09/09/2020
Salar pedernales

Es un proceso de concurso público para llevar a cabo la prospección hidrogeológica de dichos yacimientos.

En el marco de la estrategia de desarrollo del litio, la Enami lanzará hoy un proceso de licitación pública para la prospección hidrogeológica en sus salares Infieles y Aguilar, ubicados en la Región de Atacama. Se trata de un paso clave en avanzar hacia la explotación de dichos yacimientos, ya que con este estudio la estatal podrá contar con información más precisa del comportamiento de este tipo de salares, y de forma preliminar establecer el potencial de reservas de litio.

El objetivo es maximizar los recursos que provienen de estos depósitos en medio del boom que se espera para el mineral hacia 2025, donde la industria apunta a una demanda por un millón de toneladas de litio a nivel mundial. La estatal estima que poner en marcha la explotación de estos salares tardaría unos cinco años.

“Fomentar la minería no metálica es una tremenda oportunidad, pues no solo nos permitirá avanzar hacia la diversificación de nuestra cartera productiva, sino que también presenta un escenario positivo para la configuración de encadenamientos productivos regionales, generando un significativo aporte en el progreso de las economías locales”, explicó Robert Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami.

Entre las principales actividades que busca desarrollar a través de esta licitación figura la ejecución de muestreos hidroquímicos, geofísica y modelamientos hidrogeológicos conceptuales. Estos reconocimientos tendrán una duración aproximada de seis meses. En paralelo, la estatal cuenta con un acuerdo con la startup Lilac Solutions, firma ligada al empresario norteamericano, Bill Gates, que busca probar en Chile su tecnología, la que reduciría sustancialmente el uso de agua y tiempo en el proceso de extracción del mineral.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica valoró la iniciativa y comentó: “Con este anuncio, Enami entra oficialmente a la carrera por el litio, respondiendo al llamado por el Presidente y al acuerdo del directorio. Esta es una gran noticia para Chile, pues con este anuncio las dos empresas públicas mineras del país están desarrollando sus pertenencias de litio”.
Fuente: El Mercurio

Enami lanza licitación para desarrollar nuevos salares

09/09/2020
Estatal señala que la firma modificó este año la forma de pago de comisión en un convenio por producción y comercialización de litio, y analiza pasos a seguir.

Un nuevo conflicto en la industria del litio se viene fraguando sigilosamente en medio de la pandemia. Los protagonistas son Corfo y Albemarle quienes hace sólo dos años se enfrentaron en un arbitraje por no lograr un entendimiento respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio, cuyo objetivo era implementar una industria de valor agregado en Chile.

Esta vez, la agencia estatal reclama a la competidora de SQM en el Salar de Atacama por incumplimientos en pagos por un contrato, deuda que alcanzaría casi US$ 11 millones.

El caso se remonta a un convenio básico que el 13 de agosto de 1980 suscribió Corfo con la entonces empresa Foote Minerals Company (actual Albemarle Lithium). El objetivo era desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Atacama en parte de dichas pertenencias y de constituir una sociedad para la producción y venta de productos de litio, libre del pago de regalías o de otros cargos, y para la comercialización de productos de magnesio que se extraigan y procesen a partir de las salmueras. En este último caso, sujeta al pago de una comisión sobre el precio de venta.

En ese contexto, Foote Minerals Company y Corfo crearon la Sociedad Chilena de Litio Ltda. -SCL, luego Rockwood Litio Limitada y actual Albemarle Limitada-, con una duración igual al plazo necesario para explotar, producir y vender 200 mil toneladas métricas de litio metálico equivalente, estableciéndose un plazo inicial de 30 años, prorrogables automáticamente por plazos sucesivos de cinco años cada uno. Luego, Corfo dejó de ser parte de esta sociedad.

Pese a todo, el convenio básico se encuentra vigente y ha sufrido diversas modificaciones, siendo la última de ellas el denominado “anexo al convenio básico” que se firmó el 25 de noviembre de 2016. Entre algunos de los ajustes que se zanjaron fue que Corfo autorizó a Albemarle una nueva cuota para la producción y comercialización de litio, adicional a la ya existente, asociada a nuevas inversiones para expandir la capacidad productiva de la compañía.

Así, en ese anexo se estableció que Albemarle pagaría a Corfo una comisión sobre las ventas de productos de litio y demás productos extraídos del Salar de Atacama.

¿Cómo se define el pago? Para el cálculo de la comisión deben aplicarse reglas orientadas a que el precio que sirve de base de cálculo para la aplicación de la comisión, sea el valor que haya sido efectivamente pagado por el producto respectivo a Albemarle o a sus partes relacionadas por un tercero no relacionado.

En el caso que exista una concentración de ventas de Albemarle a terceros relacionados, la comisión correspondiente al trimestre respectivo se pagará sobre un precio provisional, reliquidándose las diferencias positivas con el cálculo de la comisión sobre la base del precio que fije un experto independiente.

La última palabra para la designación de este perito la tiene Albemarle quien elige a partir de una terna propuesta por la agencia estatal. Aunque puede cambiar el nombre en el futuro, en los últimos dos trimestres se ha elegido a Francisco Parro.

Y aunque desde la entrada en vigencia de este anexo en enero de 2017 se aplicó el contrato sin mayores problemas, estableciendo como precio provisional de pago de la respectiva comisión -ante la concentración de ventas de Albemarle- aquel que definía el perito para el trimestre anterior, las cosas cambiaron este año.

Según asegura Corfo al ser consultada por la aplicación de este contrato, “en el primer trimestre de este año Albemarle tomó la decisión de pagar el monto de la comisión provisoria, correspondiente al primer trimestre de 2020, de acuerdo a lo que ellos consideraron era el ‘espíritu del Anexo’, no tomando como referencia el valor definido por el perito, como se había realizado hasta esa fecha”.

“Corfo considera que los contratos son una ley para las partes y, por tanto, no es aceptable que Albemarle decida por sí y ante sí modificar la forma de pago de la comisión”, afirma.

De acuerdo a la agencia estatal, Albemarle adeuda a la fecha US$ 10,9 millones, que corresponde a la suma de las diferencias a favor de Corfo de US$ 7 millones del primer trimestre y de US$ 3,9 millones del segundo trimestre de este año.

Corfo explica que, cuando se detectaron las diferencias a principios de mayo, realizó un reclamo formal impugnando la liquidación de pago. Pero, según la estatal, “Albemarle entregó una respuesta basada en su propia interpretación de la cláusula respectiva”, cuyos argumentos se basan en el “espíritu del contrato”. Por lo tanto, agrega, “esta vía del diálogo no ha sido satisfactoria”.

“Corfo debe velar siempre por el interés público comprometido en la correcta ejecución y cumplimiento del contrato celebrado, así como en el resguardo del patrimonio fiscal, estando impedida de realizar acciones que excedan los términos y contenido de los contratos celebrados, como pretende la empresa al querer imponer una interpretación que difiere de la forma en que, hasta la fecha del incumplimiento, las partes habían venido cumpliendo sus obligaciones”, enfatiza.

¿Se inicia nuevo arbitraje?
Desde Corfo reconocen que con Albemarle nunca ha habido una situación de incumplimiento en los pagos de las comisiones por venta de productos. “En materia de ejecución contractual no se sientan ‘precedentes’. Acá hay un problema puntual que tenemos con Albemarle relativo a una interpretación que ellos quieren dar a una cláusula del contrato. En ese sentido, debemos solucionarlo de la forma como el contrato señala”, dicen.

Sin embargo, los acercamientos entre las partes estarían en punto muerto, por lo que la estatal estaría analizando sus pasos a seguir. Las alternativas para zanjar la disputa están en el propio contrato que, si bien no contempla sanciones o cláusulas penales, sí consigna una cláusula de arbitraje para la resolución de conflictos ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Consultado, Albermarle declinó referirse al respecto.

Bitran: “El no pago es un incumplimiento grave”

Quien conoce este tipo de controversias es el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran. Consultado, sostiene que el conflicto tiene similitudes con el episodio entre la Corporación y SQM en 2013, donde la estatal inició acciones judiciales contra la minera no metálica por incumplimientos de contratos.

Ante este contexto, Bitrán plantea que se deberían tomar acciones legales similares. “El no pago es un incumplimiento grave del contrato, Corfo tiene las herramientas jurídicas para actuar en esta materia y es algo que deben estar estudiando para actuar”, recalca, agregando que “Corfo tiene que buscar que se pague lo que corresponde”.

Desde Corfo precisan que el monto adeudado en relación al presupuesto total vigente de la Corporación representa cerca de un 1%, siendo de todas formas relevante dado los recortes presupuestarios que se han realizado por la crisis sanitaria.

“Más allá del impacto que dicha deuda pudiera provocar, lo relevante acá es que sea cual sea el monto, Corfo está obligada a defender el patrimonio fiscal y a hacer valer siempre la correcta ejecución y cumplimiento contractual”, advierten.
Fuente: Diario Financiero

Corfo reclama a Albemarle incumplimientos de pagos en contrato por casi US$ 11 millones

4/9/2020
Pese a que la minera duplicará su capacidad de oferta desde el próximo año, espera un impacto en la demanda por los efectos de la pandemia sobre la electromovilidad.

Hasta un 10% ha crecido la producción de carbonato de litio de Albemarle en Chile, pese a los efectos de la pandemia y a los planes de contingencia que implementó la firma, que aún mantiene a casi un 15% de su dotación desmovilizada. Los impactos de la crisis sanitaria han venido por otro lado para la minera, según explica su Country Manager, Ellen LennyPessagno.

“El equipo comercial ha identificado dónde iba a haber mermas en la demanda, y por suerte han buscado otros clientes, acá en Chile no solo hemos seguido produciendo, sino que logramos producción récord, gracias a las optimizaciones que veníamos haciendo”. En esta línea, la minera también logró mantener en pie sus proyectos de expansión, los que consideran una inversión de US$ 700 millones y que entrarán en operación el próximo año.

Dicho desembolso permitirá a la minera doblar su actual capacidad de producción de carbonato de litio hasta 80 mil toneladas al año. Sin embargo, la líder de la norteamericana advierte que dicho crecimiento no será automático, sobre todo considerando el impacto que ha existido en el mercado por la pandemia.

Por ejemplo, la estimación de ventas de vehículos eléctricos hacía prever un crecimiento de casi el 40% durante este ejercicio, cifra que según las proyecciones actuales, van desde un crecimiento plano hasta uno cercano al 20%.

“El próximo año se inauguran los proyectos, lo que nos dará la capacidad de duplicar la producción, que no quiere decir que lo hagamos durante 2021. Lo más importante es que vamos a producir en base a la demanda, estamos en momentos de cambios y aún no tenemos pronósticos fijos, porque va a depender de lo que requieran nuestros clientes”, explica Ellen Lenny-Pessagno.

Según los antecedentes que maneja la firma norteamericana —principal productora a nivel mundial—, las estimaciones de crecimiento se han visto retrasadas en un año aproximadamente, pero manteniendo un peak previsto para 2025. “En Albemarle no hemos cambiado nuestras estimaciones para 2025. Seguimos esperando que la demanda sea de un millón de toneladas, con el crecimiento retrasado en 2020.

Eso significa una curva más pronunciada desde 2021 hasta 2025”, señala la ejecutiva. En este escenario, la firma se sostiene en acuerdos de largo alcance con sus clientes, lo que ha permitido capear los efectos en el precio producto del impacto de la pandemia. “Si bien hay muchos proyectos en carpeta, no está claro cuáles recibirán financiamiento, sobre todo, dado el escenario de precios que hay por estos días.

Eso nos da una ventaja, tenemos plantas y recursos estratégicos, además del Salar de Atacama y Tallison, hemos hecho una alianza estratégica en Australia, donde tenemos otro recurso”, asegura Lenny-Pessagno. Valor agregado Entre las obligaciones del contrato de explotación del Salar de Atacama, Albemarle debe compartir el 3,5% de las ventas del mineral, realizar aportes en I+D, y facilitar parte de su litio para productores que se instalen en el país.

Sin embargo, este proceso que está a cargo de Corfo, no ha presentado mayores avances, principalmente por el desinterés de las compañías productoras.

Consultada al respecto, la Country Manager de Albemarle apunta a que se debe a varios factores. “Hoy la mayoría de la producción de baterías está en Asia, Europa está abriendo plantas y Estados Unidos también, por lo que creo que es cuestión de tiempo. En Brasil se producen muchos autos, en Argentina también, entonces quizás cuando una de esas fábricas comience a producir vehículos eléctricos, podría ser una oportunidad”.

La ejecutiva explica que en el cátodo, que es donde hoy se utiliza el litio, hay otros minerales que se necesitan y que no existen en Chile, por lo que tener uno de los componentes no da mucho incentivo a fabricarlo en un país y luego exportarlo, y para que eso cambie, se necesitaría de, al menos, una demanda regional.
Fuente: El Mercurio

Albemarle adecuará aumento de producción de litio a la demanda de sus clientes

3/9/2020
El mercado de autos eléctricos se mantendría bajo presión en los próximos años a causa de la pandemia.

El desempeño de los precios del litio y los pagos de dividendos de SQM preocupa a Moody’s. La clasificadora de riesgo informó esta mañana que ante dichos factores de riesgo, ajustó su visión para la minera no metálica.

Si bien Moody’s mantuvo la nota de SQM en Baa1, modificó su perspectiva a Negativa para reflejar “la alta incertidumbre respecto a los ingresos de la compañía a causa del desempeño futuro del litio”.

Además, la agencia crediticia manifestó su preocupación por los “grandes pagos de dividendos de SQM”, lo cual contribuye en la generación negativa de flujo de efectivos de la compañía desde 2018.

“La estrecha línea de productos básicos de la compañía, su tamaño relativamente pequeño y su política de pago de dividendos altos entre 2015 y 2019 también se incorporan a la calificación”, dijo Moody’s.

En concreto, la clasificadora de riesgo destaca que la caída de los precios desde 2018 redujo el margen bruto del segmento hasta un 15% o US$37 millones en el primer semestre, desde un nivel de 42% o US$120 millones apuntado en el mismo periodo del año anterior.

Impactos de la pandemia

“Además, la menor demanda de Asia como resultado de la pandemia de coronavirus ha impedido a SQM expandir los volúmenes de ventas de litio en 2020. Desde mediados de 2018, los precios del litio han caído considerablemente, a alrededor de $ 7.000 / TM hoy, desde alrededor de $ 16.300 / TM en 2018, lo que refleja la creciente capacidad de producción de litio (de Australia en particular), que a su vez condujo a un exceso de oferta en 2019. La caída de los precios se incrementó por la debilidad en la demanda de baterías ante un menor crecimiento en la venta de autos eléctricos”, explica Moody’s.

En ese sentido, la clasificadora agrega que plantea la incertidumbre respecto a cómo se comportará el mercado de autos eléctricos en los próximos años, en particular porque el sector depende de los incentivos de los gobiernos principalmente en China.

“Esperamos que las métricas crediticias de SQM se debiliten en 2020 impulsadas por la debilidad en el segmento de litio. Esto podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos por yodo y sales. En general, esperamos que el EBITDA sea de alrededor de US$ 630-650 millones en 2020, similar a los US$ 646 millones en 2019, terminando el año 2020 con un ratio cercano a 3.0x deuda a EBITDA (…) Los niveles de Ebitda se podrían recuperar en 2021-2022, a medida que los proyectos de litio de la compañía aumenten y el apalancamiento baje hasta alrededor de 2.7x en 2021 y 2.1x en 2022″, agrega Moody’s.

Eso sí, la clasificadora de riesgo destaca que la la posición de bajo costo de SQM entre los productores de litio, es una ventaja competitiva clave que permitirá a la empresa seguir siendo rentable incluso en un entorno de bajos precios del litio.

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio

Fuente: Pulso

Paula Huenchumil
Joaquín Riffo
26/08/202
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Fotografía: Nicolás de Camaret

Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.

El Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta y habitado ancestralmente por comunidades indígenas del pueblo atacameño, continúa siendo un territorio en disputa, principalmente por el interés que generan sus recursos por parte del sector empresarial, siendo SQM la protagonista.

Tal como señala el sitio web de una de las productoras mundiales de litio, hoy cuentan con “acceso exclusivo a las mayores y mejores reservas del mundo de caliche y salmuera. Se dispone de las más extensas reservas de yodo y nitrato, y también de las más altas concentraciones de litio y potasio de las que se tenga registro”.

Uno de sus actuales proyectos -que ha levantado la resistencia de las comunidades atacameñas- está ubicado a 60 kilómetros al sur poniente de Toconao, a 38 kilómetros al poniente de Peine y a 100 km. al sur poniente de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. «Se trata de una iniciativa dedicada a la producción de cloruro de potasio, sulfato de potasio, ácido bórico y salmuera rica en litio en las instalaciones que SQM posee en el Salar de Atacama, la cual contempla aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde del salar y aumentar el área de evaporación solar y acopio de sales de descarte en el núcleo”, según constata un fallo del Primer Tribunal Ambiental. de diciembre de 2019.

Dicho proyecto se vio envuelto en un procedimiento sancionatorio en noviembre de 2016, iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a SQM, luego que la entidad ambiental detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica, principalmente, relacionado a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Finalmente, en enero del 2019, la SMA decidió aprobar el Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM Salar S.A, avaluadas en un monto que asciende a $17.205.184.000 millones, equivalente a USD 25 millones.

Ante la decisión de la SMA, las comunidades de Peine, Camar y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presentaron en febrero de 2019, ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, una reclamación contra la SMA por la aprobación del Programa de Cumplimiento presentado por SQM. Finalmente, el 26 de diciembre del mismo año, en un fallo unánime, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de las comunidades atacameñas por la aprobación de SQM para la extracción de litio en el salar.

Pese a la sentencia, en junio de 2020, el Primer Tribunal Ambiental ofició al órgano fiscalizador luego de una solicitud realizada por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. De ese modo, se acusó que la Superintendencia “no ha realizado la reapertura del procedimiento sancionatorio por las infracciones medioambientales cometidas por la empresa”. Además, la organización aseguró que la empresa mantiene su comportamiento.

Así, la SMA no sólo siguió con una actitud pasiva frente a la situación, además defendió el plan ambiental de la minera SQM, e incluso apeló a la Corte Suprema. Sin embargo, el caso tuvo un nuevo revés y el 11 de agosto la SMA presentó un documento desistiendo de los recursos de casación en la forma y fondo que había presentado en enero en Suprema contra la sentencia dictada por el Tribunal Ambiental. Es decir, la SMA realizará un nuevo estudio del plan de cumplimiento de SQM y las comunidades han señalado que presionarán para que se revoque el permiso ambiental y se cierren las operaciones de la empresa.

El modus operandi de SQM

“SQM siempre ha intentado buscar arreglos o negociaciones con las comunidades y entiendo que tienen algunas iniciativas. En ese sentido, nosotros como consejo no podemos intervenir, cada comunidad es autónoma de poder resolver los conflictos que tienen con esta empresa. Nosotros vamos a respetar y obviamente que no necesariamente compartimos la decisión y al menos nosotros como Consejo de Pueblos vamos a continuar con nuestro proceso y vamos a llegar hasta el final”, dice a INTERFERENCIA Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Al consultarle si SQM los ha intentado presionar, indica “por supuesto”. “Siempre están ofreciendo poder llegar a acuerdo, terminar en algún convenio o negociación, pero nosotros como Consejo de Pueblos Atacameños, mantenemos lo que han dicho nuestras bases, las asambleas, y es que no hay posibilidad de aquello”.

Respecto al proceso sancionatorio que está abierto, Cubillos sostiene que esperan que “de una vez por todas esta empresa pueda tener las sanciones correspondientes, debido a que ha cometido daños invaluables e importantes”.

“Ellos deberían presentar un plan de cumplimiento y nosotros vamos a exigir que haya Consulta Indígena, y también vamos a exigir que haya una revocación de la resolución de la calificación ambiental de la empresa”, añade el representante del Consejo de Pueblos Atacameños.

En la misma línea, Amanda Barrera, presidente de la comunidad atacameña de Peine, indicó a INTERFERENCIA que “no vamos a negociar con SQM, no hay manera que se pueda compensar en el daño hecho en nuestras tierras y nuestras aguas. Nuestra postura es clara, y creemos que nunca va a existir un compromiso real de la empresa por los daños que han causado”.

En esa línea, Barrera dijo que “SQM siempre trata de meterse a escondidas a las comunidades, de buscar otras instituciones dentro de las comunidades a quien ofrecer financiamientos a proyectos que son muy chicos, para ellos no es nada económicamente”.

El viernes 21 de agosto, La Tercera publicó $1.700 millones por la paz en el Salar de Atacama: SQM llega a acuerdo con comunidad indígena en proceso por uso de agua. Un artículo que ha sido criticado por algunas de las comunidades afectadas, por lo que informaron que durante esta jornada publicarán un comunicado desmintiendo al medio del empresario Álvaro Saieh.

Sobre la misma publicación de La Tercera, una fuente cercana al tema, indica que la noticia, menciona que “Toconao llegó a acuerdo con SQM, pero lo que no dicen es que fue en el marco de la transferencia de un campamento que fue construido por SQM en los años 90’ encima de un cementerio indígena, un sitio arqueólogo, se dice que llegó a acuerdo, pero no se dice que es en el marco de una devolución. Además, dicen que el acuerdo entre la comunidad de Peine y SQM es inminente y no hay ninguna relación”.

Además, comenta que las presiones de la empresa a las comunidades, son “parte de una cultura organizacional que hay en SQM, una sensación que son intocables, que pueden hacer lo que quieran, como si siguiéramos en los 80”.

Cabe recordar que durante 28 años, SQM estuvo liderada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, quien dejó la presidencia de Soquimich en 2015, tras el conocido caso del financiamiento irregular y las boletas ideológicamente falsas entregadas a la minera no metálica por parte de diversos personeros políticos.

En agosto, la Comunidad Indígena Atacameña de Camar y SQM Salar S.A. suscribieron un convenio extrajudicial que deja a la agrupación fuera del proceso judicial que las comunidades indígenas iniciaron en diciembre de 2019 contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona.

Ante las acusaciones sobre estos eventuales actos de cooptación desde SQM a las comunidades, desde la empresa señalaron a nuestro medio que “esto no corresponde a la realidad. Sí podemos asegurar que este tipo de acuerdos establecen un diálogo de respeto recíproco entre la empresa y las comunidades que esperamos que se consolide en el tiempo. Nuestro esfuerzo es lograr una operación que esté cada vez en mayor armonía con nuestro entorno y nuestros vecinos”.

Consultados por INTERFERENCIA respecto a las acusaciones que apuntan a que SQM está realizando el procedimiento sin realizar una consulta indígena “previa, libre e informada”, desde la empresa señalaron que “respecto de la Consulta Indígena, le corresponde al Estado determinar su procedencia, a través de sus órganos competentes. Entendemos que en el caso de los procesos de sanción no corresponde y así lo ha confirmado el Tribunal Ambiental. Nosotros acatamos las decisiones que tome la autoridad en este ámbito”.

“Sin perjuicio de lo anterior, SQM ha mantenido una constante comunicación con las comunidades vecinas, nos importa su opinión y entender sus preocupaciones. En este sentido, el convenio suscrito con Camar entrega a la comunidad incluso mejores herramientas y mecanismos que el mismo proceso de consulta indígena. Asimismo, como empresa, estamos disponibles para efectuar todas las mejoras que sean requeridas a nuestro Plan de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la SMA y el Primer Tribunal Ambiental”, aseguraron.

En relación a su acuerdo con Camar, la empresa afirmó que “el convenio suscrito entre la Comunidad de Camar y SQM incluye concesiones recíprocas, incluida instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas. Esto, permite desarrollar una nueva forma de relacionamiento que, desde el reconocimiento, el respeto mutuo, la buena fe entre las partes y en una relación de paridad, se hace cargo directamente de las preocupaciones y percepciones de la comunidad al establecer instancias permanentes de diálogo de igual a igual. Este acuerdo representa un estándar a considerar para futuros acuerdos con comunidades indígenas del Salar de Atacama”.

Rectificación: Este artículo ha sido modificado el miércoles 26 de agosto a las 13:32 hrs en su frase «Luego, en 2018, volvió a SQM contratado como asesor estratégico», respecto al rol del señor Julio Ponce Lerou en SQM. Según indicó la empresa a INTERFERENCIA, «esta asesoría no se concretó. No existe el retorno a la compañía que se menciona», por lo cual la frase fue retirada.

https://interferencia.cl/articulos/atacamenos-dan-portazo-sqm-no-vamos-negociar-no-se-puede-compensar-el-dano-hecho-en

Vanessa Azócar
La Tercera La Tercera
El viernes por la tarde, el Consejo de Pueblos Atacameños convocó a una reunión extraordinaria. El punto crítico de la tabla era el convenio extrajudicial firmado por la comunidad de Camar con SQM Salar por un monto total de $1.700 millones que La Tercera PM dio a conocer ese mismo día.

A través del acuerdo extrajudicial con SQM, Camar desistió del proceso judicial que junto a las comunidades indígenas inició contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona. En febrero de 2019, Camar, la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), habían presentado una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones.

A la reunión convocada el viernes por el Consejo de Pueblos Atacameños, llegaron 17 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Solo faltó Camar, cuya decisión fue ampliamente cuestionada por el avenimiento a la empresa que, a juicio de las agrupaciones, contradice un acuerdo expreso de no tener acercamientos con la firma.

“Debemos afirmar nuestros principios de unidad frente a la división, la lealtad a la desidia y no caer en el juego que tiene la empresa SQM, quien está realizando sus estrategias, ya que son los únicos que se sienten amenazados con el proceso sancionador”, dice el comunicado interno emitido ese días por las comunidades.

En la cita, las comunidades reafirmaron que la decisión de Camar no incidirá en el proceso judicial contra la empresa. Un compromiso que la comunidad de Peine reafirmó al asegurar que no tendrá acercamiento ni llegará a acuerdos con SMQ.

Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños añade que la intención de las comunidades, de hecho, es continuar además un proceso contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos respetado lo que la comunidad de Camar ha realizado, obviamente, que ese acuerdo tiene que ver con procesos que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y que son afectaciones que la empresa ha hecho a lo largo de la historia con la comunidad. Esto, obviamente, no va a impedir en ningún caso que la Comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños continúen en el proceso sancionatorio contra SQM y también la demanda internacional que hay contra el Estado por la firma del contrato entre Corfo y esta misma empresa”, asegura el dirigente.

Cubillos dice que las comunidades están decididas a llevar el caso a la CIDH para lo cual son asistidos por el abogado Jaime Madariaga. “Por la pandemia, lamentablemente, no pudimos participar en las instancias. Unas eran aquí, las otras eran en Washington y Colombia. No se pudo, pero estamos pidiendo audiencia con la CIDH para presentarles el caso”, explica.

“Peine no negociará”

Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad de Peine, dice que el acuerdo entre Camar y SQM distancia entre sí a las comunidades.

“Sentimos afectadas las relaciones entre los comuneros. Obviamente que el desconocimiento del acuerdo entre Camar con SQM y el desestimiento nos afecta porque todos formamos el Consejo de Pueblos Atacameños. Teníamos una decisión de no negociar con SQM”, afirma la dirigenta.

Barrera reafirma que Peine no se acercará a SQM. “Nosotros como directorio de Peine seguimos el mandato de la asamblea y no vamos a negociar. Vamos a continuar con la defensa del territorio. Ni siquiera sentarnos a conversar. Pretendemos que el proceso sancionatorio siga adelante porque el daño en el Salar es evidente”, insiste.

Toconao: “Las comunidades de Lickanantay no se venden”

Las comunidades de Toconao y Talabre aseguran, a su vez, que no existen acercamientos a la empresa posteriores al acuerdo adoptado en conjunto con el resto de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños.

Así lo recalca Cristian Varela, representante de la comunidad de Toconao. “Las comunidades de Lickanantay no se venden y no han negociado en ningún momento el tema medio ambiental, tampoco sus derechos de agua. Los acuerdos anteriores a los que han llegado algunas comunidades están dentro del marco de la reparación por la intervención y el daño histórico que han producido estas empresas extractivistas al interior del Salar de Atacama”, asegura.

Varela añade que “seguiremos adelante con el proceso sancionatorio. Hay un claro compromiso de las comunidades de Lickanantay del borde sur, y en especial de Toconao, con el medio ambiente y con los valores de identidad de nuestros ancestros”.

Talabre: “No nos bajamos del proceso sancionatorio”

En la misma se pronuncia Eliza Soza, presidenta de la comunidad de Talabre, quien reafirma que no se bajarán del proceso sancionatorio contra la empresa y sostiene que el acercamiento de la firma a la comunidad es previo y no tiene relación al proceso judicial reciente.

“Hace muchos años, SQM viene trabajando con la comunidad en agricultura, ganadería y pequeños proyectos. Hay un relacionamiento con la comunidad anterior y esto siempre ha estado en conocimiento de la Comunidad de Pueblos Atacameños. Eso no significa que perdamos nuestra autonomía y nuestro derecho a reclamar por nuestro territorio a la empresa. Eso es intransable. En ningún momento vamos a dejar de reclamar a la empresa por nuestra afectación al medio ambiente. No nos bajamos del proceso sancionatorio y la empresa está al tanto de eso”, asegura.

FRANCISCA VALENCIA
12/08/2020
Fuente: Chile Sustentable
La Corte Suprema fijó alegatos para el 13 de agosto, en la causa que involucra a las comunidades indígenas atacameñas contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y SQM Salar S.A, por las infracciones e incumplimientos ambientales realizados por la empresa desde 2013. La sentencia del máximo tribunal podría obligar a la SMA a retomar el proceso sancionatorio en cumplimiento de la orden dada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta (TAA), sanciones que podrían imposibilitar, eventualmente, la continuidad de la empresa.

El litigio se remonta a 2016, cuando la SMA formuló cargos contra la empresa -presidida por aquel entonces por Julio Ponce Lerou- tras detectar 6 infracciones cometidas desde 2013, algunas de ellas leves, otras graves y una de carácter gravísima, relacionadas principalmente con la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado (de la salmuera se extraen cloruro de potasio y carbonato de litio). Las infracciones habrían contribuido al desbalance hídrico del Salar de Atacama, asunto sobre el cual existen incertezas científicas que ameritaron la aplicación del principio precautorio por parte del TAA, y la prosecución del proceso sancionatorio.

Tras esto, SQM presentó cuatro programas de cumplimiento (PdC), siendo el último de ellos aprobado por la SMA en enero de 2019. Conforme al cual SQM debía ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto de algunas de las acciones que propuso, y suspendiendo el proceso sancionatorio. Los PdC son una salida alternativa que concede la SMA de manera legal a un infractor, que debe reconocer sus infracciones y proponer la forma en que estos efectos se eliminen o contengan y reduzcan; todo siempre, con el fin de evitar sanciones por parte de la SMA.

SQM propuso en su último plan reponer salmuera, monitoreos en línea y una serie de mitigaciones que involucran US$ 25 millones. La compañía arriesga multas que van desde los US$ 22 millones hasta la pérdida de su licencia para operar la explotación del salar, sanción que solicitan algunas comunidades del norte afectadas por la minera.

El salar de Atacama es de suma importancia para la empresa minera del litio. Según sus últimos estados financieros, en el primer semestre de este año SQM Salar facturó US$210 millones, más del 53% de los ingresos totales de la empresa a marzo de este año, según informa La Segunda.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió las reclamaciones de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Indígena Atacameña de Cámar, en contra de la aprobación del cuarto PdC por parte de la SMA, ordenando su revocación.

Para revocar la medida del SMA, el Tribunal Ambiental de Antofagasta tuvo en consideración la especial condición de fragilidad que presentaba el Salar de Atacama, desde un punto de vista ecosistémico, y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico, que los resultados de los informes de SQM tampoco pudieron comprobar de manera certera.

Con esta decisión la SMA quedaba obligada a retomar el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa, la cual no solo tiene la obligación de volver al cumplimiento ambiental, sino que conjuntamente con ello, debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

Sin embargo, la pugna no terminó con esta sentencia, ya que a finales de enero de este año la SMA junto a SQM Salar (en calidad de tercero coadyuvante), recurrieron en contra de la decisión tomada por el TAA, buscando revertir la sentencia en la Corte Suprema.

La tercera sala de la Corte Suprema, que ve el caso, está presidida por el Ministro Sergio Muñoz., quien es recordado, entre otras, por la sentencia de paralización de la central termoeléctrica Castilla. En la sala también efectuarán como juezas las ministras María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry.

Un abogado conocedor del caso, que prefirió mantener en resguardo su identidad, en conversación con El Ciudadano, analiza los distintos escenarios del caso y explica el tipo de juicio que se está llevando: “En lo que se llama casación en el fondo, no se ven los hechos de la causa, no se ven los hechos de contaminación y daño, por ejemplo. Aquí se analiza solamente el derecho. Es decir, en este caso, la SMA estimó que el TAA no cumplió con la ley al revocar la resolución que aprobaba el programa de cumplimiento, y recurrió en contra de la sentencia para que la Corte Suprema la invalide por haberse pronunciado con infracción de ley, lo que habría influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, y para que la reemplace por otra. Uno de los criterios de casación por ejemplo es la aplicación de la regla de la sana crítica, las reglas de las pruebas… Si se cumplió con la ley al ponderar las pruebas.”

Pese a que el proceso se encuentra abierto en la Corte Suprema, el 7 de julio de este año, el TAA, haciendo valer su autoridad, ordenó el cumplimiento de la sentencia para la SMA, en un plazo de 30 días.

Esto después de haber solicitado información respecto al acatamiento de su sentencia, y verificando que a esa fecha todavía no se había dictado un acto administrativo que aplique sanciones contra SQM por los incumplimientos ambientales. En su resolución, el TAA “ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente para que en un plazo de 30 días proceda a emitir el acto administrativo correspondiente, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines disciplinarios que correspondan”.

Con todo la futura decisión de la Corte Suprema podría poner fin a este proceso, planteando dos posibles panoramas para la minera. El primero es que se confirme la sentencia del TAA, y que la SMA tenga que continuar con el proceso sancionatorio en cotra de SQM, lo que involucra multas y hasta una eventual revocación del permiso que les permite operar, junto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le fue otorgada el 2006.

De ocurrir este caso podría aplicarse la cláusula 23 del convenio Corfo-SQM, un experto en la industria del litio señala que: “El convenio Corfo-SQM que se estableció hasta el 2030, le aumentó la cuota de extracción de litio a SQM y aumentó también la recaudación del Fisco. Pero, el convenio también dice que si SQM es condenado por infracción grave, por sentencia ejecutoriada, la empresa lo puede perder todo, las propiedades mineras, todo. Siempre que el Consejo de Defensa del Estado así lo exija, SQM tendría que devolverlo todo a la Corfo, sin derecho a indemnización alguna. Está en juego su licencia para operar y su existencia como empresa en sí.”

El abogado cercano al pleito continúa explicando: “de darse este caso la Superintendencia debe aplicar una pena, una sanción. Esa sanción puede ser apelada por SQM, o por las comunidades indígenas si consideran que es muy baja la pena. Podría darse un juicio que llegue a la Corte Suprema, sobre la entidad de las penas. Pero se requiere sentencia ejecutoriada firme para poder hacer operar la cláusula del convenio Corfo-SQM.”

Si se aplica la pena, finalmente, y se condena por infracción grave a la empresa extractora de litio, se abriría un nuevo proceso de negociación que debería involucrar a todas las partes afectadas: Estado, comunidades indígenas de la zona y SQM. “Para mí, por lo menos, ese es el escenario de negociación adecuado. Las comunidades van a estar en una mucho mejor posición para negociar, después del juicio que durante el juicio. Sobre todo si se logra que se condene a SQM”, expone el abogado.

El segundo panorama es que se revoque la sentencia del tribunal ambiental, pudiendo SQM continuar con el PdC aprobado en diciembre pasado por la SMA. Todo pareciera indicar que la minera pone sus esperanzas en este resultado, continuando, ahora bajo las “órdenes” de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, con “medidas provisionales” para la mitigación del daño, las mismas que fueron planteadas en su PdC.

Así desde hace un tiempo, SQM ha ejecutado medidas de reparación voluntarias por las infracciones, en el marco de lo planteado en su PdC. “¿Por qué? Porque si la Corte Suprema revoca la sentencia del TAA se consolidaría el PdC planteado por la empresa. Todo lo que ha hecho SQM hasta ahora, en el marco del programa de cumplimiento, va a ser validado. Entonces esa es la apuesta de SQM. Por eso han seguido cumpliendo con el PdC, incluyendo el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de cuatro acciones”, explica el abogado.

La empresa que hoy se encuentra en mitad de un proceso que podría ser definitorio para su continuidad, todavía estaba ingresando en junio de este año un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para modificar la RCA de 2006 que involucra “compensar la pérdida de vitalidad de ejemplares de algarrobo localizados en el área del pozo Cámar 2”, una de las infracciones corroboradas por la empresa.

“Hay muchas zonas grises, la causa va desde lo administrativo, desde lo regulatorio a lo judicial, desde un tribunal ambiental a la Corte Suprema, etc. Entonces hay espacio donde se puede ser creativo, aunque no mucho. Pero la Superintendencia está haciendo eso con su reacción frente a la implementación de la sentencia del Tribunal Ambiental”, explica el abogado.

“La industria extractiva del litio en Chile tiene procesos tecnológicos de los años 50 y 60. No ha evolucionado mucho. Y la gracia que tienen estos juicios es que precisamente pueden establecer la necesidad de que SQM cambie de modelo de explotación, completamente, por uno que sea más sustentable desde el punto de vista hidrogeológico del Salar de Atacama. Eso sería un logro, por supuesto”, analiza el experto respecto a la necesidad de modernización de la industria del litio en Chile.

Por ahora, solo queda esperar los alegatos del caso en la Corte Suprema mañana, 13 de agosto, si no se suspenden nuevamente, como sucedió el 30 de julio y 6 de agosto de este año. “Pero tampoco se descarta que una o más comunidades lleguen a un acuerdo económico con SQM y opten por no presentar a sus abogados para los alegatos”, concluye cauteloso el abogado frente a las distintas posibilidades. Por ahora solo resta esperar.