El Congreso de Colombia acaba de aprobar el proyecto de ley 158 por medio del cual ratifica el convenio de Minamata, el cual está orientado a la eliminación del uso de mercurio, un metal pesado que es usado indiscriminadamente en algunas industrias y en minería, fundamentalmente la ilegal, y que es generador de graves enfermedades a las personas, a los peces y animales que consumen aguas contaminadas con ese elemento.

A pesar que Colombia es el segundo país con la mayor emisión de mercurio con cerca de 180 toneladas cada año, después de China, lo sorprendente es que, los legisladores se tomaron 5 años para entender la importancia del convenio, el cual fue firmado por Colombia en el 2013 en Japón. Pero aún faltan pasos definitivos para que el proyecto se convierta realmente en ley de la República, pues luego de la sanción presidencial deberá someterse a revisión por parte de la Corte Constitucional por su rango de tratado internacional, surtido ese proceso Colombia podrá participar con voz y voto en la toma de decisiones en la implementación y reglamentación del convenio y en las negociaciones, las cuales no serán nada fáciles si tenemos en cuenta que a ese nivel se requiere como mínimo coherencia en las argumentaciones y compromiso para cumplir lo pactado, en especial en la aplicación de normas y estrategias que conduzcan a la erradicación de mercurio en la minería, a partir de este año y de la industria antes del 2023, pues la comunidad internacional hace constantes llamados con carácter de urgencia para paliar la problemática ambiental y social, por lo que 91 países han ratificado el convenio.

Lo grave del asunto es que, aunque Minamata es vital, Colombia no podría cumplirlo ni en lo más básico, pues entra en profundas contradicciones con sus “brillantes” programas ‘locomotora minera’ y ‘Colombia país minero 2019’, además de la minería ilegal, que está expandida por todo el país con explotadores de oro camuflados de honestos empresarios pero que no son otra cosa que rapaces oportunistas depredadores del medio ambiente, a quienes nada les importa que el mercurio sea altamente tóxico con afectación directa en el sistema neurológico con graves secuelas para quienes lo consumen y las consecuencias para los ecosistemas son igualmente fatales ya que se bioacumula en las cadenas alimenticias por lo que es letal para la fauna y los recursos hídricos.

Esto hace entonces que alcaldes, gobernadores y directores de Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, prioricen el cumplimiento del convenio para acceder a la asistencia técnica y recursos financieros del exterior para la implementación de acciones puntuales que posibiliten la descontaminación de ríos, mediante un eficaz control a la comercialización y uso del mercurio. La importancia de Minamata consiste en que, antes del 2020 los países que pactaron el convenio tendrán que prohibir la producción, importación y exportación de productos que usan o contienen mercurio, además tienen que controlar la minería aurífera ilegal, la artesanal y la denominada a cielo abierto. En ese sentido falta todo por hacer.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-titulo-aprobado-convenio-minamata-op-18134

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso a resarcir daño ambiental e indemnizar a afectados en Córdoba.

La Corte Constitucional ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso resarcir el daño ambiental causado a las comunidades de la zona de influencia de la explotación minera. De igual forma, señala que las personas que vieron afectada su salud por cuenta de la actividad minera deberán ser indemnizadas por Cerro Matoso.

El alto tribunal también ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que realice una consulta previa con todas las comunidades accionantes a efectos de fijar medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los ulteriores perjuicios que podrían generar las labores extractivas de la compañía minera Cerro Matoso S.A.

Pidió al Ministerio de Salud que constituya una brigada para realizar una valoración médica de los habitantes de la zona; a la empresa accionada, que brinde atención integral y permanente a aquellas personas que padecen enfermedades relacionadas con la explotación minera de níquel y ferroníquel condena en abstracto a la empresa Cerro Matoso S.A. para que pague los perjuicios causados a los integrantes de las comunidades étnicas y financie la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas desde una perspectiva colectiva y étnica

También al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice los ajustes normativos pertinentes, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud; a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, que realicen un control ambiental estricto y efectivo a las operaciones de Cerro Matoso S.A; a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República que establezcan una relatoría especial de seguimiento a las órdenes proferidas en la sentencia; y la advertencia a la empresa Cerro Matoso S.A. de cumplir cada punto resolutivo del fallo, so pena de que el juez de primera instancia de la tutela ordene la suspensión de sus actividades extractivas.

La Corte falló una tutela interpuesta por Javier Martín Rubio Rodríguez, Israel Manuel Aguilar Solano (Gobernador y Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge) y Luis Hernán Jacobo (Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré), refieren que la empresa Cerro Matoso S.A. ha realizado actividades de exploración y explotación minera en el departamento de Córdoba desde el año 1982.

Indican que, a causa de ello, las comunidades étnicas cercanas al complejo minero han tenido que presenciar múltiples daños a su medio ambiente, así como, la aparición de distintas clases de enfermedades de tipo respiratorio, cardiovascular, dermatológico, entre otras. Adicionalmente, refieren que el 27 de diciembre de 2012, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Cerro Matoso S.A. suscribieron el Otrosí No. 4 al Contrato No. 051-96M, con el fin de modificar aspectos sustanciales de los contratos que regían las operaciones mineras y extender las mismas hasta el año 2064.

También deberán pagar indemnizaciones por los «cultivos o cosechas que se hayan visto deteriorados como producto de la contaminación ambiental y las pérdidas económicas causadas por la disminución de productividad agrícola y/o pesquera».

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/condenan-a-cerro-matoso-por-haber-afectado-la-salud-de-los-pobladores-vecinos/20180316/nota/3725075.aspx.

Regresamos al municipio tolimense para ver cuál es la situación actual de sus habitantes y qué alternativas de desarrollo económico han encontrado. La alianza con Crepes & Waffles y el ecoturismo son algunas de las posibilidades que han surgido después de la salida de AngloGold Ashanti.

Berlain Vargas y su familia viven en la finca Bellavista, un pequeño paraíso escondido en las empinadas montañas del municipio de Cajamarca (Tolima). Para llegar a su casa hay que recorrer durante media hora una estrecha carretera despavimentada y polvorienta, guardar el carro donde los vecinos y subir varios kilómetros a pie por uno de los caminos reales que sirven como puente entre el final de la vía y el hogar de cientos de campesinos que habitan las partes más altas de la cordillera Central de Colombia.

En el viaje se perciben la variedad y la riqueza de los cultivos de la región. A la orilla del río Anaime, donde empieza el ascenso, sobresalen el plátano y el café, las acacias moradas y las orquídeas; unos metros más arriba aparecen las enredaderas de fríjol, arveja y granadilla, y en la parte más alta de los cerros, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay papa, curuba, mora y varios tipos de arracacha. Científicos y agricultores coinciden en que con el paso de los años las cenizas del volcán Machín abonaron la tierra de la región y la convirtieron en una de las más fértiles del continente.

Llegamos a la casa de los Vargas porque desde agosto del año pasado Bernail, su esposa, Marta, y sus tres hijos han sido una de las familias campesinas cajamarcunas que le venden arracacha directamente a la cadena de restaurantes Crepes & Waffles. “En el pueblo, una carga de arracacha equivalente a 125 kilos vale $100.000 o $120.000, pero Crepes la paga a $300.000, y eso nos está cambiando la vida. Pudimos traer a la casa una lavadora. Usted no sabe lo que significa una lavadora. Marta se ahorra una o dos horas diarias de lavado de ropa y las dedica a hacer lo que le gusta: desyerbar, podar y cuidar su huerta, sus matas”, cuenta Berlain mientras caminamos por los senderos de Bellavista.

Esta alianza con Crepes & Waffles, que se implementó meses después de que los habitantes de Cajamarca le dijeran no a la minería en su territorio a través de la consulta popular del 26 de marzo de 2017, es una forma de generar cadenas de comercialización más justas y es uno de los proyectos que muestran que en la despensa agrícola de Colombia hay alternativas de desarrollo distintas a la explotación de oro a cielo abierto.

“La determinación con la que los cajamarcunos definieron un futuro en el que la producción de alimentos y la riqueza natural de su paisaje fueran los protagonistas se convierte en la fuente de inspiración para innovaciones gastronómicas, exposiciones artísticas y la exploración de nuevos mercados que promuevan la conservación ambiental”, dijo Felipe Macía Fernández, director de sustentabilidad de la empresa.

Para Berlain y el resto de familias de la Asociación de Productores de Semillas Andinas (Asprosan), con quien Crepes hizo el convenio, el balance un año después de la consulta es muy positivo. “La realidad no es como la pinta el alcalde Pedro Pablo Marín en los medios de comunicación. El pueblo no está en crisis y los campesinos no estamos arrepentidos de haberle dicho no a la minería en nuestro territorio. Al contrario, cada vez nos convencemos más de que el futuro de Cajamarca está en el turismo y en la agricultura”, reconoce otro de los asociados.

Las palabras de los campesinos se refieren al artículo “Rechazo a operación minera tiene en jaque a Cajamarca”, que pretendía demostrar por qué la consulta popular que prohibió la minería había sido “el peor negocio para el municipio”. En esta nota, el alcalde Pedro Marín, el secretario de Planeación, Juan Peralta, y algunos empleados y beneficiarios directos o indirectos de AngloGold Ashanti expresaron que la salida de la multinacional provocó una crisis de desempleo y tenía paralizados proyectos de infraestructura para educación, salud y vivienda.

Sin embargo, la realidad de los habitantes de Cajamarca es distinta. La salida de AngloGold Ashanti ha confirmado que la economía de la zona depende de los campesinos y no de la mina. Alfonso Arias, uno de los fundadores de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra), aseguró que un año después de la consulta popular los procesos de organización comunitaria continúan y reveló que en estos meses se han abierto nuevas oportunidades de negocios rentables para los agricultores, que son más del 70 % de los habitantes del municipio. “Con el resultado de la consulta han llegado grandes empresas comercializadoras y exportadoras que están invirtiendo en los cultivos de granadilla, gulupa, y aguacate hass”.

Esta nueva línea de negocio, en auge en todo el país, puede ser clave para mejorar la calidad de vida de los campesinos de la región. Las cifras de Procolombia muestran que el aguacate hass es la fruta que más se exportó en 2017 después del banano. Además, la venta de gulupa en el exterior movió más de US$25,8 millones. Si todo sale como está previsto y el Gobierno Nacional decide apoyar la irreversible decisión de los habitantes de Cajamarca, este municipio tolimense podría convertirse en uno de los centros de exportación de alimentos más importantes en Colombia.

Por ahora, ante la ausencia de apoyo local, los habitantes de Cajamarca se las han arreglado para conseguir recursos internacionales. La organización y la valentía de una comunidad que impuso la defensa del agua y de los páramos sobre los intereses de una de las multinacionales del oro más grandes del mundo le han valido el reconocimiento y la admiración de varias ONG europeas, como la Fundación Rosa Luxemburgo, la Organización Catapa y el Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (Foscol).

El próximo mes, Foscol abrirá una convocatoria para apoyar y fortalecer veinte unidades productivas lideradas por mujeres campesinas que utilicen energías limpias, abonos orgánicos y nuevas tecnologías. La idea es impulsar proyectos de agricultura autosostenible y amigable con el medio ambiente a través de un subsidio de entre $5 millones y $10 millones y establecer un proceso de acompañamiento y asesoría para articular las unidades productivas, fortalecer las cadenas de valor y crear redes solidarias de producción.

Para Róbinson Mejía, líder del comité ambiental y promotor de la consulta, el objetivo de estas iniciativas es empoderar a las mujeres campesinas y consolidar la defensa del territorio. “En Cajamarca hay un consenso frente al derecho a la vida y la importancia del agua. La gente no quiere que por ningún motivo vuelva la AngloGold y está dispuesta a hacer respetar la decisión tomada. Si se vuelve a hacer la consulta, volvemos a ganar, y con más votos”, aseguró Mejía.

Otro de los proyectos que han sido posibles gracias a la consulta es la formalización y la mejora de los acueductos comunitarios del municipio. La alianza con el Ayuntamiento de Gante, una pequeña ciudad belga a una hora en tren de Bruselas, ha permitido que los campesinos de Cajamarca le hagan monitoreo biológico y físico-químico a la calidad del agua. El kit de cada acueducto comunitario es muy fácil de usar y está diseñado para hacer muestreo de metales pesados y medir sólidos disueltos, conductividad, temperatura y pH del agua. De acuerdo con los campesinos encargados, la idea es llevar un registro preciso de la posible contaminación y así proteger la pureza y potabilidad de los ríos y quebradas aledañas.

Para Luz Ángela Jiménez, fundadora de la Corporación Turística y Ambiental de Cajamarca y Anaime (Cajantour), que nació meses después de la consulta, las riquezas naturales de la región, incluidos el páramo Anaime-Chili, el bosque de palma de Tochecito, donde está concentrado el 80 % de las palmas de cera del mundo, la quebrada Chorros Blancos, el Parque Nacional los Nevados y las termales del volcán Michín son atractivos que ya están impulsando el desarrollo económico del municipio.

“Queremos que la gente venga, conozca y disfrute las maravillas de Cajamarca. Vivimos en un ecosistema muy privilegiado. Cajamarca es verde. La naturaleza es lo que tenemos para mostrar. Hay loros, pumas, tigrillos, venados, osos perezosos, armadillos, guatiles. En el largo plazo, dice Luz Ángela, esta biodiversidad es más rentable que el oro. Tenemos muchas esperanzas con el proyecto. Queremos dejarle claro al país que los campesinos de Cajamarca no estamos arrepentidos”.

Fuente:https://www.elespectador.com/economia/cajamarca-avanza-y-no-se-arrepiente-de-decir-no-la-mineria-articulo-746438

Por medio de la Resolución 0860 de 2018, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía establecieron que el cupo máximo para el incentivo Certificado de Reembolso Tributario (Cert) es $1,6 billones para los proyectos a ejecutar desde 2018. Estos pueden tener una duración de hasta cuatro años.

Con este incentivo se busca impulsar el incremento de las inversiones en exploración de hidrocarburos y el aumento de las reservas petroleras.
También se dio a conocer que el Cert podrá ser solicitado por las inversiones que las empresas realicen desde este año y les será otorgado cuando se verifique la ejecución de estas.

Además, podrá ser utilizado dos años después de su otorgamiento en el pago de impuestos de carácter nacional administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Promover la actividad de exploración es, sin duda, una estrategia que abrirá nuevas oportunidades de empleo, de negocios, de progreso y bienestar para nuestras regiones. Además, le garantiza al país autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo”, señaló el ministro de Minas, Germán Arce.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) serán las entidades encargadas de seleccionar y fiscalizar las inversiones que busquen obtener el incentivo.

El incentivo está diseñado para ser costo eficiente para la Nación, por lo que garantiza el aumento de la inversión en el sector. Este mecanismo inició proceso de reglamentación a finales del año pasado.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/con-incentivo-tributario-gobierno-estimulara-exploracion-y-produccion-de-mineria-2705286

Ayer, el Congreso de la República aprobó el Convenio de Minamata, un pacto internacional al que se había suscrito Colombia para reducir el uso de este metal. Sin embargo, la minería de oro ilegal continúa siendo el gran desafío por superar.

Los habitantes de Río Quito, en Chocó, saben que están nadando en mercurio. Varias veces les han advertido que el río que les sirve de carretera y sustento tiene niveles mucho más altos que los permitidos. Las retroexcavadoras que empezaron a llegar a finales de los noventa con acento paisa y brasileño poco a poco fueron desplazando a la minería artesanal. Pese a las protestas, las resistencias y los operativos, cada tanto vuelven y arman los “dragones”, unas máquinas tan grandes como un edificio de tres pisos. Con ellas remueven las aguas, la arena, las piedras y capturan el oro gracias al mercurio.

Encontrar mercurio en Río Quito es muy fácil. Los lodazales y los cráteres que ha dejado la extracción intensiva no han impedido que, cada tanto, lleguen barcazas con ese metal volátil que desde hace tiempo corre por ciertas aguas colombianas. Como lo han reportado varias investigaciones, algunas especies de peces, el principal alimento de muchas poblaciones ribereñas, están contaminadas. Y esto no sólo sucede en Chocó. La situación se repite en Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar.

Resolverla es muy difícil y requiere de muchos esfuerzos, pero ayer Colombia dio un paso importante para hacerlo. En horas de la tarde fue aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley que le da vía libre a la aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un pacto adoptado en octubre de 2013 por varios países para contener la contaminación de ese metal. La votación, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue contundente: 89 votos a favor, ninguno en contra. Ahora debe ir a sanción presidencial y ser revisado por la Corte Constitucional.

Saber con precisión cuál es el rumbo que tomará la comercialización de mercurio en el país con este pacto no es fácil, pero, al aprobarlo, Colombia se compromete a tomar medidas para “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas” de este elemento. Como señala Andrea Ramírez, viceministra encargada de Medio Ambiente, “el convenio establece un plazo para eliminar los productos con mercurio añadido y le permite a Colombia acceder a recursos para financiar proyectos que permitan reducir el uso del mercurio”.

A lo que se refiere es a que, con la aprobación del documento, el país deberá, por un lado, desincentivar la producción y el uso de artículos como lámparas fluorescentes compactas o aparatos de medición no electrónicos, como los barómetros (usados para medir la presión atmosférica). La idea es que para 2020, como se lee en el texto del Convenio de Minamata, se elimine tanto la exportación, como la importación y fabricación de estos elementos.

Por otro lado, el pacto permite que el país pueda acceder a una bolsa de recursos de cooperación internacional, con los que podrá costear proyectos productivos que permitan que poblaciones como las de Río Quito abandonen la utilización del mercurio. Hoy sigue siendo un elemento clave para extraer oro del río.

Aunque es un paso importante, y pese a que el país cuenta con una ley desde 2013 (la 1658), que busca la reducción del uso de mercurio, los retos hoy son grandes. El boom de las materias primas que vivió el país durante la primera década del siglo XX también vino acompañado de serios problemas de contaminación. El vertiginoso aumento del precio del oro (en 2011 alcanzó un récord de US$1.739 por onza) sedujo a mineros ilegales y criminales que, como sucedió en el caso de Río Quito, desplazaron las prácticas artesanales para darle paso a la explotación intensiva con mercurio sin ninguna regulación.

El resultado ha sido documentado por varios científicos en repetidas ocasiones. El profesor Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena, ha sido uno de los que más muestras de pelo y sangre han tomado para comprobar que hay comunidades que exceden los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En diciembre de 2014 encontró que los habitantes de la cuenca baja del río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio en el pelo que oscilaban entre 15,4 y 19,7 partes por millón (ppm), cuando lo recomendado por la OMS es que no superen el 1 ppm.

Ingenieros del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) encontraron en 2011 que de 70 personas que examinaron en el distrito minero de San Juan (Chocó), 56 estaban contaminadas con mercurio. De ellas, cuatro tenían diagnósticos de intoxicación mercurial. Al ingerirlo, el metilmercurio (forma en la que el metal se encuentra en los animales) llega hasta el intestino y después se acumula en la corteza cerebral. ¿El resultado? “Provoca importantes efectos neurológicos y de otro orden, siendo particularmente graves aquellos que se dejan sentir en la salud del niño y del feto”, se lee en el texto del Convenio.

Los reportes hechos por la ciencia han ido mucho más allá. En 2013, expertos en toxicología de la Universidad de Córdoba y de la Fundación Panthera encontraron bajas concentraciones de mercurio en muestras de dientes de cráneos de jaguares que, si bien estaban por debajo de los límites permitidos, prendieron las primeras alarmas.

“Esa minería ilegal es un gran desafío y para combatirla hemos implementado medidas claves. Una ha sido reducir la importación de mercurio. De 100 toneladas pasamos a 2 toneladas en septiembre de 2017. Sólo hay un porcentaje destinado al sector salud que es un usuario frecuente”, explica Ramírez.

Muchas de las que fueron importadas antes terminaron en los ríos. Para ser exactos, como lo reveló el Ideam en 2015, 200 toneladas cada año.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-da-un-paso-mas-para-luchar-contra-el-mercurio-articulo-745694

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, durante 2017 se realizaron siete consultas populares: dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Proyectos de hidrocarburos y minería fueron los principales motivos para que los municipios llevaran a cabo estas consultas.

Aunque en lo corrido del año no se ha realizado ninguna consulta, el Ministerio informó que hay 54 propuestas pendientes. De estás nueve son de iniciativa popular; cinco son de los alcaldes; tres de concejales y cuatro de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por actores políticos locales y líderes ambientalistas, que se organizan en movimientos.

Carlos Cante, viceministro de Minas y Energía, indicó que las “consultas populares no son de naturaleza antiminera”, sino un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia, por medio del cual se garantiza la intervención de los ciudadanos sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local.

En este sentido, en el sector minero existen tres herramientas mediante los cuales las poblaciones pueden pronunciarse acerca de un proyecto. Según el ministerio, las Audiencias Públicas Ambientales, las Alianzas para la Prosperidad, el Sistema General de Regalías o los espacios de concertación previa ejecutados por la Agencia Nacional de Minería – ANM, son herramientas para en los que pueden participar la ciudadanía.

“Es importante anotar que en diversos fallos, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha expresado que las autoridades del orden nacional y territorial, tienen el deber constitucional de concertar la planeación minera, sin que ello implique que una de ellas pueda de manera unilateral anular las competencias de la otra”, detalló Cante.

Para el abogado ambientalista, Rodrigo Negrete, es de importancia destacar que las consultas populares no son lo mismo que las consultas previas, pues estas últimas aplican solamente para las comunidades étnicas como indígenas, gitanos o palenqueros.
“ En 2001 se modifica el código minero y desde 2002 empezó un gran “boom” de la minería en Colombia. Se otorgaron muchos títulos y la gente empezó a notar que esta actividad cambiaba los usos del suelo y afectaba al medio ambiente. A partir de 2016 la Corte Constitucional, en la sentencia T -445 estableció que la actividad minera se puede consultar. Incluso, no es necesario que haya título minero, porque se puede actuar preventivamente y decidir que en cierto territorio no puede haber minería”, detalló el experto.

Pretender privar a un territorio de la ejecución de proyectos mineros, tiene una serie repercusiones que generan una serie de impactos negativos tanto para los entes territoriales y las comunidades como para la propia nación. Sin embargo, es determinante la buena relación con las poblaciones directamente afectadas.

Es por esto que el ministerio de Minas y Energía trabaja competencias para lograr un desarrollo minero ordenado, que garantice la protección al medio ambiente y la participación efectiva de las comunidades, a través de las diferentes herramientas que existen.

El reto es lograr un compromiso por lograr la minería bien hecha, responsable con el medio ambiente y las comunidades, a la vez que se crean empleos y ganancias para todos.

Fuente:https://www.larepublica.co/especiales/minas-y-energia/en-2017-se-realizaron-7-consultas-populares-y-hay-54-pendientes-2613185