“Si Fredonia logra frenar la locomotora minera se sumaría junto con Támesis a otros pueblos que también lo hicieron, como Jericó, Jardín, Titiribí, Urrao y Caicedo”

El próximo 18 de noviembre en el municipio de Fredonia se realizará un cabildo abierto que tiene por objeto debatir sobre la implementación de la minería metálica en este municipio.

El evento se llevará a cabo a las dos de la tarde en la Casa de la Cultura Julio Cesar García y con él se pretende que la comunidad rechace esta práctica, que ha tenido efectos nocivos en el medio ambiente, especialmente en las cuencas hidrográficas.

Mientras que el pasado 22 de mayo en el municipio de Támesis la medida fue prohibida en el Concejo Municipal por unanimidad, en Fredonia las opiniones están divididas. Al parecer, algunos concejales del partido conservador, liberal e incluso del partido verde desean aprobar la medida, a pesar de la oposición de diversos grupos ciudadanos. Detrás de esta pretensión de explotación se encontraría la empresa sudafricana AngloGold Ashanti, que actualmente posee más de 500 títulos mineros en Colombia y cuya gestión ambiental ha sido ampliamente cuestionada. Algunos movimientos sociales, como la Asamblea Municipal Constituyente y el Polo Democrático han mostrado su enérgico rechazo a esta forma de explotación minera.

Fredonia pertenece a la cuenca del rio Sinifaná y por décadas ha explotado carbón, especialmente en el corregimiento de Palomos, mientras que en la vereda La Mina, otrora se explotaba de manera artesanal el oro. Sin embargo, ahora se quiere extraer también cobre, plata y molibdeno a cielo abierto en varios municipios del suroeste antioqueño, lo que ha prendido las alarmas entre los ambientalistas de la subregión.

Según afirma el concejal Duvan Cortés, “son comprobados los efectos negativos de la minería en el medio ambiente, y esperamos que con el cabildo abierto la gente tome la decisión adecuada y los concejales que están indecisos tomen conciencia y voten por la prohibición mediante acuerdo”.

Si Fredonia logra frenar la locomotora minera se sumaría junto con Támesis a otros pueblos que también lo hicieron, como Jericó, Jardín, Titiribí, Urrao y Caicedo.  Donde se impuso la sensatez ecológica a la lógica crematística.

Fuente:https://www.las2orillas.co/fredonia-antioquia-rechaza-la-mineria-metalica/

Varios congresistas se sumaron al rechazo de sectores en Santander a la reciente posición del Gobierno Nacional sobre el controvertido proyecto de extracción de oro a gran escala que pretende la multinacional árabe Minesa en cercanías al páramo de Santurbán.

Los senadores santandereanos Jaime Duran Barrera y Edgar Gómez Román enviaron una carta al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en la que rechazan el proyecto minero y le piden al mandatario liderar una cruzada nacional contra la explotacion de oro a gran escala en Santurbán.

«Nos comprometemos a acompañarlo en la causa de la defensa del agua y en la tarea de contener la acciones encaminadas a poner en peligro o afectar ese elemento vital como consecuencia de la explotacion minera», señalan los congresistan en la carta.

La misiva se conoce en medio del gran rechazo que causó en Bucaramanga la declaración del Ministro de Minas, Germán Arce, quien pidió que se apruebe pronto la licencia ambiental para el proyecto de Minesa, que para muchos podría afectar la calidad y cantidad de agua que consumen más de 2 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Simultanemanete el presidente Juan Manuel Santos celebró que Emiratos Árabes destinara mil millones dólares para proyectos mineros en Colombia.

Por su parte el gobernador Didier Tavera insistió este martes en que la administración departamental no está de acuerdo con la intervención del páramo para proyectos de minería.

«Nuestra posición es clara, no estamos de acuerdo con la minería en el páramo y vamos a hacer lo que sea necesario para que el páramo de Santurbán, tal como existe hoy, se conserve tal como está, porque es el que nos garantiza la vida», dijo Tavera tras conocer la declaración del ministro.

Organizaciones ambientalistas pidieron la intervención de la comunidad internacional para frenar el desarrollo del proyecto minero. Mientras tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, tramita el permiso que solicitó la minera árabe, único paso que falta para que inicie la fase de explotación.

Fuente:https://www.bluradio.com/bucaramanga/congresistas-se-suman-rechazo-por-respaldo-del-gobierno-proyecto-minero-en-santurban-159945

Concordia se convertiría a finales de este mes en el cuarto municipio del Suroeste de Antioquia en prohibir la explotación minera en su territorio, después de Urrao, Jericó y Támesis.

Según explicó Javier León Mesa, concejal ponente del proyecto, afirmó que lo que buscan es defender la idiosincrasia del campesinado de Concordia que no sabe sobre minería y además cuidar los recursos naturales que según él se verían en riesgo.

“La administración municipal radicó ante el Concejo este proyecto de acuerdo, donde se busca que la minería metálica, la mediana y grande de otros minerales, no sea ejercida en nuestro municipio”, manifestó el concejal Javier León Mesa.

Señala que la comunidad del Suroeste del departamento, quieren continuar siendo pueblos agrícolas.

“Somos gente de arrieros que nos colonizaron en 1930, no tenemos cultura minera, sino de agricultores, de pequeños propietarias, de parcelas, donde la gran minería acabaría esta costumbre. Tendríamos problemas ambientales, que se pueden dar a mediano y largo plazo”, manifestó.

Confirmó que a más tardar a finales de este mes cuando concluya las sesiones ordinarias del Concejo de Concordia, sería aprobada la iniciativa.

“Este mes, estamos en el último mes secciones ordinarias, como Concejal ponente comisión ponencia para luego se presentará en plenaria y será aprobado, porque somos 13 concejales de distintas colectividades, pero que en el tema minero estamos muy conectados, muy amigos de defender el territorio”, concluyó.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/11/medellin/1510437304_047340.html

En Antioquia miran con escepticismo y prevención el anuncio del gobierno sobre las multimillonarias inversiones árabes en minería de oro, y alertan sobre el impacto que puede tener en la economía, pero también en el medio ambiente y las comunidades agrícolas.

A través de Caracol radio, el exministro Jorge Eduardo Cock advirtió sobre perjuicios ambientales y económicos de esas gigantescas inversiones que prometieron o anunciaron en Emiratos Árabes al presidente Juan Manuel Santos, y advirtió que se deben tener en cuenta, además, las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el Acto por el cual el Ministerio de Minas y energía delimitó el Páramo de Santurbán.

“Si es cierto que se produciría tanto oro como el que se produce hoy en país, no sería una noticia buena para el país, sería azaroso, por la revaluación que eso genera, debido a la gran cantidad de dólares entrando al mercado colombiano, al mercado de divisas. Entonces, con una moneda bien revaluada no somos capaces de competir ni en el país ni mucho menos en exportaciones, con impacto en la producción nacional, en la producción industrial y agrícola: todo todo se nos va al suelo, y de verdad que se frena la actividad económica nacional. Una noticia así, sería desastrosa”, sentenció el exministro de minas Jorge Cock Londoño.

Insistió en que la explotación de oro en esas proporciones “duplicando la producción actual –en una mina grandotota- causaría más daño que beneficio a la economía del país”.

El exministro antioqueño coincidió con los grupos ambientalistas en el sentido de que también se generarán problemas ambientales, y advirtió “que las consultas ambientalistas hay que hacerlas y eso generará, por supuesto, mucha oposición de las comunidades, especial por los efectos en las fuentes agua y eso hay que manejarlo con sumo cuidado”.-

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/12/medellin/1510513183_860344.html

La realización de la jornada en ese municipio de Santander fue suspendida por falta de financiación.

El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Santander por el Ministerio de Minas y Energía, con la cual pretendía que se dejara sin efectos el fallo que declaró constitucional la consulta popular minera en el municipio de El Peñón.

Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sección Cuarta del alto tribunal «determinó que la concertación entre autoridades nacionales y locales no era prerrequisito para la realización de la consulta y explicó que los alcaldes no están privados de acudir a este tipo de mecanismos de participación para decidir sobre la realización o no de actividades mineras o de extracción de hidrocarburos en sus municipios».

Asimismo, la Sala consideró que el Tribunal Administrativo de Santander sí efectuó un análisis formal y material de la pregunta y no pasó por alto el hecho que la consulta también pretende indagar sobre la realización de actividades hidrocarburíferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la acción de tutela.

Al referirse a los efectos de la decisión que tomen los electores en las urnas, la corporación ratificó que son vinculantes y que, por lo tanto, obligan al gobernante a expedir leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter particular y concreto, según sea el caso, que permitan materializar la voluntad de los votantes.

Así mismo, aclaró que si el resultado de la consulta da lugar a la expedición de este tipo de actos posteriores, “los efectos de la decisión serán hacia el futuro, es decir, empiezan a regir desde el momento en que se profiere y publica”.

Añadió el fallo del Consejo de Estado que en ese sentido, se deben respetar las situaciones jurídicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/niegan-tutela-de-minminas-contra-consulta-minera-de-el-penon-149698

La Corte Constitucional reversó la delimitación del páramo de Santurbán porque no se consultó con las comunidades involucradas. Mientras unos defienden el enfoque técnico para trazar las líneas del páramo, otros creen que es mejor fortalecer la participación de comunidades.

Las masivas marchas que protagonizaron los santandereanos en 2011 para rechazar la explotación de minería a gran escala en el páramo de Santurbán, que provee de agua a más de tres millones de personas en el oriente del país, marcaron el comienzo de un gran movimiento ambiental que ha sacudido al país entero desde entonces. Muchos otros municipios siguieron su ejemplo y las consultas populares se convirtieron en el contrapeso de los planes de explotación de muchas empresas mineras.

Tras aquellas protestas, el debate se concentró en la delimitación del páramo. Sin una línea clara de qué era y qué no era páramo, resultaba imposible definir dónde se podían realizar actividades extractivas y dónde quedaban proscritas. Después de un largo y desgastante proceso, en diciembre de 2014 el Ministerio de Ambiente anunció la controversial línea del páramo.

Ese debate, que parecía superado, revivió sorpresivamente esta semana por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional que reversó la delimitación y, de paso, dividió las opiniones en el sector ambiental. Los magistrados José Antonio Cepeda Amarís, Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos aceptaron revisar una tutela presentada por los miembros del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, los demandantes argumentaron que el derecho a participar en la delimitación de esa estrella hídrica no se había cumplido de manera efectiva y habían sido excluidos de la decisión.

Para los magistrados, en efecto, “se negaron la protección de los derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso y derecho de petición a las personas afectadas por la delimitación del páramo”. Por esta razón decidieron dejar sin efecto la delimitación del páramo proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En su sentencia, los magistrados ordenaron al Ministerio de Ambiente emitir en el término de un año una nueva resolución para delimitar el páramo en las jurisdicciones Santurbán y Berlín, “acompañado de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”.

“Se cae delimitación de Santurbán por falta de consulta. Posmodernidad total: ¿ahora la gente definirá la temperatura participativamente?”, fue la primera reacción de Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, que tuvo a su cargo, con un grupo de ecólogos y cartógrafos, realizar los estudios técnicos para crear los mapas a escala 1:100.000 de casi todos los páramos de Colombia y trazar las líneas.

Brigitte le explicó a El Espectador que respeta el criterio de la Corte, pero teme que “ponga en riesgo todo el proceso técnico de definición de áreas y ecosistemas en el país”. Explicó que, en medio del tenso proceso social y político en torno a Santurbán, se tomó la decisión de trazar un límite “técnico”, pero dejando por fuera las áreas de uso agropecuario, mientras se concretaba un proceso de restauración y trabajo con las comunidades.

Era obvio que una línea no dejaría contento a nadie. A los mineros, entre ellos la empresa Grey Star (Eco-Oro), se les vino abajo su idea de explotar a gran escala en ese lugar. Las comunidades tradicionales que siempre han hecho minería en algunas zonas del páramo protestaron por ver afectada su principal fuente económica. Mientras, en Bucaramanga y municipios aledaños, que esperaban una línea de páramo mucho más amplia, no les gustó mucho que un gran porcentaje de zonas quedaran desprotegidas y se abriera así la puerta a la minería.

Pero en la otra orilla de este debate está el abogado ambiental Rodrigo Negrete, que ha acompañado y asesorado a varias organizaciones del país involucradas en consultas populares. Para Negrete, la decisión de la Corte es coherente con los principios y derechos constitucionales, porque decisiones como la delimitación de un páramo trastocan la vida de muchos de sus habitantes y comunidades. Negrete, como los demandantes, está de acuerdo en proteger el páramo de actividades mineras, pero cree que esa protección no puede pasar por encima del derecho de participación de las comunidades.

“Esa delimitación fue inconsulta. Algunas personas hacen actividades no acordes con el ecosistema, pero eso es parte del manejo que se debe dar. Debería existir también una zona de amortiguación”, explica Negrete, para quien el nuevo proceso de delimitación debería incluso concluir en “una línea más grande”.

Por su parte, Carlos Sarmiento, quien coordinó los estudios para delimitar los páramos hasta el 2016, cree que, más que volver a hablar de una línea, la Corte está exigiendo que el Ministerio reúna tanto a los pobladores del páramo como a los beneficiarios de sus servicios para que organicen las actividades que se pueden desarrollar en este ecosistema. “Vetas, por ejemplo, es un municipio minero clavado en la montaña y siguen pendientes de qué actividad pueden desarrollar, llenos de incertidumbre. Esto no puede volverse otra vez un falso dilema entre oro y agua”.

En efecto, las veces que la delimitación de Santurbán ha estado sujeta a cambios han coincidido con que un proyecto minero se asoma. Primero fue con Angostura, de Grey Star, al cual se le revocaron los títulos mineros y terminó con una demanda por parte de la empresa al Estado colombiano. Y más reciente fue con Minesa, el cual, a pesar de no estar por encima de la línea de páramo ahora revocada, había disparado las alarmas del Comité de Defensa al solicitar la licencia ambiental. De hecho, al tumbar la delimitación del páramo, sus demandantes también aspiran a que sea más extensa y se cierre la puerta a este proyecto.

“Este fallo nos da la razón en términos de que reconoce que, para garantizar el agua de Bucaramanga y el área metropolitana, se debe pensar el ecosistema desde la zona de transición del bosque alto andino, y no sólo desde la zona de páramo o subpáramo”, explicó Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán. Es por esto que esperan que con esta decisión se congele de paso el trámite de licenciamiento de Minesa, pues, según el Comité, hay áreas del proyecto que están a sólo 160 metros de la zona de delimitación que tumbó la Corte.

La empresa Minesa prefirió no comentar la decisión, ya que no existe un “conocimiento oficial del fallo. Además, reiteramos que respetamos la legislación colombiana y su normatividad”.

Lo cierto es que el fallo de la Corte vuelve a abrir un debate que, al parecer, nunca estuvo superado. Esto sin contar con que podría poner en vilo las próximas delimitaciones que se vienen en Colombia, pues aún falta trazar la famosa “línea” en nueve de los 36 complejos de páramo que tiene el país.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/santurban-divide-al-sector-ambiental-articulo-722277

El fallo de la Corte Constitucional que tumba la resolución que demarcó el páramo de Santurbán hace tres años y que se filtró el fin de semana a los medios, deja claro que la protección del páramo no podrá ser inferior a la actual (pero sí mayor) con lo cual crea una nueva incertidumbre para la empresa Minesa que lleva dos años explorando en la zona. Y de paso, ofrece la receta sobre cómo debe ser la participación de las comunidades afectadas para garantizar que la minería sea sostenible no solo en Santurbán sino en donde se haga.

Adiós a las concertaciones de papel

En julio de 2015, cuando se completaban poco más de seis meses de la delimitación de Santurbán, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y representantes del Comité por la Defensa del Páramo, instauraron una tutela para tumbar esa decisión.

Lo hicieron bajo los argumentos de que el Ministerio de Ambiente había vulnerado sus derechos al agua, al ambiente, a la participación y al acceso a la información, debido a que emitió la resolución sin tenerlos en cuenta y sin entregarles documentos que solicitaron formalmente cuando la delimitación estaba en etapa de discusión.

Aunque, en primera y segunda instancia la tutela fue declarada improcedente porque tanto el Tribunal Administrativo de Santander, como el Consejo de Estado consideraron que ese no era el mecanismo para revocar la delimitación, en febrero del año pasado finalmente la Corte Constitucional -por petición de De Justicia- la seleccionó para revisarla.

El proceso quedó en manos del magistrado Alberto Rojas, el más ambientalista de todos. Él, el magistrado encargado José Antonio Cepeda y el magistrado Carlos Bernal como miembros de la Sala Octava de Revisión tomaron la decisión.

Rojas conceptuó que tanto el Tribunal como el Consejo de Estado se equivocaron parcialmente en sus apreciaciones y que el colectivo de abogados y el Comité para la Defensa del Páramo, sí tenían por qué pelear.

La decisión se centró en que el Ministerio “cercenó” la participación de todos los actores en el proceso de delimitación, debido a que no le respondieron varios derechos de petición a los ambientalistas, a que en las reuniones previas a la delimitación no fueron citados todos los actores (no fueron invitados ni ambientalistas, ni agricultores, ni mineros), y a que ese despacho no accedió a hacer reuniones públicas para que todos los interesados pudieran asistir.

“La comunidad no intervino de manera previa en el debate ni tuvo efecto alguno una consideración suya sobre la delimitación. Las mesas de concertación se convirtieron en espacios de socialización”, dice un aparte del fallo.

Con eso, no solo puso en tela de juicio la legitimidad del proceso, sino que le jaló las orejas al Ministerio por hacer pasar como concertada una decisión que fue tomada sin tener en consideración a los directamente afectados.

Con esta decisión, además de darle fuerza a la participación de las comunidades en este tipo de discusiones, la Corte terminó empoderando aún más a los ambientalistas, que, con esta, ya suman la sexta decisión judicial que favorece su activismo.

Ahora, para las entidades será más difícil ignorar lo que plantean los ambientalistas o cualquier comunidad que se sienta afectada con las decisiones.

Eso en causas nacientes como la movida antifracking o la ola creciente de oposición a la extracción minera a gran escala, les da mucha visibilidad, y más porque aunque lo que aporten no deberá ser necesariamente tenido en cuenta en las decisiones técnicas, sí garantizará que todas sus preguntas tengan respuestas.

Para que eso suceda, en el fallo la Corte estableció una ruta de siete pasos, que incluyen desde una convocatoria pública y abierta en la etapa preliminar, la creación de un vínculo directo dentro de la página del Ministerio de Ambiente para acceder a todas las etapas del proceso y la realización de reuniones con actas que dejen constancia de la participación, hasta la garantía de espacios para observar el archivo preliminar de la delimitación.

Además, estableció que en el acto administrativo de la nueva delimitación no solo deberán estar formalmente las razones por las que no fueron aceptadas las peticiones y sugerencias de las comunidades, sino que también tiró línea para lo que empieza.

La protección, mínimo en la misma proporción

Aunque en el fallo la Corte no entró a mirar de fondo la delimitación, entre otras, porque consideró que la facultad para delimitar los páramos, además de ser exclusiva del Ministerio de Ambiente, tiene un alto componente técnico que no entraría a debatir, sí dejó claro que en lo que respecta a Santurbán la nueva delimitación no podrá tener una protección inferior a la fijada por el Minambiente en 2014.

Según lo que definió, la modificación de la cartografía en la nueva delimitación  “no podrá afectar las medidas de conservación o salvaguarda del Páramo de Santurbán en términos globales”.

Eso, sumado a que difirió los efectos del fallo a un año, mantuvo el estatus quo a favor de la conservación del páramo y le dio un alcance clave a la decisión.

Y es que mientras el plazo le da suficiente margen a la delimitación de 2014 para no generar un limbo jurídico que ponga en riesgo a Santurbán, también la desestabilizó lo suficiente como para empantanar trámites como el de la Sociedad Minera de Santander, Minesa, firma de Abu Dhabi que está esperando a que le otorguen licencia ambiental para extraer 9 millones de oro en la inmediaciones de Santurbán.

Además la Corte fue más allá y entró en la discusión sobre hasta qué altura el páramo debe estar protegido para garantizar su efectiva conservación, y en la decisión, le dice al Minambiente que en la nueva delimitación deberá tener en cuenta “de manera prioritaria” el concepto expedido por el Instituto Alexander Von Humboldt que dice que los “límites del páramo deben incluir la zona de transición del bosque alto andino”.

Esa petición no solo pone la nueva delimitación en la misma línea de la sentencia que prohibió la minería en los páramos (determinó algo muy similiar sobre la altura en la que deben protegerse los páramos), sino que además pavimenta el terreno para que en la nueva discusión se amplíen los límites de Santurbán.

Pero como hasta ahora la discusión -ahora sí con todas las partes- tendrá que arrancar, es difícil predecir en dónde va a terminar y más porque, aunque no se pueda disminuir la protección del páramo (están protegidas 98 mil de 130 mil hectáreas), eso no significa que la línea no pueda subir en algunos puntos y bajar en otros con la concertación.

Esa última idea ha sido criticada por la directora del Von Humbolt, Brigitte Batipste, quien le dijo a La Silla que la misma naturaleza de un criterio técnico le impide ser negociado, pero para habitantes de los municipios mineros se convierte en una oportunidad.

“No conozco el fallo, pero por lo que están publicando los medios, esto lo que demuestra es que la última palabra no está dicha y que se abre una oportunidad que debemos aprovechar para defender nuestros derechos ancestrales. Sobre todo el derecho al trabajo que es lo que más nos han vulnerado”, dijo a La Silla Orlando Rodríguez, alcalde de Vetas, uno de los municipios que terminó más afectado con la delimitación del páramo.

Para los locales el nuevo escenario abre espacio para presionar por la extracción de zonas protegidas en sectores en los que ellos no estuvieron de acuerdo (por ejemplo, hubo pequeños títulos que quedaron partidos a la mitad).

Sin embargo, aún en la previa de la nueva delimitación lo que queda claro es que si hay un actor que entra en posición de desventaja es Minesa, porque sumado a que la solicitud de licencia ambiental entra en pausa, a diferencia de los demás bandos no está en condición de ceder.

El proyecto de esa empresa, como lo ha contado La Silla, en algunos puntos está a solo 160 metros de distancia de la actual delimitación y además tiene proyectada el área de influencia a solo 30 metros. Cualquier variación podría afectarla significativamente y obligarla a reformular su proyecto.

De lo ambiental a lo social

Además de los pasos que deberán seguirse para garantizar que la nueva delimitación del páramo incluya a todas las partes, y del norte que le dio a la nueva delimitación, la Corte Constitucional con este fallo también tiró línea en lo social, algo que no tuvo en cuenta cuando en 2016 prohibió la minería en los páramos.

Como lo contó La Silla, desde que nació la resolución que delimitó el páramo en 2014, los compromisos que el Gobierno hizo por acompañar a las casi 4 mil familias afectadas, quedaron en el papel.

Las  soluciones de empleo siguen siendo pocas y temporales, los proyectos que se estaban implementando se extinguieron rápidamente y  la zonificación que debían hacer las CAR aún está embolatada.

En Vetas el desempleo es del 82 por ciento, en cada visita institucional de algún representante del Gobierno Nacional las comunidades reclaman las promesas de inversión del Ministerio de Agricultura para vivienda, formalización de tierras, asistencia técnica y proyectos productivos; y a la postre en febrero, una auditoría de la Contraloría General de la Nación le llamó la atención a las CAR porque aún hay actividad minera y agrícola vigente dentro del páramo.

Eso sin contar, con la descoordinación entre la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, y la Corporación Ambiental de Norte de Santander, Corponor, las dos entidades ambientales encargadas de vigilar y ejecutar los proyectos en el páramo, y que otros proyectos, como el impulsado entre el Ministerio de Minas, la Fundación Paz y Reconciliación y la Red Prodepaz, para desarrollar una metodología de concertación, aún están en etapa de formulación.

“Esa decisión (prohibió la minería en páramos) dejó en el limbo a miles de personas que devengaban su sustento de la ejecución de labores productivas en los nichos paramunos, escenario que tiene la virtualidad de causar un grave perjuicio a la situación económica a las poblaciones”, señala un fragmento de la sentencia.

Para evitar que eso volviera a suceder, la Corte también dictó una hoja de ruta donde básicamente le dijo al Ministerio cómo debía actuar y cómo debía hacerle seguimiento a la política social en Santurbán para lograr la transición de los habitantes a otro tipo de economías con la nueva delimitación.

Por ejemplo, le pidió que diseñara junto a las comunidades afectadas un programa de reconversión de actividades de sustento con principios, metas e indicadores de satisfacción (ese plan deberá iniciar en Vetas, California y Suratá, los tres municipios mineros del páramo), señaló que esas nuevas políticas deberán articularse con las antiguas y pidió que todo quedara registrado en el acta de la delimitación.

También estableció que se creará un sistema de fiscalización al cumplimiento de la protección del páramo, una mesa de coordinación permanente entre la Cdmb, Corponor y el Ministerio, y se creará un modelo de financiación para garantizar la sostenibilidad del resguardo ambiental de Santurbán.

Así que con el fallo, la Corte Constitucional no solo sentó un precedente sino que dejó la hoja de ruta para delimitar Santurbán. Con ello volvió a reajustar todas las cargas en la discusión sobre la protección del páramo, que comprende a 30 municipios de los dos santanderes, tiene 390 mil habitantes dentro de su jurisdicción, y surte de agua a otros 2,5 millones.

Fuente:http://lasillavacia.com/silla-santandereana/con-santurban-la-corte-da-la-receta-para-la-mineria-sostenible-63386

Tutela del Ministerio de Minas y falta de recursos de la Registraduría, tienen en vilo al municipio.

Varios tropiezos le han salido en los últimos días a la consulta popular minera en Córdoba, Quindío. Pese a que ya estaba programada para el 3 de diciembre según el calendario electoral, la jornada podría no llevarse a cabo pues el Ministerio de Minas y Energía interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado y en contra del Tribunal Administrativo del Quindío objetando la violación del derecho al trabajo.

A esto se suma que la Registraduría Nacional le envió una carta al alcalde del municipio, Guillermo Andrés Valencia, pidiéndole que suspenda provisionalmente la consulta. Tal y como sucedió con Granada, Meta, la Regitraduría no ha recibido los recursos del Ministerio de Hacienda para financiar esta jornada electoral.

El vocero del Comité promotor de la consulta, Carlos Gómez le dijo a este medio que «confiamos en la improcedencia de la tutela, hemos encontrado inconsistencias, estamos atacando tanto de forma como de fondo dicha tutela y tenemos suficientes argumentos para echarla abajo».

Para Gómez, el Ministerio argumentó la vulneración al derecho al trabajo «como si hubiera este tipo de minería en Córdoba, no hay un solo minero artesanal de minería de metales en el municipio, no hay vulneración alguna, lo que sí se vería afectado con los proyectos mineros es la histórica vocación agrícola del municipio».

Y en cuanto a la financiación de la jornada, Gómez se preguntó si el comité promotor de la consulta anticorrupción que lideran las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, tenga que pagar la jornada o si el partido Liberal pagará los 40.000 millones de pesos que cuesta la consulta popular en la que dicho partido escogerá su candidato presidencial.

El ambientalista y uno de los promotores de la consulta popular que se tramita en Calarcá, Néstor Ocampo, señaló que la consulta en Pijao se pudo llevar a cabo porque «los cogió de sorpresa, pero el hecho mismo de que (el Gobierno) haya reaccionado de esta manera con la consulta en Córdoba es un indicativo de que la intención es enredar y dilatar el proceso, buscan cansar a la gente».

«Aquí lo que da rabia es que sea el Gobierno mismo, con dineros públicos el que salga a defender los intereses de las empresas mineras, actuando en contra de los intereses de las comunidades», agregó Ocampo.

Ayer, durante un Comité de Seguimiento Electoral, el alcalde buscaba que la Registraduría le informara el costo de la consulta popular. Valencia ha afirmado en varias ocasiones que si la tiene que financiar, buscará los recursos para que la comunidad pueda ir a las urnas en Navidad. De hecho, este fin de semana, el comité promotor de la consulta tiene varias actividades como un bazar, una travesía de ciclomontañismo y una cabalgata ecológica para recoger fondos para garantizar el transporte de las personas que asistirán a la jornada.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tambalea-consulta-minera-en-cordoba-quindio-148532