A la tortura de dos indígenas pertenecientes al resguardo indígena La Delfina, en Buenaventura, Valle del Cauca, se suma el asesinato de dos integrantes de la comunidad, hecho que provocó el desplazamiento de los habitantes de la comunidad hacía un punto de concentración en el cual se pudiera establecer un cordón de seguridad.

En un comunicado, la ONIC denunció que José Gustavo Parra Gutiérrez y Sebastián Velásquez Gutiérrez, integrantes del pueblo ‘Nasa Kiwe’, fueron víctimas de torturas al ser sometidos a golpes y, posteriormente colgados a un árbol mediante unas esposas que usualmente porta la Policía Nacional.

Los miembros de la guardia indígena que fueron torturados estaban encargados del cordón de seguridad establecido al rededor de la escuela de La Delfina, lugar al cual  decidieron movilizarse cerca de 130 familias, tras los hechos de violencia que han vivido otros integrantes de la comunidad.

Según relata el comunicado de la ONIC, los dos guardias estaban próximos a completar su turno, cerca de las 12 de la noche del lunes 25 de junio, cuando fueron interceptados por hombres encapuchados, quienes los despojaron de sus bastones de mando, procedieron a secuestrarlos y posteriormente torturarlos.

La comunidad fue alertada cuando llegó el reemplazo de la guardia y encontró solo sus bastones, momento en que iniciaron su búsqueda; posteriormente, hallaron a los dos guardias colgados de un árbol. Aunque ambos miembros del pueblo Embera fueron golpeados, se encuentran en condición estable de salud.

Según el testimonio de Luis Campos, integrante de la Comisión de DDHH de la ONIC el rapto y posterior tortura se produjo a 500 metros de una base militar, y a una estación de policía ubicada a 5 km del resguardo. Sin embargo, no hubo presencia de fuerzas del Estado en el momento en que se alertó sobre el secuestro.

La ONIC no tiene indicios sobre quiénes pudieron cometer este delito, dadas las condiciones de luz que tenia el lugar en el cual ocurrieron los hechos. Pese a esto, ambos miembros de la guardia indígena señalaron fueron más de 4 personas encapuchadas que no se identificaron como parte de ningún grupo.

Hay zozobra en la comunidad

El cordón de seguridad al rededor de la escuela de La Delfina se estableció desde el 7 de junio, día en el que cerca de 130 familias se desplazaron a la parte baja del resguardo, -lugar en el que se encuentra la escuela- temiendo por sus propias vidas dado que, habían sido encontrados los cuerpos de dos miembros del pueblo indígena que, luego se confirmó, habían sido asesinados.

Hechos a los que se suman los impactos de bala contra una de las paredes de la casa en la que estaba la secretaria del resguardo y al atentado sufrido por el rector de la escuela de la comunidad.

En correspondencia con estos hechos, Campos cree que puede haber una correlación entre los atentados que han sufrido en La Delfina y los intereses de empresas como Ecopetrol, Ferrocarril del Pacífico, la Empresa de Energía del Pacifico y la doble calzada Buenaventura-Buga.  Razones por las que se puede ver afectada la permanencia de la comunidad en el territorio

Aunque la ONIC está a la espera de la realización de un Concejo de Seguridad, y se encuentran evaluando las diferentes medidas para garantizar la vida digna de todos los resguardos del pacífico, sigue la zozobra en la comunidad, pues, como lo asegura Luis: «No saben de dónde provienen las amenazas».

Fuente:http://www.contagioradio.com/violencia-contra-resguardos-indigenas-en-buenaventura-articulo-54298/

Con la militarización del territorio, con presiones de ejército y policía, la multinacional australiana METMINCO, que cuenta con filiales en Chile y Perú, busca presionar el desplazamiento forzado de 450 familias de mineros artesanales ubicados en la región de Miraflores, en el municipio de Quinchía, Risaralda.

Con la usurpación del territorio ancestral de la comunidad indígena Embera Karambá y de cientos de familias campesinas, la multinacional espera adelantar un inmenso proyecto de explotación minera que abarcará 6.043 hectáreas, lo que constituye el 80% del municipio de Quinchía, con un irreparable costo social y ambiental para la región.

Con una serie de estratagemas legales, en las que está involucrada la Agencia Nacional Minera, la Personería y la Alcaldía Municipal de Quinchía, se presiona por el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y campesinas. Con un amparo interpuesto por la multinacional METMINCO a la Agencia Nacional Minera se ordenó el cierre, la incautación de las herramientas de trabajo, y el desalojo de los mineros artesanales que han venido trabajando desde hace más de 150 años en la zona. Por otro lado, la multinacional ha realizado actividades de exploración con dinamita, lo que generó grave daño ambiental a la zona montañosa de Miraflores, entre ellos la destrucción de dos micro-cuencas que abastecían de agua a las veredas. Luego de los daños ambientales no se dio la suspensión de la licencia ambiental, por el contrario la multinacional presentó denuncia ante la Personería alegando alto riesgo de deslizamiento en la zona de Miraflores, daño que ellos mismos generaron, por lo que el 24 de mayo la Alcaldía Municipal de Quinchía ordenó el desalojo de 450 familias de la zona. Se quiere justificar el desalojo bajo la presunción de un posible deslizamiento de tierra, pero en realidad se trata de una estrategia legal para obligar al desplazamiento forzado de las familias, lo que permitirá iniciar en Miraflores las obras para la construcción de dos túneles exploratorios, cada uno de dos kilómetros de largo, al interior de la montaña.

Pero el drama del desplazamiento forzado en Quinchía no es algo nuevo, la planificación para la explotación del Bloque Aurífero del Cauca Medio, que involucra proyectos de explotación minera como el de La Colosa en Cajamarca, lleva décadas de planificación. Por un lado se encuentran los largos años de estudios de factibilidad técnica y financiera, la adquisición de los permisos y títulos legales de explotación que corresponden a 11 títulos mineros otorgados entre el 2008 y el 2013 pero, de manera paralela, se encuentran los procesos de violencia, las masacres y los asesinatos, para generar el desplazamiento forzado y el despojo de tierras de las comunidades indígenas y campesinas, necesarios para la realización de la explotación minera.

Como sucedió en casi todo el país, la intensa violencia paramilitar que se desató en Colombia de 1996 al 2003, funcionó como una maquinaria para el despojo de tierras y la posterior imposición de grandes megaproyectos. En el Chocó y el Urabá antioqueño la violencia antecedió la imposición de grandes cultivos agroindustriales de banano y palma de aceite, en el bajo Cauca antioqueño la violencia paramilitar antecedió la imposición de la Hidroeléctrica de Ituango, mientras que en Quichía las masacres y los asesinatos antecedieron la imposición del megaproyecto de explotación minera de oro y plata. Para mayo del 2002, el Frente Miraflores del Guáutica, adscrito al Bloque Central Bolívar, comandado por John Fredy Vega Reyes, alias “tiburón”, recorrió las veredas de Quinchía, en una acción paramilitar que dejó como saldo el asesinato de 6 campesinos. Pocos meses después, entre el 22 y el 25 de octubre del 2002, el mismo comando paramilitar asesinó a otras 9 personas por su paso por las veredas del Naranjal, entre ellos perdieron la vida dos indígenas de la comunidad Karambá. Luego del asesinato selectivo de 3 luchadores sociales en el 2003, y del desplazamiento masivo de la zona, la violencia obligó a que la Asociación de Mineros de Miraflores se viera obligada a “ceder” el título minero 010-87m a la Compañía Minera Miraflores, filial de la multinacional METMINCO.

La historia de sangre y despojo que se encuentra detrás de la imposición de la multinacional METMICO está directamente relacionada con la nueva victimización de las comunidades indígenas y campesinas en Quinchía, puesto que la “cesión” de los títulos de explotación minera del 2003, fue un acto ilegal e ilegítimo, no sólo por la violencia paramilitar que presionó tal cesión, sino porque los títulos originales fueron aportes del Gobierno Nacional a la comunidad y no son susceptibles de cesión alguna, por lo que la multinacional ha tenido que utilizar nuevos recursos para presionar el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas de Quinchía.

La orden de desalojo emitida por la Alcaldía Municipal de Quinchía se debía ejecutar para el 13 de junio del presente año, sin embrago, pese a la militarización de la zona, el desalojo no se concretó, por lo que las 450 familias de campesinos, indígenas y mineros artesanales se encuentran en un permanente estado de zozobra. Pese a sentirse amenazadas las comunidades de Quinchía se encuentran en pie de lucha en defensa del agua y el territorio, reclaman la solidaridad de todas las organizaciones sociales y populares, como de la opinión pública en general para seguir su lucha por su derecho al territorio después de siglos de permanencia.

Fuente:https://desinformemonos.org/multinacional-minera-amenaza-desplazar-450-familias-colombia/

La ONG internacional WWF explica la importancia de esta ley, que solo tiene cinco días para ser aprobada en el Congreso de la República.

Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros de WWF (en español Fondo Mundial para la Naturaleza), explicó los alcances de esta ley que podría marcar un hito en la protección del agua en Colombia.

Para Cabrera, es importante que el país tenga claridad sobre la importancia de gestionar esta ley que promueve la protección de 37 páramos en Colombia. Sin embargo, el experto aclara que, no extenderá la protección a los ecosistemas de alta montaña. 

«Estos páramos proveen de agua al 70% de la población en el país. Es urgente reglamentar esta ley que los blinda de grandes proyectos de desarrollo como: ganadería, agricultura y minería a mayor escala», indicó.

Si bien hay preocupación por ‘un riesgo para la subsistencia’ de quienes trabajan la minería, la agricultura y la ganadería en zonas aledañas al páramos, Cabrera añadió que esta reglamentación es solo para proteger los páramos. 

La Asociación de Municipios del Páramos de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la eventual aprobación de esta ley. 

González dijo que la ley, de ser aprobada, “va a extender la protección de los páramos a todos los ecosistemas de alta montaña, sin definir ni delimitar lo que es ‘alta montaña’. De tal manera de que si por este ecosistema se entiende lo que está por debajo de la línea de páramo, es decir, lo que está entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hablamos de una ley que afecta las actividades de por lo menos 60 por ciento de la población del país”.

Sin embargo, Cabrera insiste en que este proyecto es exclusivo para los páramos y  argumenta que los límites están siendo establecidos por el Instituto Humboldt, entidad que ya tiene el 70% de los páramos delimitados. 

La ley busca sistemas de reconversión económica en las comunidades que trabajan en los páramos, actualmente sin la posibilidad de acceder a créditos, dado que está prohibida la producción minera, de agricultura y de ganadería.

«Con este proyecto de ley se buscan alternativas para los campesinos. Habrá créditos para que se puedan hacer trabajos de campo en el páramo, pero en menor escala y se abre la puerta para el ecoturismo en esas zonas de forma responsable«, dijo.

Se espera que en los próximos días, los congresistas aprueben esta ley que protege a los páramos de actividades de alto impacto que ponen en riesgo el abastecimiento de agua.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/ley-de-paramos-no-extendera-proteccion-todos-los-ecosistemas-de-alta

El año 2017 significó importantes victorias para el movimiento social en defensa del agua, la vida y el territorio, entre las que se encuentra el rotundo no a la minería a gran escala por varios municipios vía consulta popular. Así como las sentencias de la Corte Constitucional que ratificaron la competencia de los municipios para ordenar las actividades mineras en sus territorios, los derechos bioculturales del río Atrato, el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos y las afectaciones de la expansión minera al arroyo Bruno.

A raíz del éxito notorio de la consulta popular de Cajamarca  y el auge de las consultas populares en el país, los sectores alineados con el modelo económico extractivista cuestionan la autonomía de los municipios.

La industria minera continúa  destruyendo territorios, donde no importa arrasar con la vida ni sacrificar la vida y la dignidad  humana,  amparados por la políticas públicas nacionales que desde una racionalidad economicista, niegan el principio constitucional de  autonomía territorial otorgado a los municipios para la reglamentación de los usos del suelo, el agua, la protección a la tradición campesina, la cultura indígena, la vida en comunidad, y la construcción de la visión de futuro de los terrarios. Derechos constitucionales que no son reconocidos por el Plan Nacional de Desarrollo Minero ni las multinacionales mineras.

Este es el caso de, la multinacional sur africana Anglo Gold Ashanti – AGA, que tiene varios proyectos en curso en nuestro país, entre ellos Gramalote, en San Roque; Quebradona, en Jericó y Támesis, ambos municipios antioqueños. Esta multinacional minera hizo pública su presencia en Colombia en el 2003. Hoy día opera a través de distintas filiales o tiene contratos de riesgos compartidos con otras mineras como Glencore, B2Gold, Greystar y Goldfields y es la empresa minera más grande de Colombia con 496 títulos en 20 departamentos con un área de un millón de hectáreas.

El actuar de la AGA  es conocido en el planeta, en 2005 Human Rights Watch (HRW) denuncia en su informe titulado La Maldición de oro, que Anglo Gold Ashanti le dio apoyo financiero y logístico al Frente Nacionalista e Integracionista (FNl) – un grupo armado al margen de la ley en el Congo – a cambio de favores políticos y logísticos. En el 2008 la multinacional fue denunciada en Teberebie, Ghana, por contaminación de agua y adueñándose de ella y de las tierras en la zona, causando graves afectaciones ambientales y a la salud humana, además fue acusada de tortura a personas de las comunidades que se oponían a la minera. Por estas prácticas obtuvo el premio Public Eye Award, o “Premio a la vergüenza” que otorga Green Peace a empresas con flagrantes abusos a los derechos humanos y crímenes medioambientales.

El conflicto por la extracción de minerales no es nuevo en el suroeste antioqueño. Desde que la empresa llegó a la región ha generado  resistencia. El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza esta empresa  en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó. Habitantes de la zona manifiestan que que la AGA hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Es de resaltar que, en junio de 2017, el Concejo Municipal de Jericó, mediante Acuerdo tomó la decisión de prohibir la minería en su territorio, sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria, desconociendo la demanda justa y constitucional tanto del Concejo Municipal como de su alcalde, quienes recogen el sentir de la población que reivindica la vocación agrícola de la región y la urgencia de proteger y preservar su entorno natural.

El actual proyecto minero Quebradona, se espera que sea el primer proyecto de minería de oro, cobre y plata a gran escala en Colombia, el cual hace parte de una alianza entre la multinacional Anglo Gold Ashanti con el (51%) y B2GoldCorporation (49%). El gobierno colombiano lo ha declarado como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES- por lo cual se está facilitando el desarrollo del mismo y se promueve como un gran generador de empleo y desarrollo. Pero esta situación se contrasta con el temor de la población antioqueña de perder su territorio sagrado para la vida.

Por eso, desde el 7 de mayo del presente año, campesinas y campesinos de los municipios antioqueños de Jericó y Támesis vienen ejerciendo su derecho a la movilización pacífica para impedir la entrada de la multinacional a su territorio, teniendo como respuesta la represión violenta por parte de la Fuerza Pública. Este 10 de mayo, encabezado por las organizaciones sociales del suroeste y el Obispo de Jericó, monseñor Noel Londoño, los manifestantes le dijeron NO a Anglo Gold Ashanti, NO a la megaminería metálica y SÍ al agua, a la vida y a la biodiversidad de su territorio.
Hoy llamamos a los movimientos sociales para que continuemos nuestro camino de lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio, a abrazar las montañas del suroeste de Antioquia, para en una sola voz decir: ¡Queremos Territorios Sagrados para la Vida! ¡Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!
¡Si se pudo con la Colosa se puede con cualquier cosa!

Fuente:http://censat.org/es/analisis/la-anglo-gold-ashanti-en-el-suroeste-antioqueno-8408

El pasado domingo se eligió como presidente de la República a Iván Duque, para el periodo presidencial 2018-2022, que inicia el próximo 7 de agosto.

Ya terminaron las campañas políticas y con estas las apreciaciones de los candidatos que muchas veces dicen lo políticamente correcto pensando en sus cálculos políticos, más no en lo que verdaderamente ejecutarán una vez elegidos.

El alcalde Rodolfo calificó la carta que Duque le envió con su posición respecto a la protección de Santurbán como “ni chicha ni limonada”, y luego circuló en las redes sociales un video del otrora candidato Duque diciendo al referirse a Santurbán: “Mi compromiso es proteger el páramo”.

Con la realidad de Duque presidente, esperamos que para su “compromiso con el páramo” no se suba al engaño de la delimitación de Santurbán, que hizo el gobierno Santos, con una línea arbitraria para legalizar a las mineras en la zona, en franco deterioro de nuestra agua, cuando sabemos que si de proteger nuestro líquido vital se trata es, precisamente, no permitiendo ningún tipo de minería por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano, ni en Santurbán ni en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, en síntesis blindando toda la cuenca del Suratá. .

Por otra parte, ningún Estudio de Impacto Ambiental, EIA, de una empresa minera que pretenda explotar en Santurbán o en sus inmediaciones podrá cambiar la realidad de esta zona con elementos que aunque permanecen inactivos, mientras no se perfore la montaña, durante su explotación liberan su altísima toxicidad como el arsénico, los sulfuros y elementos radioactivos como el Uranio, que llevan a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

No podemos permitir que se hagan trizas los páramos, reservorios de agua y de paz, teniendo en cuenta que las guerras futuras serán por el agua.

Sin agua no habrá paz.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/movimiento-civico-conciencia-ciudadana/436550-nada-de-mineria-arriba-de-las-boca

El municipio deberá garantizar publicidad de argumentos a favor y en contra antes de las votaciones.

Después de analizar los argumentos de la Alcaldía el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar constitucional la consulta convocada por la alcaldía de Cogua, previa aprobación del Concejo Municipal.

El tribunal advierte que a partir de que quede ejecutoriado este fallo y hasta la fecha de realización de las votaciones de la consulta, la Alcaldía de Cogua deberá garantizar la publicidad de todos los documentos, estudios y soportes que justifican la convocatoria a la consulta.

De igual manera ordena que se garantice la divulgación a través de los medios masivos los argumentos a favor y en contra de la consulta.

El Tribunal da instrucciones sobre la periodicidad de los mensajes que se deberán transmitir por radio, prensa y televisión.

En mayo del 2017, la alcaldía de Cogua inició el trámite para la aprobación de la realización de la consulta en el Concejo Municipal.

Lo que busca el gobierno de Cogua es blindar a esa población de la aprobación de nuevos polígonos para la explotación de gravilla y arena, que se utilizan como material de construcción en la Sabana.

Específicamente se trata de los polígonos identificados como 12 y 13 para los que algunos privados estaban solicitando licencias ambientales y permisos de explotación. Ese terreno fue incluido en las zonas compatibles con explotación minera en la sabana mediante resolución 2001 del 2016 del Ministerio de Ambiente.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/tribunal-declaro-constitucional-consulta-sobre-mineria-en-cogua-216448

A pesar de que los ambientalistas quindianos aseguran que el 61,8% del territorio del departamento está comprometido con la minería, desde el ministerio de Minas y Energía afirmaron que se trata solo del 10,5%.

La discusión se dio en la presentación que los funcionarios nacionales hicieron en el concejo de Armenia del proyecto ‘Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera, para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional’, donde además hablaron sobre la situación de los títulos mineros en la región y la afectación en diferentes municipios.

Durante el evento, Néstor Jaime Ocampo Serna, ecologista y líder ambiental en la región, indicó que la presencia del ministerio se dio 10 años tarde.

“Hace 10 años, por pura coincidencia, nos dimos cuenta de la situación minera. Ni el gobernador, alcaldes, concejos municipales, las oficinas de planeación, autoridad ambiental, nadie en el Quindío sabía que el 61,8% ya estaba comprometido en proyectos de gran minería. Llegaron 10 años tarde”.

Manifestó que hace 10 años había 98 contratos de concesión ya otorgados, de los cuales 80 eran a multinacionales, y 133 más que estaban en proceso.

Afirmó que el ministerio y las asociaciones mineras siempre han engañado a la ciudadanía y se declaró “indignado” con la cartera.

“Me encuentro indignado, primero por asistir a una sesión con funcionarios del Estado que creen que nosotros somos idiotas, y por ver a estos agentes al servicio de empresas mineras multinacionales y actuando en contra de los intereses de la Nación, de todos nosotros”.

Ocampo Serna argumentó que no existe la minería “bien hecha”, ya que los ejemplos en Colombia lo confirman.

“No hay ejemplos de eso aquí en el país. Que vayan a  preguntar en las inmediaciones del Cerrejón, Cerromatoso y La Jagua, tres de las minas a cielo abierto más grandes del mundo que se convirtieron en una miseria y una desgracia para gente que vive en los alrededores. Se están muriendo por falta de agua, por pobreza y por enfermedades. Sus tejidos sociales fueron destruidos y devastados. Las zonas mineras en el país se caracterizan por ser las más pobres y las más violentas, donde hay mayor destrucción de la naturaleza, mayor degradación ambiental y social. No hay excepciones”.

Agregó: “En el Quindío no se ha respetado a nadie. La exgobernadora dijo ‘es que en mi casa a mí no me vienen a amenazar’, y aquí, a este mismo recinto —concejo— vinieron y trataron de engañarlos y los hicieron firmar un acta de una reunión que apenas estaba empezando en ese momento. Vinieron a engañarlos apoyados por el ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme. Hay una gran cantidad de problemas sin resolver”.

Durante la sesión, hizo énfasis en que la minería del Quindío es una “guerra sangrienta”, a raíz de los materiales de construcción que se extraen de los afluentes hídricos.

“Hay una guerra en el sur de Calarcá por las orillas de los ríos Barragán, De la Vieja y el río Quindío. Es material de arrastre  muy bueno, porque tiene unas características especiales para las obras de ingeniería civil. Están destruyendo la parte plana, la única maquinable del departamento, tierras que han producido caña y piña las convirtieron en una cantidad de huecos, que tardarán en recuperarse siglos. Esos predios deberían estar siendo utilizados para producir alimentos”.

Lo que dice el ministerio

Por su parte, los delegados del  ministerio, Rómulo Díaz, Jorge Jaramillo y Katherine Rojas, hicieron una exposición donde aseguraron que solo el 10,5% del territorio quindiano está comprometido con la minería.

“El área titulada es de 19.525 hectáreas y hay 38 títulos mineros, de los cuales 7 son de metales preciosos, 27 de material de construcción y 4 de otros materiales”, dijeron.

Indicaron que 34 de esas titulaciones son para explotación y cuatro para construcción. “No hay ninguno de exploración”.

Manifestaron que en Armenia hay 1,9% del territorio comprometido, equivalente a 276 hectáreas. “Hay tres títulos mineros para explotación”.

“El programa ‘Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera, para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional’ se viene implementando desde el año 2014, con el fin de  avanzar en la consecución de un sector minero fortalecido desde una confianza legítima y un relacionamiento abierto y franco con las comunidades”, aseveraron.

“Los quindianos desconocen la minería”

Jorge Hernán Palacio, defensor de los derechos humanos y cercano al grupo de mineros del Quindío, aseguró que en el departamento hay desconocimiento sobre la minería.

“En términos generales, los quindianos se oponen a todo tipo de minería, pero esto es también porque desconocen la diferencia que hay entre la gran minería y la minería que se hace acá, que es la artesanal”.

Puntualizó que si bien este tipo de explotación tiene afectaciones ambientales, se hace con responsabilidad.

“Es una minería que tiene afectaciones como cualquier tipo de actividad humana, pero se trata de hacer con responsabilidad y con el menor impacto posible”.

“Minería para construcción ha matado peces”

Luis Carlos Serna, biólogo experto en temas regionales, dijo que la imagen de la minería no podía ser mejorada ni cambiada debido a malas prácticas.

“El problema de mejorar la imagen de la minería es debido a las prácticas indebidas. No hay un solo ejemplo en Colombia de minería bien hecha. Frente a las afectaciones que se presentan en el departamento, por ejemplo, de la minería de aluvión, que es la de materiales para la construcción, aquí ha llevado al fin de algunas especies de peces nativos”.

Afirmó que estos animales se ven afectados por las intervenciones de los ríos. “Se remueve el sustrato de los afluentes y los peces no tienen dónde depositar sus huevos. En el río Barragán tenemos la pérdida de dos especies de importancia económica, el bocachico y el jetudo. Esas extinciones locales se dan por ese tipo de explotación, que afecta el paisaje y los ríos”.

Dijo que la minería de materiales para la construcción solo paga impuestos del 1%, lo cual no alcanza para compensar los daños ambientales que genera.

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-minminas-y-ambientalistas-se-contradicen-sobre-mineria-en-quindio-nota-121153