Durante la rendición de cuentas que el Departamento de Policía de Boyacá realizó en Duitama, las autoridades aseguraron que uno de sus principales objetivos es preservar el medio ambiente. En Boyacá la minería ilegal es una de las problemáticas que más afectan el departamento.

«El Departamento de Boyacá y en general todo el país se está viendo afectado, en buena parte, por la devastación del medio ambiente, razón por la cual debemos trabajar unidos para evitar que se siga lastimando al planeta», aseguró el Coronel Juan DarÍo Rodríguez, Comandante del Departamento de Policía de Boyacá.

En 2016 la policía de Boyacá realizó varias acciones en contra de aquellos que dañan el medio ambiente, entre las más destacadas se encuentra la incautación de 242 animales silvestres que iban a ser comercializados y el decomiso de 282 metros cúbicos de madera que habían sido obtenidos de manera ilegal.

«El año pasado también realizamos 14 capturas por minería ilegal en Boyacá, además de 10 detenciones por daños a recursos naturales y 7 capturas por maltrato animal… la Policía de Boyacá seguirá ejerciendo operativos para preservar el medio ambiente de la región», afirmó el Coronel Juan Darío Rodríguez.

Las autoridades afirmaron que se debe trabajar conjuntamente entre comunidad y Policía para evitar que empresarios codiciosos sigan lastimando el medio ambiente con el objetivo de aumentar sus ingresos económicos.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/03/24/tunja/1490361872_667317.html

Después de haber advertido del riesgo que suponían las elecciones atípicas a la alcaldía, el Comité promotor del NO en la Consulta Popular de Cajamarca, denunció la reducción de mesas de votación para la Consulta del próximo 26 de marzo, señalan que dicha modificación realizada por la alcaldía de Pedro Pablo Marín Cruz, impediría alcanzar el umbral necesario para hacer efectiva la Consulta.

El Comité promotor y los habitantes de Cajamarca han hecho un llamado público a la Registraduría, para que mantenga el número inicial de 36 mesas, puesto que la reducción a 18 mesas supone una falta de garantías para lograr los objetivos de la Consulta.

Son aproximadamente 5.500 personas las que deberán votar en la consulta, el Comité explicó que, con la mitad de las mesas y esa cantidad de votantes, cada persona “deberá demorarse al menos minuto y medio, situación que en la práctica no sucede”. Resaltaron además que, al estar sólo 18 mesas, se podrían generar largas filas y esperas entre 2 y 4 horas, “hay personas de la tercera edad que votarían y pueden durar más de 5 minutos votando”.

No están las garantías para la Consulta

Según el cambio, en el casco urbano de Cajamarca quedarían 16 mesas, 1 en Anaime y la otra quedaría en El Cajón. Por otra parte, el Código Nacional Electoral dispone en su Artículo 99 que: «La Registraduría Nacional,  fijará el número de ciudadanos que podrá sufragar en las distintas mesas de votación. Dicho número no podrá ser superior a 800 votantes en las mesas de censo ni a cuatrocientos 400 en las mesas de inscripción, el comité alertó que con la reducción de mesas «se están fijando 980 votantes por mesa».

Integrantes del Comité y defensores ambientales de diversas organizaciones, han manifestado que hay algunos intereses políticos y económicos del nuevo alcalde en relación al proyecto La Colosa de la empresa Anglogold Ashanti, “lo que supone nuevos retos y obstáculos para la defensa ambiental en Cajamarca”. 

Llamaron la atención sobre un pronunciamiento previo hecho por la comunidad, habían manifestado a la Alcaldía que no era conveniente “mezclar en un mismo mes las elecciones atípicas de alcaldía con las votaciones de la Consulta Popular”, sin embargo dichas recomendaciones no fueron escuchadas “y ahora nos preocupa que no estén las garantías”.

Por último, exigieron al nuevo alcalde que “brinde las garantías necesarias para el desarrollo de la consulta popular” programada para el 26 de marzo, y aseguraron que continuaran las movilizaciones, las marchas carnaval y demás actividades para que pueda hacerse efectiva la decisión de Cajamarca de decirle no a la minería.

Fuente:http://www.contagioradio.com/nuevos-obstaculos-para-la-consulta-popular-en-cajamarca-articulo-37976/

En un operativo realizado el pasado sábado en el Río Tamar (Bolívar) y Quebrada Manila (Antioquia), la Fiscalía, el Ejército y la Policía encontraron cinco excavadoras, 22 dragas y una escopeta. Además fueron capturadas 4 personas en los municipios de San Pablo (Sur de Bolívar) y Remedios (Antioquia).

A los cuatro presuntos responsables se les imputaron los delitos de daños en los recursos naturales, contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. También se destruyeron 3 retroexcavadoras avaluadas en 800 millones de pesos cada una; y 12 de las dragas encontradas cuyo valor asciende a 300 millones de pesos cada una.

Durante el peritaje, realizado por investigadores del CTI de la fiscalía en la zona, se estableció que existían metales pesados como el mercurio, arsénico, níquel, entre otros, en cuerpos de agua y en el subsuelo, los cuales causan graves daños a la salud.

De acuerdo con el perito (que por seguridad permanece en el anonimato), “no todo lo que se descarga es mercurio, la problemática de la contaminación ambiental de la minería aurífera es la biodisponibilidad, además del mercurio, es la incorporación de metales como el arsénico, cadmio y níquel; metales tóxicos que se encuentran en las capas internas del suelo y por procesos de lixiviación, potencializados por la pérdida de cobertura vegetal, inevitablemente serán incorporados al recurso hídrico”.

De acuerdo con el perito (que por seguridad permanece en el anonimato), “no todo lo que se descarga es mercurio, la problemática de la contaminación ambiental de la minería aurífera es la biodisponibilidad, además del mercurio, es la incorporación de metales como el arsénico, cadmio y níquel; metales tóxicos que se encuentran en las capas internas del suelo y por procesos de lixiviación, potencializados por la pérdida de cobertura vegetal, inevitablemente serán incorporados al recurso hídrico”.

Según el investigador “durante las actividades de minería ilegal al retirar del subsuelo la capa vegetal, se liberan también los metales, que varían de acuerdo al tipo de suelo, y al ser liberados pueden causar cáncer,  afectar el sistema nervioso, la movilidad, causando ceguera o inconvenientes en la adaptabilidad al conocimiento, entre otras enfermedades”

El perito del CTI también afirmó que “las actividades de minería ilegal incluyen otras conductas delictivas más allá de dañar los recursos naturales, ya que atentan hasta con la vida de las personas, ecosistemas enteros. La corrupción es evidente, cuando se encuentra uno con esa maquinaria pesada en medio de la selva, uno no se explica cómo llega hasta allá y permanece por años sin que nadie lo note”.

Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mineria-criminal-sigue-destruyendo-los-rios-del-sur-de-bolivar-y-antioquia/37258

En menos de 15 años el mercurio invadió los ríos y los cuerpos de la gente de dos pueblos mineros del norte del Cauca. Ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto porque el uso de este metal tóxico está permitido en la ley.

que se encienda la grabadora, Verónica* pone una condición: contará su historia a cambio de que no se sepa su verdadero nombre ni la vereda donde vive. -“En Buenos Aires la situación está muy tensa y no quiero ganarme problemas con los mineros”, explica.

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Cabrera es un territorio lleno de vida, que abastece de frijol, maíz, frutas y papa a ciudades como Bogotá, Ibagué e incluso Cúcuta. El río Sumapaz baña todo su territorio, además existen paisajes llenos de verde, árboles de todo tipo y cascadas de magnífica belleza. Durante los últimos años, las amenazas extractivas han estado al orden del día en la región. Proyectos hidroeléctricos como “El Paso” de la empresa Emgesa, se convirtieron en un dolor de cabeza para la vida de campesinos y campesinas, por las potenciales amenazas socioambientales que se generarían en un territorio lleno de vida y de gran importancia para el abastecimiento de agua en la región sumapaceña.

Por tal razón la Consulta popular realizada el 26 de febrero de 2017 se convirtió en una herramienta para la defensa de la vida campesina, el agua y el ambiente, en un territorio amenazado por las políticas extractivas, que aún buscan gestar el proyecto hidroeléctrico a filo de agua en la provincia de Sumapaz.

La lluvia no fue impedimento para que 1506 cabrerunos y cabrerunas participaran de la consulta popular que los convocaba a responder: ¿Está usted de acuerdo SI o NO, que en el municipio de Cabrera Cundinamarca, como zona de Reserva Campesina se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo el agua y la vocación agropecuaria del municipio?

Según el boletín E14 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 97,28% de los participantes, es decir 1465 personas dijeron NO a la mineria y a las hidroeléctricas que afecten o transformen el uso del suelo y la vida de sus territorios, 23 personas, es decir el 1,53% dijo SI, mientras que hubo 5 votos nulos (0,33%) y 13 no marcados (0,87%)

El censo electoral de Cabrera corresponde a un total de 3.461 personas, las cuales contaron con 5 mesas de sufragio, 4 ubicadas en el colegio Integrada Urbana Panamericana y 1 en la vereda La Playa. Estas elecciones tuvieron mecanismos diferentes a los que solían estar acostumbrados los habitantes de Cabrera, puesto que la cantidad de mesas de sufragio disminuyó. Generalmente en el municipio se cuentan con 10 mesas de votación, y fue la primera vez que emplearon herramientas biométricas para la elección.

La jornada se desarrolló con total tranquilidad, a pesar de la lluvia que recibió la apertura de los comicios. Es de resaltar la labor del Comité de impulso #No al paso, quienes prepararon la logística para facilitar la participación de la población cabreruna, que en su mayoría habita la zona rural. Para ello vendieron bonos que les permitió financiar el transporte de las personas que habitan las zonas más alejadas del casco urbano, informaron a la comunidad vereda por vereda sobre los comicios e instalaron una carpa para orientar a las personas en las mesas de votación ante la disminución del número de las mismas, entre otras acciones.

Así mismo, la jornada estuvo acompañada por movimientos sociales y ambientales que buscan la defensa del territorio en el país. Es así como el Cinturón Occidental Ambiental COA hizo presencia, de igual forma el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del departamento del Tolima, la red Tejiendo Páramos, la Confluencia Nacional por las Aguas; organizaciones como Censat Agua Viva, ILSA, Ambiente y Sociedad y la Universidad Uniminuto.

Fuente:http://censat.org/es/noticias/el-97-278-de-los-cabrerunos-y-cabrerunas-dijo-no-a-la-mineria-y-a-las-hidroelectricas

Los habitantes del municipio de Cabrera en Cundinamarca, dijeron NO a la construcción de 14 microcentrales hidroeléctricas de EMGESA en el páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo si o no, que en el municipio de cabrera como ZRC, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos, que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?, Superado el umbral de 1200 votos, los resultados de los votos por el NO fueron 1465, el SI obtuvo 23, los nulos fueron 5, y los no marcados 13.


La decisión, se toma gracias a la capacidad organizativa de la comunidad y específicamente a la gestión de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) teniendo en cuenta que la comunidad temía por los impactos negativos que podía acarrear la construcción de las hidroeléctricas al páramo de Sumapaz, especialmente, sobre la Quebrada Torcoroma y el acueducto.

En foros y encuentros diferentes sectores sociales y sus asociaciones de productores, de bienes y servicios, mujeres, jóvenes, Juntas de Acción Comunal, sindicatos, colectivos académicos se había expresado el rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico “El Paso” de la empresa multinacional Emgesa-Enel.

Con el NO en la consulta popular municipios como Venecia, Pandi e Icononzo en el Tolima, también se verían gravemente afectados. El proyecto hidroeléctrico abarca toda la cuenca media del río Sumapáz, desde el nacimiento, en la parte alta que es zona de amortiguamiento del páramo, hasta la desembocadura en el Boquerón de Icononzo. De acuerdo con la comunidad, ese proyecto afectaba «la identidad campesina y la vocación agropecuaria de los municipios» (Le puede interesar: Habitantes de Cabrera decidirán sobre micro-hidroeléctricas en Sumapáz)

“Queremos darle las gracias a todos los que hoy vinieron a acompañar esta jornada, tenemos amigos de Venecia, Sumapaz, Icononzo, Ibagué, Cajamarca, Fusagasugá y Antioquia y queremos decirles que cabrera los acompaña porque la lucha es de todos los colombianos que luchamos por la naturaleza” dijo Orlando Romero, líder comunal. El proceso de consulta popular de Cabrera, inició el 1 de agosto de 2016 cuando el Alcalde presentó la solicitud ante el Concejo Municipal.

Fuente: http://www.contagioradio.com/cabrera_dijo_no_hidroelectricas_mineria-articulo-36893/

Fallo le da la razón a comunidades que tutelaron contra la multinacional Gran Colombia Gold. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba.

La segunda revisión de un fallo de tutela de 2015 le dio la razón este martes a las comunidades afrocolombianas e indígenas de Marmato, Caldas, que pidieron ser tenidos en cuenta frente a la decisión del Gobierno Nacional de entregar la parte alta del cerro El Burro a la explotación aurífera de Gran Colombia Gold.

Aunque la minera puede seguir en la parte baja de la montaña, la decisión judicial deja sin piso la orden de desalojar 68 minas artesanales y tradicionales que están arriba y que son explotadas por esas etnias.

«Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional, primero la consulta previa», dijo el alcalde Julio Vargas Chica, luego de enterarse de la noticia. El mandatario local se ha resistido a llevar a cabo órdenes de desalojo contra por lo menos 13 minas y es considerado opositor de la multinacional.

Para el expersonero marmateño Wilson Castro, quien acompañó la acción por la que se inició el proceso, son esta decisión «se hace justicia con los mineros tradicionales y artesanales».

La acción de tutela para pedir la consulta previa con las comunidades afros e indígenas de instauró porque una resolución ordenaba que el cerro completo fuera explotado por la compañía Gran Colombia. El argumento en contra fue que un decreto de 1954, todavía vigente, le asignaba ese derecho sobre la parte alta de El Burro a las comunidades.

Los magistrados Jorge Pretelt y Luis Ernesto Silva acogieron esos argumentos y, tras una primera sentencia favorable que se anuló en 2015 por fallas de procedimiento, la sala séptima volvió a decidir que los reclamantes tienen razón.

Aunque en ese primer fallo se le daba al Estado un plazo de tres meses para la consulta y para hacer las acciones pertinentes que permitan mejorar las condiciones laborales y ambientales de la actividad de los mineros tradicionales, Castro aseguró que esos términos podrían cambiar en el nuevo documento, aunque el sentido sea el mismo.

Por esta razón, las partes quedan a la espera de la notificación oficial, que debe darse en días próximos.

Justamente fue Gran Colombia Gold la empresa que demandó al Estado por 700 millones de dólares, alegando la supuesta invasión de sus títulos mineros en este municipio caldense, conocido como el Pesebre de Oro, y Segovia, en Antioquia, además de las pérdidas sufridas por cuenta de atentados terroristas del Eln.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/16946-corte-consitutcional-ordena-consulta-por-mineria-en-marmato

Foto: Jonh Jairo Bonilla

El trabajo quedará en manos del Ministerio del Interior, la Anla y la empresa el Cerrejon.
Caracol Radio
02-03-2017
La Corte Constitucional ordenó al Estado revisar los impactos ambientales y de salud a la población que podría estar ocasionando la minería en el departamento de la Guajira y de ser necesario suspender o cancelar la extracción de carbón a cielo abierto.

Esa verificación está a cargo del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa El Cerrejón, que también deberán hacer una consulta previa con las comunidades sobre la continuidad del proyecto ‘Expansión de Puerto Bolívar’ en los municipios de Hatonuevo, Barrancasy Maicao en el departamento de La Guajira.

La Corte resolvió una tutela presentada por la comunidad indígena Media Luna Dos, en la que señala que el impacto en la sociedad por la minería en la Guajira es «devastador» por los niveles de contaminación.

http://caracol.com.co/radio/2017/03/02/judicial/1488411846_476386.html

…..Después de un litigio de 10 años
28-02-2017
El alto tribunal estudiará una ponencia que pide que se realice una consulta previa. Este martes se tomaría una decisión de fondo.
Gran Colombia Gold es de los mismos dueños de Pacific. Bloomberg

La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la última palabra en el pleito jurídico que tienen desde hace 10 años los mineros artesanales del municipio de Marmato (Caldas) y la multinacional Gran Colombia Gold. El centro del debate jurídico está en definir quién tiene la razón frente a la explotación de oro en la mina Villonza en la parte alta del cerro El Burro.

Los mineros consideran que el otorgamiento del título minero a la empresa de origen canadiense va en contravía de sus tradiciones culturales, además es un desconocimiento a la realidad del municipio, teniendo en cuenta que dependen directamente de la explotación de oro en ese lugar para poder subsistir. (Ver El espejismo de Marmato)

Por su parte, la multinacional sostiene que las autoridades nacionales le otorgaron un título para la exploración y explotación de oro en esa zona mediante el título CGH-081 del 2008. Sin embargo, alegan que pese a tener toda la documentación no han podido realizar las labores mineras puesto que los pobladores ocuparon la zona.

Fue esta acción la que los llevó a presentar una demanda ante las autoridades administrativas considerando que las exploraciones se habían tenido que suspender por el impedimento ejercido por los mineros de la zona. En una primera decisión vieron como sus pretensiones eran avaladas cuando se emitió una resolución para que se desalojaran a los pobladores.

En dicha decisión –emitida en septiembre de 2010- se ordenaron tomar las medidas necesarias para que el predio fuera devuelto a Gran Colombia Gold con el fin de iniciar los respectivos trámites de licencia ambiental y así iniciar la extracción del metal en la parte alta del cerro, en la jurisdicción que fija el título minero.

Pero las entidades territoriales no cumplieron a cabalidad los ordenado considerando que existe una problemática social que impide que se desalojen a los mineros artesanales. Citan que el 80% de los porbladores del municipio, unas cinco mil familias, viven de actividades relacionadas directamente con la actividad minera.

Fue este argumento el que utilizaron los mineros para presentar una acción de tutela en la que se pide proteger su sustento diario y sus tradiciones culturales. El caso llegó a conocimiento del despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien ya presentó su ponencia a los otros integrantes de la Sala Plena avalando las peticiones de los accionantes.

En su ponencia de 159 páginas el magistrado Vargas pide que se realice una consulta previa de los mineros tradicionales y de los grupos étnicos que allí se encuentran. Considera que en el otorgamiento ­del título a la empresa Mineros de Occidente fue en contravía de las necesidades básicas de los mineros y de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente Asojomar que “se han dedicado a la minería artesanal e informal”.

Debido a esto exhorta al Ministerio del Interior, la Gobernación de Caldas, la Personería municipal de Marmato y la Agencia Nacional de Minería que se adelanten todas las acciones dirigidas a preparar la respectiva consulta. Igualmente, pide que se establezcan las necesidades de los pobladores y su relación con las actividades mineras.

El magistrado Vargas hace un fuerte llamado de atención por lo que considera un desconocimiento de los impactos sociales y económicos que se presentarían tras otorgar un título minero. Hecho por el cual propone la creación de proyectos mineros especiales, delimitar las áreas de reserva especial en Marmato y construir zonas mineras para las comunidades indígenas y los afrodescendientes.

Este martes, los magistrados se reunirán en una Sala Plena Extraordinaria para estudiar la ponencia y realizar la respectiva votación frente a la misma. La Corte Constitucional será la encargada de definir si se anula la resolución 751 de 2010 que ordenó el desalojo de los mineros y si se convoca a una consulta minera.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-definira-futuro-de-la-explotacion-minera-en-marmato-articulo-682211

Cristian Zuluaga / Caracol Manizales Caldas
25-02-2017Entre los incumplimientos están las 68 solicitudes de desalojo que no ha ejecutado la administración de Marmato (Caldas).
Marmato es un municipio caldense, que por más de un siglo tiene su actividad económica relacionada a la minería. / Foto archivo/Caracol Radio
Manizales Caldas Canadá Colombia Minería Norteamérica Sudamérica Latinoamérica Materias primas América Industria

Incumplimientos en el desalojo en Marmato (Caldas), de los mineros ilegales que ocupan los títulos que fueron entregados a la canadiense Gran Colombia Gold, es una de las dos causas esenciales por las que esa multinacional minera demandó al estado colombiano por unos US$700 millones de dólares.
Así lo informó el portal web Primera Página en el que además explica que de acuerdo a la demanda Colombia no está cumpliendo con el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá (el TLC de Colombia con Canadá).
La segunda causa esencial por la que esa minera demandó a Colombia tiene que ver con la falta de acción del estado colombiano por medio de sus autoridades para prevenir y hacerles frente a las protestas y atentados terroristas que causaron pérdidas económicas para la empresa minera, entre ellos los ocurridos en febrero de 2016 perpetrados por el Eln.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, confirmó que el Alcalde de Marmato Julio Vargas Chica ha incumplido 68 resoluciones de la Agencia Nacional Minera, que solicitan el amparo administrativo de algunos de esos títulos mineros de la multinacional canadiense.

Piedrahita agregó que desde agosto de 2015 al alcalde de Marmato, un juzgado de la república le notificó la orden de ejecutar el desalojo de esos títulos y hasta la fecha el mandatario no ha cumplido dicha sentencia. El secretario también puntualizó que en ese mismo sentido su despacho, la Gobernación de Caldas y la Procuraduría le han solicitado cumplir con la orden de desalojo.

En repetidas ocasiones el Secretario de Gobierno caldense ha manifestado que el alcalde de Marmato está incurriendo en un desacato a la ley.

Por su parte los mineros tradicionales de Marmato se oponen a que les hagan operativos de desalojo porque consideran que toda su vida han dedicado su actividad económica a este tipo de minería en esos lotes.

Caracol Radio quiso conocer las declaraciones del Alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, pero no contestó su celular, pese a que le marcamos insistentemente y le dejamos un mensaje en el buzón. Sin embargo en repetidas ocasiones el mandatario local ha manifestado que no está de acuerdo con el desalojo y que se debe buscar una salida pacífica a la problemática, para evitar alteraciones del orden público en su municipio.

Cabe recordar que en el 2011, la Gran Colombia Gold adquirió por medio de Medoro Resources el proyecto minero Marmato, el cual se estima que tiene 14 millones de onzas de oro y 90 millones de plata.

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/25/manizales/1488041919_674762.html