Estos mecanismos de participación no podrían vetar, en primera instancia, las iniciativas extractivas, según ponencia de la Corte Constitucional.

a semana que inicia hoy sería clave para el futuro de la operación minera y petrolera en el país. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejaría en claro el papel de las consultas populares, y hasta dónde pueden llegar frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.

La semana pasada el país puso en marcha una de las medidas claves para frenar el flagelo de la contaminación por mercurio: entró en vigencia la prohibición de este elemento en la producción legal de minería de oro. Sin embargo, su alarmante uso ilegal sigue siendo el mayor obstáculo para que Colombia sea libre de este tóxico.

La medida, que se estipuló desde la Ley 1658 de 2013 y ya venía implementándose, busca poner en cintura los procesos de los títulos legales, que antes contaban con autorización ambiental para el uso de mercurio. Con esto, según el Minambiente, se evita la importación de cerca de 95 toneladas de químico nocivo, utilizado para la separación del oro de otros elementos durante su procesamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos químicos críticos para la salud pública por su efecto tóxico en los ecosistemas y los humanos. Tras acumularse en el ambiente, puede causar desde malestares como dolores de cabeza hasta graves enfermedades neurológicas a quienes están en contacto con este tóxico.

En algunos lugares del país donde hay explotación minera informal ya empiezan a registrarse casos de niños que nacen con extrañas enfermedades que expertos atribuyen al contacto con este elemento.

La prohibición impuesta por el Gobierno es, entonces, más que necesaria. Sin embargo, la gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos. De acuerdo con el Ideam, anualmente en promedio se están vertiendo a fuentes de agua y suelos cerca de 200 toneladas de este material.

La situación es especialmente crítica en el Chocó y algunas zonas de Antioquia y Córdoba, pero este mal ya empieza a abrirse paso en ecosistemas invaluables como el de la Amazonia. La población rural de esas regiones es la más vulnerable y hay suficiente evidencia científica para alertar sobre la grave situación de salud pública al respecto.

Esta decisión es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero la moneda tiene otra cara: la de los serios obstáculos para hacer efectiva la proscripción. Estos incluyen el contrabando fronterizo de este elemento y, sobre todo, la debilidad institucional de las corporaciones autónomas regionales para monitorear y hacer cumplir la ley.

Es fundamental también el apoyo para la transición tecnológica de los mineros informales. Como se puede ver, es largo todavía el camino que deben recorrer las autoridades mineras y ambientales para que efectivamente el mercurio salga de los sistemas de producción aurífera, pero no por esto se puede desfallecer.

Además, el desafío con este material es también excluirlo de los procesos industriales como la fabricación de bombillas, algunos electrodomésticos y ciertos equipos médicos. La norma en este sector entraría en vigencia en el año 2023.

El camino, entonces, es largo para erradicar el mercurio en el país, pero los esfuerzos deben persistir con el nuevo gobierno.

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/erradicar-el-mercurio-editorial-246482

El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali está en una encrucijada por la minería ilegal de oro en pleno corazón de la reserva, el asentamiento de unas dos mil personas y la protección del agua que fabrica.

Aunque fue catalogado como parque nacional en 1968 y se delimitó cerca de 200 mil hectáreas para la conservación especialmente del agua, este lugar se encuentra en un momento histórico por que las decisiones que se tomen ahora, redundarán en la escasez o no del líquido en un futuro.

La mayoría de los habitantes dicen ser campesinos. En el recorrido por el corregimiento Los Andes (parte del parque), nos encontramos a don Víctor Manuel Victoria de unos 70 años, quien montado en su caballo nos contó sobre la vida ‘en ese paraíso’.

«Vivo acá hace unos 40 años, me dedico a la agricultura pero antes vivía también de la agricultura. Luego, con el apogeo de la mina trabajé allá«, afirmó.

Don Víctor asegura que recibió hasta dos millones de pesos quincenales por los trabajos en la mina de oro en el parque y agregó que cuando cerraron la mina de oro hace unos años, no pudo seguir trabajando allá.

«...Para nadie es un secreto que eso sigue abierto todavía. Lo que pasa es que ya no nos dan trabajo a los de aquí; pero de noche vemos como los carros salen y entran del parque», dijo.

Este abuelo de mediana estatura y con las arrugas propias de su edad, manifestó que con lo que ganó en la mina ahorró y ahora vive de sembrar tomate de árbol y mora entre otros y agregó que «ya no se sabe qué hacer con tantas prohibiciones en Los Farrallones».

«Usted me pregunta si la minería es buena o mala. Yo le digo que es buena para la gente pobre. Acá tenemos mucha necesidades. Acá vive gente humilde. La minería para nosotros es una oportunidad», sostuvo.

Un documento que llegó al Ministerio de Ambiente reveló que la compañía minera insiste en explotar minerales en ese municipio, a pesar del contundente resultado que prohibió ese tipo de actividades en ese lugar.

El 26 de marzo de 2017 Cajamarca se convirtió en un hito: con un 97,9% de la gente que votó en su consulta popular, dijo No a la explotación minera en el territorio. A regañadientes, el Ministerio de Minas y Anglo Gold Ashanti, la compañía minera que quería cavar allí la mina llamada La Colosa, admitieron los resultados. El 27 de abril, un mes después de la consulta, la empresa ordenó detener el proyecto, uno de los más grandes del país.

Sin embargo, el medio de comunicación regional El Olfato, reveló que el pasado 5 de marzo, la empresa le envió una carta a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministerio de Ambiente. El asunto: sustraer una parte de una reserva forestal en Cajamarca para hacer allí explotación minera.

La misiva es firmada por Andrea Gonzalez Cely, directora ambiental de la empresa. “En mi calidad de apoderada de AngloGold Ashanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de SUSTRACCIÓN TEMPORAL DE UN ÁREA DE RESERVA FORESTAL CENTRAL (…)”, se lee en el documento.

Al revisar el contrato de concesión minera EIG-163, se comprueba que se trata del bloque minero de La Colosa (aquí el contrato de concesión minera). Asimismo, al cruzar esa información con los municipios que cobija la Reserva Forestal Central, de nuevo aparece el nombre de Cajamarca.

Esto, a pesar de que el pasado 12 de julio la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”.

Además, el director de Cortolima, Jorge Cardoso, señaló que se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán. 

La Consulta Popular, en la cuerda floja

Ante la información de la carta, AngloGold Ashanti emitió un comunicado en el que asegura que hay instituciones públicas «resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular»,  y que mientras esa decisión no esté tomada, ellos seguirán haciendo las actividades económicas naturales de la empresa.

Con esto, la empresa se refiere a la acción de tutela que puso el gigante indochino Mansarovar Energy, que buscaba explotar petróleo en el municipio de Cumaral (Meta), donde tras una consulta popular, el 98% de los votantes rechazó la explotación de hidrocarburos en el municipio.

Mansarovar argumenta en su tutela que se está violando el derecho al trabajo, y que por ello, hay que ponerle freno a la consultas populares tal y como están consignadas en la Constitución de 1991.

Abogados y ambientalistas están preocupados por el destino que pueda tener esa tutela en la Corte, pues varios de los actuales magistrados del alto tribunal tiene estrechos lazos con el sector minero y energético.  La magistrada ponente, Cristina Pardo, era secretaria jurídica de la Presidencia cuando se emitieron decretos como el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, porqué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio. Poco después, el Consejo de Estado tumbó el decreto.

Además, el actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando hizo el salto a la Corte. Apenas en octubre del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que desde la Corte ya le están poniendo freno a esos fallos “creo que con la nueva corte este (los derechos ambientales vs. temas mineros) va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/anglogold-ashanti-pide-intervenir-una-reserva-forestal-en-cajamarca-para-hacer-mineria-articulo-801180

El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios se debate en el alto tribunal.

La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión trascendental sobre el futuro de las consultas mineras en el país. Se trata del mecanismo que permite a los ciudadanos de un determinado municipio dar su aval o vetar los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. El debate es álgido y tiene dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Gobierno afirma que la prohibición popular de la minería en algunos municipios ha puesto en jaque las finanzas del Estado. Por otro lado, para organizaciones sociales, es la única forma de tener voz en proyectos de esta naturaleza.

La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo quien presentó un proyecto de fallo que le da la razón a la multinacional y que, de ser acogida por sus compañeros de la Sala Plena, representará un precedente judicial.

La ponencia afirma que es necesario concertar con las comunidades sobre la realización de los proyectos extractivos y dejar la consulta popular con la última opción. Esta posición remite a la sentencia C-123 de 2014 que estableció que, en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera, debía haber espacios que permitieran la participación activa y eficaz de las entidades municipales o distritales.

Precisamente, en la audiencia pública que la Corte Constitucional realizó sobre este caso en abril pasado, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consideraron que debía llegarse a un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. El problema, de acuerdo con el director de esa entidad, Luis Guillermo Vélez, es que la tutela T-445 de 2016, conocida como el fallo de Pijao, supuestamente rompió con esa armonía al permitir que los ciudadanos de un territorio definir cómo y de qué manera se van a utilizar los recursos del subsuelo.

Aunque ese fallo ha sido considerado un triunfo ambiental y democrático, para Vélez «es necesario que la Corte restablezca los mecanismos para lograr dicha armonía. Se debe desarrollar un proceso de concurrencia y concertación entre el gobierno nacional, autoridades, compañías y comunidades que retome los elementos contenidos en la sentencia C-123 de 2014 de la misma Corte».

La posición contraria la han defendido las organizaciones sociales. Su argumento es que las consultas mineras terminan siendo la única opción, ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), dijo en la audiencia de abril pasado: “El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”.

Cifras del Gobierno, con corte al mes de abril, señalan que hasta el momento se han hecho nueve consultas sobre minería e hidrocarburos en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre). Actualmente, hay seis suspendidas y 54 en marcha. En Antioquia, que tiene 120 municipios mineros, se ha hecho una consulta y otra está en trámite. Y en Casanare, donde hay 12 municipios con explotación de hidrocarburos, se ha hecho una consulta y hay siete en marcha.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ponencia-en-la-corte-constitucional-pide-que-consultas-mineras-sean-la-ultima-opcion-articulo-801020

Pese a que AngloGold aseguró 15 meses atrás que respetaría la decisión de los cajamarcunos sobre prohibir la minería en su territorio después de una consulta popular, EL OLFATO conoció que la compañía solicitó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente el permiso de “sustracción temporal de un área de reserva forestal central”.

Para el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, esta solicitud muestra claramente el interés de la multinacional de continuar adelante con el polémico proyecto La Colosa, por encima de la decisión 6.165 cajamarcunos que votaron no a la extracción minera en su territorio.

Aunque en el documento radicado con fecha del 5 de marzo de 2018 no especifican la zona en la que desean llevar a cabo la sustracción, las autoridades ambientales del Tolima aseguran que se trata de La Colosa en Cajamarca. (Ver documento)

“En mi calidad de apoderada de AngloGold Asshanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de SUSTRACCIÓN TEMPORAL DE UN ÁREA DE RESERVA FORESTAL CENTRAL (…)”, explica la compañía en su misiva.

A través de este escrito AngloGold le recalca varios puntos a MinAmbiente por los que deben permitirles la exploración minera en este territorio. En pocas palabras ellos aseguran que, a pesar de que este territorio fue declarado mediante la Ley 2 de 1959, como una de las siete zonas de reserva forestal de Colombia, su concesión se superpone a ella.

La solicitud, la cual aparece firmada por Andrea González Cely, directora ambiental de la compañía, para un experto en el tema, es la muestra de que aprovecharán el cambio del Gobierno Nacional para retornar con su proyecto de sustracción a La Colosa, teniendo en cuenta que fue bajo el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez que les concedieron los permisos.

Fuente:http://www.elolfato.com/aparece-documento-oficial-en-el-que-anglogold-pide-autorizacion-para-seguir-interviniendo-en-reserva-forestal-de-cajamarca/

El alcalde del municipio de Salento, Quindío Juan Miguel Galvis dijo que su administración está dispuesta a sacar los recursos para realizar la consulta popular minera, ante la negativa del ministerio de hacienda y la registraduría de adelantar este mecanismo de participación ciudadana por falta de dinero.

El mandatario señaló “nosotros habíamos programado la consulta popular para el pasado 15 de julio, pero fuimos notificados por parte de la registraduría que no tenían los recursos y que el ministerio de hacienda tampoco, entonces suspendidos la consulta, pero estoy dispuesto a sacrificar dineros de inversión para sacar adelante la consulta y esperamos que el gobierno entrante de Iván Duque permita este mecanismo”

Cabe recordar que en iguales circunstancias está el municipio de Córdoba que ha intentado realizar la consulta popular minera desde noviembre del 2017 en dos oportunidades y tampoco han podido por falta de recursos.

En el Quindío, el único municipio que ha podido adelantar consulta popular fue Pijao que le dijo NO a la megaminería el 9 de julio del 2017.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/07/19/armenia/1531964979_420726.html

A través de un comunicado a la opinión pública, los concejales de La Plata representados en la Mesa Directiva del Concejo Municipal, reiteraron su compromiso de no permitir que en el territorio se realicen actividades de explotación intensiva de los recursos naturales, específicamente mediante la extracción de minerales o la construcción de represas para generación hidroeléctrica. Con La Plata son diez las localidades huilenses que adoptaron como acuerdo municipal la defensa del patrimonio ecológico y cultural prohibiendo la megaminería y la construcción de represas.

En Acuerdo Municipal del Concejo, se convirtió la idea de prohibir en el territorio de ese municipio la explotación intensiva de los Recursos Naturales, la implementación futura de proyectos de explotación minera de gran escala y la construcción de represas para la generación de energía eléctrica.

A través de un comunicado a la opinión pública, los concejales de La Plata representados en la Mesa Directiva reiteraron su compromiso de no permitir que en el territorio se realicen actividades de explotación intensiva de los Recursos Naturales, específicamente mediante la extracción de minerales o la construcción de represas para generación hidroeléctrica.

Los cabildantes, quienes promulgaron el Acuerdo Municipal 013 en mayo pasado, aclararon que toda pretensión que busque establecer proyectos de esa naturaleza deberá ser autorizados por la comunidad conforme a los mecanismos definidos en la Ley, por lo que instaron a las autoridades locales a promover el alcance de lo acordado en mayo pasado.

Reiteraron que con la medida adoptada lo único que buscan es proteger a la comunidad de las afectaciones que pueda llegar a causar cualquier tipo de explotación extractiva de los Recursos Naturales, el impacto social por el cambio de la usanza sociocultural en la comunidad o la alteración del paisaje por cuenta de las actividades productivas no tradicionales, ni sostenibles ambientalmente.

Con la aprobación y sanción del Acuerdo 013 de 2018 el Concejo municipal de La Plata reafirma y rechaza todo tipo de exploración y explotación de recursos naturales, mineros y petroleros a gran escala, indicando que la norma adoptada lo que busca es la dictar medidas para la protección de los Recursos Naturales y defensa del patrimonio ecológico del municipio

Se espera que las entidades del nivel regional y nacional encargadas de esos temas, acojan y tramiten la decisión tomada por los representantes de la comunidad.

Con La Plata, son diez las localidades huilenses en donde sus concejos municipales han adoptado como Acuerdo Municipal la defensa del patrimonio ecológico y cultural prohibiendo la mega-minería y la construcción de represas. Previamente se promulgaron dichas decisiones en Pitalito, Timaná, El Agrado, Tarqui, Elías, Oporapa, Altamira, Acevedo y San Agustín.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/41571-en-la-plata-colombia-le-dicen-no-a-la-megamineria-y-a-las-represas

Por medio de la resolución 1963 del 2018, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), ratificó el cumplimiento de la Consulta Popular, que tuvo lugar el 26 de marzo del 2017, en la que los habitantes de Cajamarca dijeron no estar de acuerdo con que se ejecuten proyectos y actividades mineras en su territorio.

En reconocimiento de dicho mecanismo de participación ciudadana, CORTOLIMA, no otorgará permisos para utilizar recursos naturales con la finalidad de explotación minera en la jurisdicción del Municipio. Adicionalmente, revisará los permisos existentes en la zona una vez se adopte el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

De esta forma, la autoridad ambiental del Departamento sienta un precedente sobre las acciones posteriores a la definición de una Consulta Popular que niega la extracción minero-energética en el territorio.

Sin embargo, AngloGold Asahanti,  empresa que tenía intereses extractivos en Cajamarca, busca nuevos permisos de exploración, en razón del nuevo fallo que pueda emitir la Corte Constitucional sobre las Consultas Populares, relacionada con el caso Mansarovar Energy Colombia contra el Tribunal Administrativo del Meta.

AngloGold Ashanti Colombia prepara nuevas exploraciones en Cajamarca

La empresa minera AngloGold Ashanti, que hace un año reconoció por medio de un comunicado el resultado de la Consulta Popular y anunció su retiro de la zona, ahora insiste en un permiso de sustracción de la reserva forestal, para continuar con los estudios de exploración y preparar la fase de explotación minera del territorio.

De acuerdo con Renzo García, defensor de derechos humanos y ambientales de Tolima, este permiso que pretende reactivar La Colosa, hace parte de un plan nacional en el que están involucradas otras grandes empresas interesadas en la explotación de hidrocarburos en Colombia.

Según García, dicho plan se concentra en el fallo que emita la Corte Constitucional sobre el proceso de Masarovar, con lo cual se podrían acabar las Consultas Populares que refieran sobre el sector extractivo de la economía. Sin embargo, resaltó que AngloGold está actuando en contravención de la sentencia T-445 del 2016, y las leyes 1334 de 1994 y 1735 de 2015 que reconocen el mecanismo de la Consulta Popular, como contra la reciente resolución de CORPOTOLIMA.

Por su parte, la empresa señaló en un comunicado que hay instituciones públicas «resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular»,  y que mientras eso ocurre, deben seguir desarrollando las actividades económicas naturales de la empresa.

Resolución 1963 de la Corporación Autónoma Regional del Tolima by Contagioradio on Scribd

Fuente:http://www.contagioradio.com/no-mineria-en-cajamarca-cortolima-articulo-54777/

En una resolución la autoridad ambiental regional, Cortolima, aclaró que, de ahora en adelante, no habrá más permisos para actividades mineras. Aseguró que se revisarán las licencias existentes y, si es el caso, podrán revocarse.

El 26 de marzo 2017 fue un día histórico para Cajamarca. Después de muchos meses de tensiones políticas, de presiones de varios organismos de control y de discusiones con empresarios, la población de ese municipio tolimense le dijo no a la minería. En una consulta popular que se robó la atención de todo el país, el 97,9% de los votantes optaron por rechazar las actividades extractivas en su territorio.

Hoy, más de un año después, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), tomó una decisión que muchos estaban esperando. A través de una resolución (1963 de 2018), dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”

“La consulta popular de Cajamarca es obligatoria y vinculante frente a todas las autoridades administrativas en cuanto a la imposibilidad de adelantar proyectos y actividades de minería en su territorio. Cortolima como autoridad ambiental está obligada a dar cumplimiento a esta decisión popular”, expresó la Corporación en un comunicado.

En la resolución, esa entidad aclara que, de igual forma, se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán.

En términos más específicos, el documento, firmado por Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, señala que “ se procederán a revisar las licencias ambientales, concesiones de agua, permisos y demás autorizaciones otorgados con anterioridad a la realización de la Consulta Popular de Cajamarca, con la finalidad de proceder a adoptar las medidas administrativas pertinentes para revocar los actos administrativos que los otorgaron, si a ello hubiere lugar y previo al agotamiento del debido proceso.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/consulta-popular-de-cajamarca-es-obligatoria-no-habra-mas-licencias-para-mineria-articulo-799690