02/09/2021
Por Ricardo Cuevas, Joaquín Lazo y Rodrigo Verdejo

“Hay que ser muy rigurosos con los conflictos de interés”, respondió en una entrevista Pablo Terrazas (UDI), vicepresidente de CORFO, cuando se le consultó por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. Un proyecto de US$193 millones en el que participaron las universidades más prestigiosas del país, que hoy enfrenta denuncias de conflictos de interés y cambios de reglas del juego a última hora, como una modificación clave que benefició al conglomerado ganador, Associated Universities Inc., mientras el proceso aún estaba en curso. Esa modificación fue propuesta por el mismo Terrazas, pese a que se había inhabilitado de participar en la licitación por conflictos de interés.

El 4 de enero de este año, el Consejo de CORFO adjudicó la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio Associated Universities Inc (AUI), compuesto por cuatro universidades chilenas y dos extranjeras. Felipe Commentz, gerente general de la entidad estatal, estuvo a cargo de presidir la instancia, en reemplazo del vicepresidente Pablo Terrazas, quien se inhabilitó de participar en el proceso por conflictos de interés.

Commentz también encabezó la comisión encargada de evaluar las propuestas de los tres participantes en competencia por la licitación que, en un principio, comprometía US$193 millones. Sin embargo, Felipe Commentz no transparentó los vínculos que mantiene con algunos de los involucrados en los consorcios que postularon: durante al menos siete años formó parte del directorio de Econsult (ver documento),una sociedad que presta asesoría en inversiones, donde compartió asiento junto a Hernán Cheyre, director del Centro de Investigación y Empresa de la Universidad del Desarrollo (plantel parte de AUI), y José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile, uno de los consorcios que participaron en la licitación.

Otro hecho clave que marcó la licitación ocurrió el 30 de octubre del 2020, a las 9:10 horas, en el octavo piso del edificio institucional de CORFO. Ese día se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la entidad que cambió el curso del inédito y millonario proyecto de la corporación para impulsar la investigación en energías sustentables y desarrollo tecnológico en la Región de Antofagasta. Los dos consorcios más fuertes en competencia eran Associated Universities Inc (AUI) y Alta Ley. En el primero participaron la Universidad de Atacama, Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad San Sebastián (USS) y Universidad Autónoma; estas últimas tres casas de estudio están vinculadas históricamente a la derecha. En el segundo, estaban involucradas algunas de las universidades más importantes del país: Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción, entre otras, en conjunto con empresas ligadas a la producción energética y minera.

“El Sr. Terrazas sugiere a los demás consejeros modificar la citada cláusula decimoquinta del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama”, se lee en el acta (ver documento) de esa sesión extraordinaria. La modificación propuesta por el vicepresidente de CORFO, Pablo Terrazas, alteraba drásticamente la licitación: se proponía restarle US$50 millones al monto original del proyecto (US$193 millones), para redestinarlos a iniciativas para producir hidrógeno verde a cargo de la cartera de Energía, encabezada por el biministro Juan Carlos Jobet, quien también estaba presente en ese consejo.

Este cambio coincidía con el monto incluido en la propuesta de AUI, quienes siete meses antes del consejo del 30 de octubre postularon a US$142 millones. Esta modificación tomó por sorpresa a los demás consorcios, quienes no consideraron este recorte en sus proyectos, ya que concursaron por la totalidad de los aportes de investigación y desarrollo implicados. Al no estar incluido dentro de las bases de la licitación, este cambio perjudicó a los competidores de AUI, pues las postulaciones estaban cerradas desde el 31 de marzo de 2020. A pesar de que se había inhabilitado de participar en el proceso por conflictos de interés, Pablo Terrazas fue quien sugirió esa modificación del contrato, siendo aceptada de forma unánime por el consejo.

Pablo Terrazas, vicepresidente Ejecutivo CORFO.

Desde el inicio de la licitación en 2018, una serie de procedimientos confusos ensombrecieron todo el proceso: modificaciones intempestivas a las bases de la licitación y a la cláusula de uno de los contratos entre CORFO y SQM Salar, que servía de base para el proceso, mientras este aún estaba en curso. Además de sospechas de eventuales conflictos de interés no declarados por parte de algunos miembros de la comisión encargada de evaluar las postulaciones. También, la comisión evaluadora desestimó una asesoría extranjera realizada por un equipo de expertos que calificó con un puntaje mayor la propuesta de Alta Ley. Sumado a todo esto, el proceso licitatorio nunca se sometió a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Pablo Terrazas, por su parte, incumplió un acuerdo pactado con las comisiones de Energía y Minería y Desafíos del Futuro del Senado, que consistía en atender los cuestionamientos de transparencia planteados por los senadores antes de que resolviera la licitación. A pesar de adquirir ese compromiso, AUI fue declarado ganador del concurso antes de que Terrazas asistiera a las comisiones acordadas con los parlamentarios.

Estos antecedentes, así como otros hechos que marcaron la trama de la licitación del ITL, fueron denunciados por las universidades chilenas del Consejo de Rectores que conforman la propuesta de Alta Ley, en un recurso de protección acogido a trámite por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el 4 de marzo y que aún está a la espera de su resolución. Además, un grupo de senadores de oposición, encabezados por el PPD Guido Girardi, también han sido críticos de cómo se gestó y llevó a cabo el concurso de CORFO: el 14 de enero se convocó a una sesión especial en la Cámara Alta para discutir la adjudicación del ITL y se presentó un proyecto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que deje sin efecto la licitación (ver documento).

En paralelo, se designó a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que comenzó a sesionar el 16 de agosto. Entre sus primeros citados se encontraba el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, exvicepresidente de CORFO, con quien inició el proceso de licitación del ITL. Sichel estaba citado para la sesión del lunes 30 de agosto, sin embargo, adujo que no tenía “antecedentes que aportar” y no asistió. Existe también un oficio en Contraloría presentado por los mismos senadores para declarar desierto el proceso. “Se está estudiando la posibilidad de presentar una acción penal por prevaricación”, sostiene uno de los abogados que representa a Alta Ley.

LA PROPUESTA PEOR EVALUADA

En mayo de 2014, durante la gestión del exvicepresidente Eduardo Bitrán, CORFO emprendió una ofensiva legal en contra de SQM Salar que duró cuatro años y constó de dos demandas presentadas ante la Cámara de Comercio de Santiago, ambas por irregularidades en los contratos que le permiten a la minera no metálica explotar los yacimientos de litio en el Salar de Atacama (vea reportaje en CIPER). “Estábamos convencidos de que habían ocurrido incumplimientos graves por parte de SQM que, de acuerdo con el Código Civil, eran suficientes para pedir el término anticipado de los contratos”, sostiene Bitrán.

Se solicitaba rescindir los contratos de Proyecto y Arrendamiento, acuerdos legales celebrados en 1993 entre CORFO y SQM Salar que estipulan las condiciones de concesión, explotación y comercialización del litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, las exigencias de la corporación estatal no fueron admitidas en el arbitraje y ambas partes debieron sentarse a renegociar los contratos. Producto de esa negociación, el 17 de enero de 2018 se firmó un acuerdo de conciliación que estableció nuevas condiciones para que SQM Salar continuara con la concesión en el Salar de Atacama. Entre ellas, se mandató a la compañía a destinar de sus utilidades aportes anuales para uno o más institutos sin fines de lucro que “lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo”, se lee en la cláusula decimoquinta del contrato de Proyecto (ver documento).

El monto total de los aportes para investigación y desarrollo se fijó en US$193 millones que SQM Salar efectuará desde el 2018 hasta el 2030, destinando anualmente recursos que van desde los US$9 millones hasta los US$17 millones. Desde CORFO, han asegurado que esta es la mayor inversión que se ha hecho en un proyecto de estas características en Latinoamérica. “El ITL tiene mucha trascendencia e impacto no sólo a escala económica, sino a escala global en términos medioambientales. Cuando traspasas la matriz energética del combustible fósil a otra matriz energética como al hidrógeno o energía eólica, vas aumentando tu carbono neutralidad”, explica Domingo Ruiz, doctor en química y miembro del consejo técnico que preparó la licitación del ITL.

Salar de Atacama.

Cuando se firmó el acuerdo de conciliación en enero de 2018, a Eduardo Bitrán le restaban sólo dos meses de su gestión al mando de CORFO, por lo que no pudo concretar la idea con que concibió el ITL: “Lo pensamos como una institución pública y que tuviera un balance de actores que protegiera el interés nacional. La idea era crear un gran centro tecnológico en el norte del país”, explica Bitrán. Pero con la llegada de Sebastián Sichel a la vicepresidencia de CORFO, en mayo de ese año, el rumbo del ITL tomó otra dirección y bajo su administración se resolvió que el instituto se sometería a un proceso de licitación.

El proceso contempló dos etapas. La primera comenzó en noviembre de 2018 y su objetivo era evaluar las capacidades de los potenciales participantes para la segunda y definitiva etapa del proceso (ver documento). En esta fase de la licitación, cuatro propuestas fueron declaradas admisibles: AUI, Alta Ley, Fundación Chile y Fundación Fraunhofer. Esta última institución más tarde se integró a la propuesta de Alta Ley, compuesta por distintas universidades públicas y privadas del país. Además, en esta etapa se entregó una bonificación del 5% para las propuestas mejor evaluadas que luego repercutiría en el puntaje definitivo de la segunda etapa. El único consorcio que no recibió bonificación fue AUI, la propuesta peor evaluada en esta primera fase (ver documento).

En algunas de las universidades chilenas que participan en Associated Universities Inc hay actuales y ex autoridades de gobierno. Sebastián Sichel, antecesor de Pablo Terrazas en la vicepresidencia de CORFO hasta junio de 2019, es desde el 2016 académico de la Universidad San Sebastián y fue director de la Escuela de Gobierno. Andrés Chadwick, exministro del Interior, fue director del Centro de Derecho Público en esa misma casa de estudios y se mantiene como académico ad honorem en la carrera de Derecho, según han informado desde la propia universidad. Mientras, Cristian Larroulet, hombre de confianza del Presidente, es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo. Además de estas universidades, en la propuesta de AUI participan dos universidades extranjeras: Colorado School of Mines y Universidad de Utah.
JUEZ Y PARTE

La segunda etapa de la licitación comenzó en octubre de 2019. En esta fase los participantes enviaron sus propuestas definitivas para el desarrollo del ITL, con plazo hasta el 31 de marzo de 2020. La comisión encargada de evaluar a los participantes de la licitación sesionó sólo una vez, el 15 de octubre de 2020. En esa instancia, en una escala de 1 a 5, AUI fue evaluada con un 4,5 y Alta Ley consiguió un 4,4 (ver documento). La decisión final de la adjudicación de los aportes correspondía al Consejo Directivo de CORFO.

El consejo que comanda la corporación está compuesto por ocho integrantes. Entre quienes se abstuvieron de participar estaba el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, quien se inhabilitó por haber sido parte de la Universidad del Desarrollo. También se inhabilitó el vicepresidente de CORFO, Pablo Terrazas, por pertenecer a los directorios de Fundación Chile y Alta Ley, siendo reemplazado por Felipe Commentz, gerente general de la entidad estatal (ver documento). Este último fue quien encabezó la comisión evaluadora encargada de calificar las propuestas. Es decir, jugó un doble rol en el proceso: asignó el puntaje de cada una de las propuestas y luego concurrió con su voto al consejo de CORFO que debía adjudicar la licitación.

Commentz no es un extraño dentro del andamiaje interno de CORFO. En abril del 2010, él y Hernán Cheyre presentaron su renuncia al directorio de Econsult (ver documento), pues este último fue designado por Sebastián Piñera como vicepresidente de CORFO (ver documento). En el cargo, nombró a Commentz como jefe de gabinete, puesto en el que permaneció hasta 2014 (ver documento).

Otra relación cercana que forjó en Econsult fue con José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile. Durante el segundo periodo de Piñera, Valente fue designado como ministro de Economía, puesto en el que nombró a Commentz jefe de la División de Empresas de Menor tamaño de dicha cartera (ver documento).

Al ser consultado por estos vínculos, Commentz señala que su participación dentro del proceso se apegó a la ley en todo momento. “Haber trabajado en una empresa o en un órgano estatal con personas que ahora formaron parte de alguna de las personas jurídicas participantes, no constituye ninguna de las hipótesis de inhabilidad”, subraya Commentz (ver documento).

Michel Figueroa, director de Estudios de Chile Transparente, explica que estos vínculos no son considerados en la ley como conflictos de interés, al ser relaciones laborales inexistentes en el presente. “Hay cosas que están aceptadas legalmente, aunque todos consideremos que están mal”, distingue Figueroa.

La comisión evaluadora fue conformada por cinco funcionarios de CORFO y otros ministerios (ver documento). De estos solo Fernando Hentzschel, gerente de capacidades tecnológicas de la corporación, posee estudios en materias de sostenibilidad o energías renovables. En las bases de la licitación se estableció que la comisión evaluadora podía ser asesorada por expertos de materias energéticas y minería sustentable (ver documento). Es por esa razón que la comisión se contactó con tres asesores internacionales: Gabriel Barthelemy, Ernesto Marinero y Diego Martínez. Todos ellos calificaron a la propuesta de Alta Ley con un puntaje mayor en desmedro de AUI (ver documento).

Los criterios de evaluación consignados en las bases de licitación se dividían en cinco ítems, dentro de los cuales se encontraba el de “Participantes”. Según se detalla en la resolución Nº1005 de CORFO, la nota máxima en este ítem se asignaría a “aquellas propuestas que presenten una pluralidad de participantes con capacidades pertinentes a las tres áreas de desarrollo (energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales) y equilibradamente representativas tanto del sector académico como de la cadena de valor de los sectores industriales y/o tecnológico”.

Este ítem fue uno de los puntos donde la evaluación de los asesores internacionales difiere con la realizada por la comisión evaluadora. Los expertos extranjeros calificaron con 5 puntos a Alta Ley y con 3,67 al proyecto de AUI, en consideración de que esta última propuesta no contaba con participación de empresas mineras y que “las entidades académicas son limitadas no sólo en su número sino también en su capacidad”, se lee en la evaluación de los asesores internacionales. Por lo tanto, se le asignó un puntaje menor en vista de esas deficiencias. En los ítems restantes, también se calificó con un puntaje mayor a Alta Ley, calificando su propuesta con un 4,77; mientras que la propuesta de AUI recibió un 4,40 (vea las calificaciones aquí).

En cambio, la comisión evaluadora de la licitación designada por CORFO le otorgó un mayor puntaje a AUI, obviando algunas de las deficiencias constatadas por la asesoría internacional (ver documento). Por ejemplo, en el ítem “Participantes” la comisión calificó con la nota máxima la propuesta de AUI, a pesar de que no contaran con empresas mineras ni entidades académicas con trayectoria, tal como se señala en el informe de los expertos internacionales, asesoría encargada por la misma comisión evaluadora de la licitación.
US$ 50 MILLONES MENOS

Pasados 15 días de que la comisión evaluadora asignara un mayor puntaje a AUI en desmedro de Alta Ley, el 30 de octubre sesionó de manera extraordinaria el Consejo Directivo de CORFO, donde se modificó la cláusula que servía de base para la licitación. El consejo tenía por objetivo efectuar actualizaciones al contrato de Proyecto suscrito en 2018 entre SQM Salar y el organismo estatal. Además, se buscaba “ampliar las actividades que podrán ser financiadas con los aportes de investigación y desarrollo”, según consta en el acta (ver documento). Aportes que en ese momento se estaban licitando para el ITL. En esa instancia estuvieron presentes Lucas Palacios, ministro de Economía; Antonio Walker, ministro de Agricultura; Juan Carlos Jobet, ministro de Energía; Pablo Terrazas y Felipe Commentz, entre otras autoridades.

Jobet asistió a esa instancia porque dentro de las actividades que se buscaba financiar con los aportes avaluados en US$193 millones comprometidos por SQM Salar estaba impulsar proyectos orientados a desarrollar la industria del hidrógeno verde, a cargo de la cartera de Energía. “Chile cuenta con un gigante potencial en materia de hidrógeno verde, pudiendo llegar a producir 70 veces la energía que se consume en el país”, argumentó Jobet en su exposición. Luego, Terrazas sugirió la modificación a la cláusula decimoquinta del contrato de Proyecto y agregó que “se obligará a aportar, en la forma que lo establezca CORFO, hasta un máximo de US$50 millones” a consorcios que lleven a cabo investigación e innovación en hidrógeno verde y sus derivados. Para la licitación del ITL, que aún estaba en curso, los aportes originales se rebajaron a US$143 millones.

Minutos después, Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias y quien también participó en ese consejo, lanzó una pregunta: “¿Los cambios propuestos implicarán desechar la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que se encuentra en curso?”. A su vez, el ministro Palacios consultó si acaso “pudiese existir alguna entidad desfavorecida con las modificaciones propuestas”. Jobet respondió que, a pesar de la modificación, los aportes seguían destinados a investigación y desarrollo, mientras que Terrazas agregó que la adjudicación del ITL sería presentada en una próxima sesión del consejo. Pero aún faltaba más de dos meses para la adjudicación.

En la reunión no se mencionó que AUI, el consorcio ganador, fue el único de los participantes que postuló a US$142 millones en marzo del 2020 (ver documento), cuando se cerraron las postulaciones definitivas al concurso. Los otros participantes, Alta Ley y Fundación Chile, postularon a la totalidad de los aportes, es decir, a US$193 millones. Felipe Commentz conocía en detalle cada una de las propuestas porque las había evaluado 15 días antes.

Consultado para este reportaje, Pablo Terrazas señala que la modificación “no tuvo efecto alguno en la convocatoria para la conformación del ITL, pues el primero de esos actos (modificación del contrato), no tuvo efecto retroactivo” y que no implicó una ventaja para ninguno de los participantes dado que “el Consejo de CORFO ha tenido la facultad para determinar el monto definitivo del aporte”. Respecto a su participación en esa instancia, Terrazas sostiene que “no me encontraba inhabilitado para participar en la decisión de la modificación del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, pues no concurría ninguna de las causales que me obligara a no intervenir y abstenerme” (ver documento).

El 23 de diciembre, Juan Carlos Jobet asistió en su calidad de biministro a una de las sesiones de la Comisión de Energía y Minería del Senado. El tema en la tabla era el proyecto de ley de protección de glaciares, pero antes de abordar esa discusión, los senadores Guido Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC) le expresaron al biministro su preocupación sobre la licitación del ITL, en vista de que la fecha de adjudicación se acercaba. Jobet contestó que “ni Energía ni Minería son miembros del Consejo Directivo de CORFO, que es la instancia que resuelve esto. (…) No he estado involucrado directamente en el proceso porque no es atribución de mis ministerios”. En la casi hora y media que duró la sesión, el biministro Jobet no transparentó que participó en el Consejo CORFO que redestinó US$50 millones de la licitación del ITL hacia proyectos de hidrógeno verde, a cargo de su cartera.

El 20 de abril de este año, se publicó la resolución exenta Nº 399 que aprueba una convocatoria por parte de CORFO y el Ministerio de Energía para financiar iniciativas de hidrógeno verde. En la resolución se detalla que el monto disponible corresponde a los US$50 millones que se reasignaron en el consejo CORFO del 30 de octubre (ver documento).

Los autores de este reportaje se contactaron con el biministro Jobet, pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.
UNA SITUACIÓN INCÓMODA

CORFO fijó el 24 de diciembre como la fecha en que darían a conocer el resultado de la adjudicación, anunciando al consorcio ganador en plena víspera de Navidad. Ante las inquietudes por la transparencia del proceso, las comisiones de Minería y Desafíos del Futuro de la Cámara Alta solicitaron a Terrazas posponer la publicación de los resultados hasta después de que éste resolviera las dudas de los senadores ante la Comisión de Futuro.

Para tranquilidad de los senadores, el vicepresidente de CORFO aceptó la petición y acordó asistir telemáticamente a la siguiente sesión de la comisión fijada para el 4 de enero. Durante la mañana de ese mismo día, a pesar del compromiso pactado, AUI fue reconocido de manera unánime por el Consejo de CORFO como el ganador de la licitación.

Commentz fue el encargado de exponer los resultados de la comisión evaluadora y proponer a AUI como ganador. Además, en la reunión los participantes acordaron suscribir un Memorándum de Entendimiento (MoU), un acuerdo que ordena a AUI solventar la ausencia de universidades pertenecientes a la Macrozona Norte dentro de su propuesta, ausencia que no afectó su calificación por la comisión evaluadora (ver documento). Finalmente, CORFO emitió un comunicado oficial anunciando su decisión, incluyendo a universidades estadounidenses que no forman parte de AUI dentro de la composición del consorcio ganador.

—Estamos en una situación bastante incómoda —advirtió el senador Alejandro Guillier. La sesión de la Comisión Desafíos del Futuro, donde Pablo Terrazas respondería a los cuestionamientos comenzó a las 16:00 del 4 de enero. Antes de comenzar la videoconferencia, nadie a excepción de Guillier estaba al tanto de que pocas horas atrás CORFO había ratificado oficialmente a AUI como consorcio ganador tras dos años del inicio de la licitación. El senador Girardi, presidente de la comisión, ante el anuncio de Guillier, expresó su estupor: “Sería gravísimo, porque violaría todos los códigos de transparencia”.

(*) Los autores de este reportaje son alumnos de la Escuela de Periodismo de la UDP, quienes lo realizaron para el curso “Periodismo de Investigación” dictado por el profesor Javier Ortega.

Disputa por los fondos del litio: las zonas grises de la millonaria licitación del Instituto de Tecnologías Limpias

El trabajo se estrenará durante los meses de septiembre y octubre de forma gratuita en redes sociales a través de diversos lanzamientos online.
Diario Uchile
27/08/2021
La cuenca de Maricunga es una compleja red de humedales altoandinos, ríos y lagunas que se encuentran en la zona cordillerana de la comuna de Copiapó, Región de Atacama.

Este complejo y rico ecosistema que cuenta con corredores biológicos, un Parque Nacional y un sitio Ramsar se caracteriza por las diferentes especies de aves migratorias y su fauna extremófila, adaptada a condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, está en grave peligro ante la minería del litio que pretende extraer el agua de la zona para la explotación del elemento indispensable para las nuevas tecnologías y la electromovilidad.

Esto es lo que refleja el documental «Maricunga: ecosistema amenazado por la minería del litio», una pieza audiovisual que retrata los impactos socioambientales negativos de la minería del oro y el litio en Copiapó.

El documental tiene su centro en las voces de la comunidad en torno a diferentes mega-proyectos mineros en el ecosistema del Salar de Maricunga, ubicado además en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, área prioritaria de conservación.

afiche maricunga

El documental cuenta con las voces de comunidades de pueblos originarios Colla, ambientalistas, defensoras y defensores del medio ambiente que entregan su testimonio para frenar las obras que podrían en tan solo dos décadas destruir la cuenca del Salar de Maricunga, aumentando aún más la escasez hídrica en la zona.

El fruto de seis meses de trabajo dio como resultado esta pieza, audiovisual que aborda la importancia del Salar de Maricunga, su alta biodiversidad y presencia de agua en una zona caracterizada por la escasez hídrica.

La producción audiovisual es un trabajo en conjunto del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Periódico Resumen (RESUMEN), y forma parte de la campaña titulada «Voces en defensa de Maricunga».

El trabajo se estrenará durante los meses de septiembre y octubre de forma gratuita en redes sociales a través de diversos lanzamientos online.

“Maricunga: ecosistema amenazado por la minería del litio”, el documental que aborda la depredación ambiental en Copiapó

30/08/2021
Foto: Cortesía de SQM.
Se le solicitó a SQM que vuelva a presentar un plan de cumplimiento para extraer salmuera de un salar en el norte de Chile, un proceso del que dependen sus planes de expansión de litio.

El segundo productor del metal de la batería tiene 15 días hábiles para atender las observaciones técnicas relacionadas con el impacto de retirar la solución del salar de Atacama y su sistema de monitoreo de niveles de bombeo, informó la agencia ambiental SMA (Superintendencia del Medio Ambiente) en un documento fechado el 19 de agosto.

El proceso se relaciona con los cargos de que SQM había extraído salmuera, lo que llevó a un plan de cumplimiento de USD 25 millones que fue aprobado por la SMA en 2019 pero luego bloqueado por un tribunal en una victoria para los activistas indígenas y ambientales. La última resolución de la SMA incluye observaciones de la comunidad de Toconao y otorga una solicitud de la comunidad de Socaire para ser también parte del proceso de sanción, dijo Cristóbal De La Maza, quien dirige la agencia.

Si bien probablemente solo sea un pequeño revés en un proceso de años, las solicitudes de la SMA subrayan un mayor escrutinio del impacto ambiental y social en la producción de materiales necesarios para la transición a la energía limpia.

SQM ha presentado planes para reducir el uso de agua dulce y las tasas de bombeo de salmuera incluso mientras expande la producción para atender a una esperada triplicación de la demanda en un boom de baterías recargables.

“Recibimos comentarios de la autoridad sobre la presentación que hicimos en octubre pasado, por lo que ahora nos toca entregar la propuesta con las mejoras solicitadas”, dijo la empresa con sede en Santiago.
Fuente: Mining.com

SQM debe volver a presentar plan de cumplimiento para extraer salmuera en Chile

El boletín «Maricunga Amenazado: Ambición, Extractivismo y Resistencias frente a la devastación del litio», da cuenta del conflicto latente que se vive en la región de Atacama, donde comunidades colla, ambientalistas, defensoras y defensores del medio ambiente, han levantado un proceso de resistencia en defensa del territorio, frente al avance de una minería que significaría la destrucción del frágil ecosistema presente en el sector.
Por Opazo
El Ciudadano
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, dieron a conocer un boletín informativo para difundir las amenazas sobre el Salar de Maricunga, por parte de algunos proyectos de exploración y explotación de litio que buscan instalarse en la zona.

El boletín «Maricunga Amenazado: Ambición, Extractivismo y Resistencias frente a la devastación del litio», da cuenta del conflicto latente que se vive en la región de Atacama, donde comunidades colla, ambientalistas, defensoras y defensores del medio ambiente, han levantado un proceso de resistencia en defensa del territorio, frente al avance de una minería que significaría la destrucción del frágil ecosistema presente en el sector.

«La crisis ambiental internacional propiciada por la profundización del modelo extractivista de vulneración de los derechos de la naturaleza y las comunidades, configura el escenario en que el norte global ha enfatizado la explotación del litio como horizonte estratégico para dar respuesta a la discusión sobre la transición energética», señala el documento, que compartimos a continuación.
Revisa el boletín completo: https://www.elciudadano.com/wp-content/uploads/2021/08/Maricunga-amenazado-Boletin.pdf

por Roberto Mayorga 10/08/2021
El litio es un elemento para producir tritio, combustible de futuras fusiones nucleares, de uso no solo pacífico sino que también bélico y, estando este recurso administrado por una empresa no confiable, acusada de corrupción, como lo es Soquimich, se compromete seriamente tanto la seguridad nacional como internacional.

Detrás de la impunidad en que el Ministerio Público y el SII han dejado recientemente a una treintena de personajes que habrían recibido dineros ilícitos de SQM, se oculta un trasfondo de graves irregularidades, mucho más allá de infracciones tributarias, y que se refieren a la vulneración del orden público, la moral, la seguridad nacional y al medio ambiente, y que implican la nulidad absoluta del acuerdo por medio del cual Corfo extendió el control del litio a SQM hasta el año 2030.

En su art. 19 ,“La Constitución asegura a todas las personas”, N. 21, “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan”.

En los próximos párrafos describiremos cómo se ha violado esta norma y la sanción de nulidad absoluta e imprescriptible que acarrea dicha violación.

Partamos primero por constatar que el hechor activo que ideó y ejecutó los ilícitos es Soquimich (SQM), al proporcionar dineros ilegalmente a los referidos personajes, hechores pasivos. ¿Con qué propósito SQM entregó esas prebendas? Supuestamente para neutralizar la voluntad de un abanico de individuos y entidades de carácter público y hacerse irregularmente del control del litio chileno.

Es explicable que los medios y la opinión pública concentren la atención en los hechores pasivos por ser figuras políticas que, por cierto, deben ser condenadas, sin embargo, lamentablemente se olvidan y dejan prácticamente en las penumbras al hechor activo, SQM, que hace tres años quedó en la más absoluta impunidad.

Entre Pascua y Año Nuevo del año 2017, el entonces Fiscal Regional Pablo Gómez, bajo la permisividad e indiferencia del Fiscal Nacional Jorge Abbott, concedió a SQM la impunidad –incluso sin concluir una prolija investigación–, a cambio del pago de una incipiente multa de US$3 millones de dólares, habida consideración de que el control del litio podría proporcionar ingresos por alrededor de $800 millones de dólares anuales.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), oponiéndose a dicha impunidad, expresó literalmente ante el Juez de Garantía Luis Avilés y frente a la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: “La empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas. Y, ¿cómo soluciona sus problemas? De la misma manera, pagando”.

El caso Soquimich no es, por tanto, un tema meramente tributario, de boletas falsas, que involucra a una treintena de personajes, sino de alta política de Estado que envuelve aspectos de la más grave índole.
Vulneración del orden público

La Constitución en su art. 19, N. 24, incisos 7 y 10, señala que el litio no es concesible y que su exploración, explotación o beneficio solo podrán ejecutarse por el Estado o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación fijados por decreto supremo del Presidente de la República. El acuerdo Corfo-SQM no solo incumplió esos requerimientos sino que también involucró a una empresa públicamente criminalizada. El Estado no puede ni debe, legal ni moralmente, contratar con entidades criminalizadas. En dichas circunstancias, el referido acuerdo, al transgredir la Constitución, adolece de nulidad absoluta.

La criminalización de Soquimich consistió en haber proporcionado dineros ilícitos a un abanico de funcionarios del Estado supuestamente para neutralizarlos en la libertad de oponerse o denunciar actuaciones irregulares relacionadas con el litio.

Art. 19, N.15, inciso cuarto, en concordancia con el numeral 21 antes transcrito, señala: “Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”. La Constitución no se refiere a qué tipos de asociaciones, pudiendo estas ser de cualquier carácter, políticas, comerciales o no comerciales.

¿Transgredió Soquimich el orden público constitucional, violando las disposiciones constitucionales citadas? ¡Evidentemente que sí!

Cuando en la materia llegó a imputarse y/o formalizarse a más de 160 individuos por financiamiento ilícito y/o cohecho, vinculados directa o indirectamente al Congreso Nacional o al Gobierno, esto es, por delitos que implican conductas contrarias a sus deberes y responsabilidades constitucionales y legales, evidentemente se ha vulnerado el referido orden público.

Recordemos que el concepto de orden público nos ilustra que este está conformado por el “conjunto de normas, reglas y principios que regulan el armónico funcionamiento de la sociedad”. ¿No es más que obvio que, al comprarse la conciencia de altos personeros del Congreso y del Ejecutivo, para servir a intereses particulares y no los intereses del Estado, amén de la inmoralidad, se ha trastrocado el mencionado “armónico funcionamiento de la sociedad”, esto es, el orden público?

¿No ha sido ello, sin duda alguna, una de las causas más importantes del descrédito generalizado de la política, que ha afectado dramáticamente a nuestro sistema democrático?

¿Cómo se gestó esta ilicitud? ¿Quiénes al interior de Soquimich lo tramaron? ¿Lo sabían sus diferentes órganos, socios y accionistas, y, al saberlo, lo aceptaron o encubrieron, lo denunciaron o se opusieron? Pues bien, todo ello quedó en las penumbras al suspender la Fiscalía las investigaciones y dejar en la impunidad tanto a Soquimich como a quienes recibieron ilícitamente prebendas.

¿No era un deber del juez de Garantía Luis Avilés y de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago haber rechazado de plano la insólita petición del Ministerio Público, que dejó sin investigar hechos que han violado gravemente la Constitución?
Vulneraciones a la seguridad nacional

El litio es un elemento para producir tritio, combustible de futuras fusiones nucleares, de uso no solo pacífico sino también bélico y, estando este recurso administrado por una empresa no confiable, acusada de corrupción, como lo es Soquimich, se compromete seriamente tanto la seguridad nacional como internacional.

En un artículo publicado en los medios, los prestigiosos científicos Gonzalo Gutiérrez, doctor en Física, y José Zagal, doctor en Química, señalan que “son tres las nuevas aplicaciones (del litio), y que abren inmensas oportunidades de investigación y desarrollo. Primero, el litio se utiliza para almacenamiento de energía, a través de su uso en baterías eléctricas y acumuladores termosolares. Segundo, contribuye a la eficiencia energética, empleándose en aleaciones de aluminio-litio en aviones, barcos y rodados. Tercero, el litio es el elemento del cual se produce el tritio, que es el combustible de la futura fusión nuclear”.

Consultado al respecto, el Dr. Gutiérrez, expresidente de la Sociedad Chilena de Física, explica: “El litio posee propiedades físicas y químicas de carácter singular por su alto potencial electroquímico y su bajo peso específico, que lo han convertido en un elemento clave en numerosas aplicaciones energéticas de alto nivel tecnológico, como baterías eléctricas y aleaciones livianas. Pero tiene también gran importancia en la energía nuclear. De hecho, el tritio usado en la fusión nuclear se obtiene a partir del isótopo Li-6 de litio. A diferencia de la fisión nuclear, que consiste en la división de núcleos de elementos pesados y es el principio físico en el cual se fundamenta la bomba atómica y la energía nuclear controlada actualmente en uso, la fusión nuclear consiste en la unión de dos o más núcleos de elementos livianos para dar origen a un núcleo más pesado. La fusión nuclear es el principio en el cual se basa la bomba de hidrógeno…”.

Es evidente entonces que la extracción, explotación, industrialización, comercialización y exportación de litio a otras naciones, están directamente relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad internacional, tanto por la importancia estratégica en energía como por el rol clave en la fabricación de armamento nuclear. El elevado riesgo de que mentes insensatas pudieran hacer uso de este tipo de armamento podría implicar una masiva destrucción de parte importante de la humanidad.

Chile se ha comprometido ante las naciones del mundo, como suscriptor del “Tratado de No Proliferación Nuclear” de 1968, a adoptar las salvaguardias allí señaladas para evitar en cualquier forma la construcción, proliferación y utilización de armas nucleares.

Es la explicación de que por mandato constitucional la ley declare al litio sustancia no concesible, salvo con autorización expresa, y a nuestro juicio indelegable, de la Presidencia de la República.

Pero la institucionalidad del país es aún más exigente al requerir la participación formal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) en todo lo relacionado con la extracción, explotación, industrialización, comercialización y exportaciones del litio. Efectivamente, ya el año 1976 el litio es incluido como sustancia de “interés nuclear” en la ley orgánica de la CCHEN, la cual, por tratarse de materias de seguridad nacional, está integrada por representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, rectores de universidades y otros altos personeros.

En relación con Soquimich, la potestad y responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto del litio quedó consagrada en una resolución que dictó la propia CCHEN, el 10 de octubre de 1995. Allí se establece:

“Cualquier acto jurídico que celebre la sociedad (SQM) sobre el litio, sus concentrados, derivados o compuestos, deberá ser previamente autorizado por la CCHEN. Así, dicha sociedad deberá someter a esta comisión los contratos de venta y otros actos jurídicos sobre el litio extraído… Para esos efectos deberá comunicar anticipadamente los siguientes datos: volumen y características técnicas; precio de venta; comprador y uso final”.

La misma resolución estableció la facultad de “revocar la autorización en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Estado de Chile, si a su juicio no se diera cumplimiento íntegro y oportuno a las condiciones bajo las cuales la autorización se ha acordado”. Ahora bien, desde que Corfo cedió el año 1995 a Soquimich la explotación y administración del litio, esta empresa se ha saltado la supervisión y autorizaciones de la CCHEN.

En una investigación efectuada por Ciper, publicada en marzo del 2016, sin que haya sido desmentida a la fecha, se señala: “SQM ha podido saltarse todos los controles que desde 1995 obligan a la minera a solicitar la autorización de la CCHEN para vender y exportar el litio, no reportando para ello el volumen, características técnicas, litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos, el comprador final y el uso que le dará este al mineral”.

El mencionado medio detectó que, en la mayoría de las autorizaciones de exportación que pidió SQM a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la minera tampoco especificó con claridad ni el destinatario final del litio, ni para qué se usaría. “Se consignaba algo general, que se usaría para batería, vidrio y generalmente para ‘usos industriales’, concepto que abarca prácticamente todo”.

Se agrega, en el mismo reporte periodístico, que “la principal tarea que le corresponde ejercer a la CCHEN es cautelar que el litio por razones de interés y de seguridad nacional no sea utilizado ‘para fines de fusión nuclear’. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, entre ellos potencias nucleares como China, los Estados Unidos e incluso podría haber llegado a Corea del Norte».

Sabemos que Chile, Argentina y Bolivia en las fronteras del norte poseen las mayores reservas de litio que existen en la Tierra, lo que ha llevado a considerarlo como el triángulo virtuoso del litio. No obstante, y hasta la fecha, ninguno de sus tres gobiernos ha generado una mesa tripartita para una política común del litio ante el resto del mundo. Bolivia, velando por sus intereses patrios, lo mantiene bajo control del Estado, y en Argentina el Estado de Jujuy hace lo mismo, sin acudir al acomplejado argumento de inferioridad científica y profesional para su procesamiento. Chile, a través de Corfo, lo entrega a una empresa no confiable, cuestionada por sus acciones ilícitas, que vende el litio en bruto sin ningún tipo de procesamiento a potencias que pueden darle una nociva destinación para la humanidad. De hecho, menos de dos años atrás el 24% de las acciones de SQM fueron traspasadas a la empresa estatal China Tianqui, por la suma de 4 mil millones de dólares, que se transaron fuera del país.
Vulneraciones a la moral

Las transgresiones al orden público y a la seguridad nacional poseen un lastimoso trasfondo: una decadencia valórica y moral y una turbia motivación de los hechores involucrados activa y pasivamente en los ilícitos, así como de las entidades responsables del imperio del derecho y el cumplimiento y respeto a la Constitución y las leyes, entidades que han dejado en la impunidad a aquellos hechores. La motivación es lo que en Derecho Civil constituirá “causa ilícita”.

En otras palabras, una especie de descomposición moral colectiva: de una empresa que, pagando, neutraliza a personeros públicos; de estos que, al ser neutralizados, declinan de sus deberes ante el país; y de organismos del Estado que los dejan en la impunidad.

Ha existido así una claudicación ética que ha afectado gravemente la institucionalidad de la nación y la confianza de la ciudadanía, en medio de un velo de silenciamiento casi unánime de la clase política, incapaz de levantar la voz y oponerse con vigor a perniciosas conductas en perjuicio del país.
La nulidad de todo lo obrado

Los ya mencionados numerales 21 y 15, inciso cuarto del art. 19 de la Constitución, y que prohíben las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado, han de interpretarse en armonía con las disposiciones sobre validez de los contratos establecidas en el Código Civil.

El art. 1443 del Código Civil, entre los requisitos para que un acto o contrato sean válidos, señala el que posean objeto y causa lícita.

El art. 1462 establece que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno.

El art. 1466 agrega que hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.

El art. 1467 dispone que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley, contraria a las buenas costumbres o al orden público.

El art. 1681 prescribe que es nulo todo acto o contrato que falte a algunos de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato.

El art. 1682 indica que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita son nulidades absolutas.

Por tratarse de violaciones a la Constitución, al orden público, la moral y la seguridad nacional, esas nulidades absolutas son imprescriptibles, por lo que bastará en el futuro que un Gobierno con voluntad y poder político las impetre para que el control del litio retorne 100% a poder de Chile, al que, conforme a la misma Constitución, le pertenece irrevocablemente.

En efecto, sabemos que la Constitución en su art. 19, N.24, inciso 6, expresa que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los minerales.

El art. 5 de la Carta Fundamental mandata al Estado a respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile.

Al respecto, tengan presentes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos tratados fueron ratificados y están vigentes en Chile. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su art. 1, inciso 2, dispone que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, agregando que “en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Por consiguiente y en mérito de lo expuesto, nos permitimos sostener que, conforme a las normas y disposiciones señaladas, existe un deber ineludible y actual del Estado de recuperar el control y administración del litio y destinar sus utilidades en beneficio de la población del país y de sus más urgentes y apremiantes necesidades.

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, las citadas ilicitudes permiten privar a la entidad transgresora (SQM) de sus bienes societarios. El Art. 19, N. 7, letra g, de la Constitución dispone: “No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas”.
Transgresiones al Medio Ambiente y a comunidades atacameñas

Finalmente, y de relevancia similar a lo anteriormente expuesto, deben tenerse presentes las transgresiones de SQM al medio ambiente, tanto de carácter ecológico como hacia los pueblos originarios que habitan en la región donde se explota el litio.

En una exhaustiva y reciente investigación de los académicos José Aylwin, Marcel Didier y Oriana Mora, bajo el título “Evaluación de impacto en derechos humanos de SQM en los derechos del pueblo indígena Lickanantay”, se señalan en la Introducción las razones y fines de este estudio: “La realización de este trabajo ha estado motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por lo que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas, tanto en el derecho nacional como internacional. Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el año 2018 CORFO celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas y en el ecosistema de dicho salar”.

En resumen, el caso SQM no es únicamente un tema tributario de boletas falsas sino también una cuestión de Política de Estado, en la que, a partir de un profundo quiebre moral y valórico, se ha lesionado gravemente el orden público, el interés nacional, la seguridad internacional y el medio ambiente humano y ecológico

Por consiguiente, es imprescindible que, con el apoyo de una amplia mayoría, transversal, más allá de diferencias político-partidistas, se intervenga Soquimich en conformidad con la Constitución, a fin de recuperar el control de este estratégico recurso natural y gestionarlo con estricto celo ecológico, respeto a las comunidades aledañas y en beneficio de las necesidades más esenciales y urgentes de todos los habitantes del país.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/10/sqm-y-el-litio-nulidad-de-todo-lo-obrado/