Colombia

Por falta de recursos, suspendieron consulta popular minera en Salento

“Se está a la espera de que se defina cuál es la entidad encargada de asumir los costos de la consulta”, aseguró el alcalde de Salento.

A raíz de la falta de recursos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, decidió suspender la consulta popular minera, que estaba programada para el próximo 15 de julio.

Por medio del decreto 063 de julio de 2018, el mandatario acogió la solicitud hecha por la entidad electoral.

“Habiéndose surtido las actuaciones pertinentes y necesarias por parte del municipio, el pasado 26 de abril de 2018 se recibió una comunicación firmada por el director de gestión electoral en la cual solicita la suspensión, mediante decreto, del mecanismo de participación ciudadana previsto para el 15 de julio del mismo año”, dice el documento oficial.

Afirma que los argumentos del funcionario tienen que ver con la falta de recursos de la autoridad electoral. “Se está a la espera de que se defina cuál es la entidad encargada de asumir dichos costos”.

Según Galvis Bedoya, la situación se estudió durante el comité de garantías electorales, que se desarrollo en mayo, al cual asistieron funcionarios de la gobernación, la fuerza pública, los organismos de control, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

“La Registraduría precisó la imposibilidad material y absoluta de efectuar los comicios electorales. Frente a lo anterior, se hace necesario suspender la consulta popular hasta tanto se defina a quién le corresponde asumir la financiación de la misma”.

TAQ dio vía libre

En abril de este año, el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, dio vía libre a la realización de la consulta de megaminería en Salento por medio de un fallo.

La autoridad declaró constitucional la pregunta de la consulta popular, que busca indagarle a los salentinos si están de acuerdo, o no, con que se desarrollen actividades de minería en el ‘Municipio Padre’.

Así, se consideró que los habitantes de Salento podrán asistir a las urnas para responder el siguiente interrogante, “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”

La pregunta fue aprobada en un fallo de 14 páginas cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Botina Gómez, quien confirmó que el proceso está ceñido a las normas constitucionales y los municipios tienen competencia para decidir sobre la conveniencia, o no, de realizar actividades mineras en su suelo.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por-falta-de-recursos-suspendieron-consulta-popular-minera-en-salento-cronica-del-quindio-nota-121759

Colombia

Procuraduría alerta grave situación ambiental por explotación minera en Santander

El Ministerio Público informó de la situación de riesgo ambiental que se podría presentar sobre el río Mogoticos (Santander) pues al parecer, dos de las licencias de explotación minera se encuentran en un área de protección ambiental especial.

El Ministerio Público advirtió a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Corporación Autónoma Regional de Santander del riesgo ambiental al que podrían enfrentarse por las irregularidades en el manejo de siete títulos y cuatro licencias de explotación minera sobre el río Mogoticos en la región de Santander.

La Procuraduría señaló que, según las constantes quejas y alertas de la comunidad y miembros del concejo municipal de Mogotes, la explotación se está haciendo directamente en el cauce del río. Razón por la cual, el Ministerio Público solicitó un análisis detallado de los incumplimientos reiterados registrados en el Código de Minas.  

Al parecer, según  lo confirmó el ente de control, dos de las licencias de explotación minera se encuentran en un área de protección especial. Lo que constituye a una falta en las normas establecidas por el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio.

Tras la realización de una visita a la zona el Ministerio Público informó que como no se están cumpliendo los lineamientos y las normativas ambientales respectivas, la explotación ha causado que desciendan los niveles del lecho del cauce del río.

“Estas franjas se deben construir con un ancho de 5 metros, por un largo variable y con una profundidad de excavación de 2 metros, aprovechando la energía de la corriente en algunas épocas del año, y de manera inducida se depositan las arenas y gravas sin causar ningún daño a la rivera del río Mogotes”, señaló la Procuraduría que, además afirmó que cuando se otorgan las licencias las autoridades deben corroborar que se cumpla con la normativa que regula la explotación en el cauce.

Finalmente, el Ministerio Público enfatizó en la importancia de regular esta situación de riesgo ambiental cuanto antes, pues el río Mogoticos hace parte de la reserva forestal de páramos de Guantiva y La Rusia.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-alerta-grave-situacion-ambiental-por-explotacion-minera-en-santander-articulo-798354

Colombia

Pronunciamiento de Acción Urgente Comunidades Indígenas de Colombia ante oleada de asesinatos

Unidad, resistencia y movilización frente a la muerte

Pronunciamiento de las Comunidades Indígenas 
Cxhab Wala Kiwe ante los recientes hechos en el país
 
Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los dos compañeros guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velásquez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio, se contaron, en un periodo menor a 24 horas, dos líderes sociales asesinados Julio Sucerquia y José García en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al río Cauca. El 28 de junio, fue asesinado el líder campesino Carlos Idrobo en la zona de El Patía, al sur del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Ayer, 2 de julio, fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.
Hoy despertamos con la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con tiros de gracia en una de las vías de la zona rural del municipio. Pocos días antes, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una “limpieza”. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a dos líderes sociales: Felicinda Santamaría en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico.
Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es difícil al país dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los líderes asesinados serán sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen.
Las comunidades indígenas de Cxhab Wala Kiwe somos conscientes de los cambios que sufre el país y el camino de destrucción que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todavía no ha tomado posesión el presidente electo, por el territorio nacional ya se extiende en la práctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado. El pasado 1° de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras en el que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo; en esta ocasión, el proyecto político-electoral MAIS y sus integrantes también fueron blanco de amenazas, siendo señalados con el invento retórico del “castrochavismo”. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados.
Con este panorama, entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitado por la silente complicidad de los medios masivos de comunicación. Unido a esto, se termina de conformar un bloque político cuyo objetivo es lograr “hacer trizas” los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya está tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el capítulo más largo del conflicto en Colombia.
El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposición de la erradicación forzada y armada, son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del capítulo étnico en relación principalmente a la Reforma Rural Integral; pero con mayores consecuencias aún, propiciaron la castración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidación territorial: primero los muertos, luego los proyectos, en seguida las multinacionales extractivistas y por último el “progreso”.
Sabiendo lo que debemos confrontar y manteniendo nuestro proyecto político en alto, exigimos el respeto a nuestras autoridades ancestrales y al ejercicio de gobierno propio en nuestros territorios ancestrales. Reiteramos el urgente llamado a la comunidad internacional que incida en la necesidad de acciones eficaces del Estado colombiano y el gobierno nacional para detener los niveles elevados de violencia contra defensores de Derechos Humanos. Por otro lado, es urgente la intervención de los organismos de control sobre las acciones del gobierno nacional en torno a su papel de garante de la vida, la integridad y la libertad de los colombianos, unido a la acción eficaz de los organismos de investigación y justicia para determinar responsabilidades intelectuales y materiales del exterminio de líderes sociales. La impunidad de los casos sigue siendo el más perfecto ambiente de continuidad de violencia contra las comunidades.
Finalmente, estamos convencidos que lo anterior amerita la unidad de los procesos sociales y populares del país, para afrontar esta nueva ola de violencia, rodear la implementación de acuerdos, la mesa de diálogos y salvar la paz. El pueblo colombiano debe entender que la movilización es su principal herramienta de resistencia ante la atrocidad, la impunidad y el olvido.
 
SOLICITUD DE ACCIÓN URGENTE:

3 de julio de 2018

Desde Catalunya se lanza el comunicado de un colectivo Col.lectiu Maloka Colombia:
 
PREOCUPACIÓN Y ALERTA POR COLOMBIA
 
Mucha preocupación y un estado máximo de alerta generan las amenazas y las muertes que se multiplican estos días en Colombia  y que afectan a todo el movimiento social y democrático después del resultado electoral que ha llevado a la presidencia al candidato uribista Iván Duque.
 
Sólo en la última semana son siete los líderes sociales asesinados y hoy se reporta una masacre de otras siete personas en el departamento del Cauca. 
 
Pese a los ocho millones de votos por una Colombia Humana se ha logrado imponer el aparato paramilitar y la perspectiva para las organizaciones sociales colombianas es realmente preocupante.
 
Desde Catalunya alzamos nuestra voz solidaria y alertamos a la comunidad internacional a acompañar y a defender los frutos de un proceso de paz que nos había puesto en el camino de la esperanza.
 

Por un Colombia verdaderamente humana.
Fuente:https://pactomundialconsciente.blogspot.com/2018/07/pronunciamiento-indigena-cauca-frente.html?m=1
Colombia

Exdirectivo de AngloGold no aceptó cargos por daño a recursos naturales e invasión de áreas especiales

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del exrepresentante legal de AngloGold Ashanti, Cris Lodder Andrea, por los presuntos delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Los hechos por los que se le acusan habrían ocurrido entre el 18 de enero de 2007 y el 21 de febrero de 2008 en el área de reserva forestal ubicada en las veredas La Luisa y La Paloma del municipio de Cajamarca.

Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Además, durante la diligencia, el juez 27 penal municipal con funciones de garantías de la capital decidió no acoger la medida de aseguramiento contra Lodder, por lo cual continuará vinculado al proceso en etapa de acusación.

En esta misma audiencia, el juzgado reconoció la personería jurídica en condición de representante de víctimas al director de Cortolima, Jorge Cardoso. Hecho que fue calificado por el funcionario como un gran logro.

Este es un logro que dignifica el territorio y en especial los más de 650.000 pobladores ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río Coello“, precisó.

AngloGold Ashanti es una compañía extranjera que inició operaciones en el 2007 y solo un año después obtuvo los permisos del Gobierno Nacional para adelantar estos trabajos, razón por la cual, la Fiscalía los señala como responsables, a título doloso, del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Fuente:http://www.elolfato.com/exdirectivo-de-anglogold-no-acepto-cargos-por-dano-a-recursos-naturales-e-invasion-de-areas-especiales/
Colombia

Arbitraje de Gran Colombia Gold contra Colombia, amenazas medioambientales y Derechos Humanos

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense Gran Colombia Gold contra Colombia en la que reclama 700 millones de dólares relacionada con la cesión de un título minero a las comunidades locales para explotar la minería a cielo abierto, tras una pugna de más de una década con la denuncia medioambiental y de Derechos Humanos como protagonistas.

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

La cesión del título minero en la parte alta del cerro El Burro, dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera canadiense Gran Colombia Gold, terminó con la decisión de la Corte Constitucional de Perú de suspender la actividad de la multinacional canadiense en la zona hasta que se realizara una consulta previa con las comunidades locales.

El tribunal se apoyó en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y, a través de esta decisión, dio vía libre a los pobladores de Marmato para que explotaran el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, actividad que supone el 80% de su economía.

Amenaza medioambiental y pugna local

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación de las minas del cerro El Burro a cielo abierto. Según informaciones publicadas en la prensa, alrededor de 5.000 familias vivirían de la minería a cielo abierto, lo que representa el 80% de la economía local (

Asimismo, la presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Recursos de oro y plata 

Según la información proveída por Gran Colombia Gold, el Proyecto Marmato contiene recursos totales estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y casi 90 millones de onzas de plata ubicadas en el departamento de Caldas, en el corazón del distrito de oro del Medio Cauca.

En 2012, la Compañía identificó una nueva zona profunda que contiene aproximadamente 300 millones de toneladas de mineralización potencial.

Fuente:http://ciarglobal.com/arbitraje-de-gran-colombia-gold-contra-colombia-amenazas-medioambientales-y-derechos-humanos/

Colombia

Minesa tiene listo el nuevo Estudio de Impacto Ambiental

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

«Se tuvieron en cuenta los comentarios de la ANLA. Hay una evaluación más profunda del proyecto y se diseñó un plan de manejo ambiental que aportará a las comunidades de California y Suratá», destaca un documento interno de la compañía.

Minesa había retirado el primer estudio presentado ante las instancias del gobierno nacional lo que generó muchas interpretaciones.

En el documento conocido por Caracol Radio se advierte que «Minesa pasa de ser un proyecto de ingeniería para transformarse en un abanderado de la minería sostenible».

A la par se conoció que Darren Bowden, el CEO de la empresa renunció a su cargo, luego de dos años de trabajo. Se encargó de forma temporal a Mauricio Cuesta como CEO de la empresa.

«Pueden estar seguros de la continuidad del proyecto y de las operaciones diarias» destaca en un comunicado interno Ahmed Yahia Al Idrissi, presidente de la junta directiva de la compañía.

Colombia

Antioquia aún no logra erradicar el mercurio

En 13 días, en Colombia y Antioquia deberá estar eliminado por completo el uso de mercurio en la minería, según la meta que se trazó el Gobierno Nacional con la Ley 1658 de 2013.

Pero el objetivo está lejos de cumplirse. Dora Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, aseguró que este es el departamento que más ha avanzado en la sustitución de este material, pero reconoció que la meta aún no se ha logrado.

“En los mineros formales —los que tienen título de explotación— los avances son muy grandes. En junio nos reunimos con ellos y de 1.300 sólo 8 continuaban usando mercurio. Pero nuestra gran preocupación es la minería informal, sin título, ancestral, que no tiene muchas alternativas para reemplazarlo”, dijo.

Según los cálculos de la Secretaría de Minas, hay 15 proyectos en ejecución para hacer más responsable la minería, y con ellos se dejarán de emitir 7,2 toneladas de mercurio cada año. A la fecha, 1.000 mineros del departamento se han formalizado para acceder a estas nuevas tecnologías.

Pero Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), criticó que a dos semanas de que se cumpla el plazo legal, apenas un municipio del país ha definido cuáles son las áreas industriales donde se permitirá la minería. “Ese es uno de los retos de la ley, decir dónde será legal hacer minería. El otro problema es que apenas la semana pasada empezaron a hacerse eventos para explicarles a los mineros cómo pueden trabajar con mercurio”, señaló.

El contrabando crece

En Antioquia, la ordenanza 024 de 2017, aprobada por el gobierno local para cumplir con la ley del mercurio, prohibió la comercialización e importación de ese material para minería.

Sin embargo, el elemento se sigue consiguiendo en los mercados. “Lo que pasó es que subió entre 20 y 30 % más, porque ahora la venta la controlan los grupos ilegales”, reconoció Gómez.

De hecho, el pasado 24 de mayo, en Urabá se interceptó un camión que llevaba 272 kilos de mercurio, avaluados en $250 millones. Ese día, el coronel Gerson Fajardo, comandante de Policía de la zona, dijo que esa cantidad de material era suficiente para sacar oro durante un año en un entable mediano.

Según la Policía, ese es el cargamento más grande decomisado en el último año en Antioquia.

Avance pueblo por pueblo

Pedro Correa, barequero de Puerto Valdivia, reconoció que el precio del mercurio subió, pero dijo que seguirá usándolo. “No sé en cuánto esté el precio, porque desde que nos evacuaron (por el riesgo de avalancha en Hidroituango) no he podido volver al río. Pero no tengo plata para comprar entables y no conozco otra forma de sacar oro”, dijo.

La Secretaría de Minas de Antioquia informó que el acompañamiento para la sustitución de tecnologías se ha hecho poco a poco: ya se tiene una planta de procesamiento de oro sin mercurio desarrollada con biotecnología por estudiantes de la UPB que están a la espera de una patente. Según Balvin, con esa inversión de $2.857 millones se beneficiarán 15.000 mineros de Remedios y Puerto Berrío.

Otro de los logros que destaca la funcionaria es la instalación de 14 unidades de beneficio (entables) con tecnologías limpias y la capacitación de 500 barequeros que las están usando en Segovia, Remedios, Amalfi, Cáceres, Tarazá, Anorí y Barbosa. “Con ellos estamos eliminando unas dos toneladas de mercurio cada año”, indicó.

En Abriaquí, además, Balvín informó que se habilitó un sistema nanotecnológico que reduce el uso de mercurio y reemplaza en 80% el cianuro.

Y en Segovia se trabaja en la creación de un centro industrial minero para 272 unidades mineras (cada una con entre 10 y 15 personas) que permitirá procesar oro limpio a los barequeros formalizado.s.

Conalminercol dijo que estos esfuerzos son insuficientes, porque aún son cientos los mineros que no tienen cómo pagar el acceso a otros sistemas de extracción..

 Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-aun-no-logra-erradicar-el-mercurio-YM8943247
Colombia

DOCUMENTAL «NOS ESTÁN MATANDO»

«NOS ESTÁN MATANDO», UN DOCUMENTAL SOBRE EL ASESINATO DE LIDERES SOCIALES.

Dos cineastas extranjeros y un productor colombiano acompañaron por más de un año a dos líderes sociales del norte del Cauca amenazados de muerte. El objetivo: ponerle rostro al fenómeno que afecta al país con más intensidad desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Ya han muerto más de 200 líderes, advierte el audiovisual.

Bien podría decirse que el documental, “Nos están matando”, es un grito de auxilio de los miles de líderes sociales que viven en los territorios donde otrora se desarrolló la guerra entre las Farc y el Gobierno. Es un documento que pone al desnudo la vida cotidiana de un defensor de derechos humanos en Colombia. En este caso, las historias del líder indígena, Feliciano Valencia, y la del líder afrodescendiente, Héctor Marino Carabalí. Las dos, cargadas de resistencia y peligro.

Los lentes de Tom Laffay y Emily Wright recorrieron las planicies del norte del Cauca. Las tierras anegadas de cultivos de caña, y de indígenas y negros que siguen reclamando esos territorios como suyos, enfrentándose con los empresarios azucareros. Luego, treparon a la cordillera central, a las montañas de Corinto, para registrar el funeral del líder indígena Eder Cuetia Conda, la trágica y cruda escena con la que se inicia este documental. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crudeza?

El cineasta Laffay, quien lleva dos años radicado en Colombia, explicó que el objetivo del audiovisual justamente es ese: transmitir el dolor y la resistencia de los líderes sociales en Colombia, desde los territorios donde libran batallas para impedir que su país retorne a la violencia. “En los medios internacionales no se habla del tema, porque en Colombia el interés de la paz está enfocado en la desmovilización de las Farc. Y está bien, porque eso es clave para el proceso de paz. Sin embargo, quienes tienen que cargar con la responsabilidad de construirla son los líderes sociales y ellos son los que están siendo asesinados. Por eso, este documental es un grito de auxilio”, dice.

Un grito de auxilio para buscar a los responsables de los homicidios. Emily Wright dice que los culpables no son únicamente los grupos armados ilegales. “La pregunta debería ser sobre la tierra: quién la posee y la controla. Durante la guerra, grandes extensiones de tierra fueron ocupadas por rancheros, empresarios de la palma y el banano, narcotraficantes y grupos armados, que ahora tienen poco interés en renunciar a ella. El acuerdo de paz prevé la devolución de la tierra a los agricultores que una vez la poseyeron, pero los activistas que persisten en ello a menudo son vistos como una amenaza a los intereses económicos”.

Advierten en el documental que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 200 líderes. “El audiovisual está concentrado en el norte del Cauca, pero es una muestra real y contundente de lo que está pasando con esta población en todo el país. Hemos identificado que el departamento es una de las regiones de mayor riesgo en Colombia para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, se registraron 34 hechos violentos y fueron asesinados siete líderes sociales”, cuenta Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la organización de Derechos Humanos que acompañó el proyecto.

Héctor Marino Carabalí, uno de los líderes protagonistas de esta historia, explica cómo se han fortalecido las organizaciones sociales en el norte del Cauca, indígenas y afros, que, a pesar de las amenazas de muerte, siguen unidas por sueños comunes. “Tenemos que atrevernos y ser más visibles para blindar nuestra integridad física. Este documental significa mucho para nosotros, porque es un documento que recoge la memoria interétnica del movimiento indígena y afro, porque con ellos compartimos territorios, vivencias, momentos de dolor, pero también, construimos sueños en este devenir que nos han legado nuestros ancestros en medio de las adversidades, asesinatos y amenazas que no paran”.

Carabalí aparece en una camioneta blindada y junto a dos escoltas que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (Unp). Así le protegen la vida de las amenazas de grupos neoparamilitares en la zona. Sin embargo, advierten los documentalistas y el propio Carabalí, que muchos líderes aún están desamparados y por eso exigen la implementación de la protección colectiva para estas comunidades.

Tom Laffay así lo advirtió, tras grabar a Carabalí en reuniones en el norte del Cauca, junto a varios integrantes de la Guardia Cimarrona. Igualmente habló con Feliciano Valencia sobre la Guardia Indígena. “Sé que el Gobierno hace un esfuerzo importante a través de la UNP para proteger a los líderes, pero creo que debe avanzar en reconocer y legitimar a las guardias étnicas, indígenas y cimarronas, que son grupos de personas desarmadas que pueden defender de manera colectiva estas subregiones de Colombia”.

El documental fue producido por estos dos cineastas, acompañados del productor colombiano, Daniel Bustos Echeverry, con quien cubrieron protestas en el sur del país e hicieron entrevistas en el transcurso de un año. “Vale la pena mencionar que teníamos otro personaje, pero decidimos cortar su historia de la película final por la seguridad del líder y la de su familia”, explica Laffay.

El prelanzamiento del audiovisual se realizó en abril pasado en la Universidad del Tolima en Ibagué, con estudiantes que debatieron del tema al final de la proyección. Es que ese es precisamente el objetivo de “Nos están matando”, que se convierta en una herramienta periodística y de memoria, alrededor de la cual las comunidades conversan y debaten sobre el fenómeno. Y, también, toman decisiones de cómo actuar frente a quienes quieren silenciarlos.

El documental también se publicó en medios de comunicación de Estados Unidos y promete llegar a otros países de Norteamérica, para que la comunidad internacional se enteré de las dolencias, sacrificios y dolores que padece la sociedad civil colombiana en la búsqueda de construir un país en paz, concluye Laffay.

 

Colombia

Recursos para proteger los páramos irían a la paz

Mientras el país estaba concentrado en el Mundial, en el Congreso se jugaba un partido que buscaba la aprobación, casi a pupitrazo, de leyes en un legislativo que está en sus últimos días. Una de esas fue la ley “gestión integral de páramos”, la cual está pendiente de la sanción presidencial.

Aunque en general la ley está planteada para conservar estas áreas protegidas de los usos de la minería, hay varios artículos que generan polémica ya que para los ambientalistas y para las Corporaciones Autónomas Regionales se trata de “micos”.

El más cuestionado es el artículo 26 que establece que el recaudo al impuesto al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP). Según la ley, el 90 % del recaudo del impuesto nacional al carbono irá a este fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto.

“Estos recursos se entregarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente”. Además, “el 10% se destinará a la conservación de páramos” y serán manejados por el Fondo Nacional Ambiental.

La ambientalista Sandra Vilardy se preguntó: ¿terminaron los recursos para la adaptación al cambio climático y la restauración de ecosistemas subsidiando la implementación del Acuerdo de paz? Como dicen por ahí vendiendo el riñón para hacer la diálisis”, dijo la experta.

También llamaron la atención las Corporaciones Autónomas Regionales (ver recuadro), las cuales a través de un comunicado conjunto entre Corpourabá, Cornare y Corantioquia explicaron que el artículo 24 tiene una redacción confusa y que genera gran preocupación para las autoridades ambientales, “porque no clarifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las corporaciones”.

Con la modificación, explicaron las CAR, se establece que una parte de los recursos provenientes de transferencias y tasas que actualmente perciben las corporaciones, serán transferidos también al Fondo Nacional Ambiental y, con esto, “se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las corporaciones al trasladar el manejo de recursos”.

A esto se le suma que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán aseguró que la nueva ley tiene en vilo a pueblos como Vetas, California, Charta, Tona, Suratá y Matanza, que dependen completamente de la minería tradicional, ya que deja en firme la prohibición de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en los páramos.

Así lo estableció el artículo 5 que prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, así como las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas.

La iniciativa también obliga al Gobierno a “implementar programas de reconversión o reubicación de pequeños mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida”.

Las empresas o las personas que incumplan estas disposiciones tendrán una multa de hasta 5 mil salarios mínimos, es decir, 3.906 millones de pesos y el decomiso de los implementos.

Según el representante Luciano Grisales, ponente de la iniciativa, el propósito de esta ley, efectivamente, es que queden prohibidas las actividades de explotación minera en los 30 páramos delimitados.

Ahora bien, en términos generales uno de los puntos a favor de la ley es que se deja claro que desde ahora se delimitarán estos ecosistemas “con base en el área de referencia generada por el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt”, lo que brinda al Gobierno un criterio científico como dice el experto ambiental, Manuel Rodríguez.

“Este es un gran avance porque para cambiar la delimitación del páramo el gobierno, en este caso el Ministerio de Ambiente, solo podrá cambiar los límites con un criterio científico que en este caso lo aporta una entidad que no tiene nada que ver con ninguno de los poderes públicos”, dijo Rodríguez.

El Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/recursos-para-proteger-los-paramos-irian-a-la-paz-HM8943845

Colombia, Internacional

Minería submarina: una carrera hacia el abismo

A cinco kilómetros de profundidad, bajo la superficie azul oscura del océano Pacífico, entre Hawái y la costa oeste de Norteamérica, hay un lugar que puede describirse como la próxima Arabia Saudí de la minería submarina. Allá abajo, en medio de masas de agua fría y negra como la tinta, yacen trillones de rocas del tamaño de papas que se extienden casi tocándose a lo largo de miles de kilómetros sobre el suave fango del lecho marino.

Se llaman nódulos polimetálicos porque están compuestos de cobalto, níquel, cobre y manganeso, los metales más críticos en la fabricación de baterías para teléfonos móviles, autos eléctricos, turbinas de viento, paneles solares y muchas otras tecnologías y dispositivos sin los cuales la próxima generación de energías renovables será completamente imposible de concebir.

Si para el año 2050 la población global habrá aumentado a 9,8 mil millones, como auguran las Naciones Unidas, la demanda de estos metales será realmente urgente. Especialmente teniendo en cuenta que el 66% de la gente vivirá en áreas urbanas. La demanda global de níquel, por ejemplo, es ahora de dos millones de toneladas anuales. Para 2030 necesitaremos al menos el doble. Pero en tierra firme solo quedan 76 millones de toneladas. Con el cobalto la historia es parecida, excepto que el 60% de las reservas están encerradas en la inestable República Democrática del Congo, donde además la minería involucra a niños.

Tecnología madura

Durante el último medio siglo, una serie de exploradores y mineros han tratado por todos los medios de ir hasta el fondo del mar para recolectar estas piedras metálicas que a simple vista semejan trozos de carbón e inicialmente fueron traídas a la superficie por el buque oceanográfico HMS Challenger entre 1872 y 1876. El problema siempre fue desarrollar las tecnologías que hicieran eficiente y seguro operar a esas profundidades aplastantes: a -6 mil metros la presión es 600 veces mayor que la presión al nivel del mar, un obstáculo gigantesco para funcionar permanentemente en el fondo.

Pero ahora, tanto la tecnología como el marco regulatorio han madurado de tal forma que, para bien o para mal, estamos en el umbral de la nueva y contenciosa era de la minería abisal.

El punto cero se llama la zona de fractura Clarion Clip-perton, o CCZ, un área de 4,5 millones de kilómetros cuadrados (más grande que la India) en aguas internacionales, lejos de la jurisdicción de ningún país. Según algunos estimados, esta zona contiene más cobalto, níquel, cobre y zinc que todos los depósitos terrestres combinados.

En mayo del año pasado, un robot de acero reforzado del tamaño de una camioneta y con la electrónica protegida entre capas de aceite se convirtió en el primero en bajar a explorar la CCZ en 40 años. El Patania I, de la empresa Global Sea Mineral Resources, una subsidiaria de la compañía de dragado belga Deme (Dredging, Environmental & Marine Engineering), está abriendo el camino para los mineros del abismo. Habiendo salido airoso de varias pruebas básicas de diseño, le prepara el terreno a su sucesor, el Patania II, que en 2019 recibirá órdenes más complejas, incluyendo la de tener que recolectar los nódulos de forma totalmente autónoma.

“Luego ensayaremos un prototipo comercial que tendrá que trabajar en el fondo 24 horas, 7 días a la semana, durante varios años, no solo recogiendo los nódulos, sino enviándolos a la superficie a un buque que luego los llevará a puerto para ser procesados. Y hacerlo solo usando los datos geológicos y batimétricos que tendrá instalada en su cerebro y los algoritmos que están siendo diseñados ahora mismo para ello”, dice Kris van Nijen, el director general de Global Sea Mineral Resources.

Pero ahora, tanto la tecnología como el marco regulatorio han madurado de tal forma que, para bien o para mal, estamos en el umbral de la nueva y contenciosa era de la minería abisal

Recolectar nódulos polimetálicos es solo uno de tres tipos de minería abisal. Los otros dos métodos, mucho más controversiales, son, primero, la excavación de costras de cobalto que se forman en las rocas de las laderas de los montes submarinos. Segundo, la extracción de los depósitos masivos de sulfuros, que son trozos de metales generados en las fisuras o chimeneas hidrotermales que existen a lo largo de las cadenas de volcanes abisales.

De todos modos, existen varias preocupaciones ambientales relacionadas con la recolección de los nódulos, y los científicos están trabajando con la industria minera (lo cual no se había visto en el inicio de otras minerías) para entenderlas. Las rocas están a flor de piel, semienterradas en camas de fango muy fino. Pero hay una multitud de pequeños organismos creciendo sobre ellas y sobre el lecho marino que aún no han sido descritos por la ciencia.

El proceso de recuperación de los nódulos destruiría localmente esos organismos, así como las vibraciones y otros impactos mecánicos. Pero la preocupación principal es lo que sucede con el penacho de sedimentos en el lugar de la extracción. Los científicos y las empresas mineras están estudiando juntos la física de esas lentas corrientes del fondo y el impacto de los sedimentos desprendidos en la ecología abisal.

Regalías y regulaciones

El tercer componente de esta naciente industria es la parte regulatoria, a cargo de una organización intergubernamental llamada Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por su sigla en inglés). La jurisdicción de la ISA, que tiene su sede en Jamaica, cubre el lecho marino de todo el planeta que está fuera de la Zona Económica Exclusiva de las naciones. En otras palabras, el 54% del fondo de todos los mares del globo. Estas áreas y sus recursos minerales están designados como la herencia común de la humanidad, algo así como la Antártida o la Luna. Eso significa que la ISA tiene el mandato de las Naciones Unidas de recoger regalías de la minería submarina profunda para distribuir los beneficios “entre los países en vías de desarrollo que no pueden explotar esos recursos por sí mismos”.

Su función es conceder los permisos de exploración y eventualmente explotación, basándose en un complejo código de regulaciones que está siendo terminado de bosquejar en estos momentos para darles un norte a los contratistas, países miembros y organizaciones observadoras integrantes de la ISA.

“Este es un experimento muy interesante en relaciones internacionales, y nosotros somos el único ejemplo de una organización que debe funcionar de esa manera y, eventualmente, generar ganancias para toda la humanidad”, explicó recientemente Michael Lodge, el secretario general de ISA. “Hasta el momento hemos dado 29 contratos para proyectos de exploración que involucran a 22 países, no solo para nódulos de manganeso, sino costras de cobalto y depósitos masivos de sulfuros”.

Para ganar un contrato, los gobiernos o empresas privadas deben ser apoyados por un país que sea miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Las rocas están semienterradas en camas de fango muy fino. Pero hay una multitud de pequeños organismos creciendo sobre ellas y sobre el lecho marino que aún no han sido descritos por la ciencia

“Colombia, incidentalmente, no ha ratificado esta convención”, asegura el biólogo marino Christian Díaz-Sánchez, quien tuvo la oportunidad de hacer un internado en Kingston, capital de Jamaica, con la ISA, investigando este futuro minero en los fondos submarinos. “A mí me parece que hay que hacer la minería en consenso y con pleno conocimiento para la toma de decisiones. Pero lo que estoy encontrando es que la participación en algo tan trascendental no está siendo equitativa. Es decir, Suramérica no tiene excusa: debería consolidarse para formar un bloque cooperativo entre los países de la región que permita el desarrollo efectivo y balanceado en relación con el uso y la conservación de los recursos más allá de las jurisdicciones nacionales”.

Para Díaz-Sánchez, que trabajó en la Comisión Colombiana del Océano y el Programa Antártico Colombiano, es hora de que nos preguntemos cuál es nuestra responsabilidad para con el planeta y las futuras generaciones.

“Hay modelos que muestran que podemos reutilizar estos metales preciosos a una tasa muy eficiente si queremos. Entonces, piense de dónde viene su bienestar y dígase: ¿qué tan dispuesto estoy a reutilizar este teléfono o a comprar uno totalmente nuevo, sabiendo lo que hay que sacrificar para obtenerlo?”, concluye el experto.

Fuente:http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/la-mineria-submarina-es-posible-gracias-a-los-avances-tecnologicos-237820