Seis alcaldes colombianos que están en zonas de operación de intensa actividad minera dijeron en el Congreso Nacional de Minería que quienes están detrás de las consultas populares tienen intereses políticos, al tiempo que reclamaron una distribución equitativa de las regalías.
En el panel sobre “Minería y Territorio: la visión regional”, que se celebró en el congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en Cartagena, los mandatario locales pidieron al Gobierno y a la sociedad atender con más eficiencia la problemática social de las regiones con explotación de minerales.
El alcalde de Barrancas, La Guajira, Jorge Cerchiaro, aseguró: “las poblaciones no estamos siendo las más beneficiadas con las regalías. La distribución no corresponde a la calidad de municipios productores y entonces en lugar de soluciones lo que tenemos son problemas”.
Para el alcalde de Buriticá, Antioquia, Humberto Castaño Úsuga, se debe reformar el Sistema Nacional de Regalías porque “actualmente estamos en desventaja frente a poblaciones que no tienen minas”. Para este mandatario, en otras zonas reciben lo mismo que en las poblaciones mineras, pero “en nuestros territorios hay personas de muchas regiones y los conflictos sociales son mayores. Soy un convencido que la minería debe ser el eje de desarrollo en Colombia. No podemos perder de vista que hay intereses políticos entre quienes dicen defender el medio ambiente. Nosotros sabemos y lo hemos comprobado”.
A su turno, el alcalde de Segovia, Antioquia, Gustavo Tobón, consideró que “sobre las consultas populares hay una movilización política para aspirar a cargos y la información que está llegado a la población no es concreta. Además, las preguntas están direccionadas. Han satanizado a la minería y muchos colegas alcaldes se esconden, son muy cómodos porque evaden el tema por miedo a perder el manejo político”.
En la actividad académica la alcaldesa de la Jagua de Ibirico, Cesar, Yarcely Rangel, aseguró que los municipios productores necesitan regalías directas. “Se están negando los recursos del orden nacional, falta respaldo del Gobierno y eso está desestimulando a las comunidades en lugar de incentivarlas”.
Orlando Rodríguez Ramírez, alcalde de Vetas, Santander, localidad ubicada en inmediaciones del Páramo de Santurbán, dijo que él y su población defienden la minería. “En esa región completamos 463 años de minería y el páramo está protegido. Cuidamos como los que más las nueve mil hectáreas de ese paraíso y se hace explotación en solo 600 hectáreas. Sin embargo, hace cinco años, desde los escritorios en las grandes ciudades, les dio por quitarnos el sustento. Aquí llegan 200 millones de pesos por regalías y eso no es presupuesto que alcance para las necesidades”.
*Por invitación de la Asociación Colombiana de Minería.
Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos luchan por la reivindicación de lo que se les ha conferido en las resoluciones de 1973 y 1995 a través de la Sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, en la que declaran el territorio de la Línea Negra como “Una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.
De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, Colombia tiene una población de 48.65 millones de habitantes hasta el año 2016. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá; 
Congreso de los Pueblos.
Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Huila al fallar en segunda instancia una Acción de Tutela que el alcalde Pablo John Trujillo Motta había instaurado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Una Consulta Popular inconclusa por decisión del Ministerio de Hacienda, un acuerdo municipal que prohíbe actividades extractivas, movilizaciones dentro y fuera del municipio y una Consulta Pedagógica con menores de edad; son las acciones de El Peñón (Santander), una comunidad en pie de lucha por su territorio.
A través de un decreto, la Alcaldía de ese municipio fijó la fecha en el que se llevará a cabo la votación. Será el 15 de julio de 2018, el mismo día en el que se jugará la final del mundial de fútbol.
Francia Márquez, una madre de 35 años que vive en un pequeño poblado en el suroccidente de Colombia, acaba de recibir el Premio Goldman 2018, otorgado a activistas comunitarios por sus extraordinarios y, muchas veces, riesgosos esfuerzos en defensa del medio ambiente.
En total, fueron 775 estudiantes entre los 7 y 17 quienes participaron en la consulta popular simbólica. El resultado fue contundente. 764 estudiantes rechazaron la minería al votar No, mientras que solo ocho votaron por el sí. Tres votos fueron nulos. Es decir, 98,5% de los menores que participaron están en desacuerdo con la explotación minera.
El municipio de Andes avanza en lograr la certificación como la primera población libre de mercurio en la minería, al considerar la buena práctica como una estrategia de evolución ambiental y minera, lo cual está consagrado en su Plan de Desarrollo.