Mocoa Ventures recibió una mina de Anglo Gold Ashanti, las dos de B2Gold, ubicada donde nacen las aguas de los ríos del Amazonas. Pero la pelea apenas comienza.

A comienzos de los años 80 una alianza —joint venture—  de Naciones Unidas, Ingeominas y Ecominas identificó en Mocoa, Putumayo, un importante reserva de minerales: oro, platino, plata y plomo. La información quedó dormida casi 20 años, hasta que en el 2008 el gobierno de Álvaro Uribe, con su política de estímulo a la inversión extranjera con minería, le dio vida a este descubrimiento. La surafricana Anglo Gold Ashanti fue una de las multinacionales en responder al llamado del Gobierno. Abrieron varios frentes de exploración, y retomaron el hallazgo del Putumayo.

Solicitaron 4 bloques para explotar en búsqueda de oro. A los tres años identificaron el yacimiento, y para sorpresa de todos, le cedieron el contrato a Mocoa Ventures, una empresa hermana, dependiente del conglomerado de oro más grande del mundo: B2Gold Corporation, con sede en Canadá.

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El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.

De acuerdo con Golda Fuentes, asesora académica de Indepaz, el trabajo de investigación se realizó con las comunidades que han habitado por más de 30 años este territorio, en conjunto con las actividades mineras que realiza el Cerrejón. Siendo esta una de las empresas más grandes de América Latina que se dedican a la extracción del carbón.

Debido a las preocupaciones de las comunidades en las afectaciones del medio ambiente, Indepaz realizó un monitoreo independiente, en conjunto con universidades de Colombia y Alemania, para identificar las afectaciones al agua y al ambiente que repercuten en las condiciones de salud de las comunidades.

Preocupaciones encontradas

Luego del trabajo de campo, el Instituto logró identificar la presencia de agentes contaminantes, producto de las actividades mineras en el río Ranchería y sus arroyos, que sirven de fuentes hídricas para el abastecimiento de las comunidades.  Fuentes indicó que, actividades como el vertimiento de aguas industriales en el río genera contaminación con plomo y otros metales pesados.

Afirmó que la expansión de la minería “ha generado un riesgo potencial en la contaminación de los pozos de agua y el río que es utilizado por las personas para bañarse y abastecerse del mismo”. Esta contaminación no sólo afecta la vida de las personas sino también pone en riesgo a las especies de fauna que se alimentan de los afluentes hídricos.

Repercusiones en la salud de la contaminación del aire y el agua

Fuentes indicó que los riesgos para las personas que entran en contacto con el agua contaminada son altos y están relacionados con la toxicidad de metales como el plomo. Esto puede generar afectaciones en el cerebro de personas vulnerables como los son los niños, los adultos mayores y las madres gestantes.

Adicionalmente, la exposición al Zinc y al Manganeso, que están presentes en la contaminación del río Ranchería pueden ocasionar afectaciones a la salud de las personas como el desarrollo del cáncer. Por esto es importante realizar estudios toxicológicos de las aguas y los ecosistemas que dependen de los afluentes en el departamento de la Guajira.

Recomendaciones de Indepaz

Frente a este panorama, el informe establece una serie de recomendaciones tanto para las instituciones encargadas de los temas ambientales como para la empresa Cerrejón que ha causado múltiples afectaciones. Indepaz hará seguimiento a la implementación de las recomendaciones toda vez que ya fue socializado el informe con las comunidades afectadas y las instituciones encargadas de propender por un ambiente sano.

Fuente manifestó que una de las principales recomendaciones se enfoca al cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa Cerrejón. Afirmó que la empresa no está cumpliendo y “la ANLA y Copoguajira han manifestado irregularidades en el actuar de Cerrejón sin que haya sanciones correspondientes”.

Por esto, recordó que es necesario que se hagan mediciones de contaminación del agua de manera mensual para vigilar los niveles de contaminación y así poder tomar medidas correctivas “como por ejemplo restringir que los residuos de aguas industriales entren en el río Ranchería”.

Adicionalmente, recomendaron a las entidades públicas que se disponga de personal especializado para instalar plantas de purificación del agua en las comunidades afectadas para garantizar la supervivencia de estas personas. Desde Indepaz, consideraron necesario que todas las labores que se realicen tengan en cuenta las tradiciones culturales de las comunidades que han visto un deterioro en su salud y sus derechos al agua y un ambiente sano.

Informe involucra plataforma web interactiva

Como parte del desarrollo de la investigación, Indepaz realizó una plataforma web para que las personas conozcan los resultados de la investigación desarrollada. Allí, se “dará a conocer en detalle los valores de las investigaciones que se realizó y los procesos de contaminación que están relacionados con la actividad minera”.

Además, la plataforma web recoge las necesidades de las comunidades y pone de manifiesto las recomendaciones a las diferentes entidades. De acuerdo con Indepaz, esta plataforma ayuda a que la ciudadanía haga un seguimiento a la situación de violación de los derechos del ambiente de las comunidades de la Guajira para así, garantizar que las entidades públicas tomen correctivos frente a las labores de la empresa Cerrejón.

Finalmente, Fuentes recordó que el lanzamiento del informe será el día 23 de mayo de 2018 en la sede de la Fundación Henrich Boll de Bogotá a partir de las 8:30 de la mañana. Allí, contarán con la presencia de diferentes líderes sociales de la Guajira quienes detallarán cómo ha sido la convivencia con la empresa minera y qué desafíos han enfrentado a lo largo de más de 30 años.

Fuente:https://www.contagioradio.com/cerrejon-ha-contribuido-a-la-vulneracion-del-derecho-al-ambiente-sano-en-la-guajira-indepaz-articulo-53489/

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.

Fuente:http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/415103-niegan-licencia-ambiental-para-intervencion-minera-en-el-rio-saldana

El Alto Putumayo, entre los Andes y la Amazonía colombiana, ya no será la riqueza oculta del país, sino el filón de la minera Anglo American, de pésima reputación universal. Un video que se encuentra en #PorELAguaDelaAmazonia dirigido y lanzado por Luis Ernesto Gómez circuló por las redes como una ráfaga viral y con razón: allí nos narran en simples y dolorosas imágenes y textos lo que puede suceder con ese piedemonte extraordinario en manos de Mocoa Ventures, la hija putativa de Anglo American. Es tan impactante la “noticia” que en pocos días El Espectador (https://bit.ly/2jOnjNJ) y otros periódicos habían ya sacado artículos de peso, lo que no es usual para las cotidianas “amenazas mineras” al agua, las plantas, la fauna, los campesinos y los indígenas.

Menos mal puedo escribir, porque la indignación me deja mudo. El cuento está bien registrado en los medios nacionales, así que remito a los lectores a darle una mirada a la prensa en los pasados días 10 y 11 de mayo. Allí encontraremos la historia de siempre, en resumen: de llevarse a cabo la explotación del área, que viene siendo postergada —y que tiene vía libre por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales urdida por el patriota Álvaro Uribe—, ponemos en extremo riesgo 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Aquí nacen los ríos que abastecen a las comunidades de Mocoa y aledañas, aquí la biodiversidad del piedemonte es una riqueza —esa sí, incalculable—, sin hablar de los tesoros de la cultura tradicional que han sobrevivido resguardados en las cuencas. Como en las aterradoras historietas infantiles, esta zona hará ¡puf! si la dejamos explotar por los vampiros.

Lo grave no es que sean ingleses o norteamericanos los que explotan los eldorados nacionales, sino que seamos nosotros, colombianos, los que les hayamos otorgado los permisos. La historia vergonzosa de siempre: las poderosas multinacionales hacen lobby para penetrar “en el mercado”, las élites criollas centralistas se engolosinan con sus cuotas partes y abren la puerta con abyección neoliberal y: siga usted sir, yes, sir. Las regalías se esfuman en otro ¡puf! de magia, y perdemos el agua, feriamos los bosques y sus plantas, matamos a los taitas de tristeza, y obligamos a las comunidades ancestrales a que se sumen a la franja sombría de los parias en los cinturones urbanos de miseria. La comunidad del Alto Putumayo se está organizando como puede para procurar que la vida y el agua tengan prioridad sobre el oro, el platino, el molibdeno… pero requiere el apoyo de cada colombiano, porque el desastre podría ser peor a largo plazo que el de las avalanchas de Mocoa (que no están desligadas de la exploración y explotación minera).

Y hablando de política, revisando con reticencia los programas de gobierno de los candidatos sobre el tema extractivista, con la esperanza de que la impotencia no nos devore, solamente encontré en uno de ellos, Gustavo Petro, posturas decididas y coherentes, sin maquillaje verde. Es el único que dice francamente y con la vehemencia que requiere el caso: no al fracking; no más minería de carbón; habrá adjudicación de recursos para que las comunidades de mineros ilegales tengan alternativas que no sean las amenazas de la mafia o las del hambre; y no a la minería de oro a cielo abierto. La cosa es delicada, las opciones muy arduas, pero finalmente habrá que decidirse por el agua.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/el-lamentable-puf-del-alto-putumayo-columna-755703

Después de que el año pasado varios concejos municipales en el suroeste de Antioquia prohibieron el uso del territorio para la minería, el Tribunal de Antioquia falló en contra de dichos acuerdos —caso que ahora es revisado por el Consejo de Estado. Anglo Gold Ashanti ha recomenzado sus exploraciones.

El municipio deberá garantizar publicidad de argumentos a favor y en contra antes de las votaciones.

Después de analizar los argumentos de la Alcaldía el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar constitucional la consulta convocada por la alcaldía de Cogua, previa aprobación del Concejo Municipal.

El tribunal advierte que a partir de que quede ejecutoriado este fallo y hasta la fecha de realización de las votaciones de la consulta, la Alcaldía de Cogua deberá garantizar la publicidad de todos los documentos, estudios y soportes que justifican la convocatoria a la consulta.

De igual manera ordena que se garantice la divulgación a través de los medios masivos los argumentos a favor y en contra de la consulta.

El Tribunal da instrucciones sobre la periodicidad de los mensajes que se deberán transmitir por radio, prensa y televisión.

En mayo del 2017, la alcaldía de Cogua inició el trámite para la aprobación de la realización de la consulta en el Concejo Municipal.

Lo que busca el gobierno de Cogua es blindar a esa población de la aprobación de nuevos polígonos para la explotación de gravilla y arena, que se utilizan como material de construcción en la Sabana.

Específicamente se trata de los polígonos identificados como 12 y 13 para los que algunos privados estaban solicitando licencias ambientales y permisos de explotación. Ese terreno fue incluido en las zonas compatibles con explotación minera en la sabana mediante resolución 2001 del 2016 del Ministerio de Ambiente.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/tribunal-declaro-constitucional-consulta-sobre-mineria-en-cogua-216448

En cualquier momento, la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. puede iniciar la explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales en el corredor biológico donde nacen el río Putumayo y otros que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia.

En 2010 y 2011, el departamento del Putumayo fue escenario de una serie de protestas por parte de ciudadanos y comunidades campesinas e indígenas, que reclamaban el derecho al territorio, expoliado por la avanzada de la exploración y explotación petrolera y de otros recursos naturales, y la consecuente violación de sus derechos culturales: a la autonomía, a la libre determinación, a la vida y a la supervivencia como pueblos, y al consentimiento previo e informado. Siete años después, esas voces vuelven a escucharse ante la posibilidad de que la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. active los trabajos de megaminería en la región.

La historia es así: en 2007 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, a la compañía Anglo American, que luego cedió sus derechos a Mocoa Ventures, se le otorgaron concesiones por 30 años para adelantar trabajos de búsqueda y explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales asociados, en el corredor biológico del Alto Putumayo, lugar donde nacen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo, que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia colombiana y que alimentan los acueductos de Mocoa y Villagarzón.

Desde ese entonces, la empresa solo ha adelantado trabajos de exploración y, por solicitud propia, ha mantenido suspendida la explotación. Sin embargo, el pasado 25 de abril se venció el último plazo de suspensión temporal de obligaciones otorgado por la Agencia Nacional de Minería, después de varios concedidos, lo que significa que en cualquier momento puede iniciar sus labores de explotación en este sector de la cordillera de los Andes.

En los documentos de la Agencia Nacional de Minería se determina que Anglo Gold Ashanti, filial de Anglo American, le hizo cesión de derechos para dichos proyectos a Mocoa Ventures Ltda., cuyo representante legal es Stephen John Jensen. Son cinco los títulos aprobados ubicados en los municipios de San Francisco y Mocoa, en un área de 25 mil hectáreas, que involucran a diferentes etnias de la zona: inga (Condagua), kamsá (Sibundoy), yanacona (Anamú y YashayWasy), pastos (Gran Putumayo y San José del Pepino) y siona (Jai ZiayaBain). Asimismo, según denuncias de la comunidad, los permisos que otorgó en su momento Corpoamazonia fueron “exprés” y se entregaron en solo 15 días.

Lo cierto es que, si se inicia la explotación, esas 25 mil hectáreas afectadas involucran bosque tropical húmedo y se pondría en riesgo a campesinos, comunidades indígenas y a más de 1.000 especies de fauna y 384 de flora. Para rematar, no ha habido consulta previa, como lo señala Iaku Sigindioy, del pueblo kamsá en el Valle del Sibundoy: “Las comunidades tienen temor y es que, de darse el inicio de esos trabajos, se estaría vulnerando su derecho a la misma existencia. Directamente se va a contaminar y envenenar el agua potable. Lo que hizo el Gobierno fue conceder las licencias y, cuando ya la empresa está en el terreno, es que empiezan a hacer un acercamiento. Nunca hubo consulta”.

Incluso las denuncias van más allá, pues apuntan a que en el momento de entregar las autorizaciones y para eludir la mencionada consulta previa, desde el mismo Gobierno se negó la presencia de comunidades étnicas en el polígono de influencia de la explotación minera, pues en ese entonces no estaban conformados oficial y legalmente los resguardos indígenas involucrados. “El Valle del Sibundoy es un reservorio de agua del que toma las corrientes en su punto de inicio el río Putumayo. La preocupación es que bajo presiones y engaños se ha tratado de minimizar el tema del impacto ambiental. No se analiza, ni se consulta, ni se informa a las comunidades, sino que los títulos se conceden y ya”, agregó Sigindioy.

La próxima semana habrá una reunión en la que varias organizaciones ambientales y consultorios jurídicos comenzarán a definir una ruta a seguir para frenar ese proceso de explotación minera en el Alto Putumayo. “Va a haber una tragedia ambiental y social. Mocoa Ventures puede empezar a talar árboles y a remover la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. El agua que baja de las montañas de la cordillera de los Andes se llenará de cianuro y mercurio, que terminará llegando al río Amazonas. Tenemos que unirnos para impedirlo”, dice Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, quien estuvo recientemente en la zona y se ha dado a la tarea de liderar la oposición al proyecto.

También el representante a la Cámara electo por Putumayo, Carlos Ardila, ha dialogado con las comunidades afectadas: “Colombia entera debe enterarse de lo que está pasando con esta riqueza natural. Toda la cuenca amazónica depende del agua pura que baja de esas montañas”, indicó. De hecho, ya hay una causa ciudadana para que la gente se exprese en defensa de la protección ambiental del Putumayo, que tiene la etiqueta #PorElAguaDeLaAmazonia.

El Espectador trató de contactar a los voceros de Mocoa Ventures para conocer su posición, pero no fue posible obtener respuesta. Según dijo Iaku Sigindioy, la empresa no ha propiciado acercamientos y aunque hay quienes dicen que tiene sus temores de seguir adelante con su proyecto por el rechazo de la comunidad, no se entiende que haya adelantado todo el proceso administrativo de hacer las solicitudes de las licencias y la misma suspensión de términos de la explotación varias veces, sin contar con el consentimiento de las comunidades.

Los habitantes del corregimiento Palo Cabildo, en Jericó, Antioquia, denunciaron que el pasado lunes 7 de mayo, mientras campesinos se movilizaban en contra de la presencia de una comitiva de la multinacional AngloGold Ashanti, integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del GOES, arremetieron hacia las personas que se movilizaban, amenazándolos e intimidandolos con capturarlos.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, los campesinos venían marchando, luego de haber logrado que el grupo de personas de la multinacional se retiraran del territorio, minutos después abría aparecido el GOES en actitud agresiva y fuertemente armados.

Jaramillo afirmó que la delegación se habría retirado del lugar porque “desde hace aproximadamente 5 años, la empresa AngloGold Ashanti y los campesinos de Palo Cabildo, llegaron al acuerdo de que la empresa no iba a transitar por ese corregimiento, porque cerca de él, está la zona de exploración” que la multinacional ha buscado explotar cobre.

Los habitantes de Jericó no quieren actividades extractivas en su territorio

Los habitantes han rechazado la presencia de esta multinacional y la explotación de cobre en el territorio, porque afirman que de hacerlo se contaminarían las fuentes de agua y los acueductos municipales no solo de este corregimiento, sino también de algunos aledaños como Támesis.

El año pasado, la comunidad había interpuesto una tutela en el Consejo de Estado contra el Tribunal Administrativo de Antioquia que frenó una medida del Consejo Municipal de Jericó en donde se prohibía la minería en el territorio.

Jaramillo, afirmó que faltan pocos días para que se conozca el fallo del Consejo de Estado sobre este tema, sin embargo, manifestó que esa tutela es producto de la “voluntad popular que se manifiesta en un rechazo activo a la presencia de las multinacionales y a la pretensión del gobierno Nacional de disponer el territorio que es agropecuario como uno minero”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/habitantes-denuncian-intimidaciones-por-parte-de-fuerza-publica-en-jerico-antioquia-articulo-53246/

En Salento (Quindío), esperaban que para el 15 julio de este año se realizara la consulta popular minera, tal como lo avaló el Tribunal Administrativo del departamento en abril pasado. La fecha se definió por decreto de la Alcaldía municipal, pero el Gobierno departamental y ambientalistas de la región aseguran que los recursos económicos no están garantizados para cumplir con el fallo.

Esta no es la primera vez que en el Quindío se promueven consultas de este tipo, pues en Pijao los ciudadanos le dijeron “No” a la minería en julio del año pasado.

Para el caso de Salento los ciudadanos responderán a la pregunta: «¿Está usted de acuerdo sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?»

Según el secretario de Gobierno de Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, desde la Gobernación gestionará una acción de cumplimiento para exigir la realización de la consulta, como se concluyó en la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral.

“Estamos prestos en la parte jurídica y logística para acompañar las consultas populares de los municipios de Salento y Córdoba, pero hay una coyuntura y es la disposición de los dineros que el Ministerio de Hacienda debe suministrar a la Registraduría Nacional y Departamental para llevar a cabo la consulta. No hemos mencionado fechas hasta tener claridad de los recursos para la consulta”, explicó el funcionario.

Sin embargo, para los ambientalistas, lograr la consulta era una batalla ganada en medio de la lucha por preservar su territorio, pero ahora consideran incierto que se pueda realizar.

Jaime Hernán Arias vive en este municipio, es director de la Fundación Bahareque y uno de los líderes de ‘Salento Mesa Ciudadana’, una organización que desde hace cuatro años trabaja en objetivos comunes, como defender y preservar el Valle del Cocora.

La preocupación de la comunidad radica en que los títulos mineros otorgados en Salento comprenden áreas protegidas en proyectos de explotación como La Colosa, de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

Según Arias, se necesita apoyo del Gobierno para la financiación de esta consulta, que de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno del Quindío, valdría alrededor de 30 millones de pesos, sin contar con los gastos que implica el proceso logístico para realizarla.

Los ambientalistas dicen que hay cierta inseguridad jurídica en cuanto a la financiación de las consultas populares en el país. No obstante, el Gobierno dice que la competencia es de los municipios, y en los municipios responden que no se tienen estos recursos.

“La fecha de la consulta no se cumplirá, entonces emprenderemos un proceso de lucha ciudadana para que se logre”, manifestó Jaime Arias.

Salento entre el turismo y la naturaleza

El municipio de Salento está ubicado a 1.895 metros sobre el nivel del mar, es reconocido por su biodiversidad y turismo. Sus calles conservan la arquitectura de la colonización antioqueña en bahareque, con los colores y balcones tradicionales del Eje Cafetero.

Es llamado el ‘Padre del Quindío’ por ser el municipio más antiguo del departamento. Uno de sus valores más preciados es el Valle del Cocora, reconocido por ser la cuna de la palma de cera, el árbol nacional de Colombia.

Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológico Cosmos de Calarcá, asegura que la explotación minera en el socavón La Morena en la parte alta de Salento, cerca a la cordillera, puede afectar el suministro de agua para el 62 por ciento de la población del departamento, en los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida.

“En Quindío las multinacionales extraen oro, plata, platino, molibdeno, zinc, cobre, ferroníquel, y hay un proyecto para la extracción de esmeraldas en límites entre Calarcá y Salento. En las regiones donde hay minería está comprobado que hay más pobreza, violencia y daños ambientales”, indicó Ocampo.

Salento y los demás municipios del país que tienen pendientes consultas para frenar la minería esperan que desde el Gobierno Nacional tengan garantías para que el pueblo, por vía democrática, pueda decidir qué se hace y qué no en sus territorios, tal cual sucedió en el municipio de Cajamarca (Tolima) el 25 de marzo del año pasado, donde a través de una consulta de este tipo, se frenó la explotación minera en la mina La Colosa.

Fuente:https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/cual-futuro-de-la-consulta-minera-de-salento-quindio