Según los habitantes de Cucaita, el suministro de agua se ha visto afectado en el sector veredal a causa de las malas prácticas mineras. De acuerdo con el testimonio de Carlos Rodríguez Sierra, habitante de la zona, hace pocos años, había agua en abundancia proveniente de dos nacimientos que proveían del preciado líquido a las familias del municipio y a sus cultivos.

Los males para esta comunidad, empezaron cuando llegó la minería que  traído contaminación y disminución de las quebradas de donde se surten los acueductos para las veredas de Chipacatá, Escalones y Pijaos.

La denuncia 
Los habitantes afectados por esta crisis ambiental en Cuicaita, aprovecharon la audiencia que se realizó la semana pasada en el Coliseo de la vereda Pijaos con la comunidad y la Procuraduría Ambiental y Agraria, para dar a conocer estas afectaciones. Según los residentes, los más afectados con la escasez de agua han sido los niños del sector, que estudian en la escuela Santa Lucía.

El agua llega a este sector cada ocho, lo que ha venido afectando el normal desarrollo de las clases, por lo que los docentes y padres de familia, temen que la secretaría de Salud de Boyacá tome la medida de cerrar la institución por riesgo sanitario.

Todos estos problemas se derivan, según la investigación realizada por el portal Entre Ojos, en los títulos concesionados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y en las licencias ambientales que al parecer de manera irregular otorgó entre 2007 y 2011 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) para extraer carbón en esta zona que hace parte del páramo Cundiboyacense y que limita con la Reserva Forestal Protectora El Malmo, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Tunja.

La comunidad ha contabilizado 11 títulos mineros que se extienden a lo largo de 1.700 hectáreas tanto de Pijaos como de las veredas Chipacatá, Escalones y Lluviosos, de Cucaita.

Según lo expuesto por los habitantes, también se han registrado afectaciones en las veredas Barón Germania, Barón Gallero, La Lajita y El Porvenir, de Tunja.

Filiberto Rodríguez, presidente de la Junta de Acueducto de la vereda La Hoya, de Tunja, pidió a Corpoboyacá y a Corpochivor revocar licencias ambientales otorgadas para explotar carbón en Cucaita.

La proximidad de la minería también afecta sus fuentes de agua.

Los residentes, aseguran que las licencias que otorga Corpoboyacá no cumplen con los requisitos y normas ambientales, y que no se le hace un adecuado y riguroso seguimiento a los planes de manejo presentados por las empresas.

La respuesta 
A este respecto Ricardo López Dulcey, actual director de Corpoboyacá señaló que las licencias ambientales a las que se refiere la comunidad de Cucaita, fueron otorgadas entre los años 1995 y 2010 y que durante su administración no se han otorgado más licencias para el municipio.

López Ducley señaló además que el conflicto en Cuciata se base en la tenencia del agua entre las comunidades que desarrollan la minería. “Esta es una zona que históricamente no ha tenido grandes fuentes hídricas y por razones del uso del suelo se responsabiliza a la minería de la disminución de la oferta de agua en la región”, expresó López Dulcey.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/cucaita-no-quiere-mas-mineria-453398

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.

Los hechos:

El día 20 de agosto Fabiola desapareció en extrañas circunstancias y fue encontrada sin vida en acontecimientos confusos el 21 de agosto. Ante la situación, rechazamos este crimen que expresa la situación vulnerable de las mujeres frente a una violencia estructural que sufren, y en particular alertamos la condición en que se encuentran muchas de las mujeres que han emprendido acciones de defensa territorial frente a las amenazas a la vida digna.

Contexto:

Fabiola era una mujer entregada a su familia, a la defensa territorial y a la comunidad. Su vida fue un ejemplo de generosidad y amor por el territorio, puesto que era una persona muy dedicada al trabajo comunitario, a la vida familiar, a sus hijos y a su finca, donde cultivaba y cuidaba sus animales junto a su esposo. Así mismo sus acciones como tesorera de la Junta de Acción Comunal se enfocaron en promover hechos concretos para mejorar la vida de las comunidades, con el impulso de infraestructura vial y puentes en las veredas, de igual manera ayudando a enfermos y a sus vecinos y amistades con dedicación.

Así que, frente a esta situación exigimos:

Al gobierno nacional:

Se investiguen los hechos sucedidos y se capture, juzgue y condene a los responsables por el feminicidio.

Se tomen las medidas de protección y prevención adecuadas por parte de las entidades correspondientes para garantizar la vida, libertad e integridad de las mujeres que defienden los territorios, el ambiente y la vida digna.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las mujeres defensoras de los territorios y el ambiente, se divulgue lo sucedido y se repudie y rechace este tipo de actos.

Nos solidarizamos con su familia, sus amigos y amigas, y les acompañamos en el difícil momento que atraviesan.

Esta denuncia pública va con copia a los organismos de investigación, derechos humanos y seguridad, con el fin de evitar más crímenes y feminicidios.

FIRMAN

Censat Agua Viva – Amigos de La Tierra Colombia

Movimiento Social por la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí

Mujeres del común

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Fuente:http://censat.org/es/noticias/omunicado-publico-urgente-garantias-y-proteccion-para-las-defensoras-de-la-tierra-repudiamos-y-rechazamos-el-crimen

Los representantes de ocho comunidades decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de que se garantice un proceso transparente en la Corte Constitucional, en donde cursa una solicitud de nulidad parcial presentada por la empresa Cerro Matoso S.A. sobre una sentencia proferida por ese tribunal.

Los voceros solicitaron medidas cautelares ante el Estado de Colombia para prevenir daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada.

«Hacemos esta solicitud considerando los diversos rumores sobre la capacidad de lobby de directivos, abogados o voceros de la multinacional ante la Corte Constitucional, que en estos momentos estudia una solicitud de nulidad parcial», señalaron los representantes a través de un comunicado de prensa.

En la misiva requieren mantener la decisión total de la sentencia T-733 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y que no se anule ninguno de los puntos contenidos en la parte resolutiva, como lo pretende la solicitud de nulidad presentada por parte de la compañía.

A través del fallo el alto tribunal ordenó a la administración del complejo minero adoptar las medidas necesarias para atender a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en inmediaciones de la mina, así como a financiar la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo con la suma de 400 millones de dólares por los perjuicios medioambientales y a la salud generados a cerca de 3.400 personas durante los últimos 35 años por la exploración y explotación de ferroníquel.

Ante esta situación, la empresa afirmó en su momento que la corte le había vulnerado el derecho al debido proceso porque desconoció la totalidad del material probatorio allegado por la empresa.

Adicionalmente hizo énfasis en las conclusiones del informe de Medicina Legal que advierte que no hay forma de probar que las enfermedades señaladas por las comunidades provinieran directamente de la operación de Cerro Matoso y aseveran que dicho estudio ratifica que las enfermedades señaladas por los demandantes son similares a las que padecen otros habitantes de Córdoba, departamento en donde se encuentra ubicada esta mina.

Frente a la petición radicada en la CIDH la empresa resaltó que la medida cautelar se instauró ante el Estado Colombiano.

“El incidente de nulidad a la sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades. Cerro Matoso, en 35 años, ha sido una empresa responsable en el cumplimiento de todas las exigencias del Estado”, afirmó la empresa en un comunicado realizado el pasado 31 de julio de 2018, en el que además asevera que la firma está y seguirá cumpliendo todas y cada una de las órdenes emanadas de la sentencia.

Se espera que la próxima semana la sala plena de la Corte Constitucional dé a conocer una decisión definitiva frente a la solicitud de nulidad.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-caso-cerro-matoso/41356

Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.

EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.

Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente acusador.

La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera 47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.

“Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959”, se lee en un aparte del reporte.

Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad de aire.

Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre la salud de los pobladores.

“Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más”.  Al revisarse la licencia ambiental 2622 del proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre 2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.

No obstante, advierte el ente de control, “no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero”.

Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias ambientales.

Con ello se produjo una afectación a “los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones necesarias frente a dichos impactos”.

Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes que debieron ser considerados: “El nuevo trazado implicaba también la modificación de las desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte de la autoridad”.

“Daños irreversibles”

Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma, la Contraloría estableció una serie de irregularidades.

En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.

Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas, que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original del arroyo San Antonio “no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales”, produciendo afectaciones “irreversibles” al medio ambiente.

“Hay investigaciones represadas”. inactivas desde hace siete años”.  La entidad revisora observó procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.

“En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del procedimiento o la consiguiente formulación de cargos”, se lee en la auditoría.

Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente y hasta el momento la Anla no ha hecho un  pronunciamiento de fondo.

Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, “podría conducir al fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales” o a que “el Estado pierda la oportunidad de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer”.

“Se ampliaron áreas de explotación sin licencia”

También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.

Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades necesarias para tal fin.

La Contraloría, sin embargo, critica que “se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo”.

Finalmente, el documento advierte que “hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería” y no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción (produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea (generando contaminación por emisión).

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676

A principios de esta semana en el Concejo de Paipa se llevó a cabo una votación para determinar si había, o no, consulta minera.

Así las cosas, con un total de 11 votos en contra y uno a favor, el Concejo tumbó la consulta ambiental contra la minería a cielo abierto y las termoeléctricas.

La economía

El presidente del Concejo de Paipa, Rafael Bayona, argumentó en la W.Radio que que durante el desarrollo de la consulta se desconocería que en el municipio la minería es uno de los renglones ejes de la economía, además del turismo.

“La minería ha estado presente por más de 50 años y esto implica que, de fondo, no se va a modificar el subsuelo del municipio, ya que es parte de una tradición”, dijo el Concejal en el medio radial.

Igualmente se conoció que Paipa está en proceso de actualización de su esquema básico de ordenamiento territorial, documento que da todas las herramientas para que se proteja las áreas que son sensibles a la afectación por minería a cielo abierto.

“Hay herramientas para que la institucionalidad sea garante para proteger el territorio en posibles afectaciones de medio ambiente”, explicó el funcionario.

De los 13 concejales, uno se declaró en inhabilidad para participar en el proceso por razones de que lo relacionan con minería a cielo abierto.

Fuente:HSB Noticias

http://hsbnoticias.com/noticias/local/tumban-consulta-minera-en-paipa-448629

Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas afirmó que en Marmato desde hace algunos años no se utiliza el mercurio durante el proceso de explotación del oro el cual generaba mucha contaminación en los afluentes hídricos.

Aclaró que actualmente en esa localidad se utiliza cianuro que genera una contaminación menor. “El mercurio por ser un metal pesado es muy difícil que se biodegrade por lo que continuará existiendo en el ecosistema durante mucho tiempo”.

De acuerdo con el funcionario por esta razón se trabaja en conjunto con la delegación minera y varias entidades ambientales para tratar de reconvertir estos procesos que hace algunos años generaban contaminación por otros que sean más amigables con el medio ambiente.

“Estamos cerca del 100% de mineros que se han reconvenido en el tema de la utilización de mercurio por cianuro”, explicó el profesional.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/08/14/manizales/1534248505_359402.html

El anuncio lo hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Car-.

Luego de definirse con un decreto los 24 polígonos compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá; la Car aseguró que cerca de 50 título mineros que quedaron por fuera de esta área deberán cerrar.

«Con ese decreto se logró recoger la actividad minera en el departamento y hay algunos casos de títulos mineros que quedaron por fuera del polígono y se procederá a su cancelación por falta de instrumentos ambientales», dijo Néstor Franco, director de la Car Cundinamarca. 

Franco aseguró que por primera vez en Colombia se hizo un ejercicio de organización minera en pro del río Bogotá en la cuenca media y alta.

«Se pudo identificar áreas puntuales en el territorio donde la minería legal puede ser practicada por fuera de las áreas sensibles, de protección donde se puede hacer minería de forma responsable y, reitero, de forma organizada», indicó.

Luego de cancelados los título mineros, la autoridad ambiental afirmó que se hará un trabajo de restauración (siembra de árboles, recuperación de ecosistemas).

El reto también estará en el monitoreo constante a los 24 polígonos (labor que le compete a la Car) que corresponde a 18.500 hectáreas en 19 municipios, incluida la ciudad de Bogotá para que cumplan con los requerimientos, sobretodo, ambientales.

En la minería que se realiza en la Sabana de Bogotá se extraen: sales, arenas silíceas, gravas, entre otros materiales para la construcción.

Con la disminución de las áreas mineras- pasó de 52 mil hectáreas a 18.500- se espera que la demanda de los materiales de construcción para Bogotá, con obras de infraestructura, no se quede corta, explicó Franco.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/cerca-de-50-minas-en-la-sabana-de-bogota-deberan-cerrar

Hay un curioso, atormentado deber de los escritores de ficción, que consiste en imaginar mundos. Estos mundos surgen al cambiar algunas circunstancias de aquello que llamamos, no sin muchas dudas, realidad. Lo que cambia en estas circunstancias no suele ser arbitrario: se imagina lo posible. Pero a veces se llega a postular incluso lo que nos parece imposible o lo que preferiríamos que jamás ocurriera: se sueña con utopías o se tienen pesadillas con las distopías. Las utopías ofrecen la ventaja psicológica de dar ánimos para emprender cambios; las distopías favorecen la cautela pues señalan los riesgos que vienen aparejados con aquello que se cree que es progreso.

Para imaginar esos mundos posibles, el escritor no solamente piensa y deja vagar la fantasía, también observa, lee y recuerda. Tal vez otros mundos pasados, reales o imaginarios, ofrezcan pistas para aquello que se desea o se teme. Después de observar, de leer, pensar y recordar lo ocurrido aquí o en otras partes, tengo la impresión de que el futuro mejor (o peor) que postulo para este territorio que llamamos Colombia está expuesto, sobre todo, a los cataclismos que los expertos predicen por los efectos del cambio climático del planeta.

Es sabido que una de las pocas cosas buenas que nos dejó el largo conflicto en Colombia es que nuestra “casa de esquina” de Suramérica es uno de los territorios más verdes y menos deteriorados ecológicamente de la región. Pese a la deforestación provocada por los cultivos ilegales, la minería salvaje (legal e ilegal), la tala de bosques en sitios poco aptos para la agricultura, si comparamos a Colombia con el vecindario (Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia o Ecuador), veremos que la Amazonia menos invadida, los bosques húmedos tropicales menos talados, los ríos y páramos todavía más ricos en agua y diversidad son los de nuestro país. El motivo es muy simple: los explotadores de estos recursos no pudieron saquearlos libremente gracias al miedo. Es una paradoja triste, pero real. El miedo a la guerrilla, a los narcotraficantes o a los paramilitares, la casi total ausencia del Estado y la falta de inversión nacional o internacional hicieron que buena parte del campo colombiano cayera en el más completo abandono (…).

Pero bastó que llegara la noticia de que Colombia ya no era un país tan peligroso y violento para que los ojos ávidos del mundo entero, y de los mismos colombianos, vieran en esa nueva frontera inexplorada mil oportunidades para su codicia, para la explotación de los recursos, para las inversiones.

Como siempre en la historia humana, lo primero que llega son los aserradores. A las costas del Pacífico, frente a las selvas del Chocó, ya no se acercan pesqueros chinos, sino traficantes canadienses de maderas preciosas. Y por los ríos bajan al mar los troncos centenarios, grandes como ballenas, a llenar las estibas que los llevarán a los ebanistas del primer mundo. Maderas duras, negras, rojas, blancas, moradas, harán la delicia de los coleccionistas de objetos y muebles raros (…).

Mientras esto ocurre en silencio y de contrabando, empiezan a trabajar las oficinas de los abogados. El gobierno de Álvaro Uribe, cuando arrinconó a la guerrilla en las zonas más apartadas de la selva, declaró que el país ya era un territorio libre de violencia y que había llegado el momento de explotar las riquezas incalculables de El Dorado. Se abrió la venta de títulos mineros exprés y las voraces compañías sudafricanas, chinas, canadienses, norteamericanas y europeas compraron a precio de huevo licencias de exploración de miles y miles de kilómetros cuadrados de subsuelo. Algunos compraron casi al azar, poniendo el dedo índice sobre el mapa, con los ojos cerrados, millones de hectáreas (…) La nación es la dueña del subsuelo y puede vender esas licencias. Y esas licencias son como papeles al portador, se pueden revender al mejor postor en el mercado (…)

Y vino lo mejor, que siempre es lo peor: en algunas regiones adonde habían podido volver los hacendados y los campesinos desplazados por decenios de violencia, y cuando pensaban que otra vez podían dedicarse a la contemplación del paisaje y a las explotaciones ganaderas o agrícolas de baja escala, se difundió en algunos pueblos la gran noticia: la AngloGold Ashanti (o cualquier otra empresa trasnacional) había encontrado oro, oro, oro, o plata, plata, plata, o níquel, níquel, níquel, o cobre, cobre, cobre, en el territorio. O algo así. Serían ricos, ricos al fin. El fin del conflicto, entonces, ha significado un deterioro inmediato de las condiciones ambientales de las regiones más apartadas del país. Los cauces de ríos que nadie se atrevía a explotar por miedo a la violencia están siendo invadidos por mineros artesanales. Las selvas y bosques a los que nadie se atrevía a ir son devastados por aserradores en busca de maderas preciosas. Los finqueros y campesinos que habían abandonado las tierras a su suerte, las vuelven a llenar de ganadería extensiva o de monocultivos de efectos muy dudosos en el ambiente. Y este deterioro local coincide con el desastre ecológico global, al cual también contribuyen nuestras grandes ciudades ultracontaminadas, nuestro consumo local de energías sucias no renovables y la exportación masiva de estas (carbón y petróleo).

¿Qué ocurrirá con el cambio climático en las altas cordilleras tropicales que caracterizan nuestra parte más poblada de la geografía? ¿Cuál será el efecto en las costas del aumento del nivel del mar? ¿Qué pasará con el frágil ecosistema de las selvas con la exacerbación de lo que siempre ha existido, es decir, con lluvias aún más torrenciales y con sequías mucho más rigurosas y duraderas? No lo sabemos bien, no puede decirse nada con seguridad, pero los nubarrones que se ven en el horizonte no anuncian nada fácil, nada bueno. No creo que las catástrofes o maravillas del futuro vayan a tener su origen en la política. Pero la política tendrá que lidiar con las crisis que se originen en el medioambiente. Por eso resulta necesario y apremiante dedicar los mayores esfuerzos del país (privados y públicos) a mitigar los efectos del deterioro ambiental planetario y a prevenir las tragedias.

*Escritor, traductor, periodista y columnista nacido en Medellín en 1958. Ha publicado 14 libros y obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos ocasiones, el Casa de América de Narrativa Innovadora y el Wola-Duke. Este texto fue publicado originalmente en el libro ‘¿Cómo mejorar a Colombia?’

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/colombia-debe-combatir-su-adiccion-al-oro-y-a-la-gasolina/

Mercurio evitado

Los precios se elevan

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/mercurio-vuela-hacia-zonas-rurales-MA9075842

La Sierra Nevada de Santa Marta es el hogar de cuatro de los pueblos indígenas de la costa Caribe: kankuamos, arhuacos, wiwas y koguis; sin duda uno de los ecosistemas más importantes del país. A pesar de ello y de ser el sistema montañoso litoral más alto de Colombia, hoy se encuentra amenazado por la minería y otros factores externos como el cambio climático y el turismo descontrolado.

El siguiente recorrido periodístico por los senderos y caminos de la Sierra, incluye las principales poblaciones indígenas del lugar.

 Atánquez y el llamado de atención kankuamo

Aunque tan solo está a 40 minutos de la cabecera municipal de Valledupar, en Atánquez, corregimiento donde inicia este recorrido, el aire tiene un olor distinto.

Y es que por su ubicación en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, este resguardo del pueblo indígena kankuamo, tiene una fragancia parecida a la del césped cuando se moja con agua de río y a matas de café, oreadas por el viento fresco que baja de la parte alta de la serranía.

“Atánquez es como la capital del pueblo kankuamo, ahí somos más o menos cinco mil o seis mil  habitantes”. Señala uno de los indígenas que acompaña el recorrido mientras llegábamos al lugar.

En esta primera parte del recorrido nos acompaña Daniel Maestre, líder del pueblo kankuamo y quien mientras nos enseña la población, sus calles empedradas y sus subidas y bajadas, recuerda el regreso tras los tiempos del  terror, esos días nefastos en los que el enfrentamiento constante entre guerrilleros, paramilitares y ejército, los hicieron dejarlo todo: “Hace 14 años me tocó dejar la población. En ese entonces esto quedó solo, la gente se fue huyendo de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y el mismo estado” Señaló el líder.

“Decidimos regresar porque la Sierra llama mucho. Los indígenas decimos que es donde tenemos la placenta enterrada, ahí queremos estar” Agregó.

Tras el regreso de ese destierro violento al que se vieron obligados, las tradiciones también se retomaron entre indígenas y campesinos que habitan la población. Entre ellas, el Corpus Christi; la fiesta que simboliza la colonización religiosa de España a las comunidades ancestrales que habitan en esta parte del territorio. Aunque los kankuamos le dan un significado distinto.

“Es una fiesta mestiza entre lo católico y lo indígena. Es al sol y la cosecha y es muy potente para nuestra cultura atanquera” señaló Daniel Maestre.

Pero entre los kankuamos y otros pueblos ancestrales que habitan la sierra, no todo es fiesta. La situación es más grave de lo que parece; incluso para los ‘mamos’ o autoridades ancestrales de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, esta realidad tiene un extraño destino apocalíptico.

“¿Los ‘mamos’ qué han dicho?, que si no nos ponemos las pilas, si no cuidamos la sierra, las visiones que ellos tienen de nuestro destino es apocalíptico” dijo uno de los guías.

Acto seguido, levanta su rostro y agrega: “Pero ellos dicen si cambiamos de actitud frente a la sierra, la tierra todavía puede ser noble con nosotros”  

Aunque el panorama se ve oscuro, la noche en las estribaciones de la sierra, se muestra iluminada por un manto de estrellas, acompañado por un instrumental de grillos, aves y toda clase de sonidos que pueda regalar el boscoso escenario.

Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/de-la-mineria-y-otros-verdugos-de-la-sierra-nevada-de-santa-marta