28/03/2022
En el Día Mundial del Agua, sanjuaninos se manifiestan por la crisis hídrica que sufre la provincia.

San Juan atraviesa su peor crisis hídrica en 100 años y en ese contexto varias agrupaciones de izquierda y sociales se reunieron este martes. Es que esta fecha tiene que ver, en estos momentos, con la dura realidad que atraviesa la provincia: todos los 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua.

En conmemoración de este día con reclamos de por medio para el cuidado y conservación del agua, varias personas se reunieron en la Plaza 25 de Mayo alrededor de las 18.00, en lo que será una jornada que incluye intervenciones artísticas, música y una radio abierta.

“Estamos acá justamente porque en una provincia con la mayor crisis hidria de los últimos 100 años el agua es absolutamente prioritaria y vale más que todo. Creemos que hay que priorizar la salud de la población y los ecosistemas por encima de las ganancias que depredan nuestro territorio usando millones de litros de agua por día. Todos los daños no se recuperan fácilmente”, dijo Mary Garrido, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

El evento fue organizado por la asamblea “Agüita pura para San Juan” y contó con la participación de la MST, Red Ecosocialista, el Partido Obrero y todos los ciudadanos autoconvocados que se sumaron a la conmemoración y reclamo. También participaron murgas y artistas independientes que pusieron color y música al reclamo.

“Hoy estamos en una marcha en defensa del agua y consideramos que este modelo económico atenta contra el agua y no quita un derecho elemental. Estamos afrontando una de las peores crisis del agua en la provincia y este modelo de país gasta millones de litros de agua en el mundo”, dijo Mauricio Robledo, integrante de la Red Ecosocialista.

Y agregó: “Reclamamos que el agua sea para la agricultura, porque en este contexto los más afectados son los pequeños y medianos productores que han tenido que dejar de producir hasta un %50 en algunos casos porque no tienen agua para regar”.

Con banderas, carteles y pancartas, la marcha acompañó a otras en distintos puntos del país que también hicieron sentir su reclamo por el cuidado del agua y distintas leyes que, desde su punto de vista, afectan el cuidado de este precioso recurso natural.

“Queremos que el gobernador escuche al pueblo. La mesa del agua no crea soluciones. La verdadera solución es la consulta al pueblo sobre la decisión de sus recursos. Queremos incentivar a los pequeños y medianos productores en su lucha que se están quedando sin agua para cultivar. Y por qué las futuras generaciones tengan agua limpia”, cerró.
Fuente: Diario Huarpe

Agrupaciones sanjuaninas se manifestaron por la crisis hídrica en San Juan

Día Mundial del Agua: organizaciones y asambleas convocan manifestaciones en todo el país
En el Día Mundial del Agua, organizaciones socioambientales y asambleas se movilizan en todo el país en rechazo al extractivismo. Recuerdan que el agua es un derecho humano. La grave situación en Chubut, donde se está secando el lago Musters.
Por Darío Aranda
22/03/2022
(Fuente: Leandro Teysseire)
Imagen: Leandro Teysseire
Hoy, en el Día Mundial del Agua, habrá movilizaciones y encuentros en más de 30 ciudades del país, en defensa del bien común y, al mismo tiempo, en rechazo y denuncia a las actividades contaminantes: agronegocio, megaminería, petróleo, forestales, megarepresas, explotación de litio y energía nuclear, entre otras.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció en 1993 que cada 22 de marzo se conmemore el Día Mundial del Agua. En parte para concientizar que 2200 millones de personas carecen de acceso al agua potable. En julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua. En diciembre de 2014, la Corte Suprema de Argentina estableció también el derecho humano al agua, conocido como «fallo Kersich», por el nombre de uno de los vecinos de la localidad de 9 de Julio contra la empresa Aguas Bonaerenses y el exceso de arsénico.

«El agua vale más que el oro» se popularizó en 2003 en Esquel, cuando el 82 por ciento de la población votó en contra de la megaminería, y se transformó en bandera de lucha en toda la Argentina.
Defender el agua, «unir las luchas»

«Protegemos nuestro mar ante la avanzada de las petroleras costas afueras. Proyecto que está repleto de mentiras, de falso desarrollo, de cinismo al decir que darán trabajo», denunció Alejandra Santiago, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata.

Recordó que este 22 de marzo hacen un llamado a defender el agua y «unir las luchas», donde incluyó a las resistencias contra la megaminería, el freno al agronegocio y, al mismo tiempo, a apoyar a los movimientos campesinos y a la agroecología. «Queremos que se protejan nuestros bienes comunes y no que se los regalen por unos dólares a empresas multinacionales del maldesarrollo, que solo nos traerán más pobreza y destrucción», exigió la asambleísta.

Leonardo Moreno forma parte de la «Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas», iniciativa nacida en 2021 que busca visibilizar la situación de las escuelas rurales y periurbanas. Desde la semana pasada y hasta hoy realizaron actividades, talleres y charlas en establecimientos educativos de Córdoba, Buenos Aires y Chaco.

«Ponemos en cuestión la calidad del agua que tenemos en las escuelas. Millones de estudiantes y trabajadores de la educación nos vemos expuestos a distintos contaminantes, desde metales pesadas a agrotóxicos. Exigimos que el Estado dé respuestas inmediatas y concretas», explicó Moreno, que es docente de escuelas rurales en Luján.

Moreno precisó que realizaron actividades en Trenque Lauquen, Chacabuco y La Matanza (Buenos Ares) y en Cosquín y Salsipuedes (Córdoba), entre otras localidades. Apuntó al rol de los Consejos Escolares y de los distintos gobiernos: «El agronegocio y sus fumigaciones son política de Estado. La educación parece pasar a un segundo o tercer plano».
Un mapa de manifestaciones

La Campaña Plurinacional del Agua para los Pueblos, iniciativa impulsada por decenas de organizaciones socioambientales, informó el mapa de manifestaciones y encuentros en Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En la Ciudad de Buenos Aires la marcha comienza a las 16, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, impulsada también por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Entre las consignas figuran «defendamos el agua para la vida y no para los negocios» y «el agua vale más que todo, la deuda es con los pueblos y la naturaleza».

En Chubut se da una situación particularmente grave en la localidad de Sarmiento, conocida como «la ciudad de los lagos». Allí estaba el lago Colhue Huapi, que abarcaba 53.000 hectáreas. En la década del ’90 comenzó un proceso de bajante vinculado a la accionar de grandes estancias, petroleras y cambio climático. En la década del 2000 se secó por completo. A pocos kilómetros se ubica el lago Musters, que experimenta una bajante histórica y corre el riesgo de seguir los pasos del Colhue Huapi.

Las organizaciones socioambientales denuncian desde hace más de una década la inacción gubernamental para frenar la desaparición del lago. El 13 de marzo se realizó allí un «abrazo al Musters», para exigir que el Estado (en sus distintos niveles) tomé medidas de protección y restauración.

La misma semana, el intendente Sebastián Balochi, reconoció que el lago «parece el Desierto de Sahara». Le respondió la histórica militante socioambiental Zulma Usqueda, que puntualizó en las responsabilidades. Recordó que, hace doce años, los concejales de Comodoro Rivadavia ignoraron un proyecto de ordenanza presentado por el Foro Ambiental y Socia de la Patagonia (firmado por organizaciones civiles y por más de 3000 personas) que declaraba el agua como derecho humano, bien común , natural y público.

También apuntó contra el Instituto Provincial del Agua, que «nunca respondió las notas de los vecinos que solicitaban información y acciones ante la crisis hídrica». Y recordó que la Defensoría del Pueblo de Nación propuso «constituir con urgencia un Comité Interjurisdiccional de Cuenca del Río Senguer (debido a que la Ley 25.688 establece la creación de ‘comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas)», pero no fue escuchado por los gobernadores de Chubut, Santa Cruz ni por el Ministerio del Interior de Nación.
https://www.pagina12.com.ar/409832-dia-mundial-del-agua-organizaciones-y-asambleas-convocan-man

Integrantes del pueblo de Atacama en departamento de Susques, tuvieron una asamblea y fueron a exigir a Gabriel Cortes de la empresa Minerales Australes a que se retiren del Paraje de Tanques, hay una intimación del ayudante fiscal Casanelo Di Pietro intimando a que ésta empresa entregue documentación hasta este lunes a las dos de la tarde, y desde ayer tenían que parar toda actividad ilegal que realizaban.

Las comunidades del pueblo Atacama del Paraje de Tanques, tuvieron ayer una Asamblea y luego fueron a ver el lugar donde estaban realizando trabajos ilegalmente una empresa minera. Denunciaron a Gabriel Cortes y a la empresa Minerales Australes S.A., por instalarse en territorio comunitario violando derechos de los pueblos indígenas y realizar trabajos sin ningún tipo de consulta y consentimiento de las comunidades.

En un comunicado que emitieron hoy por la mañana, las comunidades expresan que aproximadamente a las nueve de la mañana de éste sábado, se realizó una asamblea en el Paraje de Tanques, en la cual se tomó la decisión de hacerse presente en el lugar dónde se instaló una minera ilegalmente, al llegar al lugar se encontraba presente Gabriel Cortés quién dijo que estaba a cargo de la Empresa Minera “Minerales Australes S.A. y donde estaban trabajando junto a diez operarios. Cortés, se acercó para hablar con los integrantes de las comunidades, poseedores ancestrales de esos territorios, y éstos le solicitaron a Cortés a que se retiren inmediatamente, desalojando el lugar y por supuesto paralizando todo trabajo desde ese mismo momento.

Por su parte Gabriel Cortés, Intentó defender el hecho de que la empresa minera esté instalada en el Territorio Comunitario de la comunidad de San Juan de Quillaques, específicamente en el territorio de la familia Quispe, diciendo que poseen las autorizaciones correspondientes pero sin exhibirlas ni mucho menos. Siendo aproximadamente a las once de la mañana y ante la imperante situación de impotencia, se decidió que el señor Quispe reiterara la denuncia, (ya que la había realizado con anterioridad en la seccional de Tilcara con fecha 22 de febrero) por usurpación y solicitando que la policía se haga presente en el lugar del hecho, en el destacamento de Susques, tras realizar la denuncia, la ayudante fiscal hizo lugar a la solicitud, ordenando que la patrulla se hiciera presente en el lugar.

Al presentarse la policía en el campamento minero, hace conocer la denuncia a Cortes que pesa en su contra y le muestra la orden de fiscalía donde los intima a presentar la documentación pertinente dentro de 48hs. a los representantes de la empresa minera Minerales Australes S.A., estos se defienden diciendo que las Comunidades Originarias los estaba cortando el tránsito, e impidiendo el ingreso y egreso a su lugar de trabajo.

Ante esta afirmación agraviante de Cortes, las comunidades allí presentes exigieron el inmediato desalojo de la empresa minera, y expresaron que no se retirarán del lugar mientras eso no ocurra. Después de un intercambio de palabras entre miembros originarios, Cortes , empleados mineros y la policía y ante la negativa de retirarse del empresario, finalmente los empleados mineros comunican el cese de toda actividad y desde ese momento se retiran quedando solo tres empleados como custodia, y aclarando que estarán en dos turnos. Tras lo cual las comunidades en Asamblea aceptan y deciden acampar en el lugar a la espera de una solución de parte de la fiscalía.

Este lunes 14 de marzo al mediodía día, se cumple el plazo dado a la empresa minera para presentar la documentación, mientras las Comunidades Indígenas continúan acampando a la espera del desalojo de la empresa minera del territorio comunitario, por esta razón los hermanos en acampe solicitan la solidaridad de todos los hermanos que se puedan acercar al lugar el lunes al mediodía para exigir el inmediato desalojo de la empresa minera, puesto que no existió un procedimiento legal para su instalación en el Territorio Comunitario.

Las comunidades originarias presentes en este lugar son la Comunidad Originaria de Coranzulí (miembros), la Comunidad Originaria de Collamboy, su presidenta y vice presidente y otros miembros de esa comunidad, y los damnificados miembros de la comunidad de San Juan de Quillaques del departamento de Susques, provincia de Jujuy.
https://originarios.ar/nota/529/?fbclid=IwAR3Bjdp9IHdqoeKKs2fi6aeWKlYta4hrgVidpDLd5EuXLJHoziMJYROPLoc

11/03/2022
De las privatizaciones de empresas estatales en los ’90 a la entrega de territorios para el modelo extractivo. El oficialismo insiste con una fórmula que asegura más pobreza y dependencia. La relación entre deuda externa y la explotación de recursos naturales, un Ministerio de Ciencia que se abraza a las corporaciones extractivas y el rol de organizaciones sociales que llamaron a votar a un Gobierno que profundiza el saqueo.
Foto: Subcoop
Por Darío Aranda

En solo 48 horas el peronismo gobernante dio una exhibición contundente de que juega todo para la megaminería, el agronegocio y la explotación petrolera.

El presidente Alberto Fernández recibió el lunes 7 de marzo, en Casa Rosada, al CEO de la multinacional de litio Livent, Paul Graves.

El martes 8, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitaron la inauguración de Expoagro (feria de negocios de los diarios Clarín y La Nación). Sonrisas de ocasión y puentes de diálogo con el agronegocio.

El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi, compartieron almuerzo y elogios con los directivos de Syngenta (Antonio Aracre) y de Bioceres (Federico Trucco), mientras llamaron a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Houston (Estados Unidos) para participar del «CERA Week 2022», uno de los mayores eventos de la industria petrolera. Se reunirá con presidentes y CEOs de Total, Chevron, Shell y Equinor.

El trasfondo: el acuerdo con el FMI.

El gobernador Axel Kicillof de visita a Expoagro, la feria de Clarín y La Nación
Menem, Consenso de Washington y prioridades

El 1 de marzo, en su discurso en el Congreso Nacional, el Presidente se refirió en 25 ocasiones a la deuda externa y al FMI. Y sólo dos veces mencionó la palabra ambiente. Un resumen que gráfica su gobierno, el del Frente de Todos, volcado de lleno al extractivismo. En el mismo discurso anunció los proyectos de ley para profundizar el agronegocio, la megaminería de litio y la actividad petrolera.

Lo que Carlos Menem hizo con las privatizaciones de las empresas estatales, el peronismo del Siglo XXI lo hace con las montañas, ríos, mares y tierras argentinas. Es una continuidad histórica: toda la ingeniería legal para las actividades extractivas de América Latina fueron escritas y sancionadas durante la década del 90, en el marco del Consenso de Washington (medidas económicas impulsadas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Atrás quedan los discursos de ocasión del Presidente sobre la «casa común» y los discursos políticamente correctos en convenciones internacionales sobre ambiente.

Pareciera que no existió el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés) sobre las consecuencias cada vez peor de la crisis climática; pareciera no haber sucedido una pandemia como nunca antes (con cada vez más pruebas de que fue de origen zoonótico). No escucharon las masivas movilizaciones contra la megaminería en Mendoza en 2019, en Chubut en 2020/2021 y las marchas masivas en Mar del Plata contra le explotación petrolera.

El tiempo de los partidos políticos hegemónicos son distintos al del IPCC y a los que viven en los territorios el lucha contra el extractivismo. Mientras asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y científicos del IPCC incluyen en su accionar el mediano-largo plazo –lo que sucederá con las próximas generaciones–, los sectores políticos dominantes priorizan sus intereses mediatos, la próxima elección.

Organizaciones sociales y los engranajes del poder

El Movimiento Evita, a través de Fernando «Chino» Navarro, justificó el acuerdo con el FMI y llamó a votarlo. Somos Barrio de Pie, con su referente Daniel Menendez, también acompañó el acuerdo: «La aprobación logró evitar una catástrofe mayor sobre nuestro pueblo». Ambos, Navarro y Menendez, son funcionarios nacionales. Y ambos apuntaron sus críticas a Mauricio Macri y Cambiemos (Pro-UCR-Coalición Cívica), máximos responsables de la deuda con el FMI.

La gran mayoría de las organizaciones de izquierda repudiaron el acuerdo con el FMI y llaman, desde hace años, a desconocer la deuda por fraudulenta, ilegítima e ilegal. Por otro lado, algunas organizaciones optaron por el silencio. Fue el caso del Mocase-Vía Campesina.

Otros espacios, también afines al Gobierno, se movilizaron y rechazaron explícitamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son las mismas que dos años atrás hicieron campaña para votar a Alberto Fernández. Quizá el caso más claro sea el Frente Patria Grande, integrada también por organizaciones sociales, y que se presenta como «una organización que fundada en 2018 por militantes relativamente jóvenes y lejanos a la política tradicional».

El 9 de marzo brindaron una conferencia de prensa para anunciar su rechazo al acuerdo con el FMI (de sus tres diputados, dos votaron en contra y uno se abstuvo). Dieron una extensa y precisa argumentación de su posicionamiento, incluso con datos históricos con paralelos al presente: «Hace 200 años, el Gobierno firmaba el primer empréstito con la casa financiera Baring Brothers entregando como garantía hipotecaria las tierras públicas. Se robaron la plata, se repartieron las tierras, definieron que la Argentina sería proveedora de materias primas para las factorías del mundo desarrollado. Así se conformó la élite económica de nuestro país».

Enumeraron la situación social actual: quince millones de pobres, cinco millones de indigentes, once millones de argentinos sin techo propio, cuatro millones de trabajadores registrados con salarios bajo la línea de pobreza, ocho millones de trabajadores informales y de la economía popular sin derechos básicos garantizados. Todo enmarcado, entre otras causas, de tres décadas de políticas extractivas. Como reiteran las asambleas socioambientales, está probado que el extractivismo no es un camino válido para el desarrollo y solo asegura mayor pobreza y dependencia.

En su comunicado, el Frente Patria Grande recuerda que «es el pueblo, no el Gobierno, el que termina pagando esa fortuna sideral que se llevaron los grupos financieros». Y denuncian que, con el acuerdo con el FMI, se «reincide en una lógica colonial».

A pesar de toda la crítica, el texto finaliza con un llamado a «mantener más que nunca la unidad del Frente de Todos y sostener al Gobierno Nacional».

La mirada estructural e histórica que algunas organizaciones sociales tienen (en este caso para con el FMI) está ausente para analizar el rol que cumplen las organizaciones sociales para la llegada y sostenimiento de gobiernos que consolidan un modelo de extractivismo, dependencia y pobreza.

Foto: Subcoop
FMI, deuda externa y extractivismo

«Instituciones Financieras Internacionales (IFI): el negocio del ‘desarrollo'», es el título del informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, su sigla en inglés), en el que analiza el rol del Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

El Movimiento Mundial por los Bosques, que desde hace tres décadas estudia y denuncia las políticas extractivas de gobiernos y multinacionales, explica que los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, y EE.UU.) son los que controlan los organismos financieros internacionales.

«Las IFI se relacionan de esta forma con el círculo vicioso de la deuda externa sobre el que se construye la dependencia. Por medio de esta dependencia, las naciones poderosas pueden imponer sus condiciones (…) Entre las medidas que incluye la receta de políticas de las IFI están los programas de ajuste estructural, mejorar la balanza de pagos a través del incremento de las exportaciones. Por lo tanto, los países del sur se han embarcado en la extracción intensiva de recursos naturales y en actividades de monocultivo orientadas a la exportación (los llamados productos básicos o commodities), también para generar las divisas necesarias para pagar la deuda externa», explica el WRM y, remarca, el rol fundamental de las compañías trasnacionales, que invierten en la explotación de los recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales y sociales.

A fin de demostrar lo rentable que son las inversiones en las IFI para los países industrializados, el Movimiento por los Bosques cita al propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un informe de mayo de 1994 titulado «Bancos multilaterales de desarrollo: cómo hacer crecer las exportaciones estadounidenses y crear empleo en EE.UU.». Reconoce el Departamento del Tesoro: «Los programas de ajuste estructural y de préstamos sectoriales de los bancos de desarrollo han sido extremadamente importantes en la promoción de sistemas de comercio más abiertos. En América Latina y el Caribe este tipo de préstamos, junto con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ha dado como resultado la reforma de políticas económicas fundamentales en algunos de los países más grandes. Como consecuencia, estos países se están convirtiendo en mercados de exportación más grandes e importantes para Estados Unidos y otros países industriales».

El WRM asegura que «las Instituciones Financieras Internacionales facilitan hoy la fuga de recursos del Sur al Norte, cuyos orígenes se remontan a la época colonial». Y recuerda que en las raíces de todo este proceso está el modelo de producción excesivo, consumo y desperdicio excesivo de las sociedades industrializadas. «El Norte puede mantener su estilo de vida gracias a la apropiación de recursos y de mano de obra barata de los países del Sur y a su destrucción ambiental», denuncian.

Recetas para el despojo, Estado y clases dominantes

En 1955, el economista Raúl Prebisch escribió un plan económico a solicitud de la dictadura militar encabezada por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Entre otras medidas, proponía medidas para profundizar el modelo agrícola, liberar el comercio exterior, ajustar en la economía local, achicar el rol del Estado y sumarse al Fondo Monetario Internacional. Arturo Jauretche, político e intelectual, realizó un análisis tan crítico como histórico y geopolítico que guarda total actualidad. En un apartado precisó cómo esas medidas económicas iban a profundizar la desigualdad entre las potencias industriales y los países subdesarrollados: «Plenos empleo, altos ingresos y prosperidad en el país central, sustentado en un ventajoso intercambio comercial con un país periférico endeudado, monoproductor de materias primas y cuyo bajo costo de producción está garantizado por el estado de necesidad de su masa trabajadora».

Leonardo Rossi, investigador del Grupo de Ecología Política del Sur (Universidad de Catamarca-Conicet), precisó el rol de gobiernos, deudas y extractivismo: «En el neoliberalismo el Estado está bien presente: endeudando, legalizando el pago de deudas ilegítimas, organizando el despojo de los cuerpos y territorios, reprimiendo las alternativas».

Raúl Zibechi, en su libro «Caos y resistencias durante la pandemia», complementa con una mirada por fuera de la lógica partidaria cortoplacista: «Las clases dominantes del mundo, y las de América Latina en particular, tienen un solo proyecto: seguir estando en la cima, seguir siendo dominantes. Lo demás lo improvisan. En tanto, apelan al Estado para resolver las urgencias. Es un error pensar que la economía, la ganancia, es lo primordial para ellas. Es importante. Pero el capitalismo no es una economía, sino un proyecto de poder».
https://agenciatierraviva.com.ar/el-circulo-de-la-dependencia-gobiernos-extractivismo-y-fmi/

06/032022
El discurso del sector minero responde al programa creado por nueve de las mayores empresas transnacionales mineras. Fue encargado al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, el programa “Mining, Minerals and Sustainable Development” (MMSD); con el objetivo de enfrentar los nuevos contextos en que se desarrollaría la actividad. Compartimos un análisis sobre los discursos en torno a la actividad realizaado por Manuel Fontenla*, en total sintonía con aquella nota producida por nuestra asamblea.
Fuente: Página 12
Hace apenas unos años, y producto del recrudecimiento de la crisis climática, se ha instalado en la opinión pública mundial, la necesidad de debatir sobre la sustentabilidad. No obstante, dentro de círculos más cerrados y de menos circulación, el tema tiene una larga historia de discusión y el mundo empresarial de la minería, no ha sido la excepción.

Desde 1999, a través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, nueve de las mayores empresas transnacionales mineras encargaron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, el programa “Mining, Minerals and Sustainable Development” (MMSD); con el objetivo de enfrentar los nuevos contextos en que se desarrollaría la actividad.

En 2002, el programa MMSD, recomendó a las empresas del sector, que era necesario un “cambio cultural”, que debían construir un nuevo modelo discursivo y un lenguaje común. Este cambio, fue conocido en el mundo de la minería como “el enfoque MMSD”, y fue recomendando y publicitado en múltiples cumbres internacionales del sector, especialmente en Resoursing Future, la conferencia global de 2002 en Toronto, Canadá. El informe publicado ese año bajo el título “Abriendo brechas. Reporte final”, contaba específicamente con una línea de acción y un enfoque particular para la actividad en América del Sur[1].

De acuerdo a la concepción de estos grupos y sus documentos publicados, la “minería sustentable” es un paquete discursivo que contiene tres variables. En primer lugar, crecimiento económico; en segundo, protección ambiental, y tercero, equidad social. El orden de las variables lejos de ser aleatorio, está, obviamente, configurado por orden de importancia. Además de estas tres variables, propusieron una filosofía de comunicación, que sería la base del imaginario de la “Minería Sustentable”.

Lo principal e “innovador”, de esta filosofía de la comunicación, fue que los nuevos discursos sobre minería, ya no debían estar destinados a los propios empresarios, ni a los inversores, sino a la comunidad exterior al negocio. El cambio cultural, debía empezar por hablar a otros sectores sociales (el Estado local, Sociedad Civil (Ongs) y actores de impacto directo (las comunidades afectadas en sus territorios)). Y ese “hablarles” significaba elaborar un lenguaje de dominio cultural que le diera legitimidad a la minería en un contexto creciente de denuncias y conflictos. Para esta iniciativa, las empresas apelaron como principal recurso a lo que hoy se conoce como “Think Tank”; a saber, grupos de pensamiento e investigación al servicio de un interés corporativo o de lobby político. Estos grupos, apoyados en instituciones científicas, empezaron a construir ideas y discursos bajo el eje de “cuidar el ambiente para el desarrollo” (nótese la prioridad en la formula). Producto de estos primeros años de cambio de paradigma empresarial, podemos mencionar la hoy famosa “Responsabilidad Social Empresarial” que ha ido mutando hasta nuestros días bajo las formas de “Buenas prácticas empresariales” “Gestión social de la minería”, “Relaciones comunitarias”, etc.

En resumen, a partir de fines de los 90´, las transnacionales del sector minero, se pusieron a la tarea (millonaria tarea) de construir un lenguaje común que les permitiera confrontar contra los discursos sociales ambientales. Así fue que organizaron toda una “filosofía del diálogo”, no para buscar un desarrollo sustentable, sino para garantizar la coexistencia del desarrollo minero dentro de un lenguaje de sustentabilidad y responsabilidad, a pesar de los discursos y resistencias que provenían de las alarmas climáticas. Vale la pena, citar, aunque sea uno de los principios de esta ideología empresarial. Por ejemplo, al hablar de estrategias corporativas, señalaban como prioritario operar como un funcionamiento inclusivo-integrador, con modalidades persuasivo-seductoras, para convertir la capitalización de la naturaleza y el interés corporativo en un factor de “desarrollo humano”.

Es decir, las empresas señalaban que debían convencernos que, su interés corporativo, es clave para el desarrollo de todos. Y peor aún, que si las empresas ganan, que si la naturaleza se capitaliza, eso significa “desarrollo humano”. Este tipo de conversión y trastrocamiento del discurso, es clave para entender, cómo en un mundo donde se insiste en que debemos dejar de explotar la naturaleza, debemos dejar de empujar los limites planetarios a un punto de no retorno, las empresas, puede seguir profundizando el extractivismo con discursos “verdes” y de “desarrollo sustentable”.

A su vez, esta “filosofía del diálogo”, que señalaba como fundamental incluir a todos los grupos de interés en la interlocución, se basa en una falsa premisa de igualdad de poder a la hora de entablar dicha conversación. Se trata de una estrategia que camufla las enormes e innegables diferencias de poder entre sectores, proponiendo un ficticio escenario de igualdad en la negociación y análisis de los proyectos. Esta posición fue convenientemente reforzada con la idea de que aquel que no dialogaba, se oponía al futuro, aquel que no dialogaba, no participaba de la democracia (del mercado). Como experiencia, podemos remitirnos a los intentos de negociación que realizo Lucia Corpacci con Livent por el pago de canon de agua en Antofagasta. Fue una clara muestra, de que ni siquiera los gobiernos locales pro-mineros, adulados y embelesados por viajes y más viajes a Canadá, tienen poder real de negociación cuando de pagar se trata.

Bajo este marco, es que debe entenderse como funcionan las tres variables del discurso sustentable de la minería. En primer término, la idea es garantizar la continuidad y profundización de la capitalización de la naturaleza y el aumento de las ganancias. Para sostener este objetivo, es que aparece la segunda estrategia de apaciguar y mitigar las obvias consecuencias climáticas, a través de ceder espacios de protección ambiental. Esta estrategia es la que más se está utilizando en la puna argentina. Equipos interdisciplinarios financiados por empresas y ongs, se instalan con discursos de preocupación y cuidado del territorio en las futuras zonas de sacrificio, para convencer a la población de “la importancia de cuidar el territorio y señalar estas áreas protegidas”. Una vez que la comunidad acepta, las empresas empiezan su trabajo de explotación y de manera deliberada y sin consecuencia alguna, avanzan sobre esas áreas, violando los propios convenios que por debajo de la mesa han financiado. Esta es una descripción exacta de lo que sucede hoy en Fiambala con el proyecto Tres Quebradas. Es la misma empresa Liex, quien reconoció avanzar sobre un área de protección ambiental, tal como consta en su IIA de 2016 de Etapa de Exploración en la página 39, en el apartado, justamente de “Áreas Protegidas”: “El sitio de exploración, se enmarca en el sitio Ramsar “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”2, (Figura 14). La designación como Sitio Ramsar a los humedales altoandinos, bajo la denominación “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”, no implica que no pueda desarrollarse la actividad minera”[2]. Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar, un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975, y que señala estos lugares como de vital importancia para el clima por su biodiversidad e importancia ecosistémica. Si Liex quisiera tener una “minería sustentable”, lo que mínimamente debería hacer, es no explotar un Sitio Ramsar. Lo mismo vale para el Gobierno cuyo discurso de “control” de las empresas y cuidado del ambiente da muestras de ser pura palabras al viento.

Finalmente queda la tercera variable, que es la de menor interés para las empresas, la equidad social. Para este objetivo, la modalidad ha sido la de intervenir de manera contundente en la sostenibilidad económico de los Estados locales. La vieja estrategia de generar dependencia económica y desde allí, sustraer y corroer la autonomía y la capacidad de decisión. Catamarca, para que insistir, sigue siendo la mejor prueba viva, de que ni la vieja Megamineria (que no contaminaba) ni la actual “Minería Sustentable”, pueden demostrar ningún margen de mejora, crecimiento o progreso. Ni mucho menos, pueden soportar la comparación de los niveles de maximización de ganancias privadas (miles de billones de dólares anuales) con “ganancias” locales (una ruta o un puente, que de manera indirecta sirve también a las mineras).

¿Qué significa pues “sustentabilidad” en el discurso empresarial?

Más allá de denunciar los efectos devastadores de la mega minería, mas allá de los posicionamientos en contra de la actividad, mas allá de los pueblos que en su plena autonomía no quieran (o quieran) tener mega minería (de oro o litio), es muy importante, en el actual contexto dramático que vivimos, entender que no se trata de decir que el concepto de minería sustentable es mentira, sino entender que cuando las empresas hablan de sustentabilidad, no están hablando de la sustentabilidad del ambiente y nuestras vidas, sino de la sustentabilidad del negocio y la actividad, en un contexto de crisis climática y crecimiento de los conflictos socio-ambientales. Para Livent y Agua Rica, minería sustentable, significa, profundización e intensificación de las ganancias a costa de un daño ambiental “controlado”, sin redistribución económica ni equidad social, pero con “derrame capitalista”. Por eso, nunca las empresas van a poder hablar de “Extractivismo Sustentable” o de “Explotación sustentable”, o de “Modelo primario de exportación de materias primas sustentable”. Porque su paradigma de sustentabilidad no cuestiona los fundamentos económicos-mercantiles (capitalistas) de la destrucción de la naturaleza. En el universo ideológico de las empresas, no existe la posibilidad de que la actividad pueda, siquiera, ir un poco más lento. Los conceptos de crecimiento económico, maximización de la ganancia, intensificación de la producción, oportunidad de desarrollo, capitalización de la naturaleza, inclusión de la comunidad, protección ambiental, responsabilidad social empresarial, etc.; son todos conceptos construidos en una filosofía que busca garantizar la sustentabilidad de la minería, no del ambiente. Son todos conceptos y discursos, incompatibles con la idea de sustentabilidad de la naturaleza y la vida local.

[1] Esta breve reconstrucción ha sido elaborada en distintas investigaciones por Mirta Alejandra Antonelli, especialmente en, “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable”.

[2]Se puede consultar aquíIIA_3Q_Junio_2016

*Docente e investigador.

¿Qué significa minería sustentable para una empresa minera?