26/09/2022
Redacción La tinta
Integrantes de 28 líneas de investigación de Litio de nuestro país se reunieron este mes para debatir acerca de la situación litífera nacional, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todxs provenientes de instituciones públicas (universidades, Conicet, Instituto Nacional de Tecnología Industrial -Inti-, Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA- e INVAP). A la luz de las significativas transformaciones que trajo consigo la pandemia, lxs especialistas acercan, en esta 4ta. Declaración del Foro de Especialistas en Litio de la Argentina, una mirada y un diagnóstico actualizado sobre la situación del litio en el país. Ante la pérdida de soberanía en todas las dimensiones, crear una empresa pública real, declarar al litio recurso estratégico, captar más renta, cuidar el ambiente, respetar los derechos comunitarios y conformar una comisión nacional del litio son las propuestas.
Por Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio para La tinta

En medio de la visible interrelación entre el cambio ambiental global y la notoria degradación de la biósfera terrestre, la pandemia aceleró los programas de transición verde en el norte global -el fuerte crecimiento de la electromovilidad es paradigmático-, movimiento que se tradujo en una aguda presión sobre los recursos naturales de este lado del hemisferio sur. El litio, mineral estratégico para la transición energética global, manifiesta un desmedido crecimiento en su demanda, debido fundamentalmente a la tracción que genera la fabricación de baterías para automóviles eléctricos. Para graficar el tamaño de esta expansión, un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía en 2021 indicó que la demanda del litio aumentará 42 veces si se cumplen las proyecciones de emisiones cero para 2040 (AIE, 2021). Esta situación de presión sobre el mineral genera que las multinacionales vinculadas a la electromovilidad necesiten asegurar el acceso al recurso para los próximos años. Así, el precio del carbonato de litio equivalente alcanzó los 70 mil U$D/T para septiembre de 2022, un aumento de 214% respecto del mismo mes del año anterior y muy lejano de los 7 mil U$D/T de hace unos años (véase: trading economics).

Ante este escenario, se acrecienta el interés de las potencias globales por los recursos locales. China avanza en la adquisición de yacimientos o en la participación en explotaciones ya existentes. En contrapartida, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson, sostuvo que la región era rica en minerales raros y litio, y que China y Rusia estaban tras ellos, jugando “al ajedrez”. La disputa por el dominio y el control del litio argentino no es nueva, pero es ya nítidamente visible.
La claridad acerca de la importancia estratégica del litio, el valor de su control y las preocupaciones por la soberanía nacional están presentes en los países de la región. En Bolivia, el litio es considerado un recurso estratégico y, por ello, el Estado controla el 100% de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes). Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) proyecta ingresos para el año 2022 de 500 millones Bs (70 millones U$D), correspondiente a 18.700 t de KCl (Potasio) y solo 400 toneladas de carbonato de litio, suma que está destinada a las arcas públicas. Por su parte, el Estado mexicano también declaró al litio recurso estratégico, frenando nuevas concesiones y ha creado recientemente una empresa pública nacional, “Litio para México”, la cual cuenta con más de 80 concesiones propias y han entrado en revisión las hechas a actores privados. En Chile, aparte de los 25 millones U$D anuales destinados a las comunidades y una cifra análoga a la investigación; contando que el 25% del litio producido tiene que ser vendido en el mercado local, las empresas privadas que extraen el recurso tributan el 40% del precio de venta del litio al Estado. Préstele atención a lo siguiente: solo una firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile -SQM- reportó un pago al fisco estatal de 2.198 millones U$D solo en el primer semestre de 2022.

Imagen: Salar de Uyuni, Bolivia / Dany Krom / XL Semanal
Asimismo, existe la intención manifiesta de que haya una presencia directa del Estado nacional chileno en los nuevos procesos extractivos de litio así como una participación preponderante y directa en los proyectos hoy activos. En la Argentina, es muy difícil conocer la tributación de las empresas, lo cual es un problema en sí; para el 2020, según una estimación realizada para la CEPAL, las arcas públicas recaudaron 12,1 millones U$D. En definitiva, Bolivia, Chile y México viven un proceso de sostenida presencia de empresas públicas nacionales en el manejo real del litio, un escenario totalmente diferente al de la Argentina.

¿Qué sucede en Argentina?
A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y en Chile, el Código Minero argentino permite que cualquier empresa privada, nacional o extranjera, adquiera yacimientos públicos de litio vía concesiones mineras provinciales a perpetuidad y sin condiciones, que luego pueden hipotecar o vender cuando quieran. Por otra parte, debido a la Ley de Inversiones Mineras de 1993, las empresas que decidan explotar esas concesiones gozan de enormes exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y un régimen de regalías que prohíbe a las provincias cobrarles más del 3% del valor de las ventas declaradas por las mismas empresas (descontando todos los costos que van desde la bocamina hasta el puerto). En la provincia de Catamarca, la empresa Livent (ex FMC), que explota el Salar del Hombre Muerto desde hace 25 años, protagonizó un escándalo asociado a la falta de controles públicos, esta vez, por una serie de subfacturaciones confirmadas por la Agencia Recaudadora provincial. Según datos de la Dirección General de Aduanas, solo entre 2018 y 2019, la empresa norteamericana registró más de 400 ventas con precios de hasta el 121% por debajo de las demás compañías exportadoras del mundo, motivando una multa estimada en 7.700 millones de pesos. Como si esto fuera poco, reciben un reintegro a las exportaciones que alcanza una cantidad en general superior a lo que pagan por concepto de regalías provinciales, lo que lleva a la Argentina a ser el país de la región con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada al litio.

Este estado de situación llevó al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington a recomendar “ir por el litio argentino, entre otras cosas, porque es el más desregulado”, una situación que hemos venido advirtiendo sucesivamente (en 1° y 2° Declaración del Foro 2020 y Sady-Kennedy, 2022). En estos años, se han multiplicado fuertemente diversos proyectos extractivos que están en manos de corporaciones extranjeras (Australia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia e Inglaterra). A la fecha, existen dos proyectos operativos y más de 50 en diferentes etapas de consolidación. El dato concreto de la realidad extractiva es la rápida consolidación del control y el comando de las empresas transnacionales sobre los salares del noroeste argentino. Una vez que este escenario se consolide en breve, con más de 20 empresas de los países centrales operando en el territorio, será prácticamente imposible modificar la situación.

Una apreciación análoga se puede hacer sobre la falta de regulación ambiental. Así como las empresas declaran por sí mismas el precio y los volúmenes que exportan, sin que hayan estado siendo revisados o controlados, también contratan directamente los equipos que realizan los informes de impacto ambiental. Asimismo, se continúan autorizando extracciones en áreas protegidas, en particular, en sitios Ramsar (humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales de la UNESCO) y mediante metodologías evaporíticas que eliminan gigantescos volúmenes de agua del sistema y dejan toneladas de pasivos ambientales sólidos, los cuales ya han demostrado tener un enorme impacto negativo sobre la biodiversidad de los humedales altoandinos, donde el agua es un factor altamente limitante. Los países que impulsan la transición energética y demandan el litio son co-responsables de cómo y dónde se explota este recurso, ya que su extracción debe ser realmente sustentable, por tanto, deben apoyar la investigación y la innovación para la aplicación de nuevas tecnologías cuyo impacto en el consumo del agua y el ambiente no atente contra la reproducción del ecosistema integral.

Paralelamente, muchas de las comunidades continúan sin ser reconocidas como actores de derecho, pese a que se encuentran en el territorio hace milenios y amparadas por leyes que exigen la consulta libre, previa e informada, la cual no se aplica pese a tener rango constitucional, en una utilización selectiva de la ley.

Dadas las obvias y peligrosas consecuencias que trae consigo el cambio ambiental y climático global, las necesidades acuciantes de proyectar una transición energética de gran porte y la clara necesidad de alumbrar nuevos patrones de desarrollo a tono con los desafíos del presente siglo, el litio brinda una oportunidad que el país deja pasar. Hasta aquí, el área tecnológica del litio y las investigaciones permanecen desconectadas del área extractiva, no hay transferencia de rentas ni aplicación sistemática y coordinada dentro del sistema científico del litio. Existen en el país diversos grupos de investigación financiados principalmente por el Estado nacional, que producen conocimiento en todos los eslabones de la cadena, desde el desarrollo de nuevas técnicas extractivas sustentables hasta la fabricación de celdas para baterías y sus diversas aplicaciones en energías renovables y electromovilidad. Contamos también con capacidades para desarrollar y fabricar otras aplicaciones estratégicas, como la producción de litio-6 y litio-7, utilizados en la producción de energía nuclear. La construcción de una planta para la fabricación de celdas de litio localizada en la ciudad de La Plata, que proyecta una producción anual de unos 13 MWh (que equivale a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos) no es de peso en términos industriales, solo participan YTEC-UNLP excluyendo al grueso del sistema científico y termina por convalidar la delicadísima situación extractiva del país.

mineria-litio-extractivismo
(Imagen: Asociación civil Be.Pe.)
En términos generales, no existe una clara política de articulación de las capacidades científico-tecnológicas en torno a la temática. Los intentos de articulación entre los diferentes grupos fueron realizados desde este Foro y han surgido de lxs investigadorxs mismxs. Además, dado lo estrecho de las iniciativas, existe una fuerte desvinculación del sistema científico-tecnológico con el sistema productivo.

Propuestas
Para poder encauzar las urgentes demandas sociales y aprovechar las importantes capacidades científico-tecnológicas del país, es necesario avanzar hacia una reforma que ponga a la Argentina en sintonía con lo que ocurre en Bolivia, Chile y México, en función de habilitar una coordinación productiva y comercial real, y de nivel internacional. A la luz de la experiencia global, existen sobrados argumentos geopolíticos, técnicos y jurídicos que justifican la necesidad de declarar al litio como “recurso estratégico” y sustraerlo así del Código de Minería para suspender la especulación inmobiliaria y financiera en torno a las concesiones, y reformular la relación con las empresas que hoy controlan los dos proyectos en operación, suscribiendo nuevos contratos con el Estado nacional y el Estado provincial correspondiente (el hecho de que exista una ley que reserva el control del litio a la CNEA, dado su importancia para la tecnología nuclear, un rubro en que el país posee histórica trayectoria, permitiría avanzar con esta gran posibilidad tan solo con contar con la decisión política). Estos nuevos contratos de explotación no solo permitirían una mayor participación estatal en cada proyecto, sino también un esquema de regalías mucho más favorable a las provincias e, incluso, aportes específicos para las comunidades locales y el financiamiento de un programa de investigación integral sobre los salares del Altiplano andino, con el objetivo principal de reforzar las capacidades de control y cuidado ambiental. Adicionalmente, podrían garantizarse fondos y litio -recurso con el que hoy la Argentina no cuenta- en función de una agenda de transición energética hacia las fuentes renovables y la electromovilidad.

Otra opción, a tono con lo que sucede en la mayoría de los países de la región que cuentan con el litio, es que la CNEA o la recientemente anunciada YPF Litio, en lugar de buscar “asociaciones con las empresas mineras provinciales para exploración del terreno”, cuando el conjunto de las pertenencias ya están tomadas, -sería una apuesta de aquí a media década y conlleva aceptar que el litio no pertenece a la Argentina (Ámbito Financiero, 2 de septiembre de 2022)- pueda tener una participación accionaria del 50 por ciento compartida con las provincias en los proyectos ya existentes y aquellos prontos a producir. El porcentaje restante quedaría en manos de las corporaciones con las que compartiríamos el litio argentino.

Con el objetivo de contar con una estrategia nacional sostenida en el tiempo y para realizar un diagnóstico integral oficial que le permita al Estado aprovechar el recurso para el país, se ha tornado clara la pertinencia de nuestra propuesta de convocar a una Comisión Nacional del Litio como modo de reunir a los actores principales que se abocan al recurso, propiciar un debate genuino y lograr así la legitimidad y la visibilidad que cualquier transformación merece. Hemos realizado también el I Encuentro Nacional del Litio de la Argentina en diciembre de 2021, donde participaron más de 400 profesionales de todas las regiones del país. Ante esta situación, y bajo la posibilidad de converger con la corriente de transformaciones sobre la situación litífera que se da en la región, apostamos por la necesidad de reponer el control del Estado nacional sobre las reservas estratégicas de litio.

*Por Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio para La tinta / Imagen de portada: Prensa Be.Pe.

Referencias
Agencia Internacional de Energía (2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Disponible: www.iea.org

Agencia Boliviana de Información (ABI) (2022). “Yacimiento del Litio eleva a Bs 500 millones meta de ingresos para este 2022”, Bolivia. Disponible en: www.abi.bo

Jorratt, M. (2021). “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal de la minería del litio en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile.

Sady – Kennedy, A. (2022). Ally shoring the lithium supply chain in the americas, Harvard Kennedy School, EE. UU.

SQM (2022). SQM shares its views on “salar futuro”. Disponible en: https://ir.sqm.com/Spanish/noticias/default.aspx
https://latinta.com.ar/2022/09/litio-politica-soberana/

21/09/2022
Litio en Catamarca: un peligro para las lagunas altoandinas y la producción local
Los proyectos mineros por el litio avanzan sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas. Un informe de la organización Be.Pe alerta sobre los riesgos de agotamiento y contaminación de acuíferos. La Asociación Campesinos Del Abaucan (Acampa) denuncia la avanzada extractiva sobre la producción agropecuaria y el avasallamiento de la cultura local. Las promesas de trabajo, el rol de los gobiernos y una publicitada «transición energética» que arrasa territorios.

“En el bolsón de Fiambalá tenemos turismo, una alimentación sana, trabajamos la agroecología. Nuestro mayor temor es la contaminación del agua, el riesgo de perder nuestra producción, la fauna y la flora local. Vimos cómo afecta la minería de litio el ambiente y las poblaciones de zonas desérticas”, relata Johana Villagrán vecina de Fiambalá, Catamarca, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucan (Acampa). A pocos kilómetros, a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, se encuentra el salar de Tres Quebradas, que integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales, un sistema que sostiene el delicado ecosistema y la producción local, que se ve amenazado por la minería del litio.

En 2016, se instaló en Tres Quebradas la empresa Liex S.A., para iniciar su proyecto de exploración de litio. El mineral es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la “sustentabilidad” y la transición a “energías verdes” busca atraer inversiones para la producción de carbono de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos. Sin embargo, la transición tecnológica no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales, escasos puestos de trabajo y recaudación del Estado solo a través de regalías bajas.

“La extracción y comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidad territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”, sostiene el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, que analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados en la ONU en 2011.

El proyecto Tres Quebradas está ubicado dentro de lo que se conoce como el “Triángulo del litio”, una zona geográfica de zonas desérticas y salares que ocupa Argentina, Chile y Bolivia, y donde se considera que se encuentran la mayor reserva de este mineral a nivel global. “El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado y anunció que impulsará incentivos económicos —beneficios impositivos— para las empresas que vengan al país a invertir en movilidad “sustentable” para la producción de este tipo de vehículos, y su cadena de valor.

El informe de Be.Pe subraya que las políticas dispuestas por los Estados que integran el “Triángulo del litio” evidencian una marcada propiedad de capitales extranjeros debido a un andamiaje legal que establece limitaciones para la exploración, extracción y comercialización de minerales en manos de los Estados. “El litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado y la única ganancia deriva de los escasos impuestos que pagan las compañías por desarrollar sus actividades en el país”, sostiene el informe.

El documento enumera otra serie de garantías que los Estados le ofrecen a las empresas extractivas como exenciones tributarias, derechos laborales y otro tipo de acciones como “disposición de fuerzas de orden público e imposición de imaginarios de desarrollo sustentados en el extractivismo”, como se evidenció en los últimos meses con los casos de la vecina Andalgalá y Chubut.

¿Y las comunidad de Fiambalá? “La falta de consulta fue una vulneración directa al derecho de consulta previa e informada”, sentencia Natalia Sentinelli, antropóloga y parte del equipo de investigación del informe de Be.Pe. También destacó una abierta vulneración a la Ley General de Ambiente (25.675) y su “principio precautorio”, que significó la aprobación del proyecto de exploración Tres Quebradas por parte del gobierno de Catamarca sin los estudios de impacto ambiental completos. La falta de consulta e información previa se agrava con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Por eso, el informe sostiene que la exploración iniciada hace cinco años debería detenerse.

“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenían la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer. Cuando la empresa se presentó en Fiambalá siempre fue acompañada por el Estado, respaldando a la minera. Y cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio jamás obtuvimos respuestas”, describe a Tierra Viva, la integrante de la organización campesina Acampa. Catamarca no cuenta con oficinas de la Defensoría del Pueblo, los canales de recepción de quejas y de solicitud de información acerca del accionar de las empresas mineras dependen del Ministerio de Minería.
Fuente: La prensa energética

Litio en Catamarca: un peligro para las lagunas altoandinas y la producción local