan el equilibrio, la biodiversidad, por ello, la megaminería y nuestra cosmovisión ancestral son incompatibles. Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo y amenaza principalmente a los Nguen Ko” (los dioses o las fuerzas de las aguas), sostiene el pronunciamiento de los lonkos en Mencué.

ORO, PLATA, URANIO Y OTRAS BARATIJAS

Mientras las comunidades originarias, descendientes de aquellos a quienes supuestamente los conquistadores deslumbraron con bisutería y baratijas, rechazan las mieles del “desarrollo” extractivista, la política criolla se desvive por hacer negocios con las multinacionales mineras y recibir sus abalorios. Canjean futuro por unos pocos dólares contantes y sonantes.

En Río Negro, se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque, en el año 2005, la Ley 3.981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales. Esa ley fue volteada y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.

Cerca de Valcheta, la empresa canadiense Blue Sky del empresario Joseph Grosso, comenzó las primeras perforaciones del plan de exploración de uranio y vanadio de Amarillo Grande. El área se extiende a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud con un ancho variable de 15 kilómetros.

Si bien el método de lixiviación para obtener el uranio no utilizaría en este caso sustancias contaminantes -se emplearían carbonato de sodio y bicarbonato de sodio-, sí demanda enormes cantidades de agua –en una región donde el agua escasea–. El emprendimiento generaría un alto impacto en el paisaje y el ecosistema al ser una mina a cielo abierto, aunque de poca profundidad y se superpone o colinda con áreas protegidas como la meseta de Somuncurá y el área natural protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. La oposición social al emprendimiento ya recolectó 48 mil firmas, pero tanto el gobierno provincial como la empresa juegan a las escondidas frente a la voluntad popular.

Además de estos casos en etapa de exploración y estudio, podemos citar el caso de las minas Gonzalito en la zona de Sierra Pailemán, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la costa Atlántica y 100 kilómetros al suroeste de San Antonio Oeste. Se trata de un yacimiento de plomo, plata y zinc que fue explotado durante 20 años hasta que, en el año de 1982, una empresa española que lo gestionaba presentó la quiebra y desapareció dejando un enorme pasivo ambiental: contaminación, enfermedades, polución del agua y cuyos trabajadores fueron muriendo de cáncer. Estos no son pruritos ambientales, son probadas muestras de que el “desarrollo promisorio” de la minería no tiene buenos augurios.

Por Néstor Vidal
ANALISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORENSE, CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La llegada de las mineras: “una nueva etapa de la Campaña del Desierto”

10/01/2022
«Se puso de moda defender la megaminería y confundir la industria minera con el saqueo colonial»
Lo afirmó el investigador Cesar Briatore, quien sostiene que «el problema es la avaricia, hoy se perfecciona el modelo de saqueo en un marco de sádica institucionalidad».

El técnico Superior en Administración Portuaria, Cesar Briatore, dialogó con Conclusión sobre la resistencia del pueblo de Chubut respecto de la explotación a cielo abierto de la empresa Pan American Silver, y argumentó cual es la destrucción real que se ejerce sobre las condiciones ambientales y económicas, sin dejar de lado la salud de la población. Además, aludió temas éticos, técnicos, económicos e históricos.

«La minería en Argentina tal cual está planteada es deficitaria, deja un resabio tóxico, no hay déficit ambiental, la destrucción de grandes porciones de terreno por una exigua cuotas de dinero que en realidad es un burla. Es algo testimonial para cortar la cinta y hacer el anuncio de las grandes inversiones extranjeras», expuso Briatore.

El especialista aportó que el Index informa cuanto aporta la mega minería en total a nuestro país, que desde el punto de vista legal incluye los hidrocarburos, pero cuando precisa la división de cuanto aporta la minería se separa, y allí se puede ver que aporta el 0,76 por ciento del PBI, menos del uno por ciento, y las regalías que se paga sobre eses monto es el 3 por ciento».

Lo que aporta la megaminería en Chubut no llega a pagar a los maestros, es el 1,6 por ciento de los sueldos públicos de la provincia.

La argentina a partir de la década del noventa ha rifado todo su destino

Respecto de la demanda de oro con fines de utilidad práctica, el investigador consignó que «es inferior al 14% dentro de la producción mundial, el resto se utiliza para fines estéticos, ornamentales, especulativos o para atesoramiento. La Argentina puede dejar de exportar oro de un día para el otro sin que las necesidades tecnológicas se vean afectadas en lo absoluto».

Además de ello, si algo faltaba hay que decir que «en vez de exportarlo para que sea atesorado en el exterior (exportación de riqueza) se podría reducir drásticamente la producción masiva migrando a prácticas de minería artesanal para satisfacer la demanda local dejando el excedente como reserva del BCRA como mecanismo de fortalecimiento económico».

Las consecuencias de esas medidas solucionan los numerosos reclamos en defensa del ambiente cumpliendo en parte con los desafíos a nivel mundial para sanear el medioambiente.

Entre la «ridiculeces con las que se intenta desacreditar los discursos que intentan defender a los pueblos de las multinacionales es desacreditar a aquellos que luchan por su bienestar», señaló Briatore.

Lo de Chubut no es nuevo y no es diferente a lo vivido por Salta, Jujuy, Catamarca o Mendoza, simplemente se discute el futuro y la vida porque se encuentra condicionada

Dice el egresado de la Universidad Tecnológica Nacional que «esta discusión no es nueva, algunos resisten la megaminería hace varias décadas aunque lo nuevo es el tono y alcance del debate. Hoy alzamos los decibeles a tal punto que es imposible esconder toda la mugre debajo de la alfombra. Y convengamos que hoy no hay luchas locales ni siquiera regionales, la lucha socio ambiental es a nivel nacional en un vertiginoso contexto global».

«Si vamos a discutir discutamos en serio, pensemos si las medidas de promoción minera que rigen actualmente se deben aplicar por igual al que produce cemento, materias primas para la industria y también al que te cambia una meseta en un pozo con un lago tóxico para llevar un camión con de pepitas de oro.

La Megaminería sería igual de resistida si la emprende un criollo o la ejecuta el Estado con una empresa publica.

Briatore se pregunta si todos minerales pueden ser exportables, y expresó que «tenemos un Banco Central vacío y una empresa extranjera que exporta oro encontrado en suelo argentino. Realmente parece ilógico dicho así pero es real».

«Vayamos lejos, muy lejos. Estamos casi en el 2022 y pregunto: ¿Qué nos dejó el liberalismo de los 90s, y la cesión de los minerales a las provincias? Si analizamos bien el aporte al PBI, es probable que sea conveniente reformar esa parte de la Constitución nacional y compensar a las provincias de otro modo con la ventaja de una reserva federal de minerales para la producción nacional y a su vez que funcione como respaldo de nuestra moneda».

La nota completa la podes ver y escuchar en el video aquí o aquí https://www.facebook.com/DiarioConclusion/videos/238993538362892/

Fuente: Conclusión Buenos Aires – Nota de Aldo Battisaco

«Se puso de moda defender la megaminería y confundir la industria minera con el saqueo colonial»

Jonathan Gilbert
11/01/ 2022
(Bloomberg) — Activistas ambientales en Argentina intentan evitar que se habiliten nuevas exploraciones petroleras en la nación sudamericana rica en recursos, apenas unos días después de obligar a un gobernador en la Patagonia a revertir el curso de la minería de plata.

Por su parte, el Gobierno ha estado ejerciendo presión a favor de que los perforadores busquen crudo en el océano Atlántico desde que las protestas de la semana pasada en la ciudad costera de Mar del Plata sacaran a la luz las preocupaciones climáticas.

El mitin se produjo justo después de una gran victoria para el movimiento ambientalista de Argentina. El 20 de diciembre, tras violentas protestas en la provincia de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni derogó una ley que habría permitido a la canadiense Pan American Silver Corp. poner a trabajar una mina de US$1.000 millones de dólares. En su lugar, Arcioni convocará un referéndum.

El revés en Chubut reflejó lo sucedido en la provincia de Mendoza hace dos años, cuando el gobernador reaccionó a las protestas revocando la legislación provincial aprobada solo unos días antes para permitir más minas.

Argentina, que busca desarrollar los yacimientos de shale en la formación Vaca Muerta, subastó en 2019 bloques off shore para la exploración de aguas profundas. Los activistas reaccionaron porque el Gobierno recientemente autorizó realizar estudios sísmicos a Equinor ASA de Noruega, la estatal argentina YPF SA y Royal Dutch Shell Plc.

“Están tratando de crear el mismo sentimiento de fiebre del oro de cuando se descubrió Vaca Muerta, etiquetando a cualquiera que se oponga de antiprogreso”, dijo en una entrevista Enrique Viale, activista ambiental y abogado. Chevron Corp. también vio fuerte resistencia ambiental cuando invirtió en el shale argentino en 2013.

Desde la manifestación de Mar del Plata, los funcionarios del Gobierno se han pronunciado diciendo que Argentina necesita más industria para ayudar a su economía en dificultades. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, señaló que el camino es tener actividades productivas cuidando el medio ambiente.

Sin embargo, Viale señaló que explorar en busca de más combustibles fósiles no cuadra con la propuesta del Gobierno para pagar parte de su deuda con políticas que abordan el cambio climático.

Durante años, el movimiento ambientalista argentino ha sido un dolor de cabeza para la industria. Además de las victorias en Chubut y Mendoza, la ley federal de 2010 que protege los glaciares ha limitado la actividad minera de manera más amplia. De igual forma, las represas gemelas que se estaban construyendo en la Patagonia tuvieron que reducirse debido a las preocupaciones sobre su impacto en los glaciares río arriba.

En agricultura, el año pasado, la provincia de Tierra del Fuego prohibió la salmonicultura que ha prosperado en el vecino Chile. Y varios lugares en el enorme cinturón agrícola de Argentina han prohibido a los agricultores el uso de el herbicida glifosato cerca de áreas urbanas.

Tal vez la causa ambientalista más famosa de Argentina terminó en realidad en derrota. En 2006, luego de más de un año de protestas, la construcción de dos plantas de celulosa en el vecino Uruguay obtuvo luz verde de la Corte Internacional de Justicia.
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/perforaci%C3%B3n-aguas-profundas-desata-protestas-010214809.html

«Está en análisis si se va a llamar o no al plebiscito» para la megaminería, dijo el gobernador Mariano Arcioni y Chubut arranca el año como terminó: muy mal.
10/01/2022
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, furioso con Alberto Fernández, quien lo dejó solo.

«Está en análisis si se va a llamar o no al plebiscito», dijo el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y volvió así a poner en agenda en este comienzo de año un tema que, durante tres semanas, tras la derogación de la ley de zonificación minera (megaminería, para opositores), prefirió evitar con el fin de bajar la tensión social.

Es que en diciembre de 2021, los violentos incidentes que se produjeron durante varios días en la provincia obligaron al gobierno de Mariano Arcioni a derogar la norma que habilitaba la rezonificación minera en Chubut, e incluso provocó cambios en el gabinete provincial.
https://urgente24.com/actualidad/megamineria-ahora-mariano-arcioni-duda-llamar-al-plebiscito-n532307

27/12/2021
Redacción La Tinta
Por Guido Lautaro Padin para InterNos
Desde Rawson
De Rawson se dice que es una capital tranquila. Administrativa. Una ciudad con lógicas de pueblo. Un municipio cuyo crecimiento demográfico no impide a sus habitantes decir, con seguridad y hasta un poco de cinismo, “acá nos conocemos todos”. En Rawson, señalan propios y ajenos, nunca pasa nada. Sin embargo, un día pasó: sus calles fueron el escenario de una rebelión popular que se extendió en cuestión de horas por toda la provincia.

Primero, lo sabido: el pasado miércoles 15 de diciembre, la Legislatura provincial de Chubut sancionó la Ley de Zonificación Metalífera. De esta manera, las localidades de Gastre y Telsen, ubicadas en la meseta, fueron definidas como “áreas de excepción” respecto de la prohibición a la actividad que rige en la provincia desde el año 2003, en el marco de la Ley 5.001.

¿Cuándo se forjó aquella ley? Luego de un referéndum popular realizado en Esquel en el año 2002, donde la comunidad local se opuso al Proyecto Navidad, de la norteamericana Pan American Silver, debido a su metodología de explotación a cielo abierto y con utilización de cianuro. El 83% obtenido por el “No a la Mina” fue el hito fundacional de lo que se convertiría en una bandera para muchas otras localidades chubutenses durante 18 años.
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(Imagen: A/D)

Según el texto, no obstante, la provincia debía indicar zonas aptas para la explotación de estos recursos, definiendo así las ya mencionadas excepciones establecidas por ley. Pero de 2003 a esta parte, la zonificación nunca avanzó, principalmente por la falta de aprobación social, además del alto costo político que muchos legisladores no estaban dispuestos a pagar.

Durante los últimos dos años, con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, política e institucional (que incluyó falta de pagos a estatales y un año entero sin clases, entre otras cosas), la posibilidad de reflotar el Proyecto Navidad estuvo en la agenda del gobierno de Chubut. La semana pasada, finalmente, el cuerpo legislativo autorizó la zonificación en Telsen y Gastre con una votación muy ajustada. 14 votos a favor, 11 en contra y dos ausencias habilitaron la explotación casi dos décadas después. Pan American Silver tenía el okey para avanzar sobre el depósito de plata sin desarrollar más grande del mundo. Tenía.

Las asambleas del No a la Mina se manifestaron rápidamente en la legislatura para oponerse a la zonificación. Pero lo que el propio gobernador definió en alguna oportunidad como un grupo de “500 ruidosos”, terminó con una de las movilizaciones más importantes en la historia reciente de la provincia, a la que muchos medios nacionales definieron como Chubutazo. Las calles de Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, entre otras, se vieron copadas de carteles en rechazo a la actividad, pero también con acusaciones de traición a Mariano Arcioni, el gobernador, quien había prometido en campaña (¡tan solo dos años atrás!) que, en caso de asumir, la minería no iba a estar entre sus planes.
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(Imagen: El Intransigente)

Tampoco fue indiferente que la legislatura aprobara el proyecto por la medianoche, luego de adelantar su tratamiento, que estaba en la orden del día siguiente. El horno no estaba para bollos. El descontento generalizado con el gobierno provincial, sumado a una decisión tomada sin previos debates públicos, fue el caldo del cultivo para la reacción de miles y miles de personas durante la tarde-noche del 15 de diciembre y la madrugada del 16.

La casa de gobierno prendida fuego puso el tema en la agenda mediática. Se sabe: Chubut queda muy lejos y, a menos que pasen cosas que ameriten la indignación y el repudio, difícilmente las problemáticas de este tipo se impongan a la última chicana entre dos políticos de Capital Federal. Amén de que los destrozos hayan sido o no producto de las movilizaciones (¿fueron infiltrados? ¿fueron grupos radicalizados, como los hay en muchas otras causas?), la desproporcionada represión policial dejó aún más expuesta la deslegitimación del gobierno. Ninguna política puede imponerse a fuerza de palo y bala, algo que bien hemos aprendido en los últimos 38 años de democracia, pero que las fuerzas estatales ignoraron intencionadamente durante aquellas horas, en las cuales -por suerte- no se cuenta ningún muerto, pero sí decenas de heridos.

Es necesario no correr el foco de la autenticidad en los reclamos que se extendieron de manera pacífica por dos, tres, cuatro días y que sumaron reclamos de otros sectores productivos como el de la pesca, que estableció un paro indeterminado hasta que la ley fuera derogada. Al quinto día de protestas, y luego de declarar que no iba a dar “un paso atrás”, el gobernador anunció la derogación de la ley y un potencial plebiscito para definir qué sucederá con la minería en la provincia. Las asambleas ya adelantaron su rechazo a la propuesta y exigen que, de una vez y para siempre, se prohíba la actividad en el territorio.

Cabe aclarar, aunque sea de manera parcial, algunas ideas que circularon en las últimas horas respecto a la voluntad del pueblo de rechazar la extracción de minerales a cielo abierto.

Los chubutenses conocen mejor que nadie lo que sucede en su provincia. Ven de cerca el río Chubut, que abastece al uso personal y la producción agrícola, con su caudal cada día más bajo. Sufren en el verano la restricción de agua incluso con fuertes calores. Y tienen el derecho a mostrar escepticismo sobre el consumo hídrico por parte de esta actividad intensiva (el proyecto indica, sin embargo, que la cuenca a utilizar no tiene conexión con el río Chubut) así como desconfianza en la gestión de los desechos que se generen. Tienen derecho a desconfiar de su propio gobierno y de sus legisladores, uno de ellos acusado años atrás de recibir coimas para apoyar el Proyecto Navidad. Tienen derecho porque hay experiencias de derrames que implicaron desastres ambientales como el ocurrido en el río Jáchal, de San Juan. Tienen derecho porque la información no circula, se restringe, se omite. Y un proyecto aprobado a las apuradas, previo a las fiestas, no parece el mejor síntoma para echar luz sobre el tema.
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(Imagen: Noalamina.org)

También está la postura de los habitantes de la meseta, que se muestran a favor de la instalación del Proyecto Navidad por el impacto que tendría en la generación de empleo -altamente remunerado- y el desarrollo de proveedores en ciudades aledañas. Lo mismo: nadie puede discutirle a esos pobladores, muchos de los cuales sobreviven en una zona rural árida, despoblada y de temperaturas extremas, lo que desean para su futuro.

Acá ingresa al debate otro punto fundamental. Muchos funcionarios del gobierno provincial que se muestran a favor de la actividad minera argumentan que es necesaria como alternativa económica para una zona históricamente desfavorecida. Pero, ¿qué pasó en los últimos 20 o 30 años para que la meseta haya quedado relegada de la riqueza que genera la provincia? ¿No es precisamente el gobierno provincial quien debe garantizar mejores condiciones de producción para las actividades agrícolas o ganaderas, por ejemplo, que hoy están desapareciendo en la región? Chubut extrae petróleo hace un centenar de años y posee una importante industria pesquera; además tiene la fábrica más importante de aluminio del país y cuenta con suelo y clima ideales para producir fruta fina o de pepita en su cordillera. Es una provincia rica que, a diferencia de lo que algunos quieren hacer creer, pone sus recursos para el crecimiento del país.

Entonces, ¿Chubut se opone al desarrollo? ¿Se opone a la modernidad?

“El desarrollo implica generar cadenas de valor en origen, en Chubut tenemos petróleo que se refina en Buenos Aires (y parte tributa ahí), pesca que se procesa afuera y lana que termina siendo exportada de Bahía Blanca. Se ocuparían de eso si les interesara el desarrollo”, escribió acertadamente en su Twitter la escritora y comunicadora Alejandra Koser, oriunda de la ciudad de Trelew.
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(Imagen: El Intransingente)

El otro argumento, para el que aplica una respuesta similar, es el de la necesidad de divisas. La falta de dólares para financiar, entre otras cosas, la imponente deuda que tiene hoy la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no puede ser nunca un argumento válido para imponer una actividad extractiva de este tipo. En ese sentido, los reclamos también fueron hacia el gobierno nacional y la figura de Alberto Fernández, que se desentendió del conflicto en las calles de la provincia.

Lo que pasó esta semana en Chubut sienta un precedente muy importante. El No a la Mina movilizó pueblos enteros y sacó a la luz un sentimiento de hartazgo de larga data en muchos chubutenses. Además, expuso un importante nivel de improvisación a la hora de la toma de decisiones por parte del cuerpo legislativo y el gobierno provincial. En el barrio le dicen “si pasa, pasa”. No pasó.

*Por Guido Lautaro Padin para InterNos / Imagen de portada: InterNos.
https://latinta.com.ar/2021/12/mineria-chubut-decir-no/

La medida que generó una fuerte resistencia en la provincia patagónica fue desactivada por unanimidad.
21/12/2021
La legislatura de Chubut derogó la ley de minería, tras las fuertes protestas en contra de la norma (Foto: Télam).

La legislatura de Chubut aprobó por unanimidad la derogación de la ley de Zonificación Minera, después de las violentas protestas en la provincia patagónica en contra de esta medida.

El lunes el gobernador Mariano Arcioni derogó la norma que generó una gran resistencia en Chubut, medida que fue ratificada por unanimidad en la legislatura provincial en sesión virtual por los destrozos en la sede legislativa por las manifestaciones.

La ley se había aprobado el miércoles pasado en medio de fuertes protestas marcadas por enfrentamientos y represión que derivaron en múltiples pronunciamientos, tanto desde el ámbito político, como sindical y de representantes de la Iglesia en la región.
El anuncio de Mariano Arcioni de derogación de la ley de megaminería

El gobernador de Chubut Mariano Arcioni derogó la ley de megaminería, tras las fuertes protestas (Foto: NA).

El lunes Arcioni anunció la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada y adelantó la convocatoria a un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo”.

El gobernador de Chubut dijo que de esta forma abrirá “un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”.

Arcioni dijo que tiene un “profundo respeto” para quienes “se han manifestado pacíficamente estos días”. Pidió “abrir una ventana de tiempo para pensar “cómo dar trabajo a quienes no lo tienen, cómo generar inversiones y con qué recursos se mejora la educación, la seguridad y la salud” en la provincia.
Qué decía la ley de megaminería de Chubut que fue derogada

La ley de “desarrollo industrial minero metalífero sustentable” que fue derogada por la Legislatura de Chubut a menos de una semana de su aprobación habilitaba el proyecto de zonificación minera, sin uso del químico cianuro, en la meseta central de Chubut, en los departamentos de Telsen y Gastre.

Con la nueva zonificación se iba a impulsar el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo.

Chubut: la legislatura derogó la ley de minería tras las fuertes protestas

La norma buscaba promover el desarrollo productivo en la Meseta Central de Chubut por medio de la “inversión para el desarrollo económico, promoción de la equidad social y cuidado ambiental”.

La ley de “desarrollo industrial minero metalífero sustentable” contemplaba la creación de un Observatorio de la actividad industrial minera y del Observatorio de Recursos Naturales.

La zonificación minera estaba contemplada en la ley que prohibía la actividad minera en el resto de la provincia pero la determinación del área donde concentrar la actividad no se había concretado, se aprobó después de 18 años y luego fue derogada.
https://tn.com.ar/politica/2021/12/21/chubut-la-legislatura-derogo-la-ley-de-mineria-tras-las-fuertes-protestas/