Integrantes del pueblo de Atacama en departamento de Susques, tuvieron una asamblea y fueron a exigir a Gabriel Cortes de la empresa Minerales Australes a que se retiren del Paraje de Tanques, hay una intimación del ayudante fiscal Casanelo Di Pietro intimando a que ésta empresa entregue documentación hasta este lunes a las dos de la tarde, y desde ayer tenían que parar toda actividad ilegal que realizaban.

Las comunidades del pueblo Atacama del Paraje de Tanques, tuvieron ayer una Asamblea y luego fueron a ver el lugar donde estaban realizando trabajos ilegalmente una empresa minera. Denunciaron a Gabriel Cortes y a la empresa Minerales Australes S.A., por instalarse en territorio comunitario violando derechos de los pueblos indígenas y realizar trabajos sin ningún tipo de consulta y consentimiento de las comunidades.

En un comunicado que emitieron hoy por la mañana, las comunidades expresan que aproximadamente a las nueve de la mañana de éste sábado, se realizó una asamblea en el Paraje de Tanques, en la cual se tomó la decisión de hacerse presente en el lugar dónde se instaló una minera ilegalmente, al llegar al lugar se encontraba presente Gabriel Cortés quién dijo que estaba a cargo de la Empresa Minera “Minerales Australes S.A. y donde estaban trabajando junto a diez operarios. Cortés, se acercó para hablar con los integrantes de las comunidades, poseedores ancestrales de esos territorios, y éstos le solicitaron a Cortés a que se retiren inmediatamente, desalojando el lugar y por supuesto paralizando todo trabajo desde ese mismo momento.

Por su parte Gabriel Cortés, Intentó defender el hecho de que la empresa minera esté instalada en el Territorio Comunitario de la comunidad de San Juan de Quillaques, específicamente en el territorio de la familia Quispe, diciendo que poseen las autorizaciones correspondientes pero sin exhibirlas ni mucho menos. Siendo aproximadamente a las once de la mañana y ante la imperante situación de impotencia, se decidió que el señor Quispe reiterara la denuncia, (ya que la había realizado con anterioridad en la seccional de Tilcara con fecha 22 de febrero) por usurpación y solicitando que la policía se haga presente en el lugar del hecho, en el destacamento de Susques, tras realizar la denuncia, la ayudante fiscal hizo lugar a la solicitud, ordenando que la patrulla se hiciera presente en el lugar.

Al presentarse la policía en el campamento minero, hace conocer la denuncia a Cortes que pesa en su contra y le muestra la orden de fiscalía donde los intima a presentar la documentación pertinente dentro de 48hs. a los representantes de la empresa minera Minerales Australes S.A., estos se defienden diciendo que las Comunidades Originarias los estaba cortando el tránsito, e impidiendo el ingreso y egreso a su lugar de trabajo.

Ante esta afirmación agraviante de Cortes, las comunidades allí presentes exigieron el inmediato desalojo de la empresa minera, y expresaron que no se retirarán del lugar mientras eso no ocurra. Después de un intercambio de palabras entre miembros originarios, Cortes , empleados mineros y la policía y ante la negativa de retirarse del empresario, finalmente los empleados mineros comunican el cese de toda actividad y desde ese momento se retiran quedando solo tres empleados como custodia, y aclarando que estarán en dos turnos. Tras lo cual las comunidades en Asamblea aceptan y deciden acampar en el lugar a la espera de una solución de parte de la fiscalía.

Este lunes 14 de marzo al mediodía día, se cumple el plazo dado a la empresa minera para presentar la documentación, mientras las Comunidades Indígenas continúan acampando a la espera del desalojo de la empresa minera del territorio comunitario, por esta razón los hermanos en acampe solicitan la solidaridad de todos los hermanos que se puedan acercar al lugar el lunes al mediodía para exigir el inmediato desalojo de la empresa minera, puesto que no existió un procedimiento legal para su instalación en el Territorio Comunitario.

Las comunidades originarias presentes en este lugar son la Comunidad Originaria de Coranzulí (miembros), la Comunidad Originaria de Collamboy, su presidenta y vice presidente y otros miembros de esa comunidad, y los damnificados miembros de la comunidad de San Juan de Quillaques del departamento de Susques, provincia de Jujuy.
https://originarios.ar/nota/529/?fbclid=IwAR3Bjdp9IHdqoeKKs2fi6aeWKlYta4hrgVidpDLd5EuXLJHoziMJYROPLoc

11/03/2022
De las privatizaciones de empresas estatales en los ’90 a la entrega de territorios para el modelo extractivo. El oficialismo insiste con una fórmula que asegura más pobreza y dependencia. La relación entre deuda externa y la explotación de recursos naturales, un Ministerio de Ciencia que se abraza a las corporaciones extractivas y el rol de organizaciones sociales que llamaron a votar a un Gobierno que profundiza el saqueo.
Foto: Subcoop
Por Darío Aranda

En solo 48 horas el peronismo gobernante dio una exhibición contundente de que juega todo para la megaminería, el agronegocio y la explotación petrolera.

El presidente Alberto Fernández recibió el lunes 7 de marzo, en Casa Rosada, al CEO de la multinacional de litio Livent, Paul Graves.

El martes 8, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitaron la inauguración de Expoagro (feria de negocios de los diarios Clarín y La Nación). Sonrisas de ocasión y puentes de diálogo con el agronegocio.

El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi, compartieron almuerzo y elogios con los directivos de Syngenta (Antonio Aracre) y de Bioceres (Federico Trucco), mientras llamaron a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Houston (Estados Unidos) para participar del «CERA Week 2022», uno de los mayores eventos de la industria petrolera. Se reunirá con presidentes y CEOs de Total, Chevron, Shell y Equinor.

El trasfondo: el acuerdo con el FMI.

El gobernador Axel Kicillof de visita a Expoagro, la feria de Clarín y La Nación
Menem, Consenso de Washington y prioridades

El 1 de marzo, en su discurso en el Congreso Nacional, el Presidente se refirió en 25 ocasiones a la deuda externa y al FMI. Y sólo dos veces mencionó la palabra ambiente. Un resumen que gráfica su gobierno, el del Frente de Todos, volcado de lleno al extractivismo. En el mismo discurso anunció los proyectos de ley para profundizar el agronegocio, la megaminería de litio y la actividad petrolera.

Lo que Carlos Menem hizo con las privatizaciones de las empresas estatales, el peronismo del Siglo XXI lo hace con las montañas, ríos, mares y tierras argentinas. Es una continuidad histórica: toda la ingeniería legal para las actividades extractivas de América Latina fueron escritas y sancionadas durante la década del 90, en el marco del Consenso de Washington (medidas económicas impulsadas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Atrás quedan los discursos de ocasión del Presidente sobre la «casa común» y los discursos políticamente correctos en convenciones internacionales sobre ambiente.

Pareciera que no existió el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés) sobre las consecuencias cada vez peor de la crisis climática; pareciera no haber sucedido una pandemia como nunca antes (con cada vez más pruebas de que fue de origen zoonótico). No escucharon las masivas movilizaciones contra la megaminería en Mendoza en 2019, en Chubut en 2020/2021 y las marchas masivas en Mar del Plata contra le explotación petrolera.

El tiempo de los partidos políticos hegemónicos son distintos al del IPCC y a los que viven en los territorios el lucha contra el extractivismo. Mientras asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y científicos del IPCC incluyen en su accionar el mediano-largo plazo –lo que sucederá con las próximas generaciones–, los sectores políticos dominantes priorizan sus intereses mediatos, la próxima elección.

Organizaciones sociales y los engranajes del poder

El Movimiento Evita, a través de Fernando «Chino» Navarro, justificó el acuerdo con el FMI y llamó a votarlo. Somos Barrio de Pie, con su referente Daniel Menendez, también acompañó el acuerdo: «La aprobación logró evitar una catástrofe mayor sobre nuestro pueblo». Ambos, Navarro y Menendez, son funcionarios nacionales. Y ambos apuntaron sus críticas a Mauricio Macri y Cambiemos (Pro-UCR-Coalición Cívica), máximos responsables de la deuda con el FMI.

La gran mayoría de las organizaciones de izquierda repudiaron el acuerdo con el FMI y llaman, desde hace años, a desconocer la deuda por fraudulenta, ilegítima e ilegal. Por otro lado, algunas organizaciones optaron por el silencio. Fue el caso del Mocase-Vía Campesina.

Otros espacios, también afines al Gobierno, se movilizaron y rechazaron explícitamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son las mismas que dos años atrás hicieron campaña para votar a Alberto Fernández. Quizá el caso más claro sea el Frente Patria Grande, integrada también por organizaciones sociales, y que se presenta como «una organización que fundada en 2018 por militantes relativamente jóvenes y lejanos a la política tradicional».

El 9 de marzo brindaron una conferencia de prensa para anunciar su rechazo al acuerdo con el FMI (de sus tres diputados, dos votaron en contra y uno se abstuvo). Dieron una extensa y precisa argumentación de su posicionamiento, incluso con datos históricos con paralelos al presente: «Hace 200 años, el Gobierno firmaba el primer empréstito con la casa financiera Baring Brothers entregando como garantía hipotecaria las tierras públicas. Se robaron la plata, se repartieron las tierras, definieron que la Argentina sería proveedora de materias primas para las factorías del mundo desarrollado. Así se conformó la élite económica de nuestro país».

Enumeraron la situación social actual: quince millones de pobres, cinco millones de indigentes, once millones de argentinos sin techo propio, cuatro millones de trabajadores registrados con salarios bajo la línea de pobreza, ocho millones de trabajadores informales y de la economía popular sin derechos básicos garantizados. Todo enmarcado, entre otras causas, de tres décadas de políticas extractivas. Como reiteran las asambleas socioambientales, está probado que el extractivismo no es un camino válido para el desarrollo y solo asegura mayor pobreza y dependencia.

En su comunicado, el Frente Patria Grande recuerda que «es el pueblo, no el Gobierno, el que termina pagando esa fortuna sideral que se llevaron los grupos financieros». Y denuncian que, con el acuerdo con el FMI, se «reincide en una lógica colonial».

A pesar de toda la crítica, el texto finaliza con un llamado a «mantener más que nunca la unidad del Frente de Todos y sostener al Gobierno Nacional».

La mirada estructural e histórica que algunas organizaciones sociales tienen (en este caso para con el FMI) está ausente para analizar el rol que cumplen las organizaciones sociales para la llegada y sostenimiento de gobiernos que consolidan un modelo de extractivismo, dependencia y pobreza.

Foto: Subcoop
FMI, deuda externa y extractivismo

«Instituciones Financieras Internacionales (IFI): el negocio del ‘desarrollo'», es el título del informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, su sigla en inglés), en el que analiza el rol del Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

El Movimiento Mundial por los Bosques, que desde hace tres décadas estudia y denuncia las políticas extractivas de gobiernos y multinacionales, explica que los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, y EE.UU.) son los que controlan los organismos financieros internacionales.

«Las IFI se relacionan de esta forma con el círculo vicioso de la deuda externa sobre el que se construye la dependencia. Por medio de esta dependencia, las naciones poderosas pueden imponer sus condiciones (…) Entre las medidas que incluye la receta de políticas de las IFI están los programas de ajuste estructural, mejorar la balanza de pagos a través del incremento de las exportaciones. Por lo tanto, los países del sur se han embarcado en la extracción intensiva de recursos naturales y en actividades de monocultivo orientadas a la exportación (los llamados productos básicos o commodities), también para generar las divisas necesarias para pagar la deuda externa», explica el WRM y, remarca, el rol fundamental de las compañías trasnacionales, que invierten en la explotación de los recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales y sociales.

A fin de demostrar lo rentable que son las inversiones en las IFI para los países industrializados, el Movimiento por los Bosques cita al propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un informe de mayo de 1994 titulado «Bancos multilaterales de desarrollo: cómo hacer crecer las exportaciones estadounidenses y crear empleo en EE.UU.». Reconoce el Departamento del Tesoro: «Los programas de ajuste estructural y de préstamos sectoriales de los bancos de desarrollo han sido extremadamente importantes en la promoción de sistemas de comercio más abiertos. En América Latina y el Caribe este tipo de préstamos, junto con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ha dado como resultado la reforma de políticas económicas fundamentales en algunos de los países más grandes. Como consecuencia, estos países se están convirtiendo en mercados de exportación más grandes e importantes para Estados Unidos y otros países industriales».

El WRM asegura que «las Instituciones Financieras Internacionales facilitan hoy la fuga de recursos del Sur al Norte, cuyos orígenes se remontan a la época colonial». Y recuerda que en las raíces de todo este proceso está el modelo de producción excesivo, consumo y desperdicio excesivo de las sociedades industrializadas. «El Norte puede mantener su estilo de vida gracias a la apropiación de recursos y de mano de obra barata de los países del Sur y a su destrucción ambiental», denuncian.

Recetas para el despojo, Estado y clases dominantes

En 1955, el economista Raúl Prebisch escribió un plan económico a solicitud de la dictadura militar encabezada por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Entre otras medidas, proponía medidas para profundizar el modelo agrícola, liberar el comercio exterior, ajustar en la economía local, achicar el rol del Estado y sumarse al Fondo Monetario Internacional. Arturo Jauretche, político e intelectual, realizó un análisis tan crítico como histórico y geopolítico que guarda total actualidad. En un apartado precisó cómo esas medidas económicas iban a profundizar la desigualdad entre las potencias industriales y los países subdesarrollados: «Plenos empleo, altos ingresos y prosperidad en el país central, sustentado en un ventajoso intercambio comercial con un país periférico endeudado, monoproductor de materias primas y cuyo bajo costo de producción está garantizado por el estado de necesidad de su masa trabajadora».

Leonardo Rossi, investigador del Grupo de Ecología Política del Sur (Universidad de Catamarca-Conicet), precisó el rol de gobiernos, deudas y extractivismo: «En el neoliberalismo el Estado está bien presente: endeudando, legalizando el pago de deudas ilegítimas, organizando el despojo de los cuerpos y territorios, reprimiendo las alternativas».

Raúl Zibechi, en su libro «Caos y resistencias durante la pandemia», complementa con una mirada por fuera de la lógica partidaria cortoplacista: «Las clases dominantes del mundo, y las de América Latina en particular, tienen un solo proyecto: seguir estando en la cima, seguir siendo dominantes. Lo demás lo improvisan. En tanto, apelan al Estado para resolver las urgencias. Es un error pensar que la economía, la ganancia, es lo primordial para ellas. Es importante. Pero el capitalismo no es una economía, sino un proyecto de poder».
https://agenciatierraviva.com.ar/el-circulo-de-la-dependencia-gobiernos-extractivismo-y-fmi/

06/032022
El discurso del sector minero responde al programa creado por nueve de las mayores empresas transnacionales mineras. Fue encargado al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, el programa “Mining, Minerals and Sustainable Development” (MMSD); con el objetivo de enfrentar los nuevos contextos en que se desarrollaría la actividad. Compartimos un análisis sobre los discursos en torno a la actividad realizaado por Manuel Fontenla*, en total sintonía con aquella nota producida por nuestra asamblea.
Fuente: Página 12
Hace apenas unos años, y producto del recrudecimiento de la crisis climática, se ha instalado en la opinión pública mundial, la necesidad de debatir sobre la sustentabilidad. No obstante, dentro de círculos más cerrados y de menos circulación, el tema tiene una larga historia de discusión y el mundo empresarial de la minería, no ha sido la excepción.

Desde 1999, a través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, nueve de las mayores empresas transnacionales mineras encargaron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, el programa “Mining, Minerals and Sustainable Development” (MMSD); con el objetivo de enfrentar los nuevos contextos en que se desarrollaría la actividad.

En 2002, el programa MMSD, recomendó a las empresas del sector, que era necesario un “cambio cultural”, que debían construir un nuevo modelo discursivo y un lenguaje común. Este cambio, fue conocido en el mundo de la minería como “el enfoque MMSD”, y fue recomendando y publicitado en múltiples cumbres internacionales del sector, especialmente en Resoursing Future, la conferencia global de 2002 en Toronto, Canadá. El informe publicado ese año bajo el título “Abriendo brechas. Reporte final”, contaba específicamente con una línea de acción y un enfoque particular para la actividad en América del Sur[1].

De acuerdo a la concepción de estos grupos y sus documentos publicados, la “minería sustentable” es un paquete discursivo que contiene tres variables. En primer lugar, crecimiento económico; en segundo, protección ambiental, y tercero, equidad social. El orden de las variables lejos de ser aleatorio, está, obviamente, configurado por orden de importancia. Además de estas tres variables, propusieron una filosofía de comunicación, que sería la base del imaginario de la “Minería Sustentable”.

Lo principal e “innovador”, de esta filosofía de la comunicación, fue que los nuevos discursos sobre minería, ya no debían estar destinados a los propios empresarios, ni a los inversores, sino a la comunidad exterior al negocio. El cambio cultural, debía empezar por hablar a otros sectores sociales (el Estado local, Sociedad Civil (Ongs) y actores de impacto directo (las comunidades afectadas en sus territorios)). Y ese “hablarles” significaba elaborar un lenguaje de dominio cultural que le diera legitimidad a la minería en un contexto creciente de denuncias y conflictos. Para esta iniciativa, las empresas apelaron como principal recurso a lo que hoy se conoce como “Think Tank”; a saber, grupos de pensamiento e investigación al servicio de un interés corporativo o de lobby político. Estos grupos, apoyados en instituciones científicas, empezaron a construir ideas y discursos bajo el eje de “cuidar el ambiente para el desarrollo” (nótese la prioridad en la formula). Producto de estos primeros años de cambio de paradigma empresarial, podemos mencionar la hoy famosa “Responsabilidad Social Empresarial” que ha ido mutando hasta nuestros días bajo las formas de “Buenas prácticas empresariales” “Gestión social de la minería”, “Relaciones comunitarias”, etc.

En resumen, a partir de fines de los 90´, las transnacionales del sector minero, se pusieron a la tarea (millonaria tarea) de construir un lenguaje común que les permitiera confrontar contra los discursos sociales ambientales. Así fue que organizaron toda una “filosofía del diálogo”, no para buscar un desarrollo sustentable, sino para garantizar la coexistencia del desarrollo minero dentro de un lenguaje de sustentabilidad y responsabilidad, a pesar de los discursos y resistencias que provenían de las alarmas climáticas. Vale la pena, citar, aunque sea uno de los principios de esta ideología empresarial. Por ejemplo, al hablar de estrategias corporativas, señalaban como prioritario operar como un funcionamiento inclusivo-integrador, con modalidades persuasivo-seductoras, para convertir la capitalización de la naturaleza y el interés corporativo en un factor de “desarrollo humano”.

Es decir, las empresas señalaban que debían convencernos que, su interés corporativo, es clave para el desarrollo de todos. Y peor aún, que si las empresas ganan, que si la naturaleza se capitaliza, eso significa “desarrollo humano”. Este tipo de conversión y trastrocamiento del discurso, es clave para entender, cómo en un mundo donde se insiste en que debemos dejar de explotar la naturaleza, debemos dejar de empujar los limites planetarios a un punto de no retorno, las empresas, puede seguir profundizando el extractivismo con discursos “verdes” y de “desarrollo sustentable”.

A su vez, esta “filosofía del diálogo”, que señalaba como fundamental incluir a todos los grupos de interés en la interlocución, se basa en una falsa premisa de igualdad de poder a la hora de entablar dicha conversación. Se trata de una estrategia que camufla las enormes e innegables diferencias de poder entre sectores, proponiendo un ficticio escenario de igualdad en la negociación y análisis de los proyectos. Esta posición fue convenientemente reforzada con la idea de que aquel que no dialogaba, se oponía al futuro, aquel que no dialogaba, no participaba de la democracia (del mercado). Como experiencia, podemos remitirnos a los intentos de negociación que realizo Lucia Corpacci con Livent por el pago de canon de agua en Antofagasta. Fue una clara muestra, de que ni siquiera los gobiernos locales pro-mineros, adulados y embelesados por viajes y más viajes a Canadá, tienen poder real de negociación cuando de pagar se trata.

Bajo este marco, es que debe entenderse como funcionan las tres variables del discurso sustentable de la minería. En primer término, la idea es garantizar la continuidad y profundización de la capitalización de la naturaleza y el aumento de las ganancias. Para sostener este objetivo, es que aparece la segunda estrategia de apaciguar y mitigar las obvias consecuencias climáticas, a través de ceder espacios de protección ambiental. Esta estrategia es la que más se está utilizando en la puna argentina. Equipos interdisciplinarios financiados por empresas y ongs, se instalan con discursos de preocupación y cuidado del territorio en las futuras zonas de sacrificio, para convencer a la población de “la importancia de cuidar el territorio y señalar estas áreas protegidas”. Una vez que la comunidad acepta, las empresas empiezan su trabajo de explotación y de manera deliberada y sin consecuencia alguna, avanzan sobre esas áreas, violando los propios convenios que por debajo de la mesa han financiado. Esta es una descripción exacta de lo que sucede hoy en Fiambala con el proyecto Tres Quebradas. Es la misma empresa Liex, quien reconoció avanzar sobre un área de protección ambiental, tal como consta en su IIA de 2016 de Etapa de Exploración en la página 39, en el apartado, justamente de “Áreas Protegidas”: “El sitio de exploración, se enmarca en el sitio Ramsar “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”2, (Figura 14). La designación como Sitio Ramsar a los humedales altoandinos, bajo la denominación “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”, no implica que no pueda desarrollarse la actividad minera”[2]. Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar, un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975, y que señala estos lugares como de vital importancia para el clima por su biodiversidad e importancia ecosistémica. Si Liex quisiera tener una “minería sustentable”, lo que mínimamente debería hacer, es no explotar un Sitio Ramsar. Lo mismo vale para el Gobierno cuyo discurso de “control” de las empresas y cuidado del ambiente da muestras de ser pura palabras al viento.

Finalmente queda la tercera variable, que es la de menor interés para las empresas, la equidad social. Para este objetivo, la modalidad ha sido la de intervenir de manera contundente en la sostenibilidad económico de los Estados locales. La vieja estrategia de generar dependencia económica y desde allí, sustraer y corroer la autonomía y la capacidad de decisión. Catamarca, para que insistir, sigue siendo la mejor prueba viva, de que ni la vieja Megamineria (que no contaminaba) ni la actual “Minería Sustentable”, pueden demostrar ningún margen de mejora, crecimiento o progreso. Ni mucho menos, pueden soportar la comparación de los niveles de maximización de ganancias privadas (miles de billones de dólares anuales) con “ganancias” locales (una ruta o un puente, que de manera indirecta sirve también a las mineras).

¿Qué significa pues “sustentabilidad” en el discurso empresarial?

Más allá de denunciar los efectos devastadores de la mega minería, mas allá de los posicionamientos en contra de la actividad, mas allá de los pueblos que en su plena autonomía no quieran (o quieran) tener mega minería (de oro o litio), es muy importante, en el actual contexto dramático que vivimos, entender que no se trata de decir que el concepto de minería sustentable es mentira, sino entender que cuando las empresas hablan de sustentabilidad, no están hablando de la sustentabilidad del ambiente y nuestras vidas, sino de la sustentabilidad del negocio y la actividad, en un contexto de crisis climática y crecimiento de los conflictos socio-ambientales. Para Livent y Agua Rica, minería sustentable, significa, profundización e intensificación de las ganancias a costa de un daño ambiental “controlado”, sin redistribución económica ni equidad social, pero con “derrame capitalista”. Por eso, nunca las empresas van a poder hablar de “Extractivismo Sustentable” o de “Explotación sustentable”, o de “Modelo primario de exportación de materias primas sustentable”. Porque su paradigma de sustentabilidad no cuestiona los fundamentos económicos-mercantiles (capitalistas) de la destrucción de la naturaleza. En el universo ideológico de las empresas, no existe la posibilidad de que la actividad pueda, siquiera, ir un poco más lento. Los conceptos de crecimiento económico, maximización de la ganancia, intensificación de la producción, oportunidad de desarrollo, capitalización de la naturaleza, inclusión de la comunidad, protección ambiental, responsabilidad social empresarial, etc.; son todos conceptos construidos en una filosofía que busca garantizar la sustentabilidad de la minería, no del ambiente. Son todos conceptos y discursos, incompatibles con la idea de sustentabilidad de la naturaleza y la vida local.

[1] Esta breve reconstrucción ha sido elaborada en distintas investigaciones por Mirta Alejandra Antonelli, especialmente en, “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable”.

[2]Se puede consultar aquíIIA_3Q_Junio_2016

*Docente e investigador.

¿Qué significa minería sustentable para una empresa minera?

El colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por campesinos y asambleas, cuestiona la profundización del modelo extractivo y sus impactos en territorios y cuerpos. Denuncian que el Gobierno haya dejado de lado la Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para pequeños productores.
«Sequías, incendios, ola histórica de calor, trigo transgénico, mega granjas porcinas, petroleras en el mar, pandemia. Parece el guion de una película apocalíptica pero no lo es. Lamentablemente es la radiografía de la Argentina de 2022», así comienza el documento del colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por pequeños productores, indígenas, asambleas socioambientales y ONG que, desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Coordinadora por un Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), la Asamblea Tandil Sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos y el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, entre otras, conformaron la Plataforma Socioambiental en agosto de 2021 con la premisa de «resistir al mal-desarrollo y construir la justicia social y ambiental».

Su primera actividad fue un «panazo» en Plaza de Mayo, contra el trigo transgénico de la empresa Bioceres-Indear (donde confluyen empresarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel). Al inicio del 2022 emitieron un comunicado titulado «Basta de Ecocidio» que puntualiza los ejes de la crisis climática y los impactos sociales que acarrea. «Las comunidades y trabajadores de la tierra de muchas provincias reclaman porque se mueren sus animales y no pueden seguir produciendo debido a la falta de agua en un contexto de sequías alarmante», explican.

Puntualizan la seguidilla de incendios en la Patagonia, Litoral, Buenos Aires, San Luis y Salta, entre otros lugares. Recuerdan que, desde 2019, se declaró en la Argentina la «emergencia climática y ecológica», pero cuestionan que «son muy pocas» las medidas que se tomaron en materia ambiental para evitar o reducir estos desastres socioambientales. «El agronegocio, las petroleras, la deforestación, las mineras, el fracking, el negocio inmobiliario, son algunas de las caras más destructoras y contaminantes del modelo extractivista que prioriza las ganancias por sobre la vida humana, la naturaleza y los bienes comunes», denuncian.

Jeremías Chauque es mapuche y es integrante de la experiencia agroecológica Desvío a la Raíz, en la localidad de Desvío Arijón (Santa Fe). «En nuestro linaje antiguo está marcado a fuego la circularidad, la semilla vuelve a nacer y nada es casual. Y así llega el tiempo donde es necesario dejar en claro qué urgencias y prioridades estamos labrando y poniendo en agenda los pueblos. La producción debe ser sinónimo de sociedad, de ambiente, de cultura. Tenemos claro que si una actividad contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo», afirma.

El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional confirmó que se tratará el proyecto de ley impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (sector que nuclea a todas las grandes empresas del agronegocio) y se dejó afuera los proyectos de Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para los pequeños productores, impulsada por la UTT desde hace años. «Queda en evidencia que la agenda del Gobierno tiene más que ver más con extractivismo, con los grupos concentrados, que en dar respuesta a nuestro sector. Seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI y deja en evidencia que nunca le interesó el proyecto de Acceso a la Tierra para los que producimos alimentos para el pueblo», cuestionó Agustín Suárez, de la UTT.

El comunicado de Plataforma Socioambiental recuerda que las y los vecinos se organizan para apagar los fuegos, para frenar la deforestación, para cuidar los mares y las montañas, para sembrar agroecología, para abastecerse de agua, pero también apunto al rol gubernamental: «La respuesta a un problema tan estructural no puede depender únicamente de la solidaridad y la autogestión de nuestros pueblos. Necesitamos políticas públicas de forma urgente para realmente combatir la crisis climática y las industrias saqueadoras que lo impulsan. Las emergencias ambientales no pueden quedar en una declaración de principios. Necesitamos políticas contundentes para hacerle frente a las consecuencias que el modelo extractivista nos deja».

Diciembre de 2021 dejó otra muestra de que la megaminería no tiene licencia social en Chubut. Al igual que Mendoza en 2019, las ciudades chubutenses salieron a la calle y lograron la derogación de la ley minera que había impulsado el gobernador Mariano Arcioni. A 1800 kilómetros de Rawson, en La Rioja, la población lleva catorce años en rechazo a la instalación de empresas mineras. En la actualidad se mantiene la movilización en el Departamento de Vinchina, al oeste provincial, con más de 90 permisos mineros y un yacimiento de la empresa Pathfinder al pie de las Sierras del Famatina que puede afectar al río Valle Hermoso, única cuenca hídrica que alimenta al pueblo.

María Pía Silva, asambleísta de La Rioja, precisa que existen más de 40 proyectos dentro de la reserva provincial Laguna Brava, Corona del Inca y otros sitios de alto valor biológico y arqueológico que conservan humedales andinos. «El glaciar El Potro, el más grande de nuestra cordillera riojana, está rodeado de proyectos mineros y a tan sólo dos kilómetros de allí pretende ponerse en marcha el mega yacimiento Josemaria –en San Juan–. Por eso, los vecinos y vecinas iniciaron un bloqueo selectivo a las empresas mineras que están explorando la cordillera riojana y ya están impactando las fuentes de agua. Las asambleas riojanas exigimos anulación de los permisos mineros», explicó Silva.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 14 de febrero 2022.
** Foto: Matías Barutta. Agencia Tierra Viva.

09/02/2022
La avanzada minera con vistas a abastecer a tecnológicas y automotrices no se agota en el litio. La presencia de elementos y materiales que demandan europeos y estadounidenses desvela a organizaciones de empresarios y entidades nacionales, que ya sueñan con nuevos yacimientos. Genocidio y contaminación, en el ADN de estos minerales.
Por Patricio Eleisegui Fuente: Sudestada
Que la explotación de litio es una obsesión para tecnológicas, automotrices y proyectos políticos como el anterior y el actual es algo que a esta altura ya no se discute. Una muestra cercana de este interés está en la decisión oficial de una ley de “movilidad sustentable” que, prevista para ser tratada en las inminentes sesiones extraordinarias, no es más que una excusa de la cartera de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas para consolidar la minería en los salares de la Puna.
Pero la voracidad extractivista lejos está de agotarse en el litio que hoy se explota en el norte. Hay otros anhelos que crecen. Alentados por un aparato doméstico minero, técnico y dirigencial que no deja de esforzarse por vender a la Argentina como un territorio clave para la bonanza económica del capital trasnacional.

Es a partir de esa perspectiva que en el seno de la actividad minera comenzó a profundizarse, mayormente en la última década, la búsqueda local de aquellos elementos que enceguecen sobre todo a los fabricantes de vehículos “verdes” y la electrónica en general. Lo preocupante es que estos materiales yacen en el subsuelo argentino. Y arrecia la decisión de generar negocios en torno a su extracción en el corto plazo.

Uno de estos minerales es el coltán, protagonista de una historia de sangre y fuego en latitudes como África. Este mineral fue el principal argumento detrás del genocidio que inició en la República del Congo –territorio que concentra el 80 por ciento de las reservas mundiales del material– a partir de 1998.

La pugna por el control del coltán –material compuesto por columbita y tantalita o tantalio– dio pie a una contienda que se extendió por 5 años, enfrentó a fuerzas armadas de 9 naciones y provocó 5 millones de muertes.

A fines de los 90, sendas investigaciones periodísticas efectuadas en Europa expusieron que gigantes de la industria tecnológica como Apple, Intel y Nokia, entre otras, alentaron el cruce bélico para, justamente, garantizarse la provisión de este mineral de sangre.

¿Qué aplicación se le da al coltán? Se lo incluye en distintos componentes de la industria electrónica actual. Computadoras, celulares, televisores de pantalla plana, cámaras digitales y videojuegos, son algunos de los tantos ejemplos de dispositivos que contienen apenas unos gramos de este mineral color azul verdoso.

Pero no sólo eso. Su uso se extiende a la aeronáutica y hasta al desarrollo de centrales atómicas. Es insumo de la fabricación de capacitores dado que es un efectivo conductor de electricidad –se estima que hasta 80 veces más veloz que el cobre–. En el mercado internacional el kilo de coltán promedia los 360 dólares.

En las últimas dos décadas, la necesidad por hacerse con el mineral abrió la búsqueda más allá del continente africano. Las empresas comenzaron a efectuar múltiples monitores alrededor del mundo. Australia, Tailandia, Brasil, Canadá, Egipto, Sudáfrica, Nigeria y Malasia fueron parte de la investigación, que arrojó -en mayor o menor medida- resultados positivos. A ese grupo se sumaron, luego, Colombia y Venezuela.

Aquí, el interés por diseñar planes para la futura explotación del coltán comenzó a tomar cuerpo en abril de 2012. Ya en aquel entonces, y ante una indagación periodística que inicié con vistas a profundizar en el tema, desde el seno de GEMERA, cámara que integra a las mineras que realizan tareas de exploración, un alto directivo no escatimó detalles y, en simultáneo a reconocer el sector discutía propuestas de cara a las próximas décadas, afirmó que el Estado sabe de la existencia de reservas locales del metal desde los años 70.

“El coltán se forma en macizos de base granítica. Argentina y Brasil presentan ese tipo de formaciones”, me comentó la fuente, que también señaló que el SEGEMAR –Servicio Geológico Minero Argentino– constató la presencia del mineral en distintas zonas de las provincias de Córdoba, San Luis y Salta.
“Se hizo una evaluación de toda la zona pampeana. También hay indicios en Catamarca y La Rioja. En su momento, el coltán estuvo presente en los viejos programas de exploración iniciados por Fabricaciones Militares. De hecho, en los años 70 ya se evaluaba cómo extraerlo. Con el paso del tiempo y los sucesivos cambios de gobierno ese interés se fue diluyendo”, sostuvo el directivo.

En Córdoba en particular, sendos reservorios de coltán fueron detectados en el valle de Calamuchita y el área correspondiente a las Sierras de los Comechingones.
“En Córdoba se sabe que existe. Pero como el coltán está en basamentos de rocas de entre 200 y 600 millones de años, también es muy probable que esté presente en zonas del norte de Cuyo, por ejemplo. Y también en algunos puntos de Santiago del Estero y en elevaciones y macizos de Tucumán”, me reconocieron desde muy cerca del SEGEMAR.

Entre los mineros hay coincidencias en que las empresas del rubro suelen ocultar este tipo de hallazgos. Y que probablemente ya se esté dando una exportación sin declarar en la Aduana, lo cual debe asumirse como un auténtico caso de contrabando de minerales.

El otro material que excita al empresariado extractivista comprende, en realidad, un abanico de varios elementos: son las llamadas “tierras raras”, una combinación de materiales como lantano, lutecio, escandio, itrio, cerio y neodimio, entre otros, que sólo se encuentran presentes en, también, determinados macizos graníticos.
Al igual que con el coltán, son demandadas por las automotrices que promueven vehículos híbridos, las empresas de celulares y los dueños del negocio de la fibra óptica. El monopolio de este conjunto de elementos es potestad de China, que controla el 90 por ciento de la provisión mundial. La potencia asiática tomó el control del mercado de las “tierras raras” a fines de los años 90 cuando, por política de gestión ambiental, Estados Unidos cerro su mina californiana de Mountain Pass.

Desde entonces, el bloque europeo y los países de relevancia en cuanto a producción tecnológica como Japón, Corea y, por supuesto, Estados Unidos, dependen de la producción china, que a nivel anual promedia las 120.000 toneladas extraídas. El valor de mercado de las “tierras raras” oscila según el material: va de los 52 a los 3.400 dólares el kilo. Ante estos números y frente a la perspectiva en términos de demanda, los popes de la minería argentina no dejan de relamerse.

Ocurre que las compañías exploradoras de GEMERA han dado con “tierras raras” en provincias como San Luis, Córdoba, Jujuy, Catamarca o Santiago del Estero. De hecho, ya existen pedidos de permisos de exploración solicitados por compañías de Canadá y Australia.

Documentos de marzo del año pasado impulsados por el Gobierno de Catamarca con respaldo de Nación mencionan a proyectos como Vil Achay, enclavado en el flanco suroriental de la sierra de Fiambalá y hoy enfocado a la extracción de estaño, como uno de los espacios en los que se ha certificado la presencia de estos elementos.

En 2005, investigadores del CONICET verificaron la presencia de estos compuestos en cercanías a la localidad de Jasimampa, en Santiago del Estero. El área ya había sido monitoreada en la década del ’70, pero en ese momento la actividad estuvo acotada a la búsqueda de reservorios de manganeso.

“En el norte de San Luis hace un buen tiempo que se viene trabajando en la detección de ‘tierras raras’. En este momento estamos definiendo las áreas con más potencial para comenzar a promocionar la inversión privada. La idea es poner en valor esas reservas cuanto antes de manera que la provincia pueda salir a buscar oportunidades en el exterior”, me informó un directivo de SEGEMAR hace menos de dos años.

“Las reservas locales tienen la misma calidad que ofrece China o África. Lo relevante para la economía será poder cumplir con las cantidades de ‘tierras raras’ o coltán que demanden los países europeos que hacen nuevas tecnologías”, añadió, sin disimular entusiasmo.

Por supuesto que no hubo mención del desastre ambiental que provoca la extracción de ese conjunto de elementos. Justamente en China, la explotación de “tierras raras” se caracteriza por demandar millones de litros de agua, generar gases con peligrosas concentraciones de azufre y distintos ácidos y, también, originar desechos radiactivos.

En zonas como Baotou, Mongolia Interior, la extracción de estos materiales contaminó suelos y agua de manera irreversible, además de provocar una auténtica epidemia de cáncer en los pueblos cercanos a los yacimientos.

Por las características de estos elementos, la labor en las minas es llevada a cabo mediante métodos prácticamente artesanales. A raíz de estas tareas, es común que los operarios de los yacimientos resulten afectados por enfermedades graves dada la interacción permanente con químicos tóxicos y el ambiente contaminado.

De activarse este tipo de explotaciones –tal como pretende el sector privado y los actores públicos alineados con la economía extractivista–, la catástrofe es la perspectiva que abrirá otra explotación minera signada por el desastre humano y ecosistémico. Apuesta que, como viene ocurriendo en estas últimas décadas de dirigencia argentina, se cocina a fuego lento.

A espaldas de una sociedad que hoy ya no sabe cómo hacer pie en pleno colapso de los hábitats. Y con ínfulas indisimuladas de potencial financiamiento fresco para nuevas políticas retrógradas (al menos) en términos ambientales.

Las “tierras raras”. El extractivismo que viene…

10/02/2022
¿Qué hay de nuevo viejo? Al parecer, la pregunta que Bugs Bunny le hace a su «cazador» resulta una analogía para pensar las continuidades entre los gobiernos del PRO y del FdT.

EL PROYECTO RELACIONADO CON LA MINERÍA QUE CHINA FINANCIARÁ EN ARGENTINA
La inversión de 23.700 millones de dólares es la cifra total que abarca los diversos memorándums de entendimiento entre ministerios de China y Argentina y el resultado de las reuniones que los gobernadores que integran la comitiva presidencial -Arabela Carreras, de Río Negro; Axel Kicillof, de Buenos Aires y Raúl Jalil, de Catamarca- mantuvieron con distintas empresas chinas. en Argentina se realizará en dos tramos, uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del DECCE (Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica). Y un segundo paquete por 9.700 millones de dólares, aproximadamente, que la Argentina presentará en el Grup Ad Hoc creado entre ambos países para iniciar el trabajo tras la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda. El acuerdo se presentó como un enorme logro del gobierno en un contexto crítico para el país por los vencimientos de intereses de la deuda fraudulenta contraída por ex mandatario Mauricio Macri.

«Argentina necesita de dólares, así que todo lo que llegue en forma de dólares ayuda al acuerdo con el Fondo, y ayuda a la situación económica argentina, cuyo principal problema es la escasez de dólares”, dijo Hernán Letcher, director del centro de estudios de política económica CEPA. “Es su forma [de China] de ayudar a Argentina en el marco del acuerdo con el Fondo, no le da un préstamo para reemplazar al FMI, pero ayuda con el acceso a los dólares”.

El acuerdo incluye la creación de un centro de investigación minera. Este es uno de los proyectos que suscribieron los presidentes de Argentina y China, Alberto Fernández y Xi Jinping. El centro chino-argentino de investigación en geociencias fomentará la investigación conjunta de los servicios geológicos de ambos países para aumentar el conocimiento sobre los recursos naturales de Argentina, especialmente en las provincias ricas en litio de Catamarca, Jujuy y Salta. Sin embargo, no se revelaron las inversiones, la ubicación ni el calendario.

Debido a los esfuerzos de Argentina por convertirse en un actor clave del litio en la región, se esperaba que los anuncios de inversión relacionados con la electromovilidad y la producción de baterías de litio se incluyeran entre los acuerdos recientemente firmados, pero los funcionarios no dieron a conocer detalles.

El año pasado, inversionistas chinos iniciaron una competencia por los activos de litio, lo que arrojó un primer resultado la semana pasada cuando Zijin Mining completó la adquisición de la canadiense Neo Lithium en un acuerdo en efectivo valorado en CA$960 millones (US$755 millones) en la que se pretendía controlar el proyecto de litio en salmueras de US$370 millones Tres Quebradas (3Q).

En 2021, Zijin prometió invertir US$319 millones en el 3T, pero luego de una reunión reciente con funcionarios argentinos, elevó el monto a US$380 millones.

Además, los anuncios relacionados con posibles inversiones en el sector a corto plazo pueden provenir del BID, cuyos representantes se reunieron recientemente con la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.

Hasta aquí, un compendio de las noticias de los últimos días tomadas de La Nación y BNAméricas tras la gira del Presidente argentino Alberto Fernández. Sin embargo, allá por 2017, en Diálogo Chino, y casi como un espejo, se leía un análisis como el que sigue:

CHINA PISA FUERTE EN EL SECTOR MINERO DE ARGENTINA. GOBIERNO ARGENTINO QUIERE INCENTIVAR LA EXPLORACIÓN MINERA
La presencia de China en el sector minero de Argentina dio un paso significativo con la reciente adquisición de Shandong Gold del 50% de la mina Veladero – criticada por sucesivos derrames – de la canadiense Barrick Gold. La compra llega en un momento de encrucijada para el sector en el país, impulsado desde el gobierno nacional pero sin licencia social de gran parte de la población.

Argentina es hoy el productor N° 13 mundial de oro, N° 20 de cobre y N° 10 de plata y exporta la mayor parte de su producción sin procesarla. Del total de las exportaciones mineras, el 96% se corresponde a la minería metalífera, compuesta por un 67,6% de oro, 13,8% de cobre, 12,8% de plata y el 5,8% de otros. La minería representa el 6,1% de las exportaciones argentinas.

Sin embargo, Argentina es todavía un país minero en potencia comparado con vecinos de la región con características similares. Es así que Chile exporta U$S 40.000 millones por año comparado con los U$S 3700 millones de Argentina. Con ese escenario en mente, el gobierno busca un fuerte crecimiento del sector, ofreciéndoles beneficios a los inversores interesados en Argentina.

El primer paso fue eliminar las retenciones a las exportaciones, argumentando que los impuestos al sector desincentivaban la llegada de inversores. El gobierno espera inversiones en el sector por US$ 20.000 millones y para ello evalúa también firmar un acuerdo federal minero con las provincias, dueñas del recurso y con una mirada heterogénea con respecto a la actividad.

“Hay una voluntad expresa de llevar adelante emprendimientos mineros incluso en provincias donde hay conflictividad social. Estamos muy preocupados. La minería sólo genera renta para las empresas extranjeras, no se crean más puestos de trabajo gracias a la actividad”, sostuvo a Diálogo Chino Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Argentina se encuentra entre los países con más conflictos activos en relación a proyectos mineros, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Eso ha llevado a que leyes locales hayan prohibido la minería a cielo abierto en ocho provincias, frenando la expansión del sector deseada por el gobierno.

Al mismo tiempo, el gobierno está finalizando la publicación de los mapas que delimitan las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, sancionada en 2011. Cuando ello ocurra, habrá proyectos mineros que deberán ser cancelados por su ubicación en zonas periglaciares, como es el caso de la mina Veladero en San Juan, Viale asegura.

“Las señales del gobierno apuntan a la desregulación del sector, dándole facilidades para promover la inversión. Las empresas se acostumbraron a actuar sin controles en Argentina y cambiar eso va a ser complejo. Se necesita un sistema regulatorio nuevo y otra actitud gubernamental”, sostuvo a Diálogo Chino Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El rol extranjero
La minería en Argentina tiene una fuerte participación de actores privados, en especial empresas internacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos y China, con un creciente rol. Las minas son dominio del estado pero éste no puede disponer de ellas. Es por eso que las minas deben explotarse mediante concesiones mineras.

Varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation está haciendo prospección en Neuquén y Jinchuan está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones. El gran atractivo es el litio, del cual Argentina tiene el 37% de las reservas mundiales junto a Chile y Bolivia.

“China está especialmente interesado en litio, cobre y oro. La estrategia que aplica es conseguir concesiones en forma directa o asociándose con empresas que ya están trabajando. China absorbe todos los minerales que pueda encontrar ya que los necesita para crecer”, afirmó a Diálogo Chino Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino China.

La minera canadiense Barrick Gold anunció recientemente el traspaso del 50% de la mina de oro y plata de Veladero a la empresa estatal china Shandong Gold. Con U$S 960 millones mejoró la oferta de su competidora, la también china Zijin Mining Group. Este fue el primer paso en un acuerdo que cooperación que vienen negociando desde abril de 2016.

La alianza con Shandong, nombrada por el gobierno chino como empresa amiga del ambiente, puede aportarle una lavada de cara a Barrick luego del reciente derrame en Veladero, el tercero en un año y medio. El más grave fue en 2015 cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos.

El Estado Nacional debe garantizar un ambiente sano y preservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo a la Constitución de Argentina. Es por eso que desde el estado se presentó una demanda ante la justicia por los sucesivos derrames. Mientras tanto, grupos ambientalistas piden por el cierre de Veladero ya que al tercer derrame una mina debe ser cerrada, de acuerdo al Código Minero.

“El rol de Barrick siempre ha sido lamentable en Argentina. Se ganó la mala fama en la que coinciden todos. Hasta el propio gobierno le soltó la mano con la demanda. Shandong se está comprando un problema al invertir en Veladero ya que el lugar donde está la mina está prohibido por la Ley de Glaciares”, sostuvo Viale.

Señales mixtas en América Latina
Mientras que Argentina busca impulsar la minería, América Latina presenta un panorama diverso, con países que comparten el entusiasmo por la actividad y otros que la han prohibido luego de sucesivos derrames. Sin embargo, el denominador común es la conflictividad social en los lugares donde se desarrollan emprendimientos.

El Salvador prohibió recientemente la minería metálica, volviendo ilegal la extracción, explotación, exploración y procesamiento a cielo abierto y subterráneo. El 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas por lo que el gobierno tendrá una difícil tarea para restaurar las fuentes de agua en los próximos años.

Mientras tanto, Ecuador ha impulsado abiertamente la minería al considerar al sector estratégico para la economía del país luego de la caída del precio del petróleo. El presidente Rafael Correa sostuvo que el país “pasará a una nueva era minera” ya que Ecuador está “sentado en un saco de oro”. Sin embargo, los cinco principales proyectos mineros todavía no han dado sus frutos y el mandato de Correa está por terminar.

“Todos los países de la región se han percatado que la ciudadanía está preocupada por la minería. No podemos terminar con la industria ya que dependemos de ella pero tienen que cambiar las regulaciones. Las empresas mineras tienen que ser parte de la solución y aceptar que son vistas como parte del problema”, afirmó a Diálogo Chino René Mauricio Valdes, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin dudas, no tan distintos. Las continuidades hablan por sí mismas.

Fuentes: La Nación, BNAMËRICAS, Diálogo Chino

Continuidades Macri-Fernández: las inversiones mineras de China en Argentina.