El Tribunal Administrativo de Antioquia y la Gobernación de Antioquia deben presentar los argumentos que los llevaron a anular el acuerdo contra la minería firmado en Urrao. En próximos días el Consejo de Estado deberá tomar una decisión.

Los campesinos y concejales del suroeste antioqueño que han liderado la protección de sus municipios frente a la minería a gran escala lograron en las últimas horas un triunfo jurídico. El Consejo de Estado aceptó la tutela que interpusieron en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, que el año pasado anuló el acuerdo firmado por el Concejo de Urrao con el que se prohibió la minería en su territorio.

Entre los argumentos acogidos por los magistrados del tribunal antioqueño se destaca el hecho de que el Concejo Municipal no tenía facultades para determinar los usos del suelo y que vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

Esto fue un campanazo de alarma para los activistas y políticos de la región, pues hasta el momento son once los municipios que han firmado dichos acuerdos que buscan asegurar los territorios para la explotación agrícola y el cuidado de ecosistemas.

Según el abogado Rodrigo Negrete, quien interpuso la tutela, este tipo de acciones suelen ser rechazadas porque deben cumplir muchos requisitos y formas, pues podrían conllevar la anulación de la decisión de un juez.

“Nosotros consideramos que cuando el tribunal falló violó los derechos fundamentales de muchas personas: derechos al debido proceso, a la igualdad, a la paticiáción, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa”.

En este momento el Consejo de Estado está esperando los argumentos del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Gobernación, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozca un fallo que podría irse a segunda instancia.

“El fallo del tribunal está en contra de la Constitución, porque las alcaldías pueden tomar decisiones sobre el subsuelo, además están ignorando fallos y sentencias de la Corte Constitucional. Esto sienta un precedente porque el tribunal de Antioquia ha venido tumbando estos acuerdos desde el 2011 y nadie le ha peleado. Es la primera vez que se cuestiona una decisión que viene de la Gobernación de  Antioquia, que en este caso de la minería es juez y parte”, dijo Negrete.

La decisión es un aliciente para los activistas, quienes no han dejado de trabajar en los últimos meses para proteger sus territorios. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha mencionado en varias ocasiones que es necesario revisar las vocaciones de las regiones para determinar si las licencias mineras se convierten en licencias ambientales. En este caso la vocación del suroeste es totalmente agropecuaria.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-admite–tutela-para-proteger-a-urrao-de-la-mineria/554880

El neurocientífico Rodolfo Llinas afirma que “en Colombia las cosas se hablan pero casi nunca se hacen”. Si en algún campo ello se ajusta al actual estado de cosas, es en el de la lucha contra el uso de mercurio en la explotación minera.

En 2013, mediante Ley, se implementó el Plan Nacional de Mercurio con el objetivo de erradicar su uso en los procesos industriales y productivos en un plazo de 10 años y en minería, en 5 años. Así, en julio de este año debe estar eliminado el uso de tal metal de la minería, pero como aquí las leyes se obedecen pero no se cumplen, poco se ha hecho para ello.

En abril de 2016 debía haberse realizado el registro de usuarios de mercurio, pero a esta hora, solo cerca del 4% de ellos se han inscrito. Las principales regiones mineras son Antioquia, Chocó y Nariño; en ellas se han identificado 318 puntos de emisiones de mercurio pero solo se han inscrito 13 de ellos. Antioquia tiene el 46,6% de la participación en la minería aurífera, solo una mina se ha inscrito. En el país no hay un registro único de importación y/o compra de mercurio. Las autoridades ambientales no han hecho una evaluación completa de las emisiones de mercurio, ni estudios de liberaciones de éste al suelo y al aire, pese a que sus efectos más contaminantes son las emisiones al ambiente. Hace 17 años no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio y no hay normas sobre el máximo de mercurio permitido en el suelo.

Ello contrasta con el hecho de que acabar con el mercurio es la segunda deuda con la salud de los colombianos y con nuestro medio ambiente.

El mercurio, al entrar en contacto con las bacterias del ambiente, se vuelve metilmercurio, que es altamente tóxico. En los lechos y cuencas de los ríos Atrato y Quito hay mucha explotación minera. Allí vive la población más pobre del país, ella tiene un 98% de necesidades básicas insatisfechas y el 90% de quienes moran en dicha región están intoxicados por mercurio, que contamina peces, flora y en los seres humanos causa daños intrauterinos, en el cerebro y el sistema nervioso.

Así, se habla pero muy poco se hace.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/422890-la-raquitica-lucha-contra-el-mercurio

A partir de junio de este año, el uso de mercurio en la minería quedará prohibido por ley en todo el país.

Por eso, desde ahora, La secretaría de Minas ha puesto en marcha acciones para recudir el uso de ese elemento en el territorio antioqueño, donde, según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se utilizan entre 100 y 150 toneladas de este material al año.

Una de las principales estrategias es el laboratorio instalado en la Universidad Pontificia Bolivariana, que utilizará extracciones auríferas sin recurrir al mercurio y reemplazándolo por tratamientos biotecnológicos.

En este mismo sentido, se intervinieron 14 plantas de beneficio aurífero en Bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburrá, con lo que se redujo el uso de 158 kilogramos de mercurio al mes. Además de lo anterior, la secretaría de Minas trabaja en la creación de siete lineamientos para la creación de Zonas Industriales Mineras, que tienen como objetivo la reubicación de plantas de beneficio que operan en zonas prohibidas del departamento.

Asimismo, se adecuó en el municipio de Abriaquí (Occidente) una planta industrial de beneficio de oro que erradica el mercurio e implementa nanotecnología, logrando la disminución en al menos el 40 por ciento del consumo de cianuro “y reduciendo los tiempos de beneficio del oro de veinticuatro a dos horas y media”.

Estas acciones, se dan luego de que la Asamblea departamental aprobara la Ordenanza No. 24 del 17 de agosto de 2017, en la que se conformó el Comité de Seguimiento y Control para la erradicación del uso de mercurio en Antioquia.

El comité está integrado por la Policía Nacional, las Secretarías de Gobierno, Minas, Medio Ambiente y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia; además de las autoridades ambientales de Corantioquia, Cornare y Corpourabá.

Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga al mercurio dentro de los 10 productos químicos que representan peligro para la salud pública. En Antioquia es principalmente utilizado para la extracción de oro.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-avanza-en-la-erradicacion-del-uso-de-mercurio-en-la-mineria-174858

Aunque las autoridades electorales han indicado que no existe presupuesto para costear la iniciativa, sus promotores iniciaron la recolección de 12 mil firmas.

Con gran expectativa por la oportunidad de expresar en las urnas la posición de las comunidades sobre temas relacionados con el desarrollo del territorio, principalmente por la implementación de proyectos de generación eléctrica y extracción de minerales, líderes cívicos de Timaná avanzan en el propósito de encarar con éxito la consulta popular autorizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tras ser notificados por parte del Registrador Municipal mediante la Resolución No. 002 de 2018, los lideres definieron convocar dos jornadas masivas de recolección de firmas las cuales se realizarán durante este sábado 27 y domingo 28 de enero en el parque principal.

La planilla mediante la cual se solicita la autorización para desarrollar la Consulta Popular pregunta a los ciudadanos: ¿Está Usted de acuerdo SI o NO, conque en el Municipio de Timaná Huila se ejecuten proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, de generación hidroeléctrica y de minería a mediana y gran escala?

Otra de las estrategias con las que aspiran avanzar de forma rápida en la recolección de los 1.563 apoyos requeridos por la autoridad electoral será la recolección de firmas en las comunidades urbanas y rurales del municipio por cuenta de las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones.

El Comité Cívico lo conforman el exalcalde de Timaná Pedro Nel Jiménez Sterling, la empresaria María Antonia Estupiñán Téllez y el Presbítero Miller Calderón Calderón, quienes junto a los concejales Argenis Rojas Hoyos y Dagoberto Tejada Torres pretenden lograr blindar el territorio timanense de los polémicos proyectos extractivos.

En 2012, y cuando se había anunciado sobre la incursión en la región de funcionarios de la empresa Hydrochina Corporation quienes exploraron varios sectores del Río Magdalena en el sur del Huila a fin de establecer nuevas hidroeléctricas en la región, en Timaná se recolectaron 12 mil firmas de ciudadanos que exigían la no intervención del territorio con proyectos de ese tipo.

Entre líneas extractivas que buscan prevenir en Timaná, están la construcción de una hidroeléctrica en el sector de Pericongo, la extracción de Petróleo mediante la técnica del fracturamiento de Rocas Fracking y la explotación mega industrial de calizas y el otorgamiento de licencias ambientales para la exploración de nuevas fuentes mineras.

En febrero del año anterior, el Concejo Municipal de Timaná promulgó el Acuerdo 003 de 2017 por medio del cual se adoptan acciones para proteger el ambiente, el paisaje y los recursos naturales del municipio de Timaná, ante proyectos hidroeléctricos, explotación de hidrocarburos y mineros a gran escala.

Las acciones del Comité Cívico de Timaná proseguirán con la realización de un plantón ciudadano el próximo sábado 3 de marzo en el sector de Pericongo en donde la comunidad se pronunciará contra iniciativas de extracción minera y generación eléctrica que afectan en desarrollo del territorio.

Fuente:http://lavozdelaregion.co/consulta-popular-contra-represas-y-mineria-en-timana-nueva-lucha-por-defender-el-territorio/

Pese a incumplimientos en manejo de residuos, minas siguen abiertas.

La segunda deuda con la salud de los colombianos y el medioambiente está en el cumplimiento del proyecto para acabar con el uso del mercurio.

Desde el 2013, en el país se creó un Plan Nacional de Mercurio con el fin de reducirlo y eliminarlo gradualmente, y según el cual el mercurio será erradicado de la minería el 5 de julio de este año, y de toda la industria en el 2023. No obstante esas metas, es poco lo que se ha cumplido de esa ley, que ya ajusta cinco años.

Un ejemplo de ello es que aunque en abril del 2016 debía estar implementado el registro de usuarios de mercurio, con el fin de conocer quiénes son los emisores y poderlos controlar, esa inscripción solo llega al 4 por ciento. En las principales regiones mineras (Antioquia, Nariño, Urabá y Chocó) se han identificado 318 puntos de emisiones de mercurio, pero las minas, entables o compraventas que figuran en el registro son solo 13.

Uno de los casos más dramáticos es el de Antioquia, que tiene el 46,6 por ciento de la participación en la minería aurífera del país, pero en el que solo una mina está registrada. La Contraloría también encontró que hasta agosto del año pasado, en ese departamento se habían entregado 16 licencias ambientales a mineros de oro que usan mercurio. Aunque hay casos de graves incumplimientos en el manejo de los residuos, la Corporación Ambiental no ha avanzado en el cierre definitivo de ninguna de esas minas.

La eliminación de este mineral es clave, ya que contamina la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos), destruye hábitats y fuentes hídricas. En las personas causa daños en el desarrollo intrauterino, el cerebro, el sistema nervioso, e incluso puede causar la muerte.

Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, asegura que la minería formal de oro en Colombia “no utiliza mercurio en sus procesos” y que “las empresas afiliadas a la ACM han venido trabajando desde hace años en la sustitución de esa sustancia”.

Sin embargo, dijo que este no es el mismo panorama en la minería ilegal, “en la cual la regla general es el uso de esta contaminante sustancia”. Por eso, la asociación le ha pedido al Congreso que avance en la aprobación del proyecto de ley 169 de 2016 –que está en curso– contra la extracción ilícita de minerales.

Aunque en el país se redujo la importación de mercurio en los últimos años de 100 a 2 toneladas anuales, el presidente de la ACM afirma que una de las dificultades para controlar el mercurio es que “no existe un registro único de importación y/o compra”.

La Contraloría dice que las autoridades ambientales no han realizado una evaluación completa de las emisiones de mercurio. Aunque el Gobierno ha identificado las fuentes de liberación en el agua, “no se han realizado estudios de liberaciones al suelo ni al aire, pese a que la fuente de mercurio más contaminante son las emisiones al aire”, dice el informe.

Otra de las irregularidades consiste en que hace 17 años, en el país no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio, aunque las condiciones ambientales han cambiado y, a la fecha, no hay normas sobre el límite de mercurio permitido en el suelo.

Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, asegura que la minería formal de oro en Colombia “no utiliza mercurio en sus procesos” y que “las empresas afiliadas a la ACM han venido trabajando desde hace años en la sustitución de esa sustancia”.

Sin embargo, dijo que este no es el mismo panorama en la minería ilegal, “en la cual la regla general es el uso de esta contaminante sustancia”. Por eso, la asociación le ha pedido al Congreso que avance en la aprobación del proyecto de ley 169 de 2016 –que está en curso– contra la extracción ilícita de minerales.

Aunque en el país se redujo la importación de mercurio en los últimos años de 100 a 2 toneladas anuales, el presidente de la ACM afirma que una de las dificultades para controlar el mercurio es que “no existe un registro único de importación y/o compra”.

La Contraloría dice que las autoridades ambientales no han realizado una evaluación completa de las emisiones de mercurio. Aunque el Gobierno ha identificado las fuentes de liberación en el agua, “no se han realizado estudios de liberaciones al suelo ni al aire, pese a que la fuente de mercurio más contaminante son las emisiones al aire”, dice el informe.

Otra de las irregularidades consiste en que hace 17 años, en el país no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio, aunque las condiciones ambientales han cambiado y, a la fecha, no hay normas sobre el límite de mercurio permitido en el suelo.

Fuente:http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/incumplimiento-de-plan-para-acabar-con-uso-del-mercurio-en-colombia-173586

El sábado 20 de enero, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo presencia en el departamento del Cesar para concretar la conservación de 30 páramos en el país.

De esta forma, se conservarán las fuentes hídricas nacionales y las comunidades indígenas que durante décadas han hecho presencia en estos territorios.

Con la declaratoria de protección a este sistema montañoso, el Gobierno Nacional, la comunidad indígena y la población campesina asumen un reto para seguir apostándole a estrategias medio ambientales que favorezcan a los ecosistemas del país y permita combatir el calentamiento global, que cada día toma más fuerza.

Cuidar los ríos, los bosques, evitar arrojar basuras y residuos en las calles y afluentes de agua, ayudará a Colombia a conservar estos territorios que abastecen cada rincón nacional del preciado líquido.

“El mundo tiene unos ecosistemas muy especiales y Suramérica sí que los tiene, hay solamente seis países del mundo que tienen páramos, solamente se dan en las cordilleras de los Andes por un fenómeno ambiental y geológico”, indicó el presidente Santos.

Por otra parte, puntualizó que “el 50 % de los páramos son fábricas de agua, ecosistemas muy especiales, están en Colombia y por eso nos propusimos delimitar todos los páramos que hoy existen en el país”.

Delimitar quiere decir proteger, preservar, conservar, en este tema especial cuidar los lugares ricos en flora y fauna y fuentes hídricas de las apuestas mineras y agrícolas que hoy día son más grandes en el territorio colombiano y que han logrado ocasionar daños significativos al ecosistema.

En Colombia solo existían 23 páramos delimitados y ahora se suman los siete anunciados el pasado fin de semana, incluido el páramo de la Serranía del Perijá.

Ambientalistas del Quindío apoyan gestión del comité promotor del NO de la consulta popular minera

A pesar de que el gobierno se ha negado a realizar consulta popular minera en Córdoba, ambientalistas dicen que continuarán con defensa del territorio y apoyan las acciones jurídicas de los promotores del No en la consulta para que el gobierno a través del ministerio de hacienda apropie los recursos para que se lleve a cabo este mecanismo de participación ciudadana.

Néstor Ocampo de la Fundación Ambientalista Cosmos de Calarcá en medio del programa Hoy x Hoy dijo que con las tutelas, demandas penales e incidente de desacato de tutela se espera que el ministro de hacienda de respuesta no solo a la justicia sino a la comunidad sobre la consulta popular minera en el municipio de Córdoba, Quindío.

 

Se han tramitado 70 procesos en el país, de los cuales 9 ya fueron votados en las urnas.

Las numerosas consultas populares demoran los proyectos de desarrollo del sector minero-energético del país.

Por ejemplo, si los precios del petróleo conservaran la tendencia actual, por cuenta de la mayor renta el fisco podría recibir 3,5 billones de pesos más de lo previsto en impuestos durante el 2019. Sin embargo, con la oposición a la extracción en varios departamentos se pierde una gran oportunidad de elevar los recursos, pues los inversionistas y las compañías se abstienen de ejecutar planes ante la incertidumbre de dichas decisiones.

Una recopilación del Ministerio de Minas y Energía conocida por EL TIEMPO indica que a diciembre 15 se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 fueron votadas por los ciudadanos y 7, suspendidas, por lo cual finalmente no se llevaron a cabo.

Sin embargo, hay 54 propuestas que aún no se han decidido en las urnas, lo que equivale al 77 por ciento.

La financiación ha sido uno de los escollos, pues en octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió al municipio de Granada, Meta, que no serán apoyadas más con recursos del Gobierno y, para llevarse a cabo, tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida ejecutarlas.

El caso más sonado de estas consultas lo ganaron el pasado 26 de marzo, entre otros, los ambientalistas y políticos de Cajamarca, Tolima, en el que se impuso el no a la explotación de oro, con 6.165 votos ciudadanos frente a 76.

Por ello, casi un mes después, la multinacional Anglogold Ashanti suspendió un proyecto en el municipio y unos 400 trabajadores perdieron su empleo.

Dos victorias del no en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, también les cerraron las puertas a los proyectos mineros y las regalías en sus municipios.

Algunos promotores

Pero ¿quiénes son las personas que lideran las consultas en proceso? En Arauca, el comité que se opone a proyectos petroleros está encabezado por el exdiputado y excandidato a la Gobernación Édgar Fernando Guzmán Robles.

Entre tanto, en las 5 consultas en Caquetá contra proyectos de hidrocarburos se oponen el ‘Comité El Doncello libre de actividades petroleras’ y el ‘Comité promotor por la dignidad amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida’.

La del municipio de Morelia, en Caquetá, la encabeza el concejal José Omar Vallejo.
En Cesar, el comité promotor ‘Por amor a San Martín, libre de fracking y minería por fin’ se opone a proyectos de hidrocarburos y minería en dicha región.

Asoquimbo, que dirige Miller Dussán Calderón, quien lanzó su campaña política a la Cámara de Representantes, lidera la oposición a proyectos en el departamento de Huila.

En Cundinamarca, hay oposición, entre otros, a proyectos petroleros en los municipios de Pasca, Medina, Sibaté y Venecia, que también tienen como objetivo la realización de la consulta.

En Huila, los alcaldes lideran oposiciones a programas de extracción en las poblaciones de Íquira, Oporapa, Santa María y Timaná, no solo para extracción petrolera, sino también en cuanto a generación de energía.

De las 54 consultas pendientes, solo 9 son de iniciativa popular; 5 son de los alcaldes; 3, de concejales y 4, de un solo ciudadano.

Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por políticos, ambientalistas y abogados, que se organizan en movimientos.

En Tauramena y Cumaral se han votado consultas populares en contra de la industria petrolera, pero la primera está demandada por Ecopetrol ante las instancias administrativas seccionales y de no prosperar recurriría al Consejo de Estado.

Igualmente, en Yopal, Aguazul y Monterrey, también en el departamento de Casanare, se están cocinando consultas populares para plantarse frente a la explotación en las jurisdicciones, según indicaron fuentes del sector a EL TIEMPO.

Entre tanto, según añade el documento de Minminas, en 18 municipios, entre los que se cuentan La Concordia (Antioquia), Paipa (Boyacá), Vista Hermosa (Meta), San Vicente de Chucurí (Santander) y Líbano (Tolima), ya tienen la pregunta, pero aún no han fijado la fecha de la consulta. En total, según agrega el documento de Minminas, 20 concejos se han opuesto a proyectos de minería, energía e hidrocarburos en sus municipios. No obstante, 11 de ellos están pendientes de la solicitud de objeción, que debe estudiar el gobernador, y 9 fueron anulados después de ser aprobados. Mientras que los acuerdos anulados se hallan en Caicedo, Cañasgordas, Jardín, Jericó y Urrao, en el departamento de Antioquia. Igual pasó en Ibagué (1) y en Íquira, Oporapa y El Pital, en Huila.

Queja gremial

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) dice en un documento reciente que la Corte Constitucional ha dado piso jurídico a las consultas populares en varios municipios, con el propósito de prohibir actividades mineras en su jurisdicción. “Hoy, por ende, no existe claridad sobre cuál es la autoridad que tiene la última palabra en cuanto a la explotación de los recursos naturales no renovables”, dice el gremio. Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, gobernadores y alcaldes pueden realizar consultas populares para decidir sobre asuntos que competen al departamento o municipio. Sin embargo, en materia minera y de hidrocarburos hay competencias asignadas a autoridades nacionales. “En estricto rigor jurídico, las decisiones en firme de las autoridades nacionales no pierden fuerza ejecutoria por las normas de las autoridades territoriales; pero, en virtud de la consulta popular, quedan en el limbo. De ahí la importancia de que una ley defina la materia”, pide la Andi.

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consultas-mineras-pendientes-contra-minas-y-energia-172302

El Ministerio de Hacienda no giró los recursos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará la consulta ciudadana sobre la gran minería, en el municipio de San Lorenzo, norte del departamento de Nariño, proceso que estaba aprobado por el Ministerio de Minas y ahora existe tendencia del gobierno para acabar con esos mecanismos de participación comunitaria en la explotación de minerales.

Ante ese incumplimiento, la comunidad de San Lorenzo, alcalde municipal y funcionarios de entidades ambientales de la región, realizaron jornada de inconformismo y ahora buscan alternativas para defender el territorio que las empresas multinacionales están interesadas en la exploración y explotación de minería a gran escala.

Los últimos gobiernos han entregado a empresas multinacionales extensas regiones del departamento de Nariño, para que las perforen, situación que atenta contra los recursos naturales y por eso se oponen los campesinos e indígenas quienes han realizado movilizaciones y jornadas de protesta.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-incumplio-con-la-consulta-sobre-mineria-en-san-lore-383005