05/10/2020
Luego de conocer la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que se archiva el trámite administrativo que evaluaba la licencia ambiental para el proyecto Soto Norte, señalan que esta decisión no toca de fondo el poder que tendría Minesa sobre el páramo de Santurbán.

Este 2 de octubre la ANLA, mediante el auto No. 09674, fundamentado en los resultados del estudios realizados por 5 profesionales de la facultad de minas, de la universidad Nacional de Medellín y más de 30 expertos en diferentes disciplinas como, geología geoquímica, hidrogeología entre otras; evidenció el impacto ambiental qué generaría el proyecto minero Soto Norte, presentado por la multinacional Minesa, para la exportación subterránea de minerales en cercanías al Páramo de Santurbán.

«Como consecuencia del análisis realizado al estudio del impacto ambiental y, a la información allegada posteriormente por la empresa, el equipo técnico de la ANLA estableció que no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero por lo que éste debería ser archivado«, este es el argumento entregado por la Autoridad, en donde dan un alto momentáneo al trabajo de Minesa.

Dentro de las consideraciones entregadas por la Autoridad se encuentra la definición del área de influencia, aspectos técnicos del depósito de los residuos de la actividad minera, entre otras, como el plan de manejo de riesgo, la valoración económica y la hidrogeologia.

Esta acción se da a propósito de las más de «44. 190 intervenciones por parte de la ciudadanía» para obtener información de este trámite de licencia ambiental, según lo resalta en el comunicado la ANLA, pero, pese a ello diferentes sectores señalan que esta decisión «deja la puerta abierta a nuevas solicitudes» por parte de los licenciamientos de exportación que pueda solicitar la multinacional árabe.

Esto se traduce en qué aún no se debe dar por sentado que la licencia ambiental de Minesa haya sido negada en su totalidad y de manera definitiva. Mayerly López, vocera del Comité en la Defensa del Páramo de Santurbán indicó, que a pesar de que este es un logro, la ciudadanía debe entender que el riesgo continúa ya que «la ANLA archivó el proyecto, más no niega la licencia ambiental»

Aclarando que la empresa tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición para que la ANLA, reconsidere la decisión. Apelación que fue presentada este lunes por medio de un comunicado presentado por la sociedad minera de Santander, y respaldado por Mubadala Investment Group empresa inversora del gobierno de Abu Dhabi.

Instancia que fue argumentada, indicando que la solicitud de esta licencia ambiental estuvo respaldada en más de 5 años de estudios, y la colaboración durante los últimos ocho meses en responder a las 107 solicitudes de información por parte de la ANLA.

Argumento, que según la defensora ambiental, tuvo diferentes errores, indicando que, «Minesa presento tres veces la información incompleta … por eso hacemos un llamado a la ANLA para que con este tipo de licenciamientos sea un poco más rigurosa, primando el principio de precaución y más aún cuando se pone en riesgo el agua y ambiente de millones de colombianos y colombianas»

«El debate de fondo no ha terminado y nosotros no descansaremos hasta que todas nuestras cuencas abastecedoras sean zonas de exclusión de los proyectos de megaminería«  Mayerly López, vocera del Comité en la Defensa del Páramo de Santurbán

Una disputa por el agua que continúa este martes 6 de octubre en la plenaria del senado, con el debate de control político en donde organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos, presentarán argumentos jurídicos y técnicos que permitan dar cuenta de las razones por las que la ANLA «debió negar desde un principio la licencia ambiental a Minesa».

«ANLA no tomó decisión de fondo sobre la licencia ambiental de Minesa»

Redacción2 La Libertad – 28/09/2020

Durante el segundo foro “Participación local para la defensa del Páramo de Santurbán, la Comisión Accidental del Senado, escuchó a autoridades locales sobre las garantías, dificultades y propuestas con miras a la preservación de esta reserva natural.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó que en Colombia en materia de defensa ambiental no se tiene una base técnica para adelantar estos grandes proyectos, que por el contrario se dieron a la tarea de construir los elementos que ponían en riesgo el territorio de los santandereanos privilegiados de esta fuente hídrica de vida.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de California, Genny Gamboa, manifestó: “Sí a la minería, pero no así, no creo en la minería bien hecha, es un concepto que solo se queda en estudio. Y según como se estableció en el Plan de Desarrollo lo que se debe propender es por proteger, preservar e invertir. La pequeña minería debe ser legal, productora y cuidadora del medio ambiente del páramo”, indicó.

El diputado del Norte de Santander, Juan Carlos Bocanegra, a su vez dijo que se debe entender que bajo ningún motivo, ni excusa se debe permitir ninguna clase de explotación, y no se debe arriesgar una de las fuentes hídricas más importantes en norte de Santander. “Hemos hecho un memorial para suspender la licencia que se está generando en este momento. No existen condiciones importantes que delimitan este páramo. No se pueden poner en riesgo nuestras fuentes hídricas, a este proyecto se le debe poner una pausa y si es posible ser cancelado, esperamos que esta voz de protesta, de conciencia se escuche en el gobierno, en el ejecutivo y se de una voz de esperanza”

El el desarrollo de esta Comisión Accidental, también intervino el director de Área Metropolitana de Bucaramanga, Samuel Jaimes, quien mediante gráfica explicó en detalle los límites políticos administrativos de vínculos vitales en el área metropolitana de Bucaramanga, haciendo alusión a un estudio realizado que demuestra el abandono del agro, el cambio de uso en la producción que generaría que los suelos se empobrecieron, resultando de ellos una alta demanda de la energía y una reducción hídrica que amenaza el sector. Además, hizo referencia a los impactos sobre movilidad, el sistema vial regional en la multicomplejidad urbana, el impacto en los suelos, tanto rural como urbano, y el deterioro ambiental que pondría en riesgo a todo el sector.

Por su parte, Gregorio Angarita de la Corporación Autónoma Regional Norte de Santander. dijo que “rechazan la minería a gran escala y aseveró que nadie tiene el detalle puntual y exacto de la definición de agricultura de alto y bajo impacto, si se hiciera se le daría confianza y seguridad a los campesinos para que estén seguros y tranquilos de vivir en el sector y así garantizarles una alternativa de sustitución”.

Seguidamente el Alcalde del municipio de Tona, Elkin Pérez Suaréz, aseguró que l”as principales dificultades de los campesinos son la delimitación de páramos, y propuso que el debate por Santurbán se amplíe para que se reconozcan los habitantes del territorio y se les garantice a los ciudadanos el derecho al trabajo, brindándoles la oportunidades a las familias que viven cerca al Páramo.”

El alcalde de Vetas, Hernán Bautista, reiteró “Vetas, ha sido el municipio más afectado por la defensa del páramo, somos líderes que defienden el territorio sin intereses políticos, ni afectar su gente, y no hacemos populismo con el Páramo. Vetas está sufriendo la peor crisis de su historia; pedimos que separen los dos temas: el licenciamiento de un proyecto minero, de su delimitación. Se está afectando a un paraíso minero incrustado en el Páramo de Santurbán donde hay 2.100 habitantes y solo 30 personas no dependen de la minería, los demás todos dependemos de la minería. Se requiere buscar una solución socioeconómica”, precisó.

Mientras, que el director de la Autónoma Regional de Santander, Alex Edit Acosta, aseguró que “con 74 municipios, y bajo la dirección de más de 6 millones de hectáreas, es fundamental poner en marcha las acciones en favor del páramo, así como es fundamental el apoyo para fortalecer el sistema nacional ambiental”.

Senadores de la Comisión Accidental anunciaron debate el próximo 6 de octubre en plenaria

El senador Horacio Serpa, envió un saludo a los Alcaldes de Santander solicitando el apoyo a esta noble causa y también los invitó a buscar una forma de ayudar a estos municipios, una ayuda especial a esos municipios más cercanos a los páramos.

Por su parte, el senador Alberto Castilla, dijo que “esta Comisión Accidental busca analizar las diferentes propuestas y resultados de los territorios en lo que significa preservar este espacio geográfico para Cúcuta, Bucaramanga, Santander y Norte de Santander, su defensa es una apuesta al país y mantener la disposición para preservar la vida y garantizar así la existencia de los pueblos”.

Mientras que el senador, Antonio Sanguino, aseguró que el propósito es defender el Páramo de Santurbán, no sólo como un esfuerzo de movilización, sino una acción de litigio, en una iniciativa que puede articular los distintos actores”.

El senador Juan Carlos García, dijo que “es importante buscar alternativas socioeconómicas en busca de la delimitación y la licencia ambiental, por lo que es fundamental que el 6 de octubre en plenaria de senado se articulen los cuestionarios inmersos con este tema, seguimos construyendo este espacio de participación en defensa de los páramos.”

A su turno, el senador Richard Aguilar, indicó que “hay que revisar la formalización de los mineros, hay que diversificar la economía, el turismo, hay que pensar en la protección de los mineros artesanales y también en su comunidad”.

El senador Carlos Eduardo Guevara, expresó “estaríamos matando el alma del páramo, su producción de agua, las área subterráneas, quedamos sin el alma sustancial de todo su ecosistema. Debemos ir hacia planes concretos de reconversión, sustitución, buscando recursos para estas comunidades que no podemos desplazar sin ninguna alternativa económica, que ellos tengan recursos como protectores de páramos”.

La senadora Angélica Lozano, dijo: “mi reconocimiento a los trabajadores artesanales ancestrales con su disposición a corregir y adaptarse a los correctivos, ellos han cuidado el páramo por siglos. Quieren, saben adaptarse, ajustarse y no quieren utilizar mercurio. Ellos saben adecuarse a nuestra realidad, han cuidado el páramo por siglos. Tenemos la certeza que estamos en la lucha”.

También la senadora Sandra Ramírez, expresó “tenenos problemas comunes, pero queremos buscar una solución común. Gracias por los insumos, estamos coordinados a hacer la pelea por la defensa de nuestro territorio”.

Finalmente, el Senador Jaime Durán, presidente de esta Comisión accidental, convocó para el próximo 6 de octubre al debate en plenaria y dijo que se desarrolló un foro con altura y se escuchó a los diferentes sectores frente al tema del páramo de Santurbán, “debemos seguir exponiendo nuestras ideas, seguir con vehemencia en contra de la posibilidad de la explotación minera en el páramo de Santurbán”.

HL

#DIARIOLALIBERTAD

La huelga deja hasta el momento unos 217 mil millones de pesos en pérdidas para el país.
Los trabajadores han realizado manifestaciones en medio de la huelga.
Foto:Cortesía
30/09/2020
Se completan 31 días de parálisis por conflicto laboral en el complejo minero de la empresa Cerrejón, sin que hasta el momento las comisiones negociadoras de la empresa y del sindicato mayoritario de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) reanuden el diálogo.

Esto representa más de 217 mil millones de pesos en pérdidas, en un momento tan crucial para la economía del país y de las regiones por la pandemia del covid-19.

Ambas partes han anunciado su disposición al diálogo, pero permanecen radicales en sus diferencias: el cambio de turno, o mal llamado ‘turno de la muerte’.

La carbonera insiste en su implementación para garantizar su sostenibilidad, señalando además que no hace parte de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), mientras que el sindicato solicita la realización de una mesa técnica para su implementación ya que afecta de manera directa varios puntos de la convención.

“Cerrejón está abierto a negociar con Sintracarbón sobre tres principios: que se realice en un ambiente de respeto mutuo, que se haga en el marco del pliego de peticiones presentado por Sintracarbón y la denuncia presentada por la empresa, y que se tenga en cuenta la crisis que afronta la compañía”, indicó en un comunicado.

Otro de los aspectos está relacionado con la salida de unas 1.250 personas por parte de la carbonera con la implementación del cambio de turno de acuerdo con lo denunciado por Sintracarbón.

En un vídeo que se filtró y que al parecer hace parte de una charla virtual en la que la presidenta Claudia Bejarano habla con sus empleados sobre la negociación se confirma en parte esta información.

En el vídeo, Bejarano responde una de las preguntas relacionadas con la salida de 1.250 trabajadores y asegura que “no es cierto, con este turno se elimina una cuadrilla, estamos hablando de un poquito del 50 por ciento de esa cifra, de alrededor de 600 o 700 personas y no son 1.250 personas”.

Estas declaraciones generaron un pronunciamiento del sindicato. “Sintracarbón sostiene y sabe que son más de los que afirma la presidenta de la multinacional, confirma con esta declaración una de las principales razones que hoy nos tienen en el día 30 de la huelga: la protección al empleo de más de 3.500 familias que quedarían sin sustento de implementarse el nefasto turno”.

Mientras tanto, la intermediación del Ministerio de Trabajo ha sido improductiva. Hace 15 días propuso una hoja de ruta para abordar el diálogo entre las partes.

Cada una realizó sus respectivos comentarios al documento y aún sigue sin definirse el tema. De manera urgente, el sindicato hizo un llamado al Ministerio para que cite a las partes, así existan posiciones contrarias ya que es el único mecanismo de buscar una salida.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de La Guajira exhortó a las partes a sentarse a dialogar e identificar puntos de encuentro que permitan de manera inmediata retomar la operación minera en el departamento.

“Es relevante considerar que el desarrollo del departamento se agrava con la parálisis de la actividad de mayor contribución económica, como lo es la explotación minera, pues representa el 38,9 por ciento del PIB departamental a 2019 y una de las mayores generadoras de puestos de trabajo entre directos e indirectos en el territorio”, indicó el director de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero.

Más de 10 mil trabajadores, entre directos e indirectos, se encuentran cesantes con la huelga, que ya comienza a impactar la economía de la región.

Así las cosas, esta sería la huelga más larga en Cerrejón, debido a que la desarrollada en 2013 duró 32 días. En esa oportunidad, las pérdidas superaron los 172 mil 800 millones de pesos y se dejaron de exportar alrededor de unas 3 mil 200 millones de toneladas de carbón.
Denuncian sobrecupos en lanchas y aglomeraciones en Playa Blanca
La extraña desaparición de una mujer que tiene consternada a Armenia
¡Histórico! Nació el primer flamenco en el zoológico de Barranquilla

Eliana Mejía
Especial para EL TIEMPO
Riohacha
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/un-mes-de-la-huelga-en-cerrejon-en-la-guajira-540782

29/09/2020
Experto de la ONU pide cesar las actividades de la mina El Cerrejón en Colombia
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente pidió este lunes a Colombia que suspenda, al menos temporalmente, las actividades de la mina de carbón El Cerrejón, ya que daña gravemente el medioambiente y la salud del pueblo indígena Wayúu. El yacimiento es el más grande a cielo abierto de América Latina y limita con las tierras comunales protegidas de esa comunidad.
Fuente: Noticias de la ONU

«Llamo a Colombia a implementar las directrices de su Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu de la reserva indígena de Provincial contra la contaminación de la mina El Cerrejón y contra la COVID-19», manifestó David Boyd, quien especificó que durante la pandemia deberían suspenderse las operaciones en el sitio de Tajo Patilla, cerca de la reserva indígena.

Boyd explicó que el hecho de respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable debido a las actividades mineras incrementa el riesgo de enfermedades para estas personas y que durante la pandemia del coronavirus esta situación puede convertirse en una amenaza mortal.

«La ciencia es clara: las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire -como la de los alrededores de la mina El Cerrejón-, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19», dijo.

Pese a una resolución judicial emitida el pasado mes de diciembre donde se ordenaba a las autoridades colombianas y a los dueños de la mina mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad, el experto indicó que no se tomaron las medidas suficientes para proteger a los miembros de la comunidad Wayúu en el resguardo indígena de Provincial.

La sentencia dispuso “que la empresa había perjudicado la salud de los residentes de la reserva indígena de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación, así como por el ruido y las vibraciones de la minería”.

Graves riesgos sanitarios para la comunidad Wayúu
Debido a la constante actividad minera las 24 horas del día durante toda la semana, y al uso de máquinas pesadas y explosivos, las personas que viven en las cercanías del yacimiento padecen diversas molestias como dolores de cabeza, trastornos respiratorios, tos seca, ardor en los ojos y visión borrosa. Las explosiones provocan temblores en las casas y lanzan partículas de carbón al aire, al agua y al terreno.

La compañía también provoca la contaminación de los recursos acuíferos no sólo al desviar y usar un gran número de arroyos y afluentes, sino también al verter agua contaminada con metales pesados y productos químicos.

En respuesta a esta situación, la empresa transportó agua a los residentes en camiones cisterna. Sin embargo, Boyd indicó que la contaminación acuífera impidió que las comunidades tuvieran acceso a agua limpia desde el inicio. «Esto ha hecho que la comunidad Wayúu dependa en mayor medida de fuentes alternativas de agua, lo que la deja más expuesta al riesgo de COVID-19», recalcó.

«Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, deteniendo la minería cerca de la reserva Provincial hasta que pueda realizarse de forma segura», concluyó el relator especial.

La empresa minera Cerrejón funciona de manera independiente y pertenece en partes iguales a las filiales de las empresas mineras internacionales BHP, Anglo American y Glencore.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Experto de la ONU pide cesar las actividades de la mina El Cerrejón en Colombia

21/09/2020
La reciente masacre en el departamento dejó como saldo 6 perosnas muertas y una herida.
Masacre en Cauca: «Criminalidad en el Cauca ha aumentado por minería ilegal y narcotráfico»
GettyImages
Karen Rozo Galán: @Krozo5 –
En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el secretario de gobierno del departamento del Cauca, Luis Angulo, manifestó que en el departamento del Cauca la ola de violencia toma cada vez más fuerza como consecuencia de la disputa del territorio por parte de actores ilegales.

Esta zona del país es conocida por ser un punto clave para las estructuras criminales. Allí se encuentran rutas del narcotráfico y procesos de explotación ilegal minera.

Angulo manifestó la preocupación de la población civil que está en medio del conflicto y la disputa. «No ha sido posible evitar tantas muertes en el departamento. Debemos mirar otras opciones junto al gobierno para sacar a la población civil de este conflicto» manifestó.

En cuanto a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría, el secretario reiteró que estas han estado encaminadas a demostrar los riesgos que diariamente vive la comunidad. «Nosotros como gobernacion del departamento venimos exigiendo constantemente todo un tema de inversión social. Pero, hoy vemos que la situación sigue, no mejora y creo que nosotros como caucanos deberíamos hablar de un tema de carácter humanitario», reiteró.

Cabe recordar que durante este fin de semana se presentó una nueva masacre en la zona: «Lo que conocemos es que ayer, a eso de la 1:30pm, algunos líderes llaman a decir que se escucha una situación de enfrentamiento en este municipio, se activa toda la alerta con la fuerza pública y después nos dan a conocer que hay al menos 6 personas muertas y una persona herida»
https://caracol.com.co/programa/2020/09/21/6am_hoy_por_hoy/1600687494_986107.html

La mesa Ambiental aseguró que la alcaldía desmontó unas banderas que estaban en la fachada de las casas contra la multinacional AngloGold Ashati.
Alcalde de Jericó impide la protesta contra la minería: Denuncian que autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó
Mesa Ambietal Jericó

Caracol Radio Medellín 13/09/2020
Fernando Jaramillo, integrante de La Mesa Ambiental del municipio de Jericó contra la minería en ese territorio, denunció que la policía y la alcaldía les están impidiendo el derecho a la protesta pacífica.

El líder ambiental aseguró que con previa autorización de los propietarios de las viviendas de la localidad instalaron unas banderas pequeñas en las fachadas que representa la resistencia contra la multinacional minera AngloGold Ashanti que pretende adelantar extracción de oro en el territorio, pero que cerca de la medianoche de este sábado y aprovechando la soledad de las calles la policía por orden de la alcaldía las desmontó.

“Es un atrevimiento y un abuso al derecho de protesta que tenemos los ciudadanos a la libre expresión, esas banderas son la expresión de amor por Jericó por su historia, es un sentido de pertenencia, no es una actividad de publicidad comercial”, aseguró el ambientalista.

De otro lado el alcalde de esta población, David Toro Cadavid, explicó a Caracol Radio que se debe a solo un problema de comunicación y que no se gestionó con la administración la ubicación de estos letreros ya que este tipo de actividad está regulada y debe tener permiso.

“Nosotros no impedimos la protesta como tal, solo pedimos que se haga por el conducto regular la solicitud y el permiso. Nosotros tenemos un estatuto ambiental del medio ambiente y en el estatuto claramente está que se debe pedir permiso y esas banderas estaban siendo instaladas a media noche y sin autorización, por lo menos de la administración”, recalcó el mandatario.

Integrantes del colectivo ambiental convocaron a la comunidad a instalar la bandera del municipio a partir de este domingo en rechazo a la orden dada por el alcalde y contra la multinacional minera, también están convocando a un plantón en la alcaldía el próximo martes 15 de septiembre.

Es de recordar que precisamente la próxima semana se espera la llegada de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad que analizará la situación y es la encargada de entregar o negar la licencia a la multinacional minera.
https://caracol.com.co/emisora/2020/09/13/medellin/1600011681_361539.html

El expresidente y jefe del Partido Liberal señaló que crearon una comisión para instaurar demandas.
En el 2014, la Resolución 2090 determinó que el límite más bajo del páramo de Santurbán se halla a 3.100 metros sobre el nivel mar.
Foto:María Teresa Santos / Archivo Particular
ELTIEMPO.COM
08/09/2020
El Partido Liberal anunció que creó una comisión para instaurar demandas en Colombia y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para «defender el agua de la explotación de oro que se quiere hacer en Santander», específicamente en el páramo de Santurbán.

Congresistas de este partido señalaron que junto al abogado Manuel José Cepeda y el exministro Manuel Rodríguez radicarán la próxima semana sendas denuncias ante la opción de explorar oro en cercanías del páramo.

“No vamos a permitir que en páramos y reservas naturales se practique la minería. El Partido Liberal hizo aprobar hace varios años la ley de protección de páramos para evitar que se sigan llevando el agua y minerales de nuestros reservas naturales, en esta ocasión vamos a proceder jurídicamente para oponernos a esta explotación“, indicó el expresidente liberal.

En su octavo congreso, realizado el mes pasado, esta colectividad aprobó asumir la defensa jurídica del páramo de Santurban por unanimidad.

Desde hace varias semanas revivió el debate en el Congreso sobre el futuro del páramo de Santurbán. La plenaria del Senado aprobó, por unanimidad, la creación de una comisión accidental que se encargará de hacer seguimiento a las actuaciones del Gobierno Nacional para la preservación de esta importante reserva natural de Santander y Norte de Santander.

En Colombia está prohibida la minería en páramos. Sin embargo, debido al proyecto de minería a gran escala que tiene contemplado Minesa en zonas de influencia del páramo de Santurbán, quienes están en contra del proyecto aseguran que en la zona de influencia del este está el subpáramo y el bosque altoandino, ecosistemas importantes que se conectan.

Según la empresa Minesa, “el proyecto está a 2.600 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.) y desciende hasta los 2.200 m. s. n. m., fuera del área protegida del páramo de Santurbán, que, según la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente, está entre los 3.100 y 2.800 m. s. n. m”.

Es decir, efectivamente está fuera de la delimitación actual del páramo. Sin embargo, el argumento de quienes están en contra es que se haría en ecosistemas igual de importantes que se conectan.
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/cesar-gaviria-denunciara-exploracion-en-paramo-de-santurban-ante-organismos-internacionales-536565

El Comité para la Defensa del páramo de Santurbán pide frenar proceso de licenciamiento ambiental.
Este es el túnel Emboque, de 150 metros de profundidad, por donde se ingresaría para extraer minerales en el proyecto minero.
Foto: Jaime Moreno
02/09/2020
El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente, la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ( CDMB) y la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

Hernan Morantes, del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que esta demanda de acción popular es para garantizar «la protección de los derechos colectivos al ambiente sano y al agua y en consecuencia se demanda al Gobierno Nacional y a la empresa Minesa».

Lo que pretenden con esta acción es que «cesen inmediatamente cualquier actividad de megaminería en el bosque alto andino del páramo de Santurbán y que no pueda realizar actividad minera ya que en etapa de exploración ya hay daños a los recursos hídricos», dice Morantes.

Actualmente la empresa Minesa espera que se curse el trámite de licencia ambiental en la Anla para poder iniciar con el proyecto con el que esperan extraer nueve millones de onzas de oro de zona aledaña al páramo de Santurbán.

Desde la multinacional minera indicaron que no conocen el texto de la demanda que fue instaurada este miércoles dos de septiembre ante el Tribunal de Santander y enfatizaron que, «en este momento el proyecto se encuentra en trámite de licencia, no hay actividades operativas aún cuando se inicie como lo evidencia el estudio no hay afectación al páramo», indicó un vocero de la entidad.
https://www.eltiempo.com/colombia/santander/paramo-de-santurban-ambientalistas-presentan-demanda-contra-a-explotacion-en-el-paramo-en-santander-535506

31/08/2020
AngloGold Ashanti apuesta por la mina de cobre Quebradona en el municipio de Jericó, Antioquia, pero una serie de denuncias sobre algunos acuerdos que firmó la empresa con la administración del municipio ha generado polémica.

En varios documentos se detalla que en el segundo periodo de la alcaldía de David Alonso Toro (2012-2015) se hicieron convenios de cooperación y se ejecutó una adición presupuestal con recursos de la minera.

Se trata de una denuncia en la que se detallan hechos concretos sobre los aportes y convenios que realizó Toro, hoy, de nuevo, alcalde del municipio, con la minera. En los documentos se advierte, en primer lugar, que en la segunda administración del actual mandatario se dio una adición presupuestal con recursos de la compañía, que aún pide la licencia ambiental de Quebradona.

En el decreto 012 del 7 de enero de 2015 del municipio, se argumenta a grandes rasgos que “se necesita y requiere adecuar el presupuesto municipal, de acuerdo a las necesidades del municipio y para poder llevar a cabo su programa de gobierno”. Y que, por ello, además, “se hace necesario incorporar recursos de la entidad privada” (sin hacer mención a cual empresa se refiere).

Según el medio La República de Colombia, la adición no fue discutida ni informada al concejo municipal de la época. Además, hay documentos adicionales en los que se establece que en esa segunda administración (2012-2015) se firmaron convenios de cooperación con AngloGold.

Estos acuerdos se hicieron año tras y se concretó un total de 1.600 millones de pesos (USD 427.776) aportados por la minera (un monto que casi duplicó el presupuesto municipal).

Ante esta polémica, David Alonso Toro sostuvo: “Sí, claro, hubo convenios. Yo nunca los he negado. He dicho que lo hice consciente para favorecer a la comunidad en el tema de transporte escolar, mejoramiento de las vías rurales, mejoramiento en cultura y deporte. Y ayudaron en la construcción del centro de bienestar del adulto mayor. Esos recursos eran de inversión social para invertirlos en toda la comunidad. Siempre ha sido así”.

El Alcalde destacó que cualquier convenio que ha hecho “no ha sido para favorecer a la empresa”. Reiteró, incluso, que ha sido para favorecer a la comunidad.

La Procuraduría General de la Nación confirmó que ya se “empezó una investigación que sigue en curso, pero no se han dictado conclusiones”.

Cabe destacar que la Licencia ambiental de Quebradona se definirá antes de marzo de 2021. En este momento, AngloGold adelanta el trámite de licenciamiento ambiental de Quebradona ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Ya se sumaron terceros intervinientes al proceso, por lo que a partir de ahora vienen unas audiencias para continuar escuchando a todos los actores que están en el territorio.

A partir de este proceso, y tras surtir todos los diálogos y las mesas técnicas, se prevé que a más tardar en el primer trimestre de 2021 se defina la licencia ambiental, según se confirmó desde la Anla. Pues, es de resaltar que el Gobierno ha dicho que esa mina es estratégica para la reactivación del país.
Fuente: La República
https://www.mineria-pa.com/noticias/colombia-polemica-en-jerico-involucra-a-la-minera-anglogold-ashanti/

La Corte Constitucional estudia una sentencia unificada con base en dos tutelas tramitadas por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las cuales pretenden evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta esperan que con una sentencia de la Corte Constitucional se les garanticen y protejan sus derechos tanto ancestrales, como culturales y ambientales.

El alto tribunal tomaría la decisión con base en la revisión de dos acciones de tutela presentadas con el fin de evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería que también afectan los recursos naturales de la región.

Precisamente, uno de los actos jurídicos fue contra la petrolera canadiense Azabache Energy, que realizaba trabajos de exploración petrolera en la cuenca del río Aracataca.

Las aspiraciones de las comunidades indígenas apuntan, además, a que la Corte obligue al gobierno a implementar el decreto 1500 de agosto de 2018, mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y que se obligue a adelantar procesos de consulta previa dentro de la línea negra.

Según Hermes Torres, secretario general de la Confederación Indígena Tayrona, la preocupación no solo de los indígenas, sino en general de los pobladores de la zona, pues en este momento hay más de 140 títulos mineros otorgados, de los cuales por lo menos el 80 por ciento se ha tramitado en los últimos 10 años. Para Torres, lo más preocupante es que están en proceso de adjudicación más de 200.

Edwar Álvarez, asesor jurídico de los pueblos indígenas en temas territoriales y ambientales, precisa que la Corte tomó la decisión de unificar las dos tutelas, lo que prevé que sacará una sentencia unificada sobre territorio ancestral, consulta previa en territorio ancestral y proyectos mineros en la zona.

Delimitación de territorio

“La sentencia de la Corte va a ser la primera unificada sobre delimitación del territorio de la línea negra para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y lo que busca es hacer cumplir el decreto 1500 que el presidente Iván Duque no les quiere cumplir”, manifiesta Álvarez.

La Corte le otorgó un plazo de 5 días al gobierno y a los pueblos indígenas para dar respuesta a una serie de preguntas y una vez surtido este trámite, se debe pronunciar. Los indígenas esperan que la sentencia se conozca antes de finalizar el presente año.

Para los indígenas esta decisión sería un salvoconducto que les permitiría mitigar los riesgos y las amenazas de la minería, en términos culturales, sociales y ambientales, así como la exploración de hidrocarburos y represas en los ríos. “Estas actividades se suman a los efectos generados por el cambio climático y si se permite que se siga explotando la Sierra de esta forma, en una o dos décadas podría desaparecer”, dice Torres.

Lo más grave, asegura, es que esta situación no solo afectaría a la población indígena, sino a los más de 3 millones de habitantes que dependen de los servicios ambientales de la Sierra Nevada, por ejemplo, Valledupar que depende netamente del río Guatapurí, al igual que Santa Marta. La situación de desgaste de la Sierra también afecta a productores de arroz, palma de aceite y otra serie de cultivos que hay en la región.

La decisión de los indígenas de acudir a la vía jurídica es que no han sido escuchados por el gobierno; pues en 2017 cuando decidieron movilizarse se planteó una mesa de diálogo de alto nivel con la idea de constituir un instrumento jurídico que permitiera proteger la Sierra a todo nivel; sin embargo, no hubo una respuesta por parte del ejecutivo de ese momento; como tampoco la ha habido con el actual.

Torres precisa que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas, pero se ha desconfigurado porque se ha tomado para informar y socializar, pero no para tener en cuenta la opinión de las comunidades, por eso consideran importante avanzar en una política minera.

Otra alternativa en la que trabajan los pueblos indígenas es en la visibilización de sus temores y riesgos en diferentes escenarios tanto nacionales como en el exterior, al punto que Torres manifiesta que si sus peticiones no tienen efecto en la Corte, recurrirán a instancias internacionales.

De esta forma, estas comunidades esperan ser escuchadas con el fin de llegar a acuerdos en búsqueda de una protección no solo de los recursos naturales de la región, sino de su propia cultura.
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