En Salento (Quindío), esperaban que para el 15 julio de este año se realizara la consulta popular minera, tal como lo avaló el Tribunal Administrativo del departamento en abril pasado. La fecha se definió por decreto de la Alcaldía municipal, pero el Gobierno departamental y ambientalistas de la región aseguran que los recursos económicos no están garantizados para cumplir con el fallo.
Esta no es la primera vez que en el Quindío se promueven consultas de este tipo, pues en Pijao los ciudadanos le dijeron “No” a la minería en julio del año pasado.
Para el caso de Salento los ciudadanos responderán a la pregunta: «¿Está usted de acuerdo sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?»
Según el secretario de Gobierno de Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, desde la Gobernación gestionará una acción de cumplimiento para exigir la realización de la consulta, como se concluyó en la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral.
“Estamos prestos en la parte jurídica y logística para acompañar las consultas populares de los municipios de Salento y Córdoba, pero hay una coyuntura y es la disposición de los dineros que el Ministerio de Hacienda debe suministrar a la Registraduría Nacional y Departamental para llevar a cabo la consulta. No hemos mencionado fechas hasta tener claridad de los recursos para la consulta”, explicó el funcionario.
Sin embargo, para los ambientalistas, lograr la consulta era una batalla ganada en medio de la lucha por preservar su territorio, pero ahora consideran incierto que se pueda realizar.
Jaime Hernán Arias vive en este municipio, es director de la Fundación Bahareque y uno de los líderes de ‘Salento Mesa Ciudadana’, una organización que desde hace cuatro años trabaja en objetivos comunes, como defender y preservar el Valle del Cocora.
La preocupación de la comunidad radica en que los títulos mineros otorgados en Salento comprenden áreas protegidas en proyectos de explotación como La Colosa, de la multinacional Anglo Gold Ashanti.
Según Arias, se necesita apoyo del Gobierno para la financiación de esta consulta, que de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno del Quindío, valdría alrededor de 30 millones de pesos, sin contar con los gastos que implica el proceso logístico para realizarla.
Los ambientalistas dicen que hay cierta inseguridad jurídica en cuanto a la financiación de las consultas populares en el país. No obstante, el Gobierno dice que la competencia es de los municipios, y en los municipios responden que no se tienen estos recursos.
“La fecha de la consulta no se cumplirá, entonces emprenderemos un proceso de lucha ciudadana para que se logre”, manifestó Jaime Arias.
Salento entre el turismo y la naturaleza
El municipio de Salento está ubicado a 1.895 metros sobre el nivel del mar, es reconocido por su biodiversidad y turismo. Sus calles conservan la arquitectura de la colonización antioqueña en bahareque, con los colores y balcones tradicionales del Eje Cafetero.
Es llamado el ‘Padre del Quindío’ por ser el municipio más antiguo del departamento. Uno de sus valores más preciados es el Valle del Cocora, reconocido por ser la cuna de la palma de cera, el árbol nacional de Colombia.
Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológico Cosmos de Calarcá, asegura que la explotación minera en el socavón La Morena en la parte alta de Salento, cerca a la cordillera, puede afectar el suministro de agua para el 62 por ciento de la población del departamento, en los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida.
“En Quindío las multinacionales extraen oro, plata, platino, molibdeno, zinc, cobre, ferroníquel, y hay un proyecto para la extracción de esmeraldas en límites entre Calarcá y Salento. En las regiones donde hay minería está comprobado que hay más pobreza, violencia y daños ambientales”, indicó Ocampo.
Salento y los demás municipios del país que tienen pendientes consultas para frenar la minería esperan que desde el Gobierno Nacional tengan garantías para que el pueblo, por vía democrática, pueda decidir qué se hace y qué no en sus territorios, tal cual sucedió en el municipio de Cajamarca (Tolima) el 25 de marzo del año pasado, donde a través de una consulta de este tipo, se frenó la explotación minera en la mina La Colosa.
Fuente:https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/cual-futuro-de-la-consulta-minera-de-salento-quindio
Seis alcaldes colombianos que están en zonas de operación de intensa actividad minera dijeron en el Congreso Nacional de Minería que quienes están detrás de las consultas populares tienen intereses políticos, al tiempo que reclamaron una distribución equitativa de las regalías.
Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos luchan por la reivindicación de lo que se les ha conferido en las resoluciones de 1973 y 1995 a través de la Sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, en la que declaran el territorio de la Línea Negra como “Una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.
De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, Colombia tiene una población de 48.65 millones de habitantes hasta el año 2016. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá; 
Congreso de los Pueblos.
Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Huila al fallar en segunda instancia una Acción de Tutela que el alcalde Pablo John Trujillo Motta había instaurado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Una Consulta Popular inconclusa por decisión del Ministerio de Hacienda, un acuerdo municipal que prohíbe actividades extractivas, movilizaciones dentro y fuera del municipio y una Consulta Pedagógica con menores de edad; son las acciones de El Peñón (Santander), una comunidad en pie de lucha por su territorio.
A través de un decreto, la Alcaldía de ese municipio fijó la fecha en el que se llevará a cabo la votación. Será el 15 de julio de 2018, el mismo día en el que se jugará la final del mundial de fútbol.
Francia Márquez, una madre de 35 años que vive en un pequeño poblado en el suroccidente de Colombia, acaba de recibir el Premio Goldman 2018, otorgado a activistas comunitarios por sus extraordinarios y, muchas veces, riesgosos esfuerzos en defensa del medio ambiente.
En total, fueron 775 estudiantes entre los 7 y 17 quienes participaron en la consulta popular simbólica. El resultado fue contundente. 764 estudiantes rechazaron la minería al votar No, mientras que solo ocho votaron por el sí. Tres votos fueron nulos. Es decir, 98,5% de los menores que participaron están en desacuerdo con la explotación minera.