Los ocho concejales de Tarso aprobaron ayer un acuerdo mediante el cual se prohíbe la minería de metales en ese territorio del Suroeste antioqueño, como lo han hecho en otras localidades.

El concejal liberal Húber Cartagena explicó que el proyecto le llegó a la Corporación el 1 de junio y lo dejaron en estudio para documentarse y analizar con abogados expertos la legalidad del mismo.

El corporado dijo que la decisión la tomaron, por unanimidad, porque el municipio tiene una vocación agrícola y en los últimos años ha cogido impulso el agroturismo, lo que es contrario a la minería de metales.

Otro aspecto que tuvieron en cuenta fue la topografía tan empinada del territorio, que es susceptible a la erosión y la minería le puede causar daños irreversibles, dijo.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, manifestó que este acuerdo deberá ir a la revisión de la Sección Jurídica de la Gobernación, y si esta considera que viola alguna norma lo enviará al Tribunal Administrativo de Antioquia que verificará la legalidad.

Recordó que por violar normas constitucionales el Tribunal Administrativo consideró inválido el acuerdo en contra de la minería aprobado por el concejo de Urrao.

En Támesis, Jericó, Titiribí, Caicedo y Tarso, también aprobaron acuerdos en contra de la minería.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/concejo-de-tarso-le-dijo-no-a-la-mineria-DE7776137

“La amenaza de los títulos mineros en la Sierra es nuestra mayor preocupación, y ese es el punto central en esta movilización pacífica, esperamos que todos los gremios se unan a nuestro clamor, el agua es una necesidad de todos y no podemos permitir que la acaben y contaminen de esta manera”, expresó la líder arhuaca Leonor Zalabata.

Dijo que “tenemos una ley arhuaca de protección territorial que emana de la Ley de origen que hace parte del derecho consuetudinario; nosotros tenemos que hacerle ver al sistema político-administrativo de este país que la diversidad cultural no es una retórica, es un derecho que Colombia tiene que proteger”.

Hermes Torres Solís, secretario General de la Confederación Indígena Tayrona, señaló que el único motivo de esta concentración es proteger y manifestar el desacuerdo que tienen por los riesgos a los que está expuesta la Sierra Nevada de Santa Marta.

Saúl Mindiola, vocero de esta etnia, señaló que “en materia territorial ha sido la lucha incansable de nuestros mayores, y es la agenda de la Confederación Indígena Tayrona, en varios puntos, uno darle fin y prosperar el proceso con el Gobierno Nacional de elevar a Decreto-Ley la resolución de la línea negra, la ampliación y saneamiento de los resguardos, la adopción de ley de protección territorial arhuaca con reconocimiento nacional, el cumplimiento del plan de salva guarda donde encontramos salud, educación y el ejercicio de autoridad en el territorio, además están temas relacionados con los acuerdos de paz en la Sierra”.

Para este sábado, 25 de noviembre, se espera la llegada a Valledupar de una comisión de alto nivel encabezada por el ministro de Interior, Guillermo Rivera, para instalar una mesa nacional con los indígenas, a fin de ser escucharlos y plantear posibles soluciones a sus requerimientos.

Más de 1.700 arhuacos que se encuentran concentrados desde el pasado 15 de noviembre en esta capital esperando ser atendidos por el Gobierno nacional.

Fuente:https://www.elheraldo.co/magdalena/arhuacos-se-toman-la-plaza-alfonso-lopez-para-exigir-freno-la-mineria-en-la-sierra-427016

Corporación ambiental verifica afectación tras apertura de túnel durante proceso exploratorio.

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) abrió un proceso de investigación contra Minesa, compañía árabe que está detrás de una licencia ambiental para explotar oro en zonas vecinas al páramo de Santurbán, por el presunto incumplimiento a la normatividad ambiental y afectación de recursos naturales en la etapa de exploración en su momento en el túnel El Gigante, en jurisdicción del municipio de California, en Santander.

Juan Manuel Pinzón, asesor técnico de la dirección de la CDMB, indicó que la investigación busca precisar el daño ambiental que se pudo dar por la apertura del túnel, el cual fue construido por AUX Colombia, empresa que vendió el derecho minero a Minesa, multinacional de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi.

“En el momento en que se abre el túnel hay una interceptación de algunos flujos y finalmente esos flujos están siendo canalizados y en estos momentos están siendo entregados a la quebrada La Baja, tras un proceso de tratamiento que hace la empresa. Pero lo que busca la investigación es definir si hubo un incumplimiento de la normatividad ambiental o una afectación al recurso natural”, dijo el funcionario.

Pinzón explicó que pese a que fue AUX Colombia la que estuvo al frente de la apertura El Gigante, en este momento la titularidad es de Minesa, razón por la cual esa compañía tiene que responder.

La corporación informó que el proceso se encuentra en etapa de notificación a la compañía árabe, y aunque existe una solicitud de reconocer un tercer interviniente, solo hasta el momento en el cual se dé la notificación, se procederá al reconocimiento de esta petición, en el marco garantizar el debido proceso.

Entre tanto, Minesa indicó que desde que asumió la titularidad de la concesión minera ha trabajado activamente en la gestión y cierre de todos los pasivos ambientales heredados desde la adquisición del título en el año 2015.

«Minesa sigue avanzando en un permanente trabajo para recuperar el ecosistema de los títulos mineros de su propiedad, cumpliendo con el marco de la ley, avanzando en la identificación y gestión de estos pasivos ambientales ante la CDMB, generando planes de acción para su adecuado manejo», dijo en un comunicado la empresa.

Según reportó Minesa, desde el año 2015, las principales acciones ejecutadas a la fecha para la recuperación de pasivos ambientales generados por la minería en el área son:  la evacuación 360 toneladas de arenas mercuriadas, producto de la minería artesanal;  la siembra de más de 88 mil árboles;  el control de drenajes ácidos de bocaminas de minería artesanal;  el desmonte de plantas de minería artesanal ubicadas sobre la ronda hídrica de la quebrada La Baja y  por último, la recuperación del suelo y el paisaje.

La apertura de la investigación contra la multinacional árabe se produce en medio de la polémica que se mantiene por cuenta de unos acuerdos firmados por el presidente Juan Manuel Santos con los Emiratos Árabes para incentivar la inversión en planes mineros en Colombia, como el Soto Norte de Minesa, con el que se pretende extraer durante 23 años nueve millones de onzas de oro.

Actualmente cursa su tramite ante la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud de permiso para la ejecución del proyecto Soto Norte, que se planteó por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán fijada en el 2014 por el Ministerio de Ambiente, la fue derogada recientemente por la Corte Constitucional.

Ante la incertidumbre que planteó el órgano constitucional sobre la viabilidad del plan minero, la Anla ha señalado que continuará con la evaluación del estudio de impacto ambiental presentado por Minesa. Sin embargo, la decisión sobre la licencia solo la tomaría después de que se vuelva a trazar una nueva línea de páramo, tal como lo ordenó la Corte.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/investigan-a-compania-arabe-minesa-por-dano-ambiental-153770

El mandatario de los bumangueses, Rodolfo Hernández, inició un proceso de recolección de firmas para pedirle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que frene la minería en el Páramo de Santurbán.

Carbones de los Andes S.A., la compañía que hasta hace tres años adelantaba uno de los trabajos de explotación minera a cielo abierto más grandes de Boyacá, en el municipio de Rondón, no volverá a esa población boyacense.

Por lo menos así lo advierte el Tribunal Administrativo de Boyacá que, en fallo de primera instancia, decidió negar la demanda con la que la firma Carboandes exigía declarar nula la resolución con la que Corpoboyacá les suspendió actividades.

Esa medida fue impuesta en el 2014, luego de que la Corporación encontrara serias irregularidades en materia ambiental, entre esas, que la licencia ambiental que les había sido otorgada por tres años, se encontraba vencida para ese entonces.

Corpoboyacá determinó que se estaba presentando un presunto incumplimiento normativo y que se adelantaban actividades de minería anticipada (exploración y explotación al mismo tiempo), sin contar con un instrumento de manejo y control ambiental vigente, lo que podría generar impacto a los recursos naturales.

De hecho, señaló que para ese momento ya había afectación al cauce y ronda de una quebrada de la zona, y una inadecuada disposición de estériles en un ecosistema como ese, de gran importancia de regulación hídrica y vecino de un sistema de páramos como el de Tota-Bijagual-Mamapacha.

Pero Carboandes decidió demandar a Corpoboyacá argumentando que la licencia que les había sido otorgada por la Corporación vencía hasta 2036, año en el cual terminaría el proyecto minero en Rondón, y no en tres años como se había dicho.

Corpoboyacá demostró que lo que la firma minera había solicitado era una licencia ambiental para poder adelantar una explotación temprana, toda vez que aún se encontraban en fase de exploración, y que la duración de dicha licencia se extendería mientras durara esa explotación anticipada, más no el proyecto a 30 años.

El Tribunal además de negar la demanda presentada por Carboandes, decidió también rechazar su solicitud de indemnización en la que justificaban pérdidas por más de $18 mil millones como consecuencia de la medida de suspensión impuesta por la Corporación.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cierran-mina-de-carbon-en-boyaca-152586

Gobierno nacional y las comunidades indígenas fijaron varios puntos de trabajo conjunto que tienen como objetivo poner en marcha estrategias para la protección y preservación de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“El acuerdo que hemos logrado consiste fundamentalmente en haber definido una hoja de ruta para tomar decisiones que permitan que ningún proyecto de exploración minera se desarrolle en la Sierra Nevada de Santa Marta porque esta tiene que ser una zona protegida”, explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez.

El documento incluye una instancia de diálogo permanente para abordar los mecanismos y así seguir ampliando y protegiendo los territorios libres de minería de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin afectar los derechos de los demás ciudadanos.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, explicó los alcances de la medida: “Hemos tomado la decisión de congelar cerca de 585 mil hectáreas para que en esta zona no se dé ningún nuevo título minero o concesión minera, y vamos a crear zonas de protección. Esto se suma a las 40 mil hectáreas que ya tenemos en el parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, cerca de un millón de hectáreas en esa zona. En estos momentos no hay ningún proyecto de minería a gran escala ni vamos a tener. Es una decisión que garantiza proteger ese ecosistema para la humanidad”.

Finalmente, se fijó un compromiso para el restablecimiento del orden público y la movilidad en la ciudad de Valledupar y el anillo vial circundante en la región.

Fuente:http://www.diariodelnorte.net/index.php/generales/935-gobierno-nacional-y-pueblos-indigenas-de-la-sierra-nevada-firman-acuerdo-para-preservar-el-territorio.html

El 28% del área total de Salento está amenazada por la minería, así lo indicó Johanna Suárez Montejo, coordinadora de la oficina ambiental de la alcaldía municipal.

“Según la Agencia Nacional de Minería, entre los títulos solicitados y los vigentes estamos hablando de 10.742 hectáreas, lo que quiere decir que es el 28,4% del territorio”, dijo la funcionaria.

Afirmó que los títulos vigentes en el municipio son ocho, de los cuales cuatro son de una multinacional. “El área total de Salento es de 37.767 hectáreas y el área comprometida por los títulos es 6.611 hectáreas, lo que representa el 17,5% del territorio”.

Explicó que hay 11 solicitudes de títulos, los que comprometen 4.130 hectáreas, es decir, el 10,9% del área total de la localidad.

“Los títulos vigentes y solicitados afectan de alguna manera las determinantes ambientales establecidas por la administración municipal, ya que todos los que se encuentran vigentes están dentro de la reserva forestal central, mientras que 8 de las solicitudes se localizan o participan con un porcentaje dentro de la misma área”.

Suárez Montejo aseveró que, sin excepción, los títulos y solicitudes se encuentran en la zona de importancia de la cuenca de afluentes hídricos de importancia para la región y cinco de los que están vigentes en el complejo de páramos del Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción de Salento.

“A pesar de que en la ley ambiental se encuentra prohibida la explotación de minerales en los parques nacionales naturales, cuatro de los títulos vigentes afectan las reservas y los predios de la CRQ destinados para la protección. Además, dos de las solicitudes están en el área principal del Paisaje Cultural Cafetero, PCC”.

Se presentó la pregunta para consulta popular

El fin de semana pasado, la alcaldía de Salento presentó ante el concejo municipal la pregunta que pretende utilizar para hacer una consulta popular minera.

“Es: ¿Está usted de acuerdo o no con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala? El cuestionamiento fue construido de manera conjunta con el acompañamiento de reconocidos abogados ambientales a nivel nacional”, dijo la coordinadora de la oficina ambiental.

Puntualizó que se ha encontrado que dentro de las solicitudes de títulos también se habla de piedras preciosas, por eso lo incluyeron en la pregunta que se está debatiendo en la corporación.

“Estamos a la espera de que el concejo nos dé el visto bueno de la pregunta para presentarla ante el Tribunal Administrativo del Quindío, que debe dar la viabilidad a la consulta”.

Hizo énfasis en que en el mecanismo de participación no se está hablando de minería de subsistencia, ya que se está adelantando un proceso de legalización de los mineros artesanales y, por tanto, están blindados, con el fin de no vulnerar sus derechos fundamentales y constitucionales al trabajo.

Con respecto a las dificultades que se han presentado en los últimos días para la consulta popular minera de Córdoba, la funcionaria indicó: “Estamos esperando los pronunciamientos respectivos a las acciones legales que ha instaurado el municipio de Córdoba. Igualmente, la alcaldía de Salento garantizará y tomará las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo la participación ciudadana”.

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-28_del_rea_de_salento_est_amenazada_por_la_minera-seccion-la_regin-nota-115690

La Procuraduría General de Colombia pidió hoy a la Unesco otorgar el título de Patrimonio Natural de la Humanidad a todos los ecosistemas de páramos ubicados en el país para preservar la biodiversidad y el agua.

«Con la inclusión de estos sitios naturales en la lista de Patrimonio Mundial, se busca preservar la biodiversidad de los páramos, la cual se encuentra amenazada por la intervención del hombre», informó el Ministerio Público en un comunicado.

La petición la hizo el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, en una carta dirigida a la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco), Audrey Azoulay.

Blanco señala en su misiva que, si bien el Gobierno colombiano ha venido trabajando en la delimitación de esos ecosistemas para su protección y conservación, todavía se desarrollan actividades humanas.

Igualmente aseguró que el reconocimiento internacional le permitiría a Colombia recibir asistencia técnica y económica para lograr la recuperación de los páramos afectados por la minería, la ganadería y la agricultura.

Además, advirtió que «está en juego la oferta hídrica nacional, de la cual se abastece el 80 % de la población del país».

La petición de la Procuraduría a la Unesco surge en momentos en que el ministro colombiano de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró hoy que el Gobierno no ha autorizado ni autorizará la explotación minera en los páramos.

«No se está haciendo ni se va a hacer minería en los páramos», sostuvo Murillo ante periodistas al salir al paso de la polémica suscitada alrededor de un proyecto minero en las inmediaciones del páramo de Santurbán, en el departamento de Santander (noreste).

El conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación de oro en inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.

Según cifras oficiales, en Colombia hay 36 complejos de páramos que suman 3 millones de hectáreas y son el 50 % del área total que existe en los 6 países andinos, únicos con este ecosistema.

Los páramos se extienden por 12 de los 32 departamentos del país y abastecen acueductos para más de 12 millones de habitantes de capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga.

Además, abastecen de agua a 138 cabeceras municipales y múltiples acueductos de caseríos. EFE.

Fuente:http://www.trt.net.tr/espanol/cultura-y-arte/2017/11/22/solicitan-a-unesco-que-paramos-de-colombia-sean-patrimonio-natural-de-humanidad-852347

Estimadas y estimados amigos,

Les dejamos invitación a participar del Lanzamiento del Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina», que se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 6 pm en Calle 37 Nº 15 – 40, Bogotá, Colombia.

Participaran como ponentes:

– Diana Murcia, de la Universidad del Bosque

– Milson Betancur, de la Universidad Nacional de Colombia y Censat Agua Viva

– Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca – Cosajuca

– Asocomún Fortaleza de la montaña

Dudas e información, escribir a minería@censat.org o a censatconflictosmineros@gmail.com

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentó este miércoles bajarle el tono a la creciente indignación nacional sobre la posibilidad de que se desarrolle un proyecto minero en el páramo de Santurbán, entre Santander y N. de Santander.

“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo” fue su declaración, a decir verdad, ciertas en el estricto sentido de la palabra.

El proyecto Minesa no se encuentra en área de páramo, sino en zona de bosque alto andino, sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar, y por fuera de la línea de protección trazada por el Gobierno en colaboración con el instituto Von Humboldt, que dice que inicia a los 3.100 metros.

Sin embargo, este factor no es el tema de fondo de la protesta que se viene elevando hace dos semanas en el país, cuando el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó las intenciones de Minesa en la región, tras una visita a los jefes del fondo Mubadala, árabes dueños del proyecto minero.

“Es que una cosa es lo que ellos (Gobierno y Minesa) dicen que está por debajo de la línea de páramo, pero el agua hace parte de un sistema. Porque el páramo, como tal, no es nada sino que hace parte de un ecosistema”, aseguró a EL COLOMBIANO Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga que se ha convertido en la cabeza visible de la oposición a la minería en la zona de Santurbán.

El mandatario decidió arremeter contra el presidente, Juan Manuel Santos, a quién le envío cinco preguntas sobre el futuro de este proyecto.

“Debajo de la línea, si usted derrumba la composición del terreno, va a derrumbar toda el agua que llega. Entonces es como decir que en un cuerpo, la cabeza es páramo y de ahí para abajo no”, explicó Hernández.

Voces contrarias

Al tiempo que el Minambiente intentó echar agua al fuego de la indignación, aprovechó para criticar al alcalde. “Las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo.

Murillo echó mano de los 23 páramos que han sido delimitados en el Gobierno para resaltar que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua”.

Sin embargo, no se refirió a la preocupación de fondo, que es la interconectividad del agua en todo este ecosistema.

“El páramo no puede reducirse a una simple cota en metros sobre el nivel del mar; es una unidad biogeográfica”, explicó Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité Cívico del Páramo de Santurbán, que recalcó que “existe el superpáramo, el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino, bosque bajo andino y las zonas de amortiguación, elementos que son interdependientes por lo cual no se puede pretender intervenir uno de ellos sin considerar la afectación de los demás”.

Entre las declaraciones cruzadas existe una realidad y es que en el momento, la delimitación de Santurban, que demoró años en hacerse y se conoció en 2014, no se encuentra vigente.

Un fallo de la Corte Constitucional, en respuesta a una tutela que argumenta que no se tomaron en cuenta a todas las voces involucradas en el momento de trazar la línea, exige que dentro de un año se surta nuevamente el proceso de concertación y se expida una nueva delimitación.

Lo que sigue

¿Qué va a pasar con el proceso de licencia ambiental que para Minesa no está aún muy claro? Los tiempos indican que en los primeros meses de 2018 la Anla debería tomar una decisión, aunque el Ministro dice que habrá primero acatar la revisión pedida por la Corte.

“Esta es una decisión eminentemente técnica. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión de licenciamiento de este proyecto hasta tanto se surta el proceso de revisión del páramo de Santurbán-Berlín”, subrayó, y agregó que se contará con el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, aseveró que la Anla creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales para realizar el acompañamiento y seguimiento al proceso licenciatorio.

No obstante, el fallo del alto tribunal podría virar la forma como se había estado tomando las decisiones en Santurbán, pues podría abarcar dentro de los involucrados a los habitantes de Bucaramanga, que se surten del agua que produce el páramo.

Así lo explicó Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, al aclarar que la delimitación original vulneró los derechos de los bumangueses. Sobra decir que este argumento dictaría un precedente importante para las delimitaciones hechas, pues abriría el espectro para que otras comunidades distintas a las que viven en territorio de páramo tengan voz y voto en estos territorios.

Más aún porque el alcalde Hernández enfiló energías en busca de un asiento para su ciudad en la mesa de la Anla, que ya anunció que estudia la posibilidad.

De conseguirla, conseguiría cambiar el discurso de la política de páramos y de paso, podría un gran asterisco sobre los logros en la materia hasta la fecha.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/aumenta-el-tono-de-la-discusion-por-santurban-MC7747385