Ambientalistas del Quindío apoyan gestión del comité promotor del NO de la consulta popular minera

A pesar de que el gobierno se ha negado a realizar consulta popular minera en Córdoba, ambientalistas dicen que continuarán con defensa del territorio y apoyan las acciones jurídicas de los promotores del No en la consulta para que el gobierno a través del ministerio de hacienda apropie los recursos para que se lleve a cabo este mecanismo de participación ciudadana.

Néstor Ocampo de la Fundación Ambientalista Cosmos de Calarcá en medio del programa Hoy x Hoy dijo que con las tutelas, demandas penales e incidente de desacato de tutela se espera que el ministro de hacienda de respuesta no solo a la justicia sino a la comunidad sobre la consulta popular minera en el municipio de Córdoba, Quindío.

Se han tramitado 70 procesos en el país, de los cuales 9 ya fueron votados en las urnas.

Las numerosas consultas populares demoran los proyectos de desarrollo del sector minero-energético del país.

Por ejemplo, si los precios del petróleo conservaran la tendencia actual, por cuenta de la mayor renta el fisco podría recibir 3,5 billones de pesos más de lo previsto en impuestos durante el 2019. Sin embargo, con la oposición a la extracción en varios departamentos se pierde una gran oportunidad de elevar los recursos, pues los inversionistas y las compañías se abstienen de ejecutar planes ante la incertidumbre de dichas decisiones.

Una recopilación del Ministerio de Minas y Energía conocida por EL TIEMPO indica que a diciembre 15 se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 fueron votadas por los ciudadanos y 7, suspendidas, por lo cual finalmente no se llevaron a cabo.

Sin embargo, hay 54 propuestas que aún no se han decidido en las urnas, lo que equivale al 77 por ciento.

La financiación ha sido uno de los escollos, pues en octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió al municipio de Granada, Meta, que no serán apoyadas más con recursos del Gobierno y, para llevarse a cabo, tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida ejecutarlas.

El caso más sonado de estas consultas lo ganaron el pasado 26 de marzo, entre otros, los ambientalistas y políticos de Cajamarca, Tolima, en el que se impuso el no a la explotación de oro, con 6.165 votos ciudadanos frente a 76.

Por ello, casi un mes después, la multinacional Anglogold Ashanti suspendió un proyecto en el municipio y unos 400 trabajadores perdieron su empleo.

Dos victorias del no en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, también les cerraron las puertas a los proyectos mineros y las regalías en sus municipios.

Algunos promotores

Pero ¿quiénes son las personas que lideran las consultas en proceso? En Arauca, el comité que se opone a proyectos petroleros está encabezado por el exdiputado y excandidato a la Gobernación Édgar Fernando Guzmán Robles.

Entre tanto, en las 5 consultas en Caquetá contra proyectos de hidrocarburos se oponen el ‘Comité El Doncello libre de actividades petroleras’ y el ‘Comité promotor por la dignidad amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida’.

La del municipio de Morelia, en Caquetá, la encabeza el concejal José Omar Vallejo.
En Cesar, el comité promotor ‘Por amor a San Martín, libre de fracking y minería por fin’ se opone a proyectos de hidrocarburos y minería en dicha región.

Asoquimbo, que dirige Miller Dussán Calderón, quien lanzó su campaña política a la Cámara de Representantes, lidera la oposición a proyectos en el departamento de Huila.

En Cundinamarca, hay oposición, entre otros, a proyectos petroleros en los municipios de Pasca, Medina, Sibaté y Venecia, que también tienen como objetivo la realización de la consulta.

En Huila, los alcaldes lideran oposiciones a programas de extracción en las poblaciones de Íquira, Oporapa, Santa María y Timaná, no solo para extracción petrolera, sino también en cuanto a generación de energía.

De las 54 consultas pendientes, solo 9 son de iniciativa popular; 5 son de los alcaldes; 3, de concejales y 4, de un solo ciudadano.

Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por políticos, ambientalistas y abogados, que se organizan en movimientos.

En Tauramena y Cumaral se han votado consultas populares en contra de la industria petrolera, pero la primera está demandada por Ecopetrol ante las instancias administrativas seccionales y de no prosperar recurriría al Consejo de Estado.

Igualmente, en Yopal, Aguazul y Monterrey, también en el departamento de Casanare, se están cocinando consultas populares para plantarse frente a la explotación en las jurisdicciones, según indicaron fuentes del sector a EL TIEMPO.

Entre tanto, según añade el documento de Minminas, en 18 municipios, entre los que se cuentan La Concordia (Antioquia), Paipa (Boyacá), Vista Hermosa (Meta), San Vicente de Chucurí (Santander) y Líbano (Tolima), ya tienen la pregunta, pero aún no han fijado la fecha de la consulta. En total, según agrega el documento de Minminas, 20 concejos se han opuesto a proyectos de minería, energía e hidrocarburos en sus municipios. No obstante, 11 de ellos están pendientes de la solicitud de objeción, que debe estudiar el gobernador, y 9 fueron anulados después de ser aprobados. Mientras que los acuerdos anulados se hallan en Caicedo, Cañasgordas, Jardín, Jericó y Urrao, en el departamento de Antioquia. Igual pasó en Ibagué (1) y en Íquira, Oporapa y El Pital, en Huila.

Queja gremial

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) dice en un documento reciente que la Corte Constitucional ha dado piso jurídico a las consultas populares en varios municipios, con el propósito de prohibir actividades mineras en su jurisdicción. “Hoy, por ende, no existe claridad sobre cuál es la autoridad que tiene la última palabra en cuanto a la explotación de los recursos naturales no renovables”, dice el gremio. Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, gobernadores y alcaldes pueden realizar consultas populares para decidir sobre asuntos que competen al departamento o municipio. Sin embargo, en materia minera y de hidrocarburos hay competencias asignadas a autoridades nacionales. “En estricto rigor jurídico, las decisiones en firme de las autoridades nacionales no pierden fuerza ejecutoria por las normas de las autoridades territoriales; pero, en virtud de la consulta popular, quedan en el limbo. De ahí la importancia de que una ley defina la materia”, pide la Andi.

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consultas-mineras-pendientes-contra-minas-y-energia-172302

El Ministerio de Hacienda no giró los recursos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará la consulta ciudadana sobre la gran minería, en el municipio de San Lorenzo, norte del departamento de Nariño, proceso que estaba aprobado por el Ministerio de Minas y ahora existe tendencia del gobierno para acabar con esos mecanismos de participación comunitaria en la explotación de minerales.

Ante ese incumplimiento, la comunidad de San Lorenzo, alcalde municipal y funcionarios de entidades ambientales de la región, realizaron jornada de inconformismo y ahora buscan alternativas para defender el territorio que las empresas multinacionales están interesadas en la exploración y explotación de minería a gran escala.

Los últimos gobiernos han entregado a empresas multinacionales extensas regiones del departamento de Nariño, para que las perforen, situación que atenta contra los recursos naturales y por eso se oponen los campesinos e indígenas quienes han realizado movilizaciones y jornadas de protesta.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-incumplio-con-la-consulta-sobre-mineria-en-san-lore-383005

Entre febrero y marzo, esta población no utilizará este elemento para la actividad minera.

Al principio no veían con buenos ojos que un grupo de investigadores llegara a sus entables mineros a enseñarles otras alternativas para extraer y procesar el oro. Sin embargo, luego de explorar dichas alternativas, hoy el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, busca ser el primero de Colombia que practique la minería sin mercurio.

Argumentando leyes que no existen y escogiendo como válidos solo argumentos del Estado y Anglo Gold Ashanti, los jueces de Medellín dan vía libre a la minería.

Sí. Doloroso decirlo, pero a las críticas y las acusaciones recientes en las cortes se suma esta forma de actuar que han tomado algunos magistrados del Tribunal Superior de Antioquia y de otros departamentos. De manera muy curiosa, declaran No Válidos los acuerdos de los concejos municipales que prohíben ciertas formas o clases de minería para defender el medio ambiente en sus territorios.

Violando el debido proceso y claras normas de la Constitución, de frente, apoyándose en normas derogadas hace ya bastante tiempo o contrariando abiertamente sentencias de las cortes que son muy claras. Y tales formas de actuar, en lugar de buscar la defensa del bien colectivo, lo único que benefician es el conjunto de intereses de grandes empresas explotadoras, casi siempre gigantes multinacionales cuyo comportamiento en Colombia ha sido poco correcto.

En el caso de Antioquia, donde la minería de metálicos de mediano y gran tamaño en otros minerales ha sido proscrita por once municipios del Suroeste. Lo han hecho por tener clarísima vocación muy diferente de la minera. Pero el Tribunal Administrativo ha declarado No Válidos los Acuerdos proferidos al respecto por los concejos de Urrao y Jericó y están pendientes los otros, empujados hacia el mismo lado por las autoridades mineras nacionales y regionales. Esta decisión es cuestionable pues sólo la fiscalización de las decisiones de los consejos está en dentro de sus funciones, mas no el apoyo y la promoción. Las declaratorias de No Válidos en estos casos se han estructurado así de fácil, de claro, y de absurdamente contrarias a la normatividad vigente.

Por un lado el Tribunal de Antioquia omitió analizar las intervenciones de los concejales de Urrao y de Jericó y las de otras organizaciones y personas muy conocedoras como el abogado Rodrigo Negrete Montes, el Semillero de Minería de la Universidad de Antioquia y otros representantes de la comunidad, en las que explicaban sus razones para que se aprobara el Acuerdo. Pero en cambio sí acogió las intervenciones de la Asociación Colombiana de Mineros, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, de Minera Quebradona (AngloGold Ashanti) violando así claramente los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la participación, previstos en la Constitución Nacional.

Igualmente el Tribunal pasó por alto la existencia de las Exposiciones de Motivos de los dos Acuerdos, en donde están nada menos que las razones que justifican la prohibición de la minería, con argumentos de tipo constitucional y legal, basados en sentencias de la Corte Constitucional.

La Sentencia T445 de 2.016 de la Corte Constitucional establece cosas supremamente importantes y claras que son violadas por el Tribunal. Por ejemplo “La Corte considera que cuando la Carta se refiere al Estado, y le impone un deber, o le confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales (…) la Carta utiliza la palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las autoridades centrales, mientras que la palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades públicas.” Por ejemplo, el artículo 288 establece que corresponde a la legislación orgánica territorial establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”. Así mismo establece que, el artículo 313 señala que los concejos deben dictar las normas necesarias para garantizar el “control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico municipal”

Y lo más importante: que, “administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, resuelve: Precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.”

Más claro no canta un gallo, pero el Tribunal se va contra todo esto, desconociéndolo o negándolo.

La minería en el suroeste antioqueño es un problema al que no han podido echar por tierra. El año pasado, cerca de una docena de municipios aprobaron acuerdos municipales diciéndole no a la minería metálica, y, para este 2018, las secretarías de Gobierno y de Minas de Antioquia, articuladas con el Ejército Nacional, informaron el cierre de minas en sectores donde se desarrollan actividades ilegales.

Es decir, aquellas que no están amparadas por un título minero, que son consideradas zonas de amenaza o presentan alto riesgo para quienes laboran allí.

“Entre las zonas impactadas se encuentran la cuenca del Sinifaná, en los municipios de Angelópolis y Amagá, donde se cerraron 33 bocaminas por ser esta región la de mayor número de accidentes presentados en la minería ilegal”, explicó Dora Balvin, secretaria de Minas de Antioquia.

Dichos cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera, con su respectivo acto administrativo expedido por la administración municipal competente. En cada caso se ordenó la suspensión y cierre de actividades de extracción.

En todo el suroeste, según explicó la secretaría, hay 156 de los 1.325 títulos mineros de Antioquia. Es decir que equivalen al 12 por ciento del territorio.

De igual forma, durante este año se continuará con los operativos de cierre de minas ilegales, para lo que tendrán en cuenta las solicitudes allegadas por las alcaldías municipales, “en las que se plasman necesidades en capacidad técnica y operativa para erradicar extracción ilícita de minerales en su territorio”.

Además, la funcionaria aclaró que la actividad no se trata solo de cierre. Para que los mineros impactados con la decisión puedan seguir ejerciendo su profesión bajo la legalidad, la secretaría puso a disposición diferentes programas de asesoría y capacitación en torno a los procesos de regularización.

Con estas iniciativas, la secretaría informó que ha regularizado 52 unidades productivas mineras (UPM), lo que representa un total de 800 empleos directos generados.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/anuncian-cierre-de-33-bocaminas-en-el-suroeste-antioqueno-170258

Pese a que el Tribunal Administrativo del Quindío había dado la orden al Ministerio de Hacienda para tramitar los recursos necesarios para desarrollar la consulta popular en el municipio de Córdoba, Quindío, esa cartera ha hecho caso omiso a dicha decisión. Por ello el comité promotor de la consulta popular en Córdoba anunció que interpondrá una denuncia penal en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por desacato.

“El fallo es muy claro al ordenar a la Registraduría y a Minhacienda que adelanten las actividades necesarias para garantizar la realización de la consulta. La Registraduría lo hizo y el ministerio nunca se comunicó con la alcaldía y no respondió los requerimientos que se le hicieron para que participará en los dos comités de seguimiento electoral en diciembre”,  señala  Camilo Gómez, vocero del Comité a Crónica del Quindío.

El líder agrega que si bien la Registraduría ya ha acatado la orden y estipuló la fecha para el próximo 21 de enero, el Ministro se ha burlado de la orden del Tribunal y se ha pasado por la ‘faja’ la decisión de los magistrados».

La denuncia está basada en el artículo 454 del Código Penal Colombiano, donde  se establece el delito de fraude a resolución judicial. De ser así, este funcionario público podría pagar hasta 6 meses de prisión, además de una multa entre 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes.

Habitantes se alistan para la consulta 

Mientras tanto ya se adelantan los preparativos del evento electoral y el Comité se ha reunido con las autoridades pertinentes como el registrador local, el alcalde, los secretarios de Gobierno y Planeación y el vocero del comité promotor.  Además se adelantan actividades pedagógicas, aunque aseguran que la población es consiente de la importancia de participar de la consulta.

“Hay que dejar en claro que el municipio, desde un principio, dijo que tenía el dinero para hacer la consulta, pero fue el mismo ministerio el que dijo que no se podía. Ellos cambiaron de manera abrupta las reglas y eso no lo pueden hacer. Esto es una burla al sistema de participación democrática de los ciudadanos, no solo de Córdoba, sino de otros 10 municipios que están en la misma situación”, dice Camilo Gómez.

Cabe recordar que en Quindío también el consejo municipal de Salento, le dio el visto bueno a la posibilidad de que a través de una consulta popular puedan decidir si quieren o no el desarrollo de actividades mineras en su territorio, de manera que se protejan riquezas naturales del país como el Valle del Cocora.

 Fuente:https://www.contagioradio.com/demanda_minhacienda_fallo_consulta_popular_cordoba_quindio-articulo-50441/

La comunidad decidirá en el 2018 si desean que la minería esté presente en su región.

Gachantivá decide a finales de enero si avala o rechaza actividad la minera en esta región.

La administración municipal fijó el 28 de enero como fecha tentativa para la realiza­ción de la consulta.

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