La Defensoría del Pueblo advierte la presencia de reductos de los paramilitares, miembros del ELN y otros grupos armados que se disputan el territorio donde viven cuatro pueblos indígenas. Líderes de la Sierra se muestran preocupados por la gran cantidad de proyectos mineros.

La situación para los pueblos indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores sigue siendo bastante difícil.

Desde mediados de este año la Defensoría del Pueblo alertó del riesgo que corren las comunidades indígenas que viven en jurisdicción de los municipios de Ciénaga y Santa Marta en el departamento de Magdalena y Dibulla en el departamento de La Guajira, por cuenta de la presencia de grupos armados en la zona.

La situación es particularmente preocupante para las comunidades indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamo que se asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Además, hay dificultades para los funcionarios públicos y contratistas de todas las entidades del Estado que adelantan labores en esta región; lo mismo que para los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Según la Alerta Temprana entregada por la Defensoría, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado ‘Los Pachencas’, conformado por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna (Clan Giraldo u Oficina Caribe). Además, también se advirtió que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) pretenden disputar el control territorial, al tiempo que ha reaparecido el ELN en la zona.

A finales de octubre, en una visita al sector de Pueblo Viejo, donde habita una gran comunidad indígena Kogui, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, volvió a llamar la atención sobre los peligros a los que se enfrenta este pueblo indígena.

“El gobierno nacional, la Policía y el Ejército tienen que trabajar muy fuerte para que los Pachencas no sigan creciendo. Le pediremos al presidente que venga a la Sierra Nevada”, dijo Negret.

El defensor fue más allá y se quejó por la falta de acceso a educación y salud para los indígenas.

“Tenemos que trabajar mucho para que en esta zona se respete la autoridad de las comunidades indígenas y su autonomía. Las comunidades indígenas han tenido algo que muchos de nosotros no tenemos: paciencia. Insistiremos en contarle al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud y al mismo señor Presidente que hay unas comunidades que claman por una mayor atención”.

En diálogo con Mongabay Latam, Gelver Zapata Izquierdo, líder indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, manifestó que no es extraño ni un secreto que para los pueblos en la Sierra la amenaza es inminente y que para ellos el conflicto no ha pasado, pues los grupos armados se han mantenido en el territorio.

Para él, estos grupos “están en unas zonas estratégicas donde justamente se quieren desarrollar proyectos estratégicos (mineros, hidrocarburos, infraestructura). Es extraño que el Estado esté cerca de esos proyectos y también lo estén los grupos armados”, dice.

Los pueblos indígenas creen que debe existir alguna vía política que les permita proteger su territorio, pues para ellos no existen diferencias entre guerrilla armada, paramilitares armados o disidentes armados.

“Para nosotros cualquier grupo armado es lo mismo, es el símbolo de la guerra dentro de los territorios. Estamos convencidos de que Colombia necesita el diálogo para reconstruir, pero más allá del diálogo es el reconocimiento de los derechos de los pueblos”.

Continúa la incertidumbre por la minería en la Sierra

Gervel Zapata asegura que el conflicto para ellos continúa en diferentes formas y no solo se trata de actores armados. Para él, la guerra también está en la definición del uso territorial que hacen los municipios y los departamentos, en especial para los proyectos mineros, de hidrocarburos y megaproyectos de infraestructura.

“El mal uso o el uso inadecuado del territorio nos está generando un accionar bélico”, dijo.

Y es que los pueblos de la Sierra Nevada llevan años luchando contra grandes proyectos, en especial de minería para materiales de construcción (canteras), que amenazan con destrozar las montañas.

Los mamos -autoridades y guías espirituales indígenas- dicen que de seguir así, dentro de 5 o 10 años la Sierra Nevada no va a existir. Su gran preocupación es que la minería se siga expandiendo.

En 2016, los pueblos interpusieron una tutela -mecanismo judicial en Colombia para la protección de derechos fundamentales- para obtener el amparo de su derecho fundamental a la consulta previa, presuntamente vulnerado con la expedición de 132 títulos mineros sobre el territorio sagrado denominado “Línea Negra”, sin antes haber realizado el procedimiento de consulta previa con las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

Así mismo, al querer que dichos pueblos participen en 395 consultas previas “sin las garantías necesarias para poder ejercer el derecho adecuadamente, específicamente, sin que se haya concluido la elaboración del Protocolo de Consulta Previa, en el que se establezcan, en forma concertada con el Estado, los principios, procedimientos, instancias, tiempos y etapas, que deben surtirse en todos los procesos de consulta previa que se vayan a adelantar en el territorio ancestral de la ‘Línea Negra’”.

La tutela fue fallada negativamente por parte del Tribunal Superior de Valledupar y ha sido declarado nula en dos ocasiones cuando ha llegado a la Sala de Revisión de la Corte Constitucional debido a falencias en la forma de notificar a los propietarios de los títulos mineros.

Ahora está por tercera vez en la Corte Constitucional, pero los indígenas tienen temor de que el organismo no respalde la protección del territorio de la Línea Negra pues “vemos lo que está pasando con las decisiones que está tomando la Corte (se refieren a la prohibición de consultas populares para proyectos extractivos) y nos preocupa la viabilidad de nuestra solicitud”.

En una minga realizada el año pasado los pueblos llegaron a la conclusión de que no eran escuchados y que les estaban “tomando del pelo”. Pidieron la ayuda de la Procuraduría y se creó una especie de alianza llamada Amigos de la Sierra, donde varias organizaciones nacionales e  internacionales como Dejusticia y Aida han apoyado su causa.

De hecho, van a hacer una intervención ante la Corte apoyando las pretensiones de los pueblos de la Sierra en esta tutela.

Hace más de un mes la procuraduría solicitó tener acceso al expediente que está en la Corte pero no ha tenido respuesta. Volvió a hacer la solicitud el 22 de octubre y se encuentra a la espera de comunicación.

Los indígenas se mantienen firmes en que no van a participar en consultas previas para temas de minería hasta que no se resuelva de fondo la tutela, pero ahí surge una nueva preocupación. Cuando los pueblos no asisten a las consultas más de tres veces sin justificación, se inicia algo que se llama test de proporcionalidad, donde se convoca a todas las entidades que son competentes en el proyecto para definir cuáles son los impactos y las medidas frente a esos impactos.

“Al final, esto lo que quiere decir es que el proyecto va”, comenta la abogada Luisa Castañeda. Según dice, nadie sabe qué pasa en ese test porque es un procedimiento muy interno entre las entidades e incluso la empresa, “no se están respetando los acuerdos políticos que había con el gobierno y tampoco se respeta la voluntad de los pueblos indígenas de no hacer más consultas para temas mineros. Los pueblos no van a las consultas porque consideran que no tienen garantías. Es una forma de pronunciarse”.

Uno de los acuerdos políticos a los que se refiere Castañeda es el firmado con el entonces viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Luis Ernesto Gómez, en 2017.

Se trata de un documento de seis puntos, entre los que se encuentra que “el Ministerio del Interior se compromete a avanzar y culminar la concertación interinstitucional tanto en el nivel técnico como en el político del instrumento jurídico de protección y redefinición de la ‘línea negra’ en un tiempo aproximado de tres meses. Para el cumplimiento de dicho objetivo se asignarán los recursos necesarios (técnicos y financieros)”.

Según Gelver Zapata, líder de los indígenas de la Sierra Nevada, ni ese punto ni ningún otro se han cumplido. “Lo que hay ahora es una incertidumbre en torno al compromiso del gobierno de generar un diálogo permanente para solucionar la problemática de la minería dentro del territorio ancestral”, dice.

Al líder indígena le preocupa lo que va a pasar con la tutela que interpusieron, si se van a otorgar más títulos mineros y si habrá un cambio en torno a la consulta previa que les permita tener más garantías.

“De momento no hay una postura política del gobierno frente al tema de la Sierra Nevada. La minería acá no es conveniente porque hay una desaparición forzada del ejercicio cultural en los sitios sagrados”, asegura.

“A pesar de que tenemos una sociedad de espaldas a nuestra cultura, al conocimiento tradicional y al tema de derechos en los pueblos indígenas, lo que queremos es asegurar el uso de los bienes naturales que nos fueron proveídos por los padres y madres espirituales. Hay gente que considera que somos una obstrucción, pero en el fondo lo que estamos haciendo es asegurar beneficios naturales a una población de más de tres millones de habitantes alrededor de la Sierra Nevada”, concluye Gelver Zapata.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/entre-grupos-armados-y-mineria-siguen-viviendo-los-indigenas-de-la-sierra-nevada-de-santa-marta/42072

El gobernador de Antioquia confirmó que los 17 acuerdos que han logrado los municipios para prohibir la minería han sido demandados y de esos, 13 de municipios como Jericó, Támesis, Titiribí, Tarso, Caicedo, Pueblorrico, Concordia, Fredonia, Carolina, Valparaiso, entre otros, han sido declarados inválidos.

Luis Pérez explicó que han ocurrido casos como el de Urrao, en el que los concejales apelaron ante el Consejo de Estado las decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia e interponen otros recursos que les terminan dando la razón, por lo que pidió que el Congreso actúe.

«La Corte Constitucional le pide al Congreso de la República que saque una ley reglamentado cómo se va a decidir el tema minero. Los territorios sí tienen participación y concurrencia, pero no son los únicos», dijo Pérez.

El gobernador manifestó que lo importante es que el Congreso defina cuáles son los alcances de cada municipio en este tipo de prohibiciones.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/por-demandas-de-gobernacion-invalidan-13-acuerdos-que-prohibian-mineria-en-antioquia-196620-ie1994153

De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.

Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.

El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras», dice.

Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.

Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.

El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.

En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.

Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.

El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.

A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.

El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.

En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño de la República de Colombia se pronunciarían, por Sí o No, a la explotación minera en su territorio. La consulta se realiza, pese a lo decidido por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el Ministerio de Hacienda y el órgano electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

San Lorenzo es un municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú. El agua que brota de las montañas provee a acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, sino también beneficia a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La producción del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca el cultivo de café de alta calidad, frutales, diversos alimentos y desarrollo de pequeña ganadería.

En el año 2008, sin consultar a las comunidades, se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia la exploración de los proyectos mineros la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo, y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda. Al poco tiempo, los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales y sociales, como la violencia, que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional. Este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuar creando conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales. A pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros para tratar sobre la implicancia de la minería en ámbitos locales, regionales y departamentales. Es precisamente en el foro de “Agua y minería”, realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño), que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

De inmediato, se inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad para su realización. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales. La decisión de la Corte Constitucional fue que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como el Consejo Nacional Electoral exige acatar la determinación de la Corte y ordena suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el poder legislativo se pronuncie frente al tema.

En la actualidad, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados. Sin embargo, en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio; por lo cual, la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado a las futuras generaciones.

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio” que es promotor de la consulta, decidieron continuar el proceso democrático de la consulta popular de manera legítima y convocaron para realizarla el 25 de noviembre de 2018. El objetivo es que jóvenes y adultos participen activamente y se cuantifique, tanto la oposición a la realización de proyectos megamineros como la promoción de la protección del agua y la vida, en el Municipio de San Lorenzo.

Serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe destacar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integrantes del comité.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42196-consulta-popular-legitima-en-san-lorenzo-narino

Desde la secretaría jurídica de la Gobernación de Antioquia se entabló una demanda ante el Tribunal Administrativo contra los acuerdos de los 15 concejos municipales que prohíben la minería en esos territorios, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que asegura que este tipo de decisiones solo las podrá tomar la Nación.

Según la secretaria de minas del departamento, Dora Elena Balvín, esos acuerdos de los municipios tienen invalidez jurídica y Antioquia está dejando de recibir regalías por la suspensión de la minería en esas zonas.

La sentencia se contrasta con el caso del municipio de Urrao, donde el Consejo de Estado aseguró que los concejales sí tienen la competencia para permitir o no el uso del subsuelo para esa actividad.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/gobernacion-demando-los-acuerdos-que-prohiben-mineria-en-municipios-de-antioquia-195548-ie1994153

Un fiscal citará a indagatoria a 8 ejecutivos para aclarar giros por $9.000 millones a Jaime Blanco.

La multinacional Drummond creía haber sepultado para siempre las acusaciones sobre el supuesto financiamiento de grupos paramilitares en Colombia. Varias decisiones judiciales, entre ellas, dos en Estados Unidos, de 2013, les habían cerrado la puerta a demandas contra la empresa y contra sus directivos por esa causa.

En efecto, tras escuchar al menos 45 testimonios y revisar pruebas, cortes federales de Alabama concluyeron que no había fundamento alguno para procesarlos por patrocinar a esos grupos ilegales entre 1996 y 2006, década en la que las autodefensas, en especial el frente Juan Andrés Álvarez, hicieron presencia en el área de operación de la multinacional: en el Cesar.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el fantasma paramilitar volvió a rondar a la poderosa carbonera y que, tras tres años de dar vueltas en la Fiscalía, revivió un viejo expediente en el que testimonios la señalan de haber irrigado las finanzas ‘paras’.

En efecto, reporteros de este diario establecieron que hace 19 días, la Fiscalía 247 de Justicia Transicional ordenó la apertura de instrucción por el posible delito de concierto para delinquir agravado. En el documento, que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva, anunció que citará a interrogatorio a varias personas, incluidos 8 ejecutivos de la multinacional, que hoy está en busca de un socio para vincularlo a su operación en Colombia, de donde aspira a sacar 32 millones de toneladas de carbón en 2018.

El peritazgo

Entre los mencionados aparecen Augusto Jiménez, expresidente de la carbonera en Colombia y hoy asesor de la multinacional, y José Miguel Linares, la actual cabeza de la firma en Bogotá. Además, el exagente de la CIA James Lee Adkins, quien fue jefe de seguridad de la carbonera, y Delbert Lee Lobb jr., otro estadounidense que ofició como gerente de operaciones de la compañía en territorio nacional.

EL TIEMPO estableció que lo que el ente acusador les quiere pedir es que justifiquen pagos supuestamente atípicos, por cerca de 9.000 millones de pesos, a Jaime Blanco Maya, a través de su empresa Industria de Servicios y Alimentos (ISA).

Blanco era el contratista que suministraba los alimentos en uno de los campamentos de la carbonera y hoy purga una pena de 38 años por el crimen, en 2001, de los sindicalistas de la multinacional Víctor Ocasita y Valmore Locarno, quienes empezaron a cuestionar la calidad de los alimentos y los montos que por ellos se pagaban.

Varios testimonios de exparamilitares señalan que Blanco era el enlace con las autodefensas. Además, que del sobrecosto que recibía por sus servicios les entregaba 25 millones de pesos a los paramilitares para obtener seguridad, y él ponía de su plata 5 millones de pesos más. De hecho, el propio contratista rindió testimonios en similar sentido.

A su declaración se unió la de los exparamilitares Salvatore Mancuso; José Gelves Albarracín, alias el Canoso; Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias el Tigre.

Varios de esos testimonios fueron compulsados a la Dirección Especializada de Justicia Transicional, que terminó asignándole el caso a la Fiscalía 247.

Desde 2017, dicho despacho, en cabeza del fiscal Octaviano Casas, le empezó a pedir información a la oficina jurídica de la Drummond y ordenó que se practicaran pruebas, incluido el peritazgo de un experto que reseñó el supuesto incremento en el precio del contrato de comida tras la firma de cuatro otrosíes entre Blanco y la multinacional.

Además, dijo que se encontraron elementos por aclarar, como precios disímiles en las letras y los números que aparecen en esos documentos.

Para despejar esas dudas, entre las personas que también serán llamadas a indagatoria están el excoronel Luis Carlos Rodríguez, Ricardo Linero González y Alfredo Santander Araújo Castro, los tres vinculados al área de seguridad de la carbonera.

De hecho, Araújo Castro, gerente de Relaciones con la Comunidad, fue capturado en mayo de 2015 para que rindiera interrogatorio dentro del proceso por el crimen de los sindicalistas, pero fue dejado en libertad a los pocos días y su defensa ya pidió el archivo del caso.

EL TIEMPO se comunicó con el fiscal 247, pero se negó a hablar del tema sin autorización previa de sus superiores.

Por su parte, voceros de la Drummond le informaron a este diario que no han sido notificados del llamamiento a indagatoria. Además, se ratificaron en que la firma nunca ha financiado el paramilitarismo y en que, desde 2012, le han trasladado a la Fiscalía copiosa evidencia de que terceros pagaron testigos para señalarlos. Y enfatizaron en que cortes de Estados Unidos se han pronunciado en este sentido.

La Fiscalía 247 también pidió escuchar el testimonio del expara Raúl Hasbún antes de tomar una decisión de fondo.

‘Aún no hemos sido notificados’

Fuentes autorizadas de la Drummond le dijeron a EL TIEMPO que los tomaba por sorpresa el posible llamado a indagatoria, y agregaron que no han sido notificados oficialmente por la Fiscalía.

No obstante, admitieron que desde hace más de un año, la Fiscalía 247 especializada de Justicia Transicional les comenzó a pedir información relacionada con el contrato que la multinacional tuvo con la firma ISA, propiedad de Jaime Blanco Maya. De hecho, explicaron que esa misma documentación les ha sido solicitada por la justicia en al menos tres oportunidades y se ha remitido de manera oportuna por sus abogados.

“Nuestra posición es la misma: nunca hemos financiado grupos paramilitares en Colombia. Siempre que la Fiscalía nos pide información, de inmediato la suministramos. Incluso, hemos traído pruebas desde Estados Unidos sobre cómo se han pagado testigos para que acomoden versiones y vinculen a la compañía con las autodefensas, lo cual es falso”, aseguraron sus voceros.

Y agregaron que, a pesar de la solicitud de sus abogados, no han podido acceder al expediente para ejercer su defensa. Además, que en varias ocasiones han pedido la unificación de los procesos en los que se ha tratado ese tema para que la justicia colombiana adopte decisiones de fondo.

Sobre el incremento en el valor de los alimentos que suministraba Blanco Maya para la operación de la mina en La Loma, Cesar, la carbonera aseguró que durante esa década (1996-2006) la inflación en el país era alta, y es parte de lo que explica el aumento de los costos del contrato. También dijeron que se adoptaron mecanismos para mejorar el embalaje y transporte de la comida, lo que elevó sus gastos.

De paso se preguntaron por qué la denuncia que ellos interpusieron en Colombia por la existencia de falsos testigos que señalaban a la multinacional aún no ha arrojado resultados. Al respecto, dijeron que en Estados Unidos avanzan indagaciones sobre el origen de los pagos a cambio de esos testimonios.

También recordaron que en Colombia se han presentado decisiones a su favor, como la emitida por la Fiscalía 22 que cerró el proceso que seguía contra Augusto Jiménez y Alfredo Araújo, dos de los directivos que aparecen entre quienes serían citados a indagatoria.

“A pesar de que no hemos sido notificados de las decisiones tomadas en la Fiscalía 247, la multinacional y sus directivos mantendrán siempre la postura de colaborar con las autoridades, con la certeza de que no hemos financiado grupos paramilitares en ningún momento”, puntualizaron los voceros de la carbonera estadounidense.

Fuente:https://m.eltiempo.com/justicia/investigacion/le-reviven-a-la-drummond-el-fantasma-paramilitar-en-colombia-286474?hootPostID=07e6106f68a09c65896e6bc0b554965f&fbclid=IwAR3JBIuhMSnb3bK404eicAPUZhh96ptG-H-zy-iDPIKzhpUBXGsjt7A5RS8

La W conoció que la Contraloría General de la República determinó que la empresa multinacional minera Cerro Matoso S.A., le adeuda al Estado colombiano más de $170 mil millones de pesos, por regalías dejadas de pagar entre los años 1998 y 2003 y entre 2007 y 2012.

Inicialmente, la compañía debe las regalías correspondientes al periodo que va del primer trimestre de 1998 al cuarto trimestre de 2003, por cerca de 48 mil millones de pesos.

De igual manera, de 2007 a 2012, la deuda asciende a $120 mil millones, sin incluir intereses para ambas obligaciones.

Y también $4 mil millones más del periodo 2007 – 2008.

El ente de control destacó que el menor valor pagado se debió a la aplicación defectuosa de los costos deducibles en la determinación y pago de las regalías correspondientes a la explotación de níquel en varios contratos.

La Contraloría llegó a estas conclusiones gracias a información suministrada por la Agencia Nacional Minera (ANM).

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cerro-matoso-le-debe-a-colombia-mas-de-170-mil-millones-en-regalias-desde-el-ano-1998/20181023/nota/3815517.aspx?fbclid=IwAR0ltK1XJxOgtaf87KXPvIJJ6RrghxVEFeSRfdyaDSGl-gY7pJI3vkHTyeQ

Cerro Matoso S.A y la Agencia Nacional de Minería (ANM) están en un pleito judicial por la liquidación de los contratos de la concesión 866 y 1727 que terminaron en 2012. En el proceso, la ANM declaró que su contraparte le debe $170.000 millones al Estado por haber deducido de manera incorrecta los costos de liquidación de las concesiones en el periodo 1998-2003 y por un cobro retroactivo de regalías desde 2007 hasta 2012, por lo que ordenó un pago de US$58 millones más intereses.

Cerro Matoso respondió a la decisión de la agencia estatal diciendo que incurrió en un proceso irregular teniendo en cuenta que la organización no tiene elementos para soportar un cobro coactivo hasta que un juez lo determine. Además dice que los cobros son improcedentes porque son sobre concesiones que ya están terminadas, lo que significa que la ANM ya no tiene ninguna competencia para hacer cualquier tipo de exigencia. Finalmente, la acción sería inválida por el principio de la irretroactividad de la ley.

La empresa finalizó siendo enfática en que respeta a las autoridades nacionales y recordó que siempre ha actuado conforme al marco normativo que la rige.

Fuente:https://www.larepublica.co/empresas/cerro-matoso-rechazo-el-cobro-impuesto-por-la-agencia-nacional-de-mineria-2785373

En respuesta a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de que no se realicen las consultas populares previstas para desarrollarse el próximo domingo.

Hasta tanto no sea proferido el fallo de la acción de tutela que interpuso la petrolera Mansarovar contra la consulta popular adelantada en el municipio de Cumaral (Meta), este mecanismo de participación ciudadana, que se tenía programado realizar el próximo domingo 21 de octubre en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), queda en veremos. 

La respuesta enviada por el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, al registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, deja abierta la opción de que las consultas se puedan o no adelantar en estas dos localidades.  

«Por carecer la Corte Constitucional de competencias consultivas, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, no me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas. Es exclusivamente en el texto de la sentencia enunciada donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante comunicado de prensa», indicó el funcionario en la carta enviada al registrador.

Linares se refiere a la carta enviada por el registrador a la Corte sobre el futuro que correrían las consultas que ya estaban previstas efectuar, tras los posibles efectos que la sentencia del caso Cumaral pueda tener sobre las demás que están en trámite. 

«Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas», decía el documento remitido por la Registraduría.

En la contestación el alto tribunal señaló que se encuentra trabajando a toda velocidad para dar a conocer en el menor tiempo posible el texto del fallo, así como las razones detalladas que la sustentan.

«Tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la setencia», apuntó Linares.

En el pronunciamiento del fallo en el caso de Cumaral adelantado el pasado jueves, la Corte hizo dos precisiones claves para destrabar la inversión del sector minero-energético, consistentes en ratificar que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo, así como que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos.

La Sala Plena de la Corte consideró también que pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación.

Así las cosas, la incertudumbre vuelve a reinar entre los habitantes y las autoriades de Fusagasugá y San Bernardo, en donde ya todo estaba listo para que las personas habilitadas para votar acudieran a las urnas el domingo.

Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen registradas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares hasta el momento en Colombia.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/consultas-de-fusagasuga-y-san-bernando-en-el-limbo-hasta-que-se-publique-la-sentencia/41891

Ante el pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en el caso de Cumaral, que dejaría sin efectos a futuro las consultas populares en el país, los acuerdos municipales aparecen como posible ‘tabla de salvación’. Sin embargo, ese alto tribunal tiene la última palabra.

Los municipios son competentes para decidir si prohíben o no la explotación minera en sus territorios.