En una reciente reunión con la Corte Constitucional y el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, las etnias indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta expusieron los problemas culturales y ambientales que están deteriorando el macizo montañoso de forma acelerada, principalmente por acción de la actividad minera, y lo dicho alarmó tanto al Ministerio Público al punto que definió una agenda de atención y seguimiento prioritaria sobre esta zona del país.

La preocupación de los indígenas kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos principalmente se mostró orientada a la desaparición de la Línea Negra, que es para ellos un territorio sagrado que está siendo atacado por minería legal e ilegal, sobre la cual existen 132 títulos mineros vigentes y 244 solicitudes más para ejecución de proyectos según la Agencia Nacional Minera.

Según el Consejo Territorial Indígena, la minería está contaminando 30 ríos del Magdalena que nacen en las zonas altas de la Sierra Nevada y han bajado dramáticamente su caudal hasta en un 70%, como por ejemplo los ríos Manzanares, Piedras o Gaira que bañan la ciudad de Santa Marta; además está afectando ríos que bañan el Cesar como el Gutapurí que de los 11.200 litros por segundo que recorrían su cauce hace dos décadas hoy solo alcanza los 5.000.

En un documento que los indígenas entregaron a la Procuraduría y la Corte Constitucional, advirtieron que la situación de los ríos podría agravarse con la puesta en marcha de un nuevo proyecto de hidroeléctrica sobre el Río Don Diego, en jurisdicción de Santa Marta, que utilizará el 80% de su caudal.

Las etnias también denunciaron que los proyectos mineros están impidiendo su derecho al tránsito por los caminos que conducen a lugares sagrados, impidiéndoles hacer pagamentos y fortalecer la enseñanza de su cultura ancestral a los más jóvenes.

El Consejo Territorial Indígena le habló a la Procuraduría y la Corte sobre el estado de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que también hace parte de la Línea Negra, indicando que en ese ecosistema especial los bosques se están muriendo por quemas indiscriminadas que en 2014 arrasaron con 3 mil hectáreas, los espejos de agua se redujeron de 3.109 a 739 entre 2002 y 2012, animales han desaparecido como el jaguar, el paujil pico azul, la danta y algunos tipos de guacamaya; y las tierras degradadas aumentaron de 67 hectáreas en 2002 a 12.567 en 2012.

Según el informe de los indígenas, la pérdida del glacial de la Sierra Nevada retrocedió en un 85% entre los años 1850 y 2012 pero en 2017 se incrementó al 92%.

Por último, el Consejo Territorial Indígena aseguró ante el procurador Carrillo y la Corte Constitucional que sus pueblos están dispuestos a negociar los proyectos energéticos y mineros en la Sierra Nevada pero continuarán en su posición de no participar en ninguna consulta previa hasta que haya una solución estructural a los problemas que esos procesos le están causando al macizo montañoso.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/09/04/santa_marta/1504528828_994034.html

No a la minería. Esa parece ser la consigna de los municipios del Suroeste antioqueño, que han ido manifestándose mediante sus concejos municipales para que esa práctica no se realice en sus territorios.

Después de Támesis, Jericó y Urrao. Ahora fue el turno de Caicedo, que mediante el Acuerdo Municipal número 11 del 15 de agosto de 2017, “prohíbe la minería en Caicedo, mediante la implementación de medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Sin embargo, el alcalde municipal, Germán Darío Zapata, objetó dicho acuerdo argumentando que lo considera inconveniente por lo que se abstendrá de sancionarlo.

“La materia que regula este Acuerdo no puede ser presentada a iniciativa del Concejo, porque afecta situaciones relacionadas usos del suelo en el territorio. Además, no es competencia del Alcalde regular temas concernientes a la actividad minera, toda vez que esto es competencia exclusiva del Congreso de la República”, argumentó el mandatario mediante una carta.

Añadió Zapata, que las autoridades territoriales (Concejo y Alcalde), no tienen competencia para decidir de forma autónoma y exclusiva sobre el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, “desconociendo una competencia que está en cabeza de la Nación”.

Dairo León Arroyave, concejal del municipio y autor de la iniciativa, indicó que la objeción del Alcalde abre las puertas “para que la minería se tome el territorio caicedeño, región con una fuerte vocación cafetera, agrícola y pecuaria”.

“Las razones que expresa el Alcalde para objetar el Acuerdo Municipal carecen de sustento jurídico. La primera alude a que como Concejo no podemos presentar la iniciativa porque afecta situaciones relacionadas con el uso del suelo, argumento que se cae al revisar el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución, que precisamente nos asigna esas funciones”, argumentó el corporado.

Dicho acuerdo fue aprobado por los nueve concejales del municipio el pasado 15 de agosto y radicado dos días después en la secretaría de Gobierno, por lo que el Alcalde dispondría de cinco días para objetar o sancionar dicho artículo, cosa que no pasó.

“Por eso dimos traslado de un oficio a la Personería de Caicedo donde pedimos investigar la presunta omisión por parte del alcalde Zapata y tomar las medidas disciplinarias correspondientes frente a tal actuación”, contó el concejal Arroyave.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/polemica-por-acuerdo-que-prohibe-mineria-en-caicedo-125434

El Cinturón Occidental Ambiental COA, como proceso de articulación y coordinación de organizaciones indígenas, campesinas, sociales y ambientales, de mujeres, hombres y jóvenes, emitimos Carta Abierta a Universidades Públicas, Estudiantes y Profesores para invitarlos a  reflexionar sobre su papel en la construcción de lo público, en el pensamiento crítico, en los procesos de democratización del país, en el reconocimiento y defensa del patrimonio común.

Han sido varios los momentos en que la alianza entre la empresa Anglo Gold Ashanti y universidades públicas, como la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, vienen interfiriendo  en la agudización de los conflictos socioambientales del Suroeste de Antioquia mediante una fuerte estigmatización al movimiento social y nos han definido como agentes externos a nuestros territorios,  al señalar que interferimos, manipulamos y desinformamos al pueblo Jericoano y a otros municipios del Suroeste, y el país, donde estos actores tienen alianzas directa para la promoción de la dictadura minera en el territorio colombiano.

Sorprende y genera gran preocupación este tipo de señalamientos de una empresa ¡extranjera!, al igual que algunos funcionarios y estudiantes de la Facultad de Minas de la Unal de Medellín, quienes continúan desconociendo nuestra territorialidad, al estigmatizarnos y declararnos extraños y ajenos al Territorio que históricamente hemos habitado, Nos preocupa el papel que vienen desarrollando algunas Universidades Públicas, estudiantes y profesores en la agudización de estos conflictos.

Aún no entendemos por qué una Universidad Pública está al servicio de intereses corporativos y privados que imponen proyectos mineros y consolidan la dictadura extractiva en el país, desconociendo tan claramente nuestros sentidos de lugar y proyectos de vida, interfiriendo en la construcción de nuestros planes de vida y en los ejercicios reales de autonomía y democratización territorial.

Si bien la configuración del Suroeste de Antioquia, como muchas otras regiones del país, cuenta con una división política y administrativa en la que quedan definidas entidades territoriales que gozan de autonomías particulares en su jurisdicción, es importante clarificar que la historias que han configurado el territorio y algunas prácticas económicas, políticas y culturales, nos lleva a plantear que más allá de esta división, nosotros como habitantes históricos,  hemos tenidos muchas décadas de relacionamiento con estas tierras y ríos, hemos construido territorialidades que unifican nuestros proyectos de vida, reconociendo las diferencias culturales y geográficas como elementos articuladores en la construcción de Territorios Sagrados para la Vida en las montañas del Cinturón Occidental Ambiental.

Como hijos e hijas de estas sagradas montañas, nuestro ejercicio de movilización y articulación social se construye a partir de pensamientos y prácticas compartidas entre organizaciones diversas, con historias, presentes y futuros comunes donde reconocemos a la Naturaleza como nuestra Madre Tierra.

Nuestra construcción política y cultural no concibe la fragmentación del territorio, las conflictividades socioambientales que emerge en cualquier lugar del Suroeste de Antioquia y el País, se constituye en una preocupación regional y nacional, pues los ciclos del agua, las montañas, la biodiversidad, la cultura indígena y campesina, el patrimonio arqueológico, histórico, cultural y ambiental, como Patrimonio Común, hace parte de todo un ecosistema que nos integra con la naturaleza.

Desde hace algunos años hemos estado construyendo procesos de participación y autonomía territorial como la travesías por el suroeste, vigilias, encuentros regionales de participación, de jóvenes, de mujeres, de economías indígenas y campesinas, mercados campesinos, procesos agroecológicos, circuitos económicos y solidarios, cabildos abiertos, foros, consejo de concejales, movilizaciones, CinErrantes, mandatos populares, acuerdos municipales, consultas autónomas y planes de vida comunitarios.

Estos ejercicios de participación social y autodeterminación territorial son los que definen al Suroeste de Antioquia como un Territorio Sagrado para la Vida, aportando proceso de democratización real y directa, construidos por experiencias históricas y  actuales que nos pensamos el presente y futuro de nuestras vidas, para transmitirlas a la generaciones futuras bajo una concepción de vida armónica y protectora de la Madre Tierra, en el que emerge el principio de la sustentabilidad.

Desde nuestra propia experiencia, lo público lo construimos con la gente y para la gente, desde la pluralidad cultural, los sentidos del territorio, sus historias y horizontes de futuro en que se defina y prioricen proyectos de vida comunitarios. Para nosotros es público el reconocimiento de que la Vida, el Agua y el Territorio son Derechos Sagrados.

Debe alimentar lo “público” la construcción de procesos reales y efectivos de democratización en los territorios para que la gente defina y defienda sus propios ejercicios de participación social y autonomía.

Desde esta perspectiva, al hablar de “Universidad Pública”, es importante retomar la reflexión de ¿qué es una Universidad, dónde aplica y para qué sirve? ¿cómo se construye y define lo público?

De esta manera ¿cuál es el papel de la “Universidad Pública” en los procesos de democratización real y efectiva que aporte al país la construcción de paz y no, por el contrario,  la perpetuación de conflictos socioambientales?

Nuestros ríos, montañas, animales, plantas, tradición campesina, cultura indígena, nuestra participación y autonomía, no son exclusivos del suroeste de Antioquia, son un Patrimonio Universal Sagrado para la Vida. Todos y todas estamos obligados a construirlo y defenderlo.

Cinturón Occidental Ambiental COA

Suroeste de Antioquia: Territorio Sagrado para la Vida!

Fuente:http://coaterritoriosagrado.org/carta-abierta-a-universidades-publicas-estudiantes-y-profesores/

Esta decisión queda en firme tras ser aprobada por el Concejo municipal durante el fin de semana pasado.

Luego de realizados los debates necesarios sobre la prohibición de la minería de metales en el municipio del suroeste antioqueño, hoy es una realidad esta iniciativa que estaba siendo analizada desde el año 2012.

Junto a Urrao, Támesis y Jericó también hacen parte al día de hoy de las poblaciones que le dicen no a la práctica de la minería.

Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales se pronunciaron ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), con respecto al “Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” presentado por el Gobierno Nacional.
Mediante una carta, alrededor de 100 organizaciones rechazaron las modificaciones que pretende realizar el Gobierno a los procesos de revocatoria de mandato y las consultas populares.
Aseguran que los condicionamientos que presenta el Gobierno Nacional para poder adelantar la revocatoria de mandato y las consultas populares son regresivos y desconocen lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016, en términos de autonomía territorial y participación democrática.
Para el abogado Rodrigo Negrete, en el proyecto de ley se pretende establecer un un obstáculo para llevar a cabo las consultas populares. Además, el jurista calificó las reformas planteadas como “una prohibición disfrazada bajo la formalidad de surtir un paso que no está previsto en la Constitución, porqué los mecanismos de participación son independientes y tienen finalidades diferentes". Los ambientalistas critican que en el título III, denominado Garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa, “se imponen requisitos
previos a la revocatoria de mandato y las consultas populares que obstaculizan el derecho fundamental a la participación y el ejercicio de la democracia”.
Se oponen a la exigencia que pretenden imponer a las comunidades que promueven las consultas populares y las revocatorias del mandato de presentar de manera integral, completa, veraz y verificable las razones que sustentan su solicitud para la inclusión de los Cabildos Abiertos Especiales de Deliberación en procesos de revocatoria.

Renzo Alexander García, vocero del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, manifestó: “El Gobierno plantea exigir a las comunidades información veraz, verificable y las razones que sustentan su solicitud, tratando de desconocer la cosmovisión y los conocimientos tradicionales, que tienen un valor similar al conocimiento científico occidental”. “Condicionando de esta forma la actuación del movimiento social al discurso academicista y de expertos, que en la mayoría de veces se encuentra cooptado por las empresas mineras y desconectado de las problemáticas sociales”, agregó.

Vale recordar que la CSIVI es la instancia que recibe y avala todos los proyectos de ley que se derivan de la implementación del acuerdo con la FARC, es así como, todos los proyectos del fast track pasan por allí antes de llegar al congreso.
“Es lamentable e incoherente que el gobierno nacional pretenda aprovecharse de los acuerdos de paz para tratar de generar condicionamientos y limitaciones a los mecanismos de participación ciudadana”, puntualizó Renzo García.

CARTA ENVIADA Y FIRMADA POR LA ORGANIZACIONES.

Agosto 25 de 2017

Señores
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo
Final (CSIVI)
Gobierno Nacional
FARC-EP

Las organizaciones sociales y ambientales, abajo firmantes, rechazamos las modificaciones que pretende realizar el Gobierno Nacional a los procesos de revocatoria de mandato y las consultas populares, a través del “Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” que acaba de ser presentado para su discusión en la CSIVI.
En el título III, “Garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa” se imponen requisitos previos a la revocatoria de mandato y las consultas populares que obstaculizan el derecho fundamental a la participación y el ejercicio de la democracia. La propuesta de inclusión de los Cabildos Abiertos Especiales de Deliberación en procesos de revocatoria (artículo 32) y consultas populares (artículo 37), genera condicionamientos que obstaculizan el desarrollo de los procesos de movilización y organización social, limitan la voluntad popular a los ritmos burocráticos de la institucionalidad en cuestión y retrotraen la capacidad de acción de las comunidades en el ejercicio de su derecho fundamental a la participación en los términos establecidos en los artículo 40, 103 y 104 de la Carta Política de 1991 y las Leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Los condicionamientos que presenta el gobierno nacional para poder adelantar la revocatoria de mandato y las consultas populares son regresivos, atentan contra la soberanía popular, van en contravía de la profundización de la democracia que tanta falta le hace al país y se promueve desde los acuerdos del proceso de paz y desconoce lo expresamente dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016 en términos de autonomía territorial y participación democrática.
Es inaceptable que se le exija a las comunidades que promueven las consultas populares y las revocatorias del mandato “presentar de manera integral, completa, veraz y verificable las razones que sustentan su solicitud”, en la medida que se desconoce la legitimidad y legalidad por medio del cual se han implementado estos mecanismos de participación ciudadana, iniciativas claramente ajustadas a las disposiciones que exigen las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Por otra parte, es inadmisible que se pretendan desconocer la cosmovisión y los saberes culturalmente diversos de las comunidades (de un valor similar al conocimiento científico occidental) para tratar de limitarlos al discurso academicista que la mayoría de veces se encuentra desconectado de las problemáticas sociales y ambientales de los territorios. La propuesta del gobierno nacional desconoce un derecho fundamental (la participación ciudadana, al extremo de hacerla inviable), violenta los principios de progresividad y no regresividad de los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional.

La propuesta del Gobierno Nacional implica en la práctica una reforma constitucional (para lo cual no está facultado) regresiva en la medida que limita el derecho a la participación ciudadana y va en contravía de la ampliación democrática que persigue el Acuerdo Final.
Recordemos que la Constitución Política, en sus Artículos 40 y 103, establece que la revocatoria del mandato y las consultas populares son mecanismos de participación ciudadana que no se encuentran condicionados a las disposiciones que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos.
Es importante que la ley estatutaria que se propone se construya en relación al Acuerdo Final, brinde mayores garantías a la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y no lo contrario. El documento debe recoger los aportes y propuestas de los diversos foros regionales y nacionales que se han realizado para este fin.
Exigimos al gobierno nacional respetar los principios constitucionales de soberanía popular, autonomía territorial, derecho fundamental a la participación ciudadana y los requisitos dispuestos en las Leyes 1757 de 2015, 741 de 2012 y 134 de 1994.
Demandamos al gobierno nacional eliminar las barreras y obstáculos (materiales, operativos y jurídicos) que impiden la profundización de la democracia y el ejercicio de la participación ciudadana y que garantice la implementación de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución Política en lugar de restringirlos.
Esperamos que la CSIVI tome en consideración lo expuesto anteriormente.

Cordialmente,
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca
Comité Ambiental del Líbano
Comité Ambiental de Saldaña
Comité Ambiental de Planadas
Comité Ambiental de Santa Isabel
Comité Ambiental de Espinal
Comité Ambiental de Ataco
COSAJUCA
Conciencia Campesina (Cajamarca)
Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima
Asociación de Usuarios Campesinos de Piedras
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego a Gran Escala del Triángulo del Tolima
Asociación para el Futuro con Manos de Mujer
ASOPESCARNAT
COOSAVIUNIDOS
FOSCOST

Emisora Comunitaria de Natagaima Haca Ya Macu
Comité Pro-Defensa del Agua del Municipio de Tauramena
Comité Pro-Consulta Popular Cumaral-Meta.
Veeduría Ecológica de Arbeláez-Cundinamarca
Comité Ecológico de Pijao-Quindío
Corporación Grupo Semillas
Colectivo de Trabajo Jencerá
Corporación SOS Ambiental
Corporación Podion
Asociación Campesina del Valle de Cimitarra
MAIS Bogotá
Sembrando Vida Digna
Proceso Comunidades Negras PCN
Coordinador Nacional Agrario CNA
FEDEAGROMISBOL
CORDECAR
Movimiento Ambientalista Colombiano
CISCA
Comité de Integración Social y Ambiental
Mesa Pro Defensa del Recurso Hídrico del Departamento del Guaviare
Fundación Alma
SINTRAINAL
Comité Pro Ordenamiento Quebrada Buturama (Aguachica-Cesar)
SEMBRAR
Asociación Campesina “José Antonio Galán Zorro” ASONALCA
Corporación Social para Asesoría y Capacitación Comunitaria COS-PACC
Corporación Choapo
Fundación Pasos
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia ANJECO
Coordinadora Minero-energética del Centro Oriente de Colombia
Organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia
Marcha Carnaval Quindío
Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad
Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia
Morro de Agua
Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
CORDATEC
Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero
Mesa Ambiental Franciscana.
Red Nacional del Agua
SINEDIAN Sub-Directiva Ibagué.
Aterciopelados
ANUC Cundinamarca
Ambiente y Sociedad
CIDER-Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uniandes
Fundación Evaristo García

Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
Fundación Gusta Gúchipas ONG
Tierra Digna
Systema Solar, artistas colombianos
Fundación Intermundos
Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Rodrigo E. Negrete Montes, experto en derecho ambiental.
Catalina Toro, Profesora Universidad Nacional
Mariana Gómez, Coordinadora Regional para América Latina de la Red de Solidaridad
Global Si a la Vida, No a la Minería YLNM
Cony Camelo, artista colombiana.
Red Internacional de Derechos Humanos (Ginebra- Suiza).
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, M4.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Otros Mundos AC/Chiapas, México
Acción Colectiva (México)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Comité Internacionalista de Zaragosa.
Solifonds (Suiza).
Asociation Arc-en-Ciel de Ginebra-Suiza
CATAPA (Bélgica)
CEDASALA de Valencia (España)
Asociación Acción Solidaria Proderechos ONGD
Mujeres Pa’lante Barcelona
Colectivo Bachue de País Vasco,
Colectivo de colombianos y colombianas refugiados en Asturias
Consejo de pueblos Wuxhtaj (Guatemala).
Colectivo Voces Ecológicas (Panamá).
OFRANEH (Honduras).
Common Frontieres (Canadá).
Colombia Solidarity Campaign (Reino Unido).
Coordinadora Ni Una Sola Mina (Costa Rica).
Correspondencia: Avenida Ferrocarril #40-61 Barrio Macarena Parte Alta
E-mail: [email protected]
Teléfonos: 3014031850-3188236369

En dos meses, aproximadamente, los habitantes de El Peñón, en Santander, podrán acercarse a las urnas que se habilitarán en esa población en el marco de una consulta popular que se adelantará para poner en consideración el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en ese territorio.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de ese departamento declaró constitucional el texto de la pregunta que se pretende elevar a los 2.000 residentes de esa población habilitados para votar.

El alcalde, Francisco Cruz, señaló que la consulta se hará de manera preventiva y antes de que la explotación de minerales –en su caso de carbón– se tome el municipio.

El mandatario añadió que la población, por el contrario, debe ser objeto de protección, pues en ese territorio se han efectuado varios hallazgos arqueológicos, además de la identificación de diferentes especies de animales nativos de esa localidad.

“El municipio hay que conservarlo más como un destino ecoturístico de talla mundial. Aquí se han encontrado cementerios indígenas. El último hallazgo, según los científicos, son restos de mamuts que están siendo sometidos a pruebas de carbono para saber de qué años datan”, dijo Cruz.

Entre tanto, en esa misma vía de hacer uso de ese mecanismo de participación ciudadana para rechazar la minería en sus territorios se encuentran los municipios santandereanos de Jesús María y Sucre, donde la consulta ya tiene fecha fija. En el primero, según el calendario de la Registraduría, la votación se llevará a cabo el 17 de septiembre, mientras que en Sucre, está prevista para el primero de octubre.

Los habitantes de esas poblaciones han expresado su preocupación por la licencia ambiental que fue aprobada en el año 2013 por la Corporación Autónoma Regional para la explotación de piedra caliza en 699 hectáreas del lugar conocido como Peña de Órganos, la cual se habría dado sin haber revisado el área y sin tener en cuenta el inventario ambiental, compuesto por el nacimiento de 27 fuentes hídricas que abastecen a estas localidades.

“Esperamos que así como lo dice la Constitución, sea cual sea el resultado, sea acatado y respetado por las instituciones departamentales y nacionales”, precisó Javier Rojas, alcalde de Sucre.

Por otra parte, en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Pinchote y San Gil, también se adelanta el trámite para la realización de consultas populares con el fin de decidir sobre la minería en esas zonas.

Según los promotores en San Vicente, esa población tiene el 50 por ciento de su área dada en concesión a empresas mineras y otra porción solicitada para el mismo fin.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-minera-en-municipios-de-santander-122848

Se llevó a cabo en Cartagena el foro: “El sur de Bolívar un yacimiento de oro para el desarrollo”con el fin de plantear la aplicación de políticas públicas ambientales para una minería sostenible en el tiempo que propicie mejor calidad de vida y mayores oportunidades de progreso social en esa región.

Versó sobre el aprovechamiento de la minería tuvo énfasis en los paneles, ‘Estrategias para regularizar la explotación ilícita de minerales’, ‘Minería bien hecha’ y ‘Encadenamientos productivos sostenibles’. La apertura de la programación fue realizada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz y con una conferencia de contexto del sector minero por parte de Germán Arce, ministro de Minas y Energía.

Para el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay promover la minería bien hecha es un deber social ambiental y económico. “El reforzamiento de la seguridad, la inversión social, el trabajo articulado entre entidades, la legalidad, el respeto por los ecosistemas, la erradicación del trabajo infantil y la formalización, son en líneas gruesas las apuestas que desde la administración lideramos para que en definitiva la minería  avance”.

Turbay dijo que hay una negativa rotunda acerca de que Parques Nacionales declare a la Serranía de San Lucas, como parque natural nacional. “Esto último atentaría contra miles de familias que habitan en la zona, toda vez, que la medida no permite ninguna clase de actividad económica en la región y la minería de manera ancestral se ha convertido en el principal sostén del núcleo familiar de municipios

“El objetivo de este evento es que en Bolívar la minería sea auto sostenible, productiva, legal en lo jurídico, respetuosa del medio ambiente, formalizada, tecnificada, sin la presencia de población infantil inmersa en actividades, con seguridad brindada por parte de la Fuerza Pública y que genere desde luego rentabilidad a los municipios a través de la declaración del metal precioso en jurisdicción bolivarense”, añadió el mandatario.

Por su parte el ministro de Minas, Germán Arce, manifestó que la minería para que sea productiva debe ser formalizada a todos los niveles. Así las cosas, se deben tener las diferencias del minero de subsistencia, el de pequeña escala, mediana y minería ya tecnificada, para que así, se establezcan responsabilidades. “Desde el Estado estamos dispuestos a la formalización y caracterización de las asociaciones mineras del sur. Muy pertinente la realización de este foro y vale la ocasión recalcar por parte de la Gobernación de Bolívar la convocatoria a este evento programático que lo único que busca es el resurgir productivo de la actividad minera en el departamento de Bolívar”, aseveró el alto funcionario nacional.

Entre los asistentes destacados al foro estuvieron Mónica María Grand Marín, jefe de la dirección de formalización minera del Ministerio de Minas; coronel, Carlos Alberto Montenegro, comandante de la Brigada contra la minería ilegal del Ejercito Nacional; Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería; Libardo Díaz Martínez, secretario departamental de Minas y Energía y Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería.

El gobierno departamental del “Bolívar sí Avanza” y publicaciones Semana, organizaron con éxito este foro como un espacio de reflexión que busca entre propósitos generar mayor sostenibilidad y productividad, para así desmitificar la actividad minera en la región.

Fuente:http://www.eluniversal.com.co/politica/serrania-de-san-lucas-no-debe-ser-considerada-parque-natural-turbay-260572

BUCARAMANGA, 17 de Agosto.- El pueblo santandereano puede derrotar a Minesa y sus millones, mediante la unión de todos los sectores de la sociedad, bajo la única consigna de defender el agua de la región. Esa unidad empezó ayer, con el acto de lanzamiento de laGran Alianza por el Agua, un multitudinario evento al que asistieron cerca de trecientos líderes de la ciudad, instituciones públicas y privadas, líderes sociales, políticos, estudiantiles, religiosos, de opinión, artistas, trabajadores, entre otros.

Dentro de las tareas más importantes aprobadas en el evento se encuentra la realización de una nueva Gran Marcha por el Agua de la Región y en contra de la megaminería en el complejo Santurbán, en la que se espera contar con una masiva participación de todos los sectores de la sociedad y santandereana así como varias replicas en otros lugares del país.