La Sala Plena de la Corte Constitucional deberá resolver dos impedimentos en medio de la discusión sobre el futuro de las consultas mineras que inicia en el Alto Tribunal.

Se trata de los impedimentos presentados por los magistrados Diana Fajardo y Alejandro Linares, quienes previamente emitieron conceptos sobre las consultas mineras en el país.

La discusión tiene que ver con una ponencia que pide que consultas mineras sean la última opción en el marco del estudio de una tutela presentada por la empresa Mansarovar Energy contra de un fallo del Tribunal Administrativo del Meta que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. 

La ponencia fue presentada por la magistrada Cristina Pardo que le da la razón a la multinacional y propone concertación con las comunidades sobre los proyectos extractivos y dejar las consultas como última opción.

Sobre el tema, el Estado ha dicho que las consultas han puesto a temblar las finanzas del país, mientras que las organizaciones sociales han dicho que es la única forma de que la población tenga voz y voto sobre la extracción de hidrocarburos.

La consulta que generó la tutela se realizó en junio del año pasado, dando como resultado una respuesta negativa por parte de los cumaraleños a la explotación petrolera en su territorio.

Respondieron la siguiente pregunta : “¿Está usted de acuerdo ciudadano Cumareño que dentro de la jurisdicción del municipio Cumaral, se ejecuten  actividades de explotación sísmica, perforación exploratoria, producción de hidrocarburos?. SI- NO”

Cifras del Gobierno, con corte al mes de abril, señalan que hasta el momento se han hecho nueve consultas sobre minería e hidrocarburos.

Fuente:https://www.rcnradio.com/judicial/discusion-sobre-consultas-mineras-inicia-con-dos-impedimentos-en-la-corte

El próximo 21 de octubre se llevará a cabo en el municipio de San Bernardo, ubicado al suroriente de Cundinamarca, la consulta popular minera en la que los habitantes decidirán si apoyan o no la exploración y explotación de hidrocarburos a pequeña y gran escala.

La pregunta que se le hará a los sanbernardinos es: «¿está de acuerdo sí o no, que en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, se lleven a cabo actividades de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos y/o pequeña, mediana y gran minería?».

Esta consulta – para ser aprobada deberá tener más de 5.000 votos – cuenta con el apoyo del alcalde municipal, Libardo Morales, quien ha manifestado abiertamente que «esta es una elección de conservación de la reserva hídrica del municipio, la reserva del pulmón más grande del mundo”.

“Quiero invitarlos formalmente a que el 21 de octubre todos acudamos a estas urnas, para que nosotros le digamos contundentemente a los señores que quieren hacer explotación minera en San Bernardo, que aquí estamos totalmente en contra de la minería», indicó.

La jornada irá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m..

Según David Sánchez, personero municipal, «tal vez la cantidad de mesas sí puede disminuir, comparado con las jornadas de votación para cargos públicos. La señora registradora nos decía que posiblemente vamos a bajar de 21 mesas. Sin embargo, en síntesis, la elección es exactamente igual a cualquier otra».

En cuanto a la divulgación a favor o en contra de la consulta, Sánchez señaló que «en cuanto a las personas que quieran hacer campaña por el sí o el no, pueden hacerlo. Solo que ellos previamente deben inscribirse para que los interesados en formar los comités, se inscriban ante la Registraduría».

Aunque inicialmente, dentro de las respuestas a la pregunta se había puesto la opción del voto en blanco, las autoridades aclararon que tal vez esto se dio por un error del Alcalde, el cual había proferido un decreto con el tema, el cual ya fue anulado.

El mismo día en que San Bernardo adelantará la consulta, también se llevará a cabo una en el municipio de Fusagasugá, en la que también se espera blindar al municipio de futuras explotaciones de hidrocarburos que puedan afectar el medioambiente.

Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/san-bernardo-cundinamarca-se-alista-para-su-consulta-popular-minera

A través de su cuenta de twitter, el defensor del Pueblo Carlos Negret lamentó las declaraciones del ministro de Defensa Guillermo Botero, respecto a la financiación de la protesta social.

Botero había afirmado desde Cartagena que los grupos armados estarían detrás de la financiación de las movilizaciones sociales.

El ejercio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

Negret afirmó que los señalamientos de Botero atentan contra el Derecho internacional humanitario, a la vez que ponen en riesgo a los manifestantes.

El pronunciamiento de Guillermo Botero comienza a despertar polémica a través de las redes sociales, donde académicos y ciudadanos también se han manifestado.

Fuente:http://caracol.com.co/radio/2018/09/14/nacional/1536891300_869892.html

Proyecto de fallo del alto tribunal expresa que tales movimientos ciudadanos no pueden desconocer la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales de todos los colombianos, en cabeza del Estado.

Las consultas populares para el desarrollo de proyectos y actividades mineras en los territorios deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Esta es la tesis principal contenida en el proyecto de fallo de la Corte Constitucional para resolver una de las controversias que hoy dificulta el desarrollo de las actividades mineras o de explotación de hidrocarburos: el alcance del legítimo derecho de las comunidades a oponerse.

Sin embargo, el mismo documento conocido por El Espectador resalta que esas consultas se han convertido en una forma de las comunidades de expresar sus inquietudes y su rechazo, en parte porque no existen mecanismos de participación ciudadana para manifestar su oposición. En tal sentido, reconociendo que existe un “déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, la ponencia plantea una solución de mediano plazo. Dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.

El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.

El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.

La tutela tuvo dos instancias en dos salas del Consejo de Estado. Inicialmente fue negada, pero después el alto tribunal optó por cesar la actuación jurídica, puesto que la consulta popular ya se había hecho en junio de 2017. No obstante, por la trascendencia de la discusión, no solo desde la perspectiva de las autoridades del Estado o del sector energético, sino también de las organizaciones sociales, la Corte Constitucional decidió revisar la tutela. Incluso, el 12 de abril de 2018 promovió una audiencia pública con nutrida participación de todos los interesados.

La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger expresa de entrada que la Constitución es clara en reconocer que la propiedad de los recursos del subsuelo es de todos los colombianos, en cabeza del Estado. Sin embargo, esta prerrogativa debe atender disposiciones legales, como la contraprestación económica a las regiones por medio del Sistema Nacional de Regalías o en general las normas propias del sector, como el Código de Petróleos o el de Minas. Además, contar con el criterio técnico de organismos como la ANH o la Agencia Nacional de Minería.

En consecuencia, se lee en el documento, resulta contradictorio concluir que existiendo competencias del Gobierno nacional central respecto a los recursos del subsuelo, las autoridades territoriales puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables y con ello desconocer a las entidades creadas para tales fines. Es decir, el Tribunal Administrativo del Meta, cuando aprobó el trámite de la consulta popular en Cumaral, no analizó que en ese tema también hay intereses nacionales y la decisión no puede ser exclusiva de las comunidades en los territorios.

En criterio de la ponente, ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales; tiene que existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. En otras palabras, no puede haber un poder de veto en los territorios para anular competencias del Estado.

A pesar de la contundencia de los argumentos incluidos en el proyecto de fallo que ya está siendo debatido por los demás miembros de la Corte Constitucional, la ponencia reconoce que existe un vacío legal para permitir la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales en proyectos para el sector de hidrocarburos. En concreto, el documento señala que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.

En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.

 

No cabe duda de que en las actividades de exploración y explotación de petróleo puede haber contaminación del agua, el aire o la tierra; por ejemplo, con los derrames de hidrocarburos o la generación de partículas o ruido. Además, suele aumentar el costo de vida de los municipios o crearse una dependencia de la economía local respecto al petróleo o la minería, con la consecuente migración de población a los municipios productores. Entonces, es indispensable que las comunidades conozcan de primera mano los riesgos que se pueden generar.

Por eso, con el propósito de enfrentar ese déficit de protección, la ponencia plantea exhortar al Congreso para que, en un término de dos años, contados a partir de la notificación de la sentencia, defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana para casos como el que llevó a los habitantes de Cumaral a apelar a la consulta popular, y uno o varios instrumentos legales para garantizar la debida coordinación entre la nación y los territorios para idénticos fines. El documento lo define como de vital importancia en materia ambiental y social.

De igual modo, el planteamiento de la Corte Constitucional apunta a que todas las entidades del orden nacional que se ocupen de extracción de recursos naturales con impacto ambiental y social se robustezcan institucionalmente en la misión de contener los riesgos que conlleva la actividad del sector minero energético. Esta tarea incluye programas en el beneficio de las comunidades, estricto seguimiento al cumplimiento de los contratistas y verificación para que las inversiones sociales realmente se articulen con las políticas públicas en el ámbito nacional.

Finalmente, la ponencia plantea hacer un llamado a las personas y empresas que desarrollen contratos de concesión del subsuelo o de los recursos naturales, a que en sus operaciones respeten los derechos humanos e introduzcan en sus políticas corporativas estrategias que conduzcan a cumplir con los principios de la participación ciudadana, el relacionamiento permanente con las autoridades locales y aspectos de enfoque territorial, información previa y transparente, sostenibilidad fiscal, pluralidad ciudadana y desarrollo sostenible.

 

La propuesta de la ponente Cristina Pardo es dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reitera la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.

 

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consultas-populares-no-pueden-vetar-proyectos-mineros-ni-energeticos-ponencia-articulo-811014

Este domingo 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reveló cifras preocupantes al publicar que, entre el 1 de enero de 2018 y el 22 de agosto de este año, han sido asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos en el país.

Según las investigaciones, en apenas ocho departamentos se concentra el 70 % de homicidios. Estos son Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Córdoba y Putumayo.

La Fiscalía también ha revelado que la mayoría de los victimarios son miembros del Clan del Golfo, disidencias de las Farc, EPL, entre otros grupos armados organizados.

Finalmente, la Defensoría también advierte que los departamentos en donde se producen los homicidios tienen como factor común la minería ilegal, cultivos ilícitos y narcotráfico.

Fuente:https://www.bluradio.com/nacion/ya-van-343-lideres-y-defensores-de-ddhh-asesinados-este-ano-defensoria-189901-ie430

Dos años lleva auscultando el río Cali. Desde la cuenca alta del río Felidia, que desemboca en el primero, hasta que baja a la ciudad. William Alberto Correa Barragán dedica un día a la semana a recorrer el cauce del río, con la paciencia de un pescador.

Y de un investigador, porque él y su equipo de trabajo, sí están pescando, pero las trazas de mercurio en el agua, en los sedimentos, en los pequeños animales que viven en ese ecosistema y hasta en las raíces de las plantas que crecen en sus orillas.

El País abordó a este químico egresado de la Universidad del Valle, con maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Palmira, en el río Cali, antes de llegar al Zoológico. Le acompañaban Juan Sebastián Bolívar Muñoz y Jessica Viviana Velásquez, y Shirley Elena Cuero, estudiantes de Tecnología en Control Ambiental del Sena, que participan en el proyecto.

Estos integrantes del semillero de estudios ambientales del Centro de Diseño Tecnológico Industrial del Sena (CDTI), hacían la toma de muestras acuáticas y sedimentos con redecillas que atrapan lodo, larvas, gusanos, libélulas y otros macroinvertebrados.

Todo esto lo llevan a laboratorio y lo pasan por el analizador directo de mercurio, un equipo de alta tecnología del CDTI del Sena, que va cuantificando qué tanto de ese metal pesado hay en cada muestra.

El estudio ‘Bioacumulación de mercurio en macroinvertebrados acuáticos en la cuenca baja del río Cali’, que realiza la Universidad Santiago de Cali y el Sena, bajo la dirección de la profesora Pilar Cogua. Y pese a que se tomará unos ocho meses para sacar conclusiones definitivas, el resultado preliminar no es alentador: la concentración de mercurio en el agua del río Cali es hasta un 250% superior a la permitida.

Correa ha encontrado niveles de mercurio que alcanzan concentraciones de hasta 7 partes por billón (ppb). Una cifra preocupante porque supera el umbral de 2 partes por billón permitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para actividades productivas, en este caso, vertimientos de minería en cuerpos de agua (resolución 0631 de 2015).

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), establece los límites tolerables para ecosistemas o fauna acuática, en el máximo permitido en 0,001 partes por millón, equivalentes a 1 parte por billón. Pero Correa, dice que “hemos encontrado valores que ascienden hasta 100 partes por billón en plantas, siendo la raíz una de las porciones donde más se acumula este metal pesado y contaminante”.

Julia Miranda, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNNC, en su visita a Cali la semana pasada para tratar las distintas problemáticas del Parque Nacional Natural Los Farallones (PNNF), admitió que “los datos por contaminación de mercurio de Los Farallones, superan los de todo el país, más que Medellín y Bogotá. Una parte por billón de mercurio ya es inadmisible y en este territorio es una de las más altas en todo el país, ni siquiera el Amazonas ni el Pacífico, la más alta está en el PNNF y se debe a la minería ilegal por la extracción de oro”.

La funcionaria añadió que así lo concluye la ‘Investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano,’ realizado por PNNC, realizado con el Ministerio del Medio Ambiente y laboratorios oficiales, cuyo informe final recibió hace solo un mes.

Ante las quejas por la falta de controles a la minería ilegal en Los Farallones, Julia Miranda aclaró que todos los días el equipo del Parque con el Ejército Nacional patrulla el lugar.

“En un acuerdo con el Ministerio de Minas, están destruyendo los socavones para frenar la minería ilegal, me mandan las fotos, hay capturas cada semana, porque se ha detectado que bajan bultos de piedra para sacar camuflado el oro, porque les destruimos el sitio donde lo procesan”, informó.

La funcionaria destacó la importancia de esas acciones, “los socavones que hay en el páramo y en el bosque andino, destruyen la fábrica de agua y la llenan de mercurio y los daños los están sufriendo las personas que viven en este territorio y eso es gravísimo”.

De acuerdo con el documento citado por la directora de PNNC, el Parque Los Farallones registra seis procesos, tres con incidente de reparación, dos en investigación, y uno en juicio, a febrero de 2018.
Julia Miranda desvirtuó que sigan subiendo maquinaria pesada a la montaña. Sin embargo, un líder comunal que reservó su identidad dijo que esa maquinaria la quemaron “cuando ya habían extraído el oro y destruído el medio ambiente”.

Claudia María Buitrago, directora del Dagma, admitió que “hay mercurio arriba (en Farallones), y la causa es clarísima, es la minería ilegal”.

¿Por qué es peligroso el mercurio?

Correa explica que la toxicidad y efecto contaminante del mercurio ya está debidamente estudiado y demostrado los daños que puede ocasionar en organismos vivos. Cuando este metal pesado entra en un ciclo acuático, tiene una gran capacidad para pasar del organismo más pequeño hasta el más grande, fenómeno llamado bioacumulación, así se va bioconcentrando y puede llegar a un huésped final.

En ese proceso, el mercurio sufre una transformación química que lo hace superasimilable por especies vivas dentro de una cadena o ciclo alimenticio, pero a medida que pasa, se torna más tóxico de lo que era en su estado inicial”, sostiene.

Existen algunas plantas que son biorremediadoras, que lo absorven y lo transforman en una especie menos tóxica. Incluso algunas llamadas fitovolatizadoras, lo expulsan por sus estomas a la atmósfera. “Entonces, descontamina el río, pero está contaminando el aire”, sentencia Correa.

De ahí, que el mercurio no es considerado un contaminante local, sino global. Cuando tienen una amalgama de oro-mercurio y la queman, el mercurio se vuelve gas, que entra a las nubes e incluso puede llegar a lugares, donde no hay minería. Y cuando llueve, se deposita en los ríos y llega de nuevo a las plantas que de pronto son consumidas por un ser humano o por un mamífero como una vaca, cuya leche o carne es consumida luego por las personas.

Julia Miranda reconoció que “el mercurio afecta la salud humana, el sistema neurológico, la genética; ya hemos encontrado casos de bebés que nacen sin paladar, sin labio, sin bracitos, sin pies, en Amazonas y en Caquetá; en el Valle del Cauca habrá que hacer los estudios”.

Este metal puede generar mutagénesis (cambios en los genes); genotoxicidad (toxicidad en ADN) y daño en células nerviosas. “Las consecuencias son malformaciones, problemas reproductivos, daños al sistema nervioso de organismos vivos, además de daños ecológicos”, indicó Correa, quien hizo una primera investigación en la parte alta del río Felidia, con la Universidad Nacional y el Sena.

El investigador sostiene que en su estudio solo están cuantificando concentraciones de mercurio en agua, sedimentos y macroinvertebrados. “En seres humanos habría que hacer investigaciones que nos permitan cuantificar la concentración de mercurio en su cuerpo. Las uñas, el cabello, la sangre, son biomarcadores que indican la medida de una sustancia tóxica en el organismo”, explicó.

Sin embargo, según la investigación del PNNC mencionada por Miranda, en Colombia no hay estudios sobre el impacto del mercurio en la salud humana, y los pocos que hay son pequeños hechos en municipios del país, ninguno de ellos en el Valle del Cauca.

Por lo tanto, Correa aclara que con su estudio, “no podemos concluir si las personas están consumiendo agua de estos ríos o alimentos de su entorno, puedan enfermarse a causa del mercurio. Pero sí cree que sirve para hacer ver que es necesario y urgente, que se legisle, se fijen normas y se hagan cumplir, sobre mitigación, uso, manipulación y disposición de sustancias contaminantes, en este caso, el mercurio, pero también del plomo, cromo y otros metales pesados que tienen incidencias similares en la salud a la del mercurio.

La directora de PNNC comentó que los indígenas les dicen a los funcionarios de los 37 parques en los que hay la misma problemática, que ya reconocen los pescados contaminados porque nacen deformes, pero que los sacan y se los dan picados a las gallinas. “Si luego consumen la gallina, también está contaminada porque ese metal no se degrada, y afecta el hígado, el equilibrio, cuando no hablamos de niños con malformaciones para toda la vida. Colombia tiene que salir de la contaminación por mercurio”, concluyó.

El muestreo del estudio de William Alberto Correa, se hizo en El Pato, El Roble y El Socorro.

El informe de PNNC reconoce que en Los Farallones hay extracción ilícita de minerales y explotación de yacimiento aurífero de filón en la cuenca alta del río Cali (Andes, Felidia y Pichindé) y de aluvión en la cuenca media del río Anchicayá, en 676,7 hectáreas y donde han sido contabilizados 421 socavones, construidos en condiciones no técnicas y en forma artesanal.

La minería en parques nacionales se prohibe desde 1977. No obstante, en estos parques y otras áreas protegidas, existen 36.155 títulos mineros, según estudio de 2017.

La minería ilegal en Colombia ocupa más del 60 % de las 41 zonas hidrográficas del país y el 28% de las áreas protegidas.

Fuente:https://www.elpais.com.co/cali/el-preocupante-hallazgo-de-mercurio-en-las-aguas-del-rio.html

Según los habitantes de Cucaita, el suministro de agua se ha visto afectado en el sector veredal a causa de las malas prácticas mineras. De acuerdo con el testimonio de Carlos Rodríguez Sierra, habitante de la zona, hace pocos años, había agua en abundancia proveniente de dos nacimientos que proveían del preciado líquido a las familias del municipio y a sus cultivos.

Los males para esta comunidad, empezaron cuando llegó la minería que  traído contaminación y disminución de las quebradas de donde se surten los acueductos para las veredas de Chipacatá, Escalones y Pijaos.

La denuncia 
Los habitantes afectados por esta crisis ambiental en Cuicaita, aprovecharon la audiencia que se realizó la semana pasada en el Coliseo de la vereda Pijaos con la comunidad y la Procuraduría Ambiental y Agraria, para dar a conocer estas afectaciones. Según los residentes, los más afectados con la escasez de agua han sido los niños del sector, que estudian en la escuela Santa Lucía.

El agua llega a este sector cada ocho, lo que ha venido afectando el normal desarrollo de las clases, por lo que los docentes y padres de familia, temen que la secretaría de Salud de Boyacá tome la medida de cerrar la institución por riesgo sanitario.

Todos estos problemas se derivan, según la investigación realizada por el portal Entre Ojos, en los títulos concesionados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y en las licencias ambientales que al parecer de manera irregular otorgó entre 2007 y 2011 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) para extraer carbón en esta zona que hace parte del páramo Cundiboyacense y que limita con la Reserva Forestal Protectora El Malmo, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Tunja.

La comunidad ha contabilizado 11 títulos mineros que se extienden a lo largo de 1.700 hectáreas tanto de Pijaos como de las veredas Chipacatá, Escalones y Lluviosos, de Cucaita.

Según lo expuesto por los habitantes, también se han registrado afectaciones en las veredas Barón Germania, Barón Gallero, La Lajita y El Porvenir, de Tunja.

Filiberto Rodríguez, presidente de la Junta de Acueducto de la vereda La Hoya, de Tunja, pidió a Corpoboyacá y a Corpochivor revocar licencias ambientales otorgadas para explotar carbón en Cucaita.

La proximidad de la minería también afecta sus fuentes de agua.

Los residentes, aseguran que las licencias que otorga Corpoboyacá no cumplen con los requisitos y normas ambientales, y que no se le hace un adecuado y riguroso seguimiento a los planes de manejo presentados por las empresas.

La respuesta 
A este respecto Ricardo López Dulcey, actual director de Corpoboyacá señaló que las licencias ambientales a las que se refiere la comunidad de Cucaita, fueron otorgadas entre los años 1995 y 2010 y que durante su administración no se han otorgado más licencias para el municipio.

López Ducley señaló además que el conflicto en Cuciata se base en la tenencia del agua entre las comunidades que desarrollan la minería. “Esta es una zona que históricamente no ha tenido grandes fuentes hídricas y por razones del uso del suelo se responsabiliza a la minería de la disminución de la oferta de agua en la región”, expresó López Dulcey.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/cucaita-no-quiere-mas-mineria-453398

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.

Los hechos:

El día 20 de agosto Fabiola desapareció en extrañas circunstancias y fue encontrada sin vida en acontecimientos confusos el 21 de agosto. Ante la situación, rechazamos este crimen que expresa la situación vulnerable de las mujeres frente a una violencia estructural que sufren, y en particular alertamos la condición en que se encuentran muchas de las mujeres que han emprendido acciones de defensa territorial frente a las amenazas a la vida digna.

Contexto:

Fabiola era una mujer entregada a su familia, a la defensa territorial y a la comunidad. Su vida fue un ejemplo de generosidad y amor por el territorio, puesto que era una persona muy dedicada al trabajo comunitario, a la vida familiar, a sus hijos y a su finca, donde cultivaba y cuidaba sus animales junto a su esposo. Así mismo sus acciones como tesorera de la Junta de Acción Comunal se enfocaron en promover hechos concretos para mejorar la vida de las comunidades, con el impulso de infraestructura vial y puentes en las veredas, de igual manera ayudando a enfermos y a sus vecinos y amistades con dedicación.

Así que, frente a esta situación exigimos:

Al gobierno nacional:

Se investiguen los hechos sucedidos y se capture, juzgue y condene a los responsables por el feminicidio.

Se tomen las medidas de protección y prevención adecuadas por parte de las entidades correspondientes para garantizar la vida, libertad e integridad de las mujeres que defienden los territorios, el ambiente y la vida digna.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las mujeres defensoras de los territorios y el ambiente, se divulgue lo sucedido y se repudie y rechace este tipo de actos.

Nos solidarizamos con su familia, sus amigos y amigas, y les acompañamos en el difícil momento que atraviesan.

Esta denuncia pública va con copia a los organismos de investigación, derechos humanos y seguridad, con el fin de evitar más crímenes y feminicidios.

FIRMAN

Censat Agua Viva – Amigos de La Tierra Colombia

Movimiento Social por la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí

Mujeres del común

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Fuente:http://censat.org/es/noticias/omunicado-publico-urgente-garantias-y-proteccion-para-las-defensoras-de-la-tierra-repudiamos-y-rechazamos-el-crimen

Los representantes de ocho comunidades decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de que se garantice un proceso transparente en la Corte Constitucional, en donde cursa una solicitud de nulidad parcial presentada por la empresa Cerro Matoso S.A. sobre una sentencia proferida por ese tribunal.

Los voceros solicitaron medidas cautelares ante el Estado de Colombia para prevenir daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada.

«Hacemos esta solicitud considerando los diversos rumores sobre la capacidad de lobby de directivos, abogados o voceros de la multinacional ante la Corte Constitucional, que en estos momentos estudia una solicitud de nulidad parcial», señalaron los representantes a través de un comunicado de prensa.

En la misiva requieren mantener la decisión total de la sentencia T-733 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y que no se anule ninguno de los puntos contenidos en la parte resolutiva, como lo pretende la solicitud de nulidad presentada por parte de la compañía.

A través del fallo el alto tribunal ordenó a la administración del complejo minero adoptar las medidas necesarias para atender a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en inmediaciones de la mina, así como a financiar la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo con la suma de 400 millones de dólares por los perjuicios medioambientales y a la salud generados a cerca de 3.400 personas durante los últimos 35 años por la exploración y explotación de ferroníquel.

Ante esta situación, la empresa afirmó en su momento que la corte le había vulnerado el derecho al debido proceso porque desconoció la totalidad del material probatorio allegado por la empresa.

Adicionalmente hizo énfasis en las conclusiones del informe de Medicina Legal que advierte que no hay forma de probar que las enfermedades señaladas por las comunidades provinieran directamente de la operación de Cerro Matoso y aseveran que dicho estudio ratifica que las enfermedades señaladas por los demandantes son similares a las que padecen otros habitantes de Córdoba, departamento en donde se encuentra ubicada esta mina.

Frente a la petición radicada en la CIDH la empresa resaltó que la medida cautelar se instauró ante el Estado Colombiano.

“El incidente de nulidad a la sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades. Cerro Matoso, en 35 años, ha sido una empresa responsable en el cumplimiento de todas las exigencias del Estado”, afirmó la empresa en un comunicado realizado el pasado 31 de julio de 2018, en el que además asevera que la firma está y seguirá cumpliendo todas y cada una de las órdenes emanadas de la sentencia.

Se espera que la próxima semana la sala plena de la Corte Constitucional dé a conocer una decisión definitiva frente a la solicitud de nulidad.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/comunidades-solicitan-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos-adoptar-medidas-cautelares-en-caso-cerro-matoso/41356

Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.

EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.

Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente acusador.

La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera 47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.

“Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959”, se lee en un aparte del reporte.

Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad de aire.

Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre la salud de los pobladores.

“Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más”.  Al revisarse la licencia ambiental 2622 del proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre 2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.

No obstante, advierte el ente de control, “no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero”.

Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias ambientales.

Con ello se produjo una afectación a “los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones necesarias frente a dichos impactos”.

Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes que debieron ser considerados: “El nuevo trazado implicaba también la modificación de las desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte de la autoridad”.

“Daños irreversibles”

Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma, la Contraloría estableció una serie de irregularidades.

En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.

Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas, que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original del arroyo San Antonio “no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales”, produciendo afectaciones “irreversibles” al medio ambiente.

“Hay investigaciones represadas”. inactivas desde hace siete años”.  La entidad revisora observó procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.

“En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del procedimiento o la consiguiente formulación de cargos”, se lee en la auditoría.

Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente y hasta el momento la Anla no ha hecho un  pronunciamiento de fondo.

Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, “podría conducir al fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales” o a que “el Estado pierda la oportunidad de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer”.

“Se ampliaron áreas de explotación sin licencia”

También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.

Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades necesarias para tal fin.

La Contraloría, sin embargo, critica que “se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo”.

Finalmente, el documento advierte que “hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería” y no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción (produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea (generando contaminación por emisión).

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676