Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.

EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.

Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente acusador.

La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera 47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.

“Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959”, se lee en un aparte del reporte.

Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad de aire.

Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre la salud de los pobladores.

“Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más”.  Al revisarse la licencia ambiental 2622 del proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre 2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.

No obstante, advierte el ente de control, “no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero”.

Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias ambientales.

Con ello se produjo una afectación a “los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones necesarias frente a dichos impactos”.

Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes que debieron ser considerados: “El nuevo trazado implicaba también la modificación de las desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte de la autoridad”.

“Daños irreversibles”

Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma, la Contraloría estableció una serie de irregularidades.

En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.

Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas, que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original del arroyo San Antonio “no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales”, produciendo afectaciones “irreversibles” al medio ambiente.

“Hay investigaciones represadas”. inactivas desde hace siete años”.  La entidad revisora observó procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.

“En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del procedimiento o la consiguiente formulación de cargos”, se lee en la auditoría.

Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente y hasta el momento la Anla no ha hecho un  pronunciamiento de fondo.

Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, “podría conducir al fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales” o a que “el Estado pierda la oportunidad de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer”.

“Se ampliaron áreas de explotación sin licencia”

También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.

Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades necesarias para tal fin.

La Contraloría, sin embargo, critica que “se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo”.

Finalmente, el documento advierte que “hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería” y no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción (produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea (generando contaminación por emisión).

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676

A principios de esta semana en el Concejo de Paipa se llevó a cabo una votación para determinar si había, o no, consulta minera.

Así las cosas, con un total de 11 votos en contra y uno a favor, el Concejo tumbó la consulta ambiental contra la minería a cielo abierto y las termoeléctricas.

La economía

El presidente del Concejo de Paipa, Rafael Bayona, argumentó en la W.Radio que que durante el desarrollo de la consulta se desconocería que en el municipio la minería es uno de los renglones ejes de la economía, además del turismo.

“La minería ha estado presente por más de 50 años y esto implica que, de fondo, no se va a modificar el subsuelo del municipio, ya que es parte de una tradición”, dijo el Concejal en el medio radial.

Igualmente se conoció que Paipa está en proceso de actualización de su esquema básico de ordenamiento territorial, documento que da todas las herramientas para que se proteja las áreas que son sensibles a la afectación por minería a cielo abierto.

“Hay herramientas para que la institucionalidad sea garante para proteger el territorio en posibles afectaciones de medio ambiente”, explicó el funcionario.

De los 13 concejales, uno se declaró en inhabilidad para participar en el proceso por razones de que lo relacionan con minería a cielo abierto.

Fuente:HSB Noticias

http://hsbnoticias.com/noticias/local/tumban-consulta-minera-en-paipa-448629

Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas afirmó que en Marmato desde hace algunos años no se utiliza el mercurio durante el proceso de explotación del oro el cual generaba mucha contaminación en los afluentes hídricos.

Aclaró que actualmente en esa localidad se utiliza cianuro que genera una contaminación menor. “El mercurio por ser un metal pesado es muy difícil que se biodegrade por lo que continuará existiendo en el ecosistema durante mucho tiempo”.

De acuerdo con el funcionario por esta razón se trabaja en conjunto con la delegación minera y varias entidades ambientales para tratar de reconvertir estos procesos que hace algunos años generaban contaminación por otros que sean más amigables con el medio ambiente.

“Estamos cerca del 100% de mineros que se han reconvenido en el tema de la utilización de mercurio por cianuro”, explicó el profesional.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/08/14/manizales/1534248505_359402.html

El anuncio lo hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Car-.

Luego de definirse con un decreto los 24 polígonos compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá; la Car aseguró que cerca de 50 título mineros que quedaron por fuera de esta área deberán cerrar.

«Con ese decreto se logró recoger la actividad minera en el departamento y hay algunos casos de títulos mineros que quedaron por fuera del polígono y se procederá a su cancelación por falta de instrumentos ambientales», dijo Néstor Franco, director de la Car Cundinamarca. 

Franco aseguró que por primera vez en Colombia se hizo un ejercicio de organización minera en pro del río Bogotá en la cuenca media y alta.

«Se pudo identificar áreas puntuales en el territorio donde la minería legal puede ser practicada por fuera de las áreas sensibles, de protección donde se puede hacer minería de forma responsable y, reitero, de forma organizada», indicó.

Luego de cancelados los título mineros, la autoridad ambiental afirmó que se hará un trabajo de restauración (siembra de árboles, recuperación de ecosistemas).

El reto también estará en el monitoreo constante a los 24 polígonos (labor que le compete a la Car) que corresponde a 18.500 hectáreas en 19 municipios, incluida la ciudad de Bogotá para que cumplan con los requerimientos, sobretodo, ambientales.

En la minería que se realiza en la Sabana de Bogotá se extraen: sales, arenas silíceas, gravas, entre otros materiales para la construcción.

Con la disminución de las áreas mineras- pasó de 52 mil hectáreas a 18.500- se espera que la demanda de los materiales de construcción para Bogotá, con obras de infraestructura, no se quede corta, explicó Franco.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/cerca-de-50-minas-en-la-sabana-de-bogota-deberan-cerrar

Hay un curioso, atormentado deber de los escritores de ficción, que consiste en imaginar mundos. Estos mundos surgen al cambiar algunas circunstancias de aquello que llamamos, no sin muchas dudas, realidad. Lo que cambia en estas circunstancias no suele ser arbitrario: se imagina lo posible. Pero a veces se llega a postular incluso lo que nos parece imposible o lo que preferiríamos que jamás ocurriera: se sueña con utopías o se tienen pesadillas con las distopías. Las utopías ofrecen la ventaja psicológica de dar ánimos para emprender cambios; las distopías favorecen la cautela pues señalan los riesgos que vienen aparejados con aquello que se cree que es progreso.

Para imaginar esos mundos posibles, el escritor no solamente piensa y deja vagar la fantasía, también observa, lee y recuerda. Tal vez otros mundos pasados, reales o imaginarios, ofrezcan pistas para aquello que se desea o se teme. Después de observar, de leer, pensar y recordar lo ocurrido aquí o en otras partes, tengo la impresión de que el futuro mejor (o peor) que postulo para este territorio que llamamos Colombia está expuesto, sobre todo, a los cataclismos que los expertos predicen por los efectos del cambio climático del planeta.

Es sabido que una de las pocas cosas buenas que nos dejó el largo conflicto en Colombia es que nuestra “casa de esquina” de Suramérica es uno de los territorios más verdes y menos deteriorados ecológicamente de la región. Pese a la deforestación provocada por los cultivos ilegales, la minería salvaje (legal e ilegal), la tala de bosques en sitios poco aptos para la agricultura, si comparamos a Colombia con el vecindario (Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia o Ecuador), veremos que la Amazonia menos invadida, los bosques húmedos tropicales menos talados, los ríos y páramos todavía más ricos en agua y diversidad son los de nuestro país. El motivo es muy simple: los explotadores de estos recursos no pudieron saquearlos libremente gracias al miedo. Es una paradoja triste, pero real. El miedo a la guerrilla, a los narcotraficantes o a los paramilitares, la casi total ausencia del Estado y la falta de inversión nacional o internacional hicieron que buena parte del campo colombiano cayera en el más completo abandono (…).

Pero bastó que llegara la noticia de que Colombia ya no era un país tan peligroso y violento para que los ojos ávidos del mundo entero, y de los mismos colombianos, vieran en esa nueva frontera inexplorada mil oportunidades para su codicia, para la explotación de los recursos, para las inversiones.

Como siempre en la historia humana, lo primero que llega son los aserradores. A las costas del Pacífico, frente a las selvas del Chocó, ya no se acercan pesqueros chinos, sino traficantes canadienses de maderas preciosas. Y por los ríos bajan al mar los troncos centenarios, grandes como ballenas, a llenar las estibas que los llevarán a los ebanistas del primer mundo. Maderas duras, negras, rojas, blancas, moradas, harán la delicia de los coleccionistas de objetos y muebles raros (…).

Mientras esto ocurre en silencio y de contrabando, empiezan a trabajar las oficinas de los abogados. El gobierno de Álvaro Uribe, cuando arrinconó a la guerrilla en las zonas más apartadas de la selva, declaró que el país ya era un territorio libre de violencia y que había llegado el momento de explotar las riquezas incalculables de El Dorado. Se abrió la venta de títulos mineros exprés y las voraces compañías sudafricanas, chinas, canadienses, norteamericanas y europeas compraron a precio de huevo licencias de exploración de miles y miles de kilómetros cuadrados de subsuelo. Algunos compraron casi al azar, poniendo el dedo índice sobre el mapa, con los ojos cerrados, millones de hectáreas (…) La nación es la dueña del subsuelo y puede vender esas licencias. Y esas licencias son como papeles al portador, se pueden revender al mejor postor en el mercado (…)

Y vino lo mejor, que siempre es lo peor: en algunas regiones adonde habían podido volver los hacendados y los campesinos desplazados por decenios de violencia, y cuando pensaban que otra vez podían dedicarse a la contemplación del paisaje y a las explotaciones ganaderas o agrícolas de baja escala, se difundió en algunos pueblos la gran noticia: la AngloGold Ashanti (o cualquier otra empresa trasnacional) había encontrado oro, oro, oro, o plata, plata, plata, o níquel, níquel, níquel, o cobre, cobre, cobre, en el territorio. O algo así. Serían ricos, ricos al fin. El fin del conflicto, entonces, ha significado un deterioro inmediato de las condiciones ambientales de las regiones más apartadas del país. Los cauces de ríos que nadie se atrevía a explotar por miedo a la violencia están siendo invadidos por mineros artesanales. Las selvas y bosques a los que nadie se atrevía a ir son devastados por aserradores en busca de maderas preciosas. Los finqueros y campesinos que habían abandonado las tierras a su suerte, las vuelven a llenar de ganadería extensiva o de monocultivos de efectos muy dudosos en el ambiente. Y este deterioro local coincide con el desastre ecológico global, al cual también contribuyen nuestras grandes ciudades ultracontaminadas, nuestro consumo local de energías sucias no renovables y la exportación masiva de estas (carbón y petróleo).

¿Qué ocurrirá con el cambio climático en las altas cordilleras tropicales que caracterizan nuestra parte más poblada de la geografía? ¿Cuál será el efecto en las costas del aumento del nivel del mar? ¿Qué pasará con el frágil ecosistema de las selvas con la exacerbación de lo que siempre ha existido, es decir, con lluvias aún más torrenciales y con sequías mucho más rigurosas y duraderas? No lo sabemos bien, no puede decirse nada con seguridad, pero los nubarrones que se ven en el horizonte no anuncian nada fácil, nada bueno. No creo que las catástrofes o maravillas del futuro vayan a tener su origen en la política. Pero la política tendrá que lidiar con las crisis que se originen en el medioambiente. Por eso resulta necesario y apremiante dedicar los mayores esfuerzos del país (privados y públicos) a mitigar los efectos del deterioro ambiental planetario y a prevenir las tragedias.

*Escritor, traductor, periodista y columnista nacido en Medellín en 1958. Ha publicado 14 libros y obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos ocasiones, el Casa de América de Narrativa Innovadora y el Wola-Duke. Este texto fue publicado originalmente en el libro ‘¿Cómo mejorar a Colombia?’

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/colombia-debe-combatir-su-adiccion-al-oro-y-a-la-gasolina/

Mercurio evitado

Los precios se elevan

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/mercurio-vuela-hacia-zonas-rurales-MA9075842

La Sierra Nevada de Santa Marta es el hogar de cuatro de los pueblos indígenas de la costa Caribe: kankuamos, arhuacos, wiwas y koguis; sin duda uno de los ecosistemas más importantes del país. A pesar de ello y de ser el sistema montañoso litoral más alto de Colombia, hoy se encuentra amenazado por la minería y otros factores externos como el cambio climático y el turismo descontrolado.

El siguiente recorrido periodístico por los senderos y caminos de la Sierra, incluye las principales poblaciones indígenas del lugar.

 Atánquez y el llamado de atención kankuamo

Aunque tan solo está a 40 minutos de la cabecera municipal de Valledupar, en Atánquez, corregimiento donde inicia este recorrido, el aire tiene un olor distinto.

Y es que por su ubicación en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, este resguardo del pueblo indígena kankuamo, tiene una fragancia parecida a la del césped cuando se moja con agua de río y a matas de café, oreadas por el viento fresco que baja de la parte alta de la serranía.

“Atánquez es como la capital del pueblo kankuamo, ahí somos más o menos cinco mil o seis mil  habitantes”. Señala uno de los indígenas que acompaña el recorrido mientras llegábamos al lugar.

En esta primera parte del recorrido nos acompaña Daniel Maestre, líder del pueblo kankuamo y quien mientras nos enseña la población, sus calles empedradas y sus subidas y bajadas, recuerda el regreso tras los tiempos del  terror, esos días nefastos en los que el enfrentamiento constante entre guerrilleros, paramilitares y ejército, los hicieron dejarlo todo: “Hace 14 años me tocó dejar la población. En ese entonces esto quedó solo, la gente se fue huyendo de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y el mismo estado” Señaló el líder.

“Decidimos regresar porque la Sierra llama mucho. Los indígenas decimos que es donde tenemos la placenta enterrada, ahí queremos estar” Agregó.

Tras el regreso de ese destierro violento al que se vieron obligados, las tradiciones también se retomaron entre indígenas y campesinos que habitan la población. Entre ellas, el Corpus Christi; la fiesta que simboliza la colonización religiosa de España a las comunidades ancestrales que habitan en esta parte del territorio. Aunque los kankuamos le dan un significado distinto.

“Es una fiesta mestiza entre lo católico y lo indígena. Es al sol y la cosecha y es muy potente para nuestra cultura atanquera” señaló Daniel Maestre.

Pero entre los kankuamos y otros pueblos ancestrales que habitan la sierra, no todo es fiesta. La situación es más grave de lo que parece; incluso para los ‘mamos’ o autoridades ancestrales de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, esta realidad tiene un extraño destino apocalíptico.

“¿Los ‘mamos’ qué han dicho?, que si no nos ponemos las pilas, si no cuidamos la sierra, las visiones que ellos tienen de nuestro destino es apocalíptico” dijo uno de los guías.

Acto seguido, levanta su rostro y agrega: “Pero ellos dicen si cambiamos de actitud frente a la sierra, la tierra todavía puede ser noble con nosotros”  

Aunque el panorama se ve oscuro, la noche en las estribaciones de la sierra, se muestra iluminada por un manto de estrellas, acompañado por un instrumental de grillos, aves y toda clase de sonidos que pueda regalar el boscoso escenario.

Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/de-la-mineria-y-otros-verdugos-de-la-sierra-nevada-de-santa-marta

Estos mecanismos de participación no podrían vetar, en primera instancia, las iniciativas extractivas, según ponencia de la Corte Constitucional.

a semana que inicia hoy sería clave para el futuro de la operación minera y petrolera en el país. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejaría en claro el papel de las consultas populares, y hasta dónde pueden llegar frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.

La semana pasada el país puso en marcha una de las medidas claves para frenar el flagelo de la contaminación por mercurio: entró en vigencia la prohibición de este elemento en la producción legal de minería de oro. Sin embargo, su alarmante uso ilegal sigue siendo el mayor obstáculo para que Colombia sea libre de este tóxico.

La medida, que se estipuló desde la Ley 1658 de 2013 y ya venía implementándose, busca poner en cintura los procesos de los títulos legales, que antes contaban con autorización ambiental para el uso de mercurio. Con esto, según el Minambiente, se evita la importación de cerca de 95 toneladas de químico nocivo, utilizado para la separación del oro de otros elementos durante su procesamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos químicos críticos para la salud pública por su efecto tóxico en los ecosistemas y los humanos. Tras acumularse en el ambiente, puede causar desde malestares como dolores de cabeza hasta graves enfermedades neurológicas a quienes están en contacto con este tóxico.

En algunos lugares del país donde hay explotación minera informal ya empiezan a registrarse casos de niños que nacen con extrañas enfermedades que expertos atribuyen al contacto con este elemento.

La prohibición impuesta por el Gobierno es, entonces, más que necesaria. Sin embargo, la gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos. De acuerdo con el Ideam, anualmente en promedio se están vertiendo a fuentes de agua y suelos cerca de 200 toneladas de este material.

La situación es especialmente crítica en el Chocó y algunas zonas de Antioquia y Córdoba, pero este mal ya empieza a abrirse paso en ecosistemas invaluables como el de la Amazonia. La población rural de esas regiones es la más vulnerable y hay suficiente evidencia científica para alertar sobre la grave situación de salud pública al respecto.

Esta decisión es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero la moneda tiene otra cara: la de los serios obstáculos para hacer efectiva la proscripción. Estos incluyen el contrabando fronterizo de este elemento y, sobre todo, la debilidad institucional de las corporaciones autónomas regionales para monitorear y hacer cumplir la ley.

Es fundamental también el apoyo para la transición tecnológica de los mineros informales. Como se puede ver, es largo todavía el camino que deben recorrer las autoridades mineras y ambientales para que efectivamente el mercurio salga de los sistemas de producción aurífera, pero no por esto se puede desfallecer.

Además, el desafío con este material es también excluirlo de los procesos industriales como la fabricación de bombillas, algunos electrodomésticos y ciertos equipos médicos. La norma en este sector entraría en vigencia en el año 2023.

El camino, entonces, es largo para erradicar el mercurio en el país, pero los esfuerzos deben persistir con el nuevo gobierno.

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/erradicar-el-mercurio-editorial-246482

El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali está en una encrucijada por la minería ilegal de oro en pleno corazón de la reserva, el asentamiento de unas dos mil personas y la protección del agua que fabrica.

Aunque fue catalogado como parque nacional en 1968 y se delimitó cerca de 200 mil hectáreas para la conservación especialmente del agua, este lugar se encuentra en un momento histórico por que las decisiones que se tomen ahora, redundarán en la escasez o no del líquido en un futuro.

La mayoría de los habitantes dicen ser campesinos. En el recorrido por el corregimiento Los Andes (parte del parque), nos encontramos a don Víctor Manuel Victoria de unos 70 años, quien montado en su caballo nos contó sobre la vida ‘en ese paraíso’.

«Vivo acá hace unos 40 años, me dedico a la agricultura pero antes vivía también de la agricultura. Luego, con el apogeo de la mina trabajé allá«, afirmó.

Don Víctor asegura que recibió hasta dos millones de pesos quincenales por los trabajos en la mina de oro en el parque y agregó que cuando cerraron la mina de oro hace unos años, no pudo seguir trabajando allá.

«...Para nadie es un secreto que eso sigue abierto todavía. Lo que pasa es que ya no nos dan trabajo a los de aquí; pero de noche vemos como los carros salen y entran del parque», dijo.

Este abuelo de mediana estatura y con las arrugas propias de su edad, manifestó que con lo que ganó en la mina ahorró y ahora vive de sembrar tomate de árbol y mora entre otros y agregó que «ya no se sabe qué hacer con tantas prohibiciones en Los Farrallones».

«Usted me pregunta si la minería es buena o mala. Yo le digo que es buena para la gente pobre. Acá tenemos mucha necesidades. Acá vive gente humilde. La minería para nosotros es una oportunidad», sostuvo.