El informe ‘La maldita tierra’ evidencia el saqueo de estos recursos gracias a la minería de carbón.
El alcalde de La Jagua de Ibirico Osman Mojica (2004-2005) tartamudeó. Algunos de los que estaban presentes dicen que sudaba de manera nerviosa, al punto del desmayo. El entonces contralor general de la Nación, Antonio Hernández Gamarra, que había llegado a los municipios carboneros de Cesar para una rendición de cuentas, le pidió al político que le justificara la diferencia de precios entre lo que pagó su administración por un paquete de galletas Rondallas y una caja de jugos Yogo Yogo, y lo que costaban estos productos en una tienda de cadena. Mojica, frente a una multitud de pobladores y funcionarios, simplemente no pudo dar una explicación coherente.
Los alcaldes del suroeste de Antioquia aplaudieron la tutela de la Corte Constitucional que le permite a los municipios y sus comunidades oponerse a los nuevos proyectos mineros porque consideran que son los mandatarios locales quienes conocen las implicaciones de estos proyectos, en su mayoría, desarrollados por grandes multinacionales.
Corte Constitucional autoriza a los municipios para prohibir la minería Para la Corte, los municipios son propietarios del subsuelo. En un fallo de tutela, el alto tribunal dio otro golpe a la locomotora minera del país. Para la Corte, los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.
Los habitantes de Ibagué, capital del departamento Tolima, habían sido convocados para decir sí o no a la minería en su municipio de más de quinientos mil habitantes el próximo 30 de octubre. El auto del magistrado Hugo Bastidas asegura que hasta tanto no se dicte una decisión de fondo sobre la tutela en estudio no podrá realizarse la consulta, toda vez que dentro de los argumentos del demandante Alberto Enrique Cruz Tello está la improcedencia de la pregunta que se formulará a los habitantes del municipio.
Por la continuidad del proceso de negociación y construcción de Paz en Colombia
La entidad aseguró que estas podrían suponer una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores. También criticó el gasto público que se requiere para realizarlas. A pesar de que la consulta popular que se realizará en Ibagué, Tolima, para que los ciudadanos decidan si quieren, o no, que haya minería en el territorio fue recibida con buenos ojos, la Procuraduría aseguró este jueves que “las entidades territoriales no son competentes para realizar consultas populares sobre actividades de la industria extractiva”. 
El conflicto minero en el área cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagonizan las comunidades indígenas Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado una consulta previa a fin de impedir la exploración minera. Según las autoridades indígenas, Seafield tiene nexos con AGA.
Entrevista a Renzo Alexander García Parra, Biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué.
Los procesos extractivos arrasan con los derechos de los pueblos y la naturaleza.Entrevista a Renzo Alexander García Parra, biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué, capital del Departamento del Tolima en Colombia.
El jurista había recibido amenazas por su trabajo con la minería en el nordeste de este departamento.