Ahora que Gustavo Petro, detractor de la minería en el Páramo de Santurbán, ha perdido en la contienda electoral, los demás detractores nos preguntamos cuál será la suerte que correrá nuestro páramo en el gobierno de Iván Duque. En este contexto, conviene volver la vista sobre “Los fantasmas del Páramo”, del escritor Luis Álvaro Mejía.

Con este título, Ediciones UIS presentó el año pasado su colección Avioncito de Papel, orientada hacia la literatura para niños, o literatura infantil, como también se le suele llamar. No voy a entrar en controversia acerca de esta definición. Solo señalo aquí que, desde mi punto de vista, la literatura para niños no es sino la literatura que, más por el tratamiento de su escritura que por sus temáticas, puede ser leída tanto por un niño como por un adulto, y a los dos puede resultarles atractiva y provechosa.

Es este el caso de “Los fantasmas del Páramo”, un libro que puede encantar, en términos literarios, tanto a un niño como a un adulto, y que, por otra parte, a los dos los puede invitar a reflexionar acerca del problema de la minería en el Páramo de Santurbán. En la obra, acompañada por unas pertinentes ilustraciones, un grupo de fantasmitas, dedicados al bello oficio de producir agua, se enfrentan a las máquinas gigantes que amenazan con destruir su Páramo. Al tiempo, en esta otra realidad, no tan apartada de la ficción del libro, algunos santandereanos nos reunimos, debatimos y marchamos en defensa de nuestro Páramo.

En este punto, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿es un desacierto tratar temas políticos en la literatura para niños? Si usted, estimado lector, respondió a esta pregunta de manera afirmativa, permítame invitarlo a revisar cualquier libro de literatura para niños. Si tras una segunda lectura no encuentra usted un hilo político, permítame invitarlo a hacer una tercera lectura. Toda literatura, como la realidad misma, está permeada por el fenómeno político. Ocurre que algunos escritores, los más inexpertos, suelen equivocar esta afirmación, y terminan escribiendo panfletos. Otros, como Luis Álvaro Mejía, saben abordar el hecho político, sin que esto afecte la poesía inherente a toda literatura.

Como mi objetivo no es otro más que invitar a la lectura, no referiré aquí cuál es el destino del Páramo del libro, como tampoco puedo afirmar cuál será el destino de nuestro Páramo. Me limitaré a decir que quizás en “Los fantasmas del Páramo” esté la respuesta a la pregunta de cómo defender nuestro Páramo de la minería, que se sospecha desde ahora como uno de los problemas que hemos de enfrentar en los próximos cuatro años de gobierno.

Fuente:http://www.vanguardia.com/entretenimiento/cultura/438140-los-fantasmas-del-paramo.

“Se está a la espera de que se defina cuál es la entidad encargada de asumir los costos de la consulta”, aseguró el alcalde de Salento.

A raíz de la falta de recursos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, decidió suspender la consulta popular minera, que estaba programada para el próximo 15 de julio.

Por medio del decreto 063 de julio de 2018, el mandatario acogió la solicitud hecha por la entidad electoral.

“Habiéndose surtido las actuaciones pertinentes y necesarias por parte del municipio, el pasado 26 de abril de 2018 se recibió una comunicación firmada por el director de gestión electoral en la cual solicita la suspensión, mediante decreto, del mecanismo de participación ciudadana previsto para el 15 de julio del mismo año”, dice el documento oficial.

Afirma que los argumentos del funcionario tienen que ver con la falta de recursos de la autoridad electoral. “Se está a la espera de que se defina cuál es la entidad encargada de asumir dichos costos”.

Según Galvis Bedoya, la situación se estudió durante el comité de garantías electorales, que se desarrollo en mayo, al cual asistieron funcionarios de la gobernación, la fuerza pública, los organismos de control, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

“La Registraduría precisó la imposibilidad material y absoluta de efectuar los comicios electorales. Frente a lo anterior, se hace necesario suspender la consulta popular hasta tanto se defina a quién le corresponde asumir la financiación de la misma”.

TAQ dio vía libre

En abril de este año, el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, dio vía libre a la realización de la consulta de megaminería en Salento por medio de un fallo.

La autoridad declaró constitucional la pregunta de la consulta popular, que busca indagarle a los salentinos si están de acuerdo, o no, con que se desarrollen actividades de minería en el ‘Municipio Padre’.

Así, se consideró que los habitantes de Salento podrán asistir a las urnas para responder el siguiente interrogante, “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”

La pregunta fue aprobada en un fallo de 14 páginas cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Botina Gómez, quien confirmó que el proceso está ceñido a las normas constitucionales y los municipios tienen competencia para decidir sobre la conveniencia, o no, de realizar actividades mineras en su suelo.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por-falta-de-recursos-suspendieron-consulta-popular-minera-en-salento-cronica-del-quindio-nota-121759

El Ministerio Público informó de la situación de riesgo ambiental que se podría presentar sobre el río Mogoticos (Santander) pues al parecer, dos de las licencias de explotación minera se encuentran en un área de protección ambiental especial.

El Ministerio Público advirtió a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Corporación Autónoma Regional de Santander del riesgo ambiental al que podrían enfrentarse por las irregularidades en el manejo de siete títulos y cuatro licencias de explotación minera sobre el río Mogoticos en la región de Santander.

La Procuraduría señaló que, según las constantes quejas y alertas de la comunidad y miembros del concejo municipal de Mogotes, la explotación se está haciendo directamente en el cauce del río. Razón por la cual, el Ministerio Público solicitó un análisis detallado de los incumplimientos reiterados registrados en el Código de Minas.  

Al parecer, según  lo confirmó el ente de control, dos de las licencias de explotación minera se encuentran en un área de protección especial. Lo que constituye a una falta en las normas establecidas por el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio.

Tras la realización de una visita a la zona el Ministerio Público informó que como no se están cumpliendo los lineamientos y las normativas ambientales respectivas, la explotación ha causado que desciendan los niveles del lecho del cauce del río.

“Estas franjas se deben construir con un ancho de 5 metros, por un largo variable y con una profundidad de excavación de 2 metros, aprovechando la energía de la corriente en algunas épocas del año, y de manera inducida se depositan las arenas y gravas sin causar ningún daño a la rivera del río Mogotes”, señaló la Procuraduría que, además afirmó que cuando se otorgan las licencias las autoridades deben corroborar que se cumpla con la normativa que regula la explotación en el cauce.

Finalmente, el Ministerio Público enfatizó en la importancia de regular esta situación de riesgo ambiental cuanto antes, pues el río Mogoticos hace parte de la reserva forestal de páramos de Guantiva y La Rusia.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-alerta-grave-situacion-ambiental-por-explotacion-minera-en-santander-articulo-798354

Unidad, resistencia y movilización frente a la muerte

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense Gran Colombia Gold contra Colombia en la que reclama 700 millones de dólares relacionada con la cesión de un título minero a las comunidades locales para explotar la minería a cielo abierto, tras una pugna de más de una década con la denuncia medioambiental y de Derechos Humanos como protagonistas.

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

La cesión del título minero en la parte alta del cerro El Burro, dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera canadiense Gran Colombia Gold, terminó con la decisión de la Corte Constitucional de Perú de suspender la actividad de la multinacional canadiense en la zona hasta que se realizara una consulta previa con las comunidades locales.

El tribunal se apoyó en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y, a través de esta decisión, dio vía libre a los pobladores de Marmato para que explotaran el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, actividad que supone el 80% de su economía.

Amenaza medioambiental y pugna local

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación de las minas del cerro El Burro a cielo abierto. Según informaciones publicadas en la prensa, alrededor de 5.000 familias vivirían de la minería a cielo abierto, lo que representa el 80% de la economía local (

Asimismo, la presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Recursos de oro y plata 

Según la información proveída por Gran Colombia Gold, el Proyecto Marmato contiene recursos totales estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y casi 90 millones de onzas de plata ubicadas en el departamento de Caldas, en el corazón del distrito de oro del Medio Cauca.

En 2012, la Compañía identificó una nueva zona profunda que contiene aproximadamente 300 millones de toneladas de mineralización potencial.

Fuente:http://ciarglobal.com/arbitraje-de-gran-colombia-gold-contra-colombia-amenazas-medioambientales-y-derechos-humanos/

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

«Se tuvieron en cuenta los comentarios de la ANLA. Hay una evaluación más profunda del proyecto y se diseñó un plan de manejo ambiental que aportará a las comunidades de California y Suratá», destaca un documento interno de la compañía.

«NOS ESTÁN MATANDO», UN DOCUMENTAL SOBRE EL ASESINATO DE LIDERES SOCIALES.

Dos cineastas extranjeros y un productor colombiano acompañaron por más de un año a dos líderes sociales del norte del Cauca amenazados de muerte. El objetivo: ponerle rostro al fenómeno que afecta al país con más intensidad desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Ya han muerto más de 200 líderes, advierte el audiovisual.

Bien podría decirse que el documental, “Nos están matando”, es un grito de auxilio de los miles de líderes sociales que viven en los territorios donde otrora se desarrolló la guerra entre las Farc y el Gobierno. Es un documento que pone al desnudo la vida cotidiana de un defensor de derechos humanos en Colombia. En este caso, las historias del líder indígena, Feliciano Valencia, y la del líder afrodescendiente, Héctor Marino Carabalí. Las dos, cargadas de resistencia y peligro.

Los lentes de Tom Laffay y Emily Wright recorrieron las planicies del norte del Cauca. Las tierras anegadas de cultivos de caña, y de indígenas y negros que siguen reclamando esos territorios como suyos, enfrentándose con los empresarios azucareros. Luego, treparon a la cordillera central, a las montañas de Corinto, para registrar el funeral del líder indígena Eder Cuetia Conda, la trágica y cruda escena con la que se inicia este documental. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crudeza?

El cineasta Laffay, quien lleva dos años radicado en Colombia, explicó que el objetivo del audiovisual justamente es ese: transmitir el dolor y la resistencia de los líderes sociales en Colombia, desde los territorios donde libran batallas para impedir que su país retorne a la violencia. “En los medios internacionales no se habla del tema, porque en Colombia el interés de la paz está enfocado en la desmovilización de las Farc. Y está bien, porque eso es clave para el proceso de paz. Sin embargo, quienes tienen que cargar con la responsabilidad de construirla son los líderes sociales y ellos son los que están siendo asesinados. Por eso, este documental es un grito de auxilio”, dice.

Un grito de auxilio para buscar a los responsables de los homicidios. Emily Wright dice que los culpables no son únicamente los grupos armados ilegales. “La pregunta debería ser sobre la tierra: quién la posee y la controla. Durante la guerra, grandes extensiones de tierra fueron ocupadas por rancheros, empresarios de la palma y el banano, narcotraficantes y grupos armados, que ahora tienen poco interés en renunciar a ella. El acuerdo de paz prevé la devolución de la tierra a los agricultores que una vez la poseyeron, pero los activistas que persisten en ello a menudo son vistos como una amenaza a los intereses económicos”.

Advierten en el documental que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 200 líderes. “El audiovisual está concentrado en el norte del Cauca, pero es una muestra real y contundente de lo que está pasando con esta población en todo el país. Hemos identificado que el departamento es una de las regiones de mayor riesgo en Colombia para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, se registraron 34 hechos violentos y fueron asesinados siete líderes sociales”, cuenta Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la organización de Derechos Humanos que acompañó el proyecto.

Héctor Marino Carabalí, uno de los líderes protagonistas de esta historia, explica cómo se han fortalecido las organizaciones sociales en el norte del Cauca, indígenas y afros, que, a pesar de las amenazas de muerte, siguen unidas por sueños comunes. “Tenemos que atrevernos y ser más visibles para blindar nuestra integridad física. Este documental significa mucho para nosotros, porque es un documento que recoge la memoria interétnica del movimiento indígena y afro, porque con ellos compartimos territorios, vivencias, momentos de dolor, pero también, construimos sueños en este devenir que nos han legado nuestros ancestros en medio de las adversidades, asesinatos y amenazas que no paran”.

Carabalí aparece en una camioneta blindada y junto a dos escoltas que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (Unp). Así le protegen la vida de las amenazas de grupos neoparamilitares en la zona. Sin embargo, advierten los documentalistas y el propio Carabalí, que muchos líderes aún están desamparados y por eso exigen la implementación de la protección colectiva para estas comunidades.

Tom Laffay así lo advirtió, tras grabar a Carabalí en reuniones en el norte del Cauca, junto a varios integrantes de la Guardia Cimarrona. Igualmente habló con Feliciano Valencia sobre la Guardia Indígena. “Sé que el Gobierno hace un esfuerzo importante a través de la UNP para proteger a los líderes, pero creo que debe avanzar en reconocer y legitimar a las guardias étnicas, indígenas y cimarronas, que son grupos de personas desarmadas que pueden defender de manera colectiva estas subregiones de Colombia”.

El documental fue producido por estos dos cineastas, acompañados del productor colombiano, Daniel Bustos Echeverry, con quien cubrieron protestas en el sur del país e hicieron entrevistas en el transcurso de un año. “Vale la pena mencionar que teníamos otro personaje, pero decidimos cortar su historia de la película final por la seguridad del líder y la de su familia”, explica Laffay.

El prelanzamiento del audiovisual se realizó en abril pasado en la Universidad del Tolima en Ibagué, con estudiantes que debatieron del tema al final de la proyección. Es que ese es precisamente el objetivo de “Nos están matando”, que se convierta en una herramienta periodística y de memoria, alrededor de la cual las comunidades conversan y debaten sobre el fenómeno. Y, también, toman decisiones de cómo actuar frente a quienes quieren silenciarlos.

El documental también se publicó en medios de comunicación de Estados Unidos y promete llegar a otros países de Norteamérica, para que la comunidad internacional se enteré de las dolencias, sacrificios y dolores que padece la sociedad civil colombiana en la búsqueda de construir un país en paz, concluye Laffay.

Mientras el país estaba concentrado en el Mundial, en el Congreso se jugaba un partido que buscaba la aprobación, casi a pupitrazo, de leyes en un legislativo que está en sus últimos días. Una de esas fue la ley “gestión integral de páramos”, la cual está pendiente de la sanción presidencial.

Aunque en general la ley está planteada para conservar estas áreas protegidas de los usos de la minería, hay varios artículos que generan polémica ya que para los ambientalistas y para las Corporaciones Autónomas Regionales se trata de “micos”.

El más cuestionado es el artículo 26 que establece que el recaudo al impuesto al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP). Según la ley, el 90 % del recaudo del impuesto nacional al carbono irá a este fondo para la sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto.

“Estos recursos se entregarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente”. Además, “el 10% se destinará a la conservación de páramos” y serán manejados por el Fondo Nacional Ambiental.

La ambientalista Sandra Vilardy se preguntó: ¿terminaron los recursos para la adaptación al cambio climático y la restauración de ecosistemas subsidiando la implementación del Acuerdo de paz? Como dicen por ahí vendiendo el riñón para hacer la diálisis”, dijo la experta.

También llamaron la atención las Corporaciones Autónomas Regionales (ver recuadro), las cuales a través de un comunicado conjunto entre Corpourabá, Cornare y Corantioquia explicaron que el artículo 24 tiene una redacción confusa y que genera gran preocupación para las autoridades ambientales, “porque no clarifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las corporaciones”.

Con la modificación, explicaron las CAR, se establece que una parte de los recursos provenientes de transferencias y tasas que actualmente perciben las corporaciones, serán transferidos también al Fondo Nacional Ambiental y, con esto, “se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las corporaciones al trasladar el manejo de recursos”.

A esto se le suma que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán aseguró que la nueva ley tiene en vilo a pueblos como Vetas, California, Charta, Tona, Suratá y Matanza, que dependen completamente de la minería tradicional, ya que deja en firme la prohibición de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en los páramos.

Así lo estableció el artículo 5 que prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, así como las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas.

La iniciativa también obliga al Gobierno a “implementar programas de reconversión o reubicación de pequeños mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida”.

Las empresas o las personas que incumplan estas disposiciones tendrán una multa de hasta 5 mil salarios mínimos, es decir, 3.906 millones de pesos y el decomiso de los implementos.

Según el representante Luciano Grisales, ponente de la iniciativa, el propósito de esta ley, efectivamente, es que queden prohibidas las actividades de explotación minera en los 30 páramos delimitados.

Ahora bien, en términos generales uno de los puntos a favor de la ley es que se deja claro que desde ahora se delimitarán estos ecosistemas “con base en el área de referencia generada por el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt”, lo que brinda al Gobierno un criterio científico como dice el experto ambiental, Manuel Rodríguez.

“Este es un gran avance porque para cambiar la delimitación del páramo el gobierno, en este caso el Ministerio de Ambiente, solo podrá cambiar los límites con un criterio científico que en este caso lo aporta una entidad que no tiene nada que ver con ninguno de los poderes públicos”, dijo Rodríguez.

El Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/recursos-para-proteger-los-paramos-irian-a-la-paz-HM8943845