Oscar Vanegas y un grupo de ambientalistas protestó este fin de semana contra una multinacional minera en inmediaciones de la calle 22 con carrera 14 en el barrio Alarcón del centro de la ciudad. Durante siete años algunos habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga se han agrupado en el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (CDAPS)para impedir que la Mega minería destruya aquella reserva acuífera de Santander.

Muchos recordarán las grandes movilizaciones de más de 40 mil ciudadanos que defendieron, de las grandes multinacionales mineras, el páramo y la alta montaña del departamento.

Ésta vez la alerta se encendió porque según Oscar Vanegas, docente universitario, “La empresa Minesa quiere engañar con publicidad engañosa, aparentando ser una empresa ecológica, pero la realidad es que su pretensión es contaminarnos el páramo con túneles para extraer el oro. Minería sí pero no así”.

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Ante la negativa de la multinacional AngloGold Ashanti (AGA) de asistir al debate sobre la consulta popular citada por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la compañía minera está utilizando “testaferros” y le está pagando a abogados e ingenieros prestigiosos para que se opongan con mecanismos jurídicos a dicha iniciativa democrática.

Según dijo Jaramillo, AngloGold Ashanti está detrás de la acción de tutela que interpuso el ciudadano Alberto Enrique Cruz Tello, en representación de la Asociación Minera e Hidrocarburos del Tolima, y que finalmente hizo que el Consejo de Estado decidiera suspender de manera provisional la consulta minera de Ibagué.

“AngloGold Ashanti ahora coge testaferros, los paga, no pone la cara. Ahora pone gente, abogados prestigiosos, ingenieros, para que vengan a responder. ¿Quién es el que paga los abogados? ¿Quiénes son los que crearon grupos paramilitares en Africa? ¿Quiénes están denominados por Greenpeace como los más grandes depredadores ambientales del mundo?”, afirmó Jaramillo.

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A menos de un mes que PAX Holanda presentó un exhaustivo informe sobre los impactos del proyecto minero La Colosa, en el noreste del Tolima, y la participación comunitaria en la toma de decisiones respecto de sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales, el Tribunal Administrativo de este departamento avaló la consulta minera en el municipio de Cajamarca.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que la pregunta discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Cajamarca se ajustó a los términos de constitucionalidad y, por lo tanto, dio vía libre a la convocatoria de una consulta popular minera para que sea la comunidad que decida sobre el futuro de su territorio, en donde la transnacional surafricana AngloGold Ashanti viene presionando por todos los medios para lograr explotar el recurso aurífero de La Colosa.

La pregunta que fue planteada por el colectivo ciudadano que impulsó este mecanismo de participación y que tuvo la viabilidad del cabildo local cumplió con los requisitos como mecanismo de participación ciudadana.

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Ante la negativa de la multinacional AngloGold Ashanti de asistir al debate sobre la consulta popular citada por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la compañía minera está utilizando «testaferros» y le está pagando a abogados e ingenieros prestigiosos para que se opongan con mecanismos jurídicos a dicha iniciativa democrática. AngloGold Ashanti se negó a participar el martes 8 en la sesión del Concejo de Ibagué para discutir sobre la consulta popular.

Según dijo Jaramillo, AngloGold Ashanti está detrás de la acción de tutela que interpuso el ciudadano Alberto Enrique Cruz Tello, en representación de la Asociación Minera e Hidrocarburos del Tolima, y que finalmente hizo que el Consejo de Estado decidiera suspender de manera provisional la consulta minera de Ibagué.

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«A mí me eligieron para defender este territorio, nuestro territorio. Y es lo que voy a hacer». Con esta rotunda afirmación, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, empezó a abanderar una de las más importantes discusiones en temas ambientales de los últimos tiempos: la autonomía de los territorios frente a la explotación de su subsuelo.

Su causa ha sido la posiblidad de que se les consulte a los tolimenses la aprobación o rechazo de la mina La Colosa, que empezó actividades en Cajamarca, un municipio vecino de Ibagué.

Como dicen en el Tolima, se trata de una “lucha de tigre con burro amarrado”, donde las múltiples y organizadas rayas del tigre representan los intereses de un país centralizado alrededor del poder de unos pocos que han repartido dádivas por doquier.

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Organizaciones del Tolima que promueven la defensa de los recursos naturales marcharon para reclamar del Consejo de Estado una decisión sobre el futuro de la consulta popular promovida por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. La marcha se realizó para reclamar al Consejo de Estado que autorice la consulta popular en Ibagué.

Una caravana de disfraces por el agua y la consulta popular, se realizó en Ibagué para exigir al Consejo de Estado que se pronuncie de manera definitiva y en corto tiempo para que se realice la convocatoria ciudadana a las urnas.

César Picón, integrante de uno de los comités promotores de la consulta minera afirmó que no se puede restringir el derecho que tienen los ciudadanos a pronunciarse sobre el impacto que puedan generar los proyectos mineros contaminantes a cielo abierto.

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Néstor Franco, director de la autoridad ambiental, afirmó que se hará una visita técnica al lugar donde Cementos Tequendama realiza su proyecto minero para determinar si se modifica la licencia ambiental.

Después de que varios personas de la comunidad de Chivita Alto y Chivita Bajo, Suesca, se reunieran frente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para solicitar una respuesta frente a la licencia ambiental que le otorgó a Cementos Tequendama para realizar un proyecto de minería a cielo abierto en una zona que tendría características de humedal, esta entidad respondió que se hará una nueva visita técnica para determinar qué hay en la zona.

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El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a la multinacional AngloGold Ashanti que presente un estudio de impacto ambiental sobre las posibles afectaciones que se generarían a los ecosistemas debido a los trabajos de exploración y posible explotación de La Colosa o, de lo contrario, el proyecto se suspenderá dentro de seis meses.
Según el fallo, AngloGold deberá demostrar con un estudio científico que La Colosa no traerá daños ambientales irreparables para los ecosistemas de la zona, tal y como lo señala la acción popular presentada por el ciudadano Juan David Ceballos Ramírez, quien alegó que se verían afectadas las fuentes hídricas y la agricultura si se desarrolla el proyecto minero en Cajamarca.

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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la votación que se iba a realizar este 30 de octubre. Desde inicios de este año, son varias las luchas que ha dado la comunidad de Ibagué para lograr una consulta popular que les preguntaría a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio. Pero a pesar de que la iniciativa fue celebrada por muchos, pues se suponía que sería la primera vez que una ciudad capital realizaría este tipo de proceso, en el camino se han ido destapando todos los “vacíos” que existen para que se logre cumplir con lo que la Corte Constitucional ya ha advertido: los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.

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Agencia Nacional de Minería dice que el alto tribunal está definiendo funciones y cambia de postura.
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), manifestó su preocupación porque la Corte Constitucional, a través del reciente fallo en el que señala que los municipios pueden oponerse a la ejecución de proyectos mineros, está definiendo aspectos que deben tramitarse por ley.

La presidente de la entidad, Silvana Habib Daza, señaló que si bien se respeta la decisión judicial, sobre la cual habrá acciones de la entidad, hay una preocupación por el cambio en la posición de la Corte Constitucional, toda vez que en fallos pasados había hecho un llamado a cumplir con los principios constitucionales de concurrencia, subsidiaridad y coordinación, pero ahora les está asignando competencias a los municipios a través de sus fallos, cuando estas deben tramitarse mediante leyes orgánicas.

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