Tomado de El Heraldo
Las obras culminarían antes de finalizar este año, a pesar de la oposición de muchos sectores sociales de La Guajira. Comunidades firmaron un convenio de conservación del arroyo.
A pesar de la férrea oposición de muchos sectores sociales y de una tutela que intentó detener el desvío del arroyo Bruno en La Guajira, Cerrejón afirma que las obras en el tajo La Puente están casi terminadas y podrían estar finalizadas antes de acabar este año.
El Bruno, uno de los 45 arroyos estacionarios que desemboca en el río Ranchería, está siendo desviado en 700 metros en un tramo aproximado de 3.6 kilómetros de la cuenta baja y según la multinacional, esto se hace para proteger su cauce de la zona de extracción minera, la cual se ha ido acercando, ya que este es uno de los tajos activos que tiene Cerrejón, el segundo del que se extrae mayor volumen de producción.
Lo que destaca la empresa es que el proceso de rehabilitación y estabilización ambiental está en un 96%, logrando que las áreas del nuevo cauce ya estén totalmente revestidas con la capa de suelo vegetal y sembrada la primera generación de especies vegetales. “Se ha finalizado la construcción de los 1.000 hábitats que se planearon para ser colonizados por las diferentes especies propias de la ronda hídrica. Algunos de estos hábitats ya han mostrado evidencia de colonización”, explicó Gabriel Bustos gerente de Gestión Ambiental de la compañía.
Este proyecto ha sido objeto de polémica en La Guajira incluso fue catalogado como un “acto de arrogancia”, por parte del geólogo de la Universidad Nacional Julio Fierro Morales, quien participó en uno de los foros académicos que se llevaron a cabo para debatir sobre el tema en la Universidad de La Guajira.
Según él, es imposible que se haga una réplica del arroyo, porque “no es solo agua lo que lo compone, sino vida y eso no se puede replicar”.
Sin embargo, Cerrejón ha insistido en que el proyecto, el cual tiene un costo de $100 mil millones, si replicará las condiciones físicas y bióticas naturale del arroyo, haciendo uso de las mejores prácticas y estándares de ingeniería nacional e internacional.
Bustos aseguró que “el cauce se está estabilizando con el ingreso de agua parcial para que se controlen los sedimentos y todo esto está acompañado de un programa de monitoreo y seguimiento permanente de calidad del agua”.
El arroyo Bruno nace en la cuchilla Montebello en la zona alta de la Serranía del Perijá cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, tiene una longitud de 8 kilómetros y desemboca en el río Ranchería. De acuerdo con datos disponibles en el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia), el Bruno, que se encuentra entre Albania y Maicao, es un cuerpo de agua de carácter intermitente con comportamiento bimodal, es decir tiene períodos húmedos y otros secos.
Se firmó convenio
Como parte del Plan Integral de Compensación Ambiental del proyecto La Puente, que incluye la desviación del Bruno, se firmó un convenio entre Cerrejón, Conservación Internacional Colombia y las comunidades de El Rocío y Tigre Pozo para la protección y restauración de la cuenca media y alta del arroyo Bruno.
“La firma de este constituye un hito importante tanto para Cerrejón, como para las comunidades, pues permite dar cumplimiento al documento de preacuerdo que se firmó”, asegura la multinacional, que calificó el hecho como histórico y único en el país.
Agrega que con este acuerdo de conservación se busca promover la protección de especies tanto de flora como de fauna, y a su vez empoderar a las familias vecinas del arroyo Bruno en el empleo de prácticas agrícolas sustentables y que generen el mínimo impacto negativo sobre su ronda hídrica.
Cesar Augusto Ruiz director socioeconómico de Conservación Internacional Colombia, especificó que el convenio se firmó con 13 familias de El Rocío y 24 de Tigrera, después de seis meses de negociación.
Explicó que este es un proyecto piloto que por primera se firma a nivel nacional y que “las demás empresas del sector extractivo pueden hacer involucrando a las comunidades”.
Los fallos que intentaron detener el desvío
Marcela Lorenza Gil Pushaina, una autoridad tradicional del asentamiento ancestral La Horqueta 2, comunidad compuesta por 80 indígenas wayuu que está en la zona del arroyo Bruno, interpuso una acción de tutela que resolvió el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, ordenando la suspensión durante un mes de los actos administrativos de la Corporación Autónoma de Desarrollo de La Guajira, Corpoguajira.
Estos permisos fueron para el aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, para lo cual Cerrejón afirma que diseñó un portafolio de medidas compensatorias socioambientales de recuperación y conservación por la intervención del ecosistema y del recurso hídrico, que beneficia directamente a las comunidades de la cuenca del arroyo.
El abogado Pablo Ojeda Gutiérrez, quien representa a la comunidad wayuu argumentó que por la desviación del “cauce ancestral” los indígenas de La Horqueta 2 están sufriendo daños irremediables, “afectando sus derechos fundamentales” a la supervivencia y destruyendo su tejido social, cultural, religioso y sus usos y costumbres.
El fallo amparó los derechos fundamentales a la vida, la salud, al acceso al agua potable, a la consulta previa, al debido proceso e igualdad de los demandantes.
Esto último porque en la zona se encuentra otra comunidad indígena que no obstante encontrarse más distante del epicentro de la intervención minera, fue consultada por la compañía Cerrejón. Esta comunidad es la de Campo Herrera, con la cual la empresa si hizo consulta previa, según lo ordenó el ministerio del Interior cuando se solicitaron los permisos iniciales para el proyecto.
En atención a este fallo de diseñó un plan de compensaciones que tiene un costo aproximado de $4.000 millones y que se puso en marcha en la comunidad indígena La Horqueta 2 por parte de Cerrejón, por lo que las obras se reanudaron entre julio y agosto del 2016.
Cuando se dio a conocer este plan estuvo en La Guajira el ministro del Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo quien dijo en reunión con los miembros de la comunidad y otras autoridades, que algunas acciones eran responsabilidad directa de este proyecto y otras estarán a cargo del ministerio, como la gestión para iniciativas productivas, seguridad alimentaria y conservación ambiental.
“Me di cuenta que es un proyecto bien llevado, muy ajustado a los estándares técnicos y ambientales, por lo que genera mucha tranquilidad”, manifestó el funcionario.
El director de Corpoguajira Luis Medina Toro explicó que también se contempló un sistema de abastecimiento de agua potable y la restauración de diez hectáreas de bosque.
Posteriormente el Consejo de Estado reafirmó la suspensión de los permisos de Corpoguajira, aunque ya se había cumplido con lo solicitado, pero además ordenó a la Dirección de Consulta Previa del ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla y a Cerrejón, que lleven a cabo un proceso de consulta previa en un mes con respecto a la prestación del servicio público de agua y por la competencia sobre uso del suelo.
El gerente de Gestión Ambiental de la multinacional Gabriel Bustos, afirmó que se ha hecho un ajuste al cronograma, mientras se resuelve el tema de esta consulta previa, pero que “afortunadamente algunas de las obras están todavía dentro de los tiempos y no representan un atraso importante”.
El alto tribunal igualmente pidió que los efectos de esta sentencia se hagan extensivos a las demás comunidades del pueblo wayuu de los municipios de Albania y Maicao, cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno o que se afecten directamente con la modificación de su cauce y no solamente con los que viven en La Horqueta 2.
Estas comunidades quedaron descritas en la Resolución 0498 de la Anla expedida en mayo del 2015, en la que los líderes de La Horqueta 2, expusieron la grave situación que viven estas comunidades por causa de la sequía.
Bustos explicó que por ahora la consulta se lleva a cabo con la comunidad de La Horqueta 2 en los otros aspectos y el ministerio del Interior lleva a cabo las verificaciones para establecer si se hace consulta o no con
270 empleos directos. Cerrejón asegura que uno de los beneficios del proyecto es la generación de 270 empleos, 206 de los cuales han sido para guajiros, incluyendo miembros de la comunidad wayuu.
“Hay desde ingenieros hasta mano de obra no calificada, pasando por personal técnico”, precisó Luis Mesa, superintendencia de Desarrollo Sostenible de la multinacional.
Indicó que incluso hay una autoridad tradicional trabajando con ellos, con quien han enriquecido el proceso, porque se han hecho aportes importantes.
“Por ejemplo en la reforestación que estamos haciendo, nos aconsejaron que incluyéramos en las herbáceas plantas medicinales y así lo hicimos”, explicó.
Mesa también aseguró que dos Caracolí que se encuentran en el punto preciso donde se unen los dos cauces, el viejo y el nuevo, no serán intervenidos y allí permanecerán. Esto en respuesta a la preocupación de varios sectores, por la pérdida de árboles milenarios.
Los que se oponen
Un estudio de la organización ambientalista Censat Agua Viva y Sintracarbón asegura que “La Guajira, como un territorio con condiciones climáticas, paisajísticas e hídricas particulares tiene que ser entendido de manera integral y las intervenciones proyectadas por cualquier agente externo, deben ser analizadas a la luz de estas particularidades y del carácter interétnico del departamento”.
Por esto consideraron en ese estudio que el desvío es inconveniente para la vida y la dignidad del pueblo guajiro. “Todas las razones además de caracterizar los efectos e implicaciones ambientales, sociales y territoriales del desvío, apuntan a evidenciar que en esta región caracterizada por el estrés hídrico y por la expansión indiscriminada de la industria extractiva, la pérdida de fuentes de agua abastecedoras es una evidente amenaza al derecho fundamental al agua y en conexidad al derecho a la vida de comunidades y pueblos ancestrales que entienden el agua como parte de sus cosmovisiones y su pervivencia”, precisan.
Fuente: http://extractivismoencolombia.org/pese-protesta-indigena-desviacion-del-arroyo-bruno-sigue-curso/
El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicó ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo por medio del cual pretende prohibir toda actividad de minería a gran escala en la ciudad.
Cerca de 25 mil personas de Caquetá, Putumayo y Cauca, se sumaron a la gran marcha en defensa del agua y el territorio, realizada en la ciudad de Florencia. 
Con 7.475 votos, Cumaral le dijo no a la exploración sísmica, perforaciones y producción de hidrocarburos en sus territorios, la votación total fue de 7658 votos, de los cuales tan solo 183 eligieron el sí.
En octubre de 2016, la Corte Constitucional mediante sentencia T-445 de 2016, llamó la atención sobre un defecto estructural en el desarrollo de la locomotora minera en Colombia, y es que no había certeza sobre los impactos en la ejecución de proyectos mineros, y así su ejecución parecía obedecer a caprichos políticos. Esto denotaba el absurdo que el Gobierno Nacional hubiere construido y ejecutado una política minera sin contar con estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan con anterioridad evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios, pero así se hizo.
La movilización busca insistir en la protección de los recursos hídricos.
El Concejo de Jericó, en el suroeste antioqueño, aplazó este miércoles sesión plenaria del Concejo en la que definirá si prohíbe la minería en su territorio.
Dentro del territorio antioqueño estarían las mayores concentraciones de mercurio a nivel mundial, según lo expresó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. La minería ilegal, en consideración del mandatario, sería la principal razón de este lamentable primer lugar.