«NOS ESTÁN MATANDO», UN DOCUMENTAL SOBRE EL ASESINATO DE LIDERES SOCIALES.

Dos cineastas extranjeros y un productor colombiano acompañaron por más de un año a dos líderes sociales del norte del Cauca amenazados de muerte. El objetivo: ponerle rostro al fenómeno que afecta al país con más intensidad desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Ya han muerto más de 200 líderes, advierte el audiovisual.

Bien podría decirse que el documental, “Nos están matando”, es un grito de auxilio de los miles de líderes sociales que viven en los territorios donde otrora se desarrolló la guerra entre las Farc y el Gobierno. Es un documento que pone al desnudo la vida cotidiana de un defensor de derechos humanos en Colombia. En este caso, las historias del líder indígena, Feliciano Valencia, y la del líder afrodescendiente, Héctor Marino Carabalí. Las dos, cargadas de resistencia y peligro.

Los lentes de Tom Laffay y Emily Wright recorrieron las planicies del norte del Cauca. Las tierras anegadas de cultivos de caña, y de indígenas y negros que siguen reclamando esos territorios como suyos, enfrentándose con los empresarios azucareros. Luego, treparon a la cordillera central, a las montañas de Corinto, para registrar el funeral del líder indígena Eder Cuetia Conda, la trágica y cruda escena con la que se inicia este documental. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crudeza?

El cineasta Laffay, quien lleva dos años radicado en Colombia, explicó que el objetivo del audiovisual justamente es ese: transmitir el dolor y la resistencia de los líderes sociales en Colombia, desde los territorios donde libran batallas para impedir que su país retorne a la violencia. “En los medios internacionales no se habla del tema, porque en Colombia el interés de la paz está enfocado en la desmovilización de las Farc. Y está bien, porque eso es clave para el proceso de paz. Sin embargo, quienes tienen que cargar con la responsabilidad de construirla son los líderes sociales y ellos son los que están siendo asesinados. Por eso, este documental es un grito de auxilio”, dice.

Un grito de auxilio para buscar a los responsables de los homicidios. Emily Wright dice que los culpables no son únicamente los grupos armados ilegales. “La pregunta debería ser sobre la tierra: quién la posee y la controla. Durante la guerra, grandes extensiones de tierra fueron ocupadas por rancheros, empresarios de la palma y el banano, narcotraficantes y grupos armados, que ahora tienen poco interés en renunciar a ella. El acuerdo de paz prevé la devolución de la tierra a los agricultores que una vez la poseyeron, pero los activistas que persisten en ello a menudo son vistos como una amenaza a los intereses económicos”.

Advierten en el documental que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 200 líderes. “El audiovisual está concentrado en el norte del Cauca, pero es una muestra real y contundente de lo que está pasando con esta población en todo el país. Hemos identificado que el departamento es una de las regiones de mayor riesgo en Colombia para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, se registraron 34 hechos violentos y fueron asesinados siete líderes sociales”, cuenta Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la organización de Derechos Humanos que acompañó el proyecto.

Héctor Marino Carabalí, uno de los líderes protagonistas de esta historia, explica cómo se han fortalecido las organizaciones sociales en el norte del Cauca, indígenas y afros, que, a pesar de las amenazas de muerte, siguen unidas por sueños comunes. “Tenemos que atrevernos y ser más visibles para blindar nuestra integridad física. Este documental significa mucho para nosotros, porque es un documento que recoge la memoria interétnica del movimiento indígena y afro, porque con ellos compartimos territorios, vivencias, momentos de dolor, pero también, construimos sueños en este devenir que nos han legado nuestros ancestros en medio de las adversidades, asesinatos y amenazas que no paran”.

Carabalí aparece en una camioneta blindada y junto a dos escoltas que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (Unp). Así le protegen la vida de las amenazas de grupos neoparamilitares en la zona. Sin embargo, advierten los documentalistas y el propio Carabalí, que muchos líderes aún están desamparados y por eso exigen la implementación de la protección colectiva para estas comunidades.

Tom Laffay así lo advirtió, tras grabar a Carabalí en reuniones en el norte del Cauca, junto a varios integrantes de la Guardia Cimarrona. Igualmente habló con Feliciano Valencia sobre la Guardia Indígena. “Sé que el Gobierno hace un esfuerzo importante a través de la UNP para proteger a los líderes, pero creo que debe avanzar en reconocer y legitimar a las guardias étnicas, indígenas y cimarronas, que son grupos de personas desarmadas que pueden defender de manera colectiva estas subregiones de Colombia”.

El documental fue producido por estos dos cineastas, acompañados del productor colombiano, Daniel Bustos Echeverry, con quien cubrieron protestas en el sur del país e hicieron entrevistas en el transcurso de un año. “Vale la pena mencionar que teníamos otro personaje, pero decidimos cortar su historia de la película final por la seguridad del líder y la de su familia”, explica Laffay.

El prelanzamiento del audiovisual se realizó en abril pasado en la Universidad del Tolima en Ibagué, con estudiantes que debatieron del tema al final de la proyección. Es que ese es precisamente el objetivo de “Nos están matando”, que se convierta en una herramienta periodística y de memoria, alrededor de la cual las comunidades conversan y debaten sobre el fenómeno. Y, también, toman decisiones de cómo actuar frente a quienes quieren silenciarlos.

El documental también se publicó en medios de comunicación de Estados Unidos y promete llegar a otros países de Norteamérica, para que la comunidad internacional se enteré de las dolencias, sacrificios y dolores que padece la sociedad civil colombiana en la búsqueda de construir un país en paz, concluye Laffay.

Mientras el país estaba concentrado en el Mundial, en el Congreso se jugaba un partido que buscaba la aprobación, casi a pupitrazo, de leyes en un legislativo que está en sus últimos días. Una de esas fue la ley “gestión integral de páramos”, la cual está pendiente de la sanción presidencial.

Aunque en general la ley está planteada para conservar estas áreas protegidas de los usos de la minería, hay varios artículos que generan polémica ya que para los ambientalistas y para las Corporaciones Autónomas Regionales se trata de “micos”.

El más cuestionado es el artículo 26 que establece que el recaudo al impuesto al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP). Según la ley, el 90 % del recaudo del impuesto nacional al carbono irá a este fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto.

“Estos recursos se entregarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente”. Además, “el 10% se destinará a la conservación de páramos” y serán manejados por el Fondo Nacional Ambiental.

La ambientalista Sandra Vilardy se preguntó: ¿terminaron los recursos para la adaptación al cambio climático y la restauración de ecosistemas subsidiando la implementación del Acuerdo de paz? Como dicen por ahí vendiendo el riñón para hacer la diálisis”, dijo la experta.

También llamaron la atención las Corporaciones Autónomas Regionales (ver recuadro), las cuales a través de un comunicado conjunto entre Corpourabá, Cornare y Corantioquia explicaron que el artículo 24 tiene una redacción confusa y que genera gran preocupación para las autoridades ambientales, “porque no clarifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las corporaciones”.

Con la modificación, explicaron las CAR, se establece que una parte de los recursos provenientes de transferencias y tasas que actualmente perciben las corporaciones, serán transferidos también al Fondo Nacional Ambiental y, con esto, “se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las corporaciones al trasladar el manejo de recursos”.

A esto se le suma que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán aseguró que la nueva ley tiene en vilo a pueblos como Vetas, California, Charta, Tona, Suratá y Matanza, que dependen completamente de la minería tradicional, ya que deja en firme la prohibición de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en los páramos.

Así lo estableció el artículo 5 que prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, así como las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas.

La iniciativa también obliga al Gobierno a “implementar programas de reconversión o reubicación de pequeños mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida”.

Las empresas o las personas que incumplan estas disposiciones tendrán una multa de hasta 5 mil salarios mínimos, es decir, 3.906 millones de pesos y el decomiso de los implementos.

Según el representante Luciano Grisales, ponente de la iniciativa, el propósito de esta ley, efectivamente, es que queden prohibidas las actividades de explotación minera en los 30 páramos delimitados.

Ahora bien, en términos generales uno de los puntos a favor de la ley es que se deja claro que desde ahora se delimitarán estos ecosistemas “con base en el área de referencia generada por el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt”, lo que brinda al Gobierno un criterio científico como dice el experto ambiental, Manuel Rodríguez.

“Este es un gran avance porque para cambiar la delimitación del páramo el gobierno, en este caso el Ministerio de Ambiente, solo podrá cambiar los límites con un criterio científico que en este caso lo aporta una entidad que no tiene nada que ver con ninguno de los poderes públicos”, dijo Rodríguez.

El Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/recursos-para-proteger-los-paramos-irian-a-la-paz-HM8943845

A la tortura de dos indígenas pertenecientes al resguardo indígena La Delfina, en Buenaventura, Valle del Cauca, se suma el asesinato de dos integrantes de la comunidad, hecho que provocó el desplazamiento de los habitantes de la comunidad hacía un punto de concentración en el cual se pudiera establecer un cordón de seguridad.

En un comunicado, la ONIC denunció que José Gustavo Parra Gutiérrez y Sebastián Velásquez Gutiérrez, integrantes del pueblo ‘Nasa Kiwe’, fueron víctimas de torturas al ser sometidos a golpes y, posteriormente colgados a un árbol mediante unas esposas que usualmente porta la Policía Nacional.

Los miembros de la guardia indígena que fueron torturados estaban encargados del cordón de seguridad establecido al rededor de la escuela de La Delfina, lugar al cual  decidieron movilizarse cerca de 130 familias, tras los hechos de violencia que han vivido otros integrantes de la comunidad.

Según relata el comunicado de la ONIC, los dos guardias estaban próximos a completar su turno, cerca de las 12 de la noche del lunes 25 de junio, cuando fueron interceptados por hombres encapuchados, quienes los despojaron de sus bastones de mando, procedieron a secuestrarlos y posteriormente torturarlos.

La comunidad fue alertada cuando llegó el reemplazo de la guardia y encontró solo sus bastones, momento en que iniciaron su búsqueda; posteriormente, hallaron a los dos guardias colgados de un árbol. Aunque ambos miembros del pueblo Embera fueron golpeados, se encuentran en condición estable de salud.

Según el testimonio de Luis Campos, integrante de la Comisión de DDHH de la ONIC el rapto y posterior tortura se produjo a 500 metros de una base militar, y a una estación de policía ubicada a 5 km del resguardo. Sin embargo, no hubo presencia de fuerzas del Estado en el momento en que se alertó sobre el secuestro.

La ONIC no tiene indicios sobre quiénes pudieron cometer este delito, dadas las condiciones de luz que tenia el lugar en el cual ocurrieron los hechos. Pese a esto, ambos miembros de la guardia indígena señalaron fueron más de 4 personas encapuchadas que no se identificaron como parte de ningún grupo.

Hay zozobra en la comunidad

El cordón de seguridad al rededor de la escuela de La Delfina se estableció desde el 7 de junio, día en el que cerca de 130 familias se desplazaron a la parte baja del resguardo, -lugar en el que se encuentra la escuela- temiendo por sus propias vidas dado que, habían sido encontrados los cuerpos de dos miembros del pueblo indígena que, luego se confirmó, habían sido asesinados.

Hechos a los que se suman los impactos de bala contra una de las paredes de la casa en la que estaba la secretaria del resguardo y al atentado sufrido por el rector de la escuela de la comunidad.

En correspondencia con estos hechos, Campos cree que puede haber una correlación entre los atentados que han sufrido en La Delfina y los intereses de empresas como Ecopetrol, Ferrocarril del Pacífico, la Empresa de Energía del Pacifico y la doble calzada Buenaventura-Buga.  Razones por las que se puede ver afectada la permanencia de la comunidad en el territorio

Aunque la ONIC está a la espera de la realización de un Concejo de Seguridad, y se encuentran evaluando las diferentes medidas para garantizar la vida digna de todos los resguardos del pacífico, sigue la zozobra en la comunidad, pues, como lo asegura Luis: «No saben de dónde provienen las amenazas».

Fuente:http://www.contagioradio.com/violencia-contra-resguardos-indigenas-en-buenaventura-articulo-54298/

Con la militarización del territorio, con presiones de ejército y policía, la multinacional australiana METMINCO, que cuenta con filiales en Chile y Perú, busca presionar el desplazamiento forzado de 450 familias de mineros artesanales ubicados en la región de Miraflores, en el municipio de Quinchía, Risaralda.

Con la usurpación del territorio ancestral de la comunidad indígena Embera Karambá y de cientos de familias campesinas, la multinacional espera adelantar un inmenso proyecto de explotación minera que abarcará 6.043 hectáreas, lo que constituye el 80% del municipio de Quinchía, con un irreparable costo social y ambiental para la región.

Con una serie de estratagemas legales, en las que está involucrada la Agencia Nacional Minera, la Personería y la Alcaldía Municipal de Quinchía, se presiona por el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y campesinas. Con un amparo interpuesto por la multinacional METMINCO a la Agencia Nacional Minera se ordenó el cierre, la incautación de las herramientas de trabajo, y el desalojo de los mineros artesanales que han venido trabajando desde hace más de 150 años en la zona. Por otro lado, la multinacional ha realizado actividades de exploración con dinamita, lo que generó grave daño ambiental a la zona montañosa de Miraflores, entre ellos la destrucción de dos micro-cuencas que abastecían de agua a las veredas. Luego de los daños ambientales no se dio la suspensión de la licencia ambiental, por el contrario la multinacional presentó denuncia ante la Personería alegando alto riesgo de deslizamiento en la zona de Miraflores, daño que ellos mismos generaron, por lo que el 24 de mayo la Alcaldía Municipal de Quinchía ordenó el desalojo de 450 familias de la zona. Se quiere justificar el desalojo bajo la presunción de un posible deslizamiento de tierra, pero en realidad se trata de una estrategia legal para obligar al desplazamiento forzado de las familias, lo que permitirá iniciar en Miraflores las obras para la construcción de dos túneles exploratorios, cada uno de dos kilómetros de largo, al interior de la montaña.

Pero el drama del desplazamiento forzado en Quinchía no es algo nuevo, la planificación para la explotación del Bloque Aurífero del Cauca Medio, que involucra proyectos de explotación minera como el de La Colosa en Cajamarca, lleva décadas de planificación. Por un lado se encuentran los largos años de estudios de factibilidad técnica y financiera, la adquisición de los permisos y títulos legales de explotación que corresponden a 11 títulos mineros otorgados entre el 2008 y el 2013 pero, de manera paralela, se encuentran los procesos de violencia, las masacres y los asesinatos, para generar el desplazamiento forzado y el despojo de tierras de las comunidades indígenas y campesinas, necesarios para la realización de la explotación minera.

Como sucedió en casi todo el país, la intensa violencia paramilitar que se desató en Colombia de 1996 al 2003, funcionó como una maquinaria para el despojo de tierras y la posterior imposición de grandes megaproyectos. En el Chocó y el Urabá antioqueño la violencia antecedió la imposición de grandes cultivos agroindustriales de banano y palma de aceite, en el bajo Cauca antioqueño la violencia paramilitar antecedió la imposición de la Hidroeléctrica de Ituango, mientras que en Quichía las masacres y los asesinatos antecedieron la imposición del megaproyecto de explotación minera de oro y plata. Para mayo del 2002, el Frente Miraflores del Guáutica, adscrito al Bloque Central Bolívar, comandado por John Fredy Vega Reyes, alias “tiburón”, recorrió las veredas de Quinchía, en una acción paramilitar que dejó como saldo el asesinato de 6 campesinos. Pocos meses después, entre el 22 y el 25 de octubre del 2002, el mismo comando paramilitar asesinó a otras 9 personas por su paso por las veredas del Naranjal, entre ellos perdieron la vida dos indígenas de la comunidad Karambá. Luego del asesinato selectivo de 3 luchadores sociales en el 2003, y del desplazamiento masivo de la zona, la violencia obligó a que la Asociación de Mineros de Miraflores se viera obligada a “ceder” el título minero 010-87m a la Compañía Minera Miraflores, filial de la multinacional METMINCO.

La historia de sangre y despojo que se encuentra detrás de la imposición de la multinacional METMICO está directamente relacionada con la nueva victimización de las comunidades indígenas y campesinas en Quinchía, puesto que la “cesión” de los títulos de explotación minera del 2003, fue un acto ilegal e ilegítimo, no sólo por la violencia paramilitar que presionó tal cesión, sino porque los títulos originales fueron aportes del Gobierno Nacional a la comunidad y no son susceptibles de cesión alguna, por lo que la multinacional ha tenido que utilizar nuevos recursos para presionar el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas de Quinchía.

La orden de desalojo emitida por la Alcaldía Municipal de Quinchía se debía ejecutar para el 13 de junio del presente año, sin embrago, pese a la militarización de la zona, el desalojo no se concretó, por lo que las 450 familias de campesinos, indígenas y mineros artesanales se encuentran en un permanente estado de zozobra. Pese a sentirse amenazadas las comunidades de Quinchía se encuentran en pie de lucha en defensa del agua y el territorio, reclaman la solidaridad de todas las organizaciones sociales y populares, como de la opinión pública en general para seguir su lucha por su derecho al territorio después de siglos de permanencia.

Fuente:https://desinformemonos.org/multinacional-minera-amenaza-desplazar-450-familias-colombia/

La ONG internacional WWF explica la importancia de esta ley, que solo tiene cinco días para ser aprobada en el Congreso de la República.

Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros de WWF (en español Fondo Mundial para la Naturaleza), explicó los alcances de esta ley que podría marcar un hito en la protección del agua en Colombia.

Para Cabrera, es importante que el país tenga claridad sobre la importancia de gestionar esta ley que promueve la protección de 37 páramos en Colombia. Sin embargo, el experto aclara que, no extenderá la protección a los ecosistemas de alta montaña. 

«Estos páramos proveen de agua al 70% de la población en el país. Es urgente reglamentar esta ley que los blinda de grandes proyectos de desarrollo como: ganadería, agricultura y minería a mayor escala», indicó.

Si bien hay preocupación por ‘un riesgo para la subsistencia’ de quienes trabajan la minería, la agricultura y la ganadería en zonas aledañas al páramos, Cabrera añadió que esta reglamentación es solo para proteger los páramos. 

La Asociación de Municipios del Páramos de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la eventual aprobación de esta ley. 

González dijo que la ley, de ser aprobada, “va a extender la protección de los páramos a todos los ecosistemas de alta montaña, sin definir ni delimitar lo que es ‘alta montaña’. De tal manera de que si por este ecosistema se entiende lo que está por debajo de la línea de páramo, es decir, lo que está entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hablamos de una ley que afecta las actividades de por lo menos 60 por ciento de la población del país”.

Sin embargo, Cabrera insiste en que este proyecto es exclusivo para los páramos y  argumenta que los límites están siendo establecidos por el Instituto Humboldt, entidad que ya tiene el 70% de los páramos delimitados. 

La ley busca sistemas de reconversión económica en las comunidades que trabajan en los páramos, actualmente sin la posibilidad de acceder a créditos, dado que está prohibida la producción minera, de agricultura y de ganadería.

«Con este proyecto de ley se buscan alternativas para los campesinos. Habrá créditos para que se puedan hacer trabajos de campo en el páramo, pero en menor escala y se abre la puerta para el ecoturismo en esas zonas de forma responsable«, dijo.

Se espera que en los próximos días, los congresistas aprueben esta ley que protege a los páramos de actividades de alto impacto que ponen en riesgo el abastecimiento de agua.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/ley-de-paramos-no-extendera-proteccion-todos-los-ecosistemas-de-alta

El año 2017 significó importantes victorias para el movimiento social en defensa del agua, la vida y el territorio, entre las que se encuentra el rotundo no a la minería a gran escala por varios municipios vía consulta popular. Así como las sentencias de la Corte Constitucional que ratificaron la competencia de los municipios para ordenar las actividades mineras en sus territorios, los derechos bioculturales del río Atrato, el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos y las afectaciones de la expansión minera al arroyo Bruno.

A raíz del éxito notorio de la consulta popular de Cajamarca  y el auge de las consultas populares en el país, los sectores alineados con el modelo económico extractivista cuestionan la autonomía de los municipios.

La industria minera continúa  destruyendo territorios, donde no importa arrasar con la vida ni sacrificar la vida y la dignidad  humana,  amparados por la políticas públicas nacionales que desde una racionalidad economicista, niegan el principio constitucional de  autonomía territorial otorgado a los municipios para la reglamentación de los usos del suelo, el agua, la protección a la tradición campesina, la cultura indígena, la vida en comunidad, y la construcción de la visión de futuro de los terrarios. Derechos constitucionales que no son reconocidos por el Plan Nacional de Desarrollo Minero ni las multinacionales mineras.

Este es el caso de, la multinacional sur africana Anglo Gold Ashanti – AGA, que tiene varios proyectos en curso en nuestro país, entre ellos Gramalote, en San Roque; Quebradona, en Jericó y Támesis, ambos municipios antioqueños. Esta multinacional minera hizo pública su presencia en Colombia en el 2003. Hoy día opera a través de distintas filiales o tiene contratos de riesgos compartidos con otras mineras como Glencore, B2Gold, Greystar y Goldfields y es la empresa minera más grande de Colombia con 496 títulos en 20 departamentos con un área de un millón de hectáreas.

El actuar de la AGA  es conocido en el planeta, en 2005 Human Rights Watch (HRW) denuncia en su informe titulado La Maldición de oro, que Anglo Gold Ashanti le dio apoyo financiero y logístico al Frente Nacionalista e Integracionista (FNl) – un grupo armado al margen de la ley en el Congo – a cambio de favores políticos y logísticos. En el 2008 la multinacional fue denunciada en Teberebie, Ghana, por contaminación de agua y adueñándose de ella y de las tierras en la zona, causando graves afectaciones ambientales y a la salud humana, además fue acusada de tortura a personas de las comunidades que se oponían a la minera. Por estas prácticas obtuvo el premio Public Eye Award, o “Premio a la vergüenza” que otorga Green Peace a empresas con flagrantes abusos a los derechos humanos y crímenes medioambientales.

El conflicto por la extracción de minerales no es nuevo en el suroeste antioqueño. Desde que la empresa llegó a la región ha generado  resistencia. El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza esta empresa  en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó. Habitantes de la zona manifiestan que que la AGA hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Es de resaltar que, en junio de 2017, el Concejo Municipal de Jericó, mediante Acuerdo tomó la decisión de prohibir la minería en su territorio, sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria, desconociendo la demanda justa y constitucional tanto del Concejo Municipal como de su alcalde, quienes recogen el sentir de la población que reivindica la vocación agrícola de la región y la urgencia de proteger y preservar su entorno natural.

El actual proyecto minero Quebradona, se espera que sea el primer proyecto de minería de oro, cobre y plata a gran escala en Colombia, el cual hace parte de una alianza entre la multinacional Anglo Gold Ashanti con el (51%) y B2GoldCorporation (49%). El gobierno colombiano lo ha declarado como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES- por lo cual se está facilitando el desarrollo del mismo y se promueve como un gran generador de empleo y desarrollo. Pero esta situación se contrasta con el temor de la población antioqueña de perder su territorio sagrado para la vida.

Por eso, desde el 7 de mayo del presente año, campesinas y campesinos de los municipios antioqueños de Jericó y Támesis vienen ejerciendo su derecho a la movilización pacífica para impedir la entrada de la multinacional a su territorio, teniendo como respuesta la represión violenta por parte de la Fuerza Pública. Este 10 de mayo, encabezado por las organizaciones sociales del suroeste y el Obispo de Jericó, monseñor Noel Londoño, los manifestantes le dijeron NO a Anglo Gold Ashanti, NO a la megaminería metálica y SÍ al agua, a la vida y a la biodiversidad de su territorio.
Hoy llamamos a los movimientos sociales para que continuemos nuestro camino de lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio, a abrazar las montañas del suroeste de Antioquia, para en una sola voz decir: ¡Queremos Territorios Sagrados para la Vida! ¡Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!
¡Si se pudo con la Colosa se puede con cualquier cosa!

Fuente:http://censat.org/es/analisis/la-anglo-gold-ashanti-en-el-suroeste-antioqueno-8408