Revivir la consulta popular minera sería una de las opciones que manejaría la Alcaldía de Ibagué luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima declarara inexequible el Acuerdo 012, que prohibía la minería de metales y la de mediana y gran escala en la capital del Tolima.

El Acuerdo, aprobado el año pasado en el Concejo de Ibagué, había sido objetado por el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, quien consideró que esos entes territoriales carecen de competencia para ese tipo de prohibiciones.

“La caída del Acuerdo no es el fin, la Alcaldía puede convocar una consulta popular minera para que el pueblo blinde en las urnas sus recursos naturales”, afirmó William Rosas, presidente del Concejo de Ibagué.

El funcionario también recordó que el año pasado, cuando la ciudad quiso realizar una consulta, “esta se cayó, pero por problemas en la elaboración de la pregunta”.

César Picón, secretario de Desarrollo Rural, afirmó que “los ibaguereños necesitamos realizar la consulta popular minera para no estar sujetos a las decisiones de un gobernante”.

“Nuestra ciudad no puede ser un santuario de la megaminería”, agregó Picón.

Rodrigo Negrete, consultor ambiental, consideró que el fallo “es deficiente en su argumentación jurídica” y aseguró que los concejos municipales sí pueden conservar el medioambiente y el patrimonio ecológico, “prohibiendo la minería por medio de un acuerdo”.

Como la decisión del Tribunal es de única instancia, para prohibir la minería Negrete propuso defender el acuerdo mediante tutela ante el Consejo de Estado e incorporar en el POT la prohibición. Además, de ser necesario, convocar a una consulta popular.

Por su parte, Alberto Cruz, director de la Asociación Minera del Tolima, recibió el fallo con satisfacción y señaló que la minería es una actividad legal y protegida por la Constitución, “que no se puede eliminar o detener por medio de consultas, decretos ni acuerdos”.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-seria-revivida-en-ibague-para-prohibir-la-mineria-158920

Así le respondió la primera autoridad del municipio de California, en donde se llevará a cabo el polémico proyecto minero de oro, al mandatario bumangués.

ugo Lizcano, alcalde del municipio de California, en donde está ubicado el polémico  mega proyecto minero de Soto Norte, aseguró a Portafolio.co que tanto las autoridades civiles como la comunidad de la población han revisado y monitoreado los trabajos de Minesa y confían que no se afectarán los recursos hídricos de la región ni de la ciudad de Bucaramanga.

¿Cómo alcalde de California qué piensa del proyecto minero de oro?

Para nosotros es muy importante. El municipio ha sido minero por décadas y el 90% de nuestra economía depende de esta actividad.

Además le hemos hecho seguimiento y va a traer mucho beneficio para el municipio, pero siempre hemos recalcado a la empresa que debe hacer una minería bien hecha. Seremos los primeros en denunciar si vemos que están afectando el medio ambiente, aspectos sociales o económicos. No vamos a dudar en rechazar si algo malo pasa.
Pero hasta el momento como alcalde e hijo de California, vemos que es un proyecto que cuida de la comunidad y del medio ambiente. Venimos trabajando de la mano para que sea bueno para todos.

¿Cómo se ha visto afectado ambientalmente el municipio tras décadas de explotación?

Primero se hizo una minería artesanal, de pequeños mineros de la región, pero se veían afectadas las fuentes hídricas ya que se hacía con mercurio y cianuro. Eso ya no sucede porque se hicieron capacitaciones para que trabajaran sin estos químicos y también debido a los múltiples requisitos del código de minas, que hicieron que los pequeños mineros vendieran sus títulos.

¿Cómo asegurar que no van a contaminar o acabar con las fuentes hídricas?

Desde un comienzo nos han contado todo: que no van a utilizar cianuro ni mercurio, que el proceso de separación va a ser por concentrado en Suratá. Nos han mostrado cómo van a ser tratadas las fuentes hídricas y a su vez hemos leído el estudio de impacto ambiental, el cual muestra que estas afectaciones no van a suceder durante el proyecto.

¿Qué piensa de las protestas del alcalde de Bucaramanga?

Le diría al alcalde de Bucaramanga que está desinformado porque él afirma que tenemos que proteger el páramo de Santurbán, cuando la minería se está haciendo por fuera del páramo.

Creo que son afirmaciones que son políticas debido a que nos acercamos a unas elecciones de senado, cámara y presidenciales y por eso lo está manejando políticamente.

Si usted mira todas las manifestaciones que se han hecho, inclusive la marcha del 6 de octubre, uno le preguntaba a la gente por qué marchaba y decían que para que no contaminaran el agua, pero era porque el alcalde lo decía. No tenían otra razón.

Por eso los habitantes de la provincia de Soto Norte estamos dando la lucha, informando cómo es el proyecto, cómo se llevan los proyectos mineros y que no se afecta el páramo.
Nosotros somos siempre los que hemos cuidado el páramo, siempre lo hemos protegido.

Siempre le hemos hecho la invitación al alcalde de Bucaramanga que hagamos una mesa de diálogo e informemos bien a la gente, pero ha sido imposible reunirnos con él. Lo que queremos decirle al alcalde de Bucaramanga es que respete nuestro territorio, que para eso hay unos alcaldes elegidos y unas comunidades que merecen respeto y lo mejor es llegar al diálogo. Como californianos tenemos derecho a un territorio y a un trabajo digno, y nuestro proyecto siempre ha sido la minería, que nos da de comer.

¿Será que el alcalde de Bucaramanga piensa que ustedes no saben de minería?

Él siempre nos ha dicho que nosotros somos unos ignorantes, como si él fuera el más estudiado o especializado. Pero no se necesita de ser estudiado sino de conocer su territorio. Yo como alcalde que nací y me crié aquí, conozco mi territorio y sé cómo se ha llevado la pequeña minería artesanal, sabemos cómo se está llevando el proceso de gran minería, además hemos tenido el acompañamiento de todas las entidades nacionales.
La invitación al alcalde de Bucaramanga es que no nos siga estigmatizando ni diciendo cosas que no son en contra de nosotros los alcaldes y nuestras comunidades.

¿Qué piensa la comunidad de California del proyecto?

Un 80% de la comunidad lo apoya. Es un proyecto que va a traer beneficios a las comunidades porque no hemos tenido presencia ni del gobierno Nacional ni del Estado. Gracias a este proyecto hemos visto un desarrollo porque la empresa ha contribuido mucho en lo social.

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/alcalde-de-california-responde-a-alcalde-de-bucaramanga-512316

El hundimiento de la consulta popular daría vía libre a la extracción de oro a cielo abierto.

Tarso, Betulia y Concordia, municipios del suroeste, prohibieron la explotación de este mineral en sus territorios a través de mecanismos legales.

A través de los concejos, Tarso, Betulia y Concordia, suroeste de Antioquia, le dijeron No a la minería. Con estos tres nuevos casos, ya son 9 municipios en el departamento que han privilegiado el trabajo de la tierra sobre su explotación. Todos lo hicieron a través de mecanismos legales.

El primero en dar la noticia fue Tarso este lunes, quen a través de un acuerdo aprobó por unanimidad la prohibición del aprovechamiento de la tierra para fines de explotación. La unión del concejo se debe a que el municipio cada vez más se reafirma como territorio agrícola.

Un día después de la victoria ambiental de este municipio, Betulia y Concordia se unieron a la acción que le pone un tatequieto a la minería de oro. Ambos son territorios del agro.

“Tenemos una vocación agrícola, Betulia tiene más de 7.000 hectáreas de café, estamos sembrando cacao y somos el primer productor de mango tommy en Colombia; no queremos que llegue la minería porque trae, aparte de la descomposición social, un desastre ambiental enorme” le dijo Benjamín Alonso Suárez , alcalde de Betulia, a El Colombiano.

La acción de Concordia responde a lo mismo, pues también es territorio cafetero. La decisión de los tres, a través de acuerdos, se alinea con la búsqueda de todo el suroeste de conservar el verde de sus montañas. 

Luego de este avance en contra la extracción en sus territorios, buscarán blindar los acuerdos aprobados en los concejos por medio de consultas populares que sean avaladas por los ciudadanos. Ellos no quieren correr con la misma suerte de Urrao, que al proceder de igual forma en agosto de 2017, el pasado 20 de noviembre el Tribunal Administrativo de Antioquia invalidó la decisión que tomaron los concejales de ese municipio al tachar la minería como una actividad de «interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado».

Los tres municipios tienen títulos mineros pero hasta el momento no se han explotado. Por lo tanto, los funcionarios adelantan trabajo en la Registraduría para realizar la consulta lo más pronto posible y llegar a feliz término como territorios sin minería.

Los municipios que le han dicho no a la explotación de metales en Antioquia son Támesis, Jericó, Tarso, Urrao, Jardín, Titiribí, Betulia, Concordia y Caicedo (el único que no se encuentra en el suroeste). La subrregión que cuenta con mayor actividad minera es el nordeste con los municipios de Remedios, Zaragoza y Segovia.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/municipios-de-antioquia-le-dicen-no-la-mineria-articulo-726063.

El Gobierno de Colombia ha asegurado que no ha autorizado ni autorizará la explotación minera en los páramos, principal reserva de agua dulce del país.

En concreto, el ministro de Ambiente colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró que “no se está haciendo ni se va a hacer minería en los páramos”, a propósito de una polémica suscitada alrededor de un proyecto minero en las inmediaciones del páramo de Santurbán, en el departamento de Santander (al noreste del país).

El ministro subrayó que “en ningún momento se ha descuidado la protección del agua de los colombianos de Santander y Bucaramanga”.

Cabe resaltar que el conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación minera de extracción de oro en las inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.

Según el representante del Gobierno del país latinoamericano, “el proyecto de Minesa está por fuera de ese páramo” y añadió que “no hay ninguna actividad ni proceso de licenciamiento en ningún área de la zona protegida”.

Por lo pronto, la Corte Constitucional de ese país derogó hace dos semanas la resolución que delimita el páramo de Santurbán, por falta de consulta con las comunidades que lo rodean, y abrió un período de un año para realizar nuevas rondas de diálogo con ellas. Por lo cual, el ministro animó a la población a tomar parte del proceso participativo para la nueva delimitación de la zona.

Fuente:http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/01/12/2017/colombia-descarta-proyectos-de-mineria-en-los-paramos-de-su-territorio/111122.html

Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.

En repetidas ocasiones, las comunidades de la Guajira han manifestado que no fueron consultadas antes de que se empezará a hacer la desviación del arroyo Bruno, una proyecto que busca realizar la multinacional para expandir la producción de carbón en ese territorio. Para lograr esto, se ha venido denunciando la deforestación de varias zonas para permitir la construcción del canal que desvía el agua.

Corte Constitucional ya había ordenado suspender las actividades del Cerrejón

La Corte Constitucional ya había ordenado cesar las actividades de la multinacional en agosto del 2017. Allí, había decidido ponerle freno a las actividades de la empresa, hasta tanto no se verificara la situación de derechos humanos de la población indígena y afro que hacen parte de las diferentes comunidades de La Guajira.

En ese momento, la compañía se había comprometido a cumplir con todos los requerimientos legales, ya que había logrado obtener el permiso para intervenir el Arroyo Bruno, gracias a que, en noviembre de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, permitió al Cerrejón la modificación del plan de manejo ambiental.

Un procedimiento para el cual CORPOGUAJIRA se había declarado sin posibilidad de emitir permisos por incapacidad técnica, por lo que la ANLA, que ya había avalado el desvío, fue quien terminó realizando “estudios amañados”, que dieron paso a la ampliación de la mina en el Tajo La Puente, como se ha asegurado desde la organización Censat Agua Viva que acompaña a las comunidades.

Cerrejón se ha caracterizado por incumplir los fallos de la Corte

De acuerdo con Samuel Arregoces, líder de una de las comunidades afrocolombianas y el pueblo Wayuú en la Guajira, el Cerrejón se ha caracterizado por no acatar las decisiones legales y ha violado los derechos humanos de manera sistemáticas. “Hoy le estamos demostrando al Estado colombiano y al mundo que Cerrejón no cumple con los estándares que le piden para hacer su minería que no es responsable con el medio ambiente y menos con las comunidades”.

Afirmó que esta nueva sentencia la harán valer y utilizarán los mecanismos necesarios para que la empresa cumpla con lo que estipula la Corte, “están jugando con la vida, acá el agua es algo vital, las personas están muriendo por falta de agua potable”. Además, dijo que ha habido un trabajo valioso con diferentes organizaciones para evitar que el arroyo Bruno sea desviado.

Arregoces indicó que ya ha sido construido el primer tramo del canal que será utilizado para desviar el agua del arroyo. Allí, varias comunidades ya se han visto afectadas, así como se verán otras poblaciones ubicadas cerca de la fuente de agua.

Para las comunidades, es difícil comprender que la producción de carbón se mantenga en Colombia teniendo en cuenta que los países de Europa, a los cuales se les vende el mineral, han decidido dejar atrás su uso. Ante esto, “el Gobierno tiene que pensar en crear nuevas alternativas económicas que no dañen el ecosistema a costillas de nada”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/cerrejon-debera-suspender-actividades-mineras-sobre-arroyo-bruno-articulo-49554/

El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.

El Tribunal le ordenó a la Registraduría, a través del registrador o su delegado, que en un término de 48 horas siguientes a la notificación, adelante todas las actuaciones necesarias en conjunto con el Ministerio de Hacienda, Crédito Público y con el municipio de Córdoba, “para coordinar todas las gestiones a lugar con miras a garantizar la realización de la consulta popular del municipio de Córdoba”, dice el fallo.

El fallo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes.

Cabe recordar que la Registraduría le pidió al alcalde que suspenda la consulta, pues el Ministerio de Hacienda no le giró los recursos, unos 25 millones de pesos. Y pese a que el mandatario local dijo que pagaría la consulta, la Registraduría respondió que no podía celebrar un convenio con el ente territorial.

Además, el Ministerio de Minas interpuso ante el Consejo de Estado una acción de tutela contra el Tribunal del Quindío por avalar la consulta.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-cordoba-quindio-156584