La solicitud fue hecha por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Luis Guillermo Vélez, quien pidió a la Gobernación del Tolima objetar por inconstitucional e ilegal el acuerdo 012 de 2017 donde el Concejo de Ibagué prohibió la minería en esta ciudad.

La solicitud se sustenta en que la decisión del cabildo constituyó una violación al “status quo” del ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento claro de las competencias que le han sido entregadas desde la Constitución.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica pidió a la Gobernación que objete este acuerdo con el fin de que sea el Tribunal Administrativo del Tolima quien determine la validez y legalidad de este acto administrativo.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/08/23/ibague/1503488554_047888.html

Hace unos días el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, acusó a los manifestantes indígenas de recibir $35.000 al día por mantenerse en la movilización minera, y a su líder mayor de ser un «borracho y chirrinchero».

La Organización Indígena de Antioquia y su Consejo de Gobierno Mayor en pleno, quienes representan a las comunidades y autoridades tradicionales indígenas de Segovia, rechazaron este domingo las declaraciones que hace unos días dio el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en las que acusó a los manifestantes indígenas de recibir dinero a cambio de seguir en protesta. De acuerdo con el mandatario antioqueño, esto lo estarían recibiendo de presuntos grupos armados al margen de la ley, que tendrían intereses en que el paro minero se mantenga.

La organización también contestó a las palabras del gobernador,  a quien calificaron de “irrespetuoso” luego de asegurar que su líder mayor era un “borracho”: “Les dan $35.000 libres del sancocho. Al gobernador indígena lo mantienen muy bien surtido de chirrinche, entonces él se mantiene copetón, ebrio o enguayabo”, comentó el gobernador en la F.M. el pasado 16 de agosto.

“Rechazamos de manera categórica la información que fue entregada en las últimas horas a los medios de comunicación, en las que de manera irrespetuosa el gobernador de Antioquia trata de ‘borracho y chirrinchero’ al gobernador mayor del municipio, y además acusa de recibir a los manifestantes indígenas la suma de $35.000 pesos diarios para mantenerse en movilización”, asegura el comunicado.

Los indígenas también le dijeron a Pérez Gutiérrez que, como consecuencia a sus señalamientos, debe entregar a las autoridades las pruebas pertinentes. “Exigimos al primer mandatario de los antioqueños  que, de manera formal , le sea comunicado a la OIA las investigaciones que como autoridades gubernamentales han realizado para poder asegurar que se estarían efectuando dichos pagos, y además de que son los indígenas son quienes vienen cometiendo hechos vandálicos para alterar el orden público de Segovia”, agregaron.

El comunicado recordó que, como los cientos de habitantes de Segovia y Remedios que hoy se ven afectados por el desabastecimiento, enfrentamientos con la Fuerza Pública y cierres viales, los pueblos indígenas también dependen de la economía derivada de la minería en la zona.

“Nos hemos movilizado históricamente para hacer exigencia de nuestros derechos y también nos hemos sumado a un sin número de movilizaciones por parte de otros sectores sociales y gremiales. Hacemos un llamado al respeto por las autoridades tradicionales y por los pueblos indígenas de Antioquia, pues los discursos discriminatorios y despectivos lo que generan es ahondar la brecha de rechazo y de discriminación del que hemos sido víctimas durante siglos”, añadieron los indígenas.

Piden que el ESMAD se retire

Concejales deSegovia y Remedios también informaron este domingo que solicitan «de manera inmediata» que el ESMAD se reitre de la zona por su «desmedido» uso de fuerza en las manifestaciones mineras, las cuales iniciaron siendo pacíficas y ya dejan un saldo de tres personas fallecidas. También pidieron intevención del Gobierno Nacional y el acompañamiento de una comisión de paz en el proceso de negociación.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/indigenas-rechazan-senalamientos-sobre-dinero-cambio-de-mantener-protesta-en-segovia-articulo-709112

En su visita a la ciudad de Bucaramanga, mientras se realizaba el lanzamiento de la gran alianza por el agua, el senador manifestó que la minería no es un trabajo que económicamente deje grandes ganancias para el país.

Con frases como “Hay que proteger la naturaleza. De la minería no queda sino el hueco. La minería debe irse para el diablo”, Wolff rechazó la ejecución de proyectos de minería que afecten el medio ambiente, entre ellos, el liderado por Minesa en Soto Norte, en el departamento de Santander.

“La minería durante 2016 no dio nada, hablando de minería de oro, y carbón, sólo pagó $1.9 billones de pesos en impuestos, no pagó nada, estamos en contra de la minería, estamos en defensa del agua, y mucho más si afecta aguas sensibles (….) la minería de Colombia no sirve sino para hacerle daño, hay que proteger la naturaleza, al pequeño minero, en caso de Santurbán hay que buscarle una solución, pero la gran minería que se vaya para su África, allá está bien, para Canadá, para el diablo“.

Por último, el congresista señaló que la minería no está siendo rentable para el país, pues el valor que paga de impuestos es mínima y el impacto ambiental negativo que genera es muy alto.

Fuente:http://www.lafm.com.co/nacional/navarro-wolff-mineria-colombia-no-sirve-sino-dano-se-vayan-diablo/

“Los abajo firmantes —ciudadanos, integrantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas— acudimos a ustedes a fin de expresar la preocupación que nos asiste por la manera como el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desconoce el alcance de lo ordenado por ese Honorable Tribunal en la Sentencia T-445 de 2016”.(Colombia)

Así comienza la carta firmada por más de 100 personas que fue radicada ante la Corte Constitucional luego de que el Ministerio de Ambiente fijara los criterios para definir quiénes serán los encargados de estudiar los impactos de la minería en los ecosistemas del territorio colombiano. La idea de llevar a cabo una gran evaluación de los efectos que la minería ha tenido en las últimas dos décadas en el país fue una de las exigencias de los magistrados al Gobierno en 2016.

“A nuestro juicio los criterios para la convocatoria y escogencia del grupo de expertos son confusos y muestran un sesgo centralista y academicista que excluye a actores con idoneidad y experticia en el tema que se pretende investigar”, anotaron los autores de la carta. Se refieren a la exigencia de títulos de posgrado y mínimo dos publicaciones en revistas nacionales o internacionales, cuando existen personas que han trabajado en estos temas por décadas aunque no cumplen esos criterios.

Algo similar ocurre con los criterios para los expertos tradicionales y locales. “Se restringe la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan el territorio, y que no necesariamente tienen contacto con el ámbito académico”, señalaron.

Pero uno de los puntos que más preocupan a los firmantes de la carta, encabezados por el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el exministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, es que estos y otros criterios podrían dejar por fuera a grupos de interés marginados “que no tienen cómo asumir el pago de expertos que defiendan el interés general, y por el contrario propiciarían la inclusión de muchas personas con el respaldo de empresas extractivas”.

De acuerdo con el cronograma de Minambiente para llevar a cabo esta gran evaluación de la minería, el 1º de septiembre se conocerían los nombres de los grupos de expertos elegidos para la tarea.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/polemica-por-definir-quien-va-estudiar-la-mineria-articulo-708617

Un colectivo de ambientalistas, liderado por Francisco Cipagauta, vienen adelantado el proceso de la consulta popular para la prohibición las actividades mineras en la región.

“Estamos en la etapa de recolección de firmas, el fin de semana realizamos un foro con la participación de varios expertos en el tema de geología, con el fin de analizar los alcances ambientales de la minería en Paipa”, indicó Magda Orjuela, vocera de la consulta.

Los avances 

Según la activista, el proceso avanza con la recolección de firmas que deben superar las 2.500 hasta el próximo 15 de diciembre del presente año.

“Para poder avalar el proceso sin que tenga ningún tropiezo tenemos como meta reunir 5.200  firmas. Con el fin de lograr este objetivo estamos haciendo socializaciones en las veredas del municipio, para que haya una inclusión de toda la población en la firmatón”, dijo Orjuela.

La consulta va encaminada a frenar la construcción de termoeléctricas en dicha municipalidad y prohibir la minería a cielo abierto en Paipa, la cual ha dejado afectaciones en la calidad de aire y el agua.

Hasta el momento, los promotores de la iniciativa no han recibido apoyo de la administración municipal ni de las corporaciones ambientales, por lo que la iniciativa se viene realizando de formar independiente.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/con-consulta-lucharan-contra-la-mineria-en-paipa-336479

Entró en vigencia el acuerdo mundial para controlar este metal. El Congreso no ha sido capaz de ratificarlo aunque Colombia es uno de los más afectados.

El Convenio de Minamata, que busca poner punto final a una trágica historia de contaminación ambiental que afectó a miles de personas a lo largo de varios siglos, entró en vigor después de que 74 países, de los 128 que firmaron, lo ratificaran. Las naciones que son parte del convenio tendrán que tomar medidas como prohibir nuevas minas de mercurio, eliminar las existentes y regular su uso.

El mercurio comenzó a utilizarse hace mucho tiempo. En el siglo XV se usó para tratar a pacientes con sífilis y en el siglo XVII la industria de sombreros de fieltro lo utilizó en sus procesos. Los mineros descubrieron que por sus propiedades químicas y capacidad de formar aleaciones era útil para la extracción de metales. El mercurio también se convirtió en parte de las amalgamas que usan los odontólogos, en termómetros y medidores de presión arterial, baterías de botón que se usan en juguetes y relojes, en los bombillos fluorescentes y pequeñas partes de algunos electrodomésticos.

El problema es que las consecuencias del uso de mercurio pueden ser desastrosas. Incluso en pequeñas cantidades puede causar graves problemas de salud y es peligroso para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

“El Convenio de Minamata muestra que nuestro trabajo para proteger el planeta y su gente puede continuar uniendo a las naciones. Lo hicimos por la capa de ozono, lo estamos haciendo por el envenenamiento con mercurio, y es lo que necesitamos hacer respecto al cambio climático, una causa a la que también servirá el Convenio de Minamata”, dijo Erik Solheim, director de ONU Medio Ambiente.

Cada año se emiten hasta 8.900 toneladas de mercurio en el mundo. La minería expone a la intoxicación por mercurio a unos 15 millones de trabajadores en 70 países diferentes, incluidos niños. Colombia es uno de los países que más liberan al medioambiente el “veneno plateado”. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación, entre 50 y 100 toneladas de mercurio se vierten cada año en ríos, cuerpos de agua y suelos.

En 2013, Colombia firmó el Convenio. A partir de ahí el tratado, convertido en la Ley 1658, comenzó su trámite para ser ratificado. Cinco años después no ha sido posible que el país selle su compromiso. Primero se estancó en la Cancillería y ahora en el Congreso de la República.

“Es la suma de múltiples acciones que nos permitirán llegar a una Colombia sin mercurio”, reflexionaba Mauricio Cabrera, experto en minería de la organización WWF, en el documento que acaba de ser publicado, Convenio de Minamata: Así actúa Colombia.

El ministro de Ambiente, Luis Murillo, apuntó en la misma publicación que sin la ratificación del Congreso el país no podrá acceder a fondos internacionales y poner en marcha acciones para cumplir los compromisos.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/paso-de-tortuga-para-prohibir-el-mercurio-articulo-708432

La guerra contra la minería ilegal ha dejado maquinaria decomisada, cierre de minas y dificultades para la comercialización que aquejan a los municipios del Bajo Cauca Antioqueño cuya población vive en mayoría de la extracción de minerales.

En dichos municipios la actividad económica basada en la minería comprende el 60% y el 80%. Según la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, habría 20.000 mineros de los cuales 18.000 son baraqueros, y el resto realizan este oficio con motobombas y algunos pocos con maquinaria amarilla.

Y aunque este sea una la mayor fuente de ingresos de los habitantes de esta región antioqueña, en municipios como Tarazá esta parada la producción por el miedo al decomiso de la maquinaria y las restricciones legales que obligan a demostrar la procedencia lícita del oro para su venta.

Todo esto trae consecuencias como un alto índice de desempleo, pues el cultivo de coca también está parado por las autoridades. La comunidad del Bajo Cauca pide con prontitud la llegada de programas de sustitución del Gobierno.

Fuente:http://360radio.com.co/seis-municipios-antioquenos-problemas-vivir-la-mineria/

Esta es la insólita historia de cómo una demanda que comenzó en un municipio de 7000 habitantes tiene a las puertas de la cárcel a importantes funcionarios del Estado.

Cantón de San Pablo es un municipio del Chocó del que muy pocos colombianos han escuchado. Se trata de un pequeño y tranquilo pueblo de 386 kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 7.000 habitantes. Sin embargo, desde hace pocas semanas esa población es la protagonista de una insólita historia que tiene a las puertas de la cárcel a altos funcionarios del Departamento de Planeación Nacional -DNP- , Ministerio de Minas y Energía -MME-y la Agencia Nacional de Minería -ANM-.

El caso comenzó en 2009 cuando un poblador de Cantón interpuso una acción popular con el fin de amparar los derechos colectivos que, según él, se vulneraban producto de la minería ilegal en la zona. Cuatro años más tarde, en el año 2013 un juez de Quibdó profirió un fallo de primera instancia ordenando al MME y la ANM la construcción de un manual para identificar y controlar esas actividades en el municipio. Esas entidades apelaron.

Dos años después, en febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Chocó ordenó al MME y la ANM realizar un estudio sobre el impacto de la minería en el municipio particularmente “daños pasados, presentes y futuros”. Y dispuso que el Ministerio y la Agencia  debían contratar dicho análisis por la Universidad Tecnológica del Chocó. Al DNP el tribunal le ordenó otro estudio para determinar “el eventual costo de que por conceptos de regalías dejó de percibir debido a la minería ilegal”. Esta decisión de segunda instancia nunca le fue notificada al DNP.

A comienzo de 2016, la Universidad envió una propuesta a las entidades por un valor de 5.000 millones de pesos. Al evaluarla el Ministerio y la Agencia ven que no cumple con las mínimas especificaciones técnicas y que tiene serios vacíos. Se realizaron varias reuniones entre los funcionarios de esas entidades estatales y los representantes de las universidad para solucionar los inconvenientes pero nunca se llegó a un acuerdo.

El pasado seis de marzo el juzgado primero de Quibdó decidió abrir un proceso por desacato pues la universidad reclamaba que no le habían pagado los 5.000 millones. Ese juzgado ordenó sancionar a los representantes legales del Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería y Planeación Nacional con una multa de 35 millones de pesos cada uno o tres meses de cárcel por no haber girado los 5.000 millones.

El caso escaló al Tribunal del Chocó que modificó la sanción. Al funcionario del DNP se la bajó a 30 millones y a los otros se las aumentó a 50.

Para evitar pasar tres meses en prisión uno de los funcionarios del MME tuvo que pedir un préstamo bancario por para pagar la multa, lo que equivalía a casi cuatro meses de salario. Los demás optaron por no sacar dinero de su propio bolsillo y menos acceder a la pretensión de que las entidades que representan tengan que pagar los 5.000 millones.

El tema llegó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJ- hace pocas semanas. Un grupo de abogados analizó el caso y ante las evidentes inconsistencias e irregularidades asumió la defensa.  No es fácil entender por qué los jueces y magistrados de Chochó se empeñaron en que el estudio debía ser realizado únicamente por la Universidad Tecnológica de Chocó. Hoy el asunto está en que la ANDJ, en cabeza de Luis Guillermo Vélez,  ha presentado los recursos legales para suspender las órdenes de desacato y presentó acciones ante la Fiscalía, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura para investigar las sospechosas decisiones de los administradores de justicia del Chocó, lo cual debe resolverse en los próximos días. Por ahora la batalla entre un medida que nació en un pequeño pueblo chocoano tiene en vilo a tres altos funcionarios que no saben si pasaran varios meses en prisión por no dejar saquear las arcas del Estado.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/canton-de-san-pablo-el-pueblo-chocoano-que-tiene-en-jaque-al-alto-gobierno/535994

El Tiempo de Colombia / ?Cuenta una leyenda, que un minero quería tener mucho oro y ser muy rico. Un día le otorgaron un poder y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y, aunque tenía muchas riquezas, no podía comer ni tomarse un vaso de agua» Con estas palabras, Norberto*, un habitante del corregimiento de Palermo, en Támesis (suroeste antioqueño), describió la situación que no quieren vivir en su territorio.

Aunque es una versión transformada del rey Midas, propio de la mitología griega, refleja la convicción de muchos habitantes del municipio de no permitir que se desarrollen proyectos mineros en sus verdes montañas ni cerca de sus nacimientos de agua.

En Palermo, lugar que une a los municipios de Támesis y Jericó, se aprecia la naturaleza con una firmeza que se asoma en las paredes de los locales y las viviendas, los postes de energía y las palabras de los residentes. Tanto en Palermo como en la cabecera municipal de Támesis hay carteles que dicen no a la minería y sí a la protección del medioambiente.

Esta convicción no solo se respira, también quedó plasmada en papel con la firma del alcalde Iván Alexánder Zuluaga, quien sancionó un proyecto de acuerdo que el Concejo aprobó por unanimidad, a mitad de año, con el fin de prohibir la minería de metales en el territorio.

El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza la empresa Anglo Gold Ashanti en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó, a unos 11 kilómetros del casco urbano. Aunque el proyecto está propiamente en Jericó, también cobija territorio del vecino Támesis.

Habitantes de un lugar y otro dijeron que la empresa hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Sin embargo, Anglo Gold Ashanti aseguró que de las casi 100 perforaciones hechas en diferentes puntos del título minero, todas fueron recuperadas ambientalmente en sus plataformas de perforación.

Asimismo, la compañía aclaró que»estudios hidrogeológicos de la zona evidencian que en Jericó no hay acuíferos ni rutas subterráneas de agua, ya que la roca es tan sólida que impide que este fenómeno natural ocurra»

Contrario a Támesis, donde hay mayoría en contra de la minería, en Jericó las opiniones están divididas. Allí, el Concejo también aprobó el acuerdo para prohibir esta actividad económica, con seis votos a favor y cinco en contra, y el alcalde lo sancionó en julio pasado. También en este municipio de casas coloridas y cuna de la santa Madre Laura pueden verse afiches en paredes y postes con mensajes de rechazo a la minería.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, coordinador de la mesa ambiental del municipio, la negativa está basada en que nunca han tenido vocación minera sino cafetera, si bien también se cultivan otros productos como la grupa, el plátano, los cítricos y el aguacate. Además, están convencidos de que con la minería, aun responsable y legal, los efectos sociales y medioambientales serían nefastos.

«No queremos perder nuestra tradición agrícola, los recursos hídricos, nuestra arquitectura y patrimonio?, aseguró el líder, y añadió que el lugar en el que la Anglo Gold Ashanti hace las exploraciones es el mismo en el que nace el agua que surte los principales acueductos veredales de la región.

Anglo explicó el proyecto De acuerdo con la compañía, las labores de exploración que se realizan hace 12 años están en la fase de estudios avanzados para definir el tamaño y las cualidades del yacimiento. La empresa explicó que hasta el momento ha hecho una inversión de 65 millones de dólares y que hacen falta por lo menos dos años más para determinar con mayor exactitud si existe un proyecto viable.

Fuente:http://www.entornointeligente.com/articulo/10446681/COLOMBIA-Los-dos-municipios-que-se-niegan-a-que-la-mineria-esculque-sus-tierras

En Cogua están a la espera de que el Tribunal de Cundinamarca decida esta semana si se puede realizar la consulta popular que rechaza más proyectos mineros en ese territorio. Para el alcalde de este municipio, William Forero, la minería es necesaria y respetarán los títulos que ya están otorgados. Sin embargo, no quieren más concesiones.