29-05-2016
Escrito por Juan Carlos Conde
Mediante sentencia C-123 de 2014 la Corte Constitucional declaró exequible (ajustado a derecho) el artículo 37 de la ley 685 de 2001, prohibiendo a las autoridades regionales, seccionales o locales la exclusión permanente o transitoria, de zonas destinadas a la minería. De ahí que resulte preocupante la inseguridad jurídica que surge con la decisión judicial adoptada esta semana, opuesta, contraria y antagónica al sentido de aquella otra sentencia que el mismo tribunal hace tan solo dos años profirió.
El asunto no puede soslayarse y de él podremos hablar en próximos días. Sin embargo, preocupan aún más los efectos derivados de la sentencia, los cuales pueden ser irreversibles más allá de que a la fecha no se conozca el contenido de la providencia judicial y solo se tengan noticias de un intenso debate que concluyó con cinco votos en contra y cuatro votos a favor de preservar la norma del Código de Minas.
Recordemos que la decisión comporta un nuevo compromiso para los municipios y distritos del país. Hasta hoy, por cuenta del artículo 37 de la ley 685 de 2001, a los Concejos Municipales no les estaba permitida la discusión en la materia; no les estaba reconocido un poder tan amplio y por lo tanto, no era posible hablar de burocracia ni de corrupción en un asunto que, en función de ciertos recursos minerales, produce tanto o más dinero que el propio presupuesto anual de la mayoría de municipios del país.
19 Mayo 2016
Mayo 22, 2016
Viernes, 20 Mayo 2016 22:57
La primera de estas investigaciones tiene que ver con la presencia de la empresa en resguardos indígenas emberakatios del alto Andagueda en Chocó.
La consulta popular minera, que fue aprobada por el concejo de Ibagué, pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia la Registraduría se encargará de la organización para que los ibaguereños acudan a las urnas.
El investigador Rodrigo Bernal, experto en palmas de cera, conversó con RCN Al fin de semana para denunciar el peligro que se cierne sobre la reserva de palmas de cera en La Colosa (Quindío) por la explotación de oro que pretende AngloGold Ashanti.
Desde la campaña “La Guajira le habla al país”, líderes de las comunidades y organizaciones que apoyan los procesos organizativos de la población afectada por la actividad minera de la multinacional El Cerrejón, convocaron una rueda de prensa donde dieron a conocer la realidad de ese departamento y las verdaderas causas de la crisis humanitaria y ambiental que actualmente atraviesan las familias indígenas y afro.
Cayendo la tarde del martes 12, se llevó a cabo un plantón liderado por estudiantes y el comité anti minero, presidido por el líder comunal Gustavo Malangón, los cuales se apostaron en las afueras del palacio de Justicia de Ibagué, capital de Tolima, solicitando a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima sea aprobada la consulta anti minera.