Colombia

El mapa de los 311 líderes asesinados en Colombia

La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia llegó al nivel de “crisis humanitaria”, dijo el coordinador del programa Somos Defensores, Carlos Guevara.

“El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, aseguró Guevara.

En los últimos días se ha recrudecido la violencia contra líderes sociales con el asesinato de cuatro de ellos en diferentes regiones del país.

Según cifras del director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aunque la Defensoría del Pueblo cuenta un total de 311, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con más asesinatos.

¿A qué se deben los asesinatos?

Guevara explicó que la situación es de “crisis humanitaria” porque “hay actores en distintos territorios que están intentado acabar con la vida de todos y cada uno de ellos” sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios.

Subrayó además la gravedad de la situación al afirmar: “No tenemos respuesta estatal, hay una situación de violencia masiva, no puedo decir que es generalizada, ni que es sistemática, porque no tenemos en este momento cómo evidenciarla pero sí es masiva”.

Es tan masiva que hay 311 líderes asesinados en los últimos 2 años. Si cruzamos datos de todos los líderes asesinados hasta el día de hoy encontramos que la mayoría son líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, barquereos, cocaleros, desplazados, de las zonas de reserva campesina, líderes sindicales, campesinos y Lgbti.

Muchos de los homicidios también siguen un patrón y es que las víctimas son asesinadas muy cerca o dentro de sus viviendas por hombres armados que llegan hasta el lugar y los asesinan frente a su familia. En otros casos se repite otro patrón y es que son raptados antes de ser hallados muertos por las autoridades. También se presenta el asesinato de los familiares de los líderes como los hijos, y eso se evidencia en algunos casos en el Urabá antioqueño.

Otro de los lugares comunes y es que en las zonas donde ha habido mayor disputa por la restitución de tierras y los cultivos ilícitos es donde más se han presentado esta clase de asesinatos, también donde confluyen diferentes actores armados y no hay un mando único establecido. “A los que están asesinando los están matando porque están impulsando quitar una economía considerada ilegal y que beneficia a los narcotraficantes y grupos armados. Y el Gobierno no está tomando medidas para proteger a esos líderes por lo que están expuestos a que los asesinen”, afirma Arnobis Zapata, coordinador de la Coccam en Córdoba.

Según el Gobierno por cada hectárea de coca que se retira, las cadenas de narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año. “Quienes se lucran de ese dinero, que son los narcotraficantes no los campesinos, obviamente ven que se están afectando sus intereses y por eso han asumido esos comportamientos”, reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La respuesta del Gobierno

Esta ola de violencia es un asunto que llama la atención de la comunidad internacional. Por esto, Guevara llamó la atención sobre el silencio del Gobierno, en especial después de las elecciones.

Parece que las instituciones se silenciaron después de las elecciones y están viendo desde la barrera cómo están asesinado a estos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, añadió.

Lamentó que la situación no hubiese hecho parte de la reciente campaña electoral y reclamó acciones del Gobierno.

El presidente, Juan Manuel Santos, condenó este jueves la reciente ola de asesinatos de líderes sociales y ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ponerse al frente de la situación.

De acuerdo con el jefe de Estado los inspectores deberán “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública” ante los crímenes ocurridos durante los últimos días. Del mismo modo, añadió que evitar estas acciones delictivas demanda un trabajo en conjunto con múltiples entidades del Estado.

La orden se da debido a la muerte violenta de Margarita Estupiñan, en un hecho ocurrido en las últimas horas en el municipio de Tumaco, al cual se suma el de Ana María Cortes Mena, asesinada en Antioquia; y al homicidio de Luis Barrios en Barranquilla.

Entre tanto, señaló el jefe de Estado que la Fuerza Pública “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables, lo mismo la Fiscalía y todas las autoridades”, esto con el fin de erradicar un flagelo que va en aumento.

Para el próximo martes convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que se buscará adoptar nuevas medidas de protección para los líderes sociales. Ese día se formalizará la entrada en vigencia de un decreto especial de seguridad colectiva.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que entre las medidas a tomar está la de mejora el alumbrado público en lugares donde residen o trabajan los líderes amenazados e instalar antenas para mejorar la comunicación, en especial de los celulares, porque en muchas regiones no existe la telefonía.

“Este es el principal problema que afronta el nuevo Gobierno tan pronto llegue a la Casa de Nariño”, el próximo 7 de agosto, concluyó Guevara. Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Catatumbo y Norte de Santander, son las regiones con más riesgo.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/mapa-de-lideres-y-defensores-asesinados-en-colombia-DI8956261
Colombia

Observatorio de Ecología Política

El trazado vigente se oficializó el 19 de diciembre de 2014 mediante la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Mads-  que, además, legalizó a las empresas mineras en la zona y desvirtuó el concepto de Páramo en Santurbán. Incluso la comunidad expresó en varias ocasiones que el Mads incumplió de nuevo , pues no garantizó seis meses después del fallo la participación real de la ciudadanía por medio de la socialización de la reciente delimitación  Ronald González, integrante de la veeduría ciudadana ‘Dignidad Minera’ del municipio de Vetas (Norte de Santander) comentó: “Dieron unas fechas y al municipio de Vetas le correspondía la primera reunión el 7 de junio, y la siguiente sería para el día 22. En esas dos reuniones se daría el tema de concertación, pero se aplazaron esas reuniones y no volvimos a saber del Ministerio”.

Dudosa delimitación

Las y los habitantes que vienen luchando desde hace varios años por el Páramo de Santurbán expresan que el Gobierno no tiene en cuenta a las comunidades que viven allí: “El Gobierno por medio del Ministerio de Ambiente hace una delimitación del páramo con unos estudios técnicos muy falibles y poco aptos para nuestra actividad socioeconómica. Nos vemos afectados porque se nos está violando el derecho al trabajo, a un hogar”, argumentó Luis Henry Mantilla, representante de la Comunidad Agrícola de los municipios Silos y Cácota (Norte de Santander).

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt delimitó que,, el municipio de Vetas está en zona amarilla, pues su casco urbano se encuentra a 3.180 metros sobre el nivel del mar, pero que las entradas al túnel de la mina La Elsy-Trompetero se encuentran a 2.950 y están en franja verde .

Julian Villamizar, integrante de la veeduría del Páramo de Santurbán, manifestó: “Según Humboldt el Páramo de Santurbán es un desierto, más no es así, aquí hay miles y miles de familias que viven de la agricultura y de la ganadería” Además se cuestiona el hecho de que al departamento de Santander del Sur se le haya delimitado sobre los 3.100 metros y a Norte de Santander sobre los 2.800. Fredy Maldonado, presidente de la veeduría ‘Todos Somos Santurbán’ afirmó: “El Gobierno nos ha planteado la delimitación a partir de los 2.800 metros de altura, de ahí en adelante no quieren que nosotros hagamos actividades agrícolas ni ganaderas, y por encima de esa altura es que se encuentra la mayoría de la población campesina. ¿Quizás el Gobierno Nacional quería hacerle un campo a las multinacionales mineras o tal vez petroleras?”.

Soberanía alimentaria

Los campesinos reclaman que son soberanía alimentaria para gran parte del territorio nacional y le exigen al Gobierno tener en cuenta que con la propuesta que será presentada el próximo 7 de agosto, para delimitar en Páramo de Santurbán, despojan propiedades a miles de familias.

Luis González, veedor del municipio de Silos. señaló: “Socioeconómicamente no saben quiénes somos ni dónde estamos. Aquí siempre vienen hablando a favor del Gobierno, del Ministerio, del Humboldt, y la voz de nosotros los campesinos no se tiene en cuenta para nada, somos los marginados del paseo, pero cuando esta ley llegue a cumplirse nos va a tocar ser desplazados”.

Así pues, la comunidad  ratifica que la Ley de Páramos no ayuda para resolver sus necesidades sino que por el contrario deja muchas dudas acerca de su futuro socioeconómico. Jairo Maldonado, agricultor del Páramo de Santurbán, expuso: “Yo soy nacido aquí, ya tengo 40 años de estar acá, y mis papás y mis abuelos también vivieron de la agricultura, y es muy triste que nos lleguen a desplazar. Nosotros estamos de acuerdo en cuidar el agua, pero también que nos dejen sembrar nuestros productos como la papa y la cebolla, y que cada uno sea responsable de los nacimientos”.

El Gobierno pretendió dar respuesta a estas problemáticas con la Ley de Páramos, sin embargo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible -CAR- no han tardado en expresar su descontento ya que esta Ley destinará desde la capital del país los recursos que hoy llegan directamente a las regiones, sin tener en cuenta las necesidades y evaluaciones que se hacen desde cada contexto en materia ambiental.

Ruta de Acciones

Los campesinos están cansados de que el Mads se dedique únicamente a convocarlos por redes sociales, sin tener en cuenta que la mayoría de la comunidad no los utiliza, mientras ignoran las emisoras comunitarias que sí son escuchadas por la comunidad

Nelson Martínez, integrante de la veeduría ‘Santurbán somos todos y todas’ enfatizó: “Lamentablemente el Gobierno Nacional cree que puede legislar y aprobar normas desde Bogotá y no se tiene en cuenta el contexto de nuestros campesinos. Vamos a enviar un derecho de petición al Ministerio exigiendo que nos diga cómo han sido esos medios de convocatoria a nuestras comunidades. Vamos a manifestarnos también con la Procuraduría y Defensoría del Pueblo porque ellos tienen la responsabilidad de ayudarnos en estos procesos”.La comunidad campesina afirmó que iniciaron el proceso para conformar una red de veedurías cuyo fin sea vigilar el proceso participativo que lleva  el Ministerio de Ambiente con el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán.

Fuente:http://www.colombiainforma.info/especial-campesinos-en-riesgo-de-ser-desplazados-por-delimitacion-del-paramo-de-santurban/

Colombia

Consultas populares mineras en Córdoba y Salento en Quindío en veremos

En el departamento del Quindío, dos municipios han suspendido la realización de las consultas populares mineras porque la registraduría dice no tener plata para financiarlas.

 

Se trata de las localidades de Córdoba y Salento que aunque el Tribunal Administrativo del Quindío les dio vía libre para adelantar este proceso, no han podido realizarlo por falta de recursos.

 

Mónica Flores líder de la consulta popular minera en Pijao que cumplió un año de la realización manifestó que lo único que queda es la lucha social y ambiental para que el gobierno cumpla la constitución y permita realizar estos mecanismos de participación ciudadana.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/07/10/armenia/1531226696_090795.html

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Los fantasmas del páramo

Ahora que Gustavo Petro, detractor de la minería en el Páramo de Santurbán, ha perdido en la contienda electoral, los demás detractores nos preguntamos cuál será la suerte que correrá nuestro páramo en el gobierno de Iván Duque. En este contexto, conviene volver la vista sobre “Los fantasmas del Páramo”, del escritor Luis Álvaro Mejía.

Con este título, Ediciones UIS presentó el año pasado su colección Avioncito de Papel, orientada hacia la literatura para niños, o literatura infantil, como también se le suele llamar. No voy a entrar en controversia acerca de esta definición. Solo señalo aquí que, desde mi punto de vista, la literatura para niños no es sino la literatura que, más por el tratamiento de su escritura que por sus temáticas, puede ser leída tanto por un niño como por un adulto, y a los dos puede resultarles atractiva y provechosa.

Es este el caso de “Los fantasmas del Páramo”, un libro que puede encantar, en términos literarios, tanto a un niño como a un adulto, y que, por otra parte, a los dos los puede invitar a reflexionar acerca del problema de la minería en el Páramo de Santurbán. En la obra, acompañada por unas pertinentes ilustraciones, un grupo de fantasmitas, dedicados al bello oficio de producir agua, se enfrentan a las máquinas gigantes que amenazan con destruir su Páramo. Al tiempo, en esta otra realidad, no tan apartada de la ficción del libro, algunos santandereanos nos reunimos, debatimos y marchamos en defensa de nuestro Páramo.

En este punto, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿es un desacierto tratar temas políticos en la literatura para niños? Si usted, estimado lector, respondió a esta pregunta de manera afirmativa, permítame invitarlo a revisar cualquier libro de literatura para niños. Si tras una segunda lectura no encuentra usted un hilo político, permítame invitarlo a hacer una tercera lectura. Toda literatura, como la realidad misma, está permeada por el fenómeno político. Ocurre que algunos escritores, los más inexpertos, suelen equivocar esta afirmación, y terminan escribiendo panfletos. Otros, como Luis Álvaro Mejía, saben abordar el hecho político, sin que esto afecte la poesía inherente a toda literatura.

Como mi objetivo no es otro más que invitar a la lectura, no referiré aquí cuál es el destino del Páramo del libro, como tampoco puedo afirmar cuál será el destino de nuestro Páramo. Me limitaré a decir que quizás en “Los fantasmas del Páramo” esté la respuesta a la pregunta de cómo defender nuestro Páramo de la minería, que se sospecha desde ahora como uno de los problemas que hemos de enfrentar en los próximos cuatro años de gobierno.

Fuente:http://www.vanguardia.com/entretenimiento/cultura/438140-los-fantasmas-del-paramo.

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Por falta de recursos, suspendieron consulta popular minera en Salento

“Se está a la espera de que se defina cuál es la entidad encargada de asumir los costos de la consulta”, aseguró el alcalde de Salento.

A raíz de la falta de recursos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis Bedoya, decidió suspender la consulta popular minera, que estaba programada para el próximo 15 de julio.

Por medio del decreto 063 de julio de 2018, el mandatario acogió la solicitud hecha por la entidad electoral.

“Habiéndose surtido las actuaciones pertinentes y necesarias por parte del municipio, el pasado 26 de abril de 2018 se recibió una comunicación firmada por el director de gestión electoral en la cual solicita la suspensión, mediante decreto, del mecanismo de participación ciudadana previsto para el 15 de julio del mismo año”, dice el documento oficial.

Afirma que los argumentos del funcionario tienen que ver con la falta de recursos de la autoridad electoral. “Se está a la espera de que se defina cuál es la entidad encargada de asumir dichos costos”.

Según Galvis Bedoya, la situación se estudió durante el comité de garantías electorales, que se desarrollo en mayo, al cual asistieron funcionarios de la gobernación, la fuerza pública, los organismos de control, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

“La Registraduría precisó la imposibilidad material y absoluta de efectuar los comicios electorales. Frente a lo anterior, se hace necesario suspender la consulta popular hasta tanto se defina a quién le corresponde asumir la financiación de la misma”.

TAQ dio vía libre

En abril de este año, el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, dio vía libre a la realización de la consulta de megaminería en Salento por medio de un fallo.

La autoridad declaró constitucional la pregunta de la consulta popular, que busca indagarle a los salentinos si están de acuerdo, o no, con que se desarrollen actividades de minería en el ‘Municipio Padre’.

Así, se consideró que los habitantes de Salento podrán asistir a las urnas para responder el siguiente interrogante, “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”

La pregunta fue aprobada en un fallo de 14 páginas cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Botina Gómez, quien confirmó que el proceso está ceñido a las normas constitucionales y los municipios tienen competencia para decidir sobre la conveniencia, o no, de realizar actividades mineras en su suelo.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por-falta-de-recursos-suspendieron-consulta-popular-minera-en-salento-cronica-del-quindio-nota-121759

Colombia

Procuraduría alerta grave situación ambiental por explotación minera en Santander

El Ministerio Público informó de la situación de riesgo ambiental que se podría presentar sobre el río Mogoticos (Santander) pues al parecer, dos de las licencias de explotación minera se encuentran en un área de protección ambiental especial.

El Ministerio Público advirtió a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Corporación Autónoma Regional de Santander del riesgo ambiental al que podrían enfrentarse por las irregularidades en el manejo de siete títulos y cuatro licencias de explotación minera sobre el río Mogoticos en la región de Santander.

La Procuraduría señaló que, según las constantes quejas y alertas de la comunidad y miembros del concejo municipal de Mogotes, la explotación se está haciendo directamente en el cauce del río. Razón por la cual, el Ministerio Público solicitó un análisis detallado de los incumplimientos reiterados registrados en el Código de Minas.  

Al parecer, según  lo confirmó el ente de control, dos de las licencias de explotación minera se encuentran en un área de protección especial. Lo que constituye a una falta en las normas establecidas por el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio.

Tras la realización de una visita a la zona el Ministerio Público informó que como no se están cumpliendo los lineamientos y las normativas ambientales respectivas, la explotación ha causado que desciendan los niveles del lecho del cauce del río.

“Estas franjas se deben construir con un ancho de 5 metros, por un largo variable y con una profundidad de excavación de 2 metros, aprovechando la energía de la corriente en algunas épocas del año, y de manera inducida se depositan las arenas y gravas sin causar ningún daño a la rivera del río Mogotes”, señaló la Procuraduría que, además afirmó que cuando se otorgan las licencias las autoridades deben corroborar que se cumpla con la normativa que regula la explotación en el cauce.

Finalmente, el Ministerio Público enfatizó en la importancia de regular esta situación de riesgo ambiental cuanto antes, pues el río Mogoticos hace parte de la reserva forestal de páramos de Guantiva y La Rusia.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-alerta-grave-situacion-ambiental-por-explotacion-minera-en-santander-articulo-798354

Colombia

Pronunciamiento de Acción Urgente Comunidades Indígenas de Colombia ante oleada de asesinatos

Unidad, resistencia y movilización frente a la muerte

Pronunciamiento de las Comunidades Indígenas 
Cxhab Wala Kiwe ante los recientes hechos en el país
 
Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los dos compañeros guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velásquez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio, se contaron, en un periodo menor a 24 horas, dos líderes sociales asesinados Julio Sucerquia y José García en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al río Cauca. El 28 de junio, fue asesinado el líder campesino Carlos Idrobo en la zona de El Patía, al sur del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Ayer, 2 de julio, fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.
Hoy despertamos con la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con tiros de gracia en una de las vías de la zona rural del municipio. Pocos días antes, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una “limpieza”. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a dos líderes sociales: Felicinda Santamaría en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico.
Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es difícil al país dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los líderes asesinados serán sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen.
Las comunidades indígenas de Cxhab Wala Kiwe somos conscientes de los cambios que sufre el país y el camino de destrucción que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todavía no ha tomado posesión el presidente electo, por el territorio nacional ya se extiende en la práctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado. El pasado 1° de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras en el que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo; en esta ocasión, el proyecto político-electoral MAIS y sus integrantes también fueron blanco de amenazas, siendo señalados con el invento retórico del “castrochavismo”. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados.
Con este panorama, entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitado por la silente complicidad de los medios masivos de comunicación. Unido a esto, se termina de conformar un bloque político cuyo objetivo es lograr “hacer trizas” los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya está tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el capítulo más largo del conflicto en Colombia.
El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposición de la erradicación forzada y armada, son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del capítulo étnico en relación principalmente a la Reforma Rural Integral; pero con mayores consecuencias aún, propiciaron la castración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidación territorial: primero los muertos, luego los proyectos, en seguida las multinacionales extractivistas y por último el “progreso”.
Sabiendo lo que debemos confrontar y manteniendo nuestro proyecto político en alto, exigimos el respeto a nuestras autoridades ancestrales y al ejercicio de gobierno propio en nuestros territorios ancestrales. Reiteramos el urgente llamado a la comunidad internacional que incida en la necesidad de acciones eficaces del Estado colombiano y el gobierno nacional para detener los niveles elevados de violencia contra defensores de Derechos Humanos. Por otro lado, es urgente la intervención de los organismos de control sobre las acciones del gobierno nacional en torno a su papel de garante de la vida, la integridad y la libertad de los colombianos, unido a la acción eficaz de los organismos de investigación y justicia para determinar responsabilidades intelectuales y materiales del exterminio de líderes sociales. La impunidad de los casos sigue siendo el más perfecto ambiente de continuidad de violencia contra las comunidades.
Finalmente, estamos convencidos que lo anterior amerita la unidad de los procesos sociales y populares del país, para afrontar esta nueva ola de violencia, rodear la implementación de acuerdos, la mesa de diálogos y salvar la paz. El pueblo colombiano debe entender que la movilización es su principal herramienta de resistencia ante la atrocidad, la impunidad y el olvido.
 
SOLICITUD DE ACCIÓN URGENTE:

3 de julio de 2018

Desde Catalunya se lanza el comunicado de un colectivo Col.lectiu Maloka Colombia:
 
PREOCUPACIÓN Y ALERTA POR COLOMBIA
 
Mucha preocupación y un estado máximo de alerta generan las amenazas y las muertes que se multiplican estos días en Colombia  y que afectan a todo el movimiento social y democrático después del resultado electoral que ha llevado a la presidencia al candidato uribista Iván Duque.
 
Sólo en la última semana son siete los líderes sociales asesinados y hoy se reporta una masacre de otras siete personas en el departamento del Cauca. 
 
Pese a los ocho millones de votos por una Colombia Humana se ha logrado imponer el aparato paramilitar y la perspectiva para las organizaciones sociales colombianas es realmente preocupante.
 
Desde Catalunya alzamos nuestra voz solidaria y alertamos a la comunidad internacional a acompañar y a defender los frutos de un proceso de paz que nos había puesto en el camino de la esperanza.
 

Por un Colombia verdaderamente humana.
Fuente:https://pactomundialconsciente.blogspot.com/2018/07/pronunciamiento-indigena-cauca-frente.html?m=1
Colombia

Exdirectivo de AngloGold no aceptó cargos por daño a recursos naturales e invasión de áreas especiales

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del exrepresentante legal de AngloGold Ashanti, Cris Lodder Andrea, por los presuntos delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Los hechos por los que se le acusan habrían ocurrido entre el 18 de enero de 2007 y el 21 de febrero de 2008 en el área de reserva forestal ubicada en las veredas La Luisa y La Paloma del municipio de Cajamarca.

Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Además, durante la diligencia, el juez 27 penal municipal con funciones de garantías de la capital decidió no acoger la medida de aseguramiento contra Lodder, por lo cual continuará vinculado al proceso en etapa de acusación.

En esta misma audiencia, el juzgado reconoció la personería jurídica en condición de representante de víctimas al director de Cortolima, Jorge Cardoso. Hecho que fue calificado por el funcionario como un gran logro.

Este es un logro que dignifica el territorio y en especial los más de 650.000 pobladores ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río Coello“, precisó.

AngloGold Ashanti es una compañía extranjera que inició operaciones en el 2007 y solo un año después obtuvo los permisos del Gobierno Nacional para adelantar estos trabajos, razón por la cual, la Fiscalía los señala como responsables, a título doloso, del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Fuente:http://www.elolfato.com/exdirectivo-de-anglogold-no-acepto-cargos-por-dano-a-recursos-naturales-e-invasion-de-areas-especiales/
Colombia

Arbitraje de Gran Colombia Gold contra Colombia, amenazas medioambientales y Derechos Humanos

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense Gran Colombia Gold contra Colombia en la que reclama 700 millones de dólares relacionada con la cesión de un título minero a las comunidades locales para explotar la minería a cielo abierto, tras una pugna de más de una década con la denuncia medioambiental y de Derechos Humanos como protagonistas.

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

La cesión del título minero en la parte alta del cerro El Burro, dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera canadiense Gran Colombia Gold, terminó con la decisión de la Corte Constitucional de Perú de suspender la actividad de la multinacional canadiense en la zona hasta que se realizara una consulta previa con las comunidades locales.

El tribunal se apoyó en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y, a través de esta decisión, dio vía libre a los pobladores de Marmato para que explotaran el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, actividad que supone el 80% de su economía.

Amenaza medioambiental y pugna local

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación de las minas del cerro El Burro a cielo abierto. Según informaciones publicadas en la prensa, alrededor de 5.000 familias vivirían de la minería a cielo abierto, lo que representa el 80% de la economía local (

Asimismo, la presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Recursos de oro y plata 

Según la información proveída por Gran Colombia Gold, el Proyecto Marmato contiene recursos totales estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y casi 90 millones de onzas de plata ubicadas en el departamento de Caldas, en el corazón del distrito de oro del Medio Cauca.

En 2012, la Compañía identificó una nueva zona profunda que contiene aproximadamente 300 millones de toneladas de mineralización potencial.

Fuente:http://ciarglobal.com/arbitraje-de-gran-colombia-gold-contra-colombia-amenazas-medioambientales-y-derechos-humanos/

Colombia

Minesa tiene listo el nuevo Estudio de Impacto Ambiental

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

«Se tuvieron en cuenta los comentarios de la ANLA. Hay una evaluación más profunda del proyecto y se diseñó un plan de manejo ambiental que aportará a las comunidades de California y Suratá», destaca un documento interno de la compañía.

Minesa había retirado el primer estudio presentado ante las instancias del gobierno nacional lo que generó muchas interpretaciones.

En el documento conocido por Caracol Radio se advierte que «Minesa pasa de ser un proyecto de ingeniería para transformarse en un abanderado de la minería sostenible».

A la par se conoció que Darren Bowden, el CEO de la empresa renunció a su cargo, luego de dos años de trabajo. Se encargó de forma temporal a Mauricio Cuesta como CEO de la empresa.

«Pueden estar seguros de la continuidad del proyecto y de las operaciones diarias» destaca en un comunicado interno Ahmed Yahia Al Idrissi, presidente de la junta directiva de la compañía.