Cinco panfletos firmados por las Agc, un video intimidante del mismo grupo armado, carteles y grafitis con las siglas de las Agc y mensajes vía Whatsapp son algunas de las intimidaciones que han recibido al menos 20 líderes y lideresas ambientales que se oponen a la llegada de la minera Colcco y que han protagonizado los bloqueos en Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.
Valentina Parada Lugo

Se completan 20 días de protestas contra la licencia ambiental que dio la Corporación Autónoma Regional de Santander a la empresa francesa Colcco.
Foto: Tomada del twitter de @ComiteSanturban

Se completan 20 días de protestas en zona rural de Barrancabermeja por la entrega de una licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a la minera francesa Colcco para explotación de una mina de carbón a cielo abierto en el municipio de El Carmen de Chucurí.

Durante las últimas dos semanas las noticias han girado en torno a las consecuencias económicas que han generado estos bloqueos, pero poco se ha hablado sobre los riesgos, amenazas e intimidaciones que vienen enfrentando desde el 13 de enero, algunos líderes y lideresas ambientales que impulsan esta movilización social.

El primer nombre que se lee en los cuatro panfletos intimadatorios -firmados por las Agc- es el de Oneida Suárez, de 39 años. “Damos 72 horas para desalojar el territorio a quienes se cen al desarrollo económico de la región”, se lee en las amenazas, en donde se mencionan a otros 19 líderes y lideresas ambientales reconocidos en la región. “Exterminio es la misión”, dice el panfleto.

Oneida integra el movimiento social Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo, un colectivo que, como su nombre lo dice, se opone a las actividades de hidrocarburos en este territorio. Es una de las mujeres que más conoce el contexto social y ambiental la zona y ha sido una de las protestantes contra la minera Colcco, como también lo fue en 2019 contra Ecopetrol, con la llegada de la empresa a su territorio.

Según ella, la problemática radica en las inconsistencias que tiene la licencia que le otorgaron a la multinacional. “Nosotros tenemos un río que se llama Cascajales, que es como el río de nuestros amores. La mina que le concesionaron a Colcco, por la que estamos luchando, no tiene permiso de concesión ni captación de aguas para actividad minera. Es decir, la empresa, de entrar en operaciones, va a dañar nuestro río porque no hay otra fuente hídrica potente de donde ellos puedan sacar el agua para su funcionamiento. Nuestra vida depende de ese río”, explica.

La defensa de ese afluente llevó a que más de 2.000 personas se organizaran para levantar bloqueos en dos zonas: en la vía Oponcito – Yarima (Barrancabermeja) y en el corregimiento kilómetro 23, en San Vicente de Chucurí. Aunque los bloqueos fueron levantados parcialmente el pasado 27 de enero y la comunidad entró en asamblea permanente con cierres viales temporales, la situación de seguridad para los manifestantes se ha recrudecido a medida que pasan los días.

La petición que han hecho las comunidades es que se indague sobre las inconsistencias que tiene la licencia minera que le otorgaron a la empresa y se revoque. De hecho, la secretaría de Ambiente departamental emitió un comunicado el pasado 23 de enero se pronunció pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y al Ministerio de Ambiente pidiendo que la licencia sea derogada. “La petición se realiza teniendo en cuenta que la información suministrada por el Minambiente contiene todos los argumentos necesarios para avanzar en dicho proceso”. Hasta el momento, ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la CAS se han pronunciado al respecto.

Líderes y lideresas fueron declarados ‘objetivo militar’
Los panfletos firmados por las Agc (o Clan del Golfo) fueron emitidos el 13, 15, 19 y el 25 de enero. El 26 de enero también se difundió a través de redes sociales un video en el que hombres armados -que se identifican como miembros de las Agc-, reiteran las amenazas contra los líderes ambientales que se mantienen en pie en la movilización. “Se declara objetivo militar a las personas que permanecen en la movilización, ya que hemos evidenciado que solo buscan seguir generando caos y zozobra”.

Frente a estas amenazas, el abogado Santiago Gamboa, de la Corporación Compromiso, y quien acompaña a las comunidades, asegura que estos ataques contra líderes y lideresas ambientales, así como organizaciones de defensa del territorio, ponen en vilo la voluntad de paz que han manifestado las Agc (Clan del Golfo) de sentarse en una mesa de negociación con el gobierno Petro para entrar a la “Paz Total”.

Las Agc son uno de los cuatro grupos armados con los que se estableció un acuerdo de cese al fuego bilateral desde el 1 de enero de 2023 y hasta el 30 de junio del mismo año. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter en 31 de diciembre pasado, cuando advirtió que los grupos con los que se había pactado ese acuerdo fueron el Clan del Golfo (Agc), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El Eln también entró en ese anuncio, pero el Gobierno tuvo que reversar su inclusión luego de que la guerrilla dijera que era un tema a discutirse en la mesa de negociación.

Por eso, la petición de los líderes sobre respetar el cese al fuego no es menor. “Estamos en un tránsito en el que se habla de que este grupo armado quiere una salida a través del diálogo político, pero están amenazando líderes ambientales, además en medio de un anuncio de cese al fuego. Queremos que el gobierno se pronuncie sobre esos hechos”, dijo el abogado Gamboa.

El 27 de enero pasado, mientras Oneida accedía a una entrevista con este diario, recibió una nueva amenaza a través de su Whatsapp en la que le advierten: “Lo mejor es quedarse calladita y dejar de estar metiéndose con nosotros, de lo contrario, bala con usted”. El mensaje aparece firmado por las Agc – Clan del Golfo Estructura Luis Alfonso Echavarría.

Las amenazas a líderes ambientales que protestan contra la minería en Santander
Foto: Cortesía
Para la defensora ambiental, tampoco es casualidad que su nombre sea el primero que nombran en los cuatro panfletos, en los que también han sido mencionados defensores de derechos humanos como Amilkar Monsalve, Luis Corena, Mauricio Meza, Cristian Garzón, Isabel Rey, Carlos Moreno, Jorge Olivero, Miguel Rodríguez, María José Hernández, Edwin Romero, Isnardo Vega, Mauricio Gómez, Camilo Ochoa, Álvaro Santamaría, Samir, Fernando Pacheco, Johana Díaz, Edward Gómez y Zaid. “Para mí eso tiene un peso y un significado psicológico el hecho de que mi nombre sea el primero en aparecer. Hay algo muy triste pero que es real: uno normaliza las amenazas”, dice la lideresa.

El abogado que acompaña la protesta señala que “lo que más preocupa es que en todos los panfletos dicen que no quieren ver a ninguno de los defensores de derechos humanos acompañando las jornadas de protesta. Y que, además, les dan 72 horas para abandonar esa movilización”. Ese plazo se cumplió el 18 de enero pasado, día en el que también comenzaron a recrudecerse unas intimidaciones como seguimientos, señalamientos y persecuciones.

Un líder, que pidió protección de su identidad, aseguró que ese día fue seguido hasta su vivienda cuando salió de la movilización y un vehículo sin placas se parqueó a las afueras por varios minutos. “Luego vi que empezaron a apuntar con un láser hacia el interior de mi casa. Lo único que hice fue quedarme muy quieto y esperar que se fueran”, dice.

Otra lideresa que apareció mencionada en el panfleto también denunció que el pasado 25 de enero, cuando se movilizaba en un moto hacia el casco urbano de El Carmen de Chucurí fue seguida por alrededor de 25 minutos por un hombre en motocicleta. “Sabíamos que venía siguiéndonos porque, aunque paramos, la moto en varios momentos, el carro también paraba detrás de nosotros”.

Cristian Garzón, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Yarima e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, dice que desde que su nombre apareció en el panfleto firmado por las Agc, no ha recibido acciones concretas e inmediatas para disminuir el riesgo de seguridad. “La policía puso a disposición una moto para quienes tenemos que movilizarnos en la protesta, pero más allá de eso, no tenemos otra garantía de seguridad”.

La intimidación más reciente ocurrió en la noche del 27 de enero, cuando el mismo grupo armado emitió un nuevo panfleto en el que declaran objetivo militar a los representantes y directores de ocho organizaciones sociales que también acompañan las jornadas de protesta: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Desplazados asentados en Barrancabermeja, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos regional Santander, el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Puerto Wilches, la Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos Sociales y Empresariales de Colombia, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo y la Asociación para el Desarrollo Humano Integral y Sostenible para las Regiones.

En la mañana de este sábado 28 de enero, aparecieron graffitis con las siglas ‘Agc’ en las fachadas de varias viviendas en el barrio Gaitán del municipio de Sabana de Torres, así como un grafiti en la entrada de Indulácteos, la pasteurizadora de leche de la región.

Las amenazas a líderes ambientales que protestan contra la minería en Santander
Foto: Cortesía
Luisa Acuña, también de la Corporación Compromiso, contó que en el municipio de Barrancabermeja también han aparecido más de 15 carteles con las siglas de las “Agc”, lo que ha complejizado la situación y la participación de la comunidad a la movilización.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo presencia en el lugar cuando se hicieron públicas las denuncias por las amenazas a través de los panfletos firmados por las Agc. Colombia+20 consultó a esta institución, que confirmó que la oficina de enlace del distrito de Barrancabermeja brindó atención a ocho líderes que accedieron a hablar con ellos sobre las intimidaciones. “Se realizó oferta institucional, entrega del formulario de solicitud individual de protección y requisitos para acceder al programa de protección de la UNP”.

Sin embargo, lideresas como Oneida aseguran que no es suficiente la presencia de la UNP si no se concretan acciones para la protección inmediata de los manifestantes. “A mí me han amenazado en tres momentos de mi vida: en 2019, en 2022 y ahora. En las tres ocasiones he buscado a la Unidad Nacional de Protección. La primera vez me respondieron que yo tenía un nivel de riesgo normal al de cualquier persona, y por la amenaza de febrero del año pasado, ni siquiera han emitido la evaluación de riesgo”.

Luisa Acuña, de la Corporación Compromiso, le confirmó a este diario que algunos de los líderes y lideresas que participaban activamente como voceros de la protesta y que aparecieron en los panfletos han decidido apartarse de la movilización por condiciones de seguridad. Sin embargo, asegura que continúan apoyando la protesta a través de redes sociales y asegura que la mayoría de los 20 mencionados en las amenazas siguen en la zona de la manifestación.
Valentina Parada Lugo
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/bloqueos-en-santander-amenazas-a-lideres-ambientales-que-protestan-contra-minera-colcco-barrancabermeja-y-san-vicente-de-chucuri/

Los manifestantes bloquearon el paso de miles de carros que se movilizaban en la vía La Lizama – San Alberto.

10/01/2023

Estefanía Pedraza Bautista

Trancón en La Lizama por protesta
Suministrada
Miles de conductores reportaron bloqueos en La Lizama – San Alberto, vía que conecta al centro y sur del país con Santander, las protestas generaron cierres temporales en la carretera.

Líderes sociales y comunidades llamaron la atención de los viajeros con los bloqueos, donde expusieron su rechazo al licenciamiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a la empresa Colcco, para la explotación minera en El Carmen y San Vicente de Chucurrí.

La actividad fue programada desde la mañana de este lunes, durante todo día, y fue apoyada por líderes de varios sectores como Jorge Oliveros, vicepresidente de Asojuntas del corregimiento El Centro en Barrancabermeja.

“Fue un ejercicio de legitima protesta pacífica. La idea no es generar caos. Sabemos que debemos respetar la libre circulación de los viajeros, pero al idea es llamar la atención. El acueducto de nuestro corregimiento se capta en el río Cascajales, por ende la explotación minera a cielo abierto nos va afectar de manera colateral”, mencionó el vicepresidente de Asojuntas en El Centro.

Los manifestantes se ubicaron en el sector de la «Y» bloqueando el tránsito de los vehículos que se movilizaban hacia Bucaramanga desde Barrancabermeja, Antioquia, Cundinamarca y el sur del país, por lo que Alirio Amado Ortiz habitante del sector afectado que también compartió la idea de llamar la atención de la comunidad.

“Hace tres años pagamos tres millones de pesos para que nos den un permiso para el acueducto de 17 veredas, es decir más de 900 familias. No tenemos cómo darle la mano esa gente, pero sí le dan fácil la licencia a los grandes capitalistas”, aclaró el líder social, quien hizo parte de la de manifestación.

Por varias horas la protesta generó congestión vehicular en el sector, teniendo en cuenta que se tenía además programado el ‘plan retorno’ de más de 15 mil vehículos en esta región.

Al respecto la Policía del Magdalena Medio aseguró que hicieron el respectivo acompañamiento a estas actividades, para además gestionar el paso de los vehículos de manera alternada cada 10 o 15 minutos.

“Dieron sus puntos de inconformisos a la comunidad y posterior a eso daban el paso a los dos carriles para darle fluidez al tráfico”, agregó el coronel Santiago Garavito Aranzazu, comandante de este departamento de la Policía.

En los bloqueos viales también estuvieron miembros mesa de participación y concertación socioambiental del Magdalena Medio, invitando a los habitantes de Barrancabermeja a unirse a la movilización social, para detener el proyecto de la empresa Colcco en la serranía de los Yariguíes.
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/protestaron-contra-mineria-en-via-nacional-de-santander-durante-plan-retorno

Eva Cruz 12/12/2022

Un minero agita una batea para buscar oro en el río Cauca en Santa Fe de Antioquia, Colombia. REUTERS/Albeiro Lopera

La empresa minera nacional, que se creará a partir de dos empresas comercializadoras de oro actualmente bajo el control de la SAE, comprará oro a pequeños mineros que producen el metal precioso sin usar cianuro ni mercurio.
Reuters.- Entidades del Gobierno de Colombia firmaron el lunes un memorando de entendimiento para crear una empresa minera nacional a partir de activos incautados a grupos criminales, para ayudar a los mineros a pequeña escala y abordar la contaminación relacionada con el sector.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en llegar al mando, se comprometió a reformar el sector minero, descartando más licencias para minas de carbón a cielo abierto a gran escala, y en cambio enfocarse en minerales importantes para la transición energética, como el cobre.

El memorando de entendimiento fue firmado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un fondo que administra los bienes incautados a delincuentes y grupos ilegales para indemnizar a las víctimas del conflicto armado interno del país sudamericano.

Ahora, las tres entidades analizarán cómo establecer la nueva empresa estatal, dijo a periodistas el director de la SAE, José Daniel Rojas.

“VAMOS A GENERAR MESAS DE TRABAJO CONJUNTAS EN LAS QUE VAMOS A EMPEZAR A DESARROLLAR TÉCNICAMENTE LA PROPUESTA”, DIJO ROJAS EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN BOGOTÁ, ANTES DE BROMEAR DICIENDO QUE DECIDIR UN NOMBRE SERÍA UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DIFÍCILES PARA ESTABLECER LA NUEVA ENTIDAD.

La empresa minera nacional, que se creará a partir de dos empresas comercializadoras de oro actualmente bajo el control de la SAE, comprará oro a pequeños mineros que producen el metal precioso sin usar cianuro ni mercurio, con el objetivo de exportar oro ecológico a Europa, dijo el presidente de la ANM, Álvaro Pardo, la semana pasada.

Ni el ministerio, ni la SAE ni la ANM tenían detalles sobre cuándo comenzaría la producción o las exportaciones de la nueva empresa.

“ESPERAMOS PRONTAMENTE ESTAR DE VUELTA CONTÁNDOLES UN POCO DE DETALLES SOBRE CÓMO VAMOS A HACER ESTO POSIBLE PARA EL BIEN DE ESA CIUDADANÍA MINERA”, COMENTÓ LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA IRENE VÉLEZ.
https://www.rumbominero.com/colombia/colombia-empresa-minera-nacional/

Takeshi Chacon 07/12/2022

La compañía minera nacional solo compraría oro a mineros que produzcan el metal amarillo sin usar mercurio ni cianuro.
Reuters.- El gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a reformar el sector minero.

Para ello, descartaría otorgar más licencias para minas de carbón a cielo abierto a gran escala.

Y se enfocará en minerales que son importantes para la transición energética, como el cobre.

Tras ello, se conoció que Colombia se está preparando para lanzar una empresa minera nacional, informó el miércoles la Asociación Nacional de Minería (ANM).

Parte de ese esfuerzo comenzará con un acuerdo para que dos empresas internacionales de comercio de oro estén bajo el control del gobierno.

Así reveló el presidente de la ANM, Álvaro Pardo, durante una conferencia de prensa en la capital de Colombia, Bogotá.

Las dos empresas están actualmente en manos de la Sociedad de Bienes Especiales (SAE), un fondo que administra los bienes incautados a delincuentes y grupos ilegales para indemnizar a las víctimas del conflicto armado interno de Colombia.

“Estas dos comercializadoras internacionales están pasando a manos de la autoridad minera y la idea es incorporarlas a la minera nacional”, comentó Pardo.

El Ministerio de Minas y Energía podría suscribir un memorando de entendimiento con la SAE tan pronto como el lunes, agregó Pardo.

La compañía venderá “oro verde” a países europeos, señaló Pardo, y la compañía minera nacional solo comprará oro a mineros que produzcan el metal amarillo sin usar mercurio ni cianuro, reveló Pardo.

La empresa estatal hará mella en el comercio ilegal de oro de Colombia, dijo Pardo, ofreciendo precios considerablemente más altos a los mineros informales del país que los que actualmente lo compran.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 65% de la producción de oro de aluvión de Colombia el año pasado fue ilegal.

La ANM extendió el contrato por el proyecto minero de ferroníquel Cerro Matoso de South32 por 15 años hasta 2044, informó en otro comunicado.
https://www.rumbominero.com/colombia/colombia-creacion-empresa-minera-nacional/

Desde Dabeiba, Antioquia, el jefe de Estado dijo que no se debe priorizar a la gran minera multinacional, sino al minero tradicional
03/12/2022
Durante el encuentro de dirigentes sociales y juntas de acción comunal del occidente antioqueño que se realizó en Dabeiba, Antioquia, el Presidente de la República, Gustavo Petro, criticó el actual código minero.
Presidencia.

El Código de Minas (Ley 685 de 2001), en su primer artículo, dicta que tiene como objetivo fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros en propiedad estatal y privada, así, como estimular estas actividades para satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos.

Los debates que surgieron antes de su promulgación giraron en torno a los temas ambientales, la regulación de la explotación, el acceso a títulos, la vigilancia y la ilegalidad.

Durante el encuentro de dirigentes sociales y juntas de acción comunal del occidente antioqueño que se realizó en Dabeiba, Antioquia, el Presidente de la República, Gustavo Petro, criticó el actual código minero.

El primer mandatario dijo haberse opuesto como congresista, y anunció que su gobierno buscará la aprobación de un nuevo código, que priorice a los mineros tradicionales por encima de las grandes multinacionales.

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El libro Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia publicado por la Universidad Nacional de Colombia y escrito por Karen Forero Niño, Mercedes Castillo de Herrera y Nubia Yaneth Ruiz Ruiz, identificó la entrega de los recursos energéticos a las empresas transnacionales, para que estas, bajo diferentes figuras, incluso la de poseer cédulas reales y territorios a perpetuidad, exploren y exploten dichos recursos.

De acuerdo con la investigación, el 46,35 % (1.982.778,77 hectáreas) de los títulos mineros están en manos de grandes multinacionales, abarcando estos el 1,75 % del territorio nacional.

Otro hallazgo es que la centralización y concentración de la explotación minera se manifiestan en que son unos pocos monopolios globales, como la Glencore, Anglo American, AngloGold Ashanti, bhp Billiton, Drummond, Exxon-Mobil, Chevron y otras pocas más las que pueden explotar minerales en gran escala en Colombia

Tal aprovechamiento, en más del 70 %, está en manos de compañías trasnacionales.

Desde este municipio, conocido como “La Puerta del Urabá”, Gustavo Petro aseveró este 3 de diciembre que: “El código minero hay que reformarlo. No nos sirve”.

Además, manifestó que la disposición fue creada para favorecer a empresas internacionales que extraen los recursos naturales, pero no tuvo en cuenta a los pequeños mineros tradicionales que operan en el país.

“¿Por qué esa titulación minera tan excesiva y en manos de gente que no es Colombia? Ninguna sociedad se ha vuelto rica así”, agregó.
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Es más, el Gobierno nacional enviará un nuevo código minero al Congreso de la República en 2023. La ministra de Minas, Irene Vélez, indicó en una entrevista con el diario El País, que uno de los puntos importantes de la reforma será establecer reglas para que los pequeños mineros accedan a derechos del sector.

Según la funcionaria, existe desorden en la minería porque el código, vigente desde 2001, desconoce la minería de subsistencia y da más garantías a las grandes empresas, por lo que hay pequeños mineros que no han logrado formalizarse ni acceder a títulos, con lo que prolifera la actividad ilegal.

Antes de finalizar su intervención, Petro invitó a los mineros de Dabeiba, y en general a todos los de Antioquia, a convocar una convención nacional minera en la que se pueda abordar los elementos que debería tener el nuevo Código Minero de Colombia.

“Son ustedes mismos los que deben ayudarnos a diseñar un nuevo camino que no destruya al minero, que no destruya al agua y nos ayude a construir desarrollo territorial. El Estado no debe priorizar a la gran multinacional minera sino al minero tradicional”, finalizó el jefe de Estado.
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/03/gustavo-petro-advierte-que-se-debe-modificar-el-codigo-minero-el-actual-no-nos-sirve/

La manifestación había cerrado el paso de vehículos de carga y de transporte público desde Antioquia hacia el Surocidente del país

Con presencia de la Policía se logró despejar la vía a Manizales en jurisdicción de Marmato. FOTO: CORTESÍA PACÍFICO TRES
EL COLOMBIANO 02/12/2022
La vía Manizales – Medellín, que estaba bloqueada en jurisdicción del municipio de Marmato (Caldas) por mineros tradicionales, fue reabierta este viernes en la mañana, según informó la Concesión Pacífico Tres.

Lo anterior implica que los vehículos que conectan a Antioquia con el Suroccidente del país y que estaban represados desde el jueves 1° de diciembre cuando se inició la manifestación de los mineros, ya cruzan con normalidad por el sector.

La protesta se hace en contra de la Aris Mining, la multinacional que explota oro en esta zona del país por considerar que no los tiene en cuenta y coarta su actividad y no los apoya en su proceso de formalización, por la contaminación ambiental que presuntamente genera la minera en la localidad y por afectaciones a los predios de los marmateños, entre otros.

Para el lunes 5 de diciembre se convocó a una Mesa Social Minera con participación de los diversos sectores relacionados con la actividad en Marmato, la cual podría reavivar la protesta, pues se anuncia como una movilización “por nuestra dignidad, si yo paro y tú paras ellos tendrán que parar”.

Los manifestantes también exigen la presencia de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, como autoridad para buscarles soluciones a sus demandas.

https://www.elcolombiano.com/antioquia/reabren-paso-por-la-via-medellin-manizales-JN19508274

Eva Cruz 16/11/2022

trabajador en plataforma petrolera
Un empleado trabaja al lado de una tuberia de excavación en Campo Rubiales, en el departamento del Meta, Colombia. REUTERS/José Miguel Gómez
El Gobierno respalda un proyecto de ley en el Congreso que proyecta distribuciones de regalías combinadas de alrededor de 6.500 millones de dólares en 2023 y 2024.

Reuters.- El Gobierno izquierdista de Colombia está considerando cómo modificar la distribución de las regalías de los proyectos extractivos para beneficiar más rápidamente a las comunidades, dijo el miércoles la ministra de Minas y Energía.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto, ha tenido hasta ahora una tensa relación con los sectores extractivos.

Los gremios empresariales criticaron a su administración por respaldar una reforma fiscal de 4.000 millones de dólares recientemente aprobada, que impone cargos adicionales a las exportaciones de petróleo, gas y minería.

Datos de la industria argumentan que la reforma desalentará la inversión, al tiempo que resaltaron la incertidumbre sobre si el Gobierno permitirá la firma de nuevos contratos de exploración petrolera, pese a que Petro prometió en campaña prohibirlos.

“Nos interesa propiciar las alianzas público-privadas y privados-populares de manera que esas comunidades con quienes ustedes conviven en el territorio perciban de manera directa esos beneficios que esa industria genera”, dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en una conferencia de la industria petrolera en Bogotá.

“Eso quiere decir pasar de un modelo que en este momento genera redistribución a través de las regalías a un modelo que podemos llamar pre-distributivo”, explicó.

“Consiste en pensarnos cómo desde la generación misma de la riqueza podemos allí redistribuirla con aquellas comunidades y aquellas poblaciones que han sido históricamente marginadas”.

Vélez no proporcionó ningún detalle sobre cómo podría cambiar la distribución de regalías y se negó a hablar con los periodistas tras su presentación en la conferencia.

El Gobierno respalda un proyecto de ley en el Congreso que proyecta distribuciones de regalías combinadas de 31,3 billones de pesos (alrededor de 6.500 millones de dólares) en 2023 y 2024, al tiempo que prometió publicar un plan para la transición a las energías renovables en seis meses.

“Estamos convencidos de que somos un aliado para el territorio, para los presupuestos de los departamentos y tenemos que seguir trabajando en equipo para poder ejecutar”, dijo Nelson Castañeda, presidente del gremio de servicios petroleros Campetrol, al ser preguntado sobre los posibles cambios en las regalías.

El directivo tiene la esperanza de que el Gobierno apruebe nuevos contratos petroleros luego de revisar el tema, debido a la importancia fiscal de la industria.
https://www.rumbominero.com/colombia/colombia-regalias-petroleras-y-mineras/

23/10/2022
Cuatro motores, tres bandas clasificadoras de material aurífero, 100 metros de tubería y otros materiales utilizados para esta actividad ilícita fueron destruidos de manera controlada en el lugar de los hechos.

En marco del Plan Perseo, con el cual se fortalecen las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en todo el territorio, tropas del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía y de manera interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas capturaron en flagrancia a cuatro sujetos por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Hasta la vereda Las Palmeras, en el municipio de Curillo, departamento de Caquetá, llegaron las tropas del Batallón de Infantería N.° 34 de la Décima Segunda Brigada, para intervenir tres pozos que eran utilizados para la extracción ilegal de minerales, los cuales generaban un significativo flujo de dinero ilícito.

Durante la operación militar se hallaron cuatro motores que corresponden a dos dragas artesanales, también tres bandas clasificadoras de material aurífero y 100 metros de tubería, entre otros materiales y equipos utilizados para esta actividad ilícita.

Cabe resaltar que en el lugar se presentó una protesta social por parte de los habitantes del sector, quienes durante todo el día bloquearon la vía para impedir el paso de la Fuerza Pública, retardando el procedimiento legal pertinente, pero gracias al entrenamiento de nuestros soldados en el manejo de estas situaciones y la aplicación del mando tipo misión, se evitó que la protesta se tornara violenta.

El Ejército Nacional de manera interinstitucional, con las autoridades judiciales y ambientales de la región, continuará trabajando en el sur del país para contrarrestar todas las prácticas de contaminación del recurso hídrico, la afectación de especies vegetales y las vidas humanas en la Amazonía colombiana.
https://diariolalibertad.com/sitio/2022/10/23/en-operacion-militar-contra-la-mineria-ilegal-fueron-capturadas-cuatro-personas-en-el-caqueta/

Es la denuncia que hace un líder sindicalista después de las protestas que se dieron en Cesar en contra de la reforma tributaria de Petro.
21/10/2022
Protesta minera en Bogotá en contra de la tributaria no habría sido iniciativa de obreros sino de altos mandos, afirma líder sindicalista.
Las protestas se realizaron el 13 de octubre. /FOTO: CORTESÍA.

El medio de comunicación digital La Silla Vacía publicó un reportaje titulado ‘Drummond agita masas y puso la logística en marcha contra la reforma tributaria de Petro’, haciendo referencia a las protestas del 13 de octubre.

Ese día, se presentaron dos movilizaciones en el Cesar, una en La Jagua de Ibirico y la otra en Valledupar en la que, presuntamente, “Drummond jugó un rol clave en la narrativa y en la logística del evento”.

Dicho medio asegura que dos días antes de los hechos, a los empleados de la empresa les habría llegado un correo titulado “Memorando marchas 13 de octubre”.

Gran empresa habría organizado logística de las movilizaciones
En el oficio se lee que el departamento de Recursos Humanos agradeció a los trabajadores, contratistas y familiares “la solidaridad que han manifestado a favor de la empresa con ocasión del proyecto de reforma tributaria”.

Además, que Drummond decidió “apoyar y brindar la logística” para quienes decidieron participar de las marchas e invitaron a quienes trabajan de forma remota.

El itinerario expuesto en dicho documento publicado por La Silla Vacía estaba dividido en turnos diurno y nocturno, de la siguiente manera.

Además de Valledupar, en La Jagua se manifestaron cientos de personas, también llegaron de municipios aledaños. /FOTO:CORTESÍA.
Había buses esperando para llevar a las personas a los lugares de encuentro
“A partir de las 3:30 p.m., los supervisores deberán llevar a los empleados desde las áreas hacia el centro de producción de alimentos y comedor Valledupar respectivamente. A las 4:00 p.m., los buses salen hacia La Jagua de ibirico”, se indicó.
Y el turno nocturno conllevó a que los empleados de Agustín Codazzi y Becerril tomasen los buses en los horarios “acostumbrados haciendo una parada en la subestación eléctrica de La Jagua de Ibirico”, en donde se dispuso transporte hasta el punto de inicio de la marcha.

En Valledupar inició en la glorieta La Ceiba y culminó en la plaza Alfonso López con alrededor de 300 personas, mientras que en La Jagua se tomaron la plaza principal del pueblo.

Líder sindical denuncia que no fue iniciativa de trabajadores
En medio de las jornadas, EL PILÓN conversó con Ígor Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, quien manifestó que estas marchas fueron “incentivadas por el personal administrativo de mayor rango en las empresas mineras”.

La razón, según el sindicalista, es que “creen que la reforma tributaria les afecta sus bolsillos”.

Y agregó: “y claro que les afecta porque las grandes ganancias de los administradores en Cerrejón no se compara con quienes hacemos las labores de obrero en el rol diario de las empresas”.

La versión de Drummond
El presidente de la organización extractiva, José Miguel Linares, se pronunció a través de la red social Twitter sobre lo publicado por la prensa.

“Señores La Silla Vacía, como les compartimos en las respuestas que les enviamos a principios de semana, empresas contratistas de transporte, de manera voluntaria, fueron las que se ofrecieron a organizar rutas para que empleados y contratistas se pudieran desplazar a los lugares de las marchas”, aseguró.

Linares subrayó que como compañía han atendido el llamado de organizaciones sindicales, de líderes de opinión, de gremios del Cesar y Magdalena, universidades, senadores y representantes de diferentes bancadas.

De hecho, la diputada cesarense Claudia Margarita Zuleta le dijo al citado diario que miembros de la duma se reunieron con los directivos, quienes expusieron los impactos que tendría el nuevo modelo de tributación.
https://www.pulzo.com/nacion/protesta-minera-contra-tributaria-no-habria-sido-iniciativa-obreros-PP2090262A