CENSAT
grafica alusiva a Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año
Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas.

Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.

Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.

Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

Marmato, Remedios y Segovia

Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.

Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.

Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

El concejo municipal de Jericó prohibió la minería mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad. AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Según denuncias de campesinos de la zona de Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración, ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las competencias de los concejos municipales.

No se puede olvidar que las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a sus gobernantes.

Esta empresa es conocida por tratar de imponer su modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta “minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.

AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?

Minesa en Santurbán

En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A. desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.

En una visita a la zona en diciembre pude ver un acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.

Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental, pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además, la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas, un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de reubicación.

Pero el gobierno no debería entregar la licencia ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.

Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).

Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.

El volumen del óxido de uranio contrasta dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por tonelada de material extraído.

Un intento de la Procuraduría regional por atender las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el área de su título es república independiente y que el mineral in situ es de su propiedad y no un bien público.

Los estragos de Drummond

En octubre del año pasado un juez de Ciénaga, Magdalena, absolvió por delitos contra el medio ambiente a varios empleados de Drummond que habían sido acusados por la Fiscalía por el vertimiento de un volumen incierto de carbón al mar en enero de 2012.

La cantidad de carbón vertido al mar es tan incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la revista Semana.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000 millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni contundente en la instancia judicial.

Este constituye un triunfo más para la empresa, la cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos, incluso demanda y gana.

¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades, disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

https://censat.org/es/analisis/las-grandes-mineras-tienen-mucho-y-van-por-mas-este-ano-8834?utm_source=phplist349&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Bolet%C3%ADn+Ambientalistas+en+Acci%C3%B3n+N%C2%BA168

Redacción 8 febrero 2019

Loretta Malintoppi ha presentado su dimisión como presidenta del tribunal del arbitraje Gran Colombia Gold-Colombia a raíz de la proposición de recusación presentada por la minera canadiense Gran Colombia Gold a finales de noviembre de 2018.

La presidenta del tribunal del arbitraje que mantiene la minera con Colombia desde el pasado mes de julio por la cesión de derechos de explotación en la zona minera del Cerro El Burro habría dimitido debido a la representación de su esposo Rodman Bundy en otro conflicto a favor del Estado.

Rodman Bundy, director del equipo de Resolución de Conflicto de Eversheds Sutherland y con gran experiencia en conflictos relacionados con delimitación marítima. Bundy asesora a Colombia en el procedimiento sobre Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia) que se dirime ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Loretta Malintoppi

Loretta Malintoppi, de nacionalidad italiana, ha participado en 16 procedimiento bajo administración Ciadi: seis como coárbitro, uno como miembro de Comité de anulación, ocho como counsel de demandados y una como presidente en un procedimiento de anulación.

Es co-árbitro del procedimiento “BayWa r.e. renewable energy GmbH and BayWa r.e. Asset Holding GmbH contra España” y Blue Bank International & Trust y Longreef Investments A.V.V. contra Venezuela.

Es parte de las prácticas de Arbitraje Internacional y Derecho Internacional Público de 39 Essex Chambers.

El conflicto

La minera reclama 700 millones de dólares a Colombia por la cesión de un título minero a comunidades locales para explotar la mina del cerro El Burro a cielo abierto. Gran Colombia Gold presentó el arbitraje después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona, tras decisión de la Corte Constitucional colombiana.

El título minero en la parte alta del cerro El Burro es un dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera. La explotación de minas a cielo abierto en el cerro El Burro supone el 80% de su economía.

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación.

La presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Más sobre el arbitraje Gran Colombia Gold-Colombia

La terna de árbitros de este conflicto la completan Bernard Hanotiau (designado por Gran Colombia Gold) y Brigitte Stern (designada por Colombia).

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

Dentons US es el despacho que defiende a Gran Colombia Gold. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lleva la defensa de Colombia.

Malintoppi dimite como presidenta del tribunal del arbitraje Gran Colombia Gold

Comunidad pide explicaciones a la autoridad ambiental
Protesta en el sector La Cuatro en Tibú
Protesta en el sector La Cuatro en Tibú / Foto Cortesía para Caracol Radio Cúcuta

CARACOL CÚCUTACúcuta 07/02/2019 – 09:09 COT
Un proyecto para la explotación de minerales en la región del Catatumbo a través de la Sociedad minera la Esmeralda que anuncia más de cuatrocientos empleos y mil seiscientos indirectos tiene caldeados los ánimos al norte del departamento entre algunas comunidades.

La iniciativa de explotar carbón en la zona donde hacen presencia comunidades, población indígena es lo que ha generado la reacción al advertir que podría generarse un grave impacto en la zona por contaminación ambiental y otros fenómenos.

Por este hecho, en las últimas horas se generó una masiva protesta de líderes, miembros de organizaciones sociales, y comunidad llamando la atención por esa situación.

“Nosotros no sabemos qué va a pasar, cual es la condición del proyecto, y por eso la comunidad le pide al gobernador, a la autoridad ambiental que nos explique qué es lo que está pasando y que no nos desconozcan en el territorio” explicó el vocero.

En la acción una patrulla motorizada de la policía nacional fue atacada y el vehículo fue incinerado.

Se investiga si la marcha al parecer registro infiltraciones de irregulares que delinquen en la zona norte del departamento, en la región del Catatumbo.

http://caracol.com.co/emisora/2019/02/07/cucuta/1549546551_128867.html

Alfredo Seguel
Equipo Comunicaciones Mapuche
Una tibia reacción ha sostenido la ONU ante las masacres cometidas contra líderes sociales en Colombia, existiendo en el presente múltiples amenazas contra integrantes de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Alberto Brunori, alertó este lunes 4 de febrero sobre la extrema vulnerabilidad de los líderes sociales, sin embargo, dicho estado lo circunscribió a la región del Catatumbo, departamento Norte de Santander ubicando cuatro municipios (Hacarí, San Calixto, El Tarra y Teorama) en el estado de alerta roja por las crecientes amenazas a líderes sociales, campesinos e indígenas, según publicaron medios informativos colombianos.

Frente a la gravísima situación que se vive en Colombia ante continuas masacres de personas, llama la atención la falta de diligencias oportunas y decididas por parte de los mecanismos y procedimientos de Derechos Humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas frente al Estado Colombiano ante cientos de personas asesinadas en los últimos años, miles de amenazados, situación que no ha mermado, donde operan principalmente en estas ejecuciones grupos criminales organizados de sicarios y paramilitares, bajo una absoluta permisividad de los gobiernos y en zonas donde existe un alto asedio de empresas transnacionales mineras, petroleras y de crecimiento energético, usándose como excusa supuestas disputas territoriales de narcotráfico, como parte de las prácticas que realizaba el otrora general y ex Vice Presidente, Oscar Naranjo, cuyo modelo fue exportado a México durante el periodo de Peña Nieto, donde también se perpeturaon masacres a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La realidad sobre cientos de víctimas en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, departamentos con más casos registrados y en el presente se informaba, a modo de ejemplo, que en el territorio de Putumayo existen múltiples amenazas a líderes sociales por medio de panfletos arrojados durante enero del 2019, incluyendo a defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y comunicadores sociales, lo que habría sido perpetuado por un grupo Paramilitar denominado Aguilas Negras, a quienes se les ha intentado relacionar su cometido con el control territorial narcotraficante, sin embargo, los principales intereses en esta zona son petroleros y mineros.

Águilas Negras ha sido sindicada como una organización de origen narcoparamilitar, término que fue utilizado en su momento de manera oficial para nombrar una serie de organizaciones criminales colombianas creadas como una nueva forma de paramilitarismo, teniendo entre sus miembros a quienes formaron parte de la desmovilización del grupo sicario Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos blancos en amenazas y asesinatos en estos últimos años han sido principalmente a líderes sociales vinculados a la defensa de los territorios frente a intereses transnacionales extractivistas, existiendo varios indicios en ese sentido sobre la relación de paramilitares con multinacionales.

Crudo informe sobre BuenaVentura

Otro territorio cuyas masacres estarían relacionadas en gran medida con mega proyectos industriales, cuyos desenlaces se proyectan hasta el presente, es el Valle del Cauca y en particular la zona del Puerto de BuenaVentura, donde, un reciente informe del Centro Nacional de la Memoria da cuenta de un cruel y macabro espiral de violencia y masacres. En el periodo estudiado, las modalidades de victimización involucran el asesinato a líderes y lideresas; hechos de desaparición forzada; desplazamientos forzados; desmembramiento de cuerpos; torturas públicas; violencia sexual contra mujeres; uso de niños y niñas en actividades de la confrontación; así como la constitución de acuafosas, casas de pique y fronteras invisibles.

Desde una lógica territorial, estas modalidades de violencia se articulan configurando tres repertorios de violencia colectiva: (a) terror, (b) desterritorialización y (c) invisibilización.

El informe proporciona datos claves: “En conclusión, nadie duda que el narcotráfico es una actividad bastante difundida en Buenaventura y que es uno de los determinantes económicos más relevantes de la violencia armada que azota a la ciudad portuaria. Sin embargo, una cosa es aceptar que el narcotráfico existe y juega un rol nefasto en la ciudad, y otra muy distinta es reducir las complejidades del conflicto armado local únicamente a una disputa territorial por el control de las rutas del narcotráfico, como lo intentan hacer algunos medios y funcionarios públicos. Desafortunadamente, la situación de Buenaventura es mucho más compleja, y una comprensión satisfactoria de las dinámicas de la violencia requiere analizar todos los negocios en los cuales están vinculados los grupos armados ilegales que operan en la ciudad”.

En un artículo publicado por la BBC el 2014, el sacerdote Héctor Epalza indicaba que el problema de la ciudad va más allá del contrabando y de la localización de Buenaventura como corredor estratégico para la salida de la droga ya que Buenaventura es una ciudad de proyecciones, pues el país busca nuevos mercados en Asia y consolidar la llamada Alianza del Pacífico, por lo que denuncia que «los megaproyectos también han azuzado la violencia». Afirma que “la violencia ha terminado de arrinconar a los más pobres obligándolos a vender lo poquito que tienen a un precio irrisorio, tiempos donde el silencio de la noche se rompía con los gritos de auxilio de aquellos que eran desmembrados.

Asesinatos de líderes y lideresas indígenas en tiempos de Duque

Un informe de organizaciones indígenas de Colombia dado a conocer da cuenta que durante el periodo del actual Presidente Duque ya van 46 indígenas asesinados. Los hechos más recientes tienen como epicentro el departamento de Cauca, en donde fueron asesinadas cuatro personas entre el jueves y el domingo de la semana pasada. La primera víctima fue Soledad Ramírez, ultimada en la vía que conduce de El Palo a Caloto. Al día siguiente, en el municipio de Caloto, fueron asesinados Edwin Gregorio Dagua Ipia, autoridad tradicional del resguardo de Huellas; y Luis Prado, comunero del resguardo de San Francisco.

Por su parte, Víctor Hernández Chávez, de 19 años, sufrió un atentado con armas de fuego cuando estaba en la vereda El Tablón, de Corinto. La víctima alcanzó a ser trasladada a una clínica de Cali y falleció tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, hay que adicionar tres asesinatos más que ocurrieron en Toribío.

A esas muertes se suma la desaparición de los comuneros Alirio Quiguanás Cunda y Marcelo Dagua, quienes trabajaban en una finca de la verdad Santa Bárbara, en el resguardo de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez. La Guardia Indígena inició la búsqueda de ambos, pero solo encontró sus prendas de vestir.

Asimismo, las amenazas contra el pueblo Nasa en el norte de Cauca subieron de tono y en un panfleto firmado a nombre de las ‘Águilas Negras’, se puso precio a la vida de sus líderes: ofrecen desde un millón de pesos por un alguacil asesinado, hasta cinco millones por un gobernador o su suplente. «Se invita al que esté en condiciones de dar de baja a estos… Se les da su arma de dotación, su respectivo entrenamiento y su pago por la limpieza anunciada», así termina la amenaza.

El 2 de diciembre de 2018, la violencia se volvió a ensañar contra el pueblo Awá de Nariño. Pasada la medianoche, mientras concluía la asamblea general para elegir al nuevo gobernador del resguardo de Palmar Medio Imbi, desconocidos fuertemente armados asesinaron a la autoridad electa para el próximo año, Braulio Arturo García Guanga; y a su padre, Héctor Ramiro, histórico líder que participó en la fundación de los primeros resguardos del municipio de El Palmar y en la creación de las organizaciones UNIPA y CAMAWARI. En esa incursión también resultaron heridas cuatro personas más, entre ellas un guardia y el Coordinador de la Guardia Indígena.

Dos semanas atrás, el 23 de noviembre, los Embera Chamí del resguardo San Lorenzo, en Caldas, también sufrieron una masacre. A las 10:30 de la noche, cuatro hombres encapuchados llegaron a la casa de la familia Díaz Tapasco y asesinaron a los esposos Serafín y Gabriela, y a su hijo César Augusto. Esas muertes pusieron de presente los efectos del conflicto armado en medio de la lucha por la recuperación del territorio ancestral de esa comunidad.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, concluye «es preocupante que el actual gobierno haya optado por seguir la estrategia de criminalización de los procesos democráticos de movilización social, y el silencio frente a los asesinatos de los líderes, lideresas y autoridades indígenas. De igual manera, la falta de compromiso de gobierno en la implementación del Acuerdo Final y del Capítulo Étnico, hace que las dinámicas de guerra persistan y siga afectando a la población civil y los territorios, hasta el punto de que el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas sea cada vez más inminente».

Persisten asesinatos en Colombia

El 23 de enero de 2019, un reporte informativo señalaba: Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 en Colombia fueron asesinados 431 líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo. De otro lado, en lo que va corrido del 2019, más de 10 homicidios contra esta población se reporta, de acuerdo con los datos desde diferentes regiones del país.

El 2 de febrero de 2019, en el marco del lanzamiento de la liga por la democracia se informaba que en lo corrido del año 17 líderes sociales, gestores de paz y veedores cívicos han sido asesinados en Colombia, al tiempo que crecen las amenazas contra quienes trabajan por las comunidades, por la paz y por el medio ambiente, estimándose en más de 300 las amenazas actuales.

El investigador Camilo Bonilla, coordinador del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, en entrevista con el diario El Espectador, indicó sobre los grupos de victimarios responsables de los asesinatos, amenazas y ataques, de acuerdo a un reciente estudio, indicando que entre los presuntos autores están: sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las Farc: 7,39 %; Ejército Nacional: 4,28 %; Eln: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y Epl: 0,78 %.

Bonilla respondió al medio sobre los lugares de mayor concentración en asesinatos, indicando: El departamento del Cauca encabeza el listado, con un 17,12 % del total de violaciones al derecho a la vida. Lo sigue Antioquia, con un 15,56 %. En tercer lugar se encuentra Norte de Santander, con el 7,39 %. En cuarto lugar, el departamento de Valle del Cauca, con el 7 %. En quinto lugar, Córdoba y Putumayo, y los siguen Nariño y Chocó. En estos ocho departamentos se concentra el 70,42 % de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en Colombia.

Grupos insurgentes, sicarios y grupos vinculados al narcotráfico con disputas territoriales, son al parecer el mejor escenario para sectores de poder político y empresarial transnacional con intereses extractivistas, coincidiendo que gran parte de los territorios donde se concentra la mayor cantidad de víctimas serían parte de operaciones encubiertas o de bandera falsa, según jerga criminal del poder, cuyos espacios temporales de reinado en el caos, en asesinatos, en el miedo, en la corrupción y en el desplazamiento de poblaciones, termina siendo controlado por el poder bélico (incluyendo las bases militares de estados Unidos), luego de su “triunfo” contra el terrorismo y los carteles de drogas, dando paso libre a la explotación de amplios territorios para fines mineros o petroleros. Hay una larga lista de asesinados y amenazados que son defensores/as de territorios.

En en el estado “Colombia”, se destaca un fuerte intervencionismo de aparatos represivos de Estados Unidos como también, un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleros y mineros, cuyos conflictos y masacres vienen arrastrándose por larga data, con una estrecha relación de violencia bélica, desplazamiento de amplias poblaciones, en su gran mayoría rurales, con masacres y asesinatos selectivos, con un paramilitarismo sicarial y de crimen organizado.

Es urgente e imperioso que la comunidad internacional democrática y respetuosa de los Derechos Humanos asuma una posición activa y clara para frenar estas masacres de una vez por todas, para terminar ahora con este comercio de muerte, con estos actos criminales, con estos asesinatos que son actos de cobardía que no tienen justificación alguna y que solo merece el repudio y la mayor condena.

El derecho de autodeterminación, es el derecho de los pueblos y sus comunidades a decidir sus propias formas de gobernarse, de perseguir su desarrollo económico, social y cultural de acuerdo a sus intereses y necesidades, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogida en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos como también en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligatorios al estado colombiano, quien debe respetar la disidencia al modelo extractivista.

La decisión fue dada a conocer mediante un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del Acuerdo Municipal 13 de 2017, por medio del cual se prohíbe la minería metálica en Tarso, ubicado en el Suroeste antioqueño, zona que cuenta con una fuerte resistencia a esta actividad económica en diferentes municipios como Jericó, Támesis, Urrao, Caicedo, Titiribí y Betulia.

Según el Tribual en el fallo emitido este 31 de enero, las iniciativa del concejo de Tarso no tiene validez, pues no es competencia de una autoridad de orden municipal tomar determinaciones de este carácter sobre el uso del suelo.

El contencioso indicó que hubo extralimitaciones, ya que en la jerarquía del Sistema Nacional Ambiental los municipios están «en el último orden».

Esta decisión se da luego de que el secretario General de la Gobernación de Antioquia le solicitara al Tribunal revisar el acuerdo municipal, como ha sucedido en otros casos similares como el de Urrao y Támesis, cuyos concejos prohibieron la minería y el Tribunal de Antioquia invalidó en su momento.

«El municipio tiene competencia para declarar las áreas protegidas, pero esta es concurrente con otras autoridades como las CAR, quienes delimitan dichas áreas; por ende, el concejo municipal carece de competencia para establecer la prohibición del desarrollo de actividades mineras al ser este un asunto que debe regular el legislador, como lo hizo en los artículos 31 a 38 del código de minas, al reglamentar las zonas reservadas, excluidas y restringidas para la minería», se lee en el fallo.

Asimismo, se indica que entre las razones expuestas por el Departamento de Antioquia para invalidar el acuerdo municipal también están la necesidad de concurrencia de otras autoridades en la decisión y la obligación de realizar un proceso de participación y concertación para delimitar los usos del suelo.

En el fallo también se ordena comunicar la decisión al alcalde y al presidente del concejo de Tarso, quienes una vez sean notificados se pronunciarán al respecto.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/tribunal-administrativo-de-antioquia-anula-acuerdo-que-prohibia-mineria-en-tarso-321516

El alcalde de Jericó (Suroeste antioqueño), José Andrés Pérez, firmó un acta que impone la medida preventiva de suspensión de las actividades de exploración minera en el territorio. El documento, expedido este sábado 26 de enero, surgió tras varios días de protestas por parte de campesinos de la vereda Cauca, quienes denunciaron que allí la empresa Anglo Gold Ashanti estaba haciendo actividades de exploración.

La decisión de la administración municipal está sustentada en que en Jericó existe el Acuerdo 010 de 2018, por medio del cual se prohíbe la realización de actividades de minería metálica en el territorio, una decisión que ya han tomado varios concejos municipales del Suroeste antioqueño.

«De conformidad con información suministrada por campesinos de las veredas La Soledad, La Hermosa y Vallecitos, del corregimiento de Palocabildo, soportada con fotografiaras y videos y por la presencia del secretario de Gobierno municipal el 25 de enero, se pudo determinar que la empresa Quebradona Colombia S.A. (filial de Anglo Gold Ashanti) había contrariado lo dispuesto en el Acuerdo 010 de 2018», indica el acta.

El ingeniero de petróleos Julio Vera y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete debatieron si los Alcaldes están facultados para suspender actividades mineras en sus territorios.

La decisión del alcalde de Jericó, Antioquia, Jorge Pérez Hernández, de suspender las actividades de exploración minera de la multinacional Anglo Gold Ashanti en la finca La Mancha, a las afueras de ese municipio, revivió el debate sobre la autonomía de las comunidades y el poder de decisión sobre el subsuelo de la Nación.

El debate llegó a los micrófonos de Partida W con el ingeniero de petróleos Julio César Vera y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete.

Vera argumentó que el subsuelo le pertenece a la Nación y, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre este deben ser tomadas por las autoridades competentes que pueden tocar decisiones con base en argumentos técnicos y científicos. Señaló que en determinaciones como la del caso de Jericó, Antioquia, priman las verdades a medias y el miedo infundado, lo cual genera que los entes municipales decidan bajo manipulación. Expresó que en el país se debe dejar de estigmatizar al sector de hidrocarburos y extractiva, sino que se debe trabajar conjuntamente entre el Estado y las comunidades para traer el desarrollo y crecimiento económico al país.

Jorge Pérez Hernández escuchó las protestas de campesinos de su municipio en el suroeste de Antioquia, quienes advirtieron que pese a las ordenanzas del concejo municipal, AngloGold Ashanti seguía explorando desde una finca donde, supuestamente, secaron una quebrada.

Fuente:https://www.semana.com/nacion/articulo/alcalde-de-jerico-hace-valer-acuerdo-municipal-y-saca-a-multinacional-minera-del-territorio/599432

Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional para expresar el rechazo a la alianza entre la AngloGold Ashanti y la Universidad de Antioquia quienes se han propuesto la implementación de un diplomado, con varias organizaciones sociales del municipio de Jericó, lo cual podría alimentar la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, al proyecto minero Quebradona.

Este tipo de alianza alimenta el poder corporativo para encubrir sus intenciones de avanzar en la expansión de la frontera extractiva y avalar con una supuesta “participación social” y “capacitación” la consolidación de un proyecto territorial de expropiación, pues resulta preocupante que sea la universidad pública quien actúa como su aliada.

Las universidades, y especialmente la universidad pública, deben mantener independencia y actitud crítica frente a la actuación de las empresas, además de las ya estudiadas consecuencias del extractivismo que expropia a las comunidades de sus territorios y ha generado nefastas consecuencias a los derechos humanos y ambientales. Por este motivo, la universidad pública debe aportar, desde su conocimiento y capacidades, a la defensa de lo público, a la integridad social y ambiental, a la pervivencia de las comunidades y a la protección el patrimonio ecológico y cultural de nuestro país.

En el mes de diciembre de 2018 se hizo pública una convocatoria, por parte de la Universidad de Antioquia, de realizar en el municipio de Jericó un diplomado para el “Fortalecimiento Organizacional” el cual se proyecta iniciar en enero de 2019. Inmediatamente a esta convocatoria, varias organizaciones sociales del municipio y del Suroeste de Antioquia, lanzaron una alerta porque el financiamiento de este diplomado es patrocinado por la AngloGold Ashanti, multinacional que lleva cerca de 10 años en el Territorio y quien consolida sus intereses en la región puesto que busca desarrollar el proyecto minero Quebradona, el cual pretende extraer 3.95 Mt de cobre, 6.13Moz de oro, 85.2 Moz de plata y 70Kt de molibdeno.

Coincidimos con el enfático rechazo a este patrocinio de la AngloGold Ashanti, más aún porque esta multinacional desconoce los acuerdos municipales que han promovido alcaldes y concejos municipales del suroeste para la prohibición de la minería de metales, además de las recurrentes movilizaciones que rechazan su imposición extractiva. Tampoco se nos debe olvidar que AGA “es conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo, y por asediar y perseguir a las comunidades que obstaculizan la entrada de sus proyectos mineros. Además de las delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes en el país y de su responsabilidad en la división de comunidades para favorecer sus intereses”.

Contexto:

El Suroeste de Antioquia es una región predominantemente agrícola, el conflicto por la extracción de minerales ha estado latente desde que la AngloGold Ashanti y otras multinacionales llegaron a la región, generando resistencias por las acciones que han emprendido en los territorios. Los trabajos de exploración minera por parte de la AGA se han estado realizando en la vereda Quebradona del municipio de Jericó desde hace 12 años, generando conflictos sociales y perforaciones en acuíferos que, como afirman habitantes de la zona, aún continúan pese a los daños que han causado para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía.

En el 2018 y ratificando su posición de 2017, el Concejo Municipal de Jericó prohibió la actividad minera en su jurisdicción mediante Acuerdo Municipal. A esto se suma el accionar de las organizaciones del municipio y de la región quienes han emprendido diferentes acciones para defender los territorios -de vocación agrícola- contra la proyección de la AGA de promover su apuesta de minería de cobre a gran escala en Colombia. El gobierno colombiano lo ha declarado como “Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES-.” por lo cual se está facilitando el desarrollo del mismo mediante la promoción de falsas expectativas de empleo. A esta situación se suma la alianza entre academia y corporaciones que contrasta con el temor de la población antioqueña de perder su territorio sagrado para la vida.

Frente a esta situación exigimos:

A la Universidad de Antioquia:

• Haga público el convenio que ha firmado con la Anglo Gold Ashanti donde especifique los montos de financiación y las cláusulas de este proyecto.
• Se respete su misión y principios éticos con “especial responsabilidad con la sociedad, a la cual se debe; se compromete con las soluciones a los problemas de la sociedad, con alto sentido humanístico”
• Que la extensión de la universidad apunte a un real acompañamiento de las comunidades sin tener dependencias económicas con empresas que tienen intereses marcados en los territorios para obtener licenciamiento social y ambiental.

Al gobierno nacional:

• Se garantice que la Universidad Pública sea financiada con recursos de la nación y no de empresas que tienen intereses económicos en las regiones.
• Se tomen las medidas necesarias para garantizar los recursos de la educación pública, para garantizar la objetividad, la transparencia y la autonomía de las Universidades del país.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las organizaciones que defienden los territorios ante el avance del extractivismo.

Nos solidarizamos con las comunidades de la región que están en la defensa de los territorios e invitamos a universidades, investigadores, profesores y estudiantes a que demanden una educación pública, para la vida, de calidad y en la defensa de los intereses de las comunidades y territorios del país.

FIRMAN

Organizaciones:

Agenda Ambiental Provincia de Vélez

Asociación de Acueductos Comunitarios de Antioquia ADACA

Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán ACISC

Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ANUC Cundinamarca

Campesinos de Palocabildo, Jericó, Antioquia

Casa de la cultura del municipio de Nataga, Huila

Censat Agua Viva – Amigos de La Tierra Colombia

Centro de Estudios Minero Energético

Cinturón Occidental Ambiental -COA

Círculo de fuego y unidad

Coalición de Movimientos y Organizaciones de Colombia (Comosoc)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA

Colombia Punto Medio

Colombia Social Impact Corporation

Comité Ambiental en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Cauca

Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima

Comité Ambiental de Armero Guayabal

Comité Ambiental de Bolívar, Santander

Comité Ambiental de Espinal

Comité Ambiental de Roncesvalle

Comité Ambiental del Líbano Tolima

Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

Comité Ecológico de Pijao, Quindío

Comité por la Defensa del Agua, la Vida, el Territorio y el Ambiente de El Peñón, Santander

Comité Promotor para la Consulta Popular de Roncesvalles “Por la defensa de la vida y el territorio”

Conciencia Campesina de Cajamarca Tolima

Coordinadora Regional para América Latina

Corporación de Apoyo a Comunidades Populares CODACOP

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Corporación Jurídica Libertad CJL

Corporación Regional Yariguíes

Corporación SOS Ambiental

Enda América Latina

Escuela de Pensamiento

Fundación AMA (Amigos del Medio Ambiente)

Fundación para el Desarrollo del Campo y Construcción de la Paz CAMPO PAZ

Fundación Pepe Breu, Medellín

Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM)

Instituto Mayor Campesino IMCA

Instituto Popular de Capacitación – IPC

Marcha Carnaval Quindío

Mesa Ambiental de Jardín, Antioquia

Mesa Ambiental de Jericó, Antioquia

Mesa departamental para la defensa del agua y el territorio del Caquetá

Mesa Ecuménica por la Paz – MEP

Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero

Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social (Messsa)

Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia

Morro de Agua del Suroeste de Antioquia

Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantiva

Movimiento social En Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí- Ríos Vivos

Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – MOVETE

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL

Organización Amar es Más

Pax Christi Medellín

Red de Comités Ambientales del Tolima

Red de Solidaridad Global

Red de Acción Frente al Extractivismo – RAFE

Red de los 14 Pueblos Hermanos por el Agua y el Territorio

Red Nacional de Acueductos Comunitarios

Resguardo Indígena Karambá, Quinchía, Risaralda

Si a la vida, No a la minería

Universidad Popular de los Pueblos – UPP

Veeduria ecológica Arbeláez- VEA

Veeduria MCC Santurbán

Personas

Álvaro Cadavid M. Profesor titular Universidad de Antioquia

Erika Milena Muñoz Villarreal, investigadora grupo estudios jurídicos y sociojuridicos. Universidad de Caldas

Maryo Castro

Fuente:https://censat.org/es/noticias/comunicado-publico-urgente-alerta-por-alianza-entre-la-universidad-de-antioquia-y-la-anglogold-ashanti-rechazamos-que-la?fbclid=IwAR151sL-LjBfTf39csb9Re1lJXd9iyNTIGX-JwMEIKuxxc-t_zdgKzoAb7s