De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, durante 2017 se realizaron siete consultas populares: dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Proyectos de hidrocarburos y minería fueron los principales motivos para que los municipios llevaran a cabo estas consultas.

Aunque en lo corrido del año no se ha realizado ninguna consulta, el Ministerio informó que hay 54 propuestas pendientes. De estás nueve son de iniciativa popular; cinco son de los alcaldes; tres de concejales y cuatro de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por actores políticos locales y líderes ambientalistas, que se organizan en movimientos.

Carlos Cante, viceministro de Minas y Energía, indicó que las “consultas populares no son de naturaleza antiminera”, sino un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia, por medio del cual se garantiza la intervención de los ciudadanos sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local.

En este sentido, en el sector minero existen tres herramientas mediante los cuales las poblaciones pueden pronunciarse acerca de un proyecto. Según el ministerio, las Audiencias Públicas Ambientales, las Alianzas para la Prosperidad, el Sistema General de Regalías o los espacios de concertación previa ejecutados por la Agencia Nacional de Minería – ANM, son herramientas para en los que pueden participar la ciudadanía.

“Es importante anotar que en diversos fallos, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha expresado que las autoridades del orden nacional y territorial, tienen el deber constitucional de concertar la planeación minera, sin que ello implique que una de ellas pueda de manera unilateral anular las competencias de la otra”, detalló Cante.

Para el abogado ambientalista, Rodrigo Negrete, es de importancia destacar que las consultas populares no son lo mismo que las consultas previas, pues estas últimas aplican solamente para las comunidades étnicas como indígenas, gitanos o palenqueros.
“ En 2001 se modifica el código minero y desde 2002 empezó un gran “boom” de la minería en Colombia. Se otorgaron muchos títulos y la gente empezó a notar que esta actividad cambiaba los usos del suelo y afectaba al medio ambiente. A partir de 2016 la Corte Constitucional, en la sentencia T -445 estableció que la actividad minera se puede consultar. Incluso, no es necesario que haya título minero, porque se puede actuar preventivamente y decidir que en cierto territorio no puede haber minería”, detalló el experto.

Pretender privar a un territorio de la ejecución de proyectos mineros, tiene una serie repercusiones que generan una serie de impactos negativos tanto para los entes territoriales y las comunidades como para la propia nación. Sin embargo, es determinante la buena relación con las poblaciones directamente afectadas.

Es por esto que el ministerio de Minas y Energía trabaja competencias para lograr un desarrollo minero ordenado, que garantice la protección al medio ambiente y la participación efectiva de las comunidades, a través de las diferentes herramientas que existen.

El reto es lograr un compromiso por lograr la minería bien hecha, responsable con el medio ambiente y las comunidades, a la vez que se crean empleos y ganancias para todos.

Fuente:https://www.larepublica.co/especiales/minas-y-energia/en-2017-se-realizaron-7-consultas-populares-y-hay-54-pendientes-2613185

La directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Claudia González habló sobre la petición que hizo Minesa de retirar la solitud presentada en agosto de 2018, para el proyecto minero de Soto Norte, cerca al páramo de Santurbán, en Santander.

En diálogo con BLU Radio, la directora manifestó que la ANLA estaba en un proceso de evaluación de viabilidad de la propuesta de Minesa por lo que se hicieron dos visitas técnicas en la zona.

“Los empresarios pueden desistir de las licencias ambientales en el momento que lo consideren, de acuerdo con los comunicados van a revisar aspectos técnicos”, dijo González.

La directora señaló que desconoce qué presentará Minesa con su nueva propuesta de explotación minera en esa zona. También advirtió que la empresa debe entregar un estudio técnico sobre lo que corresponde a la hidrología que existe en el ecosistema.

“No tenemos conocimiento de cuáles son los nuevos elementos que tenga la empresa, nosotros nos encontrábamos evaluando la información que se le había pedido de manera adicional, la información está orientada a que se garantice el derecho al agua de todos los colombianos que es un derecho fundamental”, explicó Claudia González.

Por el momento las directivas de Minesa en Bucaramanga y Bogotá solo se han pronunciado con un comunicado de tres párrafos.

Fuente:https://www.bluradio.com/bucaramanga/minesa-estaba-en-un-proceso-de-evaluacion-de-viabilidad-ambiental-anla-172417

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib Daza, informó que a partir de julio de este año las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción de oro,  al igual que las grandes compañías, tendrán prohibido utilizar mercurio en su actividad.

Habib Daza destacó que el gran desafío es reducir laextracción ilegal de minerales, al tiempo que advirtió que desde  esa fecha las empresas mineras que hagan uso del mercurio se verán enfrentadas a serias sanciones.

«En general para cualquier empresa que use mercuriohabrá procesos sancionatorios, suspensiones de la actividad y pueden perder el titulo minero», dijo.

Según la funcionaria la ANM, se realizó un diagnóstico del uso del mercurio en títulos de pequeña y mediana minería que tienen asociadas plantas de beneficio en la operación minera (estas pueden estar dentro o fuera del título minero), encontrando que de los 607 títulos de oro en etapa de explotación en el país se ha logrado verificar desde las visitas de fiscalización que solo 45 tienen asociada una o varias plantas de beneficio, de los cuales sólo 12 títulos utilizan mercurio en el proceso, es decir, en gran minería las empresas ya no utilizan mercurio.

Igualmente recordó que su entidad  apoya la implementación de medidas nacionales que buscan consolidar un registro único de usuarios de mercurio -obligación en cabeza del Ministerio de Ambiente y las medidas de control y restricción a la importación y comercialización de este mineral para temas mineros. 

«El gran desafío que tenemos es reducir la extracción ilícita de  minerales en la minería no formal,  nos quedan dos grande apuestas, una  seguir luchando contra este flagelo que está en manos de las bandas criminales y lo otro es acompañar a la pequeña minería para la reconversión a tecnologías que no usen mercurio», puntualizó  Habib.

Cabe mencionar que la  eliminación de este mineral es de vital importancia , ya que contamina la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos), destruye hábitats y fuentes hídricas.

Fuente:https://www.rcnradio.com/economia/partir-de-julio-quedara-prohibido-uso-de-mercurio-en-mineria

En candidato del Polo Democrático al Senado aseguró que el futuro de Colombia no es la minería ni el petróleo, que eso es cosa el pasado y que ahora el mundo está tratando de avanzar hacia otras formas de producción.

La política minera es equivocada porque viola la autonomía territorial, así lo aseguró Víctor Correa, candidato del Polo Democrático al Senado.

Habló con LA CRÓNICA de varios temas que hacen ampolla en el departamento, como la salud, la política y la minería. El aspirante al Congreso de la República afirmó que la minería, sacando el petróleo, no representa un ingreso importante, por no ser mayor al 2% del PIB, ni es el gran generador de empleo por representar el 1%.

¿Qué piensa sobre la minería?

Lo que pienso yo de la minería es que lo que tenemos que hacer es transformar estructuralmente la política y sobre todo entender que ese no es el futuro, porque es lo que nos quieren vender. El futuro de Colombia no es la minería y el petróleo, de hecho el mundo está tratando de avanzar hacia otras formas de producción como las energías limpias y en el país tenemos todo para ser una potencia agrícola, agraria, agropecuaria, nosotros podemos ser uno de los siete países que alimente al mundo en las décadas venideras dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

¿Qué ha hecho por proteger al país?

He apoyado las distintas consultas populares en Colombia y he estado pendiente de todos los procesos, he ido a recoger firmas, de hecho demandé el Plan Nacional de Desarrollo en un momento cuando traía la minería en páramos, eso logró que se tumbara, en esa sentencia se ratifica lo que la Corte ha dicho y es que los territorios tienen autonomía para definir si se hace o no minería en ellos y he estado defendiendo la consultas ahora frente a un problema y es que el gobierno encontró la forma de bloquear, decidió no financiarlas, entonces no lo bloquea por derecha, de manera directa, sino que no pasa la plata, lo que es una forma moderna de negar los derechos, afectando la participación de las comunidades, algo que además es un derecho constitucional.

Cuéntenos de su visita al Quindío

Hace parte de un gira nacional, reconociendo la gente con la que ya veníamos trabajando, presentando las propuestas, escuchando las problemáticas de las distintas zonas, ya que la campaña no es solo para conseguir los votos, también para construir de una mejor manera las agendas programáticas que ayuden a que la labor legislativa funcione de mejor manera.

¿Cuál es el diagnóstico que tiene del Quindío sobre política y situación social?

Me preocupa mucho lo que he podido escuchar de las personas con las que dialogo en el territorio sobre lo que está haciendo la corrupción con el departamento, lo que le está costando a los quindianos y al país.

“Es indiscutible que lo que ocurrió con la actual candidata de Cambio Radical y quien fuera gobernadora del Quindío llama bastante la atención, deja ver que todo el manejo político que se ha dado durante los últimos años ha sido indebido y que no ha permitido a través de las distintas prácticas bien conocidas que surjan procesos democráticos.

Me preocupa lo que ha pasado con el túnel de La Línea, hoy formo parte de la comisión que se encarga de los temas de infraestructura y esta es una muestra de lo que hace la corrupción con los colombianos, las cifras de la Contraloría y Procuraduría dicen que en Colombia se roban cerca de 50 billones de pesos por año. Con lo que se costeó el túnel se harían 50 por año más o menos, entonces imagine cómo estaría en infraestructura nuestro país, el departamento, la salud, la educación si no se robaran la plata.

¿Cuál cree que sería la solución para mejorar el sistema de salud?

No hay hospital público que se pueda decir que está en una buena situación, es difícil plantear una solución territorializada a los problemas sin comprender que es un tema sistémico y estructural. La Ley 100 montó el negocio de la salud y llevó a una dinámica a los hospitales a que se comportaran como empresas. Hoy esa realidad hace que los hospitales no puedan subsistir en muchos casos, pues no alcanzan a cubrir sus gastos con la venta de los servicios y la otra son las enormes carteras que han surgido producto del no pago de las entidades territoriales y las EPS.

El gasto público en salud tendría que aumentar de manera significativa porque la UPC está siendo insuficiente para cubrir los costos corrientes del mismo.

El otro problema es que en medio del modelo que tenemos buena parte de los recursos en salud se consumen en la atención de enfermos y pocos de los recursos se utilizan en evitar que la gente se enferme, entonces tenemos una alta carga de la enfermedad que genera mayores demandas, costos para el sistema y mayores cargas para los hospitales, entonces tendríamos que trabajar en una reforma estructural en transformar el modelo y fortalecer las estrategias de atención primaria en salud.

Avanzar en una reforma estructural que elimine la intermediación financiera y el negocio que han montado las EPS, que controle la presión del complejo médico industrial, es decir los sobrecostos que generan las nuevas tecnologías, los medicamentos que en Colombia de manera histórica se han pagado por encima de los precios de la región, una reforma a la salud  que fortalezca la atención primaria en salud, que genere mejores condiciones para los profesionales porque parte del impacto de la crisis hospitalaria que hay hoy en Colombia es que no le pagan a los trabajadores.

Erradicar la dinámica de mercado en muchos de los hospitales públicos del departamento y del país ayudaría a que se asuman las cosas como tienen que asumirse y que el Estado financie la oferta. En estos lugares no tiene ningún sentido que ante un prestador lo que tengamos es un sistema de mercado de libre competencia y de negocio.

¿Cómo ve las elecciones?

Las veo muy emocionantes porque nunca había visto un escenario en el que no se tuviera claro quién va a ser el presidente y eso no pasaba hace mucho tiempo, veo a la gente muy cansada de la política en general y eso me preocupa un poco, me ha tocado sentarme y dedicarle tiempo a la gente a explicarle porqué es importante participar. Siempre están las premisas de que todos los políticos son iguales, todos son ladrones, ninguno cumple, es el daño que le han hecho los politiqueros a la democracia y a la política, alejaron a la gente generando un efecto contraproducente, porque a menor participación mayor corrupción.

Fuente : https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-victor-correa-la-politica-minera-es-equivocada-porque-viola-la-autonomia-territorial-cronica-del-quindio-nota-118499

Sobre los avances en políticas orientadas a la protección del medio ambiente en Colombia habló desde Cúcuta el ministro de esa cartera Luis Gilberto Murillo.

-¿Ministro, qué tanto ha avanzado el país en políticas de proyección ambiental?
En ese sentido, yo creo que vale la pena decir que este Gobierno inició unas reformas muy importantes en materia ambiental. Cuando asumió el presidente Santos el país estaba en la feria de los títulos mineros, lo cual generó desafíos ambientales enormes. Al mismo tiempo el tema ambiental tomaba más fuerza, inclusive no solo en la conciencia de los colombianos, sino en los debates internacionales. Se tomaron entonces decisiones efectivas, como restablecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Se creó un sistema muy moderno de gestión de riesgos y desastres que hoy es modelo a nivel internacional, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  (UNGRD). Se consolidó el Fondo de Adaptación y se fortaleció la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, así como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el IDEAM. Eso ha permitido que hoy estemos en medio de lo que yo llamo “una gran transformación silenciosa”.

Se pasó de tener 13 millones a tener 29 millones de hectáreas protegidas hoy y vamos a dejar al país por encima de los 30 millones. Esto es mucho más del área de otros países en la región.  Estamos seis veces por encima de Costa Rica que es ejemplo en áreas de conservación. Hemos avanzado  en áreas protegidas y lo que es de mayor interés para Norte de Santander, la delimitación de páramos, para defender el agua  a perpetuidad. Antes ningún gobierno lo había hecho. En los últimos 3 años se han delimitado 30 páramos. En estos dos últimos años hemos delimitado 29 páramos y vamos a dejar todos los complejos de páramos delimitados en el país. Así mismo los humedales, de los cuales encontramos 5 de categoría internacional. Eso en gestión de activos naturales, pero también en gestión urbana. Nosotros avanzamos en instrumentos económicos y creamos unos impuestos pedagógicos, impuestos verdes ambientales como el del carbono para cumplir los compromisos en el Acuerdo de París. También creamos el de las bolsas plásticas..

-Un tema muy sensible es el de Santurbán y al respecto se han dado versiones que generan inquietud. ¿Cuál es la realidad sobre las garantías que se dan para la conservación de ese páramo como un recurso realmente protegido?
Hay que darle tranquilidad a la opinión de Norte Santander. No se puede, no vamos a dejar y no se va a hacer minería en los páramos. Lo digo porque es una preferencia de la sociedad colombiana. Es un compromiso de este Gobierno y lo ha demostrado. Además,   hay leyes que así nos lo indican y sentencias de la Corte Constitucional que así también lo han establecido y en ese sentido tenemos la Sentencia T361 de 2017 sobre delimitación del páramo de  Santurbán, que establece que se debe hacer un proceso de participación para revisar la delimitación que se hizo en el año 2014. En ese mismo sentido esa sentencia establece algo importante que la opinión pública debe saber. Esta delimitación fue muy técnica, hecha por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. La Corte dice varias cosas: “el páramo está protegido y su mecanismo de protección está funcionando…” La Corte pudo comprobar que la calidad del agua que se genera en Santurbán y Berlín tiene óptimas condiciones. En ese sentido la Corte no ampara el derecho a un ambiente sano y el derecho al agua porque dice eso, lo que ampara la Corte es el derecho a la participación, profundizarla y eso es lo que estamos haciendo.

-¿Cómo está la deforestación en el país? ¿Se ha contenido? ¿Qué manejo se le está dando?
Es una gran preocupación,  pues la deforestación se incrementó del año 2015 al 2016. Estamos haciendo todo lo posible para reversar esta tendencia. Sin embargo, tiene que ver mucho con el cambio de la dinámica regional. La dinámica del conflicto, la dinámica institucional ha llevado a que se haya generado mucha especulación. Hay cerca de 178.000 hectáreas de deforestación que tuvimos en el año 2016. Lo cual está asociado en casi un 60 por ciento a cambios del uso del suelo, sobre todo para ganadería extensiva. Mucha gente y redes criminales se han dedicado a especular con la tierra y están induciendo a la tala de bosques y árboles y estamos enfrentando medidas de choque. Esto se relaciona con las zonas de conflictos muy intenso como la del Catatumbo con redes criminales internas. Allá hay grupos al margen de la ley  que están generando actividades de tala de bosques. El otro factor que representa casi un 20 por ciento o  un poco más es la expansión de cultivos ilícitos  y es un fenómeno que se vive en el Catatumbo de Norte de Santander. Entonces se tumban bosques para sembrar coca y eso ha aumentado la deforestación. Hay otros factores que tienen que ver con extracción ilícita de minerales y esto no solo requiere una respuesta de MinAmbiente y el sistema nacional ambiental, sino también de las Corporaciones Regionales y de toda la sociedad.

-¿En cuánto a los ríos,  cuáles son las políticas y el énfasis que se está haciendo para su protección?
El manejo de cuencas lo estamos abordando de manera integral. Lo primero es la delimitación de los páramos y la protección de fabrica de agua en la cuenca alta. Lo segundo tiene que ver con el avance de los planes de ordenación y manejo de las cuencas, los POMCAs (Planes de Ordenación y Manejos de Cuencas Hidrográficas) que realmente nos da una zonificación con una perspectiva de cuenca integral y el tercero tiene que ver con la delimitación de humedales y su protección. Dentro de ello hay temas que es importante abordar, como el  del control de la deforestación para la regulación del agua, la extracción ilícita de minerales y el uso de mercurio. En las acciones que se han tomado a partir de este año ninguna industria (legal) puede utilizar mercurio en actividades mineras y además de eso se han tomado unas medidas de control por parte de la Fuerza Pública para garantizar que cerca de 26.000 toneladas de pescado se les haya evitado su contaminación y esto ya son indicadores muy importantes pero todavía se tienen que seguir haciendo esfuerzos.

-¿Son útiles las corporaciones regionales para la protección del medio ambiente?
Claro que si y lo he vivido. Creo que no hay una institución perfecta en el país pero las corporaciones hacen un buen trabajo con las herramientas que tienen. Todas  muestran experiencias muy positivas. Hay unas buenas y otras menos buenas. Nosotros hemos tomado y aprendido de las corporaciones todo lo relacionado con los insumos para poder expedir la ley de pagos por servicios ambientales que se basa en la iniciativa de esas entidades de pagarles a  las comunidades por conservar ecosistemas. Corponor  es un buen ejemplo de eficiencia.

-¿Cuál es la participación de Colombia en las políticas internacionales de protección del medio ambiente?
Colombia tiene una participación de liderazgo. Colombia se inventó los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos y presidió la sesión del ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) que aprobó estos objetivos y hemos sido líderes en este sentido. En materia de cambio climático Colombia también es reconocida como líder a nivel internacional y hay varios factores que así lo demuestran. Nosotros en el año 2017 ya teníamos el 13.9 por ciento de nuestro territorio marino protegido, o sea que cumplimos la Meta Aichi con 3 años de anticipación y eso le da más fortaleza a Colombia en materia de liderazgo ambiental, pero también el compromiso personal del Presidente Santos con los temas ambientales. Los dividendos de la paz nos permitió ir a zonas donde no podíamos ir antes y hacer levantamientos de estudios y avanzar en áreas protegidas, por eso hemos logrado estas metas y Colombia es líder a nivel internacional. El único mandatario como jefe de estado que fue reconocido con National Geographic con su premio anual por los avances en materia de áreas protegidas, fue el presidente Santos. También fue reconocido en el Reino Unido por el Príncipe Carlos por todos los avances en manejo y gestión del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (Región de la Amazonía – Departamentos Guaviare y Caquetá) y otros parques nacionales naturales. Además de eso ha sido el único Jefe de Estado que ha sido reconocido con el premio anual del Real Jardín Botánico de Kew de Londres (Kew Gardens), así que la sociedad colombiana a través del presidente Santos es reconocida en su liderazgo ambiental, pero eso tiene sus razones: Colombia es el primer país con mayor biodiversidad en términos de biodiversidad por kilómetro cuadrado y es el segundo país en términos generales de biodiversidad después de Brasil. Es una potencia en materia de biodiversidad. Está entre los 17 centros de biodiversidad del mundo y no es gratuito. Tenemos en nuestro territorio cerca de 54.000 especies de fauna y flora muy endémicas de Colombia. Entonces hay un reconocimiento importante.

-¿Cuáles son los avances logrados en el país en la lucha contra la minería ilegal?
Hay avances importantes. Se han hecho operativos que ha llevado a que se desmantelen redes criminales en torno a la extracción ilícita de minerales sobre todo en zonas como Chocó. Allí se han dado golpes efectivos y también en el sur del país y en el sur de Bolívar. Sin embargo,  todavía quedan muchos retos.

Fuente:http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/63365.

09-02-2018.     La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.  Para el consejo comunitario del río Yurumanguí es urgente que la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social implementen pronto los proyectos productivos que requiere la comunidad. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Hace apenas unos días el consejo comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí recibió la noticia que esperaba hace tres años: el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali dictó una sentencia que les restituye los derechos territoriales sobre 54.776 hectáreas y, de paso, rechaza las pretensiones de la empresa Pacific Mines S.A.S., que alegaba títulos de propiedad sobre el territorio ancestral.

La decisión de los magistrados es la segunda que favorece a una comunidad negra y la octava étnica del país. Además de dictar medidas de reparación para una población de 2.918 personas en el azotado municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, el fallo también resuelve un pleito sobre decisiones tomadas por el antiguo Incora y que llevaron a Pacific Mines S.A.S. y a la familia Dussan a oponerse durante el juicio de restitución. Aunque ambos expusieron sus argumentos, los magistrados concluyeron que todas las pruebas favorecen al consejo comunitario.

La sentencia se convierte en un espaldarazado a una comunidad que, en solitario, ha luchado porque su territorio esté libre de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y prácticas de minería ilegal. Cansados de tocar a las puertas de diversas entidades estatales para buscar ayuda y de recibir el recurrente “no”, el año pasado sus líderes experimentaron con el crowdfunding, un sistema de recolección de dinero través de Internet. A principios de abril de 2017 lograron donaciones por 3 millones de pesos, de los 20 que se pusieron de meta, para desarrollar un proyecto productivo de arroz. Con la decisión de los magistrados, diversas agencias del Estado deben actuar con la debida diligencia.

De entrada, el fallo ordena anular las escrituras que la familia Dussan y la compañía minera hicieron sobre el territorio étnico. El Ministerio del Interior deberá aplicar la consulta previa para que la Unidad Nacional de Víctimas concerte con la comunidad un Plan Integral de Reparación Colectiva. El Ministerio de Vivienda deberá darles prioridad en el acceso a sus programas de subsidio, y la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca tendrán que implementar un plan de retorno para los yurumangueños que continúan en condiciones de desplazamiento.

Entre las 23 órdenes, el Tribunal compulsa copias a la Fiscalía para que investigue los hechos y responsables de la violencia perpetrada contra el consejo comunitario, y pide a la Unidad Nacional de Protección [UNP] estudiar el riesgo y brindar las medidas de seguridad que requieran los miembros de la Junta del consejo comunitario y de la Asociación de la Asociación Pueblos Unidos por el Río Yurumanguí (Aponury).

yurumangui 3La comunidad de Yurumanguí logró con la sentencia blindar su territorio de posibles concesiones mineras. Los magistrados ordenaron anular las escrituras realizadas por la familia Dussan y la minera Pacific Mines S.A.S., que reclamaban propiedad sobre el título colectivo. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Por su parte, la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social tienen tres meses para implementar los proyectos productivos; y el Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ofrecerles capacitación en producción agropecuaria.

Sobre la actividad minera, los magistrados solicitaron formalizar sólo la tradicional ancestral, reiterando que cualquier solicitud de concesión minera deberá surtir el trámite de consulta previa. Por su parte, las autoridades deberán impedir el ingreso de cualquier tipo de maquinaria o dragas que afecte el territorio.

“Esta es una satisfacción muy grande después de tantos años de afectaciones. La sentencia es un ‘muro de contención’ a la minería mecanizada; nosotros hemos decidido que nuestro territorio es para la producción de alimentos y el progreso del yurumangueño. Por eso esperamos que el gobierno nacional cumpla con las órdenes de la sentencia, porque hemos resistido muchos años al conflicto y porque el desplazamiento no sólo lo producen los actores armados sino la falta de oportunidades”, afirma Dalia Mina, líder del consejo comunitario.

La sentencia de Yurumanguí es relevante porque es el resultado de un proceso complejo de documentar este tipo de reclamaciones étnicas, dada la extensión de los territorios, la presencia de actores armados ilegales en varias regiones y los intereses económicos que se superponen en ellos. La tarea está bajo la responsabilidad de la Unidad de Restitución de Tierras [URT]. Paradójicamente, el anuncio del fallo hecho ayer por esta entidad no detalló el fondo de la decisión de los magistrados frente a las concesiones mineras.
A enero de 2018, la URT registra el logro de 3.664 sentencias de restitución con 234.206 hectáreas protegidas (ver datos); de ellas, la restitución étnica a través de siete sentencias ha protegido el 53 por ciento de todas las tierras restituidas en el país. Con Yurumanguí, esta última cifra asciende a por lo menos el 77 por ciento.
Tres décadas de resistencia

Los yurumangueños han sobrevivido a un conflicto armado de treinta años. El río Yurumanguí, en Buenaventura, atrajo desde finales de los años ochenta a la guerrilla de las Farc y luego a paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El interés de unos y otros era controlar las rutas del narcotráfico que conducen al océano Pacífico para su posterior comercialización en el centro y norte del continente.

Como quedó documentado en la sentencia, el primer desplazamiento masivo tuvo origen tras la masacre del Naya, perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001. Varios desmovilizados confesaron ante jueces y fiscales de los tribunales de Justicia y Paz que para para salir del boscoso territorio cometieron una segunda masacre, haciéndose pasar por guerrilleros de las Farc. La idea, según contaron los procesados, fue de un coronel de la Armada Nacional.
En menos de tres años, veredas como El Firme quedaron vacías. Su líder, Jorge Isaac Aramburo, conocido como Naka Mandinga, intentó dialogar entonces con los actores armados para que respetaran el territorio, pero tal defensa se tradujo en más amenazas y en el asesinato de seis de sus sobrinos y de un amigo. La comunidad, devastada, se resistió a abandonar el río y tras la desmovilización de las Auc, pensaron que los problemas habían terminado.

yurumangui 2Desde 2004, la comunidad del Río Yurumanguí firmó un mandato sobre al defensa de tu territorio, señalando que estará libre de la minería ilegal, de cultivos ilícitos, así como de proyectos agroindustriales o minero-energéticos. Foto suministrada María José La Rota.Pero no fue así. Cuando solicitaron la restitución de su territorio en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2001, que permite la restitución para comunidades negras, supieron que Yurumanguí estaba “empapelado”: sobre el territorio que cubre su título colectivo se habían celebrado escrituras a favor de la empresa Pacific Mines S.AS. y que esta a su vez, había solicitado desde el año 2013 dos permisos de concesión minera ante la Agencia Nacional de Minería.

Los yurumangueños no entendían nada. Desde 1992, en medio del conflicto, se habían organizado como comunidad étnico-territorial en la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (Aponury) y en 1998 lograron que la Alcaldía de Buenaventura reconociera las 13 veredas que componen su territorio. Dos años después, el 23 de mayo de 2000, el antiguo Incora les entregó un título colectivo por 54.776 hectáreas.

Pero la propiedad sobre ese título colectivo fue el punto de discusión en el juicio de restitución. En 1969 el antiguo Incora realizó un proceso de extinción de dominio, por inexplotación económica sobre los predios Yurumanguí, Naja y Calambre, y San Juan de Micay, que suman más de 120 mil hectáreas. De esas tierras, es que salieron las 54 mil hectáreas que integran el título del consejo comunitario.

Durante el juicio, la familia Dussan presentó su oposición, señalando ser “víctima del Estado”: primero porque no fueron notificados del proceso de extinción sobre tierras que heredaron desde el año 1745; y segundo, porque la violencia impidió que Agrominas de Yurumanguí, Naya y Cajamabre S.AS., la empresa familiar, realizara actividades de minería en la zona. A la oposición se sumó Pacific Mines S.A.S. que alegó ante los magistrados haber comprado a los Dussan en 2011 porque estos acreditaron títulos de propiedad.

“Para nosotros fue una sorpresa saber que había solicitudes de concesiones mineras sobre nuestro territorio. Estamos contentos de que la sentencia nos haya respaldado en la defensa del Yurumanguí, sobre todo después de resistir a tantos años de conflicto. Lo mínimo era que el Estado nos apoyara”, reitera la líder Dalia Mina.

A su voz se suma la de otra líder, María Elena Arroyo Caicedo, quien explica que ahora tienen expectativa en el cumplimiento de cada una de las órdenes de los magistrados: “Estas medidas son una forma de reparar los atropellos que sufrimos durante tantos años. Es importante que el Estado cumpla con los derechos de vivienda digna y empleo. Porque el yurumangueño quiere cultivar alimentos, tener garantías para progresar en su territorio”.

Consejo comunitario de Yurumanguí le gana pulso a minera Pacific Mines S.A.S.

La solicitud se refiere especialmente al trabajo de las compañías en los páramos.
Heidy Monterrosa – hmonterrosa@larepublica.com.co 12-02-2018
Por medio de una carta, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le pidió a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, que se excluyan las áreas protegidas, y especialmente de los páramos, de la explotación minera.

El procurador delegado Gilberto Blanco Zúñiga solicitó que todas las obras que se estuvieran realizando por concesionario fueran inmediatamente suspendidas y los títulos retirados sin compensación alguna, tal como lo ordena el artículo 36 de la Ley 685 de 2001.

En el caso del páramo de Santurbán, la Procuraduría está en el seguimiento de las mesas con el Ministerio de Ambiente, y están trabajando para lograr la delimitación de la zona antes de que termine el Gobierno actual.

Por otro lado, el procurador Blanco dio a conocer en el programa radial Somos Procuradores, que la entidad le pidió en noviembre a la Unesco que declare los páramos como patrimonio de la humanidad, para que puedan ser protegidos.
https://www.larepublica.co/economia/procuraduria-pide-a-agencia-nacional-de-mineria-que-excluya-las-areas-protegidas-de-la-explotacion-minera-2598888

La línea férrea de la mayor mina de carbón de Colombia, Cerrejón, sufrió un ataque con explosivos que provocó la suspensión de la circulación de los trenes, sin afectar la producción ni las exportaciones, informó el martes compañía.
Colombia, 13-02-2018
(Reuters LTA) El ataque ocurrió el lunes en la noche en el departamento de la Guajira, en el extremo norte de Colombia, donde está ubicada la mina a cielo abierto de producción de carbón término.

“A la altura del kilómetro 27, un artefacto explosivo detonó en la línea férrea causando daños en los rieles y polines. Afortunadamente, el incidente no ocasionó afectación de personas o equipos”, dijo Cerrejón en un comunicado.

Las autoridades militares y la empresa se abstuvieron de responsabilizar a alguna organización armada por el ataque que se produjo en medio de una ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla activa en Colombia, en diferentes regiones del país.

La empresa inició de inmediato la reparación de la línea férrea de 150 kilómetros por la que circulan los trenes que transportan el carbón que se extrae de la mina hasta Puerto Bolívar, en el Mar Caribe, desde donde se exporta el mineral.

Cerrejón, que pertenece en partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.000 empleados y extrae anualmente más de 30 millones de toneladas de carbón térmico de la mina, alrededor de una tercera parte de la producción total de Colombia, el quinto exportador mundial del mineral.
http://www.latinomineria.com/2018/02/13/ataque-explosivo-paraliza-linea-ferrea-minera-cerrejon-colombia/