05/09/2022
El pago de la deuda externa y la relación con el FMI tienen una íntima relación con el extractivismo y la dependencia. Lejos de la idea de “no hay más alternativas”, Horacio Machado Áraoz cuestiona al Gobierno por repetir viejas fórmulas neoliberales que, a costa de territorios y ambiente para el ingreso de dólares, solo llevarán a más pobreza e injusticia social.
Fuente Agencia Tierra viva
Por Horacio Machado Aráoz
Los procesos de endeudamiento de los países dependientes han sido históricamente usados como mecanismos de profundización de tal condición, dentro del sistema mundial. Las élites y los grupos oligárquicos de esos países, han recurrido a las deudas para reforzar sus privilegios, aún a costa de los intereses generales. El caso de la fenomenal deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, vuelve a colocar esta cuestión en evidencia. El nuevo gobierno asume un país en crisis y prácticamente asfixiado por las obligaciones de pago heredadas. Cómo afrontar la crucial cuestión de la deuda y qué estrategia darse frente a la misma, es la variable central que determinará su suerte y la del país.

Frente a los análisis que sólo ven la dominación en la exacción financiera y la imposición de programas de ajuste, acá se llama la atención sobre la dimensión ecológica de la deuda, destacando la necesidad de identificar los ciclos de despojos materiales como correlativos de los financieros. En tal sentido, la propuesta esbozada por el gobierno de Alberto Fernández frente a la deuda prenuncia un nuevo capítulo de una vieja saga: pagar la deuda con más extractivismo no parece ser una respuesta ni de izquierda, ni progresista. Ir por esa senda -ya largamente transitada- no presagia nada bueno para las mayorías populares del país. En lugar de pensar en la “sustentabilidad de la deuda”, es prioritario pensar en la sustentabilidad -a secas- de la sociedad.

Foto: Subcoop
Sobre deuda y sustentabilidad

Las mutaciones del neoliberalismo en la Argentina han vuelto a colocar la deuda externa en el centro de la escena política; no sólo interna, sino incluso internacional.

Tras el boom de las commodities que insufló los tiempos de bonanza del kirchnerismo (2003-2013) así como su ulterior caída (2013-2015), el fallido experimento de Macri por liderar un gobierno de derecha con apoyo electoral desembocó en un fenomenal endeudamiento récord. Con el concurso cómplice del FMI, en cuatro años el macrismo contrajo deuda con acreedores externos por 104 mil millones de dólares (un incremento del 163 por ciento), dejando un horizonte de vencimientos de 200 mil millones de dólares para el periodo 2020-2024.

Acuciados por la combinación de inflación persistente y recesión creciente, el país halló en las urnas una (momentánea) válvula de escape. En ese marco, el triunfo de la alianza electoral integrada por las distintas vertientes del peronismo puede leerse como la canalización del hartazgo popular ante un gobierno que se caracterizó por una supina indolencia clasista y pasmosa incapacidad de gestión.

Ante el problema de la deuda, el Frente de Todos supo conformar una ecuación suficientemente ecléctica como para contener expectativas y temores contrapuestos de “los mercados” y los sectores populares. En medio de las tensiones, el planteo de “crecer para pagar” hecho por el gobierno de Alberto Fernández, emergió como una suerte de fórmula mágica, capaz de conjurar los fantasmas gemelos del default y del ajuste.

Bajo ese extraño encanto, acreedores y deudores, convergen ahora en la preocupación compartida por la “sustentabilidad” de la deuda. Pese a las enormes distancias entre “obligaciones” y “capacidad de pago”, los negociadores parten de una premisa básica, aparentemente incuestionable. Más allá de los detalles del “plan económico”, tanto el Gobierno como la oposición, el Fondo y los bonistas, saben que “crecer para pagar” significa lisa y llanamente volver a apostar a la intensificación de la matriz primario-exportadora de la economía argentina, así postulada como “única salida” posible.

El propio Alberto Fernández se ocupó de dejarlo claro y de instalarlo como pilar de su Gobierno. Ya ungido como virtual presidente electo, en su paso por San Juan, una emblemática provincia aliada al lobby de la minería transnacional, sentenció: “Mis principales aliados son los que exportan”. No se trató de una declaración al paso, sino de una definición contundente que se articula a una sólida cadena de intervenciones a favor del agronegocio, el fracking y la minería a gran escala, reafirmada con el perfil y obrar de sus ministros.

Así, más allá de alternancias electorales y polarizaciones ideológicas, en realidad, la política argentina tiene en la continuidad del extractivismo un consenso pétreo. Como señala el periodista Darío Aranda, acá no hay grietas: “Los funcionarios pasan, el extractivismo continua”. Apostar a la intensificación de las exportaciones es la fórmula alquímica que diluye todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivación del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracción de inversiones, la recuperación de la tasa de ganancias y/o la base de los superávits requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias económicas, no hay mucho espacio para “preocupaciones ecológicas”. En tiempos de emergencia, lo “lógico” -para los principales actores del sistema- es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.

Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificación del extractivismo. Paradójicamente, un término que nació al lenguaje político global como significante de problemáticas ambientales, es aplicado ahora para referir exclusivamente a balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Acá también, derechas e izquierdas suelen hacer acto litúrgico de su credo antropocéntrico y productivista: primero está “lo social” (ya sean “los pobres” o “los mercados”) y luego, “lo ambiental” (como si la vida humana no fuera enteramente ecodependiente).

Claro que, ante lo que hubieran significado las políticas esperables de un triunfo electoral de la derecha explícita (la coalición Cambiemos), la propuesta de “crecer para pagar” aparece como obviamente preferible. No hay que ser muy perspicaces para suponer que una eventual reelección de Macri habría implicado la imposición férrea de la vieja y conocida fórmula de “ajuste + represión”, bajo la estricta sumisión del país a la política (no sólo económica) del FMI y sus mandantes. Frente a ello, el gobierno de Alberto Fernández ensaya una propuesta que, en lo económico, promete reducir la magnitud del ajuste interno, desplazando la fuente macroeconómica de recursos para afrontar los pagos desde el frente fiscal, hacia el sector externo, a través de ingresos de exportaciones y de IED (Inversión Extranjera Directa, que justamente irían a sectores primario-exportadores). En lo político, la fórmula pone en escena una gestión ‘negociada’ de la crisis, donde el ministro Martín Guzmán parece involucrar al FMI como ‘aliado’ frente al resto de los acreedores para la ineludible reestructuración de la deuda.

Descartando de plano lo que hubiera sido una vía de derecha pura y dura, cabe preguntarse: ¿Es ésta la mejor alternativa posible; la única salida realista y la más conveniente para el país? ¿Es ésta una opción que prioriza realmente los intereses de las mayorías populares, que nos inserta en una senda de menor dependencia externa y de mayor equidad y democracia interna?

A nuestro entender, la aceptación política de esta fórmula aparece como síntoma de hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social. La naturalización de la lógica financiera como patrón único de valor social es lo que explica que este “crecer para pagar” no se vea como una contradicción; ni siquiera como problemático para un gobierno que se pretende progresista.

Quienes se asumen de izquierda o progresistas no deberían dejar de notar que, lejos de priorizar la salvaguarda de las mayorías populares, es una fórmula que consagra los intereses de los acreedores como finalidad y principio rector del gobierno. Visto en términos de una elemental ecología política, implica un rumbo cuya concreción significará la consumación de un nuevo ciclo de despojo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Telam
Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo

No es una novedad para la ciencia social la asociación entre préstamos internacionales y producción de desigualdades y dependencias entre países. Desde hace ya más de un siglo, los estudios clásicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los análisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros días.

Para la gran activista e intelectual socialista, el carácter imperialista de la deuda no se restringe al obvio poder de tutelaje que los acreedores adquieren y ejercen sobre la política de las economías endeudadas. Rosa Luxemburgo analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sistémico de la acumulación a escala global. En tanto el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, la realización de la plusvalía sólo se logra a costa de una continua expansión geográfica (es decir, ecológica y sociocultural) del capital.

En esa dinámica, las colonias proveen a los centros de acumulación lo que éstos empiezan a agotar durante su ‘desarrollo’: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversión. De allí el carácter indisociable entre colonialismo y capitalismo.

En ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera, ni de control político de las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. Este análisis está en la base de lo que David Harvey acuñara como “acumulación por despojo” y que señalara como una característica clave del “nuevo imperialismo” abierto bajo la era neoliberal.

Pese a haber sido ampliamente difundido y citado, un aspecto crucial del concepto de acumulación por despojo ha sido frecuentemente soslayado: en estos procesos, tanto o más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a través de los pagos de la deuda, es el drenaje ecológico, de materia y energía, que fluye desde las economías deudoras a través de sus exportaciones, como fuente material de esos pagos. Las deudas fuerzan, en realidad, la ampliación de la frontera de mercancías, creando las condiciones de posibilidad para la explotación de nuevas fuentes de materias primas y/o de súper explotación del trabajo, extendiendo y/o intensificando el régimen de plusvalía hacia geografías antes marginales o subexplotadas.

Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos análisis hace ya más de cien años, Rosa Luxemburgo usara como ejemplo la estructura de relaciones económicas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. El caso devela la apropiación ecológica como el fondo de la sujeción imperialista que se realiza a través del crédito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en créditos, ferrocarriles y puertos, no sólo se dio a través de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a través de la anexión de la región pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria. La productividad extraordinaria del suelo pampeano, subordinado a la gran maquinaria manufacturera de la isla británica, fue así, un elemento fundamental para la ‘maduración’ del capitalismo en el centro: el pan barato que alimentó al obrero inglés a partir del suelo argentino, fue a engordar la plusvalía del empresariado manchesteriano.

En definitiva, el análisis de Rosa Luxemburgo muestra cómo la deuda no es un elemento circunstancial y aislado, sino que opera como un dispositivo integrado al mecanismo general de extracción, apropiación y transferencia de excedentes (financieros y materiales) desde las economías coloniales o subalternas hacia los (diversos) epicentros de acumulación y realización de plusvalía.

Desde la ecología política, la noción de geometabolismo -que mira el proceso global de acumulación en términos de los flujos materiales y no sólo de los financieros- permite revelar la dimensión ecológica del imperialismo subyacente en el comercio mundial.

Lejos del mundo idílico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geografía plana, sino que tiene lugar a través de una rígida geometría del poder que divide jerárquicamente las regiones de la pura y mera extracción de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos.

La división internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sistémicos de apropiación desigual del mundo; de extracción de una plusvalía ecológica.

Así como en el Siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblemático de estos procesos. La dinámica especulativa y de endeudamiento de los ’90 que desembocó en el colapso de 2001, operó como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permitió ‘desendeudar’ el país y activar la ‘recuperación’ del mercado interno) significó -en términos geometabólicos- un más que proporcional drenaje ecológico de energía primaria a través de las cuales la geografía argentina subsidió la expansión industrial china. Los millones de dólares de exportaciones ‘ingresados’ durante el período encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estratégicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la economía volvió a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al país a disposición de un nuevo ciclo de despojo.

En este contexto, “crecer para pagar” significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilización hacia territorios y bienes naturales codiciados por el “mercado mundial”; concretamente, avanzar con la explotación de Vaca Muerta y el ‘desarrollo’ del fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotación del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el régimen del agronegocio y de la minería a gran escala a lo largo de la cordillera. La profundización del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplirá el cometido del ‘endeudamiento’: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificación de la plusvalía ecológica. No hay “quita” de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.

Una dimensión sustantiva de este problema es la cuestión geopolítica; pues la plusvalía ecológica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportación del país (y de la región) están dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qué hablar, en la minería y el petróleo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnológico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de economías naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupación y control de vastas extensiones geográficas. Se configura así una matriz por la que la integridad territorial del país se fragmenta en cuadrículas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificación de las exportaciones, el capital transnacional oligopólico adquiere una decisiva capacidad de disposición sobre fuentes de agua, nutrientes y energía primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupación territorial es -vale aclararlo- el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energía es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.

Para decirlo de manera explícita, una posición ‘soberanista’ frente a la deuda que se concentre en ampliar los plazos y/o maximizar las ‘quitas’ de los pagos financieros, pero que sea absolutamente permisiva con las concesiones de territorios y recursos a los enclaves exportadores transnacionales, resulta, lisa y llanamente, una falacia.

Imagen aérea de la explotación de Minera Alumbrera en Catamarca. Foto: Subcoop

Extractivismo: una cuestión política; no (sólo) ‘ambiental’

Desde sus orígenes, el pensamiento crítico latinoamericano se ha constituido como tal a partir de la identificación de los regímenes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Los clásicos del estructuralismo y de la Teoría de la Dependencia no criticaron tales regímenes por sus consecuencias ambientales (que, salvo excepciones tardías, en general desconocieron), sino por sus implicaciones económicas y políticas. Desnudaron la conexión intrínseca entre modelo primario-exportador, concentración de la tierra y del poder.

El extractivismo no sólo tiene que ver con economías exportadoras de naturaleza, sino con un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones. Ese fenómeno está en la raíz de la constitución política de nuestras sociedades. América Latina, como entidad geopolítica, nació al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercancías. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que detonó el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulación originaria a través del envío de “vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global”.

La historia económica de la Argentina (y de la región) puede verse en términos de ciclos crónicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotación de sus “recursos naturales”; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecológico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilización creciente. Esa historia nos debería enseñar que el extractivismo es la dimensión ecológica del imperialismo. Que la producción del “subdesarrollo”, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus raíces en el duro suelo del extractivismo.

Desde la época de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como vínculo geometabólico que subsume las economías coloniales a los centros de acumulación. Las cadenas geográficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte, son precisamente las cadenas que nos atan a un régimen estructural de dependencias y desigualdades ecológicas, económicas y políticas.
En ese escenario, hoy como ayer, “crecer para pagar” es profundizar la dependencia. Es ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre países y regiones; entre cuerpos de distintos colores, géneros y generaciones. Es, en última instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecológicas de la democracia. Porque ningún gobierno de las mayorías puede prosperar allí donde rige un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra.

Pagar con suelo, aire, agua… Y sangre. ¿No tenemos alternativas?

La propuesta del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda toma sus ropajes progresistas de la promesa de eludir o morigerar el “ajuste”, y condicionar los pagos al crecimiento. Para ello, se apela a procurar aumentar y diversificar las fuentes de ingresos de divisas, vía básicamente captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y aumento de exportaciones. Ambas medidas suponen, en realidad, la intensificación del extractivismo; inversiones para abrir nuevas geografías de extracción: litio, cobre, potasio, oro, plata, uranio, y una larga lista de minerales de consumo mundial masivo; hidrocarburos no convencionales; biomasa y nutrientes provenientes del agronegocio; inversiones, en fin, en las infraestructuras necesarias para hacer posible el drenaje de materia.

La experiencia histórica revisada nos muestra que, por esa vía, lejos de avanzar hacia un sendero de desarrollo autónomo, integralmente sostenible, que permita reducir progresivamente las desigualdades económicas, ecológicas y (bio)políticas, internas y externas, nos hundirán en un círculo vicioso ya conocido, donde el despojo de la energía primaria y social del presente, retroalimentará los despojos por-venir.

Dada la matriz ‘productiva’ del país -su sesgo extractivista-, está claro que la fórmula de “crecer para pagar” no significará otra cosa que la profundización estructural de la dependencia, la intensificación de los mecanismos de despojo, la concentración de la riqueza y del poder. Dicha vía nos aleja no sólo del mero crecimiento económico, sino de una sociedad ecológicamente sostenible, socialmente justa y políticamente democrática.
Tras desarticular la argumentación positiva de la propuesta, el único razonamiento que queda como justificativo de la política oficial en curso es la apelación al “realismo posibilista”: si bien no es lo mejor, ni siquiera bueno, “crecer para pagar es lo único posible”, se nos dice. Confirmando la vigencia de la razón neoliberal, el argumento de pagar a deuda con mayor explotación del suelo no tiene otro fundamento que el viejo y remanido lema thatchereano: “No hay alternativas”.

Ahora bien, ¿es realmente así? ¿Es realmente imposible pensar en una cesación unilateral de los pagos y en una auditoría exhaustiva de la deuda? ¿Qué tan justo, tan responsable y tan pernicioso para el país sería una tal alternativa? ¿Qué tan desastroso sería para el país hacer lo que hizo Ecuador en 2008? ¿Lo que amenazó con hacer Alexis Tsipras en 2015 en Grecia?

Dique de cola de Minera Alumbrera en Catamarca. Foto: Subcoop
La excepcionalidad de las condiciones bajo las que fue contraída la deuda macrista refuerza los argumentos jurídicos y políticos para el repudio de la misma. Los intereses geopolíticos que intervinieron, las irregularidades legales en las que el propio FMI incurrió al momento de otorgar un crédito -en contravención contra sus propios estatutos-, la extraordinaria fuga de divisas que alimentó esa deuda, son factores que hacen más que imperioso una rigurosa auditoría pública y social sobre la misma.

Al respecto, hay que decir, por un lado, que no se trata de “una puerta al abismo”, tal como incluso desde sectores críticos se presenta esta alternativa, en referencia a las eventuales consecuencias impredecibles y eventualmente catastróficas que significaría el repudio de la deuda. Los estudios de casos y las evidencias históricas de los procesos de renegociación de deudas espurias muestran más bien lo contrario: la catástrofe está en el horizonte de quienes siguieron la vía de la sumisión.

Por otro lado, vale recalcar -para poner las cosas en su lugar-, que no se trataría de un simple e “irresponsable” default, sino lo contrario: un proceso que busque determinar de manera transparente y democrática las responsabilidades políticas diferenciales de un proceso plagado de comportamientos irregulares y criminosos, cuyas consecuencias exceden en mucho los meros aspectos financieros. Lo ‘responsable’ no es pagar, a secas y a ciegas; sino identificar a los verdaderos causantes de este histórico desfalco y determinar fehacientemente cómo se beneficiaron del mismo. Lo verdaderamente irresponsable sería forzar a que tengan que seguir pagando quienes ni decidieron ni se beneficiaron con esa deuda.

Por encima de todo, es fundamental no perder de vista que no se trata de una cuestión financiera, sino decisivamente ecológica, vale decir, vital. Porque las implicancias de esa deuda constituyen un embargo para la vida de vastas extensiones de territorios y poblaciones que hoy se ven como “fuentes de divisas”. En un sentido no metafórico, esa deuda pende como una amenaza que se cierne sobre la vida de millones de personas, de sistemas socioambientales y de generaciones que la lógica necroeconómica del capital (y sus mandatarios) se muestra dispuesta a sacrificar para pagar.

Desde esa perspectiva, cabe preguntarse: La crisis que implicaría dejar de tener acceso a nuevas inversiones externas, la escasez relativa de divisas, eventuales represalias respecto a nuestras exportaciones, ¿significaría la crisis de esa economía dependiente, colonialmente heredada del Siglo XIX y antes? Por cierto, esa vía no es sencilla y está llena de adversidades y desafíos inmediatos; pero la crisis de esa economía representaría también la posibilidad para transitar hacia otra economía; para abrir-nos paso hacia una tan radical como necesaria transformación de la matriz productiva y socioterritorial del país; de su patrón tecnológico y político.

En este sentido, es importante advertir que la ampliación de la frontera de mercancías acontece no sólo en el plano geográfico y material, sino también en el de los imaginarios y las subjetividades. Quiero decir, en esa dinámica, a la par de la expansión de las relaciones capitalistas hacia zona geoculturales relativamente marginales, a la mercantilización de nuevos elementos y procesos naturales y sociales, a la intensificación de los ritmos y volúmenes de extracción de “recursos, tienen lugar cambios correlativos en los regímenes axiológicos y normativos; en los esquemas de percepción, de sensibilidad y de valoración social que acompañan esa re-mercantilización y las tornan socialmente “aceptables”.

Permitir el saqueo de las fuentes de vida para cumplir con obligaciones financieras espurias; sacrificar sistemas hidrológicos enteros para “poder pagar”; estar dispuestos a pagar con suelo, con biodiversidad, con los propios nutrientes y fuentes de energía que sostienen nuestros cuerpos, eso también hace parte -y parte fundamental- de la expansión de la frontera de mercancías.

En definitiva, pensar en la “sustentabilidad” de la deuda, nos sume en una lógica colonial, sacrificial: nos conmina a “pagar como sea”; a asumir como objetivo propio los intereses de los acreedores. Por el contrario, auditar la deuda; hacer que paguen quienes lucraron con ella; declarar el repudio soberano de deudas ilegítimas: eso sería realmente pensar la sustentabilidad, no ya de “la deuda”, sino del país. Más que un camino utópico, se muestra como una vía más realista que el horizonte que emerge de la fórmula “crecer para pagar”.

La evaluación de la viabilidad de las propuestas se juega, claro, no en el de las ecuaciones matemáticas y los modelos econométricos, sino en el complejo campo de las relaciones de fuerza entre los distintos actores políticos intervinientes. En ese sentido, ir por esta vía alternativa implica, requiere ineludiblemente, construir poder popular más que ‘capacidad de pago’; aliarse con las mayorías populares movilizadas, más que con el Fondo Monetario Internacional.

En términos macroeconómicos y políticos realistas, la crisis de la deuda (las probables represalias de “los mercados” en términos de escasez extrema de divisas y asfixia financiera) podría ser una gran ventana de oportunidad para afrontar una radical transformación de la matriz socioproductiva y tecnológica de nuestra economía. Para emprender un camino de transición socioecológica hacia una economía realmente más sostenible y adecuada para afrontar el crucial desafío que tenemos como especie, en los umbrales de la crisis planetaria global. En términos del sociometabolismo del país, los efectos de la crisis de la economía heredada podrían coadyuvar a transitar hacia una estructura productiva más equilibrada geográfica, demográfica y sectorialmente; avanzar hacia la desconcentración y diversificación productiva; a la integración interna de mercados y cadenas de valor, antes que a la subsunción de fragmentos geoeconómicos concentrados bajo el control oligopólico de grandes actores corporativos, internos y transnacionales.

Ese cambio transicional no sólo va en la dirección de una economía más autónoma, más productiva y sostenible, sino también en la de una sociedad más justa y democrática. Para abrirnos camino en esa dirección, es imprescindible tomar nota de que la sustentabilidad financiera no sólo no agota el campo de lo posible, sino que lo empobrece drásticamente; va a contramano de la justicia, la democracia; de la vida en sí.

Por el contrario, pensar en la sustentabilidad ecológica más que en la financiera, nos abre un horizonte para imaginar una vía de democratización material, radical de nuestra sociedad. Su requisito básico y factor de posibilidad pasa por un ciclo de movilización popular organizada dispuesta a resignificar los “recursos” como fuentes de vida; construir mayorías sociales dispuestas a reformular la ecuación política, emocional y tecnológica desde la cual concebimos y realizamos la producción social de nuestra existencia; adecuar nuestros modos de existencia a los procesos de la vida en la Madre Tierra en general; en fin, a redemocratizar/desmercantilizar la vida en y desde sus propias raíces.

*Integrante del Equipo de Ecología Política del Sur (CITCA CONICET-UNCA). Publicado originariamente en Grupo de Ecología Política del Sur.

Acuerdo con el Fondo Monetario y “crecer para pagar”: ¿Una salida progresista?

30/08/2022
A pesar de las certezas científicas sobre el agotamiento del modelo extractivista que nos lleva a la destrucción del único planeta con el que contamos, los gobiernos siguen empujándonos al abismo. Los negocios por sobre el ambiente, los dólares por sobre la naturaleza.
Fuente: El Ancasti
Por Manuel Fontenla*
Finalmente, el gobernador Raúl Jalil visitó Andalgalá. Lo hizo de manera exprés, evitando cruzarse con los vecinos de Choya reprimidos por la policía, con los asambleístas que caminan hace más de 650 sábados y sin acercarse al corte selectivo en el camino de altura a Agua Rica. Es decir, evitando todos los puntos de conflicto que mantienen a Andalgalá en un clima de hostilidad social hace meses, por no decir años.

Que Jalil se haya tomado meses para poner un pie en Andalgalá, es la más clara prueba de la falta de legitimidad social con la que cuenta la megaminería en ese departamento. En la principal provincia megaminera del país, en la que tiene más historia y más trayectoria, en la provincia que por excelencia se autodefine como “Minera”, es un síntoma inmenso el que su gobernador no puedo pisar el distrito con el mayor proyecto de explotación. Síntoma de una enfermedad que sus adictos se niegan a reconocer. Esa falta de legitimidad política y social, espera el gobierno pedírsela prestada a la Ciencia, con su propuesta de una Mesa científica.

Sin embargo, ¿qué sabemos en nuestra historia reciente de la relación entre ciencia y megaminería? ¿Hay experiencias donde la ciencia haya dirimido un conflicto social? ¿Puede un informe científico servir para lograr un consenso social?
Me gustaría señalar dos caminos para responder estas preguntas. Señalarlos en el sentido literal, a penas mostrarlos para que cada lector pueda recorrerlos, buscar la información y sacar sus propias conclusiones. Un camino local y otro, internacional.

1. Experiencias locales.

Argentina cuenta con una de las más tristes y celebres experiencias científicas en relación al modelo económico de la sojización que utiliza agrotóxicos. Me refiero a la experiencia de los Campamentos Sanitarios que realizaba la Universidad Nacional de Rosario. Para calibrar la importancia de este fenómeno, vale señalar que en 2016, el responsable académico, y coordinador de los campamentos sanitarios y director del Instituto de Salud Socioambiental, Damián Verzeñassi, fue el único argentino en brindar testimonio en el Tribunal Internacional Monsanto que se realizó en La Haya. La experiencia de los campamentos sanitarios, recabo información científica sobre los efectos perjudiciales para la salud humana y para la naturaleza del uso de agrotóxicos en Santa fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. A esa experiencia se han sumado, una cantidad inmensa (realmente inmensa) a nivel local como mundial de estudios sobre las enfermedades que produce, principalmente, el uso de glifosato y otros agrotóxicos en general. Incluso, contamos con la experiencia del famoso caso del pueblo fumigado de Ituzaingó, donde un conjunto de madres, a partir del año 2001, se movilizaron por el aumento en la cantidad de casos de cáncer infantil y en adultos, malformaciones congénitas, leucemia, abortos espontáneos, hipotiroidismo, entre otras enfermedades. Luego de 10 años de resistencia y movilización, las madres de Ituzaingó lograron llevar a juicio su caso, y en 2012, fueron condenados los responsables por “contaminación ambiental dolosa”. (1)

Ahora bien, a pesar de una abrumadora verdad científica, el gobierno argentino, sigue promoviendo, subsidiando y negociando con agrotóxicos. Más aún, argentina es uno de los países que lidera a nivel mundial su utilización por metro cuadrado. ¿de qué ha servido entonces la ciencia? ¿Qué cambios produjo toda la evidencia sobre los agrotóxicos en las políticas agropecuarias nacionales?…

El segundo caso local, nos toca más de cerca: los derrames de cianuro de la mina Veladero en San Juan. En los años 2015, 2016 y 2017, la mina tuvo varios derrames sobre la naciente del rio Jáchal, que alimenta al pueblo del mismo nombre. Como es obvio, durante todo el proceso de apertura de la mina (el mismo que ocurre hoy con MARA), la Barrick Gold y el gobierno de San Juan, negaron hasta el hartazgo cualquier posibilidad de incidente. Juraron y perjuraron que el proyecto era seguro, que no habría riesgos, que nada podía salir mal. Pues lo cierto, es que luego de que la Asamblea Jáchal, denunciara a la empresa, esta última reconoció que hubo varios derrames, uno de ellos de 15 mil litros de cianuro en la naciente del rio. A pesar de que se demostró científicamente que la presencia de metales pesados en el rio Jáchal era 28 veces superior luego del derrame, la mina siguió operando y funcionando. Como era de esperarse, la justicia inclino la balanza a favor de los empresarios poderosos y los gobernantes corruptos. Hasta el día de hoy, Veladero sigo operando como si nada hubiese pasado, y el pueblo de Jáchal, que se quedó sin su principal fuente de agua, sigue pidiendo justicia.

Ambos casos comparten un mismo aprendizaje: la ciencia no puede doblegar al poder político-empresarial (2). Es una ingenuidad inmensa, por no decir, una tomada de pelo, creer que un gobierno prominero, y una empresa accionaria de un proyecto minero, pueden elaborar un informe científico imparcial.

2) Experiencia internacional

Para una gran cantidad de científicos a nivel mundial, este párrafo que voy a escribir, es tan obvio, que debería indignarlos tener que leerlo. Pero este es justamente el problema con la ciencia, que no importa cuán obvio y claro sea su análisis, la sociedad también se guía y construye sus opiniones por un montón de otros discursos. Es decir, la ciencia, es tan solo, un discurso más entre otros, el político, el espiritual y religioso, el cotidiano, el “sentido común”, el histórico, el comercial, etc. Etc.

Pero, ¿Cuál es la obviedad que indigna a lxs científicxs? La que hace meses fue publicada y mundialmente comentada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Nuevamente, apenas se pueden señalar todas las implicancias del informe, y todas las ALARMAS, que la ciencia nos está dando sobre el cambio climático y los modelos económicos que en la actualidad impactan de manera irreversible en nuestro ambiente. La información científica, a veces es demasiado simple. Pareciera que necesitamos una compleja y elaborada respuesta, en lugar de un claro y sencillo argumento, del tipo, “esto ya no es posible”. Hoy la ciencia nos dice algo sencillo y contundente: ya no podemos explotar más la naturaleza. No podemos seguir permitiendo megaproyectos económicos, que utilizan millones de litros de agua y explotan por los aires, miles de toneladas de montañas. Simplemente, ya no son viables los proyectos que alteran drásticamente la naturaleza (proyectos como el de MARA, como todos los de litio en Fiambalá y Antofagasta)

3. La ciencia ya habló

No necesitamos la Mesa Científica de Jalil, ya existen muchas certezas científicas de que este modelo no sirve, nos empuja a un umbral invivible y destruye nuestro único mundo. Nos estamos ahogando, y ningún manotazo nos va a salvar. Es ahora de tomar decisiones políticas serias, pensando en el futuro y en la vida. Esa decisión implica decirle: No a los negocios por sobre el ambiente. NO a los dólares por sobre la naturaleza. No a la riqueza de unos pocos, por sobre la pobreza de una mayoría. No a la megamineria, sí a la vida.

[1] Para información sobre el caso y la problemática, puede consultarse: Blois, P. (2018). Ciencia, glifosato y formas de vida. Una mirada antropológica sobre el debate en torno a los agroquímicos; Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz Editores.

[2] Para interiorizarse en ambos casos y la relación ciencia-poder, recomendamos enfáticamente, el libro del biólogo y filósofo, Guillermo Folguera, “La ciencia sin freno: de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas” (2020).

(*) Doctor en Estudios Sociales de América Latina

Un “manotazo de ahogado”: ciencia, política y megaminería

14/08/2022
Según informa OPI Chubut, el Gobernador Mariano Arcioni compartió con su padrino Sergio Massa y con el Ministro Wado de Pedro el encuentro oficial en la provincia de Neuquén donde participaron de la Expo Oil & Gas Patagonia 2022 que se realiza en el Espacio Duam y que contó además con la visita del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.

Tras los halagos de rigor de Arcioni a su amigo Massa y el mensaje esperanzador de los anuncios que beneficiarán a nuestra provincia, según el mandatario provincial Sergio Massa dijo “Los minerales raros y algunos en particular van a ser parte de la batalla de los próximos 20 o 30 años y uno mira a la Argentina y dice: ‘Ahí están’. Tenemos la oportunidad porque nos podemos transformar en uno de los grandes jugadores a nivel global del litio”.

“Cuando uno mira al sector energético, – prosiguió el Ministro – que es la cuarta gran batalla de la economía global, uno siente que acá está parado sobre uno de los grandes pilares del desarrollo económico argentino“, siguió refiriendo Massa.

Wado De Pedro expresó que “Tenemos acá en la Patagonia el 30% del territorio y el 6% de la población. Entendimos que no hay federalismo si no hay trabajo genuino en cada uno de los rincones de la Argentina y para romper con una inercia de muchísimos años. Es el objetivo que nos pusimos desde el Ministerio y siempre doy un ejemplo; Tiene que ver con la provincia del Chubut. Es un ejemplo que me gusta mucho, y tiene ver con cómo una decisión planificada, pensada estratégicamente, puedes generar lo que la mayoría de los argentinos y las argentinas decimos que queremos y de lo que tenemos ganas, que es que Argentina tenga muchos polos productivos, que cada provincia sea una economía regional que funcione, que genere trabajo, empleo, educación”.

Todo esto no es otra cosa que preparar el terreno para forzar la explotación minera en Chubut, como lo advertimos en nuestro informe anterior; no hay mucho más para agregar. La decisión ya está tomada y de acuerdo a fuentes consultadas, en los próximos días comienza una fuerte campaña con el fin de avanzar con la estrategia minera en Chubut de una manera organizada en conjunto con las empresas mineras y petroleras.

En una nota anterior del mismo medio, Giuliano Ventura afirmaba que el gobierno de Mariano Arcioni a pedido de Alberto y Cristina han hecho lo imposible por facilitar el ingreso de las empresas mineras a la provincia, pero la oposición pública de los habitantes les ha impedido convalidar el ingreso de la megaminería a Chubut.

Sin embargo, los últimos acontecimientos en materia de política nacional, con el posicionamiento de Sergio Massa como ministro y la ubicación en el Ministerio de Energía de la funcionaria pro minera Flavia Royón, indicaría que todo se reencauzará en materia de explotación minera en Chubut, habida cuenta de la amistad que tienen el nuevo Ministro y Mariano Arcioni.

El nuevo eslabón político cuenta, además, con el respaldo y el impulso de un grupo empresario amigo del ministro, que tienen acciones en empresas mineras y especialmente están interesados en la explotación del litio, el oro y la plata.

Con este nuevo enroque político, las fuentes consultadas en la provincia, aseguran que la comunicación más aceitada de Massa con el mandatario provincial y la sintonía política que tienen ambos, confluirá para incentivar la iniciativa minera en el macizo central, donde las prospecciones han dado una excelente cantidad de material extraíble mediante la modalidad de cielo abierto, es decir megaminería, tan resistida por la población de esta provincia, los organismos ambientales, las ONGs y las Fundaciones que se oponen al desarrollo de la misma y no le otorgan la denominada “licencia social”, con el agravante de los desmanes que se han producido cuando la insistencia del gobierno contradice la voluntad de los pobladores de la región.

La expectativa en círculos políticos de la provincia, es que a partir de esta nueva realidad nacional, el gobernador Mariano Arcioni buscará reinstalar la discusión teniendo como argumento la necesidad de buscare una salida económica y financiera para el ahogo que tiene Chubut y de esa manera cortar la dependencia directa con el gobierno nacional o al menos disminuir la ayuda financiera para tapar un déficit que Chubut no puede bajar.

Sin duda se espera que desde la oficina de Massa en los próximos días se articulen medidas para generar una nueva embestida minera en Chubut. Arcioni tiene previsto un viaje a Buenos Aires para conversar con su amigo, entre otras cosas y fundamentalmente el tema de financiamiento y la posibilidad de retomar la estrategia para desarrollar la megaminería en esta provincia.

¿Nueva embestida minera en Chubut?

13/08/2022
La Municipalidad de Córdoba, luego de varios accidentes industriales e irregularidades normativas, obliga a trasladar la vieja planta de producción de dióxido de uranio de la empresa Dioxitek. El lugar elegido fue el Polo Tecnológico de la ciudad de Formosa que está ubicado a escasos 4 kilómetros de la Comunidad Toba de Nam Qom. En el año 2014, dicha Comunidad presentó un recurso de amparo para que se efectivice el derecho a la consulta previa y participación, tal como lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. El 2 de agosto próximo pasado se estableció que la decisión estará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por: Cristian Basualdo – Periodista ambiental.
Ilustración: Ana Rosa Feldman y Suárez – Diseñadora gráfica.

La Comunidad Toba de Nam Qom promovió en 2014 una acción de amparo por la instalación de una planta de producción de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek SA. La tramitación judicial demoró en determinar el fuero que debía resolver el amparo. El 2 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte”. En los considerandos, el máximo Tribunal advirtió “la constatación de circunstancias excepcionales de magnitud que exigen el conocimiento de la causa”.

El amparo fue presentado contra el Estado Nacional, la Provincia de Formosa y Dioxitek, a fin de que se efectivice el derecho de la Comunidad Toba de Nam Qom a la consulta y participación contemplado en los artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional; y 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Como así también, de defender, en una instancia posterior, su derecho a un ambiente sano.

La denominada Nueva Planta de Tratamiento de Uranio (NPU) se construye en los terrenos del Polo Tecnológico de la ciudad de Formosa, a unos 4 kilómetros del barrio Nam Qom, Lote 68, que desde el año 1985 se encuentra afectado al régimen de propiedad comunitaria y del cual la comunidad es titular.

Según información de Dioxitek, la NPU realizará “la purificación y conversión del concentrado de uranio, proveniente de los centros mineros fabriles de nuestro país y/o de importación y/o proveniente de reciclo a través de procesos químicos, obteniendo como producto final dióxido de uranio de pureza nuclear”. La obra civil finalizó y se está montando el equipamiento. La última información disponible en las redes sociales de la empresa está relacionada con el montaje del área de Evaporación.

El senador Luis Naidenoff (UCR), uno de los promotores del amparo en representación de la Comunidad Toba de Nam Qom, dijo que “si hay que llegar hasta la Corte y pasan ocho años, no importa el tiempo, pero hoy estamos en la Corte y va a resolver si realmente se vulneraron o no el consentimiento libre e informado y si la instalación fue de prepo es decir si es válida o no”, en declaraciones a Radio Parque.

Dioxitek opera una vieja planta en la ciudad de Córdoba con un frondoso prontuario de accidentes industriales e irregularidades normativas, que la convirtió en una pesadilla para los vecinos del lugar. La empresa se maneja con extrema cautela a la hora de comunicar qué pasará con esta planta ubicada en Rodríguez Peña 3250, del barrio Alta Córdoba, para no intranquilizar a los trabajadores sobre el futuro de la fuente laboral, según informó La Voz del Interior. Una opción que se maneja es la instalación de una planta de irradiación de alimentos e instrumental médico.

En 2012 la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo, no tener habilitación de bomberos y no cumplir con normas de higiene y seguridad. Entonces se firmó un acuerdo para relocalizarla, y ante el incumplimiento por parte de la empresa, se repitió la clausura en 2014. Así las cosas, en 2016 Dioxitek pidió a la Justicia Federal una declaración de derecho. En enero de 2017 se firmó un nuevo acuerdo, con el Juez Federal Miguel Vaca Narvaja como garante, con el compromiso de cierre en diciembre de 2018, que se fue prorrogando. En 2021 se suscribió una nueva prórroga con la Municipalidad de Córdoba, que extendió la autorización para operar hasta diciembre de 2024. A cambio, la empresa se comprometió a entregar dos mil luminarias led, una ganga si consideramos las 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja intensidad, depositadas sin membrana ni sistema de contención, en lo que se conoce como “el chichón” de Alta Córdoba.

La Corte Suprema resolverá el amparo de la Comunidad Toba contra Dioxitek.

Darío Aranda 08/08/2022
El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50.000 hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.
Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. «Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios», afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50.000 hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el «cierre de tranqueras a las mineras» y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. «Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas», destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. «Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)», se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es «pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)». Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. «En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros», afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: «La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos».

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. «Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos», explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: «La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país».

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de «hidrógeno verde», que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625.000 hectáreas en la meseta de Somuncurá. «En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos», explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: «Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio». Recordaron que dentro de las 625.000 hectáreas «está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche».

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 8 de agosto de 2022 en Agencia Tierra Viva.
** Foto: Hernán Vitenberg.

04/08/2022
Aseguran que ellos no pidieron la creación de otro municipio. Además, afirman que oficialmente se desvirtuó el discurso de la cacica de Laguna Blanca, quien en realidad se manifestó contra la minería.
Fuente: Página12
Las comunidades indígenas que pertenecen la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta se manifestaron luego de que el Gobierno de Catamarca participara el 1 de agosto de la celebración de la Corpachada a la Pachamama y les entregara el proyecto que prevé la creación de un nuevo municipio en su zona. Aseguraron que oficialmente se descontextualizó el discurso de la cacica de Laguna Blanca, quien habló contra la minería y dijeron que el proyecto de la nueva comuna “llegó a las comunidades y sin que hayan podido tener una real participación en la discusión y elaboración del mismo”.

En diálogo con Catamarca/12 la abogada de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, Andrea Morales Leanza, explicó que la versión oficial de lo que sucedió el 1 de agosto en Laguna Blanca “contribuyó a la confusión general que solo pueden producir desunión en el movimiento indígena en momentos en los que muchas comunidades de la Unión están siendo sistemáticamente violentadas por funcionarios del Gobierno provincial y miembros de las empresas mineras que en asociación con el Gobierno están presionando para instalar definitivamente un emprendimiento minero en la región de Laguna Blanca”.

En el parte de prensa oficial sobre el tema, se anunció que el Gobernador Raúl Jalil había entregado “el instrumento legal” de creación del nuevo municipio de Laguna Blanca y que “la confirmación legal de la nueva comuna era un anhelo de las comunidades”, entre otras cosas.

Molares Leanza, explicó que actualmente la Unión que representa está compuesta por las comunidades de Laguna Blanca, Corral Blanco, Peñas Negras, Llastay Ñan, Azampay, Quimivil, Las Vallas y Las Lajas.

En este contexto, aclaró que en la región de Laguna Blanca, donde quedaría comprendido el nuevo municipio, conviven siete comunidades: “Carachi, Aguas Calientes, La Angostura, Peñas Negras, Yastay Ñan, Laguna Blanca, y Corral Blanco. De éstas sólo las primeras tres se han declarado a favor del proyecto minero Alto El Mulato – el pedimento minero se localiza en territorio de Peñas Negras-, traicionando y abandonando la organización a la que pertenecían, (la Unión de Pueblos) incumpliendo además los acuerdos intercomunitarios que están en la base de dicha organización indígena”, aseguró.

Las otras cuatro comunidades sostienen que dicho proyecto minero “atenta contra nuestro modo ancestral de vida, nuestra cultura y nuestra Madre Tierra Pachamama haciendo peligrar nuestra existencia comunitaria” y que la empresa minera “vino a perturbar nuestra vida en comunidad, llegando con intereses, valores y formas contrarias a los nuestros”, tal como afirmaron previamente en un comunicado emitido el 3 de julio.

En este contexto, la abogada aclaró que “es falso que el nuevo municipio estaría integrado por comunidades indígenas a favor de la actividad minera, porque de las siete que lo componen sólo tres estarían en todo caso a favor de que se realice dicha actividad en la región”.

Municipio

Por otra parte, Morales Leanza explicó que el origen de la creación del nuevo municipio “no nace en el interior de la Unión Diaguita ni responde a sus formas de gobierno indígena, sino a las formas e intereses del gobierno no indígena”.

En este marco, la abogada citó el comunicado del 3 de julio en donde las comunidades se refirieron a esta proposición estatal: “Manifestaron que tendría que ser un municipio indígena, conforme a sus formas ancestrales de gobierno y buen vivir, en una relación armónica con la naturaleza, nuestra Madre Tierra Pachamama y sobre lo cual tienen el derecho a decidir en razón a su derecho a libre determinación y autogobierno”.

Según aseguró, las comunidades “no tuvieron una participación real en la elaboración del proyecto de este nuevo municipio, y lo que el Gobernador les entregó no fue un instrumento legal sino una copia de un proyecto del que ellos no habían participado como es su derecho según consta en la ley nacional 24.071.

Las comunidades, al informarse sobre éste proyecto lo que solicitaron fue tener un municipio indígena, que nada tendría que ver con el municipio Estatal que se propuso y que lo que aportaría sería “un reconocimiento de sus tierras. Es como lo que sucedió en el municipio de Tilcara en Jujuy. Es reconocer que allí se encuentran comunidades con un modo de vida propias, no significa una gran transformación, pero si es una gran avance en el reconocimiento de sus derechos de que existe otra cultura y nación. Significaría adecuar la estructura del municipio de Laguna Blanca a la cosmovisión de las comunidades que allí habitan”, explicó Morales Leanza.

Descontextualizado

La abogada señaló que información enviada de manera oficial, “deja entrever que el Gobernador goza de la licencia social como para instalar el tema de la minería en la región de Laguna Blanca cosa que dista de la realidad, mostrando frases que podrían interpretarse como de espíritu conciliador, cuando dice que ´tiene que tener un impacto que mejore lo económico y social».

“Esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad cuando en realidad ellos son criminalizados solamente por exigir lo que marca Convenio 169 de la OIT, exigiendo a la empresa minera que realice la consulta libre, previa e informada, cosa que aún no ha realizado y, a pesar de ello, el gobierno sigue dándoles respaldo a la empresa minera”, manifestó.

En este sentido, dijo que el gobierno provincial, “no sólo no tomó cartas en el asunto para garantizar que se resguarden los derechos indígenas sino que se continúo articulando acciones con los representantes de esta empresa en contra de la Comunidad Indígena de Peñas Negras. Mientras que, por otro lado, se desliga también de los acuerdos provinciales, nacionales e internacionales de respeto por el medioambiente dado que Laguna Blanca ha sido declarada en 1979 como Reserva Natural de Vida Silvestre y, en 1982 como Reserva de Biosfera en el marco del Programa Man and Biosphere de UNESCO y finalmente en 2009 como sitio RAMSAR por sus humedales”.

Por último, Morales Leanza advirtió que las palabras de la cacica de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez, fueron descontextualizadas ya que emitió un discurso en contra de la actividad minera y no a favor. Así destacó lo siguiente de que dijo la autoridad indígena:“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla (a la tierra) y defenderla de todos aquellos que quieren hacer dinero con ella saqueándola, dinamitando los cerros, secando y contaminando las vegas, los ojos de agua, los ríos, las lagunas. No se pueden sacar esos metales de nuestra tierra sin destruirla y empobrecernos (…) Por eso la gran lucha que tenemos, que estamos teniendo las organizaciones indígenas contra los terratenientes que nos tenían como esclavos, nos abusaban y encima nos quitaban lo que teníamos, empobreciendo las generaciones –díganos si no es así– y ahora también las empresas mineras que llegan para querer saquear nuestros territorios, con mentiras y falsas promesas, pretendiendo que vendamos a la Pachamama por dos monedas. Kusiya, Kusiya, Pachamama (alégrame, ayúdame)”, dijo Gutiérrez.

Comunidades indígenas aseguran que el Gobierno y las mineras desconocen sus derechos

08/08/2022
El inacabable verso de la «minería responsable» suma un nuevo ejemplo. Ya dijimos en esta página que es el oxímoron de moda y hace 10 años informábamos sobre una situación similar. La Responsabilidad Social Empresarial es cosmética pura.

Cinco tambores de cianuro están acopiados en un polvorín que pertenece a la mina de hierro de Sierra Grande. Sin embargo, no hay ningún plan propuesto para su disposición final, y, debido a esto, un legislador denunció su existencia para que el gobierno de la Provincia indague y se ocupe de hallar un destino para los tóxicos.

El veneno se encuentra en el mismo lugar en el que está almacenada una gran cantidad de PCB, otro compuesto altamente contaminante que en su momento se encontraba en los transformadores de energía eléctrica.

El gobierno nacional está llevando adelante un programa para disponer de ese material, que, tal como ocurre aquí, se encuentra arrumbado en varios puntos del país. Debido a esto recientemente funcionarios del área realizaron una visita a la mina. Allí se descubrió, además, el cianuro. Pero para éste no existe un abordaje que promueva su erradicación.

La existencia del cianuro quedó en evidencia cuándo la comitiva nacional realizó una inspección ocular en ese polvorín. Lo riesgoso es que tanto los locales como el resto de los presentes no parecieron preocuparse por ese otro veneno. Y si bien para el PCB se iniciará un proceso con la intención de que se realice su disposición final, para este tóxico no hay planes» manifestó Facundo Montecino Odarda (Frente Renovador), el dirigente que alertó sobre el material.

Debido a esto el legislador envió tres notas, con la intención de que el tema se aborde. «Le mandamos una a la Defensora del Pueblo, otra a la titular del área de Ambiente Dina Migani y la última al procurador general Jorge Crespo para que instruya a los fiscales». Hasta el momento no hubo novedades sobre las actuaciones de cada uno de los destinatarios.

¿El mismo veneno que años atrás se trasladó a Las Grutas?

En 2011 tres tambores de cianuro provenientes de Sierra Grande fueron hallados en un campo ubicado al sur de Las Grutas, propiedad de la familia Tarruella. La denuncia de un vecino del lugar alertó acerca del tema, y el área de ambiente de la Provincia intervino para que el material retornara, ya que se supo que formaba parte del pasivo ambiental de Hiparsa, que la Provincia debía remediar.

Se desconoce si esos toneles hoy son parte de la partida hallada en el polvorín de la mina.

En su momento el tema provocó una profunda indignación. Se descubrió que el contador y por entonces liquidador de los bienes de Hiparsa Alejandro Tarruella fue quien contrató a la cooperativa de servicios Cotrasao para mover los citados toneles desde Sierra Grande hasta el balneario, sin ningún recaudo y de manera ilegal. Lo que nunca se supo fue la intención que tuvo esa maniobra.

Hoy, ese compuesto químico que es sumamente tóxico tanto para los seres humanos como para el medio ambiente vuelve a estar en la mira de las autoridades.
Fuente: Río Negro

Denuncian la existencia de tambores de cianuro en Sierra Grande