El Gobierno de Colombia le prorrogó hasta 2031 al Consorcio Minero Unido (Prodeco), propiedad de la suiza Glencore, el contrato de concesión del yacimiento de carbón La Jagua, en el norte del país, anunciaron hoy fuentes oficiales.

La concesión, que opera sobre un área de 424 hectáreas, incluye una cláusula social que representará 200.000 dólares anuales en ingresos para la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, señaló la Presidencia en un comunicado.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, destacó que el acuerdo entre Prodeco y la Agencia Nacional de Minería (ANM) se logró tras un trabajo «de varios años».

Arce indicó que el acuerdo «favorece al país, a la comunidad de La Jagua, al departamento del Cesar y también a la empresa, la cual puede seguir confiando en Colombia como escenario para hacer minería bien hecha».

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Un estudio de la Defensoría del Pueblo señala que no sólo está ganándole terreno a la agricultura, sino que está afectando algunos páramos. Pide a las autoridades mayor control y garantizar los derechos de las comunidades.

Cundinamarca se ha caracterizado por ser un departamento con vocación agrícola. De los 2,4 millones de hectáreas, 64 % se destina a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la minería le viene quitando terreno. Y no sólo a la agricultura, sino que también amenaza las zonas de páramo. Y aunque algunos resaltan que la explotación de recursos naturales ha generado desarrollo en los municipios, lo que realmente preocupa son los efectos irreversibles sobre el ambiente y los daños a la comunidad, al vulnerar “su derecho al agua, al acceso a la tierra y a un ambiente sano”.

Esta es la principal conclusión de un estudio de la Defensoría del Pueblo, en el que analizó el crecimiento de la minería en el departamento y sus efectos. Entre los hallazgos están explotación minera en áreas de ecosistemas, baja producción de agua, incumplimiento en los planes de manejo ambiental, cambios y degradación de los suelos, ruptura del tejido social entre las comunidades cercanas a las zonas de explotación y ausencia institucional para evitar estos problemas.

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La ciudad colombiana de Ibagué realizará la consulta popular más grande del país para frenar un proyecto minero, en medio de una proliferación de consultas populares.

En Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.

La Constitución colombiana establece que las actividades del subsuelo del país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones mineras. Pero por otro lado existe una ley, de rango inferior a la Constitución, que establece que es competencia de los municipios decidir sobre los usos de los suelos. Mientras los municipios deciden qué hacer con la superficie, la nación decide qué sucede debajo.

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La Defensoría del Pueblo alertó de los daños ambientales que ha causado la explotación minera en el departamento de Cundinamarca, principalmente en municipios como Choachí, Sibaté y Soacha.

La entidad registró en su última visita de inspección a la vereda San Jorge de Soacha, graves daños en ecosistemas ambientalmente estratégicos y protegidos por sus características de páramo.

Así lo dio a conocer Andrés Peña, defensor regional de Cundinamarca, “la fauna y la flora que tenemos en estas zonas de Cundinamarca se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera tenemos más de 63 hectáreas que hacen parte del poligonal minero que va hasta el 2040 y en unos años será una cantera abierta”.

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Este miércoles, obispos de los departamentos de Chocó y Antioquia manifestaron este miércoles su malestar frente a la situación ambiental en la región pacífica por cuenta de la minería ilegal. El llamado fue hecho en el marco de la Asamblea de Obispos, que se celebra en Bogotá hasta el próximo viernes.

“Hemos constatado que, a pesar de nuestras denuncias, sumadas a las de muchas otras instituciones, organizaciones y medios de comunicación social, las problemáticas en torno a la explotación minera en vez de mejorar han empeorado”, leyeron en un comunicado Jorge Ossa, obispo de Santa Rosa de Osos (Antioquia); Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó (Chocó), y Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín.

Los prelados insistieron en su preocupación especial por dos consecuencias particulares de la minería ilegal: por un lado, los altos índices de deforestación que ocasiona, principalmente, la minería a cielo abierto y, por el otro, el impacto del mercurio en la salud de las personas y en el medioambiente.

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Comunidades de La Guajira lanzan completo mapa multimedia para contar los conflictos socioambientales que enfrentan a causa de la minería. Una completa guía con imágenes, videos, textos y programas de radio que le ayudarán a comprender la dimensión actual de los efectos del extractivismo en la Guajira.

Así pues, dese un recorrido por los territorios indígenas, afros y campesinos que viven en medio de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.

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Terrenos inestables, cuerpos de agua contaminados, inundaciones y riesgo constante de derrumbe son algunos de los estragos que dejó la minería en Bogotá.

Aunque la mayoría de las canteras están reportadas por la Secretaría de Ambiente como inactivas, la falta de restauración ha afectado al medioambiente y a la población.

Según los conceptos técnicos de la entidad ambiental –consultados por EL TIEMPO–, de los 107 predios afectados por minería en Bogotá, a 86 no les aparecen los dueños que respondan por la restauración de estos terrenos.

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Esta noche María Jimena Duzán debatió con Rodrigo Negrete, Silverio Gómez, Guillermo Alfonso Jaramillo y Oswaldo Ordóñez sobre si la locotomotora minera debe someterse a consulta popular. Esto debido a que en 2006 la compañía Anglogold Ashanti descubre la minera La Colosa en Cajamarca, Tolima. Desde entonces la multinacional y varios productores mineros la calificaron como el yacimiento más grande hallado en los últimos 10 años en todo el mundo y que podría generar 800.000 onzas de oro al año.

Para los pobladores y las autoridades ambientales del Tolima, la explotación minera en esta zona afecta la reserva forestal y los acuíferos del departamento. Pero para los empresarios mineros, la situación es otra. Según ellos el 65 por ciento del agua del río Coello es utilizado en los tradicionales cultivos de arroz que se ha establecido en grandes latifundios.

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La posible convocatoria de una consulta popular en cada uno de los 12 municipios del Quindío fue uno de los temas que más sonó en la cumbre regional de ‘Ciudadanos en defensa del territorio’ organizada por las Personerías del departamento y que contó con invitados del Eje Cafetero, además del Valle del Cauca y Tolima.

“Los municipios se deben preparar para la consulta, que se debe realizar en cada territorio según el último pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde determina que serán los ciudadanos quienes decidirán si avalan o no los proyectos de minería”, señaló el personero (e) de Armenia, Jorge Iván Villegas.

Aunque desde el inicio se había planteado una consulta popular departamental y, de hecho, el gobernador, Carlos Eduardo Osorio, anunció hace casi un mes que convocaría dicha consulta, esta no sería viable por lo que se realizaría una en cada municipio.

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En 17 departamentos la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc) detectó evidencias de explotación de oro de aluvión o minería a cielo abierto. Chocó y Antioquia son los más afectados.

Esas son algunas de las conclusiones del estudio Explotación de oro de aluvión, evidencias a partir de percepción remota, que este martes presenta la Unodc y el Ministerio de Justicia, que durante más de un año trabajaron en este primer informe sobre el daño de la minería a cielo abierto, basados en imágenes captadas en el 2014. (Vea el especial: Minería ilegal: los cráteres que se devoran a Colombia).

Entre los hallazgos está que en los 17 departamentos hay 78.939 hectáreas con este tipo de minería. “El 79 por ciento se encuentra en dos departamentos: Antioquia y Chocó. Nechí (Antioquia) es el municipio que presenta la mayor área afectada (6.232 ha) que representa el 8 por ciento de la afectación nacional”, se lee en el informe conocido por este diario.

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